Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2025-00071-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2025-00071-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 70001-23-33-000-2025-00071-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de agosto de 2025
Radicado: 70001-23-33-000-2025-00071-01
Demandante: Julián Enrique Beltrán Méndez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00071-01
Demandante: JULIÁN ENRIQUE BELTRÁN MÉNDEZ
Demandado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO
Tema: Acción de tutela contra auto que archivó incidente de desacato.
Confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 20
de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de
Decisión, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo tutelar planteada por el señor Julián
Enrique Beltrán Méndez en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo y otros,
conforme a lo expuesto en precedencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 9 de junio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Julián Enrique Beltrán Méndez pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso.
A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión del auto del 6 de junio de 2025, con el que el Juzgado Octavo Administrativo de
Sincelejo archivó el incidente de desacato promovido dentro del asunto constitucional
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2. Pretensiones
El tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
1. Que se protejan los siguientes derechos que han sido vulnerados:
Derecho a la igualdad y derecho al debido proceso,
2. Que se ordene al accionado a:
1. Que se revoque el auto del 6 de junio de 2025 que da por terminado el incidente de desacato.
2. Que se sancione por desacato al Vice Ministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad y
Equidad [o] en su defecto, se imponga la sanción correspondiente al funcionario responsable con
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 70001-23-33-000-2025-00071-00.
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el fin de que se d[é] cumplimiento [a] la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo
Oral de Sincelejo el día 18 de Marzo de 2024. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
El Gobierno Nacional convocó a los jóvenes del departamento de Sucre con el fin de que
asistieran el 22 de junio de 2023 a un encuentro en Sincelejo, en el que se discutirían
diferentes problemáticas y programas encaminados a mejorar su calidad de vida, pero
llegado el día del evento no fue posible realizarlo porque el sitio en el que se desarrollaría
no era adecuado y varios asistentes ya habían retornado a sus lugares de origen en razón
al retraso.
Varios jóvenes solicitaron que se programara nuevamente el encuentro, por lo que el 18
de diciembre de 2023 la Consejería Presidencia para la Juventud le entregó al Consejo
Nacional de Políticas Públicas el borrador de las medidas que se adelantarían en
beneficio de esa comunidad en aras de que fuera socializado con ella.
3.2 Acción de tutela 70001-33-33-008-2024-00040-00
El señor Julián Enrique Beltrán Méndez promovió acción de tutela contra la Presidencia
de la República, la Alta Consejería para las Juventudes de ese ente y el Ministerio de
Igualdad y Equidad (a la que se le asignó el número de radicación 70001-33-33-008-
2024-00040-00), con el propósito de obtener «la recolección de insumos» para la
implementación en el departamento del Sucre de las políticas públicas a favor de las
juventudes, lo que comprendía espacios de discusión con las diferentes organizaciones
minoritarias y la instalación de mesas de diálogo.
El asunto constitucional le fue asignado por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de
Sincelejo, que con sentencia del 18 de marzo de 20242 amparó el derecho fundamental
a la igualdad del tutelante y le ordenó al Ministerio de Igualdad y Equidad que, por
intermedio de su viceministro de la juventud, (i) comunicara dentro de los 3 meses
siguientes a la notificación de la decisión la fecha en que realizaría el encuentro juvenil
de Sucre, en el que se discutiría la aplicación de «metodologías estipuladas para la
recolección de insumos para el borrador de la política pública juvenil, para lo cual deberá tener
en cuenta los medios físicos y tecnológicos con que cuentan los jóvenes del departamento de
Sucre», (ii) adelantar ese encuentro en debida forma y (iii) le informara del acatamiento
de las precitadas órdenes.
3.3 Incidente de desacato
En razón al presunto incumplimiento de la sentencia del 18 de marzo de 2024, emitida
por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, el 20 de septiembre de 2024 Julián
Enrique Beltrán Méndez promovió incidente de desacato, del que conoció el Juzgado
Octavo Administrativo de Sincelejo, que el 13 de diciembre de ese año declaró en
desacato al viceministro de la juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad y lo sancionó
con multa de un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), toda vez que no acreditó
el cumplimiento de las respectivas órdenes de tutela.
