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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2021-00083-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2021-00083-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 70001-23-33-000-2021-00083-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 700012333000202100083-01
Solicitante: Gustavo Tafur Márquez
Concejal: Aníbal José de la Ossa Nader

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Tafur
Márquez –en adelante el Solicitante- contra la sentencia de 9 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la
pérdida de investidura del señor Aníbal José de la Ossa Nader, Concejal del
Municipio de Corozal, para el período 2016 – 2019 -en adelante el Concejal-, porque,
a su juicio, incurrió en las causales previstas en el artículo 291 de la Constitución
Política y el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20001, sobre
violación del régimen de incompatibilidades.

1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona

la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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Pretensión

2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:

“[…] DECLARACIONES y CONDENAS:

Primera: Se decrete la Pérdida de investidura del señor ANBIBAL JOSÉ DE
LA OSSA NADER, concejal del municipio de Corozal en el Departamento de
Sucre, durante el Periodo Constitucional 2016 – 2019.

Segunda: Que, como consecuencia de dicha declaratoria, se impongan las
sanciones e inhabilidades que resultan por ley […]”.

Presupuestos fácticos

3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar su
pretensión2:

3.1. El señor Ossa Nader fue elegido Concejal del Municipio de Corozal, para el
período 2016 – 2019.

3.2. El Concejal renunció a su investidura, el 31 de julio de 2019.

3.3. El señor Ossa Nader resultó elegido como Alcalde del Municipio de Corozal en
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019 y se expidieron posteriormente las
credenciales respectivas, previa aceptación de esta por el candidato elegido.

3.4. Afirma que, conforme a las leyes que rigen la materia, el señor Ossa Nader violó
el régimen de incompatibilidades establecido, por un lado, en el artículo 291 de la
Constitución Política y, por el otro, en el numeral 1. ° del artículo 48 de la Ley 617, en
armonía con el artículo 43 de esa normativa, lo cual configuró la causal de pérdida de
investidura.

2 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura.

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Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la
solicitud

4. El solicitante manifestó que el señor Ossa Nader “[…] violó el régimen de
incompatibilidades contenido en el artículo 291 de la C.N., en armonía con el artículo
43 de la Ley 617 de 2000 configurándose así la causal de pérdida de investidura
enunciada en el artículo 48 – 1 de la Ley 617 de 2000 […]”.

5. Los argumentos que sustentan la solicitud de pérdida de investidura son, en
síntesis, los siguientes:

5.1. Señala que dichas normas, en lo pertinente, establecen que: i) constituye causal
de pérdida de investidura de concejales la violación del régimen de incompatibilidades;
ii) que los concejales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública; y
iii) que las incompatibilidades de los concejales tendrán vigencia durante el periodo
constitucional para el cual fueron elegidos y que, en caso de renuncia se mantendrán
durante los seis meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el
vencimiento del periodo fuere superior.

5.2. En ese sentido, indica que, en el caso concreto, se configuró la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de incompatibilidades referida supra, por
cuanto el Concejal presentó renuncia ante el Presidente del Concejo Municipal de
Corozal, el 31 de julio de 2019, y tres meses después aceptó el nombramiento como
Alcalde del Municipio de Corozal cuando firmó el recibo de la credencial ante la
comisión escrutadora que lo acreditaba como Alcalde electo del Municipio de Corozal
para el periodo constitucional 2020-2023.

5.3. Asimismo, manifiesta que el Concejal conocía o debía conocer que su conducta
resultaba contraria al ordenamiento jurídico, debido a que, al haber ejercido durante
varios períodos como concejal, conocía el reglamento interno del Concejo Municipal
y, como ciudadano, debía conocer los deberes y obligaciones establecidos en la
Constitución Política.

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Contestación de la solicitud de pérdida de investidura3

6. El Concejal, por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura4, en el sentido de
solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:

7. Se pronunció en relación con los hechos de la solicitud y señaló que no incurrió en
violación al régimen de incompatibilidades, por cuanto los concejales no tenían
prohibiciones mientras estaban en su curul, y podían aspirar a ser alcaldes
municipales, en la medida que no era posible dar una aplicación extensiva al numeral
7 del artículo 385 de la Ley 617.

8. Indicó que no se había configurado la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19946, según la cual
“[…] Los concejales perderán su investidura por: 1. La aceptación o desempeño de
un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política,
salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al Presidente del
Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho. […]”, debido a que tal
disposición no resultaba aplicable para su caso, en la medida que había presentado
renuncia al cargo de concejal previo a la aceptación y desempeño del cargo como
alcalde municipal.

9. Afirmó que renunció a su investidura como concejal, el 31 de julio de 2019, la
cual le fue aceptada por el Alcalde Municipal de Corozal, mediante Resolución núm.
409 de 29 de julio de 2019, razón por la cual no ostentaba la investidura de concejal
cuando aceptó y se posesionó como alcalde municipal.

10. Señaló que, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 617, las
incompatibilidades de los concejales tendrían vigencia hasta la terminación del

3 Cfr. folios 31 a 38, cuaderno 1.
4 Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “008ContestaciónDemanda20210524”. Documento aportado en forma
digital.
5 “[…] INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALCALDES. Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el

ejercicio del cargo no podrán: […] 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante
el período para el cual fue elegido. […]”.
6 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

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período constitucional respectivo y solo si la renuncia se presentaba cuando al
concejal le hacía falta más de seis meses para terminar tal lapso se mantendrían
durante los seis meses siguientes a su aceptación.

