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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO para que, de manera inmediata, en uso de las facultades conferidas en los artículos 44 y 593 del Código General del Proceso, ejerza los poderes coercitivos y correccionales a los que haya lugar contra el BANCO DE BOGOTÁ por su conducta negligente, con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar de embargo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 70001-23-33-000-2024-00031-01 Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS decretada en auto de 17 de junio de 2019. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 70001-23-33-000-2024-00031-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL
MECÁNISMO IDÓNEO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DE EMBARGO. EL ACTOR NO ES CONSIDERADO COMO
PERSONA DE LA TERCERA EDAD. SIN PERJUICIO DE ELLO, ATENDIENDO A
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MANIFIESTA EL ACTOR, SE EXHORTA AL
JUZGADO PARA QUE EJERZA LOS PODERES COERCITIVOS PREVISTOS EN
LOS ARTÍCULOS 44 Y 593 DEL CGP CONTRA EL BANCO DE BOGOTÁ CON EL
FIN DE LOGRAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
DE EMBARGO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL DEBIDO
PROCESO, A LA VIDA Y A LA VEJEZ DIGNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora

contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, mediante la cual el

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Número único de radicación: 70001-23-33-000-2024-00031-01
Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE1 declaró

improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso,

a la vida y a la vejez digna, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el BANCO DE BOGOTÁ -GERENCIA DE

CONVENIOS Y OPERACIONES- CENTRO DE EMBARGOS al

abstenerse de cumplir la medida cautelar de embargo y secuestro

de dineros ordenada mediante auto de 17 de junio de 2019, dentro

de la acción ejecutiva identificada con el número único de

radicación 70001-33-33-008-2016-00189-00.

I.2 Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

1
En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS

de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de

Chalán – Sucre, con el fin de que se ordenara girar, con destino a

la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, el

respectivo cálculo actuarial según lo dispone el Decreto 3798 de

26 de diciembre de 20032.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 70001-33-33-008-2014-00056-00 y le correspondió

por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Sincelejo que, en sentencia de 27 de marzo de 2015, accedió a las

pretensiones, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo
ficto o presunto por la no respuesta de la entidad demandada
Municipio de Chalán-Sucre frente a la petición hecha por el
demandante el 21 de junio de 2013.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se
condena al Municipio de Chalán - Sucre a reconocer, liquidar
y girar a COLPENSIONES, el cálculo actuarial por no girar
aportes al Sistema General de Pensiones a favor del señor
Álvaro Oviedo Huertas, durante los periodos comprendidos
entre el 02 de enero de 1995 al 01 de enero de 1998 y entre
el 02 de febrero de 2000 al 31 de enero de 2003, en los cuales
prestó sus servicios a dicha entidad.

TERCERO: El MUNICIPIO DE CHALAN-SUCRE dará
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro de los
términos Indicados en el artículo 192 del C.P.A.C.A […]”.

Relató que la anterior providencia quedó ejecutoriada el 22 de

2
por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, se dictan medidas
en relación con la emisión de bonos pensionales, se establecen mecanismos para la compensación
de obligaciones entre entidades públicas por concepto de obligaciones pensionales.

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abril de 2015, razón por la que el 8 de julio de 2016, inició proceso

ejecutivo contra el Municipio de Chalán – Sucre, con el fin de lograr

el cumplimiento de la misma.

Comentó que al proceso ejecutivo le fue asignado el número único

de radicación 2016-00189-00 y le correspondió por reparto al

Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo 3 que,

mediante auto de 12 de abril de 2018, libró mandamiento de pago

y, en proveído de 24 de septiembre de 2018, ordenó seguir

adelante con la ejecución de la condena.

Adujo que el JUZGADO en auto de 17 de junio de 2019 decretó

como medida cautelar el embargo y secuestro de dineros o CDTS

existentes, así como cuentas corrientes o de ahorro a nombre del

Municipio de Chalán – Sucre.

Afirmó que lo anterior fue comunicado al BANCO DE BOGOTÁ el

30 de noviembre de 2021, entidad bancaria que se opuso a su

aplicación mediante oficio de 6 de diciembre de 2021, informando

que los recursos del Municipio de Chalán gozaban del principio de

inembargabilidad.

