Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00149-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00149-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2025-00149-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 70001-23-33-000-2025-00149-01
Accionante: SALIN SIMAHAN VALEST
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / SUBSIDIARIEDAD – No se
cumple en este caso porque el medio de control de nulidad y restablecimiento es idóneo y eficaz
para garantizar la protección de los derechos fundamentales, y no se acreditó la configuración
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 31 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de
conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del
Decreto 2591 de 1991 1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 17 de octubre de 20252, el señor Salin Simahan Valest ejerció acción de tutela
contra la Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social, a la «estabilidad
laboral reforzada como persona prepensionada» y al debido proceso administrativo.
Hechos relevantes
2. El señor Salin Simahan Valest ingresó a la Procuraduría General de la Nación el 3 de
septiembre de 2013, en calidad de provisional, para desempeñarse como procurador 29
judicial I de tierras de Sincelejo.
3. Mediante Decreto 1427 del 22 de agosto de 2025, el procurador general de la Nación
lo retiró del servicio a partir del 13 de octubre de 2025 «por cumplimiento de la edad de
retiro forzoso». Posteriormente, se expidió el Decreto 1821 de 2025, «por medio del cual
se dispone no prorrogar unos nombramientos en provisionalidad por vencimiento del
término», cuyo artículo primero incluyó el cargo desempeñado por el accionante como
procurador judicial I, código 3PJ, grado EG, con ubicación laboral en la Procuraduría 29
Judicial I para la Restitución de Tierras de Sincelejo. En ese mismo acto, se fijó como
«fecha fin de la provisionalidad el 2025-10-01».
4. El accionante informó que el 12 de octubre de 2025 cumplió 70 años de edad.
1 Que ingresó para fallo el 26 de noviembre de 2025.
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Obra en documento con certificado
A606839FECDEFED1 8B9A5E61278D5FEC EC24C14C9422EA57 DDCA9B96DDF79B18, índice 2 del
expediente digital de Samai.
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00149-01
Accionante: Salin Simahan Valest
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
5. Manifestó que, si bien reúne la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, no
ha completado las 1.300 semanas de cotización requeridas, pues únicamente registra
1.236 en su historia laboral. Es decir, que le faltan «62», lo que equivale
aproximadamente a un año y medio de cotizaciones.
6. Indicó que la decisión de no prorrogar su nombramiento implica que jamás logrará
completar el tiempo de cotización exigido para pensionarse. A esto se suma que quedó
sin ingresos ni seguridad social, dado que dependía exclusivamente de su salario
mensual, el cual constituía su único sustento y garantizaba el bienestar propio y de las
personas a su cargo.
7. Expuso que padece de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y osteopenia, razón
por la cual se encuentra en tratamiento permanente y debe ingerir medicamentos diarios
como Varteral, Carvedilol y Rosuvastatina. Además, sin salario ni afiliación al sistema de
salud se pone en riesgo su vida, pues no podrá continuar con los controles médicos ni
adquirir los medicamentos mencionados.
8. Adujo que de él dependen tres personas: María Félix Germán Agámez (66 años),
quien presenta afecciones propias de su edad; Luz Mary Simahan Valest (hermana de
63 años), y Sandry Luz Chávez (compañera permanente y estudiante de derecho).
9. Seguidamente, indicó que la autoridad demandada no tuvo en cuenta su situación
particular, ni sus condiciones médicas, ni su realidad económica. Que, de hecho, el
decreto que no prorrogó su nombramiento se limitó a invocar razones generales, sin
analizar el impacto humano y vital que la medida genera en él y en las personas que
dependen de su trabajo.
10. Por último, advirtió que no existe claridad sobre el momento exacto de su retiro, pues
se expidieron dos decretos con fechas distintas.
Pretensiones
11. El señor Salin Simahan Valest solicitó lo siguiente (transcripción con posibles errores
incluidos):
1. Amparar mis derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, salud, trabajo,
estabilidad laboral reforzada como prepensionado, seguridad social y debido
proceso administrativo.
2. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación dejar sin efecto o suspender los
efectos del Decreto 1821 del 1° de octubre de 2025, y en consecuencia:
• Reintegrarme al cargo que venía desempeñando como Procurador 29 Judicial I
de Restitución de Tierras de Sincelejo, hasta tanto complete las 62 semanas
restantes de cotización requeridas para alcanzar las 1.300 semanas necesarias
para acceder a la pensión de vejez, garantizando durante dicho tiempo el pago
de salarios, prestaciones sociales y los aportes a salud y pensión
correspondientes.
• Pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del
retiro.
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• Realizar los aportes a pensión y salud correspondientes al tiempo en que estuve
indebidamente desvinculado.
3. Adoptar una medida provisional inmediata, consistente en suspender los efectos
del Decreto 1821 de 2025 y ordenar mi reintegro temporal mientras se decide de
fondo la presente acción, teniendo en cuenta mi edad avanzada, problemas de
salud y la ausencia total de ingresos, que ponen en riesgo mi vida y mi dignidad
humana.
Trámite procesal
12. Mediante auto del 20 de octubre de 2025 3, el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar la decisión a la Procuraduría
General de la Nación. En esa misma providencia, denegó la medida provisional pedida
en la demanda y requirió a Colpensiones para que adjuntara el reporte actualizado de
las semanas cotizadas del accionante.
13. La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada, solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, porque no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. En su criterio, el señor Simahan Valest puede interponer demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa
contra el acto que dispuso no prorrogar su nombramiento provisional (Decreto 1821 de
2025). Que, en todo caso, la decisión se adoptó en ejercicio de la competencia
discrecional prevista en el artículo 188 del Decreto Ley 262 de 2000, que faculta a la
entidad para desvincular a los servidores nombrados en provisionalidad antes del
vencimiento del término estipulado.
14. En cuanto a la situación particular del actor, expuso lo siguiente:
15. En la última declaración de bienes y rentas que presentó, el señor Simahan Valest
registró recursos en sus cuentas bancarias, sumado a que tiene más de $ 15’000.000
en el Fondo Nacional del Ahorro, por concepto de cesantías. Para la entidad demandada,
dichos recursos le permitirían atender sus necesidades básicas mientras gestiona la
indemnización sustitutiva a que se refieren el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y su
decreto reglamentario.
16. El accionante no realizó la «encuesta de morbilidad sentida» del programa de
vigilancia epidemiológica de salud ergonómica; además, le practicaron dos exámenes
ocupacionales (en 2019 y 2023) cuyos resultados «no evidencian la presencia de
patologías ni hacen referencia a enfermedades diagnosticadas».
17. El 30 de diciembre de 2016, entró en vigor la Ley 1821 de 2016, que modificó la edad
máxima para el retiro forzoso de los servidores públicos, pasando de 65 a 70 años. A
partir de esa edad, el servidor público se encuentra inhabilitado para continuar vinculado
a una entidad estatal. Aún más, el hecho de que el accionante haya cumplido 70 años
3 Obra en documento con certificado 300E89DBD63EE57A 9A5F75B6CC397C92 C2F2391731C45CA9
62B1D8B3DB4177CE, índice 2 del expediente digital de Samai.
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no constituye, por sí solo, un indicio de vulnerabilidad que justifique su permanencia en
el cargo o que impida la terminación de su nombramiento provisional.
18. De otra parte, aunque el señor Simahan Valest no completó las semanas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, puede solicitar la indemnización sustitutiva
establecida en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
19. Precisó que la edad no configura una presunción de extrema vulnerabilidad ni puede
ser utilizada como criterio excluyente para evaluar la procedencia de su desvinculación.
De acuerdo con los registros aportados, el demandante cuenta con amplia experiencia
profesional como abogado y no se evidencia ninguna circunstancia que le impida ejercer
su profesión de manera independiente, lo que refuerza su capacidad de generar ingresos
y de acceder al sistema pensional.
20. El Procurador General de la Nación ostenta la facultad discrecional de prorrogar los
nombramientos provisionales y, en consecuencia, puede disponer la desvinculación de
un servidor en esa condición, incluso antes del vencimiento del término fijado. Ello
obedece al carácter objetivo y suficiente de dicha causal de terminación del vínculo.
21. Finalmente, señaló que el demandante no goza de fuero de estabilidad laboral
reforzada como prepensionado, toda vez que ya cumplió 70 años y no reúne las semanas
de cotización exigidas. En su criterio, al haber superado la edad legalmente exigida para
acceder a la pensión de vejez (62 años), la protección especial no se extiende a quienes,
pese a cumplir tal edad, no acreditan el número de semanas requerido.
