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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00077-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00077-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el sentido de ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) que, (i) dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de esta providencia incorpore el período correspondiente en la historia laboral ; (ii) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha incorporación, profiera una nueva decisión definitiva sobre la solicitud de reconocimiento pensional, cuya decisión deberá serle notificada en debida forma. Si de la actualización de la historia laboral se verifica el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, deberá proceder a su reconocimiento, sin supeditar esa decisión al recaudo efectivo de los aportes adeudados por el municipio; y (iii) adelante las actuaciones necesarias para gestionar el recaudo de los aportes adeudados, en atención a los principios de sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social y de solidaridad en materia pensional. SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2026-00077-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00077-01
Demandante: Jairo Rodríguez Arrieta
Demandado: Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo

Temas: Impugnación. Tutela contra autoridad judicial y pública. Sujeto de
especial protección constitucional. Actualización de historia
laboral. Semanas cotizadas.

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 11 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante
la cual se accedió parcialmente al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 29 de abril de 2026, Jairo Rodríguez Arrieta presentó acción de tutela contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el municipio de Buena
Vista (Sucre) y el Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital,
igualdad, vida digna y acceso a la administración de justicia; así como la garantía
de estabilidad laboral reforzada. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se
ordenara:

i) A la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) tener en cuenta
los períodos certificados por el municipio de Buenavista (Sucre), comprendidos
entre el 13 de mayo de 2002 y el 7 de agosto de 2005, de conformidad con lo
dispuesto por el Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo en la sentencia dictada el
21 de septiembre de 2007; y, en consecuencia, reconocer su pensión de vejez a
partir de la fecha de la última cotización (31 de diciembre de 2024), iniciando las
actuaciones necesarias para obtener el pago de los aportes, «sin que la
consecuencia de la mora u omisión del ente territorial deba ser asumida por
aquel».

ii) Al municipio de Buenavista (Sucre) efectuar de manera inmediata el pago de
los aportes correspondientes a los períodos antes referidos.

iii) al Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo imprimir celeridad al trámite del
proceso ejecutivo con el fin de logar el cumplimiento efectivo de la sentencia
proferida dentro del proceso ordinario, teniendo en cuenta su condición de sujeto
de especial protección constitucional por razón de su edad y, además, adoptar

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Demandante: Jairo Rodríguez Arrieta

las medidas sancionatorias a que hubiere lugar frente al desacato de la orden
judicial por parte del municipio y de su representante legal.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
manifestó que nació el 5 de junio de 1945, por lo que actualmente tiene 81 años.

3. Indicó que instauró demanda ejecutiva en contra del municipio de Buenavista,
con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia del 21 de septiembre de 2007,
proferida por el Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo, mediante la cual, se declaró
la nulidad de la Resolución No. 015 del 2 de mayo de 2003, proferida por el
municipio de Buenavista (Sucre) y, como consecuencia, se ordenó a la entidad
territorial pagarle los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
laborales que haya dejado de percibir desde el 13 de mayo de 2002 hasta el 7 de
agosto de 2005, así como el reconocimiento y cómputo de dicho período como
tiempo de servicios para todos los efectos.

4. Sin embargo, indicó que dicho proceso lleva más de 15 años en trámite, sin
que se haya logrado el cumplimiento efectivo de la referida providencia, a pesar de
«configurarse una excepción por tratarse de una acreencia laboral ordenada
mediante sentencia judicial». Agregó que en múltiples oportunidades ha presentado
memoriales de impulso procesal, donde ha puesto de presente su condición de
adulto mayor, con el fin de que por lo menos se materialice la orden relativa a los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, para lograr su pensión de
vejez. No obstante, «el despacho judicial ha sido negligente en el decreto de
medidas y requerimientos».

5. Mencionó que el 8 de enero de 2025 solicitó ante Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de vejez, entidad que, mediante la Resolución No.
SUB-86123 del 19 de marzo de 2025, negó lo peticionado por no acreditar 1.300
semanas cotizadas. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación.

