Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2025-00087-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
28 de agosto de 2025
Demandante: Oswaldo Enrique Bertel Pestana
Demandados: Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Sincelejo y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2025-00087-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00087-01
Demandante: OSWALDO ENRIQUE BERTEL PESTANA
Demandados: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE SINCELEJO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial y omisión de autorizar
un procedimiento quirúrgico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo del 23 de julio de 2025, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Sucre declaró improcedente la acción interpuesta contra
de la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2025 y amparó el derecho
fundamental a la salud.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 8 de julio de 2025, el señor Oswaldo Enrique
Bertel Pestana presentó, en nombre propio, solicitud de tutela contra el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y la
Dirección de Sanidad Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de
Sucre, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y la
vida digna, con ocasión de la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2025,
emitida en el radicado 70001-33-33-009-2025-00059-00 y la dilación
injustificada de un procedimiento quirúrgico.
Lo anterior, por cuanto (i) el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo debió fallar conforme a los principios extra petita, ultra
petita, iura novit curia, desarrollados en la sentencia T-047 de 2011 y (ii) la
Dirección de Sanidad Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de
Sucre impuso barreras administrativas, económicas o de trámite que dilatan
injustificadamente la cirugía que requiere.
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Demandante: Oswaldo Enrique Bertel Pestana
Demandados: Juzgado Noveno Administrativo
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Mediante la acción que interpongo persigo se TUTELE EL
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD consagrado en los artículos 48 y 49
de la Constitución Política de Colombia de 1991 y elevado a derecho
fundamental mediante Ley Estatutaria 1751 de 2015, también: VIDA DIGNA,
exigido para evitar desmejore mi salud, pues han sido expresamente negados
por el señor Capitán MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TUÑÓN, Jefe Unidad
Prestadora Salud de Sucre.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, pretendo que UNA VEZ SE
AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NUMERAL PRIMERO,
SE ORDENE A LAS ACCIONADAS (DIRECCIÓN SANIDAD DE LA POLICÍA
NACIONAL y UNIDAD PRESTADORA SALUD DE SUCRE) se me AUTORICEN
LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS MÉDICOS: “CIRUGÍA VITRECTOMÍA
POSTERIOR + EXTRACCIÓN DE SOLICON + RETINOPEXIASIA +
ENDOLASER OJO DERECHO”.
TERCERO.- Tutelado los DERECHOS FUNDAMENTALES del ordinal
PRIMERO, también solicito al HONORABLE JUEZ DE TUTELA, ordene a las
accionadas, se autoricen de manera íntegra conforme al artículo 8 de la Ley
1751 de 20155 , todos los servicios y procedimientos que se surjan como
consecuencia de la cirugía suplicada en esta acción constitucional: exámenes
especializados, medicamentos, consultas de médicos generales y especialistas,
traslados, remisiones, hospitalizaciones, entre otros que permitan mejorar las
condiciones de mi salud y vida en condiciones dignas.
CUARTO. - Se aplique por parte de su honorable despacho, al resolver esta
acción constitucional el PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, conforme a su
armonización por la Corte Constitucional en la siguiente (Sentencia T-047 de
2011).
QUINTO. – Se ordenen por parte del Juez Constitucional a través del compulso
de copias a las autoridades que corresponda, las acciones necesarias de
avizorarse temeridad o mala fe (artículo 79 Código General del Proceso), así
como ABUSO DEL DERECHO, u otras IRREGULARIDADES en el proceder del
señor Capitán MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TUÑÓN, Jefe Unidad Prestadora
Salud de Sucre, conforme a la situación fáctica esbozada en esta acción de
tutela.
SEXTO. – Se acepte la presente acción de tutela contra el fallo de tutela que
profirió el Honorable JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE SINCELEJO, por las consideraciones ilustradas en esta acción
constitucional, habida cuenta darse los presupuestos que de manera excepcional
modularon las Sentencias de la Corte Constitucional: SU-627 de 2015 y T-072
de 2018 (…).»
1.3. Hechos
La solicitud del señor Oswaldo Enrique Bertel Pestana se sustenta en los
siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:
Relató que laboró por más de 22 años en la Policía Nacional, lo que le
permitió adquirir la asignación de retiro y mantener su afiliación al
Subsistema de Salud, SSPN.