11. Por último, manifestó que “[…] quien se desempeña como concejal municipal
y aspira ser elegido alcalde del municipio no requiere renunciar al cargo de concejal
aun cuando presida la Corporación, por cuanto […] no tiene la calidad de empleado
público, siempre y cuando los períodos no coincidan en el tiempo […]”.

La audiencia pública establecida en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881

12. La audiencia pública tuvo lugar el 4 de junio de 2021 con asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura, el Concejal y su apoderado,
y el Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia7

13. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 9 de
junio de 2021, en primera instancia, dispuso “[…] NEGAR las pretensiones de la
demanda, conforme lo descrito en la parte motiva de esta providencia […].

Consideraciones del Tribunal

14. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:

15. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si el señor Aníbal José de la Ossa Nader, en su calidad de concejal del
Municipio de Corozal (período 2016 – 2019), incurrió en la causal de pérdida de
investidura “por violación al régimen de incompatibilidades”, en atención a la
imputación normativa descrita en la demanda […]”.

16. Que estaba probado que el señor Ossa Nader: i) fue elegido Concejal del
Municipio de Corozal, para el período 2016-2019; ii) presentó renuncia a su

7 Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “022Sentencia”. Documento aportado en forma digital.

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investidura, el 31 de julio de 2019; iii) se inscribió como candidato a la Alcaldía
Municipal de Corozal, el 26 de julio de 2019; iv) resultó elegido en los comicios
electorales realizados el 27 de octubre de 2019 como Alcalde Municipal de Corozal,
para el período constitucional 2020-2023, según declaratoria de elección realizada
el 2 de noviembre de 2019, y v) se posesionó en el cargo y empezó a ejercer
funciones a partir del 1.º de enero de 2020.

17. Que el señor Ossa Nader no incurrió en violación al régimen de
incompatibilidades, debido a que los hechos probados no se adecuaban a las
causales de pérdida de investidura invocadas en la solicitud de pérdida de
investidura.

18. Que los concejales no tenían prohibido inscribirse como candidatos a las
alcaldías municipales, por cuanto el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617, no
podía ser aplicado de forma extensiva al caso objeto de examen, en la medida que
se trataba de una incompatibilidad establecida para los alcaldes y no para los
concejales.

19. Que las incompatibilidades para los concejales fueron establecidas en el
artículo 458 de la Ley 136 y los presupuestos fácticos descritos en el caso sub
examine no se subsumían en ninguna de ellas.

20. Que el artículo 43 de la Ley 617, sobre duración de las incompatibilidades,
no resultaba aplicable, debido a que, si la inscripción a la elección de alcalde por
parte de un concejal no era una incompatibilidad, “[…] menos aún es susceptible de
someterse a duración alguna, ni implica, por sí mismo, la aceptación o desempeño
de un cargo público […]”.

8
“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no podrán:
1. <Artículo 3 de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000>
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las
excepciones que más adelante se establecen.
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo
municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o juridicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del
mismo o reciban donaciones de éste.
5. <Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000. El texto es el siguiente:> Ser representantes
legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de
empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. […]”.

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21. Que no era causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
incompatibilidades ni prohibición para los concejales inscribirse como candidatos a
la alcaldía del mismo municipio en el que fungían como cabildantes, por lo que
concluyó “[…] [d]e ahí que, en el presente asunto, el mandato de tipificación no se
halle debidamente adecuado, en tanto, lo invocado en la demanda no constituye
causal de pérdida de investidura […]”.

El recurso de apelación presentado por el Solicitante9

22. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 9 de junio
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre con el objeto de que se
revoque dicha providencia y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del
Concejal, con fundamento en los siguientes argumentos:

23. Indica que, en el asunto objeto de examen, “[…] la causal de pérdida de
investidura endilgada al concejal Aníbal de la Ossa Nader taxativamente se
encuentra enunciada en el artículo 48, numeral 1.º de la Ley 617 de 2000, causal
está en que incurrió el precitado concejal por haber incurrido (sic) en la
incompatibilidad de origen constitucional plasmada en el artículo 291 de la
Constitución Nacional, durante el período de duración de las incompatibilidades
para los concejales manifestada en el artículo 43 de la Ley 617, por cuanto “aceptó”
el cargo de Alcalde electo para el período 2020 – 2023 […]”.

24. Señala cuáles fueron los argumentos planteados por el Tribunal para negar
el decreto de la pérdida de investidura del señor Ossa Nader y afirma que se
interpretaron de forma errónea los presupuestos fácticos que configuraban la causal
de pérdida de investidura, debido a que el fundamento de la causal no tenía relación
con el hecho de que el señor Ossa Nader se hubiera inscrito como candidato a la
Alcaldía Municipal de Corozal, sino con el hecho de que hubiera aceptado el cargo
en las elecciones de 27 de octubre de 2019; elección que fue declarada por el
órgano electoral el 2 de noviembre de 2019.

9 Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “025RecursoApelacioPi20210625”, “027RecursoApelación”,
“028RecursoApelaciónAnexo” y “030RecursoApelación20210706”. Documento aportado en forma digital.