6. Señaló que el recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente mediante
la Resolución SUB-135300 del 5 de mayo de 2025, que confirmó la decisión inicial
y concedió la apelación. Finalmente, indicó que, ante la falta de decisión sobre este
último recurso, promovió una acción de tutela, en la que el Juzgado Sexto
Administrativo de Sincelejo ordenó a Colpensiones notificar debidamente el acto
administrativo que resolvió la apelación.

7. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que desde su
desvinculación el 31 de diciembre de 2024, no ha laborado debido a su edad, no
recibe subsidio alguno, se encuentra afiliado al régimen subsidiado, no tiene
ingresos producto de actividades como independiente y en la actualidad paga su
alimentación y servicios públicos con la poca ayuda que le brindan sus hijos,
quienes han conformado sus hogares y tienen sus propias obligaciones al tener
hijos menores de edad. Aclaró que tiene un hijo que si bien cumplió 18 años se
encuentra finalizando sus estudios de secundaria y pronto deberá ingresar a la
educación superior.

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8. Manifestó que sufre de hipertensión y bradicardia, padecimientos frente a los
cuales en ocasiones no cuenta con recursos para acceder a los medicamentos por
falta de entrega de la Nueva EPS y que a pesar de ser un sujeto de especial
protección, en razón de su edad, actualmente se encuentra desprotegido, sin poder
acceder a su pensión de vejez, pese a cumplir los requisitos desde el 31 de
diciembre de 2024, debido a la renuencia de una entidad territorial, la ineficacia de
un proceso judicial de más de 20 años y la negativa de la administradora de
pensiones a reconocer períodos debidamente certificados.

Intervenciones1

9. El Juzgado 9 Administrativo de Sincelejo, luego de hacer un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo, afirmó que decretó varias medidas
cautelares dirigidas a distintas entidades bancarias, las cuales no han reflejado
retención de sumas de dinero. Agregó que solo se ha hecho un pago de depósito
judicial del título No 463030000592273 por valor de $7.000.000.

10. Aseguró que todas las actuaciones dentro del proceso se han adelantado
dentro de términos prudenciales, atendiendo la carga laboral del despacho y la
necesidad de realizar un estudio de fondo antes de adoptar las decisiones
correspondientes, por lo que no se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, «puesto que la retención y/o embargo de dineros va más
allá del trámite judicial que establece la ley para este tipo de asuntos, los cuales
evidentemente, se encuentran cumplidos».

11. El municipio de Buenavista (Sucre) indicó que el 5 de mayo de 2026 remitió
un correo electrónico a Colpensiones, con el fin de adelantar las gestiones
administrativas tendientes a la corrección del historial laboral del accionante, con la
inclusión de las semanas cotizadas para los períodos desde el 13 de mayo de 2002
al 7 de agosto de 2007, para lo cual le requirió al fondo pensional que reliquidara
los períodos ante mencionados, con el fin de efectuar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones de acuerdo con lo ordenado en la sentencia del 21
de septiembre de 2007 emitida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 2003-01386.

12. La Administradora Colombia de Pensiones (Colpensiones) expuso que la
Dirección de Prestaciones Económicas de la entidad, al efectuar las validaciones
evidenció que la Administradora de Fondos de Pensiones en la cual figuraba
afiliado, realizó el traslado de los aportes y el detalle de la historia laboral, la cual
fue recibida y se encuentra debidamente acreditada, reportando 1206.85 semanas
y que en caso de que considere que existen ciclos faltantes, diferencias en la
información o ciclos no trasladados por el fondo, es necesario que lo valide
directamente ante la AFP, ya que todos los ciclos recibidos se encuentran cargados
conforme a lo reportado por la AFP en la que estuvo vinculado para esos períodos.
Además, señaló que actualmente no existe ninguna petición o trámite pendiente por
resolver a favor del accionante, por lo que no tiene responsabilidad frente a la
transgresión de los derechos fundamentales reclamados.

1
El 29 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 9 Administrativo
de Sincelejo y vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y al municipio de Buenavista (Sucre).

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13. De otra parte, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, comoquiera que el accionante pretende desnaturalizar
este mecanismo para que le sean reconocidos derechos que deben ser de
conocimiento del juez ordinario competente, a través de los instrumentos legales
establecidos en el ordenamiento jurídico para ello. En consecuencia, solicitó
denegar la presente acción por ser abiertamente improcedente.