22. Colpensiones aportó el reporte de semanas cotizadas del accionante.
La sentencia de primera instancia
23. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre
negó la solicitud de amparo.
24. Señaló que, si bien el accionante manifestó que su salario constituía su único ingreso,
no aportó prueba, siquiera sumaria, que acredite una afectación de su derecho al mínimo
vital. Indicó que tampoco existe prueba de que carezca de ahorros suficientes para
subsistir o que se encuentre imposibilitado para generar ingresos mientras completa las
62 semanas que le faltan para acceder al derecho pensional.
25. Respecto de las patologías reportadas en los años 2022 y 2023 -hipertensión,
osteopenia y otras similares-, el Tribunal precisó que estas solo generaron ingresos a
urgencias en ese período, sin que exista registro reciente. Consideró que tales
enfermedades no son catastróficas ni ruinosas, pues no implican tratamientos
prolongados, complejos o de alto costo, sino que corresponden a condiciones médicas
tratables y de costo moderado, que no requieren procedimientos altamente
especializados ni ocasionan un impacto económico desproporcionado en el sistema de
salud ni en el paciente.
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26. Sostuvo que no está acreditado que tres personas dependan económicamente del
accionante, pues, si bien se allegó una declaración juramentada ante notaría en tal
sentido, su contenido carece de respaldo en otras pruebas.
27. Indicó que únicamente la señora Sandry Luz Chávez Morelo aparece como parte del
grupo familiar del accionante en el certificado de la plataforma de Salud Total E.P.S.,
pero en la base de datos de la ADRES está registrada como cabeza de familia, lo que
desvirtúa la alegada dependencia económica.
28. Expuso que no existe prueba de que la Procuraduría General de la Nación conociera
las situaciones alegadas por el señor Simahan Valest ni de que estas hubieran sido
informadas antes del retiro, requisito indispensable para alegar la vulneración de
derechos fundamentales, conforme lo exige la sentencia T-374 de 2024.
29. Agregó que, según el informe rendido por la entidad demandada, el actor no
diligenció la encuesta de «morbilidad sentida» del programa de vigilancia epidemiológica.
De hecho, en el seguimiento médico ocupacional se le practicaron dos exámenes sin
hallazgos que afectaran su capacidad laboral. Tampoco registró incapacidades en los
últimos seis años «ni historia clínica en los grupos de bienes y seguridad en el trabajo»,
ni existe evidencia de evaluación por parte de la EPS o la ARL para la calificación de
origen laboral.
30. A lo anterior se suma que el grupo de gestión de nómina de la Procuraduría reportó
un saldo de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro por $ 15.544.055, a favor del
accionante.
31. Finalmente, el Tribunal precisó que el reporte de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones presenta inconsistencias en la conversión de días laborados a semanas
cotizadas, pues en algunos casos los meses con 31 días fueron registrados con valores
equivalentes a meses de 30 días, e incluso con fracciones inferiores a las que
corresponderían según el calendario.
La impugnación
32. La parte demandante impugnó la anterior decisión y estructuró sus argumentos en
torno a tres ejes principales: la afectación del mínimo vital, la valoración indebida de sus
condiciones de salud y la omisión de protección reforzada derivada de la edad y de las
cargas familiares.
33. Sobre la inexistencia de otros ingresos y la afectación del mínimo vital, sostuvo que
su salario como procurador constituía su único ingreso y el soporte de su mínimo vital y
móvil, con el cual garantizaba su sustento y el de su familia. Precisó que, tras su
desvinculación, quedó sin fuente de ingresos, sin pensión reconocida y en imposibilidad
de reincorporarse al mercado laboral, pues a sus 70 años ningún empleador lo admitiría.
Para respaldar lo anterior, aportó la certificación de una cuenta de ahorros, la declaración
de renta 2024 presentada ante la DIAN y recibos de arriendo por valor de $770.000, junto
con comprobantes de gastos básicos de subsistencia 4.
4 Aportó los comprobantes de pago de las facturas de servicios públicos.
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34. En cuanto a la valoración de sus condiciones de salud, expuso que sus
enfermedades son progresivas y que, en una persona de 70 años, el deterioro físico y
emocional se agrava con el estrés, la pérdida de ingresos y la falta de acceso a
tratamientos continuos. Señaló que la suspensión de su afiliación al sistema de salud por
falta de cotización lo dejaría sin acceso a medicamentos esenciales, exponiéndolo a una
descompensación grave. Aclaró que no se trata de dolencias leves o pasajeras, sino de
una condición de riesgo permanente que exige continuidad en la atención médica.