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25. Refiere que el problema jurídico fue resuelto bajo una interpretación que no
consultó la intención del legislador, sin que de alguna manera pudiera señalarse
que la tesis planteada en la solicitud constituye afectación del principio pro homine
o que se le esté otorgando a la norma una interpretación extensiva.

26. Manifiesta que el Consejo de Estado ha proferido diversas sentencias en las
cuales ha considerado que, en casos similares, se configura violación del régimen
de inhabilidades y de incompatibilidades, en las cuales se han realizado
interpretaciones que no vulneran los principios sancionatorios indicados supra.

27. Aduce que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 2 de diciembre de 2010, en un proceso de pérdida de investidura adelantado
contra una diputada de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, elegida
para el periodo 2012-2015, consideró que, “[…] al Gobernador encargado sí le es
aplicable el régimen de inhabilidades y compatibilidades (sic) previsto en la ley 617
de 2000 sin que fuera de recibo la tesis de la Sección Quinta, según la cual dicho
régimen únicamente rige para los gobernadores elegidos popularmente, como
quiera que la ley no hace distinción y, por lo tanto, el intérprete tampoco está
facultado a hacerlo […]”; ello en criterio del apelante implicó que no se acogieran
“[…] a raja tabla los principios pro homine y de interpretación restrictiva […]”.

28. Cita la sentencia proferida el 28 de enero de 2003 que, según señala, fue
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
y agrega que en esa oportunidad y en relación con la entonces inhabilidad para los
alcaldes establecida en el numeral 8 del artículo 95 de la ley 136, la Corporación
construyó una sólida interpretación sin vulnerar el principio pro homine y de
interpretación restrictiva.

29. Señala que, mediante sentencia de 7 de junio de 2016 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en un proceso de nulidad electoral contra
una Gobernadora del Departamento de la Guajira se dio alcance a la prohibición
establecida en los artículos 38, numeral 7, y 39 de la Ley 617, sin vulnerar los
principios sancionatorios indicados supra.

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30. Afirma que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha señalado que la
“aceptación” de una candidatura puede efectuarse de la siguiente manera: i) con la
firma del formulario E-6; ii) mediante carta de aceptación; y iii) aceptación en lugar
diferente al de la inscripción.

31. Explica que cuando el candidato se inscribe y es elegido “acepta” el cargo y
por esta razón se tipifica la incompatibilidad, aunque no lo esté “desempeñando”,
porque esto solamente ocurre cuando se posesiona o comienza a desempeñarlo.

32. Concluye que “[…] con base en las consideraciones anteriores es fácil
concluir que i) aceptar y desempeñar son dos verbos diferentes para efectos de la
tipificación de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 291 de la
Constitución Política, y que ii) aceptar no significa posesionarse o ejercer el cargo,
pues son dos situaciones diferentes; además que iii) en los cargos de elección
popular, la inscripción y la posterior elección son suficientes para tipificar la
prohibición de aceptar cargos como causal de pérdida de investidura […]”.

Traslado del recurso de apelación

33. Surtido el traslado del recurso de apelación presentado por el Solicitante, el
Concejal y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el
marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida
de investidura; v) el marco normativo de la causal de pérdida de investidura prevista
en el artículo 291 de la Constitución Política; y vi) el marco normativo de la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617; y
vii) el análisis del caso concreto.

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Competencia de la Sala

35. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
y diputados; iii) el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201110, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201911: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.

36. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.

37. Vistos los artículos 32812 y 32013 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.

Problema Jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si el señor Aníbal José de la Ossa Nader incurrió o no en las causales de pérdida
de la investidura previstas en el artículo 291 de la Constitución Política y en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617. En ese sentido, se analizará si se cumplen
los supuestos del elemento objetivo y, en caso de encontrarlo configurado, se
estudiará el elemento subjetivo, con el objeto de establecer si se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia proferida 9 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en primera instancia.

10 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
11 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
12 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
13 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”

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La calificación habilitante

39. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado la
calidad de concejal del señor Ossa Nader, según consta en el formulario E-26 CON
suscrito por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal14, mediante el cual
se le declara Concejal del Municipio de Corozal, para el período 2016 - 2019.

40. En ese orden de ideas, la investidura de concejal del señor Ossa Nader se tiene
por cierta en la medida en que el documento anteriormente indicado constituye
prueba de dicha calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de
pérdida de investidura.

Marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

41. Vistos los artículos 18415 de la Constitución Política; 14316 de la Ley 1437 y las
leyes 134, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

Desarrollos jurisprudenciales

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio17 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.

14
Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “001EscritoDemanda”. Documento aportado en forma digital.
15 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de

acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
16 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara

correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar
la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
17 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-

000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro

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43. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.

44. La Sala Plena18 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.

45. En esa misma orientación, la Corte Constitucional19 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

46. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201020. En ese orden,

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
19 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
20 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).

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las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

47. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.

48. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los términos de la ley
1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la jurisprudencia de las altas
cortes21, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder
al estudio del elemento subjetivo22.

49. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida
de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución […]”23 (Destacado fuera de texto).

50. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, los de

21 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
22 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la

conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
23 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con

el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.

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interpretación restrictiva y pro homine; y, con fundamento en ello, determinar si la
conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como
consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento
subjetivo24.

Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la
pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de
las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las causales
son de aplicación restrictiva25; lo anterior en atención a que las prohibiciones, en tanto
limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal;
y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es
rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y
la interpretación extensiva.

52. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de 21
de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura son
aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban ser
concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación
restrictiva, pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una
sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en
el futuro y a perpetuidad […]”. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han puesto de presente que las
normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de
manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los
limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y

24 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca probada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
25 Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:

110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.

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calidades para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas
expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma
extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva […]”.

53. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado el
carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público, de
interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad
[…]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la conducta o
comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).

54. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3
de noviembre de 2016 consideró que “[…] la interpretación y aplicación restrictiva de
las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también obedece al
principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella interpretación más favorable
al hombre y a sus derechos […]”.

Principio pro homine

55. El principio pro homine o pro persona, también denominado “Cláusula de
favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos26, ha sido entendido
como el criterio hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más
amplia o a la interpretación más extensiva cuando lo pretendido es el
reconocimiento de derechos27; e inversamente a la norma o a la interpretación
más restrictiva cuando lo pretendido es el establecimiento de restricciones
permanentes al ejercicio de esos derechos o a su suspensión extraordinaria.

26 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006; M.P. Clara Inés Vargas Hernández
27 Entiéndase Derechos Humanos y derechos fundamentales.

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56. La Corte Constitucional en la sentencia T-320 de 2009 señaló que el principio
referenciado es aplicable a la interpretación de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política al señalar que este “[…] se constituye en
una valiosa pauta hermenéutica [que] ordena la adopción de la interpretación
que mejor se compadezca con los derechos fundamentales en juego, [es decir]
la que sea “más favorable a la protección de los derechos del agenciado” […]”
(Destacado fuera de texto).

57. En este orden de ideas, sin desconocer que las autoridades judiciales son
competentes para aplicar e interpretar las normas jurídicas, en virtud del principio
de autonomía e independencia judicial, lo cierto es que esa interpretación debe
propender por una hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos
fundamentales [lo cual implica una interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura] porque, se reitera, el principio pro homine impone al juez
que “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se
prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma
más amplia del derecho fundamental […]”28.

Marco normativo de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
291 de la Constitución Política

58. El artículo 291 de la Constitución Política establece que “[…] [l]os miembros de
las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo
alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura […]”.

59. Se trata de una causal autónoma de pérdida de investidura de orden
constitucional en la medida en que la norma establece una prohibición para los
miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales de aceptar
cargo alguno en la administración pública; aceptar entendido como “[…] tr. Recibir
voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga […]”; y “[…] tr.
Aprobar, dar por bueno, acceder a algo […]”29.

28 Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
29 https://dle.rae.es/aceptar

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60. La Sala considera que la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
291 de la Constitución Política requiere que se prueben los siguientes supuestos: i)
ser miembro de una corporación pública de entidad territorial; y ii) se acepte cargo
alguno en la administración pública, mientras ostenta la condición de miembro de
una corporación pública de entidad territorial.

Marco normativo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
1 del artículo 48 de la Ley 617

61. Visto el numeral 1.º artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de investidura de
concejales municipales, “[…] los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de las juntas administradoras locales perderán su investidura: […] [p]or
violación del régimen de incompatibilidades […]”.

62. Visto el artículo 45 de la Ley 136 que, sobre incompatibilidades de los
concejales, establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:

1. <derogado por el artículo 96 de la Ley 617>

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se
establecen.

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o
descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos
procedentes del mismo.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o juridicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

5. <Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000. El texto es el
siguiente:> Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la
cátedra.

PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un
empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor
en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta […]”.

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63. Visto el artículo 47 de la Ley 136, modificado por el artículo 43 de la Ley 617,
estableció sobre la duración de las “incompatibilidades”30 de los concejales, que
“[…] tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En
caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su
aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior
[…]” Asimismo, que “[…] [q]uien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal,
quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión
[…]”31.

64. Las incompatibilidades han sido definidas por esta Sección como “[…] la
prohibición de ejercer dos actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso
de los servidores públicos se traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer
otros cargos o realizar otras actividades distintas a las que corresponde a las
funciones del cargo de que son titulares […]”32.

65. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-903 de 6 de diciembre de 200833,
consideró que las incompatibilidades consisten en “[…] una prohibición dirigida al
titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de
ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de
la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos,
en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y
capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben

30 La Corte Constitucional en la sentencia C-194 de 1995 consideró que la mención normativa debía

entenderse como prohibición y no como incompatibilidad.
31 La redacción original, que corresponde al artículo 46 de la Ley 136 es la siguiente: “[…] Las

incompatibilidades de los concejales tendrán vigencia desde el momento de su elección y hasta seis
meses posteriores al vencimiento del período respectivo. En caso de renuncia, dichas
incompatibilidades se mantendrán durante los seis meses siguientes a su aceptación, salvo para ser
nombrado en el cargo de Alcalde Municipal por decreto cuando las circunstancias lo exigieren.
[…]Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de
incompatibilidades a partir de su posesión”. El artículo 46 ejusdem fue modificado por el artículo 43
de la ley 617.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 17 de julio

de 2008, identificada con núm. único de radicación 440012331000200800005 01, C.P. Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta.
33 Magistrado Ponente, doctor Jaime Araujo Rentería.