3
En adelante el JUZGADO.

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Expuso que, mediante providencia de 23 de octubre de 2023, el

JUZGADO requirió al Banco de Bogotá para que aplicara la medida

de embargo y secuestro decretada sobre los dineros que se

encontraran en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del

Municipio de Chalán de esa entidad, que fueron informadas como

de libre destinación, así como cualquier otra donde se manejaran

este tipo de recursos.

Manifestó que lo anterior fue puesto en conocimiento del Banco de

Bogotá el 10 de noviembre de 2023 sin que hasta la fecha existiera

pronunciamiento alguno por parte de la entidad bancaria.

I.3. Fundamentos de derecho

El actor aseguró que es un sujeto de especial protección

constitucional porque actualmente tiene 72 años, razón por la que

el incumplimiento por parte del BANCO DE BOGOTÁ en ejecutar

la orden de la medida cautelar decretada por el JUZGADO vulnera

sus derechos fundamentales invocados.

A su juicio, al tratarse de obligaciones de carácter pensional -

laboral- de conformidad con la sentencia C-1154 de 2008

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proferida por la Corte Constitucional, la entidad bancaria está en

la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO.

Manifestó que, a pesar de lo anterior, la central de embargos del

BANCO DE BOGOTÁ no ha dado cumplimiento alguno a la medida

cautelar decretada, lo que evidencia un claro desacato de una

orden judicial que le ha impedido gozar de su pensión de vejez.

I.4. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Solicito señor Juez se sirva ordenar la suspensión
inmediata de la acción perturbadora de mis derechos,
ordenándole al señor JUAN DIEGO DIAZ SEA o quien haga
sus veces en calidad de GERENTE DE CONVENIOS Y
OPERACIONES DEL CENTRO DE EMBARGO DEL BANCO DE
BOGOTÁ, proceda a dar aplicación a la medida cautelar
ordenada mediante auto de 23 de octubre de 2023 el Juzgado
Quinto Administrativo de Sincelejo consistente en el embargo
y secuestro decretada sobre los dineros que se encuentren
en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del
MUNICIPIO DE CHALAN, en esa entidad financiera, que
fueron informadas como de libre destinación, así como,
cualquier otra donde se manejen este tipo de recursos. Para
lo cual procede el embargo así, sobre las cuentas: […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó denegar la solicitud de amparo de la

referencia, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental

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alguno, máxime cuando ha resuelto las medidas de embargo

solicitadas dentro del proceso ejecutivo, las cuales han sido objeto

de requerimiento hacia la entidad bancaria.

Finalmente, informó que a la fecha el BANCO DE BOGOTÁ no ha

emitido respuesta al requerimiento

I.5.2.- El Municipio de Chalán - Sucre, luego de rendir informe

del trámite surtido dentro del proceso ordinario, adujo que de

ninguna manera la acción de tutela es la vía para lograr lo

pretendido por el actor, no siendo este el mecanismo judicial

idóneo para el efecto.

Puso de relieve que la Corte Constitucional ha dispuesto que en

casos excepcionales procede la acción de tutela para reclamar el

cumplimiento de una providencia judicial, pero únicamente

cuando existe imposibilidad de hacerla exigible a través del

proceso ejecutivo, no siendo este el caso concreto.

Así las cosas, afirmó que la solicitud de amparo debe despacharse

por improcedente, comoquiera que el presente asunto debe ser

debatido dentro del proceso ejecutivo que ya está en trámite.

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I.5.3.- El BANCO DE BOGOTÁ – GERENCIA DE CONVENIOS Y

OPERACIONES – CENTRO DE EMBARGOS, pese a ser

notificado del presente trámite constitucional, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 19 de febrero de 2024, el TRIBUNAL

declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que carece

del requisito de subsidiariedad, toda vez que el mecanismo judicial

idóneo para el asunto y el cual se encuentra en curso es el proceso

ejecutivo, en el cual, además, puede hacer uso de los poderes

correccionales previstos en el artículo 44 del CGP, así como de la

sanción prevista en el parágrafo segundo del artículo 593 ibidem.