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Indicó que el 1º de febrero de 2025, especialistas de la Clínica Oftalmológica
de Sucre le ordenaron la «CIRUGÍA VITRECTOMÍA POSTERIOR +
EXTRACCIÓN DE SOLICON + RETINOPEXIASIA + ENDOLASER OJO
DERECHO», la cual no se ha podido materializar por las barreras
administrativas, económicas o de trámite que ha impuesto la Dirección de
Sanidad Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre, y
transgreden, en especial, su derecho a la salud.
Explicó que presentó una acción de tutela, la cual fue repartida al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, instancia que, en
sentencia del 6 de mayo de 2025, (i) amparó sus derechos fundamentales a
la salud, la vida e integridad física y (ii) limitó el amparo al suministro de
viáticos y transportes para que pudiera cumplir una cita en la Fundación
Oftalmológica del Caribe, ubicada en Riohacha (Guajira).
Señalo que, pese a que el aludido pronunciamiento desarrolló el alcance del
derecho fundamental a la salud, la Dirección de Sanidad Policía Nacional,
Unidad Prestadora de Salud de Sucre no ha autorizado el procedimiento
quirúrgico que necesita, porque no hay un fallo de tutela que lo ordene.
Posición que ha mantenido pese a sus requerimientos del 22 de mayo y 20
de junio de 2025.
Finalmente, evidenció que promovió un incidente de desacato que no generó
sanción alguna para el jefe de la Unidad Prestadora de Salud de Sucre, por
cuanto no fue necesario el pago de viáticos y transportes en la medida en
que la cita de oftalmología se realizó en Sincelejo y no en Riohacha.
1.4. Sustento de la petición
El accionante insistió en que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo debió fallar conforme a los principios extra petita, ultra
petita, iura novit curia, desarrollados en la sentencia T-047 de 2011.
Mostró que la falta de diligencia de la Dirección de Sanidad Policía Nacional
ha generado que la Clínica Oftalmológica de Sucre reprograme su cirugía en
tres oportunidades (19 y 27 de junio, 7 de julio de 2025) y quede interrumpido
ese procedimiento hasta que obtenga un fallo de tutela que lo ordene.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 9 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y a la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre.
Además, vinculó a la Clínica Oftalmológica de Sucre en calidad de tercera
con interés en las resultas del presente asunto.
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Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. La Clínica Oftalmológica de Sucre aseveró que el «procedimiento
quirúrgico prescrito (vitrectomía posterior, extracción de silicón, retinopexia y
endoláser en ojo derecho) no ha sido ejecutado porque no se ha recibido a la
fecha la autorización formal ni el acto administrativo de pago por parte de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud
de Sucre».
Explicó que se realizaron programaciones tentativas para los días 19 y 27 de
junio, y 7 de julio de 2025, pero por la falta de autorización o de respaldo
financiero, fue necesario suspenderlas. Además, indicó que el usuario fue
informado con antelación de esa situación en cada caso, y se gestionaron
comunicaciones constantes tanto con él, como con la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional.
1.5.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo afirmó que en el trámite identificado con radicado 700013333009-
2025-00059-00 respetó todas las garantías, al punto que la sentencia del 6
de mayo de 2025 no fue objeto de impugnación.
Adujo que la acción de tutela de la referencia es improcedente frente a la
decisión del 6 de mayo de 2025, entre otras razones, porque no cumple el
presupuesto de la subsidiaridad.
1.5.3. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional enfatizó que la
Unidad Prestadora de Salud de Sucre ha realizado varias acciones en el año
2025, entre ellas, (i) el 24 de abril, autorizó consulta por primera vez con
especialista en oftalmología; (ii) el 12 de mayo, aprobó consulta con
oftalmología de retina en la Clínica Oftalmológica de Sucre; (iii) el 16 de
mayo, conoció que el médico tratante ordenó «cirugía vitrectomia posterior +
extracción de silicon + retinoplastia + endolaser en su ojo derecho»; y (iv) el
5 de junio, con ocasión del incidente de desacato que promovió el señor
Bertel Pestana, efectuó cotizaciones de ese procedimiento, encontrando que
la más favorable es la de la IPS aludida, por valor de $ 8.147.100.
Precisó que la cirugía se realizará una vez se tenga un fallo de tutela que la
ordene, ya que solo así podrá buscar un rubro presupuestal con
disponibilidad.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia del 23 de julio de 2025,
(i) declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra la sentencia de
tutela del 6 de mayo de 2025, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y (ii) amparó, en los
numerales 2º y 3º, el derecho fundamental a la salud del señor Oswaldo
Enrique Bertel Pestana, vulnerado por la Dirección de Sanidad de la Policía
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Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre y ordenó a esa autoridad
que autorice el procedimiento en un término perentorio de 3 días contados a
partir de la notificación de la providencia.
