Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00034-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00034-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00034-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00034-01
Demandante: Jorge Andrés González Romero
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial; y otros
Temas: Tutela contra acto administrativo / Acto de nombramiento en
cargo respecto del cual se expide concepto favorable de traslado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Jorge Andrés González Romero
contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral mediante la cual se decidió la solicitud de
amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Jorge Andrés González Romero promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y libre escogencia de
sede, y el principio de confianza legítima, los cuales consideró vulnerados ocasión
de la Resolución 15 del 11 de agosto de 2023, a través de la cual se nombró a Alder
Manuel Rodríguez Pinzón y Sindy Yaneth Pacheco Puente en los cargos de
sustanciadores en el Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del
Circuito de Sincelejo, respecto del cual se le había expedido concepto favorable de
traslado.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso:
i) Es oficial mayor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena (Bolívar)
ii) El 11 de abril de 2023, radicó ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial
solicitud de traslado respecto de su cargo homólogo en el Juzgado Quinto Penal del
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «8ED_7ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
Circuito de Sincelejo (Sucre), el cual fue resuelto de manera desfavorable con Oficio
CJO23-4832 del 23 de agosto de 2023. Decisión contra la cual interpuso recurso de
reposición.
iii) Con Resolución CJR23-0444 del XXX, la entidad repuso el acto acusado y, en
su lugar, resolvió:
«[…] Como consecuencia de lo anterior, se emite concepto favorable de traslado como
servidor de carrera al señor JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ ROMERO, […] oficial mayor
o sustanciador del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Cartagena (Boyacá), para el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre),
para su remisión al nominador […]»
iv) El 27 de noviembre del 2023 radicó ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Sincelejo solicitud información acerca de las vacantes existentes en ese despacho
respecto del cargo de oficial mayor o sustanciador.
v) Con Oficio 451 del 14 de diciembre de 2023, el juzgado penal le informó que el 3
de agosto de 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre le comunicó a
acerca de la lista de elegibles y conceptos favorables de traslado para el cargo de
sustanciador, en los cuales no estaba su nombre, y que, una vez ponderados los
perfiles de los aspirantes, a través de Resolución 15 del 11 de agosto de 2023
nombró a quienes estaban en los primeros puestos de la lista de elegibles.
vi) Las actuaciones adelantadas desconocieron su derecho al debido proceso, pues,
de conformidad con el Acuerdo PCSJA17-0754 del 18 de septiembre de 2017
dispone que «[p]ara la decisión definitiva de las solicitudes de traslado, se remitirán a las
respectivas autoridades nominadoras, los conceptos favorables conjuntamente con las
listas de aspirantes por sede, si a ello hubiere lugar» (sic), sin embargo, nunca se informó
al nominador acerca de su petición y concepto favorable de traslado.
vii) Es padre cabeza de familia de un niño de 8 años y unos gemelos de 17 meses,
quienes nacieron de forma prematura y fueron diagnosticados con toxoplasmosis,
por lo que deben ser monitoreados constantemente por las especialidades de
infectología, neurología, oftalmología, cardiología pediátrica, pediatría, nutrición,
optometría, entre otros, lo cual ocurre en el municipios de Sincelejo y Sampués
(Sucre). Sitio en el que también vive su madre y abuela, adultos mayores de
avanzada edad, cuya manutención debe costear.
Situaciones que implica su desplazamiento cada ocho días, sin contar con los
gastos extras por más de $2.200.000 mensuales, por concepto de transporte,
arriendo y alimentación en Cartagena.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
2
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
«[…] Primero: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos
públicos por concurso de méritos, libre escogencia de sede y principio de confianza
legítima vulnerados por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre, y el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Sincelejo Sucre.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se deje sin efecto (anules) los
actos administrativos mediante el cual se realizó el nombramiento y posesión en el cargo
de oficial mayor o sustanciador en propiedad del Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Sincelejo, Sucre de los doctores Alder Manuel Rodríguez y Sindy Yineth Pacheco; y por
lo tanto, se reenvíe por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, las listas
de elegibles o candidatos, donde se me incluya; a fin de que el nominador pueda tomar
una decisión con base al mérito. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. Alder Rodríguez2, en calidad de tercero con interés, solicitó que se declare
la improcedencia de la solicitud de tutela, para la cual informó que el 15 de agosto
de 2023 tomó posesión como oficial mayor del Juzgado Quinto Penal del Circuito
de Sincelejo, cuyo nombramiento fue producto del mérito al superar
satisfactoriamente cada una de las etapas del concurso y encabezar la respetiva
lista de elegibles.