2 La cual no fue impugnada.
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Demandante: Julián Enrique Beltrán Méndez
Al decidir el grado jurisdiccional de consulta, con auto del 20 de febrero de 2025 el
Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad de lo actuado en el trámite incidental
por cuanto no se notificaron las diligencias en debida forma al sancionado, motivo por el
cual el 4 de marzo de 2025 el a quo requirió nuevamente al Ministerio de Igualdad y
Equidad en aras de que informara sobre el cumplimiento del fallo del 18 de marzo de
2024 e identificara la autoridad responsable de ello.
Como no se atendió el mencionado requerimiento, el 16 de mayo de 2025 el Juzgado
Octavo Administrativo de Sincelejo dio apertura al incidente de desacato y ordenó
requerir nuevamente al Ministerio de Igualdad y Equidad para que informara sobre el
acatamiento de las órdenes de tutela fijadas en la sentencia del 18 de marzo de 2024,
frente a lo cual la cartera allegó informe el 6 de junio de 2025, en el que indicó que el 15
de noviembre de 2024 se realizó el correspondiente evento con los jóvenes de Sucre,
que se desarrolló en 3 momentos: el primero consistía en la presentación de la agenda
de trabajo, el segundo comprendió la creación de mesas de discusión y el tercero fue una
plenaria en la que se socializaron las conclusiones y las medidas a adoptar con el fin de
superar las problemáticas identificadas, como la migración juvenil, las limitaciones de
acceso al sistema de salud, «racismo», entre otras.
Con el informe se allegaron los siguientes oficios:
(i) DGE-MJ_3100_CES-2934 del 27 de septiembre de 20243, en el que se le informó
al accionante lo siguiente: «En cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del 18 de
marzo del 2024 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo, desde el
Viceministerio de Juventudes notificamos la fecha de aplicación de metodologías para la
recolección de insumos del borrador de la Política Pública de juventudes. La fecha
estipulada es: viernes 1 de noviembre con posibilidad de antelación durante la semana del
28 de octubre.
Las limitaciones administrativas que causaban la demora del proceso y que nos llevaron a
correr la fecha anterior, ya se encuentran superadas».
(ii) Oficio VJU-MJ_3000_CES-3767 del 18 de octubre de 2024, enviado al tutelante4,
en el que fue convocado a «una reunión virtual de preparación, logística y de articulación
para el desarrollo del espacio de construcción colectiva de insumos para la Política Pública
Nacional de Juventudes», a realizarse el 21 de octubre de ese año, para lo cual le fue
remitido el respectivo enlace virtual.
En el informe también se indicó que el actor no asistió a las reuniones, por lo que fue
contactado telefónicamente y señaló que «esperaría a que se emitiera fallo del incidente de
desacato».
El demandante allegó varios memoriales al trámite incidental, en los que señaló que no
había asistido a las respectivas reuniones porque no se había cumplido en debida forma
el respectivo cronograma y tampoco se habían convocado «a todos los miembros del
subsistema de participación juvenil de Sucre».
Con auto del 6 de mayo de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo dio por
terminado el trámite incidental y dispuso su archivo, al considerar que las pruebas
allegadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad daban cuenta de que atendió las
órdenes de tutela consignadas en la sentencia del 18 de marzo de 2024, pues, aunque
la reunión con las juventudes de Sucre no se realizó dentro del lapso allí fijado, se celebró
3 Remitido a la cuenta virtual julian18179@gmail.com
4 Al correo electrónico julian18179@gmail.com.
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el 15 de noviembre de ese año. Que se probó que el actor fue convocado a las reuniones
preparatorias y él decidió no asistir, como lo admitió en los memoriales que allegó.
Que la finalidad de los respectivos mandatos judiciales se cumplió, ya que se realizó el
evento aplazado el 22 de junio de 2023, que era la intención del accionante, y allí se
abordaron las diferentes problemáticas que enfrentaba la juventud de Sucre, y aunque
aquel no hubiera asistido, lo que le impidió plantear sus iniciativas y posturas, ello
obedeció a «un capricho por parte de este, siendo renuente y apático».
4. Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante no hizo mención a las exigencias generales de procedibilidad de la tutela
contra providencias.
En cuanto al fondo del asunto, indicó que la providencia cuestionada adolecía de defecto
fáctico5, dado que se archivó el trámite incidental 70001-33-003-008-2024-00040-00 sin
advertir que no se habían cumplido las órdenes de tutela exigidas, pues las pruebas
daban cuenta de que no se le notificó la fecha y hora en que el Ministerio de Igualdad y
Equidad realizaría «el evento», lo que le impidió asistir. Además, la afirmación de que esa
cartera se comunicó telefónicamente con él no era dable tenerla en cuenta, ya que fue
consignada en el informe inicial y el 20 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de
Sucre declaró la nulidad de lo actuado.
Que «como lo manifest[é] en ese entonces al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo
Sucre, no asistiría a las reuniones virtuales hasta tanto me dieran una fecha definitiva, ya que la
única fecha que me dieron fue tentativa y no definitiva y no fue cumplida». Asimismo, señaló
que no se le notificó la fecha «del evento» dentro de los 3 meses siguientes a la
notificación de la sentencia del 18 de marzo de 2024, lo que comportaba desacato e
impedía archivar el trámite incidental.
5. Intervenciones
El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo adujo que las actuaciones surtidas al
interior del incidente de desacato, decidido a través de la providencia cuestionada, se
adelantaron en atención al ordenamiento jurídico y bajo una interpretación razonable de
las pruebas debidamente allegadas, situación que imponía declarar improcedente la
tutela de la referencia.
Que la supuesta llamada telefónica a la que hizo mención el Ministerio de Igualdad y
Equidad no tuvo incidencia en la providencia cuestionada, pues se fundamentó en los
oficios en los que esa cartera citó al demandante para coordinar la realización del evento
ordenado en la sentencia del 18 de marzo de 2024, los cuales no atendió, lo que no
denotaba «una actitud solidaría y colaborativa que permitiera la materialización del plan política
pública de juventud en el departamento de Sucre».
Concluyó que en el trámite incidental el mencionado Ministerio acreditó las múltiples
actividades que había surtido en aras de atender los mandatos consignados en la
sentencia del 18 de marzo de 2024, lo que impedía declarar en desacato al servidor
encargado de acatarlos.
El Ministerio de Igualdad y Equidad guardó silencio, a pesar de que se le notificó el
auto admisorio de la acción de tutela.
5 Cabe advertir que si bien el actor no invocó alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, sus argumentos involucran defecto fáctico.
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6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, por medio de sentencia del 20
de junio de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no colma el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, ya que el tutelante la empleaba como una
segunda instancia del incidente de desacato en el que se emitió la providencia censurada y
los argumentos por él expuestos comportaban apreciaciones subjetivas que no permitían
evidenciar vulneración de derechos fundamentales.
Que el Ministerio de Igualdad y Equidad adelantó actuaciones efectivas para obedecer la
orden de tutela de celebrar el encuentro con los jóvenes de Sucre, contrario al demandante,
quien optó por no realizar acciones afirmativas con la finalidad de obtener aquello, pese a
que gozaba de representatividad en «las plataformas juveniles».
7. Impugnación
El demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que el a quo no advirtió
que el Ministerio de Igualdad y Equidad guardó silencio en el trámite de la tutela de la
referencia, en consecuencia, debió (i) dar por ciertos los hechos expuestos en la solicitud
de amparo, (ii) asumir que no fue convocado al evento que se ordenó realizar en la
sentencia del 18 de marzo de 2024 y (iii) sancionar por incumplimiento de ese mandato.
