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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00115-01

Fecha
22 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00115-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida digna, invocados por el señor Álvaro de Jesús Villalba Pájaro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Sucre y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2025-00115-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 70001-23-33-000-2025-00115-011
Demandante : Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado : Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia y
vida digna
Tema : Mora judicial
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el señor Álvaro de Jesús
Villalba Pájaro contra el fallo del 5 de septiembre de 2025, emitido por el Tribunal
Administrativo de Sucre2, que negó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida digna del accionante.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

El accionante interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y vida digna, presuntamente vulnerados por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo.

Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
M. P. Silvia Rosa Escudero Barboza.

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

«[…]
2. Que se ordene al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo que dentro del
término perentorio que fije su despacho, dicte sentencia en el proceso de reparación
directa radicado No. 70001333300620190039200

3. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que mi estado de salud y
condición de adulto mayor sean considerados para la resolución prioritaria del
proceso.».

1.3 Hechos3

El accionante expuso que, en el año 2019, en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de
Educación Departamental de Sucre, Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), por el cobro
indebido de las cesantías parciales a su favor. Asunto que correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo, bajo el radicado núm. 70001-33-33-
006-2019-00392-00.

Han transcurrido cinco (5) años desde la presentación de la demanda sin que se
haya proferido decisión de fondo, situación que, a su juicio configura una mora
judicial injustificada y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y vida digna, agravado ello por su condición
de adulto mayor y su estado de salud.

1.4 Contestación de la acción

1.4.1 El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo4 manifestó que,
la mora no es atribuible a un actuar negligente del Despacho; está se ha presentado
a la alta carga de trabajo, debido a que, durante el año 2020 no se realizaron
audiencias con ocasión de la pandemia; la programación se retomó gradualmente
en el 2021 y la audiencia inicial dentro del medio de control de reparación directa
en cuestión se celebró en el 2024.

El expediente ingresó al Despacho para fallo el 7 de mayo de 2025, pero teniendo
en cuenta, las solicitudes presentadas por el accionante, se asignó a la
sustanciadora para la elaboración del proyecto de sentencia, aun cuando por
delante de este se encuentran más procesos pendientes de resolver.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo «7ED_EscritoTutela(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2».
4
Índice 2 de SAMAI, archivo «1ED_70001233300020250011(.zip) NroActua 2(.zip)», documento «007ContestacionJ6Adm».
2

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

Por último, anexó el informe rendido por la sustanciadora del Despacho, en el cual,
indicó que, se encuentra en la proyección de la sentencia que resuelva de fondo el
asunto.

1.5 Providencia impugnada5

Mediante fallo del 5 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre,
negó el amparo solicitado por el accionante, al concluir que no se configuró una
mora judicial injustificada, toda vez que, el proceso ingresó para fallo el 7 de mayo
de 2025 y, entre esa fecha y la presentación de la acción de tutela (1 de septiembre
siguiente) trascurrieron aproximadamente tres meses, lapso que no se considera
injustificado si se tiene en cuenta la carga laboral del juzgado.

De otro lado, considero que, la tutela no podía emplearse para alterar el orden de
turnos fijado por el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, por cuanto ello afectaría la
igualdad de otros procesos que se encuentran pendientes de decisión y que
ingresaron con anterioridad al del demandante; por ello exhortó al juzgado para que
informará al actor el turno específico de su asunto. Igualmente, consideró que no
se acreditó, con suficiencia probatoria, la condición de sujeto de especial protección
que habilitara una prelación excepcional por edad o salud.

1.6 La impugnación6

Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la impugnó, para cuyo propósito
expuso que, en su caso se había configurado una mora judicial injustificada.
Además, adujo su condición personal (tiene 72 años y quebrantos de salud).

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta

5
Índice 2 de SAMAI, archivo «10ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
6
Índice 2 de SAMAI, archivo «8ED_ImpugnacionSentencia(.pdf) NroActua 2».
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
3

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Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo
ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, al incurrir
en mora judicial injustificada al no haber proferido sentencia que resuelva de fondo
el medio de control de reparación directa identificado con radicado núm. 70001-33-
33-006-2019-00392-00.

2.4 La acción de tutela frente a la mora judicial

El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la
facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de
resolver las controversias que vulneran o amenazan sus derechos.

Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una
buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales

4

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra
la solución de los procesos»11.

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza
injustificada por parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el
cual será susceptible de protección a través de la solicitud de amparo.

Resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite
de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de
autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no obedece
a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de
mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.

2.5 Caso concreto

En el caso bajo estudio, el señor Álvaro de Jesús Villalba Pájaro acudió al presente
recurso de amparo solicitando la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida digna, los cuales
consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo,
argumentando que han transcurrido aproximadamente cinco (5) años desde la
presentación de la demanda correspondiente al medio de control de reparación
directa, radicado núm. 70001-33-33-006-2019-00392-00, sin que la autoridad
judicial accionada haya proferido sentencia que resuelva de fondo el asunto,
circunstancia que, a su juicio, configura una mora judicial injustificada.

