Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00045-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00045-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2026-00045-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Eduar Gregorio Madera Bertel
Accionados: Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo y otros1
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
La sala decide la impugnación2 presentada por Eduar Gregorio Madera Bertel en contra
del fallo de tutela proferido el 27 de marzo de 20263 por el Tribunal Administrativo de
Sucre.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El actor radicó tutela4 en procura de la protección de sus derechos a la salud, a la vida
digna, al trabajo, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la eficacia material del amparo constitucional, los que considera vulnerados
con la decisión dictada el 2 de marzo de 2026 por el Juzgado 2º Administrativo de
Sincelejo, mediante la cual dispuso el archivo del incidente de desacato formulado frente
a la sentencia del 11 de febrero de 2026 dictada dentro de la acción de tutela No.
70001333300220260001800.
1 La Secretaría de Educación de Bolívar, la Secretaría de Educación de Sucre, la Secretaría de Educación de Sincelejo,
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio
de Educación.
2 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado FF45F69578AA90F0
EC83475A9C17925C 9C3E1AC93FEF8822 78B2FEFCBAFAFA36.
3 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 53A8B42C1C9AE584
E3D2932C510F35E8 8A22883599FB4666 3DC4E360C2F5E1C5.
4 Obra escrito de tutela a folios 1-11 en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
46CDA38DABE8B123 BA65A727A69CD986 37B3753F80CF7A81 A3F1449802BB2046.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 70001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Eduar Gregorio Madera Bertel
Accionados: Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo y otros
1.2.- Hechos
1.2.1.- Eduar Gregorio Madera Bertel se desempeña como docente en propiedad de la
planta de personal en el departamento de Bolívar, inicialmente adscrito a la I.E. de Santa
Coa en el municipio de Pinillos. Reside en Corozal, Sucre, y recibe atención médica
especializada en Sincelejo, debido a una condición de salud que le prohíbe realizar
desplazamientos largos. Ante la falta de solución administrativa, promovió una primera
acción de tutela5 que fue fallada a su favor el 11 de febrero de 2026 por el Juzgado 2º
Administrativo de Sincelejo, que ordenó a la Secretaría de Educación de Bolívar realizar
un traslado no ordinario a un cargo compatible con la salud del accionante, bajo el
principio de coordinación con las secretarías correspondientes de Sucre o Sincelejo6.
1.2.2.- En cumplimiento de la providencia constitucional, la Secretaría de Educación de
Bolívar expidió la Resolución No. 442 de 2026, a través de la que dispuso el traslado del
educador al municipio de El Carmen de Bolívar. No obstante, el actor promovió incidente
de desacato bajo el argumento de que ese supuesto cumplimiento fue meramente formal,
sin embargo, mediante auto del 2 de marzo de 2026, el juzgado archivó el expediente por
considerar que la resolución aludida implicaba la satisfacción de la orden judicial 7 .
Inconforme, Madera Bertel elevó recurso de reposición y apelación, sin embargo,
mediante auto del 4 de marzo siguiente, el despacho declaró la improcedencia de ambos
remedios.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El accionante alega que se trasgredieron sus derechos fundamentales, puesto que el
Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por
motivación aparente y por desconocimiento del deber de verificar el cumplimiento
material del fallo de tutela. Afirma que la autoridad judicial accionada tuvo por satisfecha
la sentencia del 11 de febrero de 2026 con la sola expedición de la Resolución 442 de
2026, sin examinar si dicho acto realmente cumplía la orden constitucional, decisión que
vació de contenido la protección otorgada y tornó ineficaz el fallo al archivar el desacato.
5 Rad. 70001333300220260001800.
6 A folios 1-4 del escrito de tutela.
7 Ibidem.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 70001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Eduar Gregorio Madera Bertel
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Asegura el peticionario que la decisión de archivo ignoró que la sentencia constitucional
ordenó un traslado no ordinario compatible con sus requerimientos de salud bajo
coordinación con los entes educativos de Sucre o Sincelejo, mientras que el acto
administrativo de la Secretaría de Educación de Bolívar lo trasladó unilateralmente a El
Carmen de Bolívar sin demostrar la materialización de dicha coordinación ni garantizar
sus restricciones médicas. Asimismo, aduce que la motivación de dicha actuación se
apoyó de forma equivocada en reglas de docentes de zonas afectadas por el conflicto
cuando su situación real no se enmarca en esa categoría.