Sentencia impugnada

14. El 11 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Sucre amparó el
derecho fundamental a la seguridad social del accionante y, en consecuencia,
ordenó lo siguiente:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUENAVISTA, SUCRE, para que dentro del
término de cinco (5) días, siguientes a la notificación del presente fallo, adopte las medidas
administrativas y presupuestales necesarias para agilizar la efectiva cotización de los aportes
ante la respectiva Administradora de Fondo Pensiones, del periodo reclamado por el actor y
reconocido a través de sentencia judicial (13/05/2003 al 07/08/2005), comunicando sus
actuaciones al interesado en forma debida.

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
adopte las medidas administrativas necesarias a su cargo, a efectos de que una vez se
encuentre allegada la documentación pertinente y verificada la efectiva cotización de los
aportes por parte del ente territorial, se corrija o incluya el periodo correspondiente que fue
reconocido al accionante a través de sentencia, esto es el período correspondiente a
13/05/2003 al 07/08/2007 y emita un nuevo pronunciamiento de fondo en relación con la
petición de reconocimiento y pago pensional, decisión que deberá notificar al interesado en
forma debida […]».

15. Para sustentar la anterior decisión, indicó que dentro del reporte de
semanas cotizadas en pensiones por el actor, actualizado al mes de abril de 2026,
se evidencia un total de 1206.85 semanas. Asimismo, señaló que figura una
certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL) de fecha 27 de enero de
2025, donde se indica que el señor Rodríguez Arrieta laboró en el municipio de
Buenavista como gerente de ESE desde el 13 de mayo de 2002 al 7 de agosto de
2005.

16. Así, indicó que lo discutido por el accionante está relacionado con un
periodo de cotización pensional durante el tiempo reconocido a través de sentencia
judicial (13/05/2002 al 07/08/2005), el cual no se evidencia en su historia laboral,
por falta de pago del ente territorial demandado, el cual, a su consideración, incide
en las semanas requeridas para el reconocimiento de su pensión de vejez. En esa
medida, consideró que tanto el municipio de Buenavista como Colpensiones
incurrieron en una actuación negligente al no adelantar las gestiones necesarias
para esclarecer o determinar la información de las semanas alegadas por el actor o
ejercer las acciones de cobro para poder recaudar los aportes en mora, sin que el
medio de control judicial del proceso ejecutivo haya surtido efecto, pese al tiempo
transcurrido, pues ha de notarse que conforme su radicación se inició en el año
2010 y hasta la fecha no ha logrado cubrir la deuda cobrada.

17. Además, consideró que ese paso de tiempo constituye una falla estructural
que afecta el debido proceso y que no debe afectar al usuario de la administración
de justicia, en la que, el juez de conocimiento no tiene incidencia, pues, es la falta
de recursos del ente municipal, los que han dado al traste con el pago de lo cobrado,

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aspecto que afecta a la gran mayoría de procesos ejecutivos adelantados contra
ente territoriales del orden municipal.

18. De otra parte, en relación con la orden de disponer celeridad y materializar
las medidas sancionatorias dentro del proceso ejecutivo Radicado No. 70001-3333
009-2010-00479-00 seguido ante el Juzgado 9 Administrativo del Circuito de
Sincelejo, indicó que, de acuerdo con las actuaciones allegadas al expediente, el
despacho judicial mencionado ha atendido y agotado todos los mecanismos legales
a fin de resolver lo concerniente y librado sendos memoriales que contienen
solicitudes de embargo y ratificación de medidas, los que han sido tramitados en la
oportunidad debida, por lo que no encontró demostrada la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, sino que lo ocurrido es consecuencia de una
falla estructural del Estado al momento de pagar las sentencias ordinarias, pues las
medidas cautelares se vuelven inanes cuando no existe dinero que embargar. En
consecuencia, negó las demás pretensiones formulada por la parte actora.

Impugnación

19. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
sostuvo que las órdenes impartidas son insuficientes e ineficaces, pues la obligación
de realizar los aportes existe desde 2007 y el incumplimiento se ha prolongado por
más de quince años pese al proceso ejecutivo iniciado en 2010. Afirmó que las
consecuencias de esa omisión no pueden seguir trasladándose a él, quien es una
persona mayor de 80 años, sin ingresos propios, cuya falta de reconocimiento
pensional afecta también sus derechos al mínimo vital, la igualdad y la vida digna.

