RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2025-00079-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2025-00079-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2025-00079-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 22 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2025-00079-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de febrero de 2026

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00079-01
Demandante: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ
Demandado: JOHNNY ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA, RECTOR
UNIVERSIDAD DE SUCRE PERIODO 2025-2028

Tema: Autonomía universitaria. Medidas conminatorias del Ministerio de
Educación Nacional en cumplimiento de la Ley 1740 de 2014.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a resolver el recurso de apelación instaurado por el demandante, en
contra de la sentencia de 22 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Jhon Jairo Turizo Hernández, quien actúa en nombre propio, en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, presentó demanda contra el acto de elección del señor Johnny Alberto
Avendaño Estrada como rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2025-2028,
con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad del acto de elección del rector de la Universidad de
Sucre para el periodo 2025-2028, elección realizada el día 14 de abril de 2025, por
haberse expedido en abierta contradicción con una orden de suspensión del
Ministerio de Educación Nacional.

2. Que se adopten las medidas necesarias para restablecer la legalidad, incluida la
desvinculación del cargo del elegido y la convocatoria a un nuevo proceso de
elección conforme a la normatividad vigente.

1.2. Hechos

2. La sala extrae los fundamentos fácticos relevantes para este caso:

3. El 14 de abril de 2025, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

Sucre llevó a cabo la elección de rector para el periodo 2025-2028.

4. Para ese momento, existía una orden del Ministerio de Educación Nacional, en la
que dispuso la suspensión de dicho proceso electoral por presuntas irregularidades
administrativas que estaban siendo objeto de investigación.

5. Pese a dicha disposición, el Consejo Superior Universitario procedió con la
elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como rector de la Universidad de
Sucre para el periodo institucional 2025-2028.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

6. La parte actora invocó la transgresión de las siguientes normas:

• Artículos 6.º, 29, 121 y 209 de la Constitución Política.
• Ley 30 de 1992.
• Artículo 137 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
• Ley 734 de 2002.

7. Manifestó que el acto de elección demandado se encuentra viciado de nulidad,
toda vez que se expidió en contravía de la orden de suspensión del proceso electoral
emitida por el Ministerio de Educación Nacional.

8. Señaló que el Consejo Superior de la Universidad de Sucre incumplió su deber
de respetar la jerarquía normativa y actuó por fuera del marco de competencia legal, lo
que lesionó los principios de legalidad, moralidad, eficacia y coordinación institucional
consagrados por el artículo 209 de la Constitución Política.

9. Indicó que la elección se realizó con desviación de poder y abuso de la
autoridad, desconociendo el interés general y afectando la legitimidad institucional de la
universidad.

10. Con base en lo anterior, solicitó el decreto de la suspensión provisional del acto
acusado.

1.4. Contestaciones de la demanda

1.4.1. Johnny Alberto Avendaño Estrada

11. El demandado, quien actúa por conducto de apoderado judicial, adujo que con la
demanda no se aportó el acto administrativo a través del cual el Ministerio de Educación
Nacional ordenó suspender el proceso electoral, pues la única comunicación que obra
emitida por esa entidad corresponde a una medida conminatoria de carácter preventivo,
expedida por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, en ejercicio de las
competencias conferidas por la Ley 1740 de 2014.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

12. Explicó que en dicho documento, se instó a los consejeros a abstenerse de
adelantar ciertas actividades mientras se verificaban presuntas irregularidades. No
obstante, la misma cartera ha precisado que este no constituye un acto administrativo
con fuerza vinculante ni con efectos suspensivos sobre la elección del rector.

13. Puntualizó que el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional no comporta la facultad de suspender procesos de
elección internos de las universidades, en virtud del principio de autonomía universitaria
consagrado por el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 30 de
1992.

14. Resaltó que el acto demandado fue expedido por el órgano competente, sin que
se haya desconocido el orden legal vigente ni pronunciamiento judicial alguno. Además,
la demanda se limita a invocar principios y normas, sin acompañar prueba idónea que
permita inferir que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Sucre
desobedeció una orden administrativa con fuerza vinculante pues, de hecho, el
Ministerio de Educación Nacional, en el pronunciamiento sobre la medida cautelar, negó
haber impartido una orden suspensiva.

15. Expuso que la Universidad de Sucre cuenta con reglamentos internos propios
para llevar a cabo de manera autónoma y sin interferencia la elección de sus
autoridades directivas y administrativas, en ejercicio de la autonomía universitaria, la
cual se concreta en la potestad del Consejo Superior para definir y aplicar los
mecanismos de designación de sus directivos, conforme a lo previsto en sus propios
estatutos internos que garantizan la participación de la comunidad universitaria y el
respeto a los principios de transparencia, democracia y legalidad.

16. Concluyó que el demandado fue elegido con sujeción a los reglamentos
universitarios, lo que descarta cualquier reparo fundado en apreciaciones subjetivas.

17. Propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales, con fundamento en que no existe precisión en las pretensiones pues el
demandante mezcla afirmaciones subjetivas con pedidos difusos y no se identifican ni
explican los fundamentos de derecho.

18. Formuló las excepciones de mérito de carencia de fundamento de la demanda,
inexistencia de irregularidad relevante con virtualidad de afectar la legalidad y
constitucionalidad de la elección, e improcedencia de los argumentos introducidos por el
coadyuvante por exceder los límites legales de su intervención.

