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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00186-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00186-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión mediante la cual se accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Ana Beatriz Cruz Flórez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Vmt 19

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2021-00186-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ana Beatriz Cruz Flórez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo
negativo derivado de la solicitud 2021400301059302 presentada el 19 de mayo de

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

20212, mediante el cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social3 le negó el reconocimiento de
la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 17 de enero de
2008, «con efectos fiscales a partir del 19 de mayo de 2018, por prescripción trienal al
haber radicado la solicitud el día 19 de mayo de 2021»; ii) la inclusión en nómina y el
pago de las mesadas adeudadas desde la adquisición del estatus pensional; iii) la
indexación de las sumas y los intereses moratorios, según las disposiciones de la
Ley 1437 de 20114 y iii) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ana Beatriz Cruz Flórez nació el 17 de enero de 1958, por lo que en el año 2008
cumplió 50 años de edad.

3.2. Durante más de 20 años laboró como docente territorial, entre el 28 de
septiembre y el 24 de noviembre de 1980, en la Escuela Urbana Policarpa
Salavarrieta, entre el 12 de marzo y el 4 de mayo de 1981, en el Centro Educativo
Algodoncillo de Palmito [Sucre] y entre el 5 «de mayo de febrero de 1995 de mayo de
1981» y la fecha de la presentación de esta demanda, en la Institución Educativa
San Antonio Abad de Palmito [Sucre].

3.3. El 19 de mayo de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
sin que fuera emitido pronunciamiento alguno por parte de la entidad previsional. El
22 de julio de 2021, mediante el oficio 2021400301059302, la Ugpp solicitó una
prórroga del término para responder; sin embargo, no se pronunció, por lo tanto, el
19 de agosto de 2021 se configuró el acto ficto negativo.

2 En el acápite denominado «2.2. Acto administrativo demandado» se indicó lo siguiente: «En la

demanda se indica como demanda, el acto ficto o presunto negativo originado el 19 de agosto de
2021, por falta de respuesta a la petición vía electrónica el 19 de mayo de 2021.
No obstante, en el transcurso de la etapa de admisión de la demanda, se aportó por cuenta de la
parte demandante, copia de la Resolución No. RDP 031054 del 16 de noviembre de 2021, expedida
por la UGPP, mediante la cual niega el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue notificada
posteriormente a la presentación de la demanda, pero previo a la admisión.
Bajo ese entendido, se tendrá como acto administrativo acusado, la Resolución No. RDP 031054 del
16 de noviembre de 2021».
3 En adelante Ugpp.
4 En adelante CPACA.

2

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron la Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 5:

5.1. El acto demandado fue expedido con violación directa de la ley, puesto que la
entidad de previsión desconoció que la docente cumplió con todos los requisitos
para acceder al reconocimiento pensional, prestó sus servicios en el departamento
de Sucre en ejercicio de una vinculación territorial, puesto que «NO intervino algún
funcionario de la Nación, SINO QUE SE TRATÓ DE UN NOMBRAMIENTO DEPARTAMENTAL, que
hábilmente la entidad demandada, interpretó como un nombramiento NACIONAL, situación
que es injusta con este docente que debería estar recibiendo la pensión hace más de CINCO
AÑOS».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación6:

6.1. La demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que «de
la información contenida en los antecedentes administrativos […] no se desprende de
manera fehaciente que haya prestado sus servicios como docente territorial o nacionalizado
en periodos anteriores al 31 de diciembre de 1980, pues tal como lo establece la Ley 91 de
1989, a partir de 1990 de manera general todos los docentes que se vincularan al servicio
oficial serían maestros del sector nacional, siendo la vinculación nacionalizada o territorial
excepcional. Así las cosas, si la demandante pretendía establecer que se encontraba en
una de esas circunstancias excepcionales debía demostrar que la plaza a la cual se vinculó
se financiaba con recursos propios de la entidad territorial».

6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación; ii) prescripción y iii) buena fe.

1.3. La sentencia apelada

5 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_70001233300020210018(.zip)
NroActua 2.
6 Índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo de Sucre, actuación denominada:
28_CONTESTACION_023CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 12.