De acuerdo con lo pretendido, su derecho a la confianza legitima se puede ver
afectado, pues, ha desempeñado el cargo desde hace más de seis meses, por lo
que está inscrito en el respectivo escalafón expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, respecto de lo cual resaltó que se encuentran frente a un derecho
adquirido vs. una mera expectativa, ya que contar con un concepto favorable de
traslado no es sinónimo de un traslado seguro.
En el evento de accederse a la solicitud de amparo en los términos pretendidos,
«generaría un gran traumatismo y un VERDADERO PERJUICIO IRREMEDIABLE para
todos los vinculados en la presente acción constitucional, pues estaríamos hablando de
dejar sin efectos una serie de derechos adquiridos con un nombramiento realizado en
DEBIDA FORMA, por darle paso a una solicitud cuyo resultado puede ser desfavorable y
frente al cual no se está causando agravio alguno, pues se itera, el accionante continua
trabajando, y cuenta con la posibilidad de aspirar a cualquier otra vacante, así como
también, de reclamar los perjuicios causados ante la jurisdicción competente, mientras que,
de ser cancelados nuestros nombramientos, nuestra situación quedaría en suspenso, y
todo el tiempo que esperamos para poder acceder a dichos cargos se encontraría perdido,
máxime, cuando dicha lista de elegibles tiene una FECHA DE VENCIMIENTO la cual
FENECE ESTE AÑO (2024), […]» (sic)
1.2.2. El Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito
Judicial de Sincelejo3 adujo que no vulneró los derechos fundamentales cuya
protección invoca el demandante, para lo cual refirió que el 3 de agosto de 2023 el
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre le comunicó acerca de la lista de
elegibles y los conceptos favorables de traslado existentes para el cargo de
2
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «9ED_008INFORMEVINCULADOA(.pdf) NroActua 2»
3
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «11ED_010INFORMEJUZGADOQUI(.pdf) NroActua 2»
3
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sustanciador, sin que se refiriera su nombre.
Con fundamento en dicha información, adelantó el trámite correspondiente el cual
finalizó con los nombramientos de Alder Manuel Rodríguez Pinzón, y Sindy Yaneth
Pacheco Puente a través de la Resolución 15 del 11 de agosto de 2023, quienes
integraban la lista de elegibles, tomando posesión los días 12 y 22 siguientes,
respetivamente.
1.2.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial4 solicitó la desvinculación del trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, «se trata de actuaciones
administrativas del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, como administrador de la
carrera judicial en su respectivo distrito de conformidad con el artículo 101-1 de la Ley 270
de 1996 y del Juez Quinto Penal del Circuito de Sincelejo, en su calidad de autoridad
nominadora, según lo dispuesto en el artículo 131-8 de la Ley 270 de 1996, para proveer el
cargo de oficial mayor o sustanciador de ese despacho, […]»; o, en su defecto, negar las
pretensiones de amparo en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales del
demandante.
En cuanto a las actuaciones adelantadas respecto de la solicitud de traslado del
demandante, señaló que. i) fue radicada el 11 de abril de 2023; ii) de esta y todas
aquellas radicadas en el mes de abril de 2023 se informó al Consejo Seccional de
la Judicatura de Sucre con Oficio CJO23-2743 del 27 de abril de 2023; iii) con oficio
CJO23-4832 del 23 de agosto de 2023 se emitió concepto desfavorable de traslado;
iv) sin embargo, esta decisión al ser recurrida, fue revocada mediante la Resolución
CJR23-0444 del 21 de noviembre de 2023, en el sentido de proferirse concepto
favorable de traslado en los términos pretendidos; y v) la cual fue notificada al
interesado a través de Oficio CJO23-6774 del 23 de noviembre de 2023, y remitida
al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre con oficio CJO23-6974 de 29 de
noviembre de 2023, para su remisión a la autoridad nominadora.
1.3. Sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral mediante
sentencia del 27 de febrero del 2024 declaró improcedente la solicitud de tutela al
considerar que no se superó el requisito de la subsidiariedad, toda vez que como lo
pretendido es cuestionar actos administrativos que implicaron el nombramientos de
empleados «su estudio debe abordarse en una revisión minuciosa y adecuada de la
controversia, que por su naturaleza se regula, tramita y controla a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y/o nulidad electoral, que debe adelantarse en sede
judicial y ante el juez contencioso competente para dirimir las inconformidades que hoy
plantea la parte tutelante, dado que gozan de presunción de legalidad».
