Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00031-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 70001-23-33-000-2024-00031-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL
MECÁNISMO IDÓNEO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DE EMBARGO. EL ACTOR NO ES CONSIDERADO COMO
PERSONA DE LA TERCERA EDAD. SIN PERJUICIO DE ELLO, ATENDIENDO A
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MANIFIESTA EL ACTOR, SE EXHORTA AL
JUZGADO PARA QUE EJERZA LOS PODERES COERCITIVOS PREVISTOS EN
LOS ARTÍCULOS 44 Y 593 DEL CGP CONTRA EL BANCO DE BOGOTÁ CON EL
FIN DE LOGRAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
DE EMBARGO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL DEBIDO
PROCESO, A LA VIDA Y A LA VEJEZ DIGNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, mediante la cual el
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Número único de radicación: 70001-23-33-000-2024-00031-01
Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE1 declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso,
a la vida y a la vejez digna, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el BANCO DE BOGOTÁ -GERENCIA DE
CONVENIOS Y OPERACIONES- CENTRO DE EMBARGOS al
abstenerse de cumplir la medida cautelar de embargo y secuestro
de dineros ordenada mediante auto de 17 de junio de 2019, dentro
de la acción ejecutiva identificada con el número único de
radicación 70001-33-33-008-2016-00189-00.
I.2 Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de
Chalán – Sucre, con el fin de que se ordenara girar, con destino a
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, el
respectivo cálculo actuarial según lo dispone el Decreto 3798 de
26 de diciembre de 20032.
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 70001-33-33-008-2014-00056-00 y le correspondió
por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Sincelejo que, en sentencia de 27 de marzo de 2015, accedió a las
pretensiones, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo
ficto o presunto por la no respuesta de la entidad demandada
Municipio de Chalán-Sucre frente a la petición hecha por el
demandante el 21 de junio de 2013.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se
condena al Municipio de Chalán - Sucre a reconocer, liquidar
y girar a COLPENSIONES, el cálculo actuarial por no girar
aportes al Sistema General de Pensiones a favor del señor
Álvaro Oviedo Huertas, durante los periodos comprendidos
entre el 02 de enero de 1995 al 01 de enero de 1998 y entre
el 02 de febrero de 2000 al 31 de enero de 2003, en los cuales
prestó sus servicios a dicha entidad.
TERCERO: El MUNICIPIO DE CHALAN-SUCRE dará
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro de los
términos Indicados en el artículo 192 del C.P.A.C.A […]”.
Relató que la anterior providencia quedó ejecutoriada el 22 de
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por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, se dictan medidas
en relación con la emisión de bonos pensionales, se establecen mecanismos para la compensación
de obligaciones entre entidades públicas por concepto de obligaciones pensionales.
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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
abril de 2015, razón por la que el 8 de julio de 2016, inició proceso
ejecutivo contra el Municipio de Chalán – Sucre, con el fin de lograr
el cumplimiento de la misma.
Comentó que al proceso ejecutivo le fue asignado el número único
de radicación 2016-00189-00 y le correspondió por reparto al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo 3 que,
mediante auto de 12 de abril de 2018, libró mandamiento de pago
y, en proveído de 24 de septiembre de 2018, ordenó seguir
adelante con la ejecución de la condena.
Adujo que el JUZGADO en auto de 17 de junio de 2019 decretó
como medida cautelar el embargo y secuestro de dineros o CDTS
existentes, así como cuentas corrientes o de ahorro a nombre del
Municipio de Chalán – Sucre.
Afirmó que lo anterior fue comunicado al BANCO DE BOGOTÁ el
30 de noviembre de 2021, entidad bancaria que se opuso a su
aplicación mediante oficio de 6 de diciembre de 2021, informando
que los recursos del Municipio de Chalán gozaban del principio de
inembargabilidad.
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En adelante el JUZGADO.
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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
Expuso que, mediante providencia de 23 de octubre de 2023, el
JUZGADO requirió al Banco de Bogotá para que aplicara la medida
de embargo y secuestro decretada sobre los dineros que se
encontraran en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del
Municipio de Chalán de esa entidad, que fueron informadas como
de libre destinación, así como cualquier otra donde se manejaran
este tipo de recursos.
