Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2021-00060-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2021 00060 01 (0107-2026)
Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 3 de septiembre de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Emiro Nel Rodelo Atencia, por conducto de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 031759 de 23 de octubre de 2019,
mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— negó el
reconocimiento de la pensión gracia. Asimismo, pidió declarar la nulidad de la
Resolución RDP 034341 de 15 de noviembre de 2019 y el acto ficto negativo
originado ante la falta de resolución al recurso de apelación.
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Visible en el expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
dicha prestación con inclusión de los factores salariales devengados en el año
anterior a la causación del derecho, así como la indexación de las sumas adeudadas
conforme al índice de precios al consumidor. También solicitó dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y condenar en costas y
agencias en derecho a la parte demandada.
4. Argumentó que prestó servicios como docente en el municipio de Sucre,
departamento de Sucre, entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de noviembre de
1983, mediante orden de prestación de servicios, periodo que fue objeto de
reconstrucción a través de la Resolución 095 de 19 de febrero de 2019.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
5. Indicó que los actos acusados desconocieron los artículos 29, 48 y 53 de la
Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989,
4.ª de 1966 y 4.ª de 1992; el Decreto 1160 de 1947; y el artículo 14 del Código
Sustantivo del Trabajo.
6. Alegó que la UGPP desconoció el tiempo de servicio docente prestado
mediante orden de prestación de servicios entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de
noviembre de 1983, pese a que dicho periodo permitía acreditar una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980. Sostuvo, con fundamento en jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que la actividad docente
desarrollada bajo esa modalidad podía configurar una relación laboral en aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y ser computada para
efectos de la pensión gracia.
1.3. Contestación de la demanda2
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el señor Rodelo Atencia no acreditó el cumplimiento de
los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, en particular, la naturaleza
territorial o nacionalizada de su vinculación docente y los 20 años de servicio
requeridos.
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Visible en el archivo 14memorialñContestacionOrlandoPacheco.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI.
La demanda se presentó el 24 de septiembre de 2020, y fue admitida el 09 de septiembre de 2021.
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
8. Explicó que el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de
noviembre de 1983 no podía computarse, en tanto se cumplió en virtud de órdenes
de prestación de servicios, siendo que la calidad de docente oficial exige una
relación legal y reglamentaria, precedida de nombramiento y posesión. Agregó que
tampoco existía certeza sobre la naturaleza de las vinculaciones posteriores, al
considerar insuficientes e inconsistentes las certificaciones aportadas para
establecer que correspondieran a plazas territoriales o nacionalizada.
9. Asimismo, adujo no encontrarse acreditado el requisito de buena conducta y
propuso como excepciones la inexistencia de la obligación por indebida acreditación
de la naturaleza de la vinculación docente y por incumplimiento de los requisitos
legales para acceder a la prestación, así como la buena fe y la prescripción trienal.
1.4. Sentencia de primera instancia3
10. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 3 de septiembre
de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Estimó probado
que el actor se vinculó al servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, con fundamento en la Resolución 095 de 19 de febrero de 2019, mediante la
cual el municipio de Sucre, departamento de Sucre, reconstruyó el acto
administrativo de nombramiento correspondiente al periodo comprendido entre el
20 de febrero de 1980 y el 25 de noviembre de 1983.
11. Frente a las inconsistencias entre dicha resolución y el certificado de 7 de
mayo de 2019, que calificó ese periodo como prestado mediante orden de
prestación de servicios, estimó que debía atenderse al acto de reconstrucción,
según el cual la vinculación derivó de un nombramiento efectuado por el municipio
para integrar la planta docente municipal. Asimismo, concluyó que, pese a las
diferencias advertidas en las certificaciones sobre las vinculaciones posteriores, el
demandante prestó más de 20 años de servicios docentes, concretamente mediante
vinculación municipal.
12. También encontró cumplidos los requisitos de edad, honradez, consagración
y buena conducta. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos
acusados y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 6 de
octubre de 2011, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
3
Visible en el archivo 67Sentenciaantic_0_2021_00060_Emiro_R_0_20250904084846551.pdf del expediente digital que
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
Declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 24 de septiembre de
2017 y se abstuvo de condenar en costas.
1.5. Recurso de apelación4
13. La UGPP interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda. Arguye que el actor no acreditó de manera fehaciente la naturaleza
territorial o nacionalizada de su vinculación docente ni, por consiguiente, el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.