4
Ver índice 2 de Samai.. Archivo denominado «13ED_012INFORMEUNIDADCARR(.pdf) NroActua 2»
5 Ver índice 22 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado «
18_SENTENCIATUTELAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 22»
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
Además, no se probó un perjuicio irremediable, pues, en definitiva, el demandante
actualmente labora y cuyo ingreso le ha permito sobrellevar la manutención de su
madre y abuela.
1.4. Escrito de impugnación6
Jorge Andrés González Romero impugnó la decisión del a quo, para lo cual afirmó
que insiste en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico, iii)
procedencia de la tutela contra actos administrativos; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral.
2.2. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad en tratándose de
actos administrativos de nombramientos?
De ser positiva la respuesta al anterior interrogante, deberá definirse si: ¿las
autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de Jorge Andrés
González Romero con ocasión de la Resolución 15 del 11 de agosto de 2023, a
través de la cual se nombró a Alder Manuel Rodríguez Pinzón y Sindy Yaneth
Pacheco Puente como sustanciadores, en propiedad, en el Juzgado Quinto Penal
con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo, empleo respecto del cual
se le había expedido concepto favorable de traslado?
2.3. Procedencia de la solicitud de tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
6 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «7ED_6IMPUGNACIONPDF(.pdf) NroActua 2»
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
28 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
A su vez, el numeral 5 ibidem establece la improcedencia de la solicitud de tutela
contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de manera excepcional,
respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en que el ordenamiento
constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de defensa, dotados de
todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con el objeto de discutir
acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-
548 de 20109:
« […] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los
derechos cuya protección se invoca. […]».
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de tutela
para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos de
carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del
proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como
mecanismo definitivo, cuando el principal no sea eficaz e idóneo para la defensa
judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-244
de 201011:
«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera
de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en
9 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por
la jurisprudencia de esta Corporación. […]».
Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su
consumación, aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave,
relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es
objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado
e, impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el
restablecimiento del orden social justo en su integridad.
Expuesto lo anterior, definir la procedencia de la solicitud de tutela respecto de actos
de nombramiento dependerá de las reglas aplicables cuando se trata de un acto
administrativo definitivo cualquiera, es decir, su procedencia excepcional será el
resultado de la debida acreditación probatoria que demuestre que se agotaron los
recursos de impugnación existentes ante la administración y que la finalidad no es
cuestionar su legalidad, sino evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
2.4. Análisis de la Sala
Jorge Andrés González Romero acude al juez de tutela con el fin de lograr el
amparo de sus derechos al debido proceso y libre escogencia de sede, y el principio
de confianza legítima, con ocasión de la Resolución 15 del 11 de agosto de 2023, a
través de la cual se nombró a Alder Manuel Rodríguez Pinzón y Sindy Yaneth
Pacheco Puente en los cargos de sustanciadores en el Juzgado Quinto Penal con
Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo, sin tener en cuenta que se le
había expedido concepto favorable de traslado respecto de estos.
En este punto, para mayor claridad de la situación particular del demandante, de
acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, la Sala encuentra acreditado
cronológicamente lo siguiente:
• Jorge Andrés González Romero, luego de superar satisfactoriamente el
respectivo concurso de mérito fue nombrado oficial mayor circuito nominado,
en propiedad, en el Juzgado Séptimo Penal con Funciones de Conocimiento de
del Circuito de Cartagena.
• El 23 de abril de 2023, elevó solicitud de traslado ante el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, respecto del cargo de
oficial mayor del Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito
de Sincelejo, en los términos del numeral 3 del artículo 134 de la Ley 270 de 1996.
