Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2026-00084-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – el hecho de sobrepasar los
términos legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar las
circunstancias particulares de cada caso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 25 de mayo de 2026, proferida
por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 8 de mayo de 2026, la Sociedad Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
LTDA, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Sincelejo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.
Hechos relevantes
2. El 22 de octubre de 2015, los ciudadanos Carlos Adaúl Navarro Chinchilla y sus
nietos menores2, Leyde Cecilia Gelvis Contreras, Jaime Andrés Navarro Gelvis y
Yenny Paola Navarro Gelvis presentaron demanda de reparación directa en contra
de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unión Temporal Esquemas de
Protección Siglo XXI (conformada por Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda
y su Oportuno Servicio Limitada – SOS). Lo anterior con el fin de que se declararan
1
Que ingresó a despacho para fallo el 12 de junio de 2026.
2
Al presentar la demanda de reparación directa figuran como menores de edad los siguientes: Carlos
Miguel, Saury Juliana y Julián Andrés Alsina Navarro.
1
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
patrimonialmente y solidariamente responsables por la muerte de Mayra Alejandra
Navarro Gelvis (Q.E.P.D), con ocasión del disparo recibido de un escolta de la
Unidad Nacional de Protección.
3. Sin embargo, a juicio de la parte accionante, han transcurrido 11 años sin que se
profiera sentencia de primera instancia. Esto a pesar de los diferentes impulsos
procesales presentados.
4. Adicional a ello, la parte accionante manifestó que, en el 2024, presentó otra
acción de tutela, encaminada al mismo objetivo. Sin embargo, el despacho
sustanciador advierte que una vez verificó lo indicado por la parte actora, encontró
que, la solicitud de amparo le correspondió el radicado No. 70001-23-33-000-2024-
00177-00. Mismo que fue conocido por el Tribunal Administrativo de Sucre, que, el
5 de diciembre de 2024, profirió sentencia de primera instancia. Según la parte
accionante, la tutela mencionada fue negada porque el plazo aún era razonable.
5. Por último, manifestó que han transcurrido 17 meses sin que se logre proferir el
fallo de primera instancia.
Pretensiones
6. La actora solicitó lo siguiente:
“1. Tutelar mis derechos fundamentales, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia por mora judicial.
2. Ordenar que, en el término de 72 horas, el Despacho profiera sentencia”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La parte accionante indicó que las actuaciones del despacho han sido
prolongadas a lo largo de los años. Esto porque se surtió la audiencia de pruebas y
alegatos de conclusión sin que se hubiera proferido sentencia. Asimismo, indicó que
en el proceso objeto de cuestionamiento han transcurrido más de once (11) años
sin ningún resultado. Pese a que se han agotado los mecanismos de impulso
procesal e incluso se presentó otra acción de tutela, pero no ha habido ninguna
respuesta. Por lo cual se presenta una mora judicial.
8. De otra parte, explicó que se cumple con el requisito de subsidiariedad dado que
se han presentado 6 solicitudes4 y 1 tutela con la finalidad de que el Juzgado
accionado se pronuncie sobre la sentencia. De igual manera, existe un perjuicio
irremediable, pues el trámite se ha ido dilatando, y se está vulnerando el acceso a
la administración de justicia. Por último, adujo que se cumple con el requisito de
inmediatez dado que han transcurrido 67 días desde el último impulso procesal.
3
Obra en certificado BF4E6EBDAC4B0469 6C13BF97ACDC7AB8 452E56220F7EBE01
F4582452E951F2DF, pág. 6, índice 2 de samai.
4
No especifica a que se refiere.
2
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Trámite en primera instancia
9. A través de auto del 11 de mayo de 20265, el Tribunal Administrativo de Sucre
admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Sincelejo como accionado y ordenó que allegara los documentos
relacionados con el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.
70-001-33-33-006-2015-00218-00.
Intervenciones
10. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo sostuvo que, si
bien el registro de samai el proceso aparece que se encuentra al despacho para
sentencia desde el 26 de septiembre de 2024. Lo cierto es que existen otros
procesos con anterioridad esperando el turno correspondiente. Esto de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63ª de la Ley 270 de 1996
modificada por la Ley 2430 de 2024. De igual modo, expresó que todos los usuarios
tienen derecho a recibir el mismo trato, tal como se evidencia en el artículo 9 de la
Ley 270 de 1996, artículo 13 de la Constitución Política, artículo 42 en su numeral 2
del Código General del Proceso, el artículo 103 de la Ley 1437 del 2011. También
mencionó algunos radicados que no han sido proferidos debido a la prelación de
turno.