Manifestó que lo anterior fue puesto en conocimiento del Banco de
Bogotá el 10 de noviembre de 2023 sin que hasta la fecha existiera
pronunciamiento alguno por parte de la entidad bancaria.
I.3. Fundamentos de derecho
El actor aseguró que es un sujeto de especial protección
constitucional porque actualmente tiene 72 años, razón por la que
el incumplimiento por parte del BANCO DE BOGOTÁ en ejecutar
la orden de la medida cautelar decretada por el JUZGADO vulnera
sus derechos fundamentales invocados.
A su juicio, al tratarse de obligaciones de carácter pensional -
laboral- de conformidad con la sentencia C-1154 de 2008
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proferida por la Corte Constitucional, la entidad bancaria está en
la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO.
Manifestó que, a pesar de lo anterior, la central de embargos del
BANCO DE BOGOTÁ no ha dado cumplimiento alguno a la medida
cautelar decretada, lo que evidencia un claro desacato de una
orden judicial que le ha impedido gozar de su pensión de vejez.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Solicito señor Juez se sirva ordenar la suspensión
inmediata de la acción perturbadora de mis derechos,
ordenándole al señor JUAN DIEGO DIAZ SEA o quien haga
sus veces en calidad de GERENTE DE CONVENIOS Y
OPERACIONES DEL CENTRO DE EMBARGO DEL BANCO DE
BOGOTÁ, proceda a dar aplicación a la medida cautelar
ordenada mediante auto de 23 de octubre de 2023 el Juzgado
Quinto Administrativo de Sincelejo consistente en el embargo
y secuestro decretada sobre los dineros que se encuentren
en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del
MUNICIPIO DE CHALAN, en esa entidad financiera, que
fueron informadas como de libre destinación, así como,
cualquier otra donde se manejen este tipo de recursos. Para
lo cual procede el embargo así, sobre las cuentas: […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO solicitó denegar la solicitud de amparo de la
referencia, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental
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alguno, máxime cuando ha resuelto las medidas de embargo
solicitadas dentro del proceso ejecutivo, las cuales han sido objeto
de requerimiento hacia la entidad bancaria.
Finalmente, informó que a la fecha el BANCO DE BOGOTÁ no ha
emitido respuesta al requerimiento
I.5.2.- El Municipio de Chalán - Sucre, luego de rendir informe
del trámite surtido dentro del proceso ordinario, adujo que de
ninguna manera la acción de tutela es la vía para lograr lo
pretendido por el actor, no siendo este el mecanismo judicial
idóneo para el efecto.
Puso de relieve que la Corte Constitucional ha dispuesto que en
casos excepcionales procede la acción de tutela para reclamar el
cumplimiento de una providencia judicial, pero únicamente
cuando existe imposibilidad de hacerla exigible a través del
proceso ejecutivo, no siendo este el caso concreto.
Así las cosas, afirmó que la solicitud de amparo debe despacharse
por improcedente, comoquiera que el presente asunto debe ser
debatido dentro del proceso ejecutivo que ya está en trámite.
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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
I.5.3.- El BANCO DE BOGOTÁ – GERENCIA DE CONVENIOS Y
OPERACIONES – CENTRO DE EMBARGOS, pese a ser
notificado del presente trámite constitucional, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2024, el TRIBUNAL
declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que carece
del requisito de subsidiariedad, toda vez que el mecanismo judicial
idóneo para el asunto y el cual se encuentra en curso es el proceso
ejecutivo, en el cual, además, puede hacer uso de los poderes
correccionales previstos en el artículo 44 del CGP, así como de la
sanción prevista en el parágrafo segundo del artículo 593 ibidem.
Ahora, en cuanto a lo alegado por el actor en lo referente a que
es un sujeto de especial protección constitucional, afirmó que de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-034 de 2021, la edad no es condición suficiente para
que la acción de tutela se torne automáticamente procedente,
máxime cuando el señor OVIEDO HUERTAS no es un individuo
de la tercera edad en tanto que aun no ha superado la esperanza
de vida de la población colombiana (74 años).