• Con oficio CJO23-2743 del 27 de abril de 2023, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial informó al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre:
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
• Con Acuerdo. CSJSUA23-34 del 28 de abril de 2023 el Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre formuló ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo,
la lista de elegibles para proveer el cargo de Oficial Mayor de ese Despacho, así12:
• La referida petición de traslado fue informada por el demandante ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre el 12 de mayo de 2023:
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Se evidencia solamente los primeros aspirantes referidos por economía y en lo que interesa al caso
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
• El 3 de agosto de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre remitió al
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo el
Acuerdo. CSJSUA23-34 del 28 de abril de 2023 y los conceptos favorables de
traslados existentes respecto del cargo en cuestión:
Los conceptos favorables de traslados remitidos correspondían a:
• Luego de trámite administrativo correspondiente, con Resolución 15 del 11 de
agosto de 2023 el juez Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito
de Sincelejo nombró a Alder Manuel Rodríguez Pinzón, Sindy Yaneth Pacheco
Puente, en las vacantes existentes para los cargos de oficial mayor de ese
despacho, quienes se posesionaron el 15 y 22 de agosto siguiente,
respectivamente:
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
• Con oficio CJO23-4832 del 23 de agosto de 2023, se emitió concepto
desfavorable, no obstante, con ocasión del recurso de reposición interpuesto por el
demandante, con Resolución CJR23-0444 del 21 de noviembre de 2023, notificada
el mismo día, se revocó el acto recurrido y, en su lugar:
«[…] ARTÍCULO 3º. […], se emite concepto favorable de traslado como servidor de
carrera al señor JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ ROMERO, […] oficial mayor o
sustanciador del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Cartagena (Boyacá), para el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre),
para su remisión al nominador. […]»
• Con oficio CJO23-6974 del 29 de noviembre de 2023 la Unidad de Administración
de Carrera Judicial informó al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre acerca
del concepto favorable de traslado proferido respecto del servidor judicial Jorge
Andrés González Romero.
• Previa solicitud de información elevada por el demandante, con Oficio 451 del 14
de diciembre de 2023, luego de evidenciar las actuaciones adelantadas por el
despacho para ocupar las vacantes de oficial mayor y/o sustanciador, el juez Quinto
Penal le informó al demandante que:
«[…] Del anterior recuento, se evidencia que a este despacho únicamente fueron
comunicados por el Consejo Seccional de la Judicatura la lista de elegibles y conceptos
favorables de traslado para el cargo de sustanciador, de los señores Alder Manuel
Rodríguez Pinzón, Sindy Yaneth Pacheco Puente, Paola Andrea Bula Velilla y Francisco
Pacheco Pascuales, respectivamente; sin que fuese incluido su nombre. Igualmente, el
despacho desconocía que usted tenía en trámite recurso contra la decisión que negó el
traslado pedido, por cuanto ello no fue informado. Por lo que, se procedió a hacer los
nombramientos en propiedad en esos cargos, en la forma arriba señalada. Con lo que,
se estima resuelto los puntos 1,2 y 4 de la petición por usted radicada.
Finalmente, es menester precisar que no se podrá enviar copia de la Resolución de
Nombramiento de los posesionados en propiedad, porque contiene información que
hace parte de sus hojas de vida, como los estudios realizados, la experiencia profesional,
entre otros aspectos que son de carácter privado. Pero sí, copia de las Actas de posesión
pedida, lista enviada y comunicaciones remitidas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre (oficio No. CSJSUOP23-711, ACUERDO No. CSJSUA23-34 del 28
de abril del 2023, conceptos de traslado favorable de FRANCISCO PACHECO
PASCUALES y PAOLA BULA VELILLA). […]»
De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se encuentra acreditado que:
• La Unidad Administrativa de Carrera Judicial informó de forma oportuna al Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre acerca de la solicitud de traslado elevada por
Jorge Andrés González Romero respecto del cargo de oficial mayor en el Juzgado
Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo.
• El 3 de agosto de 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre remitió al
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo el
Acuerdo CSJSUA23-34 del 28 de abril de 2023 y los conceptos favorables de
traslados existentes respecto del referido cargo de interés.
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Radicado: 70001-23-33-000-2024-00034-01
Demandante: Jorge Andrés González Romero
• El Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo,
una vez adelantado el trámite pertinente de acuerdo con la información suministrada
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, nombró en las vacantes de
oficial mayor a Alder Manuel Rodríguez Pinzón, Sindy Yaneth Pacheco Puente,
quienes tomaron posesión los días 5 y 22 de agosto de 2023.
• Con Resolución CJR23-0444 del 21 de noviembre de 2023 la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial emitió concepto favorable de traslado respecto
de Jorge Andrés González Romero, lo cual fue comunicado al Consejo Seccional
de la Judicatura de Sucre el 29 de noviembre de 2023.
Como se observa, la decisión que finalizó con la expectativa de Jorge Andrés
González Romero obedeció a la Resolución 15 del 11 de agosto de 2023 por medio
de la cual el juez Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de
Sincelejo nombró a Alder Manuel Rodríguez Pinzón, Sindy Yaneth Pacheco Puente,
en los cargos cuyo traslado pretendió.