Madera Bertel argumenta una omisión en la valoración del material probatorio, dado que
el juzgado se limitó a verificar la existencia formal de una resolución, pero no analizó que
la providencia exigía un cargo compatible con su salud; que lo resuelto lo mantuvo en el
departamento de Bolívar; que el acto presenta vacíos de motivación apoyados en las
reglas PDET; y que el cumplimiento de una tutela exige la satisfacción efectiva del
derecho. Señala que la Secretaría de Educación de Bolívar acudió a una normatividad
inaplicable a su condición y que el juzgado convalidó ese yerro. Sostiene que la
providencia carece de sustentación material suficiente, porque no explica por qué el
traslado satisfacía sus requerimientos ni por qué se consideró cumplida la coordinación.
Adicionalmente, aduce el desconocimiento del precedente constitucional sobre
cumplimiento material, pues el despacho redujo el análisis a una constatación formal y
se apartó del estándar jurisprudencial que obliga al juez de desacato a verificar los
aspectos relevantes de la orden. Manifiesta que la decisión cuestionada mantiene vigente
una solución administrativa incompatible con su salud, lo expone nuevamente a
consecuencias graves, vacía de contenido el fallo de amparo del 11 de febrero de 2026
y lo deja sin protección efectiva.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos el auto del 2 de marzo de 2026, que archivó el
trámite de desacato dentro de la tutela No. 70001333300220260001800; (iii) ordenar a
dicho despacho proferir una nueva decisión que valore materialmente el cumplimiento del
fallo del 11 de febrero del año en curso, y verifique la idoneidad de la Resolución No. 442
de 2026; (iv) ordenar a la Secretaría de Educación de Bolívar abstenerse de tener dicho
acto como cumplimiento definitivo y prohibir medidas disciplinarias o laborales en contra
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del actor por su no aceptación; (v) ordenar a la referida secretaría, coordinadamente con
las Secretarías de Educación de Sucre y de Sincelejo, materializar de forma seria el
traslado a un cargo compatible con su estado de salud y carrera; (vi) ordenar a las
pluricitadas secretarías colaborar eficazmente e informar sobre la disponibilidad de
vacantes; (vii) oficiar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo
para la vigilancia del fallo; y (viii) de manera subsidiaria, ordenar a la Secretaría de
Educación de Bolívar proferir un nuevo acto administrativo motivado, sin las falsas
premisas del régimen PDET y ajustado a la finalidad protectora del fallo original.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 20 de marzo de 2026 el Tribunal Administrativo de Sucre admitió
la acción de tutela; negó la medida provisional; y ordenó notificar a todas las autoridades
accionadas.
2.2.- El Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo informó que mediante sentencia del 11 de
febrero de 2026 tuteló los derechos fundamentales de Madera Bertel y ordenó a la
Secretaría de Educación de Bolívar realizar su traslado bajo el principio de coordinación
interinstitucional, posteriormente, ante la manifestación de un presunto incumplimiento,
dio apertura a un desacato dentro del cual la secretaría aludida comunicó la expedición
de la Resolución No. 442 de 2026 que dispuso el traslado del actor a la Institución
Educativa Técnica Ecológica Emma Cecilia Arnold en el municipio de El Carmen de
Bolívar, debido a que no se encontraron vacantes disponibles en Corozal ni en Sincelejo.
Con fundamento en dicho acto administrativo, el juzgado consideró que se desplegaron
las actuaciones tendientes al cumplimiento, dio por cumplida la sentencia y archivó el
incidente al estimar que no persistía una conducta renuente. Por otra parte, acotó que el
convocante interpuso otra tutela contra la Secretaría de Educación de Bolívar ante el
Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Turbaco, con el fin de obtener la anulación de la
citada Resolución No. 442. Solicitó negar las pretensiones al considerar que las
actuaciones se ajustaron a los lineamientos procesales del desacato y a que no se
configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.
