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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00148-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00148-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por COOSALUD. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio de la cual la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó el amparo solicitado por el señor Manuel de Jesús Hernández Vergara. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2026-00148-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 70001-23-33-000-2026-00148-01
Demandante: MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ VERGARA
Demandado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE SINCELEJO

Temas: Tutela de fondo. Presunta mora en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Derecho a la salud de
los miembros de la Policía Nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio de la cual la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó el amparo solicitado por el
actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Manuel de Jesús Hernández Vergara, en nombre propio, presentó acción
de tutela1 contra el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo,
con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la salud, a la vida, a la integridad personal y a la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la tardanza
de la autoridad judicial accionada en notificar el auto admisorio de 9 de julio de
2026, dictado en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 70001-33-33-011-2026-00002-00, que inició el actor
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el Ejército
Nacional y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Así mismo, consideró lesionadas sus garantías fundamentales con ocasión a la
omisión de la Policía Nacional en brindarle la atención médica que requiere por las
patologías que fueron diagnosticadas y tratadas en su oportunidad por esa
entidad.

1 Mediante escrito radicado el 5 de agosto de 2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Manuel de Jesús Hernández Vergara
Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
social, protección a la salud, vida e integridad personal, igualdad y prioridad
procesal, vulnerados por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo y por la omisión de la Policía Nacional en brindarme atención médica
conforme al régimen especial que me corresponde.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de este fallo, LIBRÉ LAS COMUNICACIONES DE NOTIFICACIÓN a
la POLICÍA NACIONAL, con copia íntegra de mi demanda y sus anexos, a la
siguiente dirección oficial:

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección General — Dirección de Prestaciones Económicas
Avenida El Dorado N.º 46-46, Edificio Sede Nivel 2, Bogotá D.C.
Correos oficiales: judicial@policia.gov.co — notificacionesjudiciales@policia.gov.co

TERCERO: ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL — SANIDAD DE LA POLICÍA
NACIONAL que, en el término perentorio de setenta y dos (72) horas siguientes a la
notificación de esta providencia y mientras se resuelve el proceso principal, me
brinde atención médica integral, control médico periódico y suministro continuo de
medicamentos esenciales, por corresponder legalmente al régimen especial de la
Fuerza Pública y estar acreditado el origen de mis patologías en servicio activo,
conforme al Artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y al Artículo 1.º del Decreto 1748 de
1995.

CUARTO: ORDENAR que, una vez notificada la Policía Nacional, corra el traslado
legal de treinta (30) días para que conteste la demanda, conforme al Artículo 177
del CPACA.

QUINTO: DECLARAR que mi proceso goza de TRÁMITE PRIORITARIO por mi
discapacidad certificada y mi estado de salud, conforme al Artículo 63-A de la Ley
270 de 1996.

1.3. Hechos

El accionante fundó su escrito de tutela, en síntesis, así:

Indicó que a través de su apoderado judicial presentó una demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
obtener la nulidad del acto administrativo con el cual se le negó el reconocimiento
de una pensión de invalidez por las patologías originadas durante la prestación de
su servicio activo como agente de la Policía Nacional.

Explicó que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo, autoridad judicial que mediante auto de 9 de julio de
2026 admitió la demanda en contra de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), y ordenó correr
traslado por el término de treinta días para que las entidades demandadas
pudieran contestar, proponer excepciones y solicitar pruebas.

Señaló que, a la fecha de interposición de esta acción constitucional, la autoridad
judicial accionada no había notificado el auto admisorio a las demandadas.

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Demandante: Manuel de Jesús Hernández Vergara
Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

Por otro lado, manifestó que fue diagnosticado desde abril de 1996 con «trastorno
mixto de ansiedad y depresión con componente paranoide, hipoacusia bilateral,
trastornos del sueño» por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Expuso que el servicio de salud que venía recibiendo estaba a cargo de
COOSALUD, entidad que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, razón
por la cual fue trasladado de régimen sin que se le informara su nueva empresa
promotora de salud ni los lugares de atención a los que puede asistir.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
constitucionales, con ocasión de la demora injustificada en notificar el auto
admisorio de 9 de julio de 2026, proferido en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-33-33-011-2026-
00002-00.

Alegó que el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece un término de cinco días para notificar la
admisión de la demanda, que para el caso concreto se venció el 16 de julio de
2026.