Que, además de lo anterior, en efecto, el mencionado Ministerio no atendió la providencia
del 18 de marzo de 2024, pues no le comunicó la realización del encuentro con los
jóvenes de Sucre y aunque no asistió a algunas reuniones virtuales, estas no eran el
evento que reemplazaría el de 22 de junio de 2023, situación que impedía archivar el
incidente de desacato a través del proveído cuestionado en el trámite de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de
Decisión, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la tutela no colma el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional ya que por su conducto el actor
pretende extender el debate jurídico zanjado con la providencia cuestionada, dentro del
incidente de desacato 70001-33-003-008-2024-00040-00.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la acción de tutela contra providencias que
resuelven incidentes de desacato, (iii) el requisito de relevancia constitucional y,
finalmente, (iv) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
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requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra
una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes de
desacato, que es lo que se discute en este caso:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar
mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir, que la acción de
tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de
consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él
en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que, para estudiar el fondo del asunto, en primer
lugar, se debe verificar los anteriores requisitos.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario o trámite incidental, la Sala ha explicado que por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario o del trámite incidental. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en esas instancias, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
En el escrito de tutela el demandante aseveró que el autocuestionado incurrió en defecto
fáctico, dado que no advirtió que el Ministerio de Igualdad y Equidad no dio cumplimiento
en debida forma a las órdenes consignadas en el fallo del 18 de marzo de 2024, emitido
por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, toda vez que no le comunicó sobre la
realización del evento celebrado el 15 de noviembre de 2024.
Al analizar las pruebas que reposan en el expediente, se observa que Julián Enrique
Beltrán Méndez promovió la acción de tutela 70001-33-33-008-2024-00040-00 contra el
Ministerio de Igualdad y Equidad, para que se le ordenara realizar un encuentro con los
jóvenes de Sucre, dado que el que estaba programado para el 22 de junio de 2023 fue
aplazado y no se había celebrado pese a que había trascurrido un lapso considerable.
La solicitud de amparo fue decidida por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo,
con sentencia del 18 de marzo de 2024, en el sentido de amparar el derecho fundamental
a la igualdad del tutelante y ordenar a la entidad allí demandada, en lo que aquí interesa,
lo siguiente:
2. SEGUNDO: Ordenar al MINISTERIO DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD para que por conducto del
Viceministro de la Juventud, si aún no la hecho en el término máximo tres (3) meses contadas a partir
de la notificación de la presente providencia, indique al accionante y/o a las plataformas juveniles o
representantes de los jóvenes en Sucre, la fecha de realización del encuentro en donde puedan ser
aplicadas las metodologías estipuladas para la recolección de insumos para el borrador de la política
pública juvenil, para lo cual deberá tener en cuenta los medios físicos y tecnológicos con que cuentan
los jóvenes del departamento de Sucre.
3.TERCERO: Ordenar al MINISTERIO DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD para que por conducto del
Viceministro de la Juventud una vez estipulada la fecha para la realización del encuentro donde se
recolectaran los insumos para el borrador de la política pública de juventud en el departamento de Sucre,
organice la realización e instalación del mismo, de manera directa y/o por medio de los entes
territoriales, es decir, todo lo relacionado con el lugar, horario y accesibilidad para todos los asistentes,
situaciones que deben ser informadas con antelación a los asistentes con el fin de garantizar su
asistencia.
El 20 de septiembre de 2024 el actor promovió incidente de desacato contra el Ministerio
de Igualdad y Equidad porque no había dado cumplimiento a las precitadas órdenes,
trámite en el cual esa cartera allegó informe el 6 de junio de 2025, en el que indicó que
el 15 de noviembre de 2024 se realizó el correspondiente evento ordenado y al que
acompañó los oficios DGE-MJ_3100_CES-2934 del 27 de septiembre de 2024 y VJU-
MJ_3000_CES-3767 del 18 de octubre de 2024, en los que se le comunicó al accionante
sobre reuniones orientadas a obtener el cumplimiento del fallo del 18 de marzo de 2024,
enviados al correo julian18179@gmail.com, que corresponde al enunciado por el
demandante en la solicitud de amparo.
