Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00153-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de noviembre de 2024
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00153-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00153-01
Accionante: Fredy Hernández Villamizar
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo-
Sucre
Temas: Acción de tutela por presunta transgresión del derecho de petición,
por no atender solicitudes de revocar facultad de recibir concedida al
abogado y abrir incidente de honorarios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Fredy Hernández
Villamizar, en nombre propio, en contra de la sentencia del 17 de octubre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que
declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
El señor Fredy Hernández Villamizar instauró acción de tutela, en aras de que se
ampare su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo- Sucre.
HECHOS
Manifestó que el 14 de agosto de 2023 (sic) radicó personalmente petición ante
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo- Sucre solicitando 1)
revocar la facultad de recibir que le otorgó al abogado Henry Valeta López y, en
su lugar, se le entreguen a éste los títulos judiciales que se lleguen a causar en
su favor y 2) regular los honorarios del profesional antes citado. La primera
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pretensión fue reiterada el 26 de igual mes de 2024.
PRETENSIONES
Solicita que se ampare el derecho invocado y, en consecuencia, se ordene al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo- Sucre revocar la
facultad de recibir que le otorgó a su apoderado y regular los honorarios de éste.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 3 de octubre de 2024 el magistrado sustanciador de primera instancia admitió
la acción de tutela, vinculó al señor Henry Valeta López y ordenó la notificación
de la acción de tutela.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo- Sucre
pidió declarar improcedente la acción de tutela en relación con la presunta
violación del derecho de petición, ya que éste no es el mecanismo procedente
para resolver las solicitudes estrictamente judiciales, debido a que éstas se
someten a las formas propias de cada juicio.
Adujo que tampoco se transgrede el derecho al debido proceso por mora judicial,
dado que en los procesos ejecutivos que se adelantan en contra de la ESE
Hospital Universitario de Sincelejo se está analizando una solicitud de
terminación con fundamento en el artículo 9.° de la Ley 1966 de 2019.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión declaró improcedente la acción de tutela considerando que, según el
contenido de las solicitudes, estas no podían ser tenidas como peticiones
asociadas al ejercicio de las funciones administrativas del Juzgado porque
solicitaban un pronunciamiento de índole judicial y en tal sentido, dichas
solicitudes no se encontraban reguladas por las disposiciones normativas de la
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ley 1755 de 2015.
Expresó que dichas solicitudes eran de naturaleza procesal y debían regirse por
las reglas propias del juicio que establecen los términos, procedimiento y
contenido de las actuaciones que correspondan a la situación y, que tampoco
advirtió una mora judicial injustificada que permitiera pregonar vulneración al
derecho al debido proceso.
IMPUGNACIÓN
El señor Fredy Hernández Villamizar impugnó la sentencia de 17 de octubre de
2024, reiterando los argumentos de la tutela en relación con la violación del
derecho de petición, ante la ausencia de respuesta por parte del Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo- Sucre de dar respuesta
de fondo afrente a las solicitudes del 14 y 26 de agosto de 2024. Adicionalmente,
trajo a colación las siguientes providencias de la Corte Constitucional: T 219 de
2001, T 794 de 2013 y T 007 de 2019 y del Consejo de Estado el fallo 01402 de
2018, que hacen referencia a la garantía del derecho reclamado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) generalidades
de la acción de tutela; II) derecho de petición y III) el caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
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II) Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y
eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por
la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se
brinde: debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por
ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
En relación con el ejercicio del derecho de petición ante las autoridades judiciales,
ha dicho la Corte Constitucional que existen dos clases de solicitudes, dentro de
las cuales encontramos:
“(…) (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto;
y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales
del derecho de petición que rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755
de 2015. (…)”1
Frente al primer escenario, la Corte2 considera que son todas aquellas donde el
ciudadano solicita la aplicación de leyes sustantivas o procedimentales que
rigen los procesos de competencia del juez, las cuales se rigen por el
procedimiento judicial indicado y no por la Ley 1755 de 2015.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado3 en sentencia del 19 de noviembre de
2020 señaló que “las reglas del derecho fundamental de petición no son
aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones
1 Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018
2 Sentencias C-951 de 2014, T-311 de 2013, T-172 de 2016, T-394 de 2018, reiteradas en la sentencia SU-
333 de 2020
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de noviembre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-
2020-04387-00 (AC).
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jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran
reguladas en procedimientos propios. Por tanto, los memoriales y los recursos se
rigen por los términos y etapas procesales previstos por el legislador, y en
general, por las leyes procedimentales propias de cada mecanismo judicial”.
Ahora, si la petición trata asuntos ajenos a un proceso judicial, es meramente
administrativa y se aplican las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015 y,
asimismo, se predica que la respuesta debe ceñirse y respetar el núcleo
irreductible de este derecho fundamental, el cual, para la jurisprudencia
constitucional, consiste en prontitud, que se resuelva de fondo y se notifique
debidamente la respuesta al solicitante.
III) Caso concreto
En síntesis, el accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, pues en su criterio el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo- Sucre vulnera su derecho fundamental de petición porque no se ha
pronunciado de fondo en relación con las solicitudes que elevadas el 14 y 26 de
agosto de 2024 dentro del proceso ejecutivo con radicado 70001-33-33-001-2014-
00065-00.
Pues bien, de las pruebas aportadas se observa que el señor Fredy Hernández
Villamizar es demandante en el proceso ejecutivo antes citado que se adelanta
en el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo- Sucre en
contra de la ESE Hospital Universitario de Sincelejo. El actor radicó en el
despacho el 14 de agosto de 2024 memorial donde pidió 1) revocar la facultad
de recibir que éste le confirió a su apoderado y 2) regular los honorarios del
mismo. El 26 de agosto de 2024 reiteró la primera pretensión.
En este caso, las peticiones que presentó el señor Hernández el 14 y 26 de
agosto de 2024 dentro del proceso ejecutivo antes referenciado no son de
carácter administrativo y, por lo tanto, no se rigen por los términos de la Ley 1755
de 2015. Se trata de solicitudes de índole estrictamente judicial, pues versa sobre
actuaciones judiciales que se encuentran reguladas por procedimientos propios.
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En este sentido, debe tenerse en cuenta que una omisión o tardanza en la
resolución de esta clase de solicitudes, no podría decirse que vulnera el derecho
de petición, pero de acuerdo con la Corte Constitucional, el no resolverla de
acuerdo con los procedimientos propios del juicio del que se trate, o demorar de
manera injustificada su trámite puede generar la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso.
En este caso entonces, no se trasgrede el derecho de petición, conforme a lo ya
expresado y tampoco se observa amenaza alguna al derecho fundamental al
debido proceso del actor, pues no pueda hablarse de una tardanza injustificada,
dadas las fechas de las solicitudes y el hecho de que no hay una norma procesal
que imponga un término perentorio para resolverlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 17 de octubre de 2024, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión declaró
improcedente la acción de tutela, conforme a las consideraciones expuestas en
esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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