14. Frente al periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de
noviembre de 1983, cuestionó la valoración de la Resolución 095 de 19 de febrero
de 2019 y de las certificaciones laborales aportadas, al señalar que presentaban
inconsistencias sobre la forma de vinculación. En particular, indicó que el certificado
de 7 de mayo de 2019 registró dicho tiempo como prestado mediante órdenes de
prestación de servicios, mientras que la resolución de reconstrucción lo calificó
como derivado de un nombramiento mediante relación legal y reglamentaria. Por
ello, no existía certeza sobre una vinculación docente territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980.
15. Asimismo, alegó que no se aportó certificación CETIL ni otro documento que
permitiera establecer de manera inequívoca la naturaleza de las plazas ocupadas,
la fuente de financiación o el régimen salarial de los tiempos de servicio acreditados.
Además, con fundamento en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, afirmó que las falencias probatorias impedían concluir que el demandante
hubiera prestado más de 20 años de servicios en calidad de docente territorial o
nacionalizado.
1.6. Trámite correspondiente a segunda instancia
16. Mediante auto de 30 de enero de 2026, se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada.
17. Por auto de 7 de mayo de 2026, se decretó prueba de oficio para esclarecer
aspectos relacionados con el tiempo de servicio y la naturaleza de la vinculación del
demandante, allegándose la correspondiente respuesta, de la cual se dio traslado.
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Visible en el archivo 69MemorialRecursoApelacion.pdf del expediente digita que reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
18. En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó que debía confirmarse
la sentencia de primera instancia, al considerar que el CETIL no constituye el único
medio idóneo para acreditar los tiempos de servicio y la naturaleza de la vinculación
docente. Estimó que los documentos expedidos por las entidades nominadoras
permitían establecer que el actor se vinculó al servicio docente territorial antes del
31 de diciembre de 1980 y acreditó más de 20 años de servicios, por lo que cumplía
los requisitos para acceder a la pensión gracia.
19. Por su parte, el demandante y la entidad demandada guardaron silencio.
20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que la
Corporación observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Emiro Nel
Rodelo Atencia tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1 La pensión gracia
23. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
24. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
25. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
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de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales7.
26. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 fijó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento que
había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hecho que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
27. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
28. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20229 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
7
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
Radicado: 70001 23 33 000 2021 00060 01 (0107-2026)
Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».
29. Las anteriores providencias de unificación establecieron que sus efectos
serían retrospectivos, razón por la cual resultan de obligatoria aplicación a los
asuntos pendientes de resolución, tanto en sede administrativa como judicial. En
consecuencia, para obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
30. El demandante, por intermedio de apoderado, presentó el 23 de julio de 2019,
ante la UGPP, solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue
negada mediante la Resolución RDP 031759 del 23 de octubre de 201910, por
considerar que el peticionario no acreditó una vinculación docente anterior al 31 de
diciembre de 1980.
31. Inconforme con dicha respuesta el señor Rodelo Atencia interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero fue resuelto mediante la
Resolución RDP 034341 de 15 de noviembre de 201911, que confirmó la negativa,
al estimar que no era posible computar los tiempos de servicio prestados bajo la
modalidad de prestación de servicios. Posteriormente, mediante la Resolución RDP
037819 de 11 de diciembre de 201912, la UGPP resolvió el recurso de apelación y
confirmó la decisión inicial, al considerar que el educador no acreditó una
vinculación a la docencia oficial anterior al 31 de diciembre de 1980.
2.5 Caso concreto
32. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
10Visible en las páginas 1 y 2 del archivo 02DemandaResolucion2 que reposa en el expediente digital
11 Visible en las páginas 3 a 5 del archivo 02DemandaResolucion2(1) que reposa en el expediente digital.
12 Visible en las páginas 19 a 22 del archivo 21_Agregar Memorial que reposa en el expediente digital
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a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
33. Edad y buena conducta. Se encuentra acreditado que el señor Rodelo
Atencia nació el 6 de octubre de 1961, por lo que el 6 de octubre de 2011 cumplió
50 años; por otro lado, no se advierten reproches que pongan en duda su actuar en
el desarrollo de la actividad educativa, requisitos frente a los que, en todo caso, no
existe discusión.
34. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Se rememora que la
parte demandada cuestiona el cumplimiento de este requisito, por lo que pasa a
valorarse el material probatorio recaudado.