En ese sentido, explicó que han transcurrido veinte días sin que la Policía
Nacional haya sido notificada de la demanda, puesto que al verificar directamente
el proceso no cuenta con la constancia de envío.

Trajo a colación el artículo 63-A de la Ley 270 de 1996 y señaló que conforme a
esta norma las personas que tengan una «discapacidad igual o superior al treinta
por ciento (30%) y las que padezcan enfermedad crónica degenerativa e
irreversible que comprometa su vida o salud de manera grave» tienen prioridad en
el trámite de los procesos judiciales.

Por lo tanto, concluyó que al presentar una discapacidad certificada del 30% y una
patología psiquiátrica crónica debe tener prioridad.

Refirió que la afiliación que aparece reportada en la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) fue realizada sin su consentimiento «en
contravención al régimen jurídico que me corresponde como miembro de la
Fuerza Pública», puesto que por disposición legal no pertenece al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, sino al Régimen Especial de la Policía
Nacional, máxime cuando las patologías que padece son crónicas y progresivas, y
han derivado en una pérdida de capacidad laboral y discapacidad certificada.

Expuso que la liquidación forzosa de su EPS lo ha dejado sin acceso a
tratamientos médicos y al suministro de medicamentos, lo que lo pone en grave
riesgo de agudizar su patología mental.

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No obstante, resaltó que de conformidad con el artículo 2792 de la Ley 100 de
1993 la entidad obligada a prestarle el servicio de salud no es COOSALUD ni la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ni otra EPS del régimen
general, sino la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dado que él
pertenece al régimen especial por ser exmiembro de esa institución.

De igual manera, explicó que aunque «la entidad del régimen general
(COOSALUD) haya entrado en liquidación no extingue ni transfiere la obligación:
simplemente revela que la asignación inicial fue errónea y que la responsabilidad
retorna a su titular natural: la Policía Nacional».

De otro lado, destacó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que cuando las patologías de la persona hayan sido diagnosticadas y
tratadas durante el servicio activo, la obligación de atención y reconocimiento
pensional corresponde a la Fuerza Pública, pese a que la agudización de la
enfermedad ocurra después del retiro. Así las cosas, concluyó que como su
diagnóstico data de 1996 cuando se encontraba en servicio activo, el prestador de
su servicio de salud debe ser la Policía Nacional.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 5 de agosto de 2026 el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Sucre admitió la acción de tutela contra el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, en calidad de autoridad accionada.
Además, como tercero interesado vinculó a la Policía Nacional, Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional3.

1.6. Contestación

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentó el
siguiente pronunciamiento:

1.6.1. Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo

El titular del despacho solicitó que se declare la improcedencia del presente medio
constitucional al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
actor.

Al respecto, indicó que, contrario a lo manifestado por el accionante, las
notificaciones del auto de 9 de julio de 2026 fueron enviadas el día hábil siguiente
(10 de julio de 2026), tal como se puede corroborar en el expediente digital de
Samai.

2 «ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir
de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas. […]».
3 Notificado a los buzones: desuc.asjur@policia.gov.co, notificacionesjudiciales@policia.gov.co,

judicial@policia.gov.co, notificaciones.sincelejo@mindefensa.gov.co y sanidad-disan.asjur-
tutelas@policia.gov.co.

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Así mismo, precisó que la providencia quedó notificada el 16 de julio, por lo que el
término empezó a correr el 17 de julio y finalizó el 2 de septiembre de 2026. Para
tal efecto, citó el artículo 8. ° de la Ley 2213 de 2022.

Igualmente, agregó que el proceso «se encuentra en la secretaría del Despacho,
según lo reglado en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y conforme con lo previsto en los artículos 199 y
200 ídem».

Finalmente, consideró que la acción de tutela se está usando para impulsar un
proceso que es de conocimiento del juez ordinario y que en el presente asunto el
interesado ha agotado en tres oportunidades el mecanismo constitucional para
provocar un pronunciamiento, lo cual lo desnaturaliza.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 19 de agosto de 2026, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre negó el amparo solicitado por el actor.

En primer lugar, encontró que la mora judicial invocada por el accionante no se
encontraba acreditada, puesto que la notificación del auto admisorio de 9 de julio
de 2026 se surtió el 10 de julio de 2026.

En ese sentido, consideró que para la fecha de interposición de la acción de tutela
el trámite del proceso ordinario se encontraba surtiéndose conforme a las etapas
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y que el término de traslado de la demanda continuaba en curso,
por lo que no observó la existencia de una dilación injustificada atribuible al
juzgado.

De otro lado, consideró que tampoco encontraba configurada la vulneración
alegada por parte de la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad de la Policía,
puesto que la determinación del origen de las enfermedades del actor y la
eventual responsabilidad de la demandada «constituyen aspectos sustanciales
que forman parte del debate jurídico y probatorio que actualmente se surte dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho». Por lo tanto, destacó que
el juez constitucional no puede invadir la competencia del juez natural de la causa.

Así mismo, indicó que el actor no acreditó una afectación actual y concreta del
derecho fundamental a la salud, dado que, al consultarse la Base de Datos Única
de Afiliados (BDUA), administrada por la ADRES, evidenció que el tutelante
registra una afiliación activa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
bajo el régimen subsidiado, a través de COOSALUD.

En consecuencia, concluyó que eso demuestra que el señor Hernández Vergara
no se encuentra desprovisto de la cobertura en salud; máxime cuando no allegó
alguna prueba que permitiera determinar que se le ha negado la prestación de
servicios o la entrega de sus medicamentos.

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1.8. Impugnación

El 20 de agosto de 20264, el tutelante impugnó el fallo de primera instancia y
solicitó que se revoque para que, en su lugar, se declare que existió mora judicial,
se conceda el amparo de sus derechos fundamentales y se le ordene a la Policía
Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que: (i) le brinde atención
médica integral, los tratamientos y el suministro continuo de sus medicamentos, y
(ii) reconozca su condición de afiliado al Régimen Especial de Salud de la Fuerza
Pública.

En primer lugar, explicó que el a quo constitucional erró al descartar la mora
judicial, puesto que el simple envío de las comunicaciones no equivale a la
notificación efectiva del auto admisorio, la cual debe quedar acreditada con la
constancia de recibo, de conformidad con el artículo 171 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, alegó que el fallo de primer grado omitió pronunciarse sobre la
pretensión tendiente a obtener la atención en salud por parte de la Policía
Nacional, pese a que la entidad accionada guardó silencio. En ese sentido,
reprochó que se debió dar aplicación a la presunción de veracidad.

Además, reiteró que sus patologías se originaron en servicio activo, razón por la
cual consideró que le asiste derecho al Régimen Especial de las Fuerzas Militares,
en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así como los Decretos 1748 de
1995 y 1795 de 2000.

Por último, trajo a colación el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y las sentencias
T-409 de 2018 y T-058 de 2022 de la Corte Constitucional para señalar que el
Tribunal Administrativo de Sucre omitió valorar su estado de salud que le otorga
una condición de especial protección.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 10 de septiembre de 2026, el magistrado sustanciador de
segunda instancia resolvió vincular en calidad de terceros con interés al Ejército
Nacional5, a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)6 y a
COOSALUD en liquidación, y les puso en conocimiento la nulidad saneable que se
presentaba en el proceso, para que (i) la alegaran; (ii) se pronunciaran sobre la
solicitud de amparo sin alegar la nulidad, o, (iii) guardaran silencio.

Sin embargo, las autoridades vinculadas no se pronunciaron respecto de la
señalada nulidad, por lo tanto, esta se entenderá saneada.

4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591

de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 19 de agosto de 2026 y el
recurso se interpuso al día siguiente.
5 Notificado a los correos sac@ejercito.mil.co y ceoju@ejercito.mil.co.
6 Notificada al buzón notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

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1.10. Intervención

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentó el
siguiente pronunciamiento:

1.10.1. COOSALUD

La gerente de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela.

En primer lugar, indicó que, una vez revisadas las bases de datos de la EPS, así
como la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), administrada por la ADRES,
pudo constatar que el accionante registra una afiliación activa en el régimen
subsidiado desde el 1. ° de julio de 2024, con estado de servicio vigente con la IPS
Country Salud, ubicada en el municipio de Sincelejo y que registra como retirado
del Régimen Especial de Sanidad Militar desde el 1. ° de enero de 2023.

Informó que se estableció contacto con los familiares del accionante para
explicarles que COOSALUD sigue prestando aseguramiento con total normalidad
a sus afiliados, ante lo cual estos le manifestaron que no se encontraban
interesados en recibir los servicios de salud ofrecidos por la entidad.

En consecuencia, señaló que no se puede atribuir a la EPS una actitud omisiva
frente a la prestación de los servicios, en primer lugar, porque estos no han sido
solicitados por el accionante, y comoquiera que no existe prueba de que estos
hayan sido negados, suspendidos o dilatados por razones atribuibles a la EPS. Así
mismo, destacó que «la sola manifestación del accionante relacionada con la
liquidación de la entidad no constituye prueba de una afectación real y actual de
sus derechos fundamentales».

Expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que las
pretensiones elevadas en el escrito de tutela se encuentran dirigidas a cuestionar
la competencia de las entidades pertenecientes al Régimen Especial de la Fuerza
Pública para asumir la atención integral en salud del actor.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 19 de agosto de 2026, proferido por la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

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2.2. Cuestión previa

COOSALUD solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al destacar que
carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, la Sala negará esta
pretensión, en atención a que es la empresa promotora de salud a la que, en la
actualidad, el accionante se encuentra suscrito, por lo que su vinculación en esta
instancia se hace necesaria para estudiar la presunta vulneración del derecho a la
salud del actor.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 19 de agosto de 2026, dictada por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre, a través de la cual se negó el amparo solicitado
por el señor Manuel de Jesús Hernández Vergara.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces; (iii) la
mora judicial justificada; (iv) el derecho a la salud de los miembros de las Fuerzas
Militares, y (v) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.8

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos

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La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo9.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»10.

2.6. La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes11.

Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»12. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se

medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
9Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
10 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
11 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
12 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial13, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes.

2.7. Derecho a la salud de los miembros de las Fuerzas Militares

La Corte Constitucional ha reiterado en su abundante jurisprudencia que existe un
deber a cargo del Estado de proteger el derecho a la salud de los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía que, aunque se encuentren desvinculados, hayan
adquirido una lesión o una enfermedad durante la prestación de su servicio. Para
tal efecto, el alto tribunal constitucional desarrolló los siguientes supuestos:

44. En el desarrollo jurisprudencial del principio de continuidad se consolidaron tres
supuestos en los que la obligación de garantizar los servicios de salud se extiende
más allá del momento de la desvinculación. En concreto:

I. Cuando la persona adquirió una lesión o enfermedad antes de incorporarse
a las fuerzas militares. En este supuesto, sanidad militar debe garantizar la
atención médica integral siempre y cuando: (i) la preexistencia no haya sido
advertida en los exámenes psicofísicos de ingreso, debiendo hacerlo; y (ii) se
haya agravado como consecuencia del servicio militar.

II. Cuando la lesión o enfermedad se genera durante la prestación del
servicio. En este caso surge el deber de continuidad en la prestación si la
lesión o enfermedad: (i) es producto directo del servicio; (ii) se generó en
razón o con ocasión de este; o (iii) es la causa directa de la desincorporación
de las fuerzas militares o de policía.

III. Cuando la lesión o enfermedad tiene características que ameritan la
realización de exámenes especializados para determinar el grado de
incapacidad laboral de la persona o el momento en que fue adquirida.
[…]

51. Con todo, el principio de continuidad en la prestación del servicio no implica un
derecho ilimitado a recibir atención médica por parte del sistema. La jurisprudencia
de esta Corte advierte que

13 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-

2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.

10
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Demandante: Manuel de Jesús Hernández Vergara
Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

“la continuidad del servicio de salud se encuentra supeditada a la necesidad
de la prestación por el tiempo que resulte indispensable, con el fin de no
lesionar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la
dignidad humana de quienes prestaron sus servicios al estado colombiano y
que por diversas razones no se encuentran activos”14.

2.8. Caso concreto

2.8.1. La mora judicial justificada

Como se mencionó, el señor Hernández Vergara alegó que el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo vulneró sus derechos fundamentales
por la tardanza en notificar el auto admisorio de 9 de julio de 2026, dictado en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 70001-33-33-011-2026-00002-00.

Mediante sentencia de 19 de agosto de 2026, el a quo constitucional negó el
amparo solicitado por el actor, al destacar que la mora judicial invocada no se
encontraba acreditada, puesto que el 10 de julio de 2026 se surtió la notificación
del auto admisorio de 9 de julio de 2026.

Por lo tanto, consideró que para la fecha de interposición de la acción de tutela el
trámite del proceso ordinario estaba surtiéndose conforme a las etapas previstas
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosa Administrativo y
que el término de traslado de la demanda continuaba en curso, por