Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00164-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Judiciales: reglas para su procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00164-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00164-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: YORJANIS ROMERO BAQUERO Y OTROS
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIÓN DE TUTELA PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS
JUDICIALES – Reglas para su procedencia / LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA
EN ACCIÓN DE TUTELA – Cuando el mecanismo constitucional persigue el cumplimiento
de una decisión judicial carecen de aptitud legal quienes no fueron condenados /
AUSENCIA DE CONDUCTA ACTIVA U OMISIVA QUE VULNERE DERECHOS
FUNDAMENTALES – Motivo de improcedencia de la acción de tutela / REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD – Consiste en que los accionantes agoten todos los medios judiciales
ordinarios y extraordinarios para conjurar la violación de derechos fundamentales /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple cuando el accionante emplea la tutela
para satisfacer un interés económico ni para plantear su desacuerdo con la interpretación
o aplicación de normas legales / ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO – Supone la
sospecha de una situación que constituya violencia o discriminación contra la mujer.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 5 de noviembre de 2024, mediante la cual la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre declaró improcedente la acción de
tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 22 de octubre de 2024, las señoras Yorjanis Romero Baquero (en nombre
propio, y en representación de las menores Valentina Isabel Ruiz Romero y Yohana
Andrea Ruiz Romero), Yorjissa María Bertel Romero, Isabeluz Bertel Romero y
Licenia María Mejía Baquero (en adelante, la parte actora, la parte demandante, las
demandantes, las accionantes o las actoras), formularon acción de tutela1 en contra
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo (en más, Juzgado 6), la
Empresa Social del Estado - Hospital Universitario de Sincelejo (el HUS o la ESE),
el Departamento de Sucre (el Departamento), la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (Minhacienda) y Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud),
y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el objeto de solicitar
1 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “8ED_7ESCRITODETUTELApdf(.pdf)”.
1
Radicación número: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital,
a la vida digna, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso que,
según indican, fueron vulnerados por las autoridades accionadas.
Hechos relevantes
2. Las actoras adelantaron un proceso de reparación directa en contra del HUS
para reclamar los perjuicios ocasionados por la atención médica brindada a la
señora Yorjanis Romero Baquero. En primera instancia, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Sincelejo declaró la responsabilidad
patrimonial de esta entidad, en sentencia del 12 de diciembre de 2014. El trámite
concluyó con sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre, del 17 de julio de 2017,
que ratificó el sentido del fallo de primer grado, en providencia que cobró ejecutoria
el 9 de agosto del mismo año. El 4 de diciembre de 2018, los beneficiarios radicaron
un escrito solicitando el pago de la condena contenida en el fallo.
3. Sin embargo, la entidad condenada se sometió a procesos de
reorganización, reestructuración y saneamiento de pasivos. Luego, fue intervenida
forzosamente por la Supersalud, y más recientemente formuló un programa de
saneamiento fiscal y financiero ante el Minhacienda, con acompañamiento del
Minsalud. En ese contexto, pese a alcanzar un acuerdo de transacción el 15 de
mayo de 2023, y expedirse la resolución núm. 968 de 2023 que ordenaba el pago
de la suma ordenada por la sentencia, esta obligación pecuniaria nunca fue
satisfecha.
4. Por lo anterior, las accionantes iniciaron un proceso ejecutivo en contra del
ente hospitalario. No obstante, mediante auto del 17 de septiembre de 2024, el
Juzgado 6 dio por terminado el trámite dando “aplicación irrestricta a lo dispuesto
en el artículo 9° de la Ley 1966 de 2019”2, en virtud del procedimiento de
saneamiento fiscal y financiero de la ESE, que ha contado con el aval del
Departamento, así como de Minhacienda, Minsalud, y Supersalud.