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guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]”
(Destacado fuera de texto).

66. En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la conducta del señor
Ossa Nader se subsume en los presupuestos fácticos de alguna de las
incompatibilidades establecidas para los concejales; es decir, si la conducta es
típica de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades.

Análisis del caso concreto

67. Vistos los artículos 291 de la Constitución Política y el numeral 1.° del artículo 48
de la Ley 617 y el marco normativo: la Sala procede a apreciar y a valorar en su
conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas de la sana
crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda para, en aplicación
del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 291 de la Constitución Política, en el caso
concreto

68. La Sala procederá al estudio de cada uno de los supuestos necesarios para la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura en los
términos del artículo 291 de la Constitución Política, a saber: i) ser miembro de una
corporación pública de entidad territorial; y ii) que se acepte cargo alguno en la
administración pública, mientras ostenta la condición de miembro de una
corporación pública de entidad territorial.

Ser miembro de una corporación pública de entidad territorial

69. Vistos los artículos 286 y 287 de la Constitución Política, “[…] [s]on entidades
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas […]”. Asimismo, la normativa establece que las entidades territoriales

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gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley.

70. Visto el artículo 312 ibidem, el cual establece que en cada municipio habrá una
corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de
cuatro años que se denominará concejo municipal, el cual estará integrado por no
menos de 7 miembros ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo
con la población respectiva. La norma establece que los concejales no tendrán
la calidad de empleados públicos.

71. En ese orden de ideas, la Sala considera que se encuentra probado el primer
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el
artículo 291 de la Constitución Política en la medida en que el señor Ossa Nader
tuvo la condición de Concejal del Municipio de Corozal, para el período 2016 - 2019,
según consta en el formulario E-26 CON suscrito por los miembros de la Comisión
Escrutadora Municipal34.

Que se acepte cargo alguno en la administración pública, mientras ostenta la
condición de miembro de una corporación pública de entidad territorial

72. La Sala observa que, en el caso sub examine, se encuentra probado y no fue
controvertido que el señor Ossa Nader resultó elegido como Concejal del Municipio
de Corozal, para el período 2016 – 2019, y presentó renuncia a su investidura, el 31
de julio de 2019. Asimismo, que se inscribió como candidato a la Alcaldía Municipal
de Corozal, para el periodo 2020- 2023, y que las elecciones tuvieron lugar el 27 de
octubre de 2019, oportunidad en la que resultó elegido como alcalde, según consta
en el Formulario E-26 ALC35. Finalmente, que el señor Ossa Nader tomó posesión
del cargo referido, el 1 de enero de 2020.

73. Para efectos de lo anterior y con el objeto de determinar si el entonces Concejal
incurrió o no en la conducta de aceptar cargo alguno en la administración pública,
es importante resaltar, por un lado, que, de conformidad con los artículos 123 y 125

34 Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “001EscritoDemanda”. Documento aportado en forma digital.
35
Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “001EscritoDemanda”. Documento aportado en forma digital.

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de la Constitución Política, son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Asimismo, que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.

74. Por el otro, que el artículo 260 de la Constitución Política establece que “[…] los
ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República,
Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales
municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su
oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades
o funcionarios que la Constitución señale […]” (Destacado fuera de texto). La
situación de que el cargo de alcalde es de elección popular se encuentra ratificada
en el artículo 314 de la Constitución Política, que establece en lo pertinente que los
alcaldes serán “[…] elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro
(4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente […]” (Destacado fuera
de texto).

75. Se trata de un cargo de elección popular que, según lo ha explicado esta
Corporación, “[…] no pueden interpretarse bajo la lógica de la naturaleza
jurídica de los empleados públicos, entre otras razones porque su ligamen con
la administración no es el fruto de una voluntad unilateral, como ocurre con
los actos de nombramiento, sino que es la resultante de una voluntad
mayoritaria expresada a través de un certamen democrático […]”36 (Destacado
fuera de texto).

76. En ese orden de ideas, el acceso al cargo de elección popular no puede
asimilarse con los de los empleados públicos con vinculación legal y reglamentaria
ni a los trabajadores oficiales porque:

36 En relación con esto último, el mismo artículo 293 de la Constitución Política establece que, sin perjuicio de

lo establecido en la Constitución, la ley determinará “[…] las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha
de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las
vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones
públicas en las entidades territoriales […]” y que “[…] [l]a ley dictará también las demás disposiciones
necesarias para su elección y desempeño de funciones […]”. Ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 10 de mayo de 2007, proceso identificado con
número único de radicación 730012331000200600419-01 C.P. doctora María Nohemí Hernández Pinzón.

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Los trabajadores oficiales

77. La vinculación de un trabajador oficial tiene lugar mediante la suscripción de un
contrato de trabajo entre las partes, el cual regula el régimen del servicio que va a
prestar el trabajador.

Los empleados públicos

78. En relación con los empleados públicos, estos tienen una vinculación legal y
reglamentaria que requiere de un acto de elección o nombramiento que, en palabras
de la Corte Constitucional “[…] implica designación que el Estado hace, por
conducto del funcionario o Corporación competente, en cabeza de una persona para
que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico
ha previsto respecto de un determinado cargo […]”; y la posesión “[…] en cuya virtud
la persona asume, en efecto, esas funciones deberes y responsabilidades, bajo
promesa de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la Ley […]”37.