3

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Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

7. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia proferida el 9 de mayo de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar
la nulidad de la Resolución RDP 031054 del 16 de noviembre de 2021 y ordenó a
la Ugpp el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 17 de enero de
2008, con efectos fiscales desde el 19 de mayo de 2018, por prescripción trienal,
con inclusión de todos los factores devengados en el año anterior al estatus
pensional. Negó la condena en costas a la entidad previsional.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

8.1. Ana Beatriz Cruz Flórez nació el 17 de enero de 1958, es decir que contaba con
más de 50 años de edad. A través de la Resolución 344 del 3 de octubre de 1980
fue nombrada en interinidad como docente nacionalizada y prestó sus servicios con
vinculación del orden nacionalizado durante 20 años.

8.2. En consecuencia, la docente adquirió el estatus pensional el 17 de enero de
2008, cuando cumplió 50 años de edad, el 19 de mayo de 2021 fue solicitado el
reconocimiento pensional, el cual fue negado a través de la Resolución RDP 031054
del 16 de noviembre de 2021 y la demanda fue presentada el 22 de octubre de
2021, de manera que la prescripción operó respecto de las mesadas causadas
antes del 19 de mayo de 2018.

8.3. Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso, negó la condena en costas en contra de la entidad previsional,
en tanto ejerció su derecho a la defensa correctamente.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia7, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda.

10. El a quo desconoció que el tiempo laborado por la docente fue con vinculación
del orden nacional, comoquiera que entre el 28 de septiembre y el 24 de noviembre
de 1980 y entre el 12 de marzo de 1981 y el 30 de junio de 1991 el cargo ocupado
fue financiado con recursos de la Nación, como lo certificó el Ministerio de
Educación Nacional, y fue corroborado con las certificaciones CETIL, en este
sentido el tribunal «perdió de vista, verificar la calidad de la vinculación del extremo
accionante en el ejercicio de la docencia, pues la calidad de docente territorial no se reduce

7 Índice 34 de Samai del Tribunal Administrativo de Sucre, actuación denominada:
61RecursoDeApelación(.pdf) NroActua 34.

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

únicamente al hecho que el docente haya prestado sus servicios a un ente territorial, sino
que su vinculación y remuneración no provengan del nivel central, es decir, que no tengan
vínculo alguno directo con la Nación».

11. Asimismo, para concluir que la vinculación ejercida por la demandante fue del
orden nacionalizado se tuvieron en cuenta las certificaciones laborales proferidas
por el ente territorial y los actos administrativos de nombramiento «sin verificar si
efectivamente los recursos con los cuales se financiaron esas plazas docentes provinieron
o no de la Nación, desconociendo otras pruebas allegadas al proceso que demuestran que
la parte demandante no tuvo la calidad de docente NACIONALIZADA durante toda su vida
laboral, es por ejemplo el caso de los CETIL No. 202107892280021900640006 de fecha 26
de julio de 2021, en donde se certificó que los tiempos de servicios que la demandante
prestó entre el 28 de septiembre de 1980 hasta el 24 de noviembre de 1980 y el 12 de
marzo de 1981 hasta el 30 de junio de 1991, estaban a cargo de la NACIÓN», lo anterior
fue confirmado con la realización de aportes en la Caja nacional de previsión social,
la cual fue creada «para que los trabajadores y empleados NACIONALES realizaran sus
aportes a ella» [sic].

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11.1. Mediante el auto proferido el 20 de febrero de 2025 fue admitido el recurso de
apelación y se ordenó el retorno del expediente al despacho para decidir sobre la
solicitud probatoria allegada con el recurso8.