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Actor: ÁLVARO ANTONIO OVIEDO HUERTAS
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, para
lo cual argumentó lo siguiente:
Adujo que, contrario a lo advertido por el juez de primera
instancia, de conformidad con lo establecido por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE, en Colombia la
expectativa de vida para los hombres es de 80 años, por lo que al
contar con 72 años de edad es posible deducir que no posee
tiempo para dar espera a que culmine el dispendioso proceso
ejecutivo, el cual comenzó en el año 2016, lo que hace procedente
la acción de tutela.
Aseveró que pese a que posee un medio de defensa como lo es el
proceso ejecutivo, se ha demostrado que la demora en su
resolución hace procedente de manera transitoria la solicitud de
amparo, pues la última solicitud de medida cautelar tardó 4 años
en resolverse, tiempo que no posee dados los razonamientos
lógicos expresados sobre su expectativa de vida.
Añadió que en la actualidad vive de la caridad, por ayuda de
terceros para sobrevivir, aun cuando tiene el pleno derecho a una
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pensión de jubilación, la cual no le ha sido posible disfrutar debido
a la falta de pago de los aportes a pensión ordenados en la
sentencia.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que lo pretendido por la
parte actora es que se ordene al BANCO DE BOGOTÁ -
GERENCIA DE CONVENIOS Y OPERACIONES - CENTRO DE
EMBARGOS a hacer efectiva la medida cautelar de embargo y
secuestro decretada por el JUZGADO en auto de 17 de junio de
2019, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 2016-00147-00.
La controversia tiene origen en la sentencia de 27 de marzo de
2015, por medio de la cual el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Sincelejo ordenó al Municipio de Chalán reconocer,
liquidar y girar a Colpensiones el cálculo actuarial por no pago de
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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aportes al Sistema General de Pensiones.
Por lo anterior, la parte actora inició proceso ejecutivo contra el
Municipio de Chalán, el cual fue conocido por el JUZGADO que,
en proveído de 17 de junio de 2019, decretó como medida cautelar
el embargo y secuestro de dineros o CDTS existentes, así como
cuentas corrientes o de ahorro a nombre del municipio.
La parte actora considera que pese a que mediante providencia de
23 de octubre de 2023, el JUZGADO requirió al BANCO DE
BOGOTÁ para que aplicara la medida de embargo y secuestro a
la fecha no ha existido pronunciamiento alguno por parte de la
entidad bancaria ni ha procedido a realizar el embargo, lo que
vulnera sus derechos fundamentales invocados.
La acción de tutela de la referencia fue conocida en primera
instancia por el TRIBUNAL que, en sentencia de 19 de febrero de
2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que
no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda
vez que el mecanismo judicial idóneo para el asunto y el cual se
encuentra en curso es el proceso ejecutivo, en el cual, además,
puede hacer uso de los poderes correccionales previstos en el
artículo 44 del CGP, así como de la sanción prevista en el parágrafo
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segundo del artículo 593 ibidem.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,
para lo cual aseveró que, contrario a lo advertido por el
TRIBUNAL, la acción de tutela sí resulta procedente, pues cuenta
con 72 años de edad, lo que hace posible deducir que no posee
tiempo para dar espera a que culmine el dispendioso proceso
ejecutivo, el cual comenzó en el año 2016. Sumado a lo anterior,
adujo que no le ha sido posible disfrutar de la pensión de jubilación
a la que tiene derecho debido a la falta de pago de los aportes a
pensión ordenados en sentencia.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado,
para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de ser así, ii) determinar si el BANCO DE BOGOTÁ –
GERENCIA DE CONVENIOS Y OPERACIONES – CENTRO DE
EMBARGOS vulneró los derechos fundamentales invocados al no
haber dado cumplimiento a la orden de embargo dictada dentro
del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 2016-00189-00.
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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata
de sus derechos.