Además, precisó que los programas de vigilancia epidemiológica de la Procuraduría no
están diseñados para diagnosticar enfermedades crónicas o degenerativas, sino para
evaluar riesgos laborales, por lo que la entidad nunca ha tenido acceso a sus historias
clínicas, amparadas por reserva legal.
35. Respecto de la protección reforzada de las personas mayores y las cargas familiares,
indicó que, aunque no alegó ser cabeza de familia en sentido estricto, sí es el sostén
económico del hogar, dado que ninguna de las personas a su cargo posee empleo ni
pensión. En consecuencia, la subsistencia de su núcleo familiar -alimento, vivienda,
salud y manutención- depende exclusivamente de sus ingresos. Argumentó que el fallo
omitió valorar que la Constitución y la jurisprudencia reconocen a las personas mayores
como sujetos de especial protección reforzada, y que los servidores públicos
prepensionados o en situación de debilidad manifiesta no pueden ser desvinculados de
manera automática cuando ello implique dejarlos sin medios de subsistencia.
36. Sobre sus cesantías y ahorros personales, manifestó que los recursos mencionados
no constituyen un ingreso regular ni garantizan su subsistencia, pues se trata de una
reserva limitada y transitoria destinada a atender urgencias médicas, gastos imprevistos
y necesidades básicas inmediatas. Subrayó que dichos dineros no reemplazan el salario
que percibía ni resultan suficientes para cubrir sus obligaciones mensuales, que incluyen
arriendo, servicios, alimentación, medicamentos y la manutención de las tres personas
que dependen económicamente de él.
37. En relación con la valoración de su vulnerabilidad, sostuvo que el hecho de que la
entidad no hubiese conocido previamente de su situación no la exoneraba de su deber
constitucional de garantizar sus derechos fundamentales una vez informada a través del
presente proceso. Destacó que la acción de tutela constituye el mecanismo inmediato y
eficaz de protección ante la ausencia de alternativas administrativas oportunas.
38. Sobre la idoneidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
afirmó que dicho mecanismo no resulta eficaz ni oportuno, dada su edad avanzada, su
estado de salud y su condición de debilidad manifiesta, reconocida constitucionalmente
para quienes, por razones físicas, económicas o sociales, no pueden esperar a que la
vía ordinaria surta efecto.
39. Finalmente, solicitó que se valoraran las nuevas pruebas aportadas: (i) certificación
bancaria; (ii) declaración de renta; (iii) recibos de arriendo; (iv) copia FOSYGA; y (v)
declaración extrajudicial del 11 de noviembre de 2025 5.
5 En la cual manifestó que «no tengo bienes a mi nombre, pago arriendo, servicios públicos, comida y
transporte, vivo solamente con sueldo que devengaba en la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
y que en el momento no tengo ninguna entrada diferente a la que tenía como funcionario público».
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CONSIDERACIONES
Competencia
40. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
Problema jurídico
41. La Sala debe determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 31 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó el amparo solicitado.
Para tal efecto, en primer lugar, establecerá si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia y, en caso de acreditarse, deberá analizar si la
Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital,
a la vida digna, a la seguridad social, a la «estabilidad laboral reforzada como persona
prepensionada» y al debido proceso administrativo del señor Salin Simahan Valest, al
haber expedido los Decretos 1427 y 1821 de 2025, mediante los cuales se dispuso su
desvinculación de la entidad por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Análisis de la Sala
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
42. Legitimación en la causa. Se encuentra acreditada tanto por activa como por
pasiva, teniendo en cuenta que el señor Salin Simahan Valest es la persona retirada del
cargo de procurador judicial I, a través de los Decretos 1427 y 1821 de 2025, y, por tanto,
el titular de los derechos fundamentales invocados como afectados, vulneración que, a
su vez, se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la autoridad
que profirió dichos actos administrativos.
43. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que los dos decretos cuestionados:
1427 y 1821, datan del 22 de agosto y del 1° de octubre de 2025, respectivamente. Y
como la solicitud de amparo fue presentada el 17 de octubre siguiente, la Sala considera
que esta se interpuso en un término razonable.
44. Subsidiariedad. La acción de tutela procede cuando el interesado no dispone de
otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe
ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de concurrir, concederá el amparo impetrado.
45. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
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derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
46. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable, es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.
47. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.
48. En los mismos términos, la Corte Constitucional en la sentencia SU 691 de 2017
consideró lo siguiente:
Así, por regla general, (i) cuando el ciudadano cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial idóneos para resolver las cuestiones planteadas y no se configura un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando el accionante no cuenta con
otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces, las órdenes del juez de tutela son definitivas;
y (iii) excepcionalmente, cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa judicial
idóneos y eficaces pero la actuación del juez sea necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden protección
al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad competente se pronuncie
sobre las pretensiones. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el análisis de casos concretos, el
juez constitucional establezca las subreglas pertinentes acorde con la jurisprudencia
constitucional.
49. De hecho, en la sentencia de unificación 003 de 2018 sostuvo que «de ahí que la
Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás medios
de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos preferentes a los que
deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos, tal como disponen
el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 6 y el inciso
1° del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991».
50. En el caso concreto, el señor Salin Simahan Valest pretende que se dejen sin efectos
los Decretos 1427 del 22 de agosto de 2025, «[p]or medio del cual se retira del servicio
a un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, por cumplimiento de la edad
de retiro forzoso», y 1821 del 1° de octubre de 2025, «[p]or medio del cual se dispone no
prorrogar unos nombramientos en provisionalidad por vencimiento del término».
51. El Tribunal Administrativo de Sucre consideró que en el presente asunto procedía el
análisis de fondo «conforme a la jurisprudencia constitucional, dado que le falta un
periodo de cotización inferior a tres años para cumplir con los requisitos para acceder a
la pensión de vejez». Expuso, además, que no sería objeto de estudio la legalidad de los
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
actos de retiro porque «su control corresponde a la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de determinar si dichos actos incurren en causales de nulidad,
y no al juez de tutela».
52. Contrario al estudio de fondo que realizó el fallador de primera instancia, de entrada,
la Sala encuentra que la parte actora tiene a su alcance un mecanismo eficaz para la
protección de sus derechos, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 6.
53. Esta Subsección considera que no procede un pronunciamiento de fondo sobre la
procedencia del reintegro laboral del señor Salin Simahan Valest, por cuanto la acción
de tutela no sustituye ni desplaza el medio ordinario de defensa judicial previsto para
controvertir los actos administrativos de desvinculación. Corresponde al juez natural,
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, determinar si el
accionante tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada que invoca y si los actos
demandados deben suspenderse provisionalmente o anularse en sede ordinaria.
54. Cabe recordar, que el proceso contencioso-administrativo prevé mecanismos como
las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para
que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora,
en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del acto o actos administrativos, medida cautelar que es un medio de defensa
idóneo, ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
55. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado:
“En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) la suspensión provisional
del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela,
por varios razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar
un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender
el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo”7.
6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de 2014.
Expediente 25000-23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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56. Adicionalmente, en lo que concierne al ámbito de las relaciones laborales entre los
servidores públicos y el Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para cuestionar la
legalidad del acto administrativo que ordena la desvinculación, porque:
“(…)
[e]n el trámite de dicho mecanismo el demandante tiene a su disposición una amplia
gama de medidas cautelares como (i) el restablecimiento inmediato de un derecho,
la suspensión de un procedimiento, la orden de adopción a la administración de una
decisión, o la posibilidad de imponer obligaciones de hacer o no hacer; (ii) se suprimió
la expresión “manifiesta infracción”, como condición para decretar la medida de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; (iii) se dispone de un
sistema innominado de medidas cautelares, las cuales se conciben de forma
autónoma a la demanda presentada, tanto que (iv) el requisito de conciliación
prejudicial no les es aplicable; y (v) se prevén medidas de urgencia como medios
preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de los derechos
fundamentales”8.