1.4.2. Consejo Superior de la Universidad de Sucre

19. La entidad no contestó la demanda, pese a que la entidad fue notificada el 4 de
agosto de 20251.

1
Índice 00020 del expediente de primera instancia visible en Samai.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

1.4.3. Ministerio de Educación Nacional

20. Si bien la entidad no fue vinculada a través del auto admisorio y no contestó la
demanda, sí intervino para oponerse al decreto de la medida cautelar, con base en lo
siguiente:

21. Manifestó que el ministerio está facultado para adelantar actuaciones que
abarcan medidas de carácter preventivo, con el fin de promover la continuidad y calidad
en el servicio educativo, en los términos de la Ley 1740 de 2014.

22. Indicó que no tiene incidencia ni participación en la expedición de actos
administrativos de las instituciones de educación superior, en atención al principio de
autonomía universitaria, de manera que el acto de elección demandado se considera
válido y obligatorio hasta que sea declarado nulo por una autoridad judicial competente.

23. Sostuvo que el ejercicio de inspección y vigilancia de la educación superior
coexiste con la autonomía universitaria, lo cual no implica el desconocimiento de las
potestades de policía administrativa sobre el servicio público.

24. Refirió que el ministerio no ha impartido órdenes que excedan su competencia ni
que hayan interferido en las decisiones del Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Sucre, ente que ostenta la competencia para elegir rector mediante acto
que se mantiene legal y vigente siempre y cuando no sea suspendido o invalidado y
que no tiene la facultad de anular un acto electoral de esa naturaleza.

25. Expuso que no ha existido orden superior o vinculante de la cartera ministerial,
en tanto no ha impartido instrucciones obligatorias ni ha declarado ilegal el proceso de
elección, pues las comunicaciones remitidas a la universidad han sido de carácter
preventivo y carecen de fuerza vinculante.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia

26. Por auto de 22 de julio de 2025 se admitió la demanda y se denegó la
suspensión provisional del acto demandado2. Adicionalmente, se ordenó la notificación
personal del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada y del presidente del Consejo
Superior de la Universidad de Sucre.

27. En providencia de 13 de agosto de 2025, se reconoció al señor Santander José
De La Ossa Guerra como coadyuvante, pero se rechazó la reforma de la demanda
radicada por él.

28. En proveído de 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre
2
Con fundamento en que «[…] en este escenario no se evidencia de forma preliminar infracción alguna en virtud de la cual se torne
necesario y procedente acceder a la medida de suspensión provisional solicitada, pues el presente asunto exige un análisis
sustancial sobre el alcance de los principios constitucionales invocados por el demandante tales como el de igualdad, democracia y
participación, a la luz del principio también constitucional de autonomía universitaria, pues se advierte, tal como lo indicaron los
demandados en el presente caso, que no se invoca violación directa de alguna norma superior distinta al análisis constitucional ya
mencionado, y en consecuencia, el juicio de legalidad del acto derivado de la inaplicación de las normas estatutarias de la
Universidad exige un análisis mas completo […]».

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

ordenó dar el trámite de sentencia anticipada de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 175 y el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, declaró no
probada la excepción de inepta demanda formulada por el demandado, tuvo como
prueba los documentos aportados por las partes y fijó el litigio bajo los siguientes
términos:

[…] En ese orden, el litigio se circunscribirá de conformidad con el siguiente problema
jurídico: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor JHONY
ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA, como rector de la Universidad de Sucre, período
2025-2028, acorde con los cargos de nulidad planteados? […].

29. En esa misma providencia, dispuso correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.

1.6. Sentencia de primera instancia

30. Mediante providencia de 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo siguiente:

31. Argumentó que en el Acuerdo 01 de 2025 expedido por el Consejo Superior
Universitario «Por medio del cual se establece la convocatoria para escoger el Rector
de la Universidad de Sucre para el periodo 2025-2028», se consagraron todas las
etapas relacionadas con la elección demandada, las cuales fueron observadas dentro
del proceso, como lo demuestra el Acta 08 de 14 de abril 2025, en la que consta dicha
designación.

32. Consideró que el demandante no concretó la forma como existió desviación del
poder o abuso de autoridad, pues se limitó a afirmar que se desconoció una orden
administrativa del Ministerio de Educación Nacional, la cual no condiciona la elección ni
la suspende.

33. Destacó que las etapas surtidas por las directivas de la universidad atendieron al
principio de legalidad y observaron el debido proceso, como viene demarcado por el
Estatuto General de la Institución, de modo que garantizaron el principio democrático.

34. En relación con el desconocimiento de las medidas conminatorias expedidas por
el Ministerio de Educación Nacional el 31 de marzo y el 9 de abril de 2025, explicó que
estas no constituyen una medida cautelar de suspensión del proceso de elección de
rector de la Universidad de Sucre, ni puede interpretarse como una medida coercitiva
como lo pretende hacer valer el demandante.

35. Puso de presente que la Ley 1740 de 2014 estableció las normas de inspección
y vigilancia de la educación superior y las funciones que ejerce dicho ministerio en ese
aspecto, en particular respecto al procedimiento para la adopción de medidas
preventivas y de vigilancia especial, de las cuales no puede concluirse que la misiva
conminatoria con destino a la Universidad de Sucre se traduzca en una orden superior o
vinculante.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

36. Destacó la intervención del Ministerio de Educación Nacional allegada a este
proceso, en la cual manifestó que no ha emitido medida cautelar o acto administrativo
que suspenda o interfiera con el proceso electoral.