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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por incumplir con el
requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que lo
pretendido por el actor es que la entidad bancaria accionada de
cumplimiento a la medida cautelar de embargo ordenada por el
5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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JUZGADO dentro de un proceso ejecutivo, el cual, por demás, se
encuentra en curso.
En efecto, el actor alega que la central de embargos del BANCO
DE BOGOTÁ no ha dado cumplimiento alguno a la medida
cautelar decretada, lo que evidencia un claro desacato de una
orden judicial que le ha impedido gozar de su pensión de vejez.
Ahora, revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso
ejecutivo bajo el número único de radicación 2016-00147-00, se
advierte que el JUZGADO mediante auto de 12 de marzo de 2018
libró mandamiento de pago; asimismo, en proveído de 24 de
septiembre de 2018 ordenó seguir adelante con la ejecución de la
condena.
Posteriormente, a través de memorial de 7 de junio de 2019 el
apoderado del actor presentó solicitud de medidas cautelares, las
cuales fueron decretadas en auto de 17 de junio de 2019 por
medio del cual el JUZGADO decretó el embargo de los dineros
depositados en el BANCO DE BOGOTÁ, sucursal Sincelejo, lo cual
fue comunicado a la entidad financiera en oficio de 30 de
noviembre de 2021.
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Ante lo anterior el BANCO DE BOGOTÁ mediante memorial de 10
de diciembre de 2021 informó al JUZGADO que “El Banco de Bogotá
ha tomado atenta nota de la medida cautelar de embargo. Una vez las
cuentas del cliente presenten aumento de saldos, se procederá a
trasladar los recursos disponibles de acuerdo con el turno de aplicación,
en cumplimiento del oficio de embargo y la ley”.
Mediante escritos de 24 de enero, 28 de abril y 18 de mayo de
2022 el actor solicitó al JUZGADO requerir a la entidad financiera
para que acatara la orden de embargo, ante lo cual la mencionada
autoridad judicial en proveído de 4 de agosto de 2022 ordenó
oficiar al BANCO DE BOGOTÁ, para que informara y/o aclarara
“sobre cuál o cuales cuenta(s) aplicó la medida de embargo”.
Como respuesta a lo anterior, la entidad financiera en escrito de 9
de septiembre de 2022 informó que:
“[…] Dando alcance a nuestro comunicado DSB-DOP-EMB-
2021201638703 enviada el 10 de diciembre de 2021 con el
fin de dar cumplimiento al oficio citado en asunto, el Banco de
Bogotá ha tomado atenta nota de la medida cautelar de
embargo. Una vez las cuentas del cliente presente aumento
de saldos, se procederá a trasladar los recursos disponibles
sobre las cuales embargables las cuales son: […]
Adicionalmente el Banco de Bogotá advierte que el cliente
cuenta con recursos de carácter inembargable y en dicho
documento se omitió indicar el fundamento legal para ordenar
tal medida, tal como lo exige el parágrafo del artículo 594 del
CGP. Adjuntamos certificado de inembargabilidad.
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El Banco de Bogotá ciñe su actuación a lo ordenado en el
numeral 5.1 del Capítulo I, Título IV de la Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia Financiera, y especialmente a
lo establecido por el parágrafo del art. 594 del Código General
del Proceso, dada la inembargabilidad de los recursos
afectados con la cautela.
Por lo anteriormente expuesto, quedamos atentos a sus
respectivas instrucciones dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la presente comunicación, término
dentro del cual deberá brindar un fundamento legal a modo
de excepción al principio de la inembargabilidad o reiterar la
orden de embargo […]”.
Así las cosas, el JUZGADO mediante auto de 23 de octubre de
2023 requirió al BANCO DE BOGOTÁ para que aplicara la medida
de embargo y secuestro decretada sobre los dineros que se
encuentren en las cuentas de ahorro y corriente de propiedad del
Municipio de Chalán, para lo cual indicó con exactitud las cuentas
a embargar.