Pretensiones
5. Las actoras buscan los siguientes amparos constitucionales [se trascribe
textualmente]:
2 “Artículo 9°. Aplicación de las medidas del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. A partir de la
fecha de presentación de los programas de saneamiento fiscales y financieros que adopten las ESE
categorizadas en riesgo medio o alto, y hasta que se emita el pronunciamiento del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, no podrá iniciarse ningún proceso ejecutivo contra la ESE y se
suspenderán los que se encuentren en curso. Durante la evaluación del programa se suspende el
término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra la
ESE. || Como consecuencia de la viabilidad del programa se levantarán las medidas cautelares
vigentes y se terminarán los procesos ejecutivos en curso. Serán nulas de pleno derecho las
actuaciones judiciales con inobservancia de la presente medida. Lo anterior no tendrá aplicación
cuando se presente concepto de no viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud
deben dar aplicación al artículo 7° de la presente ley.”
2
Radicación número: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
“1. Que se amparen nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital, a la vida digna, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso. Que el juez de tutela declare que las decisiones
adoptadas por las entidades accionadas han vulnerado nuestros derechos
fundamentales, y que ordene la adopción de medidas para garantizar su
protección.
2. Que se ordene al Hospital Universitario de Sincelejo que, en el marco
del proceso de saneamiento fiscal y financiero, se nos otorgue un trato
preferencial como acreedoras, teniendo en cuenta nuestra situación de
vulnerabilidad como mujeres indígenas, víctimas de violencia obstétrica,
de escasos recursos y con bajo nivel educativo. Que este trato preferencial
se concrete en medidas como:
• El pago prioritario de nuestra acreencia: Que se nos dé prioridad en el
orden de pago de las acreencias del Hospital, con el fin de que podamos
acceder a la indemnización que nos corresponde en el menor tiempo
posible.
• El reconocimiento de los intereses moratorios: Que se nos reconozcan
los intereses moratorios que se han generado desde la fecha en que se
dictó la sentencia que condenó al Hospital al pago de la indemnización.
• La posibilidad de renegociar la deuda en condiciones favorables: Que
se nos brinde la posibilidad de renegociar la deuda en condiciones
favorables, que tengan en cuenta nuestra situación económica y que nos
permitan acceder a un acuerdo de pago justo y equitativo.
3. Que se ordene al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Sincelejo que, al momento de tomar decisiones en el marco del proceso
de saneamiento fiscal y financiero, aplique la perspectiva de género y
tenga en cuenta nuestra situación particular como mujeres indígenas,
víctimas de violencia obstétrica, de escasos recursos y con bajo nivel
educativo. Que el juez adopte un enfoque diferencial y de género que
garantice la protección de nuestros derechos fundamentales.
4. Que se ordene a las entidades accionadas que adopten medidas para
garantizar nuestra participación efectiva en el proceso de saneamiento
fiscal y financiero del Hospital Universitario de Sincelejo. Que estas
medidas incluyan:
• Información clara y accesible: Que se nos proporcione información clara
y accesible sobre el proceso de saneamiento, incluyendo las medidas que
se están tomando, el impacto que estas medidas tienen en nuestros
derechos y las opciones que tenemos para participar en el proceso.
• Mecanismos de participación adaptados a nuestras necesidades:
Que se implementen mecanismos de participación que sean accesibles y
adaptados a nuestras necesidades, como la posibilidad de participar en
reuniones virtuales, y la facilitación del acceso a recursos como el
transporte y el cuidado de los niños”.
3
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Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
6. Para las demandantes, tanto por el “trámite administrativo que dio lugar a la
aprobación del programa de saneamiento fiscal y financiero” como por “la decisión
judicial de terminar el proceso ejecutivo”, las entidades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al dar una aplicación “estricta y exegética” al artículo 9° de
la Ley 1966 de 2019.
7. De un lado, acusan al HUS, los Ministerios, el Departamento y la
Superintendencia de no tenerlas en cuenta en el procedimiento de adopción del
mencionado programa para obtener prontamente el pago de la condena contenida
en el fallo definitivo de la reparación directa.