37. Aclaró que de llegarse a considerar que existió una irregularidad en el proceso de
elección, esta no tendría incidencia sobre la validez del acto acusado pues no tiene la
gravedad o importancia para influir en la decisión adoptada o modificarla.

1.7. Recurso de apelación

38. La parte actora instauró oportunamente recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

39. Indicó que el fallo apelado incurrió en errores de valoración probatoria e
interpretación jurídica, al considera que las comunicaciones expedidas por el Ministerio
de Educación Nacional carecían de carácter vinculante, cuando en realidad constituían
una orden administrativa expresa de suspender el proceso electoral, la cual fue emitida
en ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia prevista en los artículos 8.º, 9.º y 10
de la Ley 1740 de 2014.

40. Alegó que el Consejo Superior Universitario, pese a tener conocimiento de esas
órdenes, procedió con la elección vulnerando los principios de legalidad, moralidad y
coordinación institucional.

41. Recalcó que el a quo desconoció la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, según la cual el incumplimiento de una orden legal de suspensión
afecta la validez del acto electoral por falta de competencia funcional y violación al
debido proceso administrativo3.

1.8. Trámite en segunda instancia

42. Por auto de 4 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
instaurado por el demandante contra la sentencia de primera instancia. De igual
manera, se puso a disposición de la parte demandada el respectivo memorial por el
término de tres días, y luego se ordenó que permaneciera el expediente en secretaría
por el plazo de tres días para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión por
escrito; al vencimiento de este, al Ministerio Público para rendir concepto dentro de los
cinco días siguientes.

43. Mediante proveído de 19 de diciembre de 2025, se aceptó el desistimiento de
una solicitud elevada por la parte demandada4.

44. A través de providencia de 29 de enero de 2026, se negó una solicitud 5 de

3
El recurrente no hizo mención a las providencias presuntamente desconocidas.
4
Dicha petición consistía en que se rehiciera el traslado del recurso de apelación a partir de la ejecutoria, por cuanto el auto que
admitió el recurso fue registrado en Samai como clasificado.
5
Esta tuvo fundamento en que se omitió correr traslado para alegar de conclusión en debida forma.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

nulidad elevada por el señor Santander José De La Ossa Guerra, quien actúa como
coadyuvante.

1.9. Alegatos de conclusión

1.9.1. Johnny Alberto Avendaño Estrada, demandado

45. Si bien el demandado no presentó alegatos de conclusión, descorrió el traslado
del recurso de apelación bajo los siguientes términos:

46. Manifestó que no hay constancia de que el Ministerio de Educación Nacional
haya expedido una resolución formal en la que ordene suspender el proceso electoral
en la Universidad de Sucre, pues las comunicaciones emitidas son informativas o
exhortaciones carentes de ejecutoriedad legal.

47. Insistió en que dicha entidad se opuso a la medida cautelar de suspensión
provisional del acto de elección demandado, tras considerar que no expidió decisión
administrativa que interfiriera en el proceso electoral del rector de la universidad.

48. Reiteró la existencia de autonomía universitaria y la ausencia del Ministerio de
Educación Nacional de facultades para suspender el proceso de elección, así como la
falta de desviación del poder y el cumplimiento del requisito de legalidad.

49. Puntualizó que el demandante fue el único apelante, por lo que no hay lugar a
realizar un análisis integral del fallo ni extender el alcance del recurso a los argumentos
del coadyuvante, los cuales fueron inadmitidos al rechazarse la reforma integral de la
demanda que intentó introducir.

50. Trajo a colación los fundamentos normativos (artículo 69 de la Constitución
Política sobre la autonomía universitaria; Ley 30 de 1992; Ley 1740 de 2014) y
jurisprudenciales del acto (sentencia de 4 de septiembre de 2025, radicación 11001-03-
28-000-2024-00141-00).

51. Concluyó que la elección del rector se realizó conforme a la autonomía
universitaria y a las normas estatutarias, sin que exista orden del Ministerio de
Educación Nacional que la invalidara, por lo que pidió que se confirme el fallo apelado.

1.10. Concepto del Ministerio Público

52. La procuradora Séptima Delegada para Asuntos Electorales y Participación
Democrática ante el Consejo de Estado, solicitó que se confirme la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

53. Enunció que las medidas conminatorias que realiza el Ministerio de Educación
Nacional en los términos de la Ley 1740 de 2014 son de carácter preventivo, pues
buscan evitar la realización de actos que atenten contra el ordenamiento jurídico o

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

impliquen la malversación de recursos educativos. No obstante, estas no tienen fuerza
vinculante.

54. Recalcó que el presunto desconocimiento de tales medidas no constituye una
irregularidad que vicie la expedición del acto demandado, pues su inobservancia
eventualmente da lugar a eventuales sanciones administrativas, pero no a la
declaratoria de nulidad de la elección, en tanto se tratan de procedimientos de distinta
naturaleza y con consecuencias jurídicas diferentes.

55. Agregó que no se encuentran acreditados los elementos de juicio necesarios
para que prosperen los argumentos del apelante, en tanto no se demostró la
configuración de alguna irregularidad dentro del procedimiento o la inobservancia de
algún requisito exigido por el ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

56. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo
establecido en los artículos 1506 y 152 numeral 7.c7 de la Ley 1437 de 2011, y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de
2024 que contiene el reglamento del Consejo de Estado8.