11. En otro sentido, argumentó que, semanalmente llegan 4 demandas, entre 2 y 3
incidentes de desacato, acciones de cumplimiento y acciones populares. Sumado a
las audiencias programadas que se encuentran destinadas en un promedio de 5 por
semana. Por ello, la demora en proferir sentencia no se refiere a una negligencia u
olvido por parte del juzgado. Por el contrario, se debe al número de procesos a
cargo.
12. De otra parte, puso de presente la afectación que se generó por motivos de la
pandemia, lo cual afectó la realización de audiencias, tanto así que, solo hasta el
2024 se realizó la audiencia inicial del proceso objeto de cuestionamiento.
13. En otro sentido, explicó que el accionante presentó un impulso procesal el 17
de octubre de 2025, a lo cual el juzgado respondió que fue asignado a la
sustanciadora Marlys Medina Jiménez del despacho, con el fin de elaborar un
proyecto de fallo. Misma que lo elaboró y lo remitió al correo de la jueza el 21 de
noviembre de 2025.
14. Por último, allegó algunos de los reportes realizados en SIERJU, para denotar
que el despacho cuenta con 516 procesos sin sentencia de lo corrido de 2026. Ahora
bien, informó que hay 12 procesos antes que el 2015-00218 objeto de tutela, por lo
que le corresponde el turno No. 13.
15. La señora Marlys Vanesa Medina Jiménez, sustanciadora del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo informó que el proceso objeto de
5
Ver índice 4 de samai.
3
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
debate fue asignado el 27 de enero de 2025 para elaborar proyecto de sentencia.
Sin embargo, fue reasignado a María Andrea Pérez, sustanciadora en
descongestión. Nuevamente el 18 de septiembre de 2025, se le reasignó el proceso.
El 28 de octubre de 2025 inició el estudio del expediente y elaboración del proyecto,
el cual fue terminado y enviado a la jueza el 21 de noviembre de la misma anualidad,
junto con 29 trámites más.
La sentencia de primera instancia
16. Por medio de sentencia del 25 de mayo de 2026, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre negó la acción de tutela de la referencia. Esto
debido a que no se acreditó una mora judicial injustificada atribuible al Juzgado
accionado.
17. De otra parte, indicó que, una vez revisado el expediente ordinario, así como la
contestación realizada por parte del Juzgado accionado, encontró que no se había
configurado la vulneración de los derechos fundamentales. Lo anterior debido a las
cargas propias de los juzgados administrativos, pues el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de Acuerdo PCSJA25-12252 del 24 de enero de 2025,
estableció un estándar de capacidad máxima de respuesta de 652 procesos en la
que se encuentran los del Distrito Judicial de Sincelejo.
18. Por ello, el juzgado accionado enfrenta una significativa congestión judicial
debido al alto número de procesos a su cargo. Incluso, encontró que los procesos
sin sentencias ascendieron de 504 al cierre del 2024, a 487 en 2025 y 516 durante
el primer trimestre de 2026. Esto refleja la carga elevada y pendientes de decisión.
De igual forma, explicó que se debe tener en cuenta las acciones de tutela, los
incidentes de desacato, las acciones de cumplimiento y las acciones populares.
También la realización de audiencias y cualquier otra circunstancia que amerite.
19. En otro sentido, explicó que no pasa por alto que el proceso ingresó al despacho
para fallo el 26 de septiembre de 2024. Pero, expuso que esta decisión debe
adoptarse respetando el turno correspondiente, de acuerdo con las reglas de
prelación establecidas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, se debe respetar el
derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia. De igual forma
manifestó que ya existe un proyecto de sentencia elaborado el 21 de noviembre de
2025, sin embargo, no se desconoce el orden de los turnos.
20. Por último, puso de presente que la parte accionante en su condición de parte
demandada no está llamada a permanecer a la espera de una decisión judicial, pues
su interés es menos apremiante que el de la parte demandante.
Impugnación
21. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual expresó que el juez de tutela de primera instancia omitió
valorar un hecho determinante y es que hace 2 años cursó una tutela por la misma
4
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
situación. Sin embargo, la parte accionada indicó que el expediente ocupaba el
turno 13 para dictar sentencia. Por tanto, resulta irrazonable que el proceso siga
cursando el mismo turno de fallo. Eso acarrea que no hay un avance real del asunto
para emitir sentencia y desvirtúa la supuesta carga laborar alegada por el juzgado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
23. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección entiende que el problema
jurídico se circunscribe a determinar ¿si el Juzgado Sexto (6.º) Administrativo Oral
del Circuito de Sincelejo incurrió en mora judicial injustificada al no proferir sentencia
de primera instancia, pese a que el proceso ingresó al despacho para fallo el 26 de
septiembre de 2024? Sin embargo, de manera previa, corresponde a la Sala
establecer si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela.
24. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de la jurisprudencia sobre mora judicial; (ii)
análisis de los requisitos formales de procedencia; y (iii) examen de fondo del caso.
La mora judicial e impacto en los derechos fundamentales
25. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución6.
26. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable7.
6
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
7
Corte Constitucional, SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
5
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
27. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en concreto,
si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a una actitud
caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas estructurales
que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la congestión judicial
o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los despachos. Este tipo
de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas directamente a los
servidores judiciales.
28. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar justificada
cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a situaciones
estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos eventos, al
tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de administrar justicia,
no se configura una vulneración de los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo
procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y disponer que el proceso
continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que no se advierte la
existencia de un perjuicio irremediable8.
29. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional9, para establecer si
existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado
el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a conductas
dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales”.
30. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe establecer
si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada. Conforme el
precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los siguientes
elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.
Análisis del caso concreto
31. La parte accionante promovió la presente acción de amparo constitucional por la
presunta mora judicial injustificada atribuible al Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso de reparación directa,
8
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
9
Corte Constitucional SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
6
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
identificado con número 70001-33-33-006-2015-00218-00. Lo anterior debido a que,
desde el 26 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho para fallo, sin
que se haya proferido sentencia de primera instancia.
De la legitimación en la causa por activa
32. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establecen que la acción de tutela puede ser ejercida por la persona cuyos derechos
fundamentales resulten vulnerados o amenazados, directamente, por representante,
por apoderado judicial, por agente oficioso cuando el titular no esté en condiciones
de promover su defensa, o por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
De estas normas se desprende que la legitimación en la causa por activa constituye
un requisito de procedibilidad del amparo, de modo que quien acude a la tutela debe
acreditar que actúa en defensa de derechos propios o que cuenta con habilitación
suficiente para representar a otro.
33. La Corte Constitucional ha precisado que, cuando la tutela se ejerce a nombre
de un tercero mediante apoderado judicial, se requiere poder especial, pues el
mandato conferido para otro proceso no legitima automáticamente la promoción del
amparo constitucional. Asimismo, de acuerdo con el artículo 75 del Código General
del Proceso, la representación judicial puede conferirse a uno o varios abogados o a
una persona jurídica cuyo objeto principal sea la prestación de servicios jurídicos. En
el caso de personas jurídicas, la Corte Constitucional, en las sentencias T-382 de
2002 y T-889 de 2013, ha señalado que la acción debe ser presentada por su
representante legal o por apoderado debidamente facultado, y que el certificado de
existencia y representación legal es la prueba idónea para verificar quién ostenta
dicha representación; por tanto, su ausencia no se suple únicamente con la
presentación de un poder.
34. En el caso concreto, la Sala constata que la demanda la empresa accionante
allegó un poder que cumple con los requisitos requeridos. Sin embargo, no fue
aportado el certificado de existencia y representación legal que permita constatar que
el señor Luis Fernando Carvajal es el representante legal de la sociedad Prosegur
Vigilancia y Seguridad Privada y podía otorgar poder al abogado Roberto José
Vergara para la presentación de tutela. Por lo expuesto, se tiene que, en el asunto
bajo estudio se incumplen las condiciones que establece el artículo 75 del Código
General del Proceso para la representación legal.
35. A pesar de lo anterior, esta Corporación considera que sería desproporcionado
para el derecho al acceso a la administración de justicia declarar improcedente la
acción de tutela, por incumplimiento de la legitimación por activa, por al menos cinco
(5) razones. Primero, el juez de primera instancia omitió requerir el documento que
se echa de menos en esta oportunidad. Segundo, ningún interviniente o parte se ha
opuesto a la forma de participación de la parte accionante. Tercero, la empresa ha
sido notificada al correo suministrado en la demanda y ha continuado su actuación
en el proceso durante todo el trámite, por ejemplo, con el ejercicio del derecho
fundamental a la impugnación. Cuarto, bajo estas circunstancias, se sacrificaría de
manera intensa los derechos de la tutelante, sin un beneficio equivalente para la
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Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
administración de justicia. Quinto, una decisión que cuestione en esta fase del trámite
constituiría un exceso ritual manifiesto, al renunciar al logro de la justicia material y
preferir la formal.