Ahora, en cuanto a lo alegado por el actor en lo referente a que

es un sujeto de especial protección constitucional, afirmó que de

conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-034 de 2021, la edad no es condición suficiente para

que la acción de tutela se torne automáticamente procedente,

máxime cuando el señor OVIEDO HUERTAS no es un individuo

de la tercera edad en tanto que aun no ha superado la esperanza

de vida de la población colombiana (74 años).

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual argumentó lo siguiente:

Adujo que, contrario a lo advertido por el juez de primera

instancia, de conformidad con lo establecido por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística -DANE, en Colombia la

expectativa de vida para los hombres es de 80 años, por lo que al

contar con 72 años de edad es posible deducir que no posee

tiempo para dar espera a que culmine el dispendioso proceso

ejecutivo, el cual comenzó en el año 2016, lo que hace procedente

la acción de tutela.

Aseveró que pese a que posee un medio de defensa como lo es el

proceso ejecutivo, se ha demostrado que la demora en su

resolución hace procedente de manera transitoria la solicitud de

amparo, pues la última solicitud de medida cautelar tardó 4 años

en resolverse, tiempo que no posee dados los razonamientos

lógicos expresados sobre su expectativa de vida.

Añadió que en la actualidad vive de la caridad, por ayuda de

terceros para sobrevivir, aun cuando tiene el pleno derecho a una

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pensión de jubilación, la cual no le ha sido posible disfrutar debido

a la falta de pago de los aportes a pensión ordenados en la

sentencia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que lo pretendido por la

parte actora es que se ordene al BANCO DE BOGOTÁ -

GERENCIA DE CONVENIOS Y OPERACIONES - CENTRO DE

EMBARGOS a hacer efectiva la medida cautelar de embargo y

secuestro decretada por el JUZGADO en auto de 17 de junio de

2019, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2016-00147-00.

La controversia tiene origen en la sentencia de 27 de marzo de

2015, por medio de la cual el Juzgado Octavo Administrativo del

Circuito de Sincelejo ordenó al Municipio de Chalán reconocer,

liquidar y girar a Colpensiones el cálculo actuarial por no pago de

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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aportes al Sistema General de Pensiones.

Por lo anterior, la parte actora inició proceso ejecutivo contra el

Municipio de Chalán, el cual fue conocido por el JUZGADO que,

en proveído de 17 de junio de 2019, decretó como medida cautelar

el embargo y secuestro de dineros o CDTS existentes, así como

cuentas corrientes o de ahorro a nombre del municipio.

La parte actora considera que pese a que mediante providencia de

23 de octubre de 2023, el JUZGADO requirió al BANCO DE

BOGOTÁ para que aplicara la medida de embargo y secuestro a

la fecha no ha existido pronunciamiento alguno por parte de la

entidad bancaria ni ha procedido a realizar el embargo, lo que

vulnera sus derechos fundamentales invocados.

La acción de tutela de la referencia fue conocida en primera

instancia por el TRIBUNAL que, en sentencia de 19 de febrero de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que

no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda

vez que el mecanismo judicial idóneo para el asunto y el cual se

encuentra en curso es el proceso ejecutivo, en el cual, además,

puede hacer uso de los poderes correccionales previstos en el

artículo 44 del CGP, así como de la sanción prevista en el parágrafo

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segundo del artículo 593 ibidem.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,

para lo cual aseveró que, contrario a lo advertido por el

TRIBUNAL, la acción de tutela sí resulta procedente, pues cuenta

con 72 años de edad, lo que hace posible deducir que no posee

tiempo para dar espera a que culmine el dispendioso proceso

ejecutivo, el cual comenzó en el año 2016. Sumado a lo anterior,

adujo que no le ha sido posible disfrutar de la pensión de jubilación

a la que tiene derecho debido a la falta de pago de los aportes a

pensión ordenados en sentencia.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico

que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso

se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado,

para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y, de ser así, ii) determinar si el BANCO DE BOGOTÁ –

GERENCIA DE CONVENIOS Y OPERACIONES – CENTRO DE

EMBARGOS vulneró los derechos fundamentales invocados al no

haber dado cumplimiento a la orden de embargo dictada dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2016-00189-00.