Dicho ello, y de cara al primer problema jurídico planteado, es evidente que la
solicitud de tutela bajo estudio amerita se decidida de fondo, pues, contrario a lo
considerado por el a quo no se observan razones ni fundamento para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, pues, lo que se busca no es cuestionar
la legalidad de los actos de nombramiento de Alder Manuel Rodríguez Pinzón y de
Sindy Yaneth Pacheco Puente, sino optar por un traslado al contar con el respectivo
concepto favorable, como derecho de carrera, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la Ley 270 de 1996 y en los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura que regulan la materia.
Al respecto, resulta oportuno referir las normas que rigen los traslados en la Rama
Judicial, así:
La Ley 270 de 1996 reconoce como un derecho de los funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial a «ser trasladado, a su solicitud, por cualquiera de las
eventualidades consagradas en el artículo 134 de esta ley»13, que señala:
Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma
categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede
territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente
comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones
se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente,
descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre
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Articulo 152
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Radicado: 70001-23-33-000-2024-00034-01
Demandante: Jorge Andrés González Romero
que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su
consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de
diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala
Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas
autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre
vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir
la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por
razones del servicio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura califique
como aceptable.
Por su parte, el Acuerdo PCSJA17-10754 de 201714 del Consejo Superior de la
Judicatura, modificado por el PCSJA22-11956 de 2022, definió la figura del traslado
en los siguientes términos:
ARTÍCULO PRIMERO. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado de carrera que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de
la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta
sede territorial.
En cuanto a los traslados de servidores de carrera, la norma ibidem reglamentó lo
siguiente:
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Traslados de servidores de carrera. Los servidores
judiciales de carrera, podrán solicitar traslado a un cargo de carrera que se encuentre
vacante en forma definitiva, tenga funciones afines, sea de la misma categoría y para el
cual se exijan los mismos requisitos.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto. Presentada la solicitud, la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la Judicatura,
según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del solicitante,
teniendo en cuenta entre otros criterios la última evaluación de servicios en firme
respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado.
Ahora, en cuanto a la presentación de la solicitud y los conceptos dispuso:
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Término y Competencia para la solicitud de traslado:
Los servidores judiciales en carrera, deberán presentar por escrito, las correspondientes
solicitudes de traslado como servidor de carrera, salud y razones del servicio, dentro de
los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de conformidad con las publicaciones
de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o
los Consejos Seccionales, según corresponda, a través de la página web de la Rama
Judicial www.ramajudicial.gov.co, salvo lo dispuesto en el artículo vigesimotercero del
14
Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
presente acuerdo que trata sobre la publicación de las vacantes en el mes de enero.
[…]
Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse
para la expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la
cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y citadores, quienes no estarán
sujetos a dichas limitaciones.
Parágrafo. Una vez se efectúe la publicación de las sedes vacantes, los servidores
judiciales podrán solicitar traslado hasta por dos (2) sedes en un mismo mes.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Verificación de la evaluación de Servicios. Tratándose
de traslados como servidor de carrera, por razones del servicio y recíprocos, el servidor
deberá haber logrado en la última evaluación de servicios que se encuentra en firme,
una calificación igual o superior a 80 puntos15.
En este punto, se recuerda que en oportunidad anterior esta Sala de decisión al
decidir una asunto relacionado con una solicitud de traslado de empleado judicial,
consideró «que, pese a que el artículo décimo séptimo del Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017 dispuso que el servidor de carrera interesado en lograr un traslado deberá radicar la
petición dentro de los 5 primeros días hábiles del mes en que se publicó la vacante objeto
de interés, lo cierto es, que el inciso 3 del artículo 134 de la Ley Estatutaria de Justicia no
trajo condicionamiento alguno, lo que significa que puede presentase, inclusive, previo a
que se oferten las plazas correspondientes»16.
En el asunto bajo estudio, está acreditado que Jorge Andrés González Romero el
23 de abril de 2023 presentó solicitud de traslado ante el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, respecto del cargo de
oficial mayor del Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito
de Sincelejo, respecto de la cual se emitió concepto favorable con la Resolución
CJR23-0444 del 21 de noviembre de 2023, comunicado al Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre el 29 de noviembre de 2023.