8. Por otra parte, consideran que tanto las mencionadas entidades como el
Juzgado 6, soslayaron el deber de emplear la perspectiva de género, pertinente a
su juicio para este caso porque, mediante la interpretación rigurosa de dicha regla,
se ha impedido obtener la indemnización, desconocieron y perpetuaron la
discriminación padecida por las accionantes, mujeres indígenas de escasos
recursos y bajo nivel de escolaridad, por la violencia obstétrica sufrida por la señora
Yorjanis Romero Baquero que motivó la formulación de la demanda de reparación.
Trámite en primera instancia
9. Mediante auto del 23 de octubre de 20243 el Tribunal admitió la tutela, notificó
esta decisión a las entidades accionadas y libró comunicación al agente del
Ministerio Público.
Intervenciones
10. El Departamento4 solicitó ser desvinculado del trámite de la tutela por ser una
controversia ajena a sus funciones que correspondía a la entidad prestadora del
servicio de salud.
11. La Superintendencia Nacional de Salud5 expresó que carece de legitimación
en la causa por pasiva dentro de la presente acción constitucional, dado que los
hechos afirmados por las demandantes no fueron producto de la acción u omisión
en el ejercicio de sus funciones.
12. En igual sentido, el Minhacienda6 explicó que el HUS es una Empresa Social
del Estado categorizada en “riesgo alto” por el Minsalud, por lo cual presentó un
programa de saneamiento fiscal y financiero que “fue viabilizado y comunicado al
Gobernador del Departamento” el 24 de julio de 2024. En este contexto, especificó
que, según los lineamientos expedidos por el Minhacienda, las ESE tienen la
3 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “5ED_4AUTOADMITEpdf(.pdf)”
4 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “9ED_008Informe_DptoSucep(.pdf)”
5 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “14ED_013Informe_SuperInde(.pdf)”
6 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “11ED_010Informe_MinHacien(.pdf)
4
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Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
responsabilidad de “identificar la totalidad del pasivo” a su cargo, organizarlo
conforme a un orden de prelación de pagos7, y adelantar el “reconocimiento,
prelación, programación y pago de los pasivos”. El cumplimiento de estos
compromisos “está a cargo de la Dirección Territorial de Salud”. Además, precisó
que:
“… las obligaciones de los acreedores de las Empresas Sociales del Estado
reclamadas a través de los procesos ejecutivos finalizados como consecuencia de
la viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en el marco de lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 1966 de 2019 no desaparecen, por el contrario,
las mismas deberán ser incluidas por tipo, edad y exigibilidad en el Cuadro 17
“Detalle del pasivo a la fecha de inicio del Programa” y pagarse de conformidad con
la prelación de pagos, teniendo en cuenta el flujo financiero proyectado en el
Programa […]
Ahora bien, en caso de que una respectiva acreencia no se encuentre identificada
dentro del pasivo, el acreedor deberá informar al Alcalde o Gobernador y al Gerente
de la ESE, para que realicen los trámites pertinentes de revisión de las acreencias,
y en caso de que proceda, realicen la correspondiente inclusión dentro del Pasivo
del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
De otra parte, el artículo 34 de la Resolución 2495 de 2024 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público determinó que las Empresas Sociales del Estado
deberán constituir un Comité de Pagos de las medidas y obligaciones del Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual, de conformidad con el artículo 35
ibídem, estará conformado por: el Presidente de la Junta Directiva de la Empresa
Social del Estado o su delegado, el Gerente de la Empresa Social del Estado o su
delegado, el Jefe de Tesorería o quien haga sus veces, el Jefe de la Oficina de
Control Interno y un representante de cada grupo de acreedores. Frente a este
último, el parágrafo del citado artículo determina que será seleccionado de entre
quienes tengan derecho al mayor monto a cancelar con el Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero y será reemplazado en el Comité por quien le siga
en la lista de acreencias ordenadas de mayor a menor una vez su obligación sea
pagada”. (Subrayado original del texto).