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,

existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma

transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata

de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez

natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo

con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por incumplir con el

requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que lo

pretendido por el actor es que la entidad bancaria accionada de

cumplimiento a la medida cautelar de embargo ordenada por el

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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JUZGADO dentro de un proceso ejecutivo, el cual, por demás, se

encuentra en curso.

En efecto, el actor alega que la central de embargos del BANCO

DE BOGOTÁ no ha dado cumplimiento alguno a la medida

cautelar decretada, lo que evidencia un claro desacato de una

orden judicial que le ha impedido gozar de su pensión de vejez.

Ahora, revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso

ejecutivo bajo el número único de radicación 2016-00147-00, se

advierte que el JUZGADO mediante auto de 12 de marzo de 2018

libró mandamiento de pago; asimismo, en proveído de 24 de

septiembre de 2018 ordenó seguir adelante con la ejecución de la

condena.

Posteriormente, a través de memorial de 7 de junio de 2019 el

apoderado del actor presentó solicitud de medidas cautelares, las

cuales fueron decretadas en auto de 17 de junio de 2019 por

medio del cual el JUZGADO decretó el embargo de los dineros

depositados en el BANCO DE BOGOTÁ, sucursal Sincelejo, lo cual

fue comunicado a la entidad financiera en oficio de 30 de

noviembre de 2021.

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Ante lo anterior el BANCO DE BOGOTÁ mediante memorial de 10

de diciembre de 2021 informó al JUZGADO que “El Banco de Bogotá

ha tomado atenta nota de la medida cautelar de embargo. Una vez las

cuentas del cliente presenten aumento de saldos, se procederá a

trasladar los recursos disponibles de acuerdo con el turno de aplicación,

en cumplimiento del oficio de embargo y la ley”.

Mediante escritos de 24 de enero, 28 de abril y 18 de mayo de

2022 el actor solicitó al JUZGADO requerir a la entidad financiera

para que acatara la orden de embargo, ante lo cual la mencionada

autoridad judicial en proveído de 4 de agosto de 2022 ordenó

oficiar al BANCO DE BOGOTÁ, para que informara y/o aclarara

“sobre cuál o cuales cuenta(s) aplicó la medida de embargo”.

Como respuesta a lo anterior, la entidad financiera en escrito de 9

de septiembre de 2022 informó que:

“[…] Dando alcance a nuestro comunicado DSB-DOP-EMB-
2021201638703 enviada el 10 de diciembre de 2021 con el
fin de dar cumplimiento al oficio citado en asunto, el Banco de
Bogotá ha tomado atenta nota de la medida cautelar de
embargo. Una vez las cuentas del cliente presente aumento
de saldos, se procederá a trasladar los recursos disponibles
sobre las cuales embargables las cuales son: […]

Adicionalmente el Banco de Bogotá advierte que el cliente
cuenta con recursos de carácter inembargable y en dicho
documento se omitió indicar el fundamento legal para ordenar
tal medida, tal como lo exige el parágrafo del artículo 594 del
CGP. Adjuntamos certificado de inembargabilidad.

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El Banco de Bogotá ciñe su actuación a lo ordenado en el
numeral 5.1 del Capítulo I, Título IV de la Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia Financiera, y especialmente a
lo establecido por el parágrafo del art. 594 del Código General
del Proceso, dada la inembargabilidad de los recursos
afectados con la cautela.

Por lo anteriormente expuesto, quedamos atentos a sus
respectivas instrucciones dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la presente comunicación, término
dentro del cual deberá brindar un fundamento legal a modo
de excepción al principio de la inembargabilidad o reiterar la
orden de embargo […]”.

Así las cosas, el JUZGADO mediante auto de 23 de octubre de

2023 requirió al BANCO DE BOGOTÁ para que aplicara la medida

de embargo y secuestro decretada sobre los dineros que se

encuentren en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del

Municipio de Chalán, para lo cual indicó con exactitud las cuentas

a embargar.

Visto lo anterior, para la Sala sin duda alguna lo pretendido por el

señor OVIEDO HUERTAS es que el BANCO DE BOGOTÁ de

cumplimiento a la orden de embargo decretada, lo cual también

está siendo perseguido a través del proceso ejecutivo, el cual, tal

como se expuso en líneas anteriores, ha seguido su curso en

debida forma y prueba de ello es que se ha procurado por el

acatamiento de la medida cautelar decretada.