79. El artículo 2.2.5.1.3. del Decreto 648 de 19 de abril de 201738, sobre formalidad
para el nombramiento, establece que los nombramientos: i) de competencia del
Presidente de la República, gobernadores y alcaldes se harán mediante decreto; ii)
de competencia de los ministros, directores de departamento administrativo,
directores o presidentes del sector central o descentralizado de las entidades de los
órdenes nacional y territorial mediante resolución; y iii) de las entidades
descentralizadas nacionales se harán conforme a sus estatutos.

80. A su turno, el artículo 2.2.5.1.6. de la norma ibidem, sobre comunicación y
término para aceptar el nombramiento, establece que “[…] [e]l acto administrativo de
nombramiento se comunicará al interesado por escrito, a través de medios físicos o
electrónicos, indicándole que cuenta con el término de diez (10) días para
manifestar su aceptación o rechazo […]”.

81. Posteriormente, los artículos 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 de esa misma normativa
regulan los plazos para la posesión y la posesión misma al señalar que, aceptado
el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del empleo dentro

37 Corte Constitucional. Sentencia T-003 de 11 de mayo de 1992. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo.
38 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función

Pública”.

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de los diez (10) días hábiles siguientes; término que podrá prorrogarse, por escrito,
hasta por noventa (90) días hábiles más, si el designado no residiere en el lugar de
ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.
Asimismo, que la persona nombrada o encargada, prestará juramento de cumplir y
defender la Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que le incumben, de
lo cual se dejará constancia en un acta firmada por la autoridad que posesiona y el
posesionado. Lo anterior en armonía con el artículo 122 de la Constitución Política
según el cual “[…] [n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben […]”.

82. Es importante resaltar que, en estos casos, la conducta establecida en el
artículo 291 de la Constitución Política prohíbe a los miembros de las corporaciones
públicas de las entidades territoriales manifestar la aceptación de cargo alguno en
la administración pública, en los términos del artículo 2.2.5.1.6. del Decreto 648 de
2017.

Cargos de elección popular

83. En relación con los cargos de elección popular, no se expide un acto de
nombramiento sino que tiene lugar la consecución de un procedimiento regulado
por la Constitución Política, la normativa electoral39 y por los reglamentos que expide
el Consejo Nacional Electoral con el objeto de convocar a los ciudadanos a elegir a
las personas que ocuparán los cargos de elección popular y de garantizar que las
votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos
y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector
expresada en las urnas.

84. Se trata de una sucesión de actos que se adelantan ante autoridades
administrativas que incluyen: i) la cedulación de los ciudadanos; ii) la realización de
censos electorales, inscripción de cédulas y listas de sufragantes; iii) la inscripción
de candidaturas; iv) las votaciones; v) los escrutinios; y, finalmente, vi) la expedición
del acto que declara la elección y su publicación.

39 Ver: Decreto Ley núm. 2241 de 15 de julio de 196, “Por el cual se adopta el Código Electoral”; la Ley 163 de

31 de agosto de 1994, “[…] Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral […]”; la Ley 1475
de 14 de julio de 2011, “[…] Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones […]” entre otras normas.

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85. Teniendo en cuenta que el Solicitante de la solicitud de pérdida de investidura
señala que la conducta establecida en el caso sub examine se configuró porque el
señor Ossa Nader, en su condición de concejal, aceptó la candidatura a la Alcaldía
Municipal de Corozal, para el periodo 2020-2023, y posteriormente fue elegido y
recibió la credencial que lo acreditaba como alcalde electo, la Sala procede a
determinar si estos actos implican o no aceptar un cargo en la administración
pública, en los términos de la causal de pérdida de investidura de origen
constitucional, sub examine.

La aceptación de la candidatura no puede asimilarse a la aceptación de un cargo
público, en el caso concreto

86. En relación con la inscripción de la candidatura y su aceptación y de
conformidad con los artículos 108 de la Constitución Política, 28 de la Ley 1475 y
92 del Código Electoral, la Sala considera que son dos actos intrínsecamente
ligados.

87. En el ordenamiento jurídico colombiano, la normativa establece que: i) los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, así como los
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos podrán inscribir
candidatos a elecciones; ii) dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos
efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento con
personería jurídica o por quien él delegue; iii) corresponderá a los partidos,
movimientos políticos, grupo social, grupo significativo de ciudadanos -y al
candidato mismo- la verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos del
candidato, así como de que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad; y iv) que “[…] [l]as constancias escritas de aceptación de los
candidatos deberán acompañarse a la solicitud de inscripción o presentarse
antes del vencimiento del término de dicha inscripción […]” (Destacado fuera
de texto).

88. La Sala considera, en relación con el caso sub examine, que la aceptación de
la candidatura no puede asimilarse a la aceptación de un cargo público, en los
términos de la causal prevista en el artículo 291 de la Constitución Política porque,
en el caso de los empleados públicos, la aceptación de un cargo constituye el acto

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positivo mediante el cual se conecta la voluntad unilateral de la administración, que
se materializa con el acto administrativo de nombramiento, con la voluntad del
administrado para el ejercicio del cargo, lo cual habilita la posesión en el cargo
público para posteriormente proceder a ejercer el empleo.