57. Lo anterior, teniendo en cuenta que el rector es un empleado del nivel directivo,
en tanto es el representante legal y la primera autoridad de la universidad, de
conformidad con el artículo 66 de la Ley 30 de 19929. De igual manera, en atención a
que la Universidad de Sucre es una institución pública de educación superior, de orden
departamental10.

2.2. El acto acusado

58. La parte demandante pretende la nulidad del Acta No. 08 de 14 de abril de 2025,
correspondiente a la Sesión Extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de

6
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […].
7
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en
primera instancia de los siguientes asuntos: (…)7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: […] c) De la nulidad de
los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin
pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes
nacional, departamental y distrital […]. [Destacado fuera del texto].
8
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:[…] Sección Quinta 1. La
acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley.
Igualmente, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas […].
9
ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será
designado por el Consejo Superior Universitario […].
10
De conformidad con el Acuerdo No. 028 de 1994 «Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de Sucre»,
modificado por el Acuerdo No. 020 de 1995.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

Sucre, que contiene la elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como
rector de dicha institución.

2.3. Problema jurídico

59. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia apelada.

60. Para el efecto, se hará referencia, en primer término, al marco jurídico que regula
el caso. Luego se analizará si el Consejo Superior de la Universidad de Sucre debía
suspender el proceso de elección del rector para el periodo 2025-2028 con ocasión de
las comunicaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, por tener fuerza
vinculante.

2.4. Marco jurídico

61. El artículo 69 de la Constitución Política establece una garantía a la autonomía
universitaria, de modo que las universidades tienen la potestad para elegir sus
directivas y establecer sus propios estatutos. En relación con las universidades
públicas, la misma norma determina que existirá un régimen especial establecido por la
ley.

62. A su turno, la Ley 30 de 1992 reguló el servicio público de la educación superior y
reiteró la autonomía universitaria en su artículo 3º:

ARTÍCULO 3o. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y
con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior.

63. Dicha autonomía implica «[…] el derecho a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional»11.

64. De igual manera, definió a las universidades como «[…] las reconocidas
actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de
universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones
están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones,

11
Artículo 28 de la Ley 30 de 1992.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-
doctorados, de conformidad con la presente Ley»12.

65. El artículo 20 de la Ley 30 de 1992 le otorgó al Ministerio de Educación Nacional
la facultad de reconocer como universidad a las instituciones universitarias o escuelas
tecnológicas que demuestren tener los siguientes requisitos:

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen
los primeros.

66. El mismo artículo facultó al Gobierno Nacional, para que dentro del término de
seis (6) meses, estableciera los otros requisitos que se estimen necesarios.

67. Por su parte, la Ley 1740 de 201413 radicó en cabeza del Ministerio de Educación
Nacional la función de inspección y vigilancia la cual es de carácter preventivo y
sancionatorio, cuyos objetivos son los siguientes, de conformidad con el artículo 3º de
dicha normativa:

[…] 1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte de
las instituciones de educación superior.
2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación
superior y del régimen legal especial, si lo hubiere.
3. La prestación continua de un servicio educativo con calidad.
4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la educación y de
la función social que le es inherente.
5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las
instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de la
Constitución, la ley y sus reglamentos.
6. La protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
7. La garantía de la autonomía universitaria.
8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación
superior conforme con la Constitución y la ley.
9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones.
10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior.
11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las
humanidades, la filosofía, la cultura y el arte.
12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones
de educación superior […].

68. De lo anterior se concluye que las universidades gozan de autonomía para, entre
otras cosas, crear sus estatutos y corresponde al Ministerio de Educación Nacional
ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre estas, para verificar el cumplimiento

12
Artículo 19 de la Ley 30 de 1992.
13
Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se
regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras
disposiciones.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

de las normas constitucionales, legales e internas.

2.5. Caso concreto

69. Como viene de explicarse, la parte actora controvierte la elección del señor
Johnny Alberto Avendaño Estrada, como rector de la Universidad de Sucre para el
periodo 2025-2028, con fundamento en que el Consejo Superior Universitario de dicha
institución incurrió en desviación del poder, al no tener en cuenta la medida
conminatoria del Ministerio de Educación Nacional de la cual entendió que disponía la
suspensión del proceso electoral, por presuntas irregularidades administrativas.

70. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Sucre, a través del fallo apelado,
denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en que las medidas
conminatorias expedidas por el Ministerio de Educación Nacional el 31 de marzo y el 9
de abril de 2025, no constituyen una medida cautelar de suspensión del proceso de
elección de rector de la Universidad de Sucre, ni puede interpretarse como una medida
coercitiva como lo pretende hacer valer el demandante y como lo expuso la cartera
ministerial en la intervención contra la medida cautelar formulada en primera instancia.

71. Con la apelación, el demandante alegó que la sentencia de primera instancia
incurrió en errores de valoración probatoria e interpretación jurídica, al considerar que
las comunicaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional carecían de
carácter vinculante, cuando en realidad constituían una orden administrativa expresa de
suspender el proceso electoral, la cual fue emitida en ejercicio de la facultad de
inspección y vigilancia prevista en los artículos 8.º, 9.º y 10 de la Ley 1740 de 2014.