Estudio formal de la mora judicial
36. En el caso concreto de la sociedad Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, se
advierte que se satisfacen las exigencias formales de procedibilidad de la acción de
tutela por mora judicial. En cuanto al primer requisito, (i) la subsidiariedad, si bien el
proceso judicial continúa en curso, la jurisprudencia ha precisado que en los casos
de mora judicial el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos procesales
—como recursos o incidentes—10, ya que ello únicamente prolongaría la tardanza y
agravaría la afectación de sus derechos; por ende, la empresa accionante se
encontraba en una situación de indefensión, al carecer de un medio judicial eficaz
para obtener una respuesta oportuna; (ii) Frente al requisito de la diligencia de la
parte, la accionante presentó impulsos procesales al Juzgado Sexto (6º)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, con el fin de promover el
desarrollo del proceso; (iii) respecto del requisito de ausencia de conductas dilatorias
e incumplimientos de cargas procesales de la parte, la Sala constata que estas son
inexistentes, al punto que no se evidencian este tipo de prácticas; por último (iv) en
la inmediatez, la acción fue interpuesta dentro de un plazo razonable, pues el
expediente se encuentra al despacho para fallo el 26 de septiembre de 2024 y la
tutela se presentó el 8 de mayo de 2026, lapso que refleja la persistencia de la
omisión judicial y la continuidad de la vulneración. En consecuencia, la accionante
cumplió las exigencias formales que habilitan el estudio de fondo de la presunta mora
judicial.
Estudio sustantivo de la mora judicial
37. Para la Sala, no es posible atribuir de manera exclusiva a la autoridad judicial la
supuesta mora judicial, toda vez que la prolongación en el trámite procesal ha tenido
origen en una significativa congestión judicial, derivada de la cantidad de procesos
con los que cuenta a su cargo. No obstante, en el proceso cuestionado se han venido
adelantando las siguientes actuaciones:
a. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo,
quien, a través de auto del 19 de abril de 201611 resolvió (i) admitir la demanda;
(ii) notificar la providencia a la parte demandada personalmente y a la parte
demandante por estado; (iii) notificar personalmente al Procurador 104 Judicial
I Administrativo ante el Juzgado; (iv) notificar personalmente a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; entre otras decisiones.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-333 de 2020.
11 Ver enlace allegado por el Juzgado accionado: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20EXPEDIENTES%20ELECTRONICOS%2FMEDIOS%20DE%20CO
NTROL%2FREPARACI%C3%93N%20DIRECTA%2F2015%2F2015%2D00218%2D00&listurl=%2
Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments&csf=1&cidO
R=SPO&FolderCTID=0x012000317A1E007757CE45B525F06A98FF662C, en la carpeta
“C01Principal” en el documento “02AutoAdmiteDemanda”.
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Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
b. A través de auto del 21 de abril de 201712, el Juzgado Sexto (6º)
Administrativo Oral de Sincelejo (i) reconoció al apoderado de Prosegur
Vigilancia y Seguridad Privada Ltda y su Oportuno Servicio Limitada – SOS;
(ii) revocó el poder concedido al señor Rafael Echavarría Salazar; (iii) concedió
a la Unión Temporal “Esquemas de Seguridad Siglo XXI” para que aportara el
poder conferido al profesional del derecho que suscribió la contestación de la
demanda y (iv) indicó que una vez allegados los documentos, se tenía que
devolver el expediente al despacho para resolver la solicitud de llamamiento
en garantía.
c. El 17 de julio de 201713, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo, inadmitió el llamamiento en garantía efectuado por la Unión
Temporal Esquema de Protección Siglo XXI (Prosegur Vigilancia y Seguridad
Privada Ltda y su Oportuno Servicio Limitada – SOS) y les concedió 10 días
para los fines pertinentes. Además, reconoció personería al abogado Roberto
Vergara y le concedió 10 días a la Unidad Nacional de Protección para que
aportara un nuevo poder.
d. El 8 de septiembre de 201714, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo (i) admitió el llamamiento en garantía de la Unión Temporal Esquema
de Protección Siglo XXI (Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda y su
Oportuno Servicio Limitada – SOS); ordenó que se notificara a Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A. y se le concedió el término de 15 días para que
respondiera a los llamamientos; (ii) rechazó el llamamiento en garantía
realizado por la Unión Temporal Esquemas de Protección Siglo XXI a la
Previsora S.A. Compañía de Seguros; (iii) admitió el llamamiento en garantía
realizado por la Unidad Nacional de Protección a la Previsora S.A. Compañía
de Seguros, le concedió el término de 15 días para que respondiera a los
llamamientos: y (iv) reconoció al apoderado judicial de la Unidad Nacional de
Protección, entre otras decisiones.