• Desde el 20 de febrero de 1980 hasta el 25 de noviembre de 1983
35. Obra en el expediente la Resolución 095 de 19 de febrero de 2019 13,
mediante la cual el alcalde del municipio de Sucre, departamento de Sucre, dispuso
reconstruir los actos relacionados con el nombramiento y posesión del señor Emiro
Nel como docente de la Escuela Co-instrucción del corregimiento de Camajón,
durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de noviembre
de 1983. En la parte considerativa señaló que los documentos correspondientes a
dicha vinculación se habían deteriorado por el paso del tiempo y otros factores y
que, revisados los libros de registro de actos de la alcaldía y las nóminas, se
constató que el interesado estuvo vinculado a la planta docente de maestros
municipales. En consecuencia, reconoció su condición de docente durante el lapso
señalado y dispuso que la decisión produciría efectos retroactivos para acreditar el
tiempo de servicio.
13 Visible en las páginas 67 y 68 del archivo 21_Agregar Memorial.pdf que reposa en el expediente digital.
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36. Por otra parte, la Secretaría de Educación del municipio de Sucre expidió
certificación el 7 de mayo de 2019, en la que indicó que el demandante prestó
servicios en la misma institución educativa y durante el mismo periodo, pero
mediante órdenes de prestación de servicios. En el documento también registró una
vinculación posterior como docente municipal desde 1984.
37. Ante la contradicción advertida respecto de la naturaleza de la vinculación
correspondiente al periodo de 1980 a 1983, mediante auto de 7 de mayo de 2026
esta Subsección decretó prueba de oficio y requirió, entre otros documentos, el
expediente completo del trámite que dio lugar a la Resolución 095 de 19 de febrero
de 2019, incluida la totalidad de los elementos que sirvieron de fundamento para la
reconstrucción.
38. En respuesta, el municipio de Sucre allegó este último acto, la petición
presentada por el demandante el 11 de febrero de 2019, la certificación de 7 de
mayo del mismo año; así como una constancia expedida en 2006, según la cual en
los archivos municipales no fueron encontrados documentos correspondientes al
año 1980 en adelante debido, entre otras causas, a inundaciones y deterioro; y una
certificación de 17 de junio de 2026, que registró el periodo comprendido entre 1980
y 1983 como vinculación municipal con fundamento en la resolución de
reconstrucción.
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39. En esa línea de consideraciones, es importante destacar que no corresponde
en este proceso efectuar un control de legalidad de la Resolución 095 de 19 de
febrero de 2019, pues dicho acto no constituye el objeto de la controversia. Sin
embargo, para determinar su suficiencia probatoria frente a los presupuestos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, resulta necesario establecer
si el trámite de reconstrucción que le dio origen atendió las disposiciones vigentes
para ese momento, así como valorar su contenido de manera conjunta con los
demás elementos obrantes en el expediente.
40. En relación con la reconstrucción de expedientes ante autoridades
administrativas, la Corte Constitucional ha señalado que el trámite debe regirse por
el artículo 126 del Código General del Proceso, en virtud de la cláusula de
integración residual prevista en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, ha precisado que,
aunque aquella disposición regula la reconstrucción al interior de los procesos
judiciales, puede ser aplicada a la reconstrucción de expedientes ante autoridades
administrativas.14
41. Asimismo, para la fecha en que se expidió la Resolución 095 de 19 de febrero
de 2019 se encontraba vigente el Acuerdo 007 de 2014 del Archivo General de la
Nación, aplicable a las entidades estatales de los distintos niveles, incluido el
14 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 9 de octubre de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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municipal, cuyo objeto consistía en establecer el procedimiento técnico archivístico
para la reconstrucción de expedientes. Para tal efecto, disponía la verificación de
los instrumentos de consulta y registro disponibles; la realización de un diagnóstico
integral de los expedientes afectados; la utilización de instrumentos archivísticos
propios o provenientes de otras entidades que facilitaran su reconstrucción; y, una
vez determinada la pérdida, el deber de informar sobre ella, presentar la
correspondiente denuncia, disponer la apertura de la investigación y determinar la
información que debía ser reconstruida.15
42. La misma regulación establecía que la reconstrucción debía efectuarse con
las copias de los documentos obtenidos, debidamente certificadas o autenticadas,
según el caso, y facultaba al funcionario competente para practicar las pruebas
conducentes y pertinentes destinadas a lograr la integridad, veracidad y
autenticidad de la información. Asimismo, le imponía el deber de asegurar la
autenticidad, integridad, veracidad y fidelidad de los expedientes reconstruidos.