11.2. A través del auto proferido el 23 de mayo de 2025 fue negada la solicitud
probatoria, toda vez que «a pesar de no haberse presentado expresamente una solicitud
probatoria en el recurso de apelación de conformidad con el artículo 212 del CPACA, en
revisión del contenido del medio de impugnación se advirtió que la entidad demandada
adjuntó una certificación electrónica de tiempos laborados CETIL del 26 de julio de 2021.
En atención a lo anterior, resultaría procedente estudiar su decreto como prueba en
segunda instancia, sin embargo, se observa que el documento fue aportado por la entidad
demandada»9 con anterioridad.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

8 Índice 4 de Samai, actuación denominada 6Autoqueadmite_01052025admiteapelac(.pdf) NroActua

4.
9 Índice 11 de Samai, actuación denominada 13Autoqueniega_01052025Niegasolicit(.pdf) NroActua

11.

5

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

2.1. Problema jurídico

12.1. Se circunscriben a resolver ¿si Ana Beatriz Cruz Flórez acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191310 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

11
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

10
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

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Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

7

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Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

19. En efecto, la Ley 60 de 199313 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja14, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196815, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos16 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199417 (artículo 179, literal d).

21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

13
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
14
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
15
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
16
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
17
«Por la cual se expide la ley general de educación»

8

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22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199518, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

22.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

22.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.

24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 19, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201820 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200021 declaró la

18
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
19
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
20
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

9

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
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exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala22 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198923 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar

22
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

10

Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio» [Se resalta].

29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201824, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202225 indicó:

24
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».26

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).

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Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Ana Beatriz Cruz Flórez nació el 17 de enero de 195827.

32.2. El secretario de educación pública del departamento de Sucre concedió una
licencia de maternidad a la maestra Nurys de la Ossa de Aguas de la Escuela
Urbana Policarpa Salavarrieta de Sincelejo, por 56 días, desde el 28 de septiembre
hasta el 24 de noviembre de 1980 y nombró en interinidad a la demandante, en su
reemplazo, mediante la Resolución 344 del 3 de octubre de 1980 «[p]or la cual se
concede una licencia por maternidad en primaria».

32.3. El gobernador de Sucre la trasladó de la Escuela Rural de Algodoncillo del
municipio de Palmito a la «Escuela Urbana la. de Varones» de Palmito, en calidad de
maestra seccional en reemplazo de la docente Odaris Castillo Sarmiento que no
aceptó el cargo, a través del Decreto 440 del 23 de abril de 1981 «[p]or el cual se
[hacen] unos traslados y un nombramiento en Primaria», documento suscrito además de
la autoridad departamental, por el delegado del ministro de educación nacional ante
el FER de Sucre y el secretario de educación departamental.

32.4. El 7 de mayo de 1981 tomó posesión del cargo de maestra de la Escuela Rural
de Algodoncillo, nombrada mediante el «Decreto # 209 de la Gobernación de Sincelejo
del mes de marzo 5/81, para llenar una plaza creada», ante el alcalde de Palmito, con
retroactividad desde el 12 de marzo de ese año, «[p]ara constancia se firma y se sella
en San Antonio de Palmito (Sucre), a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y nueve (1999)» según la copia del acta suscrita por la secretaria
de gobierno principal de San Antonio de Palmito.

32.5. El líder de programa administrativa y financiera de la Secretaría de Educación
de Sucre certificó el 10 de febrero de 2020 que la docente «presta sus servicios en el
nivel de básica primaria, vinculación: en propiedad como Nacionalizado en forma continua.
Hasta la última fecha se desempeña como docente en Institución Educativa San Antonio
Abad ubicado en Palmito, jornada mañana», en cuanto a la historia laboral indicó que
había prestado sus servicios durante 39 años, 24 días, en los siguientes términos:

Novedad Acto administrativo Desde Hasta Duración
Vinculación provisional Resolución 00344 del 28/09/1980 24/11/1980 1 mes, 25 días
en el Centro Educativa 03/10/1980
Algodoncillo
Posesión por Decreto 00209 del 12/03/1981 04/05/1981 1 mes, 23 días
nombramiento en la 05/03/1981

27Índice 2 de Samai, actuación denominada 5ED_EXPEDIENTE_70001233300020210018(.zip)
NroActua 2, según las copias del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía.