7 Enunciado así en el informe: “1. Acreencias Laborales + Servicios Personales Indirectos, incluye
todas las acreencias relacionadas con las nóminas de trabajadores activos y de pensionados y los
servicios personales indirectos; y, las acreencias derivadas de los descuentos autorizados por los
funcionarios y pensionados. Así se agrupan en este primer grupo los salarios y prestaciones sociales,
las pensiones y prestaciones económicas por pagar, los bonos pensionales, las cuentas por pagar
por servicios personales indirectos y los descuentos para sindicatos, cooperativas, libranzas, fondos
de empleados, etc. // 2. Entidades Públicas y de Seguridad Social, agrupando en este segundo
grupo de prelación de pagos por las acreencias por servicios públicos (acueducto, alcantarillado,
aseo, luz y energía eléctrica, y gas), seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales,
subsidio familiar), SENA, ICBF, impuestos nacionales y territoriales). // 3. Proveedores bienes y
servicios, incluye la totalidad de los proveedores de bienes y servicios para la producción y venta de
servicios de salud, con excepción de los servicios personales indirectos que se agrupan en el grupo
1. // 4. Obligaciones financieras, con las instituciones financieras y demás entidades, de carácter
privado, mixto o público, sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. // 5.
Demás acreedores externos, cuyas acreencias no se relacionen con ninguno de los otros grupos
tales como: la ejecución de proyectos de inversión, etc. // 6. Otros pasivos, incluye provisiones y
pasivos contingentes, y demás pasivos no relacionados en el grupo anterior”.
5
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Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
13. La titular del Juzgado 6 indicó8 que la decisión por medio de la cual dio por
terminado el proceso ejecutivo9 expuso los motivos legales de su decisión, y que
“no fue impugnada por la parte accionante” ni por la ESE.
14. El Minsalud y el HUS guardaron silencio sobre los hechos que motivaron la
tutela.
La sentencia de primera instancia
15. En decisión10 del 5 de noviembre de 2024, el Tribunal declaró improcedente
la acción de tutela porque, al momento de analizar los requisitos generales, encontró
que el asunto no cumplía con la relevancia constitucional ni con la subsidiariedad
porque, de una parte, consideró que el mecanismo constitucional estaba “siendo
utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional” y, por otro lado, las actoras no interpusieron el recurso de apelación en
contra de la decisión que finalizó el proceso ejecutivo.
16. La providencia añadió que, en todo caso, la providencia del Juzgado 6 se
limitó a aplicar una norma vigente y de obligatorio cumplimiento, por lo que no existió
una interpretación errada o caprichosa del despacho judicial. Además, desestimó
que en el asunto hubiese discriminación o violencia basada en el género de las
accionantes.
Impugnación
17. La parte actora opugnó11 lo decidido en el fallo de primera instancia porque,
en su parecer, el Tribunal ignoró los cargos planteados, y dejó de pronunciarse
sobre las acciones u omisiones de las autoridades demandadas, distintas del
Juzgado 6.
18. Por otra parte, las demandantes aducen que la acción constitucional se
presentó “por la inactividad del juzgado en resolver la solicitud de aclaración” que
formularon respecto del auto que terminó el proceso ejecutivo. En ese sentido, dicen
haber acudido a la tutela “por la premura con la que se están concretando las
acciones encaminadas a dar cumplimiento al plan de saneamiento fiscal y financiero
del HUS, mientras el juzgado accionado deja pasar el tiempo omitiendo
pronunciarse sobre nuestra solicitud de aclaración de la providencia de 17 de
septiembre de 2024, lo que conlleva un riesgo inminente de que no se sea imposible
adoptar medidas afirmativas de protección en nuestro favor”.
19. Aseguran que, a diferencia de lo consignado por el Tribunal, la perspectiva o
enfoque de género en las decisiones judiciales no “se limita a casos de violencia”, y
se “aplica en cualquier ámbito donde exista la posibilidad de discriminación o
8 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “16ED_015InformeJuzgado_6A(.pdf)
9 Rad. 70001-33-33-006-2011-00316-00
10 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “6ED_5FALLOPRIMERAINSTANC(.pdf)”
11 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2: “7ED_6IMPUGNACIONpdf(.pdf)”.