e. El 16 de febrero de 201815, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo ordenó a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de la providencia, cumpliera con lo dispuesto en el
numeral 3.4 de la providencia del 8 de septiembre de 2017.
f. El 16 de octubre de 201816, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo (i) fijó fecha para el 31 de octubre de 2019 con el fin de llevar a cabo
la audiencia inicial; (ii) concedió a la entidad llamada en garantía – Mapfre
Seguros Generales de Colombia, para que aportara el poder y sus anexos y
(iii) reconoció al apoderado de la llamada en garantía – Previsora S.A.
Compañía de Seguros. Misma fecha en la cual se realizó la respectiva
12 Ibidem. En la carpeta “C03Principal” en el documento “16AutoReconocePoder”.
13 Ver índice 6 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
14 Ver índice 9 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
15 Ver índice 13 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
16 Ver índice 21 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
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Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
audiencia y se profirió la respectiva acta en la cual se informaba que se fijaba
fecha para el 21 de agosto de 2020, con el fin de llevar a cabo la audiencia de
pruebas17.
g. Por medio de auto del 21 de agosto de 202018, el Juzgado Sexto (6º)
Administrativo Oral de Sincelejo (i) no realizó la audiencia de pruebas
programada para ese día; (ii) requirió los medios probatorios documentales
ordenados en la audiencia inicial y (iii) solicitó a la parte demandante, que
suministrara los correos electrónicos de los testigos e informara si contaban
con los medios tecnológicos para realizar la audiencia virtual.
h. El 1°. de marzo de 202219, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo fijó fecha de audiencia de pruebas para el 16 de septiembre de 2022.
Misma que fue realizada en esa fecha20. Sin embargo, allí se fijó una nueva
fecha para continuar con la audiencia, la cual corresponde al 30 de noviembre
de 2022.
i. En la fecha precitada21, se suspendió la audiencia y se fijó la fecha del 17 de
marzo de 2023 para continuar con la misma. Esta diligencia, se llevó a cabo
en esa fecha22 y se suspendió para continuar con la audiencia el 19 de mayo
de 2023.
j. El 18 de marzo de 202323, se dejó sin efectos la continuación de la audiencia
y se ofició al fiscal primero Seccional-Sincelejo para que remitiera copia
auténtica de unos medios de prueba. Por lo que le concedió un (1) mes para
que los recaudara. Asimismo, se fijó fecha para el 11 de agosto de 2023 como
nueva fecha para continuar con la audiencia.
k. El 8 de agosto de 202324, el Juzgado Sexto (6º) Administrativo Oral de
Sincelejo reprogramó la audiencia prevista para el 11 de agosto de 2023 y fijó
como nueva fecha el 6 de octubre de 2023 para continuar con la misma. De
otra parte, el 11 del mismo mes y año25, profirió un auto en el cual solicitaba al
fiscal primero Seccional de Sincelejo que remitiera copia auténtica de los
medios probatorios que se habían practicado en el expediente penal del
radicado 2013-02248.
l. En la fecha anteriormente mencionada26, se profirieron las siguientes
decisiones y/o realizaron las siguientes actuaciones: (i) se recaudaron como
medios de prueba los remitidos por la Fiscalía Primera Seccional – Sincelejo
17 Ver índice 24 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
18 Ver índice 29 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
19 Ver índice 37 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
20 Ver índice 56 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
21 Ver índice 67 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
22 Ver índice 77 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
23 Ver índice 82 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
24 Ver índice 90 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
25 Ver índice 93 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
26 Ver índice 107 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
10
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo; (ii) declaró concluida
la segunda etapa del proceso y (iii) corrió traslado a las partes para que
presentara por escrito sus alegatos de conclusión dentro de los 10 días
siguientes.
m. El 26 de septiembre de 202427, el expediente ingresó a ese despacho para
proferir sentencia de primera instancia.
38. Así las cosas, tras revisar lo anterior, la Sala observa que desde el 19 de abril de
2016 y en la actualidad han transcurrido 10 años, aproximadamente, sin que se haya
resuelto de fondo el asunto. Sin embargo, se han venido adelantando diferentes
actuaciones, tal como las respectivas audiencias y traslado para alegar.