20. Sostuvo que resulta incongruente que, pese a que el a quo reconoció la
actuación negligente del municipio de Buenavista y de Colpensiones, «así como la
existencia de una falla estructural derivada de la ineficacia prolongada del proceso
ejecutivo iniciado en 2010», las medidas adoptadas no sean suficientes para
superar esa situación, sino que perpetúen la incertidumbre que dio origen a la
vulneración de sus derechos

21. Adicionalmente, señaló que la orden de adelantar gestiones en cinco días
no impone una obligación concreta de pago ni establece mecanismos efectivos de
cumplimiento, por el contrario, se limita a ordenar actuaciones administrativas cuya
ineficacia ya ha sido demostrada a lo largo de casi dos décadas, incluso en el marco
de un proceso judicial que tampoco ha logrado materializar el pago de la obligación
impuesta en la sentencia proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

22. Resaltó que el propio Tribunal reconoció la obligación del municipio, que
existen mecanismos legales para que Colpensiones adelante el cobro de esos
aportes y además la jurisprudencia constitucional ha señalado que las
consecuencias de la mora en el pago de aportes pensionales no pueden ser
trasladadas al afiliado. Por ello, solicitó modificar el fallo para amparar integralmente
sus derechos fundamentales y, en ese sentido, ordenar al municipio el pago
inmediato de los aportes, disponer que Colpensiones incluya el período en su
historia laboral sin trasladarle las consecuencias de la mora y, en consecuencia,

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reconocer y pagar la pensión de vejez, sin perjuicio de las acciones de cobro contra
el municipio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

24. Antes de abordar el estudio de los planteamientos formulados en la
impugnación, la Sala advierte que la presente acción de tutela también se dirigió
contra el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, autoridad respecto de la cual
el juez de primera instancia concluyó que no incurrió en vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, al considerar que las actuaciones adelantadas
dentro del proceso ejecutivo se ajustaron al ordenamiento jurídico.

25. No obstante, al revisar el escrito de impugnación se observa que el
accionante no formuló reparo alguno frente a dicha conclusión, ni cuestionó las
consideraciones expuestas por el a quo respecto de la actuación de esa autoridad
judicial. Por el contrario, su inconformidad se circunscribe a las órdenes impartidas
en relación con Colpensiones y el municipio de Buenavista (Sucre), particularmente
en lo referente a la actualización de la historia laboral y al reconocimiento de las
semanas cotizadas.

26. En esas condiciones, la Sala no emitirá pronunciamiento sobre la actuación
del Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, por cuanto ese aspecto de la
decisión no fue controvertido y, por ende, permanece incólume.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia de
primera instancia. En ese sentido, se resolverá, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, si se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante a la seguridad social, al no incorporarse en su historia
laboral como tiempo de servicio el período comprendido entre el 13 de mayo de
2002 y el 7 de agosto de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia del 21
de septiembre de 2007.

Procedibilidad de la acción de tutela

28. La acción de tutela es procedente toda vez que (1) se orientó a lograr el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, igualdad,
vida digna y acceso a la administración de justicia; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, porque Jairo Rodríguez Arrieta es el titular
de las garantías constitucionales invocadas, y el municipio de Buenavista y

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Colpensiones son de quienes se predica la vulneración; y (3) hubo un plazo
razonable en la presentación de la acción de tutela, si se tiene en cuenta que la
presunta afectación de los derechos es una situación actual, comoquiera que, de
acuerdo con los elementos probatorios, aún no se ha actualizado la historia laboral
del actor lo que le impide, eventualmente, acceder a su pensión de vejez.