57. De otra parte, se tiene que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-486 de 2025,
sostuvo que la sola circunstancia de ser adulto mayor, pertenecer a la tercera edad,
soportar una enfermedad importante o encontrarse en condición de debilidad manifiesta
no resulta suficiente para justificar la procedencia de la tutela cuando se cuenta con un
mecanismo ordinario de defensa, así:
“37. En esa medida, la jurisprudencia ha precisado que la sola circunstancia de
pertenecer a la tercera edad, padecer una enfermedad importante o encontrarse en
condición de debilidad manifiesta no resulta, por sí sola, suficiente para justificar la
procedencia de la tutela. Estas condiciones deben ponderarse conjuntamente con los
demás elementos que determinan la idoneidad y eficacia del medio ordinario y con
las particularidades del caso concreto. Solo cuando de ese análisis integral se
desprende que el proceso judicial disponible no garantiza una protección oportuna y
efectiva, o impone al accionante una carga excesiva frente a su situación personal y
material, la acción de tutela se erige como mecanismo procedente para la protección
de los derechos fundamentales comprometidos”9.
58. En el caso particular, las pruebas que obran en el expediente no dan cuenta de la
configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención urgente e
8 Corte Constitucional, Sentencias T-156 de 2024, SU-691 de 2017 y T-299 de 2024.
9 Al respecto, al examinar la procedibilidad de la acción de tutela dirigida a obtener la indexación de la
primera mesada de la pensión de una persona de 84 años, la Sentencia T-301 de 2025 señaló que «Este
Tribunal reconoce que el actor es una persona de la tercera edad, condición que puede ser un factor
relevante para flexibilizar el análisis del requisito de subsidiariedad, en atención a la protección reforzada
que gozan quienes se encuentran en dicha etapa de la vida. Sin embargo, (i) el accionante percibe una
pensión desde hace más 20 años, en una cuantía aproximada de 2.5 SMLMV, suma que le permite
solventar sus necesidades básicas de forma estable mientras se adelanta el trámite ante la jurisdicció n
ordinaria laboral; y (ii) es beneficiario de un derecho pensional que le garantiza, tanto a él como a su
esposa, el acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud, a través del cual puede recibir
atención médica para las enfermedades señaladas en el escrito de tutela. || Por lo anterior, la
improcedencia de la acción de tutela en este caso obedece a que el debate sobre la eventual reliquidación
de la pensión debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, lo cual no implica un desconocimiento
de la protección reforzada que ampara a las personas de la tercera edad. En efecto, las pretensiones del
actor giran en torno a la reliquidación e indexación de una mesa pensional reconocida hace más de dos
décadas, sin que se advierta un impacto sobre el derecho al mínimo vital del accionante. La ausencia de
elementos probatorios que demuestren una insuficiencia económica o un estado de salud crítico impide
aplicar de manera excepcional la acción de tutela como mecanismo definitivo. En consecuencia, se
mantiene la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer y decidir sobre esta controversia».
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impostergable del juez constitucional. Todo lo contrario, como se detallará a
continuación, permiten descartar tanto la supuesta situación de vulnerabilidad en que se
encuentra el accionante como la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
(principal o transitorio) de protección de sus derechos fundamentales.
59. En el escrito de impugnación, la parte demandante aportó varios documentos con el
fin de acreditar la afectación de su mínimo vital y la configuración de un perjuicio
irremediable, entre los cuales se destacan los siguientes:
(i) Extracto de la cuenta de ahorros que tiene el señor Simahan Valest en la entidad
financiera Juriscoop. Allí se puede observar que, para el 31 de octubre de 2025, contaba
con un saldo de aproximadamente $ 44’000.000.
(ii) Declaración de renta del año gravable 2024, que presentó el 29 de septiembre de
2025, en la cual consta que el accionante, al cierre de 2024, tenía un patrimonio líquido 10
por valor de $ 201’016.000, una renta líquida 11de $ 289’786.000 y deudas por valor de
$1’470.000.
(iii) Certificación del Fondo Nacional del Ahorro, en la que consta que el accionante
cuenta con un saldo por concepto de cesantías por valor de $ 15’574.523.
60. A juicio de la Sala, tales pruebas demuestran que la parte actora no se encuentra en
una situación de vulnerabilidad material que justifique prescindir de la vía ordinaria y
abrirle paso a un análisis de la controversia en sede de tutela. Es evidente que cuenta
con un patrimonio sólido suficiente que le permitiría garantizar su sostenimiento y el de
su núcleo familiar, al menos mientras ejerce el mecanismo judicial ordinario, con la
mencionada medida cautelar, y obtiene un pronunciamiento por parte del juez natural,
que, se insiste, es a quien le corresponde definir si, en principio, suspende los actos
administrativos demandados, y si, finalmente, los anula en la sentencia o tramita la
pensión de vejez como alternativa de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
61. En consecuencia, dado que los activos del accionante superan ampliamente sus
obligaciones y que cuenta con recursos suficientes para atender sus necesidades
básicas y las de su núcleo familiar, la Sala concluye que puede asumir sus gastos
personales mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativa emite un
pronunciamiento sobre su situación particular. Así las cosas, al existir fuentes
económicas distintas a su salario que le permitan sufragar sus erogaciones mensuales,
no se configura una afectación real a su mínimo vital.