39. De igual modo, se entiende que, tal como lo indicó el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el acuerdo PCSJA25-12252 del 24 de enero de 2025, la
capacidad máxima de respuesta de 652 procesos se encuentra en el Distrito Judicial
de Sincelejo. Por ello, el juzgado accionado cuenta con una significativa congestión
judicial, tal como lo indicó en su respectiva contestación y que dio cuenta de la
estadística expuesta según la información de SIERJU.
40. De igual modo, como lo indicó la jueza en su respectivo informe de tutela, tiene
a cargo varios expedientes que ha venido atendiendo de acuerdo con la naturaleza
de los asuntos y con el respectivo orden de ingreso al despacho. Todo esto sugiere
que se ha requerido de una gestión cuidadosa y una atención particular a diversos
aspectos procesales y sustanciales.
41. Asimismo, no obra en el expediente elemento alguno que justifique la alteración
del orden cronológico de turnos previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. La
accionante no explicó ni acreditó razones constitucionalmente válidas que
permitieran una prelación excepcional en la decisión de su proceso. De acuerdo con
la Sentencia C-134 de 2023, que reiteró la providencia C-713 de 2008, la Corte
Constitucional precisó que sólo pueden tramitarse y fallarse preferentemente los
asuntos en los que concurran circunstancias extraordinarias, como razones de
seguridad nacional, graves violaciones de derechos humanos, afectación grave del
patrimonio público, asuntos de especial trascendencia social, siempre que estén
debidamente justificadas y sean idóneas para alcanzar un fin constitucional legítimo,
se trate de casos “relacionados con hechos de corrupción de servidores públicos”, la
“decisión concierne a niños, niñas y adolescentes”, se “debe dar aplicación al
precedente vinculante” los sujetos pasivos sean niños, niñas o adolescentes, y en
los civiles y de familia si están en litigio sus derechos28.
42. En este caso, el litigio de la sociedad Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada,
no encuadra en ninguno de los supuestos excepcionales mencionados ni se acreditó
una urgencia constitucional que habilitara a apartarse del turno legal. La demora en
el fallo obedece a la carga estructural de trabajo y a la aplicación del principio de
27 Ver índice 121 de samai, en el radicado 70001333300620150021800.
28
Ley 270 de 1996, artículo 63ª, modificado por la Ley 2430 de 2024, artículos 26 y 27.
11
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
igualdad y legalidad en el orden de decisión, sin que la parte haya señalado razones
objetivas para variar dicho turno. Por tanto, el Juzgado actuó dentro del marco
normativo y jurisprudencial vigente, respetando la autonomía judicial y el principio de
prelación cronológica establecido por el legislador.
43. Frente al argumento de la impugnación, según el cual el expediente
permanecería en el mismo turno informado en una tutela anterior, la Sala advierte
que esa afirmación no desvirtúa, por sí sola, la explicación ofrecida por el despacho
accionado sobre la congestión estructural y la prelación legal de turnos. La
permanencia del proceso en un determinado orden de fallo puede obedecer a la
atención de asuntos constitucionales, procesos con prelación legal, audiencias y
cargas funcionales sobrevinientes. En todo caso, la parte actora no demostró que el
despacho hubiera alterado arbitrariamente el turno, paralizado selectivamente el
expediente o actuado con desidia frente a su trámite.”
44. En este contexto, la Sala considera que las posibles demoras son consecuencia
de la carga laboral que se encuentra en el despacho y que ha adelantado en los
diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de los expedientes que tiene a
cargo y el orden de ingreso al despacho, lo que exige una celosa atención por parte
del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo que dificulta la resolución de
la litis dentro de lapsos cortos.
45. Por tanto, la Subsección concluye que no se configura una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, pues es posible colegir que
los tiempos han sido razonables y se ajustan a la realidad de la congestión judicial.
46. Es importante señalar que la presentación de impulsos procesales y/o
memoriales no constituye una causa válida para modificar la asignación de turnos
para fallo, ya que esta posibilidad está reglada. La ley prevé ciertos eventos en los
que se puede solicitar prioridad en la resolución de demandas, sin necesidad de
ajustarse al orden cronológico asignado, como lo establece el artículo 63A de la Ley
270 de 199835.
47. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 25 de mayo de
2026, que negó la solicitud de amparo, por la presunta mora injustificada para proferir
la sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de mayo de 2026, proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, que negó la demanda
formulada por la sociedad Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
12
Radicación número: 70001-23-33-000-2026-00084-01
Accionante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
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