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Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
desigualdad por razón de género”. En particular, debe adoptarse al momento de
interpretar y aplicar normas jurídicas como la Ley 1966 de 2019 cuyas
disposiciones, a su juicio, “tienen un impacto no previsto en la ley, al invisibilizar y
homogenizar a las mujeres sin atender sus propias realidades y las dificultades de
garantizar sus derechos en dicho contesto [sic], en el cual quedan sometidas a los
designios de terceros”. Por lo tanto, claman la protección de los derechos que
estiman conculcados “frente al contexto general de un plan de saneamiento fiscal y
financiero que, por esencia, sacrifica derechos […] es una expropiación sin ningún
control, porque lo que propone el Tribunal es aceptar todo lo que se hace y sus
consecuencias, solo porque la ley así lo dice”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
20. Para decidir la impugnación propuesta por la parte actora, además de ser
necesario distinguir entre la situación del Juzgado y la de las demás entidades
demandadas, cabe puntualizar que el único objetivo de las interesadas al emplear
la acción de tutela es lograr el cumplimiento de las condenas pecuniarias impuestas
por fallos judiciales ejecutoriados en contra del HUS, en este caso, por la sentencia
del 12 de diciembre de 2014 del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Sincelejo12, ratificada en buena parte por la sentencia del 17
de julio de 2017 del Tribunal Administrativo de Sucre13.
21. En ese sentido, la jurisprudencia14 ha precisado que, por lo general, la tutela
es improcedente para el propósito trazado por las accionantes, toda vez que existe
un mecanismo judicial principal, idóneo y eficaz, encaminado a materializar las
obligaciones contenidas en sentencias judiciales, a saber, el proceso ejecutivo
previsto en los artículos 297 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA), en
concordancia con los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012 – CGP).
22. Empero, también se ha indicado que el mecanismo constitucional procede,
de manera excepcional, cuando “el incumplimiento conlleva la vulneración de
derechos fundamentales y […] la vía ejecutiva no tiene la misma efectividad”15 del
12 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “26ED_AnexosDemanda_Prueba(.pdf)”, f. 43-
88. Además de declarar la responsabilidad patrimonial de HUS, esta providencia condenó a pagar a
la señora Yorjanis Romero Baquero -víctima directa-, por perjuicios materiales en modalidad de lucro
cesante consolidado, la suma de tres millones ochenta mil pesos ($3.080.000,oo); y al pago de
perjuicios morales equivalente para la señora Romero Baquero, sus hijas (Valentina Isabel y Yohana
Andrea Ruiz Romero; Yorlissa María y Yohana Andrea Bertel Romero) y su compañero permanente,
por 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno, y para su hermana
Licenia María Mejía Baquero por un valor de 20 SMLMV por el mismo concepto.
13 Ibid. f. 156-162. Este fallo modificó la condena por perjuicio material de la señora Yorjanis Romero
Baquero, a la suma de tres millones quinientos noventa y cuatro mil setenta y un pesos ($
3.594.071,oo), y en lo demás confirmó la sentencia apelada.
14 Ver, entre otras: Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión de Tutelas. Sentencia T-398 del
11 de noviembre de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
15 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión de Tutelas. Sentencia T-631 del 31 de julio de
2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
amparo, circunstancia que deberá auscultarse de manera estricta cuando se trate
de perseguir el pago de obligaciones de dar sumas de dinero 16. Así, en líneas
generales, se han establecido las siguientes pautas jurisprudenciales:
“(i) Procede la acción constitucional cuando la autoridad que debe cumplir lo
ordenado en la sentencia se niega a hacerlo, sin justificación razonable.
(ii) Cuando la omisión o renuencia a cumplir la orden emanada de la decisión judicial
quebranta directamente los derechos fundamentales del peticionario, en
consideración con las especiales circunstancias en las que se encuentra.