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Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

Institución Educativa
San Antonio Abad de
Palmito
Traslado Decreto 00440 del 05/05/1981 38 años, 9
23/04/1981 meses, 6 días

32.6. El 14 de octubre de 2021, el líder de programa administrativa y financiera de la
Secretaría de Educación de Sucre consignó en el formato único para expedición del
certificado de salarios que la docente fue vinculada en el orden nacionalizado, en el
nivel de primaria, en propiedad en la Institución Educativa San Antonio Abad de
Sucre.

32.7. El 21 de octubre de 2021, el jefe de división centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación certificó que la docente no registraba sanciones
ni inhabilidades vigentes.

32.8. El 30 de julio de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
[radicado SOP202101023713], la cual fue negada mediante la Resolución RDP
031054 del 16 de noviembre de 2021.

32.9. El 8 de abril de 2024, la coordinadora grupo de derechos de petición, consultas
y cartera de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda manifestó que la
docente «no prestó sus servicios a este Ministerio, carecemos de competencia para brindar
la información solicitada por el Despacho, toda vez que desconocemos la información
relacionada con los tiempos de servicios que la demandante prestó»28.

32.10. El 18 de abril de 2024, el jefe de oficina asesora jurídica del Ministerio de
Educación Nacional señaló que la docente ha estado vinculada desde el 3 de
diciembre de 1981 hasta al menos la expedición de ese documento, en el Instituto
de Educación San Antonio Abad de Palmito, dependiente de la Secretaría de
Educación de Palmito, en el nivel descentralizado.

2.4. Análisis sustancial

33. El Tribunal Administrativo de Sucre accedió parcialmente a lo pretendido en la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto demandado y condenar a la
Ugpp al reconocimiento de la prestación.

34. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera

28 Respuesta correspondiente al cumplimiento de las órdenes emitidas mediante el auto del 22 de

febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante el cual fijó el litigio y
abrió a pruebas el proceso.

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
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instancia, al considerar que en los periodos laborados por la docente entre el 28 de
septiembre y el 24 de noviembre de 1980 y entre el 12 de marzo de 1981 y el 30 de
junio de 1991 tuvieron lugar con ocasión de una vinculación del orden nacional,
comoquiera que el cargo fue financiado con recursos de la nación, tal como fue
certificado por CETIL.

35. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, la docente no acreditó una experiencia anterior al 31 de diciembre de
1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada ni completó 20 años de
servicio en una plaza de ese orden.

36. Al respecto, la Sala encuentra que la demandante ingresó en calidad de docente
en la Escuela Urbana Policarpa Salavarrieta de Sincelejo, en interinidad, en
reemplazo de una maestra a la cual le fue concedida una licencia por maternidad,
según la Resolución 344 del 3 de octubre de 1980, por el término de 56 días
comprendido entre el 28 de septiembre y el 24 de noviembre de 1980.

37. En cuanto a los siguientes cargos desempeñados, al expediente fueron
aportados: i) el acta de posesión del cargo de maestra en la Escuela Rural de
Algodoncillo, en la cual se indicó que el nombramiento fue mediante el Decreto 209
del 5 de marzo de 1981; ii) el Decreto 440 del 23 de abril de 1981 por el cual el
gobernador de Sucre trasladó a la docente de la Escuela Rural de Algodoncillo a la
Escuela Urbana de Varones.

38. Lo anterior fue corroborado a través de la certificación suscrita por el líder de
programa administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Sucre, el 10
de febrero de 2020, en la que además indicó que había ejercido una vinculación del
orden nacionalizado, durante 39 años y 24 días, cuyo último plantel fue la Institución
Educativa San Antonio Abad de Palmito [Sucre]. Asimismo, en la certificación del
14 de octubre de 2021 de salarios se coincidió en afirmar que la docente ejerció una
vinculación del orden nacionalizado en la mencionada institución educativa.

39. Adicionalmente, se advierte que Ana Beatriz Cruz Flórez contaba con más de 50
años de edad [nació el 17 de enero de 1958], por lo que cumplió con ese
presupuesto en el año 2008; se encontraba acreditado el requisito de haber ejercido
la profesión con buena conducta, en tanto que el 21 de octubre de 2021 el jefe de
división del centro de atención al público de la Procuraduría General de la Nación
certificó que la docente no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes y en el sub
judice no se cuestionó el cumplimiento de esa exigencia.