43. Ahora bien, a partir de la documentación obrante en el proceso no se
encuentra acreditado que la reconstrucción adelantada por el municipio hubiese
observado el procedimiento previsto en el Acuerdo 007 de 2014 ni las reglas del
artículo 126 del Código General del Proceso, disposición a la que expresamente
acudió la propia Resolución 095 de 2019. En efecto, pese a que esta Corporación
requirió el expediente completo del trámite y la totalidad de los elementos que
sirvieron de fundamento a la reconstrucción, no fueron allegadas actuaciones que
permitieran verificar que esta se hubiera adelantado conforme a tales disposiciones.
Tampoco se aportaron los libros de registro de actos de la alcaldía ni las nóminas
que se afirmó haber consultado para concluir que el señor Rodelo Atencia estuvo
vinculado a la planta docente municipal.
44. Sobre el particular, el artículo 176 del Código General del Proceso16 dispone
que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos.
15 Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, Acuerdo 007 de 15 de octubre de 2014, «Por medio
del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones».
16 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
45. Quiere decir lo anterior que el ordenamiento jurídico colombiano excluye el
sistema de tarifa legal y adopta los principios de libertad probatoria y apreciación de
la prueba, según las reglas de la sana crítica, principios estos que «[…] aseguran la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque permiten que se realice
una valoración crítica en la que se dé prevalencia a la verdad sobre las apariencias,
y aseguran que las partes dispongan de una amplia libertad para que , en las
decisiones, impere la justicia material.» 17
46. En ese contexto, la insuficiencia advertida respecto del trámite de
reconstrucción se ve reforzada por los demás documentos obrantes en el
expediente. En particular, la certificación expedida el 7 de mayo de 2019 por la
secretaría de educación del mismo municipio indicó que el demandante prestó
servicios durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1980 y el 25 de
noviembre de 1983 mediante órdenes de prestación de servicios, modalidad distinta
de la consignada en la Resolución 095.
47. Por su parte, la certificación de 17 de junio de 2026 registró al demandante
como docente municipal durante el referido periodo; sin embargo, sustentó esa
información en la propia Resolución 095 de 2019, por lo que no constituye un
elemento independiente que permita corroborar los hechos objeto de la
reconstrucción.
48. Ahora bien, no le asiste razón a la entidad recurrente en cuanto sostiene que
la certificación CETIL constituye el único medio idóneo para acreditar la vinculación
docente. Conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de
2018, la calidad de docente territorial puede demostrarse mediante los actos
administrativos en los que conste el vínculo y la naturaleza de la plaza o, en su
defecto, mediante certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca del carácter territorial de la vinculación.
49. Así las cosas, la Resolución 095 de 19 de febrero de 2019 no ofrece mérito
probatorio suficiente para acreditar que el señor Rodelo Atencia estuvo vinculado
mediante nombramiento a una plaza docente municipal entre el 20 de febrero de
1980 y el 25 de noviembre de 1983. Lo anterior, principalmente, porque no se
acreditó que el trámite de reconstrucción que le dio origen hubiese atendido el
procedimiento técnico archivístico previsto en el Acuerdo 007 de 2014, vigente y
aplicable para ese momento, ni fueron allegados los elementos que el propio acto
17 Corte Constitucional, sentencia T-373 del 23 de junio de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Radicado: 70001 23 33 000 2021 00060 01 (0107-2026)
Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
afirmó haber consultado para establecer la vinculación. A ello se suma que los
demás documentos expedidos por el municipio presentan información contradictoria
respecto de la modalidad bajo la cual se prestaron los servicios durante el periodo
reconstruido.
50. En consecuencia, valorado en conjunto el material probatorio, la Sala no
encuentra acreditado de manera inequívoca que el señor Emiro Nel Rodelo Atencia
hubiese tenido una vinculación docente territorial o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
51. Por tanto, al no encontrarse satisfecho uno de los presupuestos
indispensables para acceder a la pensión gracia, se impone revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, resulta innecesario analizar si las vinculaciones posteriores permiten
completar los 20 años de servicios docentes exigidos para el reconocimiento de la
prestación.
2.6. Condena en costas en ambas instancias
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; con
lo cual creó una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
Radicado: 70001 23 33 000 2021 00060 01 (0107-2026)
Demandante: Emiro Nel Rodelo Atencia
55. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
actora —parte vencida—, pues se revoca en su totalidad la sentencia de primera
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 3 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, NEGAR las pretensiones, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante -
parte vencida-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y, ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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