(iii) Cuando el mecanismo ordinario establecido en el ordenamiento jurídico para
proteger el derecho fundamental carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo
para su protección.”17
23. Dicho esto, está probado que las accionadas carecen del requisito de
procedencia de legitimación en causa por pasiva dentro de la presente acción de
tutela18, en tanto no fueron condenadas por las providencias judiciales cuyo
cumplimiento persigue la parte actora y, en esa medida, no estarían llamadas a
responder por la violación o amenaza de los derechos fundamentales que las
demandantes alegan.
24. Tampoco se advierte que, en el marco del Programa de Saneamiento Fiscal
y Financiero (PSFF) propuesto por el HUS ̶ cuyo texto no fue aportado al trámite de
tutela ̶ estas entidades hayan intervenido en manera alguna para obstaculizar la
satisfacción de las obligaciones de la judicialmente condenada, bien sea en los
términos resueltos por las sentencias, en el acuerdo de pago suscrito con la ESE
16 “… la Corte ha puntualizado que el proceso ejecutivo sí constituye el mecanismo idóneo para
reclamar obligaciones de dar, especialmente las de contenido económico, pues su naturaleza
coactiva y el conjunto de medidas fijadas en la legislación, aseguran el cumplimiento de este tipo de
condenas, ya sea a cargo del demandado, a expensas de otro e, inclusive, por medio del secuestro
y entrega de bienes. Por ello, esta Corporación se ha negado a declarar la procedencia de la acción
de tutela en los eventos que el actor pretende: i) el pago de la indemnizaciones ordenadas [sic] por
la autoridad judicial, ii) la entrega de intereses moratorios reconocidos judicialmente, iii) la
cancelación de los salarios dejados de percibir y iv) sumas debidas a raíz del reajuste pensional. […]
De la distinción entre las anteriores obligaciones, se desprende una consecuencia cierta: la
procedencia de la acción de tutela para exigir el pago de obligaciones económicas deberá valorarse
con un sentido más estricto que aquél efectuado sobre otro tipo de condenas, en atención a la
idoneidad del proceso ejecutivo para asegurar el acatamiento efectivo de la decisión judicial. […] Por
consiguiente, cuando se pretenda el cumplimiento de una providencia judicial que contiene una
obligación económica, deberá estudiarse, de manera estricta, la eficacia del proceso ejecutivo. De
hecho, para la Corte, no basta con que la parte actora señale la afectación de un derecho
fundamental, pues sería imposible que ante el incumplimiento de una decisión que, en principio le
favorecía, no se produzca alguna afectación. […] A juicio de esta Corporación, lo que debe
demostrarse, de forma evidente, es que la inobservancia de la decisión judicial causa una afectación
cualificada de los derechos al mínimo vital y vida en condiciones dignas del actor, que lo releva de
acudir a la jurisdicción ordinaria, en vista de lo desproporcionado que sería que la persona, en las
condiciones en que se encuentra, tenga que esperar la adopción de una nueva decisión judicial
sobre una controversia ya decidida.”: Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión de Tutelas.
Sentencia T-261 del 9 de julio de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión de Tutelas. Sentencia T-560A del 29 de julio de 2014.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 “La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental.”: Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión de Tutelas. Sentencia T-
1015 del 30 de noviembre de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
del 15 de mayo de 202319, o en la Resolución 968 del 29 de mayo de 202320 que
reconoce y ordena el pago de dicho compromiso.
25. Ahora, en relación con el HUS, esta Subsección entiende que la presentación
del PSFF, la decisión sobre su viabilidad por el Minhacienda o su puesta en
ejecución, no son acciones que por sí solas entorpezcan el cumplimiento de lo
ordenado por los fallos favorables a las actoras. El Programa, que busca
“restablecer la solidez económica y financiera” 21 de las empresas sociales del
Estado, debe incluir el pasivo cierto a cargo de la entidad por lo que, conforme a lo
informado por el Minhacienda en este asunto22, tales cuentas debían ser
identificadas en la propuesta de la ESE y organizadas conforme a sus cualidades
de tipo, edad y exigibilidad para determinar el orden de prelación en su pago. Y, en
el evento en que el crédito no estuviese identificado dentro del pasivo previsto en el
Programa, debía ser el acreedor quien ponga en conocimiento dicha ausencia al
Gobernador y al Gerente de la ESE para realizar la inclusión correspondiente.