Así las cosas, se destaca que lo pretendido por la parte actora con

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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS

la presente solicitud de amparo, está siendo discutido dentro del

proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

2016-00147-00, el cual está en curso, por lo que no es válido

que se pretenda desplazar los medios de defensa que tiene a su

alcance con este mecanismo constitucional de carácter

excepcional.

Ahora, no sobra advertir que la discusión propuesta por el actor

en este trámite constitucional puede ser puesta de presente ante

el juez del proceso ejecutivo, el cual de conformidad con lo

previsto en el artículo 44 del CGP, tiene a su alcance los poderes

correccionales, normativa que dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL
JUEZ. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar,
el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

[…]

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los
demás empleados públicos y a los particulares que sin justa
causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de
sus funciones o demoren su ejecución […]”.

Asimismo, tal como lo consideró el a quo, el juez del proceso

ejecutivo también cuenta con otro poder coercitivo para lograr el

acatamiento de la orden, como lo es el previsto en el parágrafo 2º

del artículo 593 del CGP, que en cuanto a los embargos dispone

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que: “La inobservancia de la orden impartida por el juez, en todos los

casos previstos en este artículo, hará incurrir al destinatario del oficio

respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos

mensuales”.

Aunado a lo anterior, es del caso advertir que si bien en la

sentencia T-133 de 2005 la Corte Constitucional admitió la

procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para

hacer cumplir embargos judiciales dictados en procesos ejecutivos

laborales, lo cierto es que en esa oportunidad la Alta Corte

Constitucional limitó el problema jurídico resuelto a la vulneración

de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad

social de personas de la tercera edad, no siendo esta la

situación en el asunto bajo examen.

En efecto, de conformidad con la sentencia T-013 de 2020, la Corte

Constitucional fue clara en señalar que el término “persona de la

tercera edad” no podía confundirse con el concepto de “adulto

mayor”.

Para lo anterior, destacó que el concepto de “adulto mayor” fue

definido en la Ley 1276 de 2009, por lo que el legislador dispuso

que ostentará dicha calidad quien supere los 60 años o, aquel que,

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sin superar dicha edad, pero con más de 55 años, presente

condiciones de desgaste físico, vital y psicológico.

Ahora, el Alto Tribunal Constitucional aclaró que, por su parte, la

calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla

quien, no solo es un adulto mayor sino que ha superado la

esperanza de vida, de tal forma que para precisar a que edad una

persona puede catalogarse de la tercera edad, ha de tenerse en

cuenta la esperanza de vida certificada por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística - DANE para el momento.

En efecto, al verificar la tasa de esperanza de vida en Colombia,

el DANE6 ha estipulado que en la actualidad corresponde a 74

años, lo que sin lugar a duda lleva a concluir que será persona de

la tercera edad quien supere dicha edad.

Al verificar el asunto bajo examen, la Sala advierte que de

conformidad con las pruebas allegadas al expediente, así como de

los escritos de tutela y de impugnación, el señor ÁLVARO

ANTONIO OVIEDO HUERTAS cuenta con 72 años de edad, de

tal forma que no ostenta la calidad de “persona de la tercera edad”

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%C3%B1os%20m%C3%A1s%20que%20los%20hombres.

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de que trata la Corte Constitucional para admitir la procedencia de

la acción de tutela como mecanismo idóneo para hacer cumplir

embargos judiciales dictados en procesos ejecutivos laborales.

Por su parte, en sentencia T-182 de 2013, la Corte Constitucional

al pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela para

lograr el cumplimiento de órdenes judiciales y, en particular, las

relacionadas con medidas cautelares, dispuso:

“[…] Así, en la Sentencia T-025 de 1995, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional analizó el caso de dos
pensionados –personas de la tercera edad– que habían interpuesto
demandas ejecutivas laborales en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social, con el fin de obtener el pago de sumas de dinero
que se les adeudaban por concepto de reajustes pensionales. A
pesar de que en el marco del proceso ejecutivo se había decretado
el embargo de los recursos que la ejecutada tenía en el Banco del
Estado, la entidad bancaria había manifestado abstenerse de
cumplir con la medida por considerar que, de acuerdo con una
circular expedida por la Superintendencia Financiera, esos recursos
eran inembargables.