Evidenció que, en términos de la sentencia C-590 de 2005, el requisito
general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales impide que
la misma se interponga contra un fallo de tutela.
Comentó que, además, del trámite de la acción de tutela con radicado
70001-33-33-009-2025-00059-00, se establece que el accionante no
impugnó la sentencia del 6 de mayo de 2025, lo que impide ahora
controvertir esa decisión.
Puntualizó que el procedimiento quirúrgico ordenado ha sido reprogramado y
dilatado, a causa de las barreras injustificadas que ha impuesto la Dirección
Sanidad de la Policía Nacional, Unidad Prestadora Salud de Sucre.
Concluyó que condicionar la cirugía a que existan órdenes judiciales que
conminen a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a cumplir con sus
funciones es una barrera que vulnera el derecho a la salud del actor, en tanto
el procedimiento fue prescrito por su médico especialista tratante y es
requerido con urgencia. Por ello, ordenó la autorización del procedimiento en
un término perentorio.
1.7. Impugnación
Con escrito recibido el 14 de julio de 2025, el señor Oswaldo Enrique Bertel
Pestana afirmó que la Dirección de Sanidad Policía Nacional, Unidad
Prestadora de Salud de Sucre aún no ha autorizado el procedimiento
quirúrgico, lo que lo mantiene en un estado de incertidumbre y desprotección
de su derecho a la salud.
Precisó que impugnaba el fallo porque el jefe de la Unidad Prestadora de
Salud de Sucre prefiere acogerse a las sanciones pecuniarias derivadas de
un incidente de desacato, que autorizar los servicios médicos requeridos por
los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional –SSPN–, con
fundamento en una posición sesgada.
Consideró que supeditar un procedimiento quirúrgico a la existencia de un
fallo de tutela, comporta una transgresión flagrante del derecho a la salud, un
abuso y desviación de poder de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, un desconocimiento de sus deberes y de los principios que
orientan la función administrativa (artículo 209 de la C.P.) y un desgaste para
la administración de justicia.
Indicó que la falta de diligencia descrita amerita un correctivo disciplinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de
2019, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Dirección de Sanidad Policía
Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre vulneró el derecho a la salud
invocado por el señor Oswaldo Enrique Bertel Pestana, con ocasión de la
presunta negación de un servicio quirúrgico que requiere para la atención de
su patología.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho fundamental a la salud; (iii)
barreras en la atención en salud; (iv) principios de integralidad y continuidad
en el servicio de salud; (v) Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional y (vi) análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para
garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.4. Derecho fundamental a la salud
En la sentencia T-760 de 20082, la Corte Constitucional indicó que todos los
derechos fundamentales conllevan necesariamente una prestación. En
cuanto al derecho a la salud, precisó que dicha garantía ius fundamental
exige una prestación integral de los servicios y tecnologías requeridos para
garantizar una vida digna y la integridad física, psíquica y emocional de los
1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
2, M.P. Manuel José Cepeda.
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ciudadanos, por lo que «la sola negación o prestación incompleta de los
servicios de salud es una violación del derecho fundamental, por tanto, se
trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de
tutela»3.
En sentencia T-003 de 20194, la Corte Constitucional señaló que la salud no
sólo involucra el tener un estado de bienestar físico o funcional, sino que
también implica estabilidad psíquica, emocional y social, pues lo anterior es
necesario para proporcionarle a una persona el desarrollo de su vida en
condiciones dignas y de calidad.
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 consagró el derecho a la salud como un
derecho fundamental, autónomo e irrenunciable tanto en lo individual y como
en lo colectivo, el cual debe ser garantizado a todos los seres humanos.
También incorporó a la legislación interna los criterios de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad (artículo 6 literales a, b, c y d),
consagrados en la Observación General Nº 14 de 11 de agosto de 2000,
como elementos esenciales de este derecho.
Así mismo, (i) identificó una serie de principios que comporta el derecho
fundamental a la salud, los cuales habían sido reconocidos por la
jurisprudencia constitucional, a saber: universalidad, pro homine, equidad,
continuidad, oportunidad, prevalencia, progresividad, libre elección,
sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, y protección a los pueblos indígenas y
comunidades ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y (ii)
consagró el principio de integralidad.