26. En el asunto concreto, no consta que la ESE haya emitido pronunciamiento
o decisión alguna, después de la implementación del PSFF, en el cumplimiento del
fallo, del acuerdo que suscribió, o del acto administrativo que reconoció y ordenó el
pago de la obligación. Tampoco obra evidencia que dé cuenta del lugar que ocupa
la acreencia de las actoras en la prelación de pagos del Programa aprobado para la
entidad condenada.
27. Por lo tanto, la Sala no encuentra que el HUS, en el marco de las medidas
de saneamiento fiscal y financiero al que se encuentra sometido actualmente, haya
desconocido, negado o sido renuente a cumplir las órdenes judiciales que la
condenaron. De allí que no pueda predicarse de esta entidad demandada alguna
conducta que, por acción u omisión, vulnere o amenace los derechos fundamentales
invocados por las actoras23, lo que conduce a la improcedencia del mecanismo
constitucional24.
19 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “26ED_AnexosDemanda_Prueba(.pdf)”, f.5-7.
Suscrito por el apoderado judicial de las accionantes, la Jefe Jurídica y de Contratación y el Gerente
Encargado del HUS.
20 Ibid. f. 3-4. Expedida por el entonces Gerente Encargado de la ESE.
21 Ley 1966 de 2019 – Artículo 8.
22 Supra., aptado. 12.
23 Decreto Ley 2591 de 1991 – Artículo 5°: “PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción
de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole
o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede
contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de
este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad
o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”. (Subraya la Sala).
24 Según la jurisprudencia, “para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto
necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los
derechos fundamentales existan y por ende no se encuentren en el campo de las meras
especulaciones o hipótesis” (Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión de Tutelas. Sentencia
T-883 del 11 de septiembre de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería). Por ende, “cuando el juez
constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda
determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la
improcedencia de la acción de tutela”. (Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión de Tutelas.
Sentencia T-130 del 11 de marzo de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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Radicación número: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
28. Por último, en relación con la providencia del Juzgado 6, que terminó el
proceso ejecutivo entablado por las demandantes en contra de la ESE, cabe
destacar que, de acuerdo con el sistema electrónico de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo “SAMAI”25, el 3 de diciembre de 2024, el mencionado
despacho judicial resolvió la solicitud de aclaración propuesta por las actoras; y el
13 de diciembre del 2024 ̶ fecha posterior a la presentación de la tutela ̶ fue
radicado recurso de apelación en contra de la decisión que finalizó el trámite.
29. Esta última circunstancia basta para denotar que la solicitud de amparo fue
formulada sin agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, por lo que carece del requisito general de procedencia de subsidiariedad
previsto por el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 numeral 1 del Decreto
2591 de 1991, tal como lo indicó el a quo. Así, la intervención del juez de tutela
estando pendiente la decisión de alzada, en un sentido o en otro, pretermite los
medios de defensa ordinarios ejercido por las actoras para la ejecución de su
acreencia, y desplaza indebidamente la competencia asignada a los funcionarios
encargados de definir la situación jurídica que las aqueja.
30. La Subsección tampoco observa que, en este caso, el mecanismo
constitucional deba concederse para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, cuyo carácter inminente o grave amerite medidas necesarias e
impostergables para proteger los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados26. Más allá de las afirmaciones vertidas en el escrito de tutela sobre la
escolaridad, pertenencia a una comunidad indígena, y de poseer escasos recursos
económicos, no hay evidencia alguna sobre la condición de las demandantes que
den cuenta de una situación de vulnerabilidad suficientemente grave como para
sustentar la flexibilización del requisito de subsidiariedad.