72. Sostuvo que el Consejo Superior Universitario, pese a tener conocimiento de
esas órdenes, procedió con la elección vulnerando los principios de legalidad, moralidad
y coordinación institucional.

73. Recalcó que el a quo desconoció la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, según la cual el incumplimiento de una orden legal de suspensión
afecta la validez del acto electoral por falta de competencia funcional y violación al
debido proceso administrativo.

74. En relación con este último asunto, a saber, el presunto desconocimiento de la
jurisprudencia de esta corporación se advierte que además de que el demandante no
señaló la providencia o línea jurisprudencial desconocida, dicho argumento no fue
formulado en la demanda, de manera que no se estudiará, teniendo en cuenta los
límites del juez de segunda instancia previstos por el artículo 328 del CGP, norma que
dispone:

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

75. Ahora bien, tanto la demanda como los demás argumentos de la apelación
versan sobre la presunta irregularidad en que incurrió el Consejo Superior de la
Universidad de Sucre, al no abstenerse de llevar a cabo el proceso de elección del
demandado como rector de la institución, en virtud de las medidas conminatorias
adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales, en sentir del recurrente,
tienen fuerza vinculante.

76. Revisadas las pruebas aportadas con la demanda, se observan dos oficios
remitidos al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Sucre por el Ministerio
de Educación Nacional, los cuales se detallan a continuación:

a. Comunicación No. 2025-EE-082220 de 31 de marzo de 2025. A través de
dicho documento, la Subdirección de Inspección y Vigilancia de la entidad puso de
presente al ente universitario que tuvo conocimiento del Acuerdo No. 031 de 10 de
octubre de 2024, que estableció el cronograma para la designación del rector de la
Universidad de Sucre para el periodo comprendido entre el 2025 y el 2028, así
como unas denuncias formuladas por el señor Arturo Luis Luna Tapia por el
presunto desconocimiento del Acuerdo No. 01 de 2015, en relación con las
calidades de los aspirantes a ocupar dicho cargo, en tanto no fue incluido dentro
del listado provisional de candidatos pese a haberse postulado con el
cumplimiento de los requisitos.

También se advirtió sobre la existencia de una acción de tutela relacionada con
ese asunto, en la cual se profirió auto admisorio por parte del Juzgado Segundo
Civil Municipal de Sincelejo bajo el número de radicado 2025-00163-00, por lo que
el Consejo Superior Universitario suspendió provisionalmente el proceso de
elección por órdenes de dicho despacho judicial. Además, indicó que tuvo
conocimiento de otras denuncias con base en información que circula en redes,
frente a la falta de garantías plenas para llevar a cabo la elección.

De igual manera, le ordenó abstenerse de llevar a cabo la consulta entre la
comunidad de estudiantes de pregrado y posgrado, profesores de planta,
funcionarios, trabajadores de planta y egresados, programada para el 31 de marzo
de 2025, hasta tanto se verifique por parte de la entidad la ocurrencia o no de las
irregularidades denunciadas, así como que informara las razones de hecho y de
derecho por las cuales el señor Arturo Luis Luna Tapia no cumple con los

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

requisitos para ser habilitado como candidato en la citada convocatoria, y para que
remitiera las hojas de vida de todos los inscritos a esta y un informe de todo lo
relacionado con la acción de tutela14.

Lo anterior, bajo la prevención de que el incumplimiento de la medida conminatoria
puede dar lugar a las multas previstas en el numeral 8.º del artículo 9.º de la Ley
1740 de 2014, y a las investigaciones administrativas sancionatorias que procedan
conforme a los artículos 17 y 18 de la citada normativa.

b. Comunicación No. 2025-EE-093323 de 9 de abril de 2025, en la cual la
Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en
ejercicio de tales funciones, solicitó al Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Sucre que se abstuviera de llevar a cabo el proceso de elección
del rector de la universidad, la cual fue programada para el día 10 de abril de
2025, hasta que exista pronunciamiento de la entidad respecto de la
documentación remitida por el ente universitario, y que no se adviertan
irregularidades en el trámite.

Además, solicitó que se remitiera, a más tardar el 10 de abril de 2025, copia del
acta de la sesión extraordinaria, por medio de la cual el citado consejo aprobó
reanudar el proceso de elección del rector, y una relación certificada de los
consejeros que participaron en ella.

Lo anterior, bajo la prevención de que el incumplimiento de la medida conminatoria
dará lugar a multas e investigaciones administrativas sancionatorias, conforme a lo
dispuesto por la Ley 1740 de 2014.

Como sustento de ello, el ministerio puso de presente que tuvo conocimiento del
Acuerdo No. 06 de 2025 «Por medio del cual se reanuda el proceso de elección
del Rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2025-2028, y se modifican
los Artículos Nros. 9, 10 y 11 del Acuerdo No. 01 de 2025», expedido por el
Consejo Superior de la Universidad, lo cual, según indicó la entidad, desconoció lo
ordenado en la medida conminatoria de 31 de marzo de 2025.

Advirtió que la cartera ministerial ejerce funciones de inspección y vigilancia sobre
las instituciones de educación superior, dentro de las que se encuentran
actuaciones de carácter preventivo y de vigilancia especial.