En sentencia C-313 de 2014, la Corte Constitucional efectuó el control de
constitucionalidad previo de la aludida Ley Estatutaria y aclaró que «la
incorporación del principio de integralidad (…) está en consonancia con lo
establecido en la Constitución y no riñe con lo sentado por este Tribunal en los
varios pronunciamientos en que se ha estimado su vigor. Sin embargo, se advierte
que en este precepto se presenta, al igual que en otros ya revisados, la restricción
de entender que el acceso se contrae a los “servicios y tecnologías”, con lo cual y,
acorde con la lectura amplia hecha para la misma situación en otros mandatos del
proyecto, el acceso se extiende a las facilidades, establecimientos, bienes,
servicios, tecnologías y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel
de salud» (negrillas de la Sala).
Lo anterior, se traduce en «la obligación del Estado y de las entidades
encargadas de la prestación del servicio de salud de garantizar la autorización
completa y oportuna de los tratamientos, medicamentos, intervenciones,
procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios que el
paciente requiera para el cuidado de su patología y para sobrellevar su
enfermedad» (negrillas de la Sala)5.
2.5. Barreras en la atención en salud
3 Ibíd.
4 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
5 Corte Constitucional, sentencia T-402 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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En la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional consideró que la
garantía efectiva de la prestación de los servicios de salud por las
instituciones prestadoras de servicios (IPS), parte de la «disponibilidad real
de los recursos económicos que permitan a las entidades asumir los costos
de los insumos necesarios para prestar los servicios y para mejorar su oferta
en términos de tecnología y recursos humanos». De tal forma, esa
Corporación reconoció que los problemas en la atención pueden provenir en
algunos casos de trabas económicas surtidas entre EPS e IPS, razón por la
cual determinó que para asegurar «que toda persona goce efectivamente del
más alto nivel posible de salud» se debe contar con un adecuado flujo de
recursos6.
Ese Tribunal Constitucional ha resaltado que uno de los problemas más
recurrentes en la prestación del servicio de salud es la imposición de
barreras administrativas y burocráticas que impiden el acceso efectivo a los
usuarios e, incluso, extienden su sufrimiento. Explicó que cuando se afecta la
atención de un paciente con fundamento en situaciones extrañas a su propia
decisión y correspondientes al normal ejercicio de las labores del
asegurador, se conculca el derecho fundamental a la salud, en tanto se está
obstaculizando por cuenta de cargas administrativas que no deben ser
asumidas por el usuario.
La jurisprudencia ha puntualizado que en esos casos se infringen los
principios que guían la prestación del servicio a la salud teniendo en cuenta
que «(i) no se puede gozar de la prestación del servicio en el momento que
corresponde para la recuperación satisfactoria de su estado de salud
(oportunidad), (ii) los trámites administrativos no están siendo razonables
(eficiencia), (iii) no está recibiendo el tratamiento necesario para contribuir
notoriamente a la mejora de sus condiciones de vida (calidad) y (iv) no está
recibiendo un tratamiento integral que garantice la continuidad de sus
tratamientos y recuperación (integralidad)»7.
6 En sentencia T-760 de 2008, se indicó: “La Corte Constitucional reconoce que el flujo de
recursos de las EPS a las IPS ha presentado problemas relacionados con la mora en el
pago de los servicios prestados por estas últimas. Así también lo reconoció el legislador que
en la reforma a la Ley 100 de 1993 efectuada mediante la Ley 1122 de 2007, adoptó
medidas para garantizar el flujo oportuno de recursos a la IPS, así: Se definieron intereses
obligatorios para la mora en el pago de los servicios que prestan las IPS a los entes
territoriales, las EPS y las ARS (artículo 13, parágrafo 5). Se definieron sistemas de pago por
los servicios prestados a las IPS dependiendo de la modalidad de contratación: mes
anticipado en un 100% si los contratos son por capitación, si se usa otra modalidad, como
pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se ordenó efectuar como mínimo un
pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su
presentación (artículo 13, literal d). Se limitó la contratación de las EPS con su propia red al
30% (artículo 15). Se facultó al Ministerio de Protección Social para que definiera un sistema
obligatorio de garantía de la calidad relacionado con el sistema tarifario (artículo 25 (a)). Se
facultó a la Superintendencia Nacional de Salud para velar porque la prestación de los
servicios de salud se realice sin ningún tipo de presiones o condicionamientos frente a las
IPS y para vigilar que estas adopten y apliquen un Código de conducta y de buen gobierno
que oriente la prestación de los servicios a su cargo (artículo 39 (e) y (h))”.