Por su parte, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo sostiene que
la mora no es atribuible a un actuar negligente del Despacho; está se ha presentado
a la alta carga de trabajo que actualmente tiene, debido a que, durante el año 2020

11
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
12
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
5

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

no se realizaron audiencias con ocasión de la pandemia; la programación se retomó
gradualmente en el 2021 y la audiencia inicial dentro del medio de control de
reparación directa en cuestión se celebró en el 2024.

El expediente ingresó al Despacho para fallo el 7 de mayo de 2025, y, teniendo en
cuenta las solicitudes de impulso procesal presentadas por el accionante, la titular
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo «[…] asign[ó] el proceso para
la elaboración del proyecto de fallo a la sustanciadora que ocupa el cargo creado transitoriamente
por congestión, para que conforme a su organización iniciara con la elaboración del proyecto en el
mes de septiembre del presente año».

Sobre el particular, se advierte que el aparato jurisdiccional colombiano padece de
problemas estructurales, como consecuencia, en gran medida, de un excesivo
volumen de trabajo que imposibilita que los procesos de su conocimiento se
adelanten en estricto acatamiento de los plazos previstos en las normas legales13,
como ocurre en el presente caso, pues el Despacho en el que se tramita el medio
de control de reparación directa bajo el radicado núm. 70001-33-33-006-2019-
00392-00, conoce de varios asuntos de similar naturaleza, a los cuales debe
dárseles impulso según su turno de ingreso.

No obstante, resulta indispensable para la Sala apoyarse en la metodología
expuesta por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP9335-202514,
entendiendo que, dicha Corporación no se apartó del precedente que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han planteado sobre la mora judicial, sino
que, identificó un sistema15 para determinar de manera objetiva si existe
justificación en la demora de los despachos judiciales para tramitar los asuntos que
le son asignados.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico – UDAE, en el presente año16, el Despacho judicial accionado en el cual
cursa el proceso de reparación directa ha tenido una actividad que se puede
evidenciar como adecuada para la responsabilidad social y la función asignada,

13
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P.: José Joaquín Urbano Martínez. Sentencia STP9335-2025 del
3 de junio del 2025.
15
Como todo sistema, debe ser estudiado y comprobado por los pares, pero es una metodología que puede ayudar a
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, no obstante, debe considerarse en su aplicación situaciones
excepcionales que puedan darse en los despachos judiciales, como afecciones a la salud física o mental de los empleados
y funcionarios, situaciones de seguridad, acceso a los medios tecnológicos de trabajo o incluso el respeto por los derechos
laborales o sindicales de los mismos, todo lo que deberá ser analizado por los jueces al momento de definir si existe
justificación o no en la tardanza alegada.
16
https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/a%C3%B1o-2025.
6

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

habiendo tramitado en los dos trimestres de este año el 101,80 % de los
expedientes asignados, tal y como se observa a continuación:

AÑO Meses Ingresos Egresos Total inventario Porcentaje de expedientes
reportados efectivos efectivos final evacuados
2025 6 111 113 486 101,80 %

Por ello, puede entenderse que el accionado no presenta muestras de mora en su
actuar, a pesar de que la demanda fue presentada en el año 2019, el proceso surtió
cada una de sus etapas procesales correspondientes, las cuales, en un momento
se vieron interrumpidas con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el
COVID-19, circunstancia pública y notoria que impactó de manera general el
funcionamiento de la Rama Judicial. Luego de superarse cada uno de los trámites
previos a la decisión final, el expediente ingresó al Despacho para fallo el 7 de
mayo de 2025 y, según el informe rendido por la sustanciadora de la autoridad
judicial accionada, actualmente se encuentra en la elaboración de la sentencia. Por
lo tanto, su actuar no ha sido omisivo en el cumplimiento de sus funciones, por lo
que, no podría indicarse que existe violación injustificada de los derechos
fundamentales del accionante.

La Sala confía en que, la adopción de esta metodología funja como un aporte a la
superación de la mora judicial, al ser un mensaje claro a los jueces y magistrados
de lo contencioso-administrativo en el país, frente a las expectativas de la
ciudadanía y nuestro papel como administradores de justicia.

Por último, en relación con lo alegado por el actor sobre su avanzada edad y estado
de salud, debe decirse que comporta un asunto que deberá poner en conocimiento
del juez de la causa, para que, en ejercicio de sus facultades y competencias,
adopte las medidas que considere adecuadas y conforme a derecho.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas la Sala considera que, en el presente asunto la parte
actora no acreditó que la autoridad judicial accionada haya incurrido en mora
judicial injustificada, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que negó el
amparo deprecado.

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Radicado: 70001-23-33-000-2025-00115-01
Demandante: Álvaro de Jesús Villalba Pájaro
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida
digna, invocados por el señor Álvaro de Jesús Villalba Pájaro, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Sucre
y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

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