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Demandante: Julián Enrique Beltrán Méndez
En atención a las anteriores pruebas, mediante auto del 6 de mayo de 2025 el Juzgado
Octavo Administrativo de Sincelejo dio por terminado el trámite incidental y dispuso su
archivo, toda vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad demostró que el 15 de
noviembre de 2024 realizó el evento ordenado en la sentencia del 18 de marzo de 2024
y convocó al accionante a las correspondientes diligencias, pero no asistió. Así lo dijo la
autoridad accionada:
Como quiera que el objeto del trámite incidental es persuadir a la autoridad accionada a darle
cumplimiento a la respectiva orden judicial, sin entrar a establecer modificaciones o interpretaciones
ajenas al contenido literal de lo allí contenido y en caso de persistir el incumplimiento, determinar si los
motivos o justificaciones del empleado responsable para ello carecen de asidero legal o factico, o en su
defecto si el incumplimiento está basado en motivos razonables y válidos; debe decirse que en principio
no se supera el elemento objetivo como presupuesto para continuar con el trámite e imponer sanción al
incidentado, por los siguientes raciocinios:
Al verificar en esta oportunidad si efectivamente se dio cumplimiento a la orden judicial de fecha 18 de
marzo de 2024 tenemos que si bien no se hizo dentro de la oportunidad señalada en el fallo, sí se
comunicó la fecha de realización del encuentro en donde podían ser aplicadas las metodologías
estipuladas para la recolección de insumos para el borrador de la política pública juvenil a través de los
representantes juveniles, así mismo, se observa que se realizaron las reuniones del sector conformado
por los representantes juveniles del Departamento de Sucre lo cual fue informado al accionante, es
decir, estuvo enterado de la realización del evento, asistiendo incluso a algunas de las reuniones previas
que fueron programadas con el fin de priorizar la fecha para la realización del evento.
Realizando una interpretación al numeral primero del proveído de fecha 18 de marzo de 2024 no
resultaba necesario que se tuviese que notificar al accionante de la fecha de realización del encuentro
en donde puedan ser aplicadas las metodologías estipuladas para la recolección de insumos para el
borrador de la política pública juvenil, pues dicha expresión se utiliza para hacer explícita la posibilidad
de elegir entre la suma o la alternativa de las opciones que se relacionaron.
En este sentido, si lo que perseguía el actor con la presentación del incidente de desacato era la
materialización de dicho evento, muy bien pudo estar atento, participativo y receptivo a las reuniones a
las cuales fue notificado y no desentenderse del proceso que se venía realizando al interior del presente
incidente para llevar a cabo el evento de recolección de datos para el borrador de la política pública de
juventud en el departamento de Sucre y de esta manera cumplir con la orden judicial proferida por esta
unidad judicial.
Del acervo probatorio es palpable que la entidad dentro del curso del trámite incidental realizó las
acciones necesarias para dar cumplimiento integral a la orden emanada por este despacho, siendo
consecuente las acciones que realizó para poder darle cumplimiento a la providencia del 18 de marzo
de 2024, pues presentó varios informes y avances de cumplimiento, los cuales culminaron con la
realización del evento mencionado en glosas anteriores […].
Igualmente, se encuentra demostrado de la documentación aportada que al señor Julián Enrique Beltrán
Méndez que, si se le notificó en varias oportunidades para que se hiciera parte del proceso y participara
de las reuniones previas, las cuales resultaban necesarias para que se diera la fecha exacta para la
realización del evento, dado que para la recolección de insumos para el borrador de la política pública
juvenil en el Departamento de Sucre se requería acordar una fecha en la que los jóvenes de Sucre
pudiesen en su mayoría participar; para ello, se requería del apoyo, colaboración y compromiso de todos
los sujetos procesales y las plataformas juveniles para poder realizar un evento organizado, por lo que
para el despacho resulta razonable, máxime cuando se ofreció por parte de la accionada distintas
fechas, las cuales debieron modificarse por distintos motivos, entre los que se destaca que habían otros
eventos donde representantes juveniles de Sucre se encontraban participando, por lo que la idea
siempre fue que se pudiese contar con la mayoría de éstos.
Para este operador judicial no son de recibo los argumentos esgrimidos por el incidentista, pues a pesar
de que es la persona quien funge como sujeto procesal activo no prestó el debido cuidado a las
reuniones que se encontraban adelantando al interior del trámite incidental para darle cumplimiento a
la orden judicial, omitiendo el deber que se le encomendó en el numeral cuarto de la providencia como
representante de plataformas juveniles; aun cuando no existía una fecha no resulta descabellado
entender que para este tipo de eventos es indispensable la cooperación de los sujetos que hacen parte
del proceso, lo anterior para que pueda realizarse en buenos términos lo que en efecto aconteció.