Adujo que el ministerio, a través de la comunicación No. 2025-EE-082220 de 31
de marzo de 2025, ordenó al Consejo Superior Universitario abstenerse de llevar a
cabo la consulta entre estudiantes de pregrado y posgrado, profesores de planta y
egresados, hasta tanto se verifique la ocurrencia o no de las presuntas
irregularidades.

77. En el Acta No. 08 de 14 de abril de 2025, correspondiente a la sesión

14 En el proceso no obra prueba sobre la acción de tutela que refiere el oficio citado.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Sucre en la que se eligió al
demandado como rector de la institución, se hizo constar lo siguiente en relación con la
solicitud de suspensión del proceso electoral elevada por el Ministerio de Educación
Nacional:

Seguidamente, la Gobernadora del Departamento de Sucre, en su calidad de
Presidenta del Consejo Superior, solicitó a los miembros de este cuerpo colegiado, la
suspensión del proceso que se va a llevar a cabo, hasta tanto, el Ministerio de
Educación Nacional, se pronuncie de fondo sobre la investigación de vigilancia y
control, realizada en la Universidad de Sucre.

La Presidenta, dando alcance a lo expresado anteriormente, indicó que, la solicitud
presentada a este Consejo, la realiza, teniendo en cuenta la comunicación formal
recibida en calidad de Presidenta del Consejo Superior, por parte del Ministerio de
Educación Nacional, en la que se le indicó proceder con la solicitud de suspensión del
proceso, hasta tanto dicha entidad se pronunciara de fondo sobre la investigación en
comento.

A continuación, y para mayor claridad de los miembros del Consejo Superior, se
procedió a dar lectura al acta de visita realizada el viernes 11 de abril de 2025 por
parte de los delegados de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional. Al respecto, los miembros del Consejo manifestaron que el
proceso se ha desarrollado conforme a los preceptos normativos y legales, por lo cual,
no existe mérito para ordenar nuevamente su suspensión, máxime cuando ya existe un
fallo judicial que levantó la medida inicialmente decretada.

78. Como se puede observar, en el acta se hizo mención a un fallo judicial que
dispuso el levantamiento de una medida de suspensión inicialmente decretada por un
juzgado dentro de una acción de tutela. Sin embargo, no se aportó al expediente prueba
de lo anterior, por lo que no se puede determinar los detalles de ese proceso judicial,
como la orden de suspensión del proceso de elección dictada por un juez.

79. Por ende, lo que se puede interpretar del contenido del documento, es que los
consejeros decidieron continuar con el proceso electoral, en vista de que este ya se
había suspendido en una oportunidad y dado que se ha desarrollado conforme a la
normativa. No obstante, si bien en el acto acusado se hizo referencia a que los
miembros del Consejo Superior Universitario dieron lectura a un acta de visita realizada
el 11 de abril de 2025 por parte de los delegados de la Subdirección de Inspección y
Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, no se constató ni tampoco se aportó
prueba al expediente sobre dicho documento.

80. Sin perjuicio de lo anterior, lo que se advierte es que el Ministerio de Educación
Nacional, en ejercicio de su facultad de vigilancia consagrada por el artículo 9º, numeral
8º de la Ley 1740 de 2014, conminó al Consejo Superior de la Universidad de Sucre
para que se abstuviera de realizar actos contrarios a la normativa y, en ese sentido, en
la primera de las comunicaciones, a saber, la de 31 de marzo de 2025, le ordenó
expresamente que no llevara a cabo la consulta entre los miembros de la comunidad
universitaria para determinar los candidatos a la rectoría, en los términos del artículo 1.º

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

del Acuerdo No. 010 de 2016 «Por medio del cual se establece el procedimiento para la
designación Rector de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo 044 de 1997»,
modificado por el Acuerdo No. 11 de 2016, expedidos por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Sucre15.

81. Luego de ello, en la segunda comunicación la cartera ministerial encontró un
desconocimiento de la primera medida conminatoria relacionada con que se abstuviera
de llevar a cabo la consulta mencionada, y decidió efectuar una segunda advertencia al
Consejo Superior Universitario que consistió en que se abstuviera de llevar a cabo el
proceso de elección del rector, hasta tanto no se pronunciara sobre las irregularidades.

82. Tal parece, entonces, que el enunciado consejo, pese a la advertencia del
ministerio en la primera de las comunicaciones, reanudó el trámite de la elección del
rector, lo que dio lugar a que la entidad lo requiriera por una segunda vez para que se
abstuviera de realizar la elección y para que remitiera otros documentos, so pena de
imponer las multas de que trata la Ley 1740 de 2014; no obstante, no obra prueba de si
la cartera ministerial se pronunció acerca de las irregularidades, pues solo se sabe,
según el acta que contiene la elección del demandado, que por orden de un juez de
tutela se dispuso el levantamiento de la suspensión de dicho trámite y que el 11 de abril
de 2025 se suscribió un acta con motivo de una visita de personal del ministerio, sin que
se conozca su contenido.

83. Con todo, la elección sí fue aplazada para el día 14 de abril de 2025, fecha en la
cual se llevó a cabo la misma, y dentro de dicho procedimiento se trató el tema de las
medidas conminatorias del Ministerio de Educación Nacional, de lo cual se concluyó
que no hubo vicio con sustento en lo siguiente:

La Presidenta, dando alcance a lo expresado anteriormente, indicó que, la
solicitud presentada a este Consejo, la realiza, teniendo en cuenta la
comunicación formal recibida en calidad de Presidenta del Consejo Superior,
por parte del Ministerio de Educación Nacional, en la que se le indicó proceder
con la solicitud de suspensión del proceso, hasta tanto dicha entidad se
pronunciara de fondo sobre la investigación en comento.