2.3.- La Gobernación de Bolívar precisó que la entidad competente para expedir los actos
administrativos solicitados es la Secretaría de Educación de Bolívar, de conformidad con
el Manual Específico de Funciones y la delegación efectuada por el gobernador. Indicó
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que las secretarías de despacho ejercen funciones delegadas o desconcentradas según
los artículos 8 y 9 de la Ley 489 de 1998; en consecuencia, solicitó que cualquier orden
que se profiera dentro de este trámite sea dirigida directamente a la mencionada
secretaría.
2.4.- La Secretaría de Educación de Sucre sostuvo que no vulneró los derechos
fundamentales del peticionario, puesto que este se encuentra vinculado a la Secretaría
de Educación de Bolívar y no adoptó las decisiones cuestionadas. Asimismo, aseveró
que adelantó la verificación de su planta docente en el municipio de Corozal y certificó la
inexistencia de vacantes definitivas para el nivel de básica primaria, lo que impide
materializar el traslado solicitado. Precisó que carece de competencia para gestionar
traslados al municipio de Sincelejo.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 27 de marzo de 2026, negó
las pretensiones de la tutela. Primero, determinó que se encuentran satisfechos los
requisitos generales. Al analizar el fondo del asunto, constató que en virtud de la orden
de traslado por salud impartida el 11 de febrero de 2026, la Secretaría de Educación de
Bolívar desplegó de forma efectiva las gestiones exigidas, pues formuló un convenio
interadministrativo con la Secretaría de Educación de Sucre que no fue suscrito, y ambas
secretarías territoriales informaron la inexistencia de plazas vacantes en Corozal y
Sincelejo. Ante dicha imposibilidad material, el juez de instancia consideró que el traslado
del docente al municipio de El Carmen de Bolívar constituyó una medida razonable,
proporcional y acorde al margen de acción disponible, al ser el territorio más cercano a
su residencia en Corozal, el cual se fundó exclusivamente en la causal de salud prevista
en el Decreto 1075 de 2015 y en un dictamen médico, con la aclaración de que la mención
a las reglas de docentes PDET o del posconflicto tuvo como único propósito justificar la
posibilidad administrativa de la reubicación en una zona afectada por el conflicto armado,
sin otorgarle dicha categoría especial. Asimismo, adujo que de la literalidad de la orden
de tutela original no se desprendía una exigencia imperativa u obligatoria de reubicación
exclusiva en Corozal o Sincelejo, sino que su finalidad teleológica era mitigar los factores
de riesgo del docente mediante una alternativa geográfica funcionalmente cercana ante
la falta de vacantes.
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Acción de tutela – Segunda instancia
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Por lo tanto, la colegiatura concluyó que no se configuraron los defectos alegados, toda
vez que el Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo surtió el trámite en debida forma y
constató materialmente el cese de la vulneración, sin que le fuera exigible en sede de
desacato reabrir nuevos debates o adoptar determinaciones adicionales una vez
verificado que la entidad accionada coordinó institucionalmente y adoptó una decisión
debidamente sustentada y ajustada al marco normativo aplicable.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida el accionante presentó impugnación. Afirmó que el
tribunal realizó una interpretación restringida e indebida de la orden original del 11 de
febrero de 2026, al reducir un mandato material de protección a una simple gestión de
trámites administrativos que terminó en un traslado no idóneo. Sostuvo que el fallo de
primera instancia dio por válida una certificación de inexistencia de vacantes de la
Secretaría de Educación de Sucre que carece de credibilidad, puesto que existe un patrón
probado en otros procesos judiciales en los que dicha entidad ocultó o restringió plazas
que solo fueron reveladas tras órdenes judiciales estrictas. Asimismo, alegó que se ignoró
el orden de prelación establecido en el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 490 de 2016,
los cuales obligan a priorizar los traslados por salud sobre docentes con menor rango
legal o en provisionalidad, por lo que la administración no podía retirar plazas del universo
de escogencia bajo el argumento de estar ocupadas. Consideró que la primera instancia
validó un cumplimiento basado en una imposibilidad no demostrada, y omitió exigir una
relación de las vacantes en Corozal y Sincelejo. Enfatizó la persistencia de la vulneración
material de sus derechos, toda vez que el traslado aceptado por el juez no elimina los
riesgos médicos.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por Eduar Gregorio
Madera Bertel en contra del fallo de tutela proferido el 27 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
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2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La procedencia de la tutela contra la providencia que pone fin al incidente del
desacato
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, en especial las sentencias T-631 de
2008 y T-171 de 2009, esta acción es procedente de manera excepcional contra las
decisiones proferidas en el trámite del incidente de desacato. Para ello, se requiere que
el incidente haya finalizado con una decisión debidamente ejecutoriada y que se
demuestre un yerro, una extralimitación de funciones, la vulneración del derecho a la
defensa o la imposición de una sanción arbitraria.