29. Aunado a lo expuesto, en relación con el cumplimiento de la exigencia de
subsidiariedad debe precisarse que la procedencia de la acción de tutela para la
actualización de la historia laboral, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha
admitido que excepcionalmente en casos de controversias pensionales en las que
se pueden ver comprometidos derechos fundamentales, sea posible la intervención
del juez constitucional. Al respecto, señaló lo siguiente:

«[l]a propia jurisprudencia de este Tribunal ha admitido la procedencia excepcional de la tutela en
controversias pensionales donde con ocasión de las mismas se pueden ver comprometidos
derechos fundamentales, cuya protección es impostergable a la luz de los hechos que motivaron
la interposición de esta acción constitucional. Así, esta Corte ha precisado que el mecanismo de
amparo procede cuando las circunstancias particulares y específicas del caso concreto llevan a
advertir que los medios ordinarios para la defensa judicial de los derechos no tienen vocación de
ofrecer una protección efectiva y/u oportuna de las garantías que se invocan».

30. En el presente caso, advierte la Sala que se trata de una persona de la
tercera edad, pues el actor tiene 81 años de edad y varias afectaciones de salud
(Hipertensión y bradicardia), condición que lo convierte en un sujeto de especial
protección constitucional, ya que superó la esperanza de vida certificada por el
DANE, que a hoy se encuentra estimada en 76 años3. En esa medida, exigirle el
agotamiento de otros instrumentos de defensa judicial resultaría desproporcionado
dada las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentra el demandante, las
cuales exigen una actuación urgente e impostergable.

31. Así las cosas, al encontrar superados los requisitos generales de
procedencia, en el mismo sentido que lo determinó el juez de primera instancia, la
Sala procederá a realizar un análisis de fondo de la controversia.

Análisis de la vulneración alegada

32. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto amparó los
derechos fundamentales invocados por el accionante. No obstante, modificará las
órdenes impartidas a Colpensiones, por las razones que pasan a exponerse:

33. El accionante, hoy recurrente, impugnó el fallo de primera instancia, para lo
cual, en síntesis, manifestó que, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Sucre
reconoció la actuación negligente del municipio de Buenavista y de Colpensiones,
las medidas adoptadas se limitan a ordenar actuaciones administrativas que no
garantizan el pago de los aportes ni el reconocimiento de su pensión de vejez.

34. Pues bien, con el propósito de establecer la situación actual del
demandante, al revisar cada uno de los elementos probatorios que obran en el
expediente de la referencia, la Sala observa que Colpensiones, mediante la
Resolución No. SUB-86123 del 19 de marzo de 2025, negó la solicitud de

2 Ver Sentencia T-420 de 2024 de la Corte Constitucional.
3 Sentencia T-013 de 2020.

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reconocimiento pensional formulada por el señor Rodríguez Arrieta, por no acreditar
las semanas mínimas de cotización para acceder a dicha prestación económica.
Asimismo, se avizora que en el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
interpuesto por la parte actora contra el acto administrativo precitado, aquel puso de
presente que «con la solicitud de reconocimiento pensional el suscrito aportó
certificación de tiempos de servicios expedidos por el MUNICIPIO DE BUENAVISTA
SUCRE, en el cual se certifica el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2002
a 7 de agosto de 2005. Sin embargo, el fondo pensional mencionado confirmó en
todas sus partes la anterior decisión, a través de la Resolución No. 15631 del 11 de
septiembre de 2025.

35. Adicionalmente, obra un reporte de semanas cotizadas en pensiones
actualizado al mes de abril de 2026, donde se reconocen un total de 1206.85
semanas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

36. Adicionalmente, se aprecia una certificación electrónica de tiempos
laborados (CETIL) emitida el 27 de enero de 2025, donde se indicó que el señor
Jairo Rodríguez Arrieta laboró en el municipio de Buenavista (Sucre), como gerente
de ESE desde el 13 de mayo de 2002 al 7 de agosto de 2005, tal y como lo refleja
la siguiente imagen:

37. Adicionalmente, se advierte que el 5 de mayo de 2026, el municipio de
Buenavista, mediante escrito referenciado como liquidación de periodos de aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, solicitó a la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) reliquidar el período comprendido
entre el 13 de mayo de 2002 al 7 de agosto de 2005, lo anterior con el fin de efectuar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones requeridos dentro de la
sentencia condenatoria emitida el 21 de septiembre de 2007. Textualmente, expuso:

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Demandante: Jairo Rodríguez Arrieta

«[H]aciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Nacional y artículo 13 del Decreto 1437 de 2011, (modificada por la Ley 1755 del 30 de junio
de 2015), con el fin adelantar gestiones administrativas tendientes a la corrección del historial
laboral del Sr. JAIRO RODRÍGUEZ ARRIETA, con la inclusión de las semanas cotizadas
para los periodos desde el trece (13) de mayo de dos mil tres (2023) al siete (7) de agosto
de dos mil siete (2007).