A continuación, y para mayor claridad de los miembros del Consejo Superior,
se procedió a dar lectura al acta de visita realizada el viernes 11 de abril de
2025 por parte de los delegados de la Subdirección de Inspección y Vigilancia
del Ministerio de Educación Nacional. Al respecto, los miembros del Consejo
manifestaron que el proceso se ha desarrollado conforme a los preceptos
normativos y legales, por lo cual, no existe mérito para ordenar nuevamente su
suspensión, máxime cuando ya existe un fallo judicial que levantó la medida
inicialmente decretada.

84. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que dicha disposición fue adoptada en
ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de la cartera ministerial, con fines

15
ARTÍCULO 1°. El Consejo Superior de la Universidad de Sucre, designará rector a uno de los ganadores de las consultas
realizadas en la comunidad universitaria, que para estos efectos estará conformada por: estudiantes de pregrado y posgrado,
profesores de planta, funcionarios y trabajadores de planta y egresados de la Universidad de Sucre […].

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

preventivos, mas no cautelares.

85. En ella, la entidad invocó la función de vigilancia consagrada por el artículo 9º,
numeral 8º, de la Ley 1740 de 2014, norma que dispone lo siguiente: «[…] Conminar
bajo el apremio de multas sucesivas hasta de <2.502 UVT*> a representantes legales,
rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de
realizar actos contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de
invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de
educación superior».

86. No obstante, se estima que la norma transcrita no consagra una consecuencia
directa que repercuta sobre el proceso electoral, ya que el resultado de obviar las
advertencias del Ministerio de Educación Nacional es la eventual imposición de multas,
medida que es de carácter administrativo y pecuniario. Por consiguiente, a pesar de que
su objeto es evitar actuaciones en contra de la Constitución Política, la ley y los
estatutos, no se advierte que la elección conlleve a ser desconocedora de las normas
internas, por lo que en sí misma no establece una facultad de la entidad de suspender
el trámite de la elección del rector ni vicia dicho procedimiento.

87. Se recalca en este punto, que en las medidas conminatorias adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional frente al Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Sucre, si bien son de carácter preventivo y correctivo con eventuales
consecuencias sancionatorias, no inciden sobre las actuaciones administrativas dentro
del trámite electoral ni en la elección, pues según lo señalado en la misma
comunicación, «[…] El incumplimiento de la presente medida conminatoria no solo
puede dar lugar a las multas sucesivas previstas en el numeral 8° del artículo 9 de la
Ley 1740 de 2014 sino también a las investigaciones administrativas sancionatorias que
procedan conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la citada Ley […]».

88. En efecto, los artículos 17 y 18 de esa misma norma, establecen:

ARTÍCULO 17. SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las
siguientes sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado
por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51 y 52, así como en esta ley:

1. A los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores
fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución
de educación superior, que sean investigados:

1.1. Amonestación privada.
1.2. Amonestación pública.
1.3. Multas personales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
1.4. Suspensión en el ejercicio del respectivo cargo, hasta por el término de dos (2)
años.
1.5. Separación del cargo.
1.6. Inhabilidad de hasta diez (10) años para ejercer cargos o contratar con
Instituciones de Educación.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

2. A las instituciones de educación superior investigadas:

2.1. Multas institucionales de hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
2.2. Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas
admisiones, hasta por el término de dos (2) años.
2.3. Cancelación de programas académicos o de registros calificados.
2.4. Suspensión de la personería jurídica de la institución.
2.5. Cancelación de la personería jurídica de la institución.

PARÁGRAFO 1o. Las sanciones establecidas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
y 1.6 del presente artículo, serán impuestas por el Ministerio, previo concepto del
Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, mediante resolución motivada, una
vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia
de la plenitud de sus formas propias.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Educación Nacional llevará el registro de las
sanciones impuestas y adoptará las medidas conducentes para que ellas se hagan
efectivas.

ARTÍCULO 18. APLICACIÓN DE SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional
podrá imponer las sanciones administrativas a los consejeros, directivos,
representantes legales, administradores, o revisores fiscales, cuando en ejercicio de
sus funciones incurran en cualquiera de las siguientes faltas:

1. Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o estatutarias
que les correspondan en desarrollo de sus funciones.
2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de
la Constitución, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de los
estatutos o de cualquier norma o disposición a la que en ejercicio de sus funciones
deban sujetarse.
3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el
Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y
vigilancia.
4. No presenten informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones
administrativas, oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los
funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos
o en forma incompleta.
5. Incumplan los estatutos universitarios, o en el caso de las instituciones de educación
privadas y de economía solidaria, apliquen reformas sin la ratificación del Ministerio de
Educación Nacional, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 30 de 1992.

Las sanciones administrativas a las instituciones de educación superior, proceden
cuando:

1. Incumplan los deberes o las obligaciones que la constitución, la ley, los reglamentos
les imponen.
2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de
la Constitución Nacional, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

los estatutos o de disposiciones o instrucciones que expida el Ministerio de Educación
Nacional en el ejercicio de sus facultades.
3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el
Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades.
Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.