7 Cfr. Sentencia T-745 de 2013.
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Además, se ha establecido que con ocasión de tales trabas suelen generarse
algunas consecuencias nocivas para el paciente, como:
a) Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia emocional que les
produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser
atendidas y recibir tratamiento;
b) Complicaciones médicas del estado de Salud, esto se debe a que la
persona ha tenido que esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva,
lo cual se refleja en el estado de salud debido a que la condición médica
empeora;
c) Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el momento
en que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que
recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto
generándole una consecuencia permanente o de largo plazo;
d) Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal entre
el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que
la persona se vuelve discapacitada;
e) Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando la
falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las posibilidades
de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser atendido y
por alguna circunstancia el servicio es negado8.9
Así las cosas, la Corte Constitucional reiteró que la negligencia de las
entidades encargadas de la prestación de un servicio de salud a causa de
trámites administrativos, incluso los derivados de las controversias
económicas entre aseguradores y prestadores, no puede ser trasladada a los
usuarios por cuanto ello conculca gravemente sus derechos10, al tiempo que
puede agravar su condición física, psicológica e, incluso, poner en riesgo su
propia vida. De ahí que la atención médica debe surtirse de manera
oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de
integralidad y continuidad, sin que sea constitucionalmente válido que los
trámites internos entre EPS e IPS sean imputables para suspender el
servicio.
2.6. Principios de integralidad y continuidad en el servicio de salud.
El principio de integralidad tiene origen legal en la Ley 100 de 1993, donde
se reconoció por primera vez que el servicio público esencial de seguridad
social debe prestarse con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Este precepto
fue replicado con posterioridad en la Ley 1122 de 2007 y finalmente, fue
desarrollado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
Al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este principio debe
ser entendido como la obligación que tienen las EPS de otorgar los servicios,
8 Abadía Cesar Ernesto y Oviedo Diana G. “ITINERARIOS BUROCRÁTICOS EN
COLOMBIA. UNA HERRAMIENTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA PARA EVALUAR LOS
SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCIÓN GERENCIADA”
9 Cfr. Sentencia T-188 de 2013.
10 Cfr. Sentencia T-705 de 1999.
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procedimientos, tratamientos, medicamentos y seguimiento necesarios para
mejorar el estado de salud de los usuarios del sistema, respetando los límites
que regulan las prestaciones de salud.
Por su parte, el principio de continuidad fue consagrado inicialmente en la
Ley 1122 de 2007 y desarrollado en el artículo 6º (literal d) de la Ley
Estatutaria 1751 de 2015. La Corte Constitucional aplica este principio bajo el
entendido que conlleva la ejecución de los procedimientos de forma
ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea aceptable su
suspensión sin una justificación constitucional pertinente11.
Sobre el particular, en la Sentencia T-760 de 2008 expuso:
Se garantiza pues, que el servicio de salud no sea interrumpido, súbitamente,
antes de la recuperación o estabilización del paciente.12 Para la jurisprudencia
“(…) puede hacerse la distinción entre la relación jurídica- material, esto es la
prestación del servicio que se materializa en una obligación de medio o de
resultado según el caso, y la relación jurídica-formal, que se establece entre la
institución y los usuarios.”13 Una institución encargada de prestar el servicio de
salud, puede terminar la relación jurídico–formal con el paciente de acuerdo
con las normas correspondientes, pero ello no implica que pueda dar por
terminada inmediatamente la relación jurídica–material, en especial si a la
persona se le está garantizando el acceso a un servicio de salud.
En cuanto a este principio la Corte Constitucional, en sentencia C-800 de
2003, estableció cuáles son los eventos constitucionalmente aceptables en
relación con la determinación de interrumpir inesperadamente el servicio por
parte de las EPS o de los sistemas de salud especiales, así:
Por otra parte, también se ha ido precisando en cada caso, si los motivos en
los que la EPS ha fundado su decisión de interrumpir el servicio son
constitucionalmente aceptables. Así, la jurisprudencia, al fallar casos concretos,
ha decidido que una EPS no puede suspender un tratamiento o un
medicamento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un
paciente, invocando, entre otras, las siguientes razones:
(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos;
(ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a
que fue desvinculado de su lugar de trabajo;
(iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario;
(iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los requisitos para
haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;
(v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha
hecho aún aportes a la nueva entidad; o
(vi) porque se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al
paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene
prestando.