Visto lo anterior, para la Sala sin duda alguna lo pretendido por el
señor OVIEDO HUERTAS es que el BANCO DE BOGOTÁ de
cumplimiento a la orden de embargo decretada, lo cual también
está siendo perseguido a través del proceso ejecutivo, el cual, tal
como se expuso en líneas anteriores, ha seguido su curso en
debida forma y prueba de ello es que se ha procurado por el
acatamiento de la medida cautelar decretada.
Así las cosas, se destaca que lo pretendido por la parte actora con
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la presente solicitud de amparo, está siendo discutido dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
2016-00147-00, el cual está en curso, por lo que no es válido
que se pretenda desplazar los medios de defensa que tiene a su
alcance con este mecanismo constitucional de carácter
excepcional.
Ahora, no sobra advertir que la discusión propuesta por el actor
en este trámite constitucional puede ser puesta de presente ante
el juez del proceso ejecutivo, el cual de conformidad con lo
previsto en el artículo 44 del CGP, tiene a su alcance los poderes
correccionales, normativa que dispone lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL
JUEZ. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar,
el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:
[…]
3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los
demás empleados públicos y a los particulares que sin justa
causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de
sus funciones o demoren su ejecución […]”.
Asimismo, tal como lo consideró el a quo, el juez del proceso
ejecutivo también cuenta con otro poder coercitivo para lograr el
acatamiento de la orden, como lo es el previsto en el parágrafo 2º
del artículo 593 del CGP, que en cuanto a los embargos dispone
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que: “La inobservancia de la orden impartida por el juez, en todos los
casos previstos en este artículo, hará incurrir al destinatario del oficio
respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos
mensuales”.
Aunado a lo anterior, es del caso advertir que si bien en la
sentencia T-133 de 2005 la Corte Constitucional admitió la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para
hacer cumplir embargos judiciales dictados en procesos ejecutivos
laborales, lo cierto es que en esa oportunidad la Alta Corte
Constitucional limitó el problema jurídico resuelto a la vulneración
de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de personas de la tercera edad, no siendo esta la
situación en el asunto bajo examen.
En efecto, de conformidad con la sentencia T-013 de 2020, la Corte
Constitucional fue clara en señalar que el término “persona de la
tercera edad” no podía confundirse con el concepto de “adulto
mayor”.
Para lo anterior, destacó que el concepto de “adulto mayor” fue
definido en la Ley 1276 de 2009, por lo que el legislador dispuso
que ostentará dicha calidad quien supere los 60 años o, aquel que,
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sin superar dicha edad, pero con más de 55 años, presente
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico.
Ahora, el Alto Tribunal Constitucional aclaró que, por su parte, la
calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla
quien, no solo es un adulto mayor sino que ha superado la
esperanza de vida, de tal forma que para precisar a que edad una
persona puede catalogarse de la tercera edad, ha de tenerse en
cuenta la esperanza de vida certificada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE para el momento.
En efecto, al verificar la tasa de esperanza de vida en Colombia,
el DANE6 ha estipulado que en la actualidad corresponde a 74
años, lo que sin lugar a duda lleva a concluir que será persona de
la tercera edad quien supere dicha edad.
Al verificar el asunto bajo examen, la Sala advierte que de
conformidad con las pruebas allegadas al expediente, así como de
los escritos de tutela y de impugnación, el señor ÁLVARO
ANTONIO OVIEDO HUERTAS cuenta con 72 años de edad, de
tal forma que no ostenta la calidad de “persona de la tercera edad”
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de que trata la Corte Constitucional para admitir la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo idóneo para hacer cumplir
embargos judiciales dictados en procesos ejecutivos laborales.
Por su parte, en sentencia T-182 de 2013, la Corte Constitucional
al pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela para
lograr el cumplimiento de órdenes judiciales y, en particular, las
relacionadas con medidas cautelares, dispuso:
“[…] Así, en la Sentencia T-025 de 1995, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional analizó el caso de dos
pensionados –personas de la tercera edad– que habían interpuesto
demandas ejecutivas laborales en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social, con el fin de obtener el pago de sumas de dinero
que se les adeudaban por concepto de reajustes pensionales. A
pesar de que en el marco del proceso ejecutivo se había decretado
el embargo de los recursos que la ejecutada tenía en el Banco del
Estado, la entidad bancaria había manifestado abstenerse de
cumplir con la medida por considerar que, de acuerdo con una
circular expedida por la Superintendencia Financiera, esos recursos
eran inembargables.