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Radicado: 70001-23-33-000-2025-00071-01
Demandante: Julián Enrique Beltrán Méndez
[…]
Para el despacho el no asistir a las reuniones a las que fue citado el incidentista, simplemente porque
no se dio una fecha exacta no resulta más que un capricho por parte de este, siendo renuente y apático
a que se le diera solución frente al mismo cumplimiento del fallo de tutela del que inició como accionante,
puesto que no prestó su colaboración, sino, por el contrario, de los múltiples escritos presentados solo
se observa una actitud indiferente frente a la ejecución del evento, dado que si su fin principal fuese que
la realización del evento, lo más sensato hubiese sido asistir a las reuniones en las que se está tratando
el tema de fijar la fecha para la realización del evento, lo que no hizo en su momento, máxime cuando
para su realización se requirió de un tiempo, organización y andamiaje que también resulta oneroso
para las entidades estatales.
Tampoco se logra dilucidar del acervo probatorio que la entidad incidentada haya actuado de mala fe o
fuese renuente a llevar a cabo el evento citado en múltiples ocasiones, habiendo procedido además a
organizar la realización e instalación del mismo, con la ayuda de otras entidades territoriales,
recaudando y organizando mediante reuniones previas el lugar, horario y accesibilidad para todos los
asistentes […].
Así las cosas, al estudiar los precitados acápites de la providencia cuestionada la Sala
constata que el argumento formulado por el demandante en la solicitud de amparo,
consistente en que no era dable archivar el incidente de desacato 70001-33-003-008-
2024-00040-00 porque no se acreditó el cumplimiento de las órdenes consignadas en la
sentencia del 18 de marzo de 2024, pues no se le comunicó la realización del evento
celebrado el 15 de noviembre de 2024, ya fue desestimado por la autoridad accionada,
de ahí que al plantearlo nuevamente en este trámite constitucional se evidencie que insiste
en él en aras de extender el debate jurídico al juez de tutela y así obtener una decisión que
le resulte favorable, lo que denota un uso inadecuado del amparo.
Por otra parte, el accionante también indica que la providencia cuestionada no advirtió que
el Ministerio de Igualdad y Equidad no allegó pruebas de que lo haya llamado
telefónicamente, en consecuencia, la autoridad accionada no podía concluir que ello
aconteció. Frente a esa afirmación la Sala constata que con ese argumento no cuestiona
de manera directa las razones de la decisión judicial atacada, ya que en ella no se hizo
referencia a dicha llamada sino que se fundó en otras pruebas que daban cuenta del
cumplimiento de la sentencia del 18 de marzo de 2024, como los oficios DGE-
MJ_3100_CES-2934 del 27 de septiembre de 2024 y VJU-MJ_3000_CES-3767 del 18
de octubre de 2024, en los que se le comunicó al actor sobre reuniones orientadas a
obtener el cumplimiento del fallo del 18 de marzo de 2024, enviados al correo
julian18179@gmail.com, que corresponde al enunciado por el demandante en la solicitud
de amparo.
Por último, debe advertirse que carece de asidero jurídico el argumento del tutelante de
que operó la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de
1991 porque el Ministerio de Igualdad y Equidad no hizo pronunciamiento alguno en esta
tutela, pues esa cartera no es demandada y tampoco se cuestiona una decisión suya,
sino que el accionado es el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, el cual sí
presentó el respectivo informe.
Además, el hecho de que una autoridad no conteste una acción de tutela no genera per
ser la presunción de veracidad, pues sí existen pruebas que den cuenta de los hechos
debatidos, el juez debe decidir la controversia con base en ellas, así el demandado haya
guardado silencio9.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con la que el a quo
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que no colma la
exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional.
9 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 2012, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 70001-23-33-000-2025-00071-01
Demandante: Julián Enrique Beltrán Méndez
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Julián Enrique Beltrán Méndez, de acuerdo con la motivación.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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