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante sentencia judicial de fecha veintiuno (21) de
septiembre de dos mil siete (2007), proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de
Sincelejo, dentro del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de
radicación 2003-01386 iniciado por el Sr. Jairo Rodríguez Arrieta, contra el municipio de
Buenavista, Sucre, se condenó al Ente Territorial, entre otros, al pago de los periodos
correspondiente a la Seguridad Social en Pensiones, de los periodos entre el trece (13) de
mayo de dos mil tres (20203) al siete (7) de agosto de dos mil siete (2007).

Por lo anterior y, teniendo en cuenta que en la actualidad el Sr. Jairo Rodríguez Arrieta, se
encuentra afiliado a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES y, para acceder a la pensión de vejez, este debe acreditar el cumplimiento
de dos requisitos; sesenta y dos (62) años de edad y mil trecientas (1.300) semanas
cotizadas; es preciso requerir a esta administradora de pensiones; sirva reliquidar los
periodos ante mencionados, con el fin de efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones requeridos dentro de la sentencia emitida el veintiuno (21) de septiembre de
dos mil siete (2007)».

38. Bajo este escenario, la Sala advierte que, según la historia laboral que obra
en el expediente, el señor Rodríguez Arrieta cuenta con un total de 1206 semanas
cotizadas. De igual forma, al contrastar dicha información con la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), expedida el 27 de enero de 2025, en la
cual se certifica que el accionante se desempeñó como gerente de la ESE del
municipio de Buenavista (Sucre) entre el 13 de mayo de 2002 y el 7 de agosto de
2005, se constata la existencia de un periodo efectivamente laborado que no ha
sido incluido en su historia laboral. En consecuencia, al incorporar dicho tiempo de
servicio, se concluye que el actor cuenta con más de 1300 semanas cotizadas al
sistema; por tanto, dicho período reconocido a través de sentencia judicial incide en
las semanas requeridas para el reconocimiento de su pensión de vejez.

39. En esa medida, se repara en que Colpensiones negó el reconocimiento de
la pensión de vejez del señor Jairo Rodríguez Arrieta mediante la Resolución No.
SUB-86123 del 19 de marzo de 2025, decisión que posteriormente confirmó a través
de la Resolución No. 15631 del 11 de septiembre del mismo año, bajo el argumento
de que el afiliado no acreditaba el número mínimo de semanas de cotización
exigidas por la ley. No obstante, desde el trámite administrativo el accionante puso
en conocimiento de la administradora de pensiones la existencia de un período
laboral comprendido entre el 13 de mayo de 2002 y el 7 de agosto de 2005,
reconocido mediante sentencia judicial y respaldado con la correspondiente
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), documento que
acreditaba la prestación efectiva del servicio en el municipio de Buenavista (Sucre).

40. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asiste razón al
Tribunal Administrativo de Sucre en amparar el derecho fundamental a la seguridad
social del accionante, pues los períodos que no evidenció el actor en el reporte de
semanas en su momento sí figuraban en el CETIL de manera que no había razón
para no incluirlos en su historia laboral. En consecuencia, se confirmará la
protección en ese mismo sentido.

41. No obstante, la Sala estima que las órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo de Sucre no permiten proteger de manera inmediata la garantía

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Demandante: Jairo Rodríguez Arrieta

fundamental amparada, comoquiera que la orden dictada a Colpensiones se
encuentra supeditada a las medidas administrativas y presupuestales que adopte el
municipio de Buenavista para la efectiva cotización de los aportes, frente a lo cual
no puede pasarse por alto que las consecuencias derivadas de la omisión del
empleador en el reporte de la relación laboral o en el pago oportuno de los aportes
no pueden trasladarse al afiliado ni afectar el goce efectivo de sus derechos
fundamentales, en particular el acceso a la prestación pensional.