89. Por el contrario, la inscripción y, en especial, la aceptación de una candidatura
tiene fines completamente diferentes, en la medida en que constituye el momento
en el que surge la candidatura y la campaña electoral con el objeto de convocar a
los ciudadanos a votar en un determinado sentido. La candidatura no genera ningún
tipo de expectativa en el candidato, más allá de la garantía de poder participar en
las elecciones y ejercer el derecho de elegir y ser elegido.

La declaración de la elección y la recepción de la credencial que acredita la elección
no implica aceptación del cargo

90. El Solicitante señala adicionalmente que el hecho de que el señor Ossa Nader
hubiere sido declarado el 2 de noviembre de 2019 como Alcalde electo del Municipio
de Corozal, para el periodo 2020-2023, (Formulario E-26 CON) y que hubiere
recibido la credencial que lo acreditaba como tal (Formulario E-27)40, implica
igualmente aceptación del cargo.

91. La Sala difiere de lo manifestado por el Solicitante en la medida en que el
formulario E-26 CON corresponde al acta parcial de escrutinio y al documento por
medio del cual los miembros de la comisión escrutadora declaran la elección. Es
decir, se trata de un acto electoral.

92. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que “[…]
el acto electoral es aquel por medio del cual la Administración declara una
elección o hace un nombramiento o una designación (actos de elección
popular, los de elección por corporaciones electorales, los actos de nombramiento
de cualquier autoridad pública y los de llamamiento para suplir vacantes en las
Corporaciones públicas) […]”. Lo anterior implica que la declaratoria de la elección
cumple el mismo objeto de un acto de nombramiento y que la entrega de la

40
Cfr. Documento denominado “1_700012333000202100083011expedientedigi20210805113827”
“01PrimeraInstancia” “C01Principal” “001EscritoDemanda”. Documento aportado en forma digital.

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credencial que acredita la elección no es más que la comunicación al candidato
sobre su elección y la constancia que tiene como objeto acreditar la situación de
elección ante la autoridad encargada de posesionar al elegido.

93. En este punto, es importante resaltar que el candidato al recibir la credencial no
tiene que realizar ninguna manifestación de aceptación o rechazo porque se trata
de un acto por medio del cual se notifica al candidato su elección y se expide
constancia sobre la misma por la autoridad encargada de realizar los escrutinios;
luego entonces, ni la expedición del formulario E-26 CON ni la expedición y entrega
del Formulario E-27 pueden ser asimilados a una aceptación del cargo en los
términos de la causal prevista en el artículo 291 de la Constitución Política.

94. En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se probó
el segundo supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
prevista en el artículo 291 de la Constitución Política invocada por el Solicitante, lo
cual implica que, en este caso, no es necesario realizar el estudio del elemento
subjetivo.

Análisis de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617, en el caso concreto

95. La Sala considera que contrario a lo manifestado por el Solicitante, la conducta
del señor Ossa Nader no constituye causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de incompatibilidades en los términos del numeral 1.° del artículo 48 de
la ley 617, en la medida en que dicha conducta no se subsume dentro de los
presupuestos fácticos de ninguna de las causales taxativas de incompatibilidad de
concejal establecidas en el ordenamiento jurídico y, en especial, en el artículo 45 de
la Ley 13641.

41 Entre ellas: i) ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen; ii) Ser
miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo
municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo; iii) celebrar contratos
o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen
o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o
reciban donaciones de éste; y iv) ser representantes legales, miembros de juntas o consejos
directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

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96. Teniendo en cuenta que la conducta del señor Ossa Nader no es constitutiva
de incompatibilidad, se puede concluir además que al caso sub examine no es
aplicable el mandato establecido en el artículo 47 de la Ley 136, modificado por el
artículo 43 de la Ley 617, sobre duración de las incompatibilidades.

97. Asimismo, la Sala considera que las sentencias invocadas por el Solicitante
para fundamentar que la interpretación normativa no constituye violación de los
principios de interpretación restrictiva y pro homine, no guardan relación con los
presupuestos fácticos objeto del caso sub examine en la medida en que en esas
providencias se abordaron situaciones diversas42.

98. En especial, la Sala considera que la sentencia de unificación proferida el 7
de junio de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
110010328000201500051-00 no es aplicable al caso sub examine en la medida en
que: por un lado, en la sentencia se unificó sobre: i) la definición del extremo
temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los
artículos 31, numeral 7; 32; 38, numeral 7; y 39 de la Ley 617; ii) el alcance de la
aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral y iii)
los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por vicios subjetivos. Por el
otro, el legislador estableció un régimen de inhabilidades e incompatibilidades
diferente para los cargos de elección popular uninominales y de corporaciones
públicas. Y, por último, porque en el caso sub examine estamos ante un concejal
que se inscribió y resultó elegido como alcalde y no ante un alcalde que se postula
para otro cargo de elección popular.

99. En ese orden de ideas, la causal que fue objeto de pronunciamiento por la
Sección Quinta del Consejo de Estado se encamina a clarificar el extremo temporal
inicial de cargos uninominales de elección popular -alcaldes y gobernadores- que
han presentado un programa de gobierno en su aspiración política y que presentan
renuncia, sin que tales restricciones se puedan aplicar al caso de los concejales.