El amparo exige el cumplimiento de criterios estrictos frente a la conducta procesal del
actor. Las razones expuestas en la tutela deben ser coherentes con los argumentos
esgrimidos en el incidente. Resulta inadmisible alegar cuestiones nuevas, pretender
debatir asuntos omitidos en la instancia ordinaria o solicitar pruebas no pedidas en el
trámite incidental, pues la tutela no remedia la negligencia del interesado.
Adicionalmente, como señala la sentencia T-421 de 2003, el error debe representar una
actuación abierta y caprichosamente contraria al ordenamiento jurídico que amenace de
forma grave e inminente derechos fundamentales. En este contexto, el juez constitucional
verifica la configuración de los requisitos generales de procedibilidad, los cuales
comprenden la relevancia constitucional, el agotamiento de medios de defensa, la
inmediatez, la incidencia determinante de la irregularidad procesal, la identificación
razonable de los hechos y la prohibición de censurar sentencias de tutela.
Por último, resulta imperativo acreditar al menos una causal específica de procedibilidad.
Estas corresponden a posibles defectos como el sustantivo, originado, según precisó la
sentencia T-087 de 2007, en acudir a normas inaplicables, cometer errores de
interpretación o insuficiente sustentación; el orgánico por falta absoluta de competencia;
o el procedimental absoluto por la actuación al margen del procedimiento. También
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proceden los amparos que acrediten un defecto fáctico, el cual, como enuncia la
sentencia T-458 de 2007, surge de la omisión probatoria o la indebida valoración del
acervo; así como un error inducido, una decisión sin motivación, el desconocimiento del
precedente o la violación directa a la Constitución Política.
4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”8.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 9 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 10 , frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el accionante cuestiona, en esencia, que el Juzgado 2º
Administrativo de Sincelejo (i) tuvo por satisfecho el fallo de tutela con la sola expedición
de la Resolución 442 de 2026 y archivó el desacato sin verificar su cumplimiento material;
(ii) ignoró que el acto administrativo dispuso un traslado unilateral a El Carmen de Bolívar
sin demostrar la coordinación con los entes territoriales de Sucre o Sincelejo ni garantizar
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
9 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
10 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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sus restricciones médicas; (iii) omitió valorar de forma integral el material probatorio al
limitarse a una constatación formal; (iv) convalidó un yerro sustantivo al aceptar la
aplicación de una normativa inaplicable sobre docentes de zonas afectadas por el
conflicto; (v) profirió una decisión con una motivación aparente al no explicar de qué
manera el traslado ordenado satisfacía sus requerimientos de salud y la coordinación
referida; y (vi) desconoció el precedente constitucional que obliga al juez de desacato a
constatar la efectividad real de la protección otorgada.
4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar debidamente
justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado
por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso
ordinario, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 2 de marzo de 2026 se
dilucida el siguiente análisis textual:
“Pues bien, del contenido de los documentos puestos de presente, se puede evidenciar el trámite realizado
frente a la orden impartida por esta Unidad Judicial, que culminó con el traslado del accionante de la
Institución Educativa Santa Coa Sede Nicaragua del Municipio de Pinillos a la Institución Educativa Emma
Cecilia Arnold EITEECA – Sede Principal del Carmen de Bolivar ,de manera que la vulneración invocada
cesó; lo que conlleva al ARCHIVO de las presentes actuaciones, en la medida que no hay lugar a imponer
sanción alguna en contra de los incidentados”11.