11 Véanse sentencias T-296 de 2016, T-331 de 2015, T-940 de 2014, T-904 de 2014, T-691
de 2014, T-875 de 2013, T-804 de 2013, T-133 de 2013, T-1083 de 2007, T-662 de 2007, T-
842 de 2005, T-802 de 2005, entre otras.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-059 de 2007, en este caso se tuteló el derecho de un
joven de 23 años a que no se interrumpiera el tratamiento que recibía por un problema de
adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante, a pesar de que se le atendía en
condición de beneficiario de su padre, por ser estudiante.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-597 de 1993.
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El principio de continuidad busca evitar que se deje de prestar un servicio
básico para todas las personas, pero no pretende resolver la discusión
económica de quién debe asumir el costo del tratamiento, y hasta cuándo.
Inclusive, la Corte ha señalado algunos eventos en que constitucionalmente es
aceptable que se suspenda la prestación del servicio de salud. Por ejemplo,
cuando el tratamiento fue eficaz y cesó el peligro para la vida y la integridad, en
conexidad con la salud, el principio de continuidad del servicio público no exige
que siga un tratamiento inocuo ni tampoco ordena que pasados varios meses
de haberse terminado un tratamiento por una enfermedad se inicie uno nuevo y
distinto por otra enfermedad diferente. Sin embargo, estas circunstancias han
de ser apreciadas caso por caso mientras no exista una regulación específica
de la materia.
Así las cosas, la jurisprudencia ha reconocido eventos constitucionalmente
admisibles para la suspensión del servicio, pero al mismo tiempo ha
conferido especial trascendencia al principio de continuidad en salud y a la
obligación que tienen las entidades encargadas de materializarlo.
2.7. Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó del Sistema Integral de
Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional. Por su parte, la Ley 352 de 1997 restructuró el Sistema de Salud y
dictó disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, con las modificaciones del Decreto 1795 de 2000.
De acuerdo con este marco legal, el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional –SSMP–, se encuentra compuesto por el
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares –SSFM– y el Subsistema de
Salud de la Policía Nacional –SSPN–, los cuales están administrados por la
Dirección de Sanidad de cada institución.
Ahora, dentro del grupo poblacional beneficiario de este sistema de salud, se
encuentran «los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en servicio activo o que gocen de asignación de retiro o pensión».
2.8. Caso concreto
En el asunto sub lite, el señor Oswaldo Enrique Bertel Pestana presentó la
acción de tutela de la referencia con la finalidad de cuestionar la sentencia de
tutela del 6 de mayo de 2025, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y, a la vez, para que se
ordene la práctica de una “CIRUGÍA VITRECTOMÍA POSTERIOR +
EXTRACCIÓN DE SOLICON + RETINOPEXIASIA + ENDOLASER OJO
DERECHO” necesaria para el tratamiento de la patología que padece.
En primera instancia se (i) declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta contra la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2025 por
subsidiaridad; (ii) amparó el derecho fundamental a la salud del señor
Oswaldo Enrique Bertel Pestana, y (iii) ordenó a la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre que autorice el
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aludido procedimiento en un término perentorio, porque ha sido dilatado a
causa de trámites y exigencias arbitrarios.
En efecto, la Dirección de Sanidad Policía Nacional, Unidad Prestadora de
Salud de Sucre señaló, en primera instancia, que dicho procedimiento
quirúrgico se efectuará una vez se tenga un fallo de tutela que lo ordene,
pues solo así podrá buscar un rubro presupuestal con disponibilidad.
Mediante el fallo del 23 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre
(i) declaró improcedente la acción respecto de la sentencia de tutela del 6 de
mayo de 2025, y (ii) amparó el derecho fundamental a la salud del señor
Oswaldo Enrique Bertel Pestana, vulnerado por la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre, para lo cual ordenó
la autorización para la práctica de la cirugía antes mencionada.
No obstante, el accionante impugnó esta decisión y afirmó que supeditar el
procedimiento quirúrgico que requiere a la existencia de una orden judicial,
comporta una transgresión flagrante del derecho a la salud, un abuso y
desviación de poder de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, un
desconocimiento de sus deberes y de los principios que orientan la función
administrativa (artículo 209 de la C.P.) y un desgaste para la administración
de justicia.