Asimismo, quedó probado que el juez Quinto Penal con Funciones de Conocimiento
del Circuito de Sincelejo, previo trámite administrativo de acuerdo con la información
suministrada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre nombró en las
vacantes de oficial mayor a Alder Manuel Rodríguez Pinzón y Sindy Yaneth
Pacheco Puente, quienes tomaron posesión los días 5 y 22 de agosto de 2023.
De acuerdo con lo anterior, sin mayor esfuerzo, es evidente que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre no debió remitir (3 de agosto de 2023) ante el
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Sincelejo los
conceptos favorables de traslado existentes y la lista de elegibles consolidada para
cubrir las dos vacantes de oficial mayor, hasta tanto se hubiera decidido la solicitud
15 Requisito declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 24 de abril de 2020. Expediente 11001032500020150108000
16 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 11001031500020230761400. Sentencia del 4 de
abril de 2024
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
de traslado de Jorge Andrés González Romero (21 de noviembre de 2023), de lo
cual quedó acreditado que tuvo conocimiento desde un principio (27 de abril de
2023).
En concordancia con lo anterior, tampoco es aceptable para la Sala, que la Unidad
de Administración de Carrera Judicial se demorara más de 6 meses (23 de abril al
21 de noviembre de 2023) en decidir una solicitud de traslado, sin perjuicio de que
ello implicara la resolución de un recurso de reposición.
Dicho ello, es evidente la vulneración de los derechos fundamentales de Jorge
Andrés González Romero por parte de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, por las conductas
descritas.
Por su parte, se observa que si bien el juez Quinto Penal con Funciones de
Conocimiento del Circuito de Sincelejo ocupó en propiedad las vacantes del cargo
de oficial mayor, no se puede desconocer que ello fue ajustado al procedimiento
administrativo previsto y con fundamento en los conceptos favorables y lista de
elegibles que le remitiera el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, por ello,
pese a que su conducta afectó los derechos de Jorge Andrés González Romero, no
puede endilgársele vulneración alguna, ante el evidente desconocimiento de su
situación para la fecha en que realizó los nombramientos, y se materializaron las
posesiones de quienes integraban la lista de elegibles.
Sin perjuicio de la vulneración presentada, a la fecha se observa que existe una
carencia actual de objeto por daño consumado, pues, para el momento en que se
acudió ante el juez de tutela las vacantes, respecto de las cuales Jorge Andrés
González Romero le asistía la expectativa legítima de lograr un traslado, ya se
habían ocupado, en propiedad, por Alder Manuel Rodríguez Pinzón y Sindy Yaneth
Pacheco Puente, a quienes se les consolidaron derechos adquiridos de carrera. El
referido fenómeno jurídico, ha sido definido por la Corte Constitucional, así:
«[…] Este evento se presenta cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé
una orden para retrotraer la situación”[24]. En la sentencia SU-552 de 2019 la Corte realizó
dos precisiones frente a esta figura: i) la acción debe declararse improcedente cuando
el daño se configura antes de la admisión de la acción de tutela por el juez de primera
instancia[25] y ii) el daño debe ser irreversible, pues si los daños son “susceptibles de ser
interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial”, debe proferirse una
decisión[26]. […]»17
Ahora, si se revisara la situación del demandante en aras de evitarle la configuración
de un perjuicio irremediable, este no se encuentra acreditado, pues actualmente
está vinculado, en propiedad, como oficial mayor en el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena (Bolívar), por lo que puede
optar por un nuevo traslado, y sumado a ello, se recuerda que el único argumento
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T-200 de 2022
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
traído al respecto es de índole económico, al señalar que el estar en Cartagena le
implica gastos de desplazamiento cada ocho días, y extras por concepto de
transporte, arriendo y alimentación, en tanto su familia está radicada en Sincelejo,
lo cual no denota la amenaza de derechos de rango fundamental.
Por el contrario, optar en este momento por la desvinculación de Alder Manuel
Rodríguez Pinzón o Sindy Yaneth Pacheco Puente, en el evento de que el
nominador decidiera favorablemente el traslado solicitado por el demandante,
conllevaría para ellos la configuración de un perjuicio irremediable, sin contar con
que les asiste un derecho adquirido de continuar en el ejercicio de sus cargos
producto del mérito.
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la decisión del a quo para, en su
lugar, declarar la carencia actual de objeto por daño consumado, en la solicitud de
tutela presentada por Jorge Andrés González Romero contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Sincelejo Sucre.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral. En su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por daño consumado, en la solicitud de tutela presentada
por Jorge Andrés González Romero contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo Sucre, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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Demandante: Jorge Andrés González Romero
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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