En esa oportunidad, la Sala consideró que si bien existían otros
medios de defensa judicial, ellos no resultaban idóneos para
efectos de lograr el cumplimiento de la orden judicial en los
siguientes casos:
[…]
En ese sentido, y teniendo en cuenta que en este asunto se
encontraban involucrado un derecho cierto de personas de la
tercera edad, cuya materialización dependía del éxito de las
medidas cautelares y del proceso ejecutivo, la Sala consideró que
la acción de tutela resultaba procedente. Sin embargo, en esa
misma providencia se precisó que el debate sobre los
aspectos propios del proceso ejecutivo y la justificación de
las medidas cautelares eran asuntos que debían ser
definidos en ese escenario judicial y no a través del
mecanismo de amparo constitucional:
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[…]
No obstante lo anterior, lo cierto es que la definición sobre cuál es
realmente el alcance de la orden proferida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito es una cuestión que solamente puede ser zanjada
por ese despacho, sin que le sea dable al juez de tutela desplazarlo
en dicha labor. Ello, con la advertencia de que, en todo caso, la
autonomía de la autoridad judicial para fijar el alcance de su
decisión está sometida a los mandatos constitucionales y legales
establecidos respecto de la posibilidad de decretar el embargo de
recursos que hacen parte del sistema de seguridad social en salud.
En ese sentido, la presente solicitud de amparo demanda, en el
fondo, una labor de interpretación de una orden dictada por otra
autoridad judicial, labor que escapa a la competencia del juez
constitucional y que resulta ajena al ámbito de la acción de tutela.
En el escenario del proceso ejecutivo la accionante tiene la
posibilidad tanto de defender su posición en relación con el
alcance de las medidas cautelares, como de solicitar que las
entidades demandadas sean conminadas a cumplirlas con el
alcance que ella considera debe dársele, momento en el que
se darán los debates correspondientes […]”.
De lo anterior es dable advertir que el mecanismo judicial idóneo
para lograr el cumplimiento de medidas cautelares, como lo
pretende el actor, es el proceso ejecutivo, en el cual está facultado
el juez ordinario para iniciar acciones coercitivas con el fin de que
se dé cumplimiento a la orden, de tal forma que, aun cuando el
Alto Tribunal Constitucional ha admitido su procedencia de manera
excepcional, ello es posible cuando esté en peligro o amenaza la
la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a
la seguridad social de personas de la tercera edad.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se
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emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez
de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del proceso
ejecutivo, escenario idóneo para resolver la controversia aquí
planteada.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable,
que permita de manera excepcional proceder al análisis de la
acción constitucional, la Sala concluye que tales inconformidades
carecen del requisito general de subsidiariedad, razón por la que
se confirmará la decisión del a quo, que declaró improcedente la
solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a las circunstancias que
manifiesta el actor, la Sala considera que si bien la autoridad
judicial que tiene a cargo el proceso ejecutivo no ha sido ajeno a
la situación planteada por el señor OVIEDO HUERTAS, ello no es
óbice para que se exhorte al JUZGADO para que, de manera
inmediata, ante la renuencia de la entidad financiera y teniendo
en cuenta que ha transcurrido un tiempo más que considerable,
en uso de las facultades conferidas en los artículos 44 y 593 del
CGP, ejerza los poderes coercitivos y correccionales a los que haya
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lugar contra el BANCO DE BOGOTÁ por su conducta negligente,
con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar
de embargo decretada en auto de 17 de junio de 2019, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO para que,
de manera inmediata, en uso de las facultades conferidas en los
artículos 44 y 593 del Código General del Proceso, ejerza los
poderes coercitivos y correccionales a los que haya lugar contra el
BANCO DE BOGOTÁ por su conducta negligente, con el fin de
lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar de embargo
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decretada en auto de 17 de junio de 2019.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de abril de
2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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