42 En uno de los casos se estudió si a un gobernador encargado le era aplicable el régimen de inhabilidades e

incompatibilidades previsto en la Ley 617 y en otro se estudió la inhabilidad para los alcaldes establecida en el
numeral 8 del artículo 95 de la ley 136

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100. La Sala adicionalmente reitera que la interpretación que se adopta en esta
sentencia guarda armonía con las normas que establecen las causales de pérdida
de investidura sub examine, según se explicó supra, teniendo en cuenta la
diferencia existente entre los empleados públicos y los cargos de elección popular
y la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura que implica la
aplicación de diversos principios, entre ellos, los de interpretación restrictiva y pro
homine.

101. Asimismo, en esta sentencia se prohíjan pronunciamientos anteriores de esta
Sección, entre ellos las sentencias de 20 de noviembre de 202043 y, en especial, la
proferida el 29 de octubre de 202044, en la cual se consideró lo siguiente:

“[…] Para la Sala resulta evidente que no se configuró incompatibilidad alguna en
cabeza de la concejal demandada, señora SAIRA BERNARDA VERGARA PÉREZ,
en quien, en efecto, no recaía restricción o prohibición constitucional o legal
para que, aun ejerciendo como cabildante municipal, se inscribiera para las
elecciones de alcalde municipal de Sampués (Sucre).

Lo anterior tiene asidero en las normas analizadas que regulan el régimen de
incompatibilidades de los concejales, quienes, por ser miembros de corporaciones
públicas de elección popular, reciben un tratamiento diferenciado de aquellos
empleados públicos elegidos popularmente para cargos uninominales, como
son los alcaldes y gobernadores, cuando son estos los que pretenden hacerse elegir
para otros cargos en desmedro del período para el cual fueron votados.

No constituye una incompatibilidad ni prohibición para los concejales, su
decisión de inscribirse y participar en la contienda electoral para el cargo de
alcalde municipal. Por lo mismo, lejos de lo argumentado por la parte actora, la
señora SAIRA BERNARDA VERGARA PÉREZ no debía renunciar seis (6) meses
antes de su inscripción como candidata a la alcaldía municipal de Sampués (Sucre),
tal como, erróneamente, lo alega en su demanda.

Tampoco son aplicables al asunto bajo examen los efectos de la sentencia de
unificación de 7 de junio de 2016, número único de radicado 11001-03-28-000-
2015-00051-00, proferida por la Sección Quinta (Consejero ponente Alberto Yepes
Barreiro), con la que se anuló la elección de la ex gobernadora de La Guajira, señora
[…], habida cuenta que de acuerdo con lo señalado en esa oportunidad la unificación
jurisprudencial está dirigida, exclusivamente, a los alcaldes y gobernadores, mas no
a los concejales.

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de pérdida de
investidura identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2019-00306-01; C.P. doctor
Hernando Sánchez Sánchez; providencia citada en pronunciamiento reciente de la Sección, ver, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de pérdida de investidura identificado
con el número único de radicación 012333000202000002-01; C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de pérdida de

investidura identificado con el número único de radicación 700012333000201900281-01; C.P. doctora Nubia
Margoth Peña Garzón.

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Número único de radicación: 700012333000202100083-01

Allí se determinó que no es procedente que un alcalde o un gobernador aspire a ser
inscrito como candidato a otro cargo de elección popular mientras termina su período
institucional, aun cuando presente renuncia a su empleo en cualquier tiempo, toda
vez que el interés general plasmado en la elección del electorado para desarrollar un
plan de gobierno por un período de tiempo determinado, no puede verse superado
por el interés particular de una persona que busca otras dignidades de igual o mayor
jerarquía, en menoscabo de la igualdad en la contienda electoral. Por lo mismo, se
reitera, no es una decisión jurisprudencial que modifique o altere la situación de los
concejales, como en este caso de la demandada SAIRA BERNARDA VERGARA
PÉREZ.

En igual sentido, yerra la parte actora al sostener la presunta transgresión del artículo
38, numeral 7, de la Ley 617, como quiera que se trata de una incompatibilidad
predeterminada para los alcaldes, mas no para los concejales, según la cual aquellos,
allí sí de manera taxativa, no pueden inscribirse como candidatos a cargos de elección
popular durante el período para el cual fueron elegidos, en los nuevos términos y bajo
el reciente entendimiento de la referida sentencia de unificación.

La misma suerte corre el argumento de la violación del artículo 43 de la Ley 617, toda
vez que si la inscripción a la elección de alcalde, por parte de un concejal, no se erige
en una incompatibilidad, menos aún es susceptible de someterse a duración alguna,
ni implica, por sí mismo, la aceptación o desempeño de un cargo público como lo
censura el artículo 55 de la Ley 136.

Con fundamento en lo considerado, la Sala procederá a confirmar la sentencia
apelada en cuanto denegó la solicitud de pérdida de investidura […]” (Destacado fuera
de texto).

102. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentra probado la configuración de alguna incompatibilidad que
constituya causal de pérdida de investidura, en los términos del numeral 1.° del
artículo 48 de la Ley 617.

Conclusiones

103. La Sala confirmará la sentencia de 9 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, en cuanto dispuso negar la solicitud de pérdida
de investidura del Concejal, Aníbal José de la Ossa Nader.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

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Número único de radicación: 700012333000202100083-01

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación
que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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