De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente se advierte que la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de
Sucre (i) autorizó dos citas de oftalmología, en las que el médico tratante le
ordenó al accionante la cirugía atrás reseñada, y (ii) efectuó unas
cotizaciones del procedimiento, y encontró que la más favorable es la Clínica
Oftalmológica de Sucre por valor de $8.147.100.
Sin embargo, la autoridad accionada no ha impartido autorización, ni orden
de pago, lo que ha implicado tres reprogramaciones en la Clínica
Oftalmológica de Sucre (el 19 y 27 de junio, y 7 de julio de 2025) y la
interrupción injustificada del procedimiento quirúrgico, lo que desconoce los
principios de oportunidad, integralidad y continuidad en el derecho
fundamental a la salud, que garantizan que las personas reciban atención
médica completa, sin demoras, y sin interrupciones por trámites
administrativos o económicos.
Respecto de lo último, es preciso evidenciar que está constitucionalmente
prohibido que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suspenda
súbitamente la atención a sus usuarios, salvo cuando se configuren alguna
excepción en los términos previstos en la sentencia C-800 de 2003, lo cual
no ocurre en este caso por cuanto el señor Bernal Pestana es beneficiario
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional –SSPN y obtuvo la orden de
cirugía dentro de las consultas que le fueron autorizadas. De ahí que lo
pertinente es que, como lo dispuso el a quo, se ordene la autorización
perentoria del procedimiento hasta tanto el paciente supere su enfermedad.
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Ahora bien, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Unidad
Prestadora de Salud tampoco puede obstaculizar la prestación efectiva y
eficiente del servicio de salud, con fundamento en trámites administrativos o
presupuestales, o en conflictos económicos que pueda tener con las IPSs,
porque ello supone cargas desproporcionadas a los usuarios, que no pueden
ser solventadas por ellos.
En ese contexto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-124 de 2018,
sostuvo que imponer barreras administrativas desconoce los principios que
guían la prestación del servicio de salud. Así pues, las EPS o los sistemas de
salud especiales no pueden suspender o negar servicios requeridos por
dificultades administrativas, económicas o de trámite. En el mismo sentido,
en la sentencia T-338 de 2021, ese alto tribunal señaló que dichas entidades
deben proveer a sus afiliados los procedimientos, medicamentos o insumos
que los médicos tratantes adscritos a ellas prescriban.
En este caso, la falta de diligencia advertida se acompaña de otra barrera,
esto es, la exigencia por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, Unidad Prestadora de Salud de Sucre de un fallo de tutela para
otorgar el procedimiento requerido. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha sostenido que esto constituye un obstáculo
desproporcionado, arbitrario, injusto y contrario a la colaboración armónica
entre los poderes públicos, puesto que genera un desgaste gravoso para la
administración de justicia.
En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la orden del a quo tendiente a
que se autorice la cirugía, conforme lo ordena el médico tratante, en un
término perentorio. Además, en razón a las barreras administrativas
identificadas para el goce efectivo del derecho a la salud, se advertirá a la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud de
Sucre que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de incurrir en dichas prácticas,
en particular la de exigirle a sus afiliados que recurran al trámite de la acción
de tutela como requisito para otorgar la prestación de los servicios de salud
que requieran.
Así mismo, se confirmará la improcedencia de la acción de tutela respecto de
las pretensiones invocadas contra el fallo de tutela de 6 de mayo de 2025
dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, toda vez que, tal como lo señaló el a quo, este mecanismo de
amparo no procede contra providencias judiciales de la misma naturaleza.
Finalmente, resulta pertinente señalarle al señor Oswaldo Enrique Bertel
Pestana que, sí posterior a esta decisión, aún no se autoriza el
procedimiento que requiere, puede acudir al incidente de desacato.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: Confírmanse los numerales 2º y 3º de la sentencia del 23 de julio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante los
cuales se concedió el amparo al derecho fundamental a la salud del señor
Oswaldo Enrique Bertel Pestana.
SEGUNDA: Ínstase a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Unidad
Prestadora de Salud de Sucre para que, en lo sucesivo, se abstenga de
imponer barreras administrativas, económicas o de trámite que dilaten o
impidan el acceso a los servicios médicos de los afiliados.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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