En esa oportunidad, la Sala consideró que si bien existían otros
medios de defensa judicial, ellos no resultaban idóneos para
efectos de lograr el cumplimiento de la orden judicial en los
siguientes casos:

[…]

En ese sentido, y teniendo en cuenta que en este asunto se
encontraban involucrado un derecho cierto de personas de la
tercera edad, cuya materialización dependía del éxito de las
medidas cautelares y del proceso ejecutivo, la Sala consideró que
la acción de tutela resultaba procedente. Sin embargo, en esa
misma providencia se precisó que el debate sobre los
aspectos propios del proceso ejecutivo y la justificación de
las medidas cautelares eran asuntos que debían ser
definidos en ese escenario judicial y no a través del
mecanismo de amparo constitucional:

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[…]

No obstante lo anterior, lo cierto es que la definición sobre cuál es
realmente el alcance de la orden proferida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito es una cuestión que solamente puede ser zanjada
por ese despacho, sin que le sea dable al juez de tutela desplazarlo
en dicha labor. Ello, con la advertencia de que, en todo caso, la
autonomía de la autoridad judicial para fijar el alcance de su
decisión está sometida a los mandatos constitucionales y legales
establecidos respecto de la posibilidad de decretar el embargo de
recursos que hacen parte del sistema de seguridad social en salud.

En ese sentido, la presente solicitud de amparo demanda, en el
fondo, una labor de interpretación de una orden dictada por otra
autoridad judicial, labor que escapa a la competencia del juez
constitucional y que resulta ajena al ámbito de la acción de tutela.

En el escenario del proceso ejecutivo la accionante tiene la
posibilidad tanto de defender su posición en relación con el
alcance de las medidas cautelares, como de solicitar que las
entidades demandadas sean conminadas a cumplirlas con el
alcance que ella considera debe dársele, momento en el que
se darán los debates correspondientes […]”.

De lo anterior es dable advertir que el mecanismo judicial idóneo

para lograr el cumplimiento de medidas cautelares, como lo

pretende el actor, es el proceso ejecutivo, en el cual está facultado

el juez ordinario para iniciar acciones coercitivas con el fin de que

se dé cumplimiento a la orden, de tal forma que, aun cuando el

Alto Tribunal Constitucional ha admitido su procedencia de manera

excepcional, ello es posible cuando esté en peligro o amenaza la

la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a

la seguridad social de personas de la tercera edad.

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se

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emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez

de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del proceso

ejecutivo, escenario idóneo para resolver la controversia aquí

planteada.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable,

que permita de manera excepcional proceder al análisis de la

acción constitucional, la Sala concluye que tales inconformidades

carecen del requisito general de subsidiariedad, razón por la que

se confirmará la decisión del a quo, que declaró improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a las circunstancias que

manifiesta el actor, la Sala considera que si bien la autoridad

judicial que tiene a cargo el proceso ejecutivo no ha sido ajeno a

la situación planteada por el señor OVIEDO HUERTAS, ello no es

óbice para que se exhorte al JUZGADO para que, de manera

inmediata, ante la renuencia de la entidad financiera y teniendo

en cuenta que ha transcurrido un tiempo más que considerable,

en uso de las facultades conferidas en los artículos 44 y 593 del

CGP, ejerza los poderes coercitivos y correccionales a los que haya

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lugar contra el BANCO DE BOGOTÁ por su conducta negligente,

con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar

de embargo decretada en auto de 17 de junio de 2019, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al JUZGADO QUINTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO para que,

de manera inmediata, en uso de las facultades conferidas en los

artículos 44 y 593 del Código General del Proceso, ejerza los

poderes coercitivos y correccionales a los que haya lugar contra el

BANCO DE BOGOTÁ por su conducta negligente, con el fin de

lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar de embargo

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decretada en auto de 17 de junio de 2019.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de abril de

2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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