31. Ahora, en gracia de discusión, podría afirmarse que el mecanismo ordinario
de defensa judicial es inidóneo en este asunto ya que, de forma expresa, el artículo
9 de la Ley 1966 de 2019 indica textualmente lo siguiente:
“ARTÍCULO 9o. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO. A partir de la fecha de presentación de los programas de
saneamiento fiscales y financieros que adopten las ESE categorizadas en riesgo
medio o alto, y hasta que se emita el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, no podrá iniciarse ningún proceso ejecutivo contra la ESE y se
suspenderán los que se encuentren en curso. Durante la evaluación del programa
se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos contra la ESE.
Como consecuencia de la viabilidad del programa se levantarán las medidas
cautelares vigentes y se terminarán los procesos ejecutivos en curso. Serán nulas
de pleno derecho las actuaciones judiciales con inobservancia de la presente
25 Índice SAMAI proceso ejecutivo, núm. 25. Ver:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=70001333300620110
0316007000133
26 Sobre el concepto de perjuicio irremediable ver, entre otras: Corte Constitucional. Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas. Sentencia T-180 del 26 de mayo de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Radicación número: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
medida. Lo anterior no tendrá aplicación cuando se presente concepto de no
viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en este caso el
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud
deben dar aplicación al artículo 7o de la presente ley.” (Subraya la Sala).
32. Sin embargo, a juicio de la Sala esta circunstancia no obsta para que la
presente acción de tutela no cumpla con otro requisito general de procedencia
propio de la tutela contra providencias judiciales, a saber, la relevancia
constitucional. Al respecto, se ha sostenido que:
«Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a
la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la
correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”»27
33. En el presente asunto, la controversia está centrada sobre la satisfacción
material de un interés económico reconocido previamente por una sentencia judicial
ejecutoriada, en la que no se vislumbra la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales de las accionantes, y cuya discusión versa sobre la aplicación e
interpretación de una norma legal, particularmente mediante la aplicación del
enfoque o perspectiva de género por parte de las entidades accionadas. De allí que
esta tutela sea improcedente, también, por carecer de relevancia constitucional.
34. Ahora, ante la insistencia de que el juez constitucional aplique el enfoque o
perspectiva de género en este asunto, se observa que, contrario a lo expresado por
la parte actora, ninguna de las entidades accionadas ha adoptado, hasta el
momento, decisión alguna que refleje o insinúe actos de violencia o de
discriminación concreta en contra de las accionantes, en razón de su condición de
mujeres.
35. La posible ocurrencia de situaciones que impliquen violencia o discriminación
contra la mujer es un supuesto indispensable para que las autoridades públicas en
general, y los operadores judiciales en particular, en desarrollo de sus deberes
convencionales, constitucionales y legales, empleen en el caso concreto este
instrumento encaminado a la superación de las desigualdades históricas y
estructurales soportadas por las mujeres. Al respecto, vale recordar que, para la
Corte Constitucional:
“… la perspectiva de género es, en esencia, una herramienta analítica y
comprensiva de una protección multinivel que deben emplear todos los operadores
de justicia en aquellos casos en los que se tenga sospecha de situaciones
asimétricas de poder entre las partes o de actos constitutivos de violencia de
género. Cumplir con esta obligación no significa que el juez tenga que favorecer
los intereses de una mujer por el hecho de serlo, sino que ha de abordar la
cuestión de derecho que se le ha planteado con un enfoque diferencial que
27 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-121 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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Radicación número: 70001-23-33-000-2024-00164-01
Accionante: Yorjanis Romero Baquero y otros
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
involucre el aspecto sociológico o de contexto que subyace al problema en
torno a la violencia y a la discriminación contra la mujer, a fin de brindar
soluciones equitativas ante situaciones de desequilibrio estructural”28. (Énfasis
añadido por la Sala).
36. Por todo lo anterior, esta Subsección confirmará por las razones aquí
expuestas la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024, por la
Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Sucre por las razones expuestas en
esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF.
28 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-344 del 21 de agosto de 2020. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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