A su vez, al resolver sobre los recursos de reposición y apelación planteados por Madera
Bertel, mediante auto del 4 de marzo siguiente, el juzgado, además de declararlos
improcedentes, indicó:
“Resulta pertinente reiterar al accionante, que, en el fallo de tutela del 11 de febrero de 2026, se resolvió
tutelar su derecho fundamental a la salud y otros y, en tal virtud, se ordenó a la Secretaría de Educación
de Bolívar, en coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento de Sucre o la Secretaría de
Educación del Municipio de Sincelejo realizar las actuaciones necesarias para el traslado no ordinario del
accionante a un cargo que cumpla con sus requerimientos de salud.
Por lo tanto, luego de surtirse el correspondiente trámite de verificación, esta Unidad Judicial encontró
cumplida la orden judicial, habida cuenta que las entidades demostraron el trabajo mancomunado, que
culminó con la expedición de la Resolución No. 442 – 2026, donde se resuelve la situación particular del
accionante.
Conforme a lo anterior, este despacho no encuentra mérito para reabrir el trámite de verificación de
cumplimiento, porque si bien, el accionante no se encuentra conforme con lo decido en la resolución en
comento, este no es el escenario para debatir tales cuestionamientos, en primera medida porque no existe
11 A folios 2-3 del archivo digital “22AutoArchivaDesacato” subido en el link del documento denominado
“011RespuestaJuzgado” cargado en SAMAI, en el índice 2, con certificado 4A6C9048D60E52D8 9FC8DFF4E597333A
D4129C3F3EA249E1 92EDFE101F6EB60B.
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congruencia entre lo decidido en sede de tutela y lo que pretende el accionante con el recurso de reposición
y en subsidio de apelación, pues la orden se basó en ‘ORDENAR a la Secretaría de Educación de Bolívar,
que bajo el principio de coordinación con la secretaria de educación del departamento de Sucre o la
secretaría de educación del Municipio de Sincelejo realizar las actuaciones necesarias para el traslado no
ordinario del accionante a un cargo que cumpla con sus requerimientos de salud’, por lo tanto, no se estipuló
una ubicación geográfica en específica para su traslado no laboral.
Y como segundo punto, no estamos en una actuación administrativa donde se busca debatir las pruebas
tendientes a demostrar las vacantes disponibles en el departamento de Bolivar o Sucre, ello, no es parte
del contenido y alcance del amparo concedido, mucho menos el fin del incidente de desacato, por lo tanto,
si el accionante no está de acuerdo con lo resuelto debe hacer uso de los mecanismos jurídicos
consagrados para atacar una decisión administrativa; ello no es plausible de ventilarse a través de este
mecanismo constitucional de cumplimiento” 12.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que la autoridad judicial analizó el trámite de
cumplimiento seguido por la Secretaría de Educación de Bolívar y determinó que la orden
de amparo proferida el 11 de febrero de 2026 se encontraba cumplida con la expedición
de la Resolución 442 de 2026. Al respecto, sostuvo que las secretarías de educación
involucradas demostraron el trabajo coordinado exigido para disponer el traslado del
actor a un cargo acorde con sus requerimientos de salud e indicó que la decisión
constitucional no impuso una ubicación geográfica específica. También precisó que el
escenario incidental no resultaba idóneo para debatir la inconformidad con la decisión
administrativa ni la disponibilidad de vacantes, toda vez que dichos cuestionamientos
desbordaban el alcance de la protección concedida y debían ventilarse a través de los
mecanismos ordinarios de defensa.
4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional, pues como se vio, la autoridad judicial
concluyó que la orden de amparo se encontraba cumplida con la expedición de la
Resolución No. 442 de 2026. Por ende, resulta diáfano que las quejas elevadas por el
convocante se limitan a criticar lo resuelto en el incidente de desacato, con el fin de que
se desconozca la tesis jurídica del Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use indebidamente
12 A folios 30-31 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 46CDA38DABE8B123
BA65A727A69CD986 37B3753F80CF7A81 A3F1449802BB2046.
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
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como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del incidente de desacato14.
5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos propuestos satisface el
requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el depreco resulta
improcedente. En tal medida, se modificará la sentencia recurrida.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 27 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Sucre y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo
constitucional de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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