40. Respecto de la vinculación ostentada por la docente durante el tiempo laborado

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

antes del 31 de diciembre de 1980 y posterior a esa fecha, se advierte que fue del
orden territorial, toda vez que los actos de nombramiento y posesión fueron
proferidos por una autoridad de ese nivel, además, en el acta de posesión se
mencionó que el nombramiento dispuesto a través del «Decreto # 209 de la
Gobernación de Sincelejo del mes de marzo 5/81, para llenar una plaza creada».

41. Asimismo, si bien el Decreto 440 del 23 de abril de 1981 fue suscrito por el
delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER conjuntamente con la
autoridad departamental, lo cierto es que ello no indica que los recursos que
financiaron el cargo ejercido por la docente provinieran de la nación, en relación con
este aspecto la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó
que la intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
ante el respectivo fondo [Fondo Educativo Regional FER] no modificaba la calidad
de docente territorial o nacionalizado29.

42. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para efectos de determinar si el docente ocupó una de las plazas que
lo hicieran beneficiario de la pensión gracia, la Sección Segunda de esta
Corporación fijó unas reglas, dentro de las cuales se destacan:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;

[…]

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y […]» [Se resalta]

43. Así las cosas, de acuerdo con el aparte jurisprudencial transcrito y contrario al
reproche planteado por la apelante, la determinación de la fuente de los recursos
con los que fueron pagados los salarios de la docente no es determinante para
efectos del reconocimiento de la prestación en discusión, toda vez que, los recursos
del antiguo situado fiscal [hoy sistema general de participaciones] una vez

29 Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, expediente con radicado 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
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ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales.

44. Por otra parte, la Ugpp cuestionó la información certificada y emitida por el
departamento de Sucre y el municipio de Palmito, toda vez que no correspondieron
a los documentos emanados por el CETIL. En relación con este argumento, para la
Sala no es de recibo, pues, como se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con
la jurisprudencia de esta Corporación «para acreditar la calidad de docente territorial, se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo», como en efecto
ocurrió en el presente asunto, en el cual fueron allegados los actos de
nombramiento y posesión de los cuales se advirtió el tipo de plaza del cargo ejercido
y las autoridades territoriales que los expidieron. Lo cual además coincidió con la
información proferida por el jefe de oficina asesora jurídica del Ministerio de
Educación Nacional, el 18 de abril de 2024.

45. En consonancia con lo expuesto, la demandante acreditó que había prestado sus
servicios como docente con vinculación territorial así: i) entre 28 de septiembre de
1980 y el 24 de noviembre de 1980, 1 mes y 26 días; ii) entre el 12 de marzo de
1981 y el 4 de mayo de 1981, 1 mes y 23 días; iii) entre el 5 de mayo de 1981 y el
10 de febrero de 2020, [fecha de la certificación de la Secretaría de Educación de
Sucre], para un total de 39 años, 25 días.

46. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que para
el 17 de enero de 2008, cuando la docente cumplió 50 años de edad, contaba con
más de 20 años de servicio, de manera que hasta completar el requisito de la edad
alcanzó el estatus pensional, tal como lo concluyó el tribunal de primera instancia.

47. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024,
puesto que, como lo concluyó el a quo Ana Beatriz Cruz Flórez acreditó los
requisitos para el reconocimiento de la prestación, porque: i) acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 [28 de septiembre de 1980]; ii)
contaba con más de 50 años de edad [nació el 17 de enero de 1958]; iii) prestó sus
servicios como docente oficial del orden territorial por más de 20 años [desde el 28
de septiembre de 1980 y el 10 de febrero de 2020, de manera interrumpida] y iv)
ejerció la docencia con buena conducta.

2.5. Costas

48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

52. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

53. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Ana Beatriz Cruz Flórez
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En esas
condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 70001-23-33-000-2021-00186-01 (0105-2025)
Demandante: Ana Beatriz Cruz Flórez

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión mediante la cual se accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Ana Beatriz Cruz Flórez
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

Vmt

19

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