89. En relación con el tema bajo análisis, la Corte Constitucional en la sentencia C-
491 de 2016, consideró lo siguiente:

Respecto a la función de vigilancia, la ley otorga al Ministerio de Educación la
facultad de velar porque en las referidas instituciones se cumpla con las normas para
su funcionamiento, se desarrolle la prestación continua del servicio público en
condiciones de calidad; y de supervisar la implementación de correctivos que
permitan superar situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable,
administrativo o de calidad (art. 8º). Con estos fines, la ley permite al Ministerio hacer
seguimiento a las actividades de tales instituciones, practicar visitas, adoptar
medidas, tramitar reclamaciones y quejas, adelantar investigaciones, solicitar la
cesación de actuaciones contrarias a la ley o a los estatutos, solicitar informes, hacer
acompañamiento en la implementación de medidas para el restablecimiento de la
continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad y conminar a sus
representantes legales y directivos, para que se abstengan de realizar actos
contrarios al ordenamiento jurídico (art. 9º).

3.5. En virtud del carácter dual de la inspección y vigilancia del Estado respecto de la
educación superior, el legislador dotó al Ministerio de Educación Nacional de una
serie de medidas administrativas de orden preventivo, tendientes a “promover la
continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las
rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las
normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que
amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el
cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de
las sanciones administrativas a que haya lugar”. Por tanto, el Gobierno, a través
del Ministerio, cuenta con mecanismos para lograr tales propósitos, pudiendo
adoptar, mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes
medidas (art. 10) […].

Ahora bien, dado del carácter dual de la inspección y vigilancia del Estado sobre la
educación superior, aparte de las medidas administrativas preventivas a cargo del
Ministerio de Educación, las cuales se adoptan “sin perjuicio de la investigación y la
imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar”, el legislador también
previó separadamente un régimen sancionatorio respecto de los directivos,
representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier
persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación
superior, que sean investigados.

[…] Las sanciones administrativas aplicables en el marco de la función de inspección
y vigilancia, las cuales se pueden graduar de acuerdo a los criterios legales, son las
previstas en el artículo 17 de la misma ley. Así, los directivos, representantes legales,
consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la
administración y/o el control de la institución de educación superior, puede ser objeto

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

de (i) amonestación pública o privada, (ii) multas personales hasta de 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, (iii) suspensión en el ejercicio del respectivo
cargo, hasta por el término de dos (2) años, (iii) separación del cargo e (iv) inhabilidad
de hasta 10 años para ejercer cargos o contratar con Instituciones de Educación. Del
mismo modo, las instituciones de educación superior investigadas pueden ser objeto
de (i) multas institucionales hasta por 1000 smlmv, (ii) suspensión de programas
académicos, registros calificados, o nuevas admisiones, hasta por el término de 2
años, (iii) cancelación de programas académicos o de registros calificados, (iv)
suspensión o cancelación de la personería jurídica.

90. En síntesis, tanto las multas previstas por el numeral 8.º del artículo 9.º de la Ley
1740 de 2014, así como las investigaciones administrativas sancionatorias en los
términos de los artículos 17 y 18 ibídem, comportan el ejercicio de las funciones
administrativas del Ministerio de Educación Nacional para inspeccionar y vigilar que las
universidades efectúen sus actuaciones de conformidad con la Constitución Política, las
leyes y los reglamentos internos, y si bien pueden acarrear la imposición de sanciones
al Consejo Superior Universitario, las eventuales irregularidades que se desprendan del
incumplimiento de los requerimientos de la cartera ministerial en ese sentido no tienen
la entidad para anular el acto de elección, en tanto las normas citadas no establecen
como consecuencia la invalidez de dicha actuación.

91. Así las cosas, las facultades de inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional buscan evitar que con el actuar de los directivos del Consejo
Superior Universitario se incumplan las normas, por lo que las medidas son
conminatorias a acatar las reglas, de manera que el hecho de elegir no es una
infracción sino la materialización de la autonomía universitaria.

92. De ese modo, aún si se entendiera que el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Sucre desatendió la medida conminatoria del Ministerio de Educación,
tal situación no tiene la entidad para viciar el acto de elección, como se expuso en
precedencia; además, la actuación del ministerio es de carácter preventivo por lo que
no es viable bajo las normas que rigen su actuar entender que tenía alguna facultad
para suspender el proceso electoral.

93. Cabe destacar lo precisado por el apoderado del Ministerio de Educación
Nacional, quien al elevar pronunciamiento frente a la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional del acto acusado en primera instancia dentro del proceso de la
referencia, afirmó lo siguiente16:

[…] El MEN no ha emitido medida cautelar ni acto administrativo que suspenda o
interfiera con el proceso electoral. Las comunicaciones remitidas han sido de carácter
preventivo, sin fuerza vinculante.

El Consejo Superior actuó en ejercicio de su autonomía, y su decisión solo podrá ser
cuestionada mediante el trámite judicial respectivo, por lo tanto, el Ministerio respeta
la autonomía universitaria y reitera que no existe orden vigente que haya sido

16 Índice 00014, expediente de primera instancia visible en Samai.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhon Jairo Turizo Hernández
Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada
Rector Universidad de Sucre 2025-2028
Rad: 70001-23-33-000-2025-00079-01

desconocida por dicho órgano […].

94. Comoquiera que no prosperó el cargo propuesto en la apelación, se confirmará la
sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 22 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.