10 De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Estatuto Tributario, «el patrimonio líquido gravable se
determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable el
monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha».
11 Según lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario, «la renta líquida gravable se determina así: de la suma
de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que sean susceptibles de
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente
exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los
ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtien e
la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las
excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley ».
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62. De otra parte, si bien el accionante es un adulto mayor 12, esa circunstancia por sí
sola no basta para dar por satisfecho el presupuesto de subsidiariedad. En efecto, no se
logró acreditar en el expediente condiciones de vulnerabilidad manifiesta, precariedad
económica o enfermedad grave que limiten su capacidad para acudir al medio de control
ordinario. Por el contrario, aparte de que tiene solidez patrimonial, la Sala constató 13 que
el señor Simahan Valest es abogado y cuenta con tarjeta profesional vigente desde el 30
de mayo de 2001, tal como se puede observar en la siguiente imagen:
63. De manera que el accionante cuenta con los medios económicos y jurídicos para
obtener la protección de los derechos que considera vulnerados, mediante el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (en el que, se insiste,
proceden medidas cautelares) ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
64. La Sala advierte que, en la sentencia de unificación 691 de 2017, la Corte sostuvo
que el mecanismo judicial ordinario era idóneo y eficaz «considerando que (i) todos los
accionantes, son abogados con vasta experiencia en el ejercicio de su profesión, con las
condiciones suficientes para ejercer su derecho de acceso a la administración de justicia;
(ii) ninguno demuestra una situación económica apremiante que le impida, de ser el caso,
costear la caución solicitada, cuando la medida cautelar no sea la de suspensión
provisional, la que no requiere caución para su decreto; y (iii) así como el juez de tutela,
el juez de lo contencioso administrativo tiene la competencia de otorgar las medidas de
protección, cautelares o de urgencia dispuestas en la Ley 1437 de 2011, o las necesarias
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, de ser el caso, pese a tratarse
de medidas transitorias».
12 En la Sentencia T-013 de 2020, la Corte Constitucional señaló que, aunque las expresiones «adulto
mayor» y «persona de la tercera edad» suelen emplearse indistintamente, tienen claras diferencias. En
ese sentido, explicó que «[d]e cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma [la Corte se refiere a la
Ley 1276 de 2009], será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero
con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”»,
mientras que «la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto
mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la
tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor». El señor Salin
Simahan Valest tiene 70 años y, por ende, ostenta la condición de adulto mayor y no la de persona de la
tercera edad. Esto, teniendo en cuenta que, según información registrada en el sitio web del DANE
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-
defunciones), la esperanza de vida al nacer en 2025 para la totalidad de la población en Colombia es de
76,59 años.
13 https://vigenciaspublicas.ramajudicial.gov.co/Certificados.aspx.
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65. Adicionalmente, agregó que era relevante que los abogados son profesionales con
amplia experiencia y sin limitación para el ejercicio de sus funciones , y «si bien el resto
de accionantes no manifestaron contar con una opción laboral, lo cierto es que al contar
los demandantes con una profesión liberal, y con amplia experiencia laboral, podrían
desempeñarse de manera independiente».
66. En esas condiciones, como quedó acreditado que el aquí accionante ostenta la
calidad de abogado, la Sala considera que este puede ejercer su profesión de manera
independiente hasta que logre culminar las semanas de cotización para acceder al
derecho pensional o ejerza el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
67. Esta Corporación no desconoce la importancia y relevancia de los derechos
fundamentales que se encuentran en disputa; sin embargo, considera importante reiterar
que es al juez administrativo al que le corresponde no solo definir si los actos de
desvinculación se ajustan al ordenamiento jurídico, sino también suspenderlos
provisionalmente, en caso de que encuentre reunidos los requisitos establecidos por el
legislador para tal fin.
68. Bajo ese contexto, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en el sentido
de declarar improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 31 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela presentada por el señor Salin Simahan Valest, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones anotadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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