42. Al respecto, en la Sentencia T-411 de 2023, la Corte Constitucional reiteró
que las administradoras de pensiones son quienes deben asumir las consecuencias
de la mora o del incumplimiento en el pago de aportes por parte de los empleadores,
sin que ello pueda imputarse a los afiliados ni constituir fundamento para negar o
dilatar el reconocimiento de la pensión de vejez. Asimismo, estas entidades cuentan
con mecanismos de cobro coactivo y gestión de recaudo que deben activar
oportunamente.

43. Esta obligación de gestión de cobro a cargo de los fondos pensionales se
sustenta en la relevancia que tiene el traslado oportuno de los aportes al sistema
pensional para la garantía del derecho a la pensión de vejez. El fundamento para
adelantar dichas actuaciones se encuentra previsto en el artículo 24 de la Ley 100
de 1993. Asimismo, el artículo 57 ibidem atribuye a Colpensiones, en su calidad de
administradora del régimen de prima media, la facultad de adelantar procesos de
cobro coactivo.

44. Adicionalmente, se precisa que las administradoras de pensiones están
obligadas a garantizar de manera estricta el debido proceso en todas las etapas del
trámite pensional, lo que implica valorar integralmente la información aportada por
el afiliado y verificar diligentemente los hechos relevantes para el reconocimiento de
la prestación. En consecuencia, se configura una vulneración de dicho derecho
cuando la entidad omite el análisis de elementos probatorios o información relevante
que le ha sido puesta en conocimiento, pese a tener la posibilidad y el deber de
hacerlo, lo que puede derivar en decisiones incongruentes y contrarias a la
integralidad del expediente administrativo.

45. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-154 de 2018
indicó «que las administradoras de pensiones incurren en una violación al debido
proceso cuando se les informa de hechos que tienen relevancia o incidencia directa
en el reconocimiento de una prestación económica y no los atienden diligentemente,
a pesar de tratarse de situaciones que la entidad misma está en la posibilidad y en
el deber de verificar, como la existencia de semanas cotizadas en periodos
determinados Esto es así, puesto que, de lo contrario, la entidad adoptaría una
decisión incongruente en la que no tiene en cuenta la totalidad de las solicitudes y
las circunstancias fácticas expuestas por el afiliado».

46. Así las cosas, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida
el 11 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el sentido de
ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) que,
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de esta providencia
incorpore el período correspondiente en la historia laboral y, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a dicha incorporación, profiera una nueva decisión definitiva

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sobre la solicitud de reconocimiento pensional, cuya decisión deberá serle notificada
en debida forma. Si de la actualización de la historia laboral se verifica el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, deberá
proceder a su reconocimiento, sin supeditar esa decisión al recaudo efectivo de los
aportes adeudados por el municipio.

47. En consecuencia, el reconocimiento del derecho pensional del accionante
no puede condicionarse al recaudo efectivo de los aportes adeudados por el
municipio de Buenavista. Una vez acreditado el tiempo efectivamente laborado
mediante la sentencia judicial y el CETIL correspondiente, Colpensiones debe
valorar dicho período para efectos del reconocimiento de la prestación, sin perjuicio
de ejercer posteriormente las acciones administrativas y de cobro que le
corresponden para obtener el pago de los aportes omitidos por el empleador.

48. Adicionalmente, se ordenará al fondo pensional adelantar las actuaciones
necesarias para gestionar el recaudo de los aportes adeudados, en atención a los
principios de sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social y de
solidaridad en materia pensional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 11 de mayo
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el sentido de ordenar a la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) que, (i) dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de esta providencia incorpore el
período correspondiente en la historia laboral ; (ii) dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a dicha incorporación, profiera una nueva decisión definitiva
sobre la solicitud de reconocimiento pensional, cuya decisión deberá serle notificada
en debida forma. Si de la actualización de la historia laboral se verifica el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, deberá
proceder a su reconocimiento, sin supeditar esa decisión al recaudo efectivo de los
aportes adeudados por el municipio; y (iii) adelante las actuaciones necesarias para
gestionar el recaudo de los aportes adeudados, en atención a los principios de
sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social y de solidaridad en
materia pensional.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

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Demandante: Jairo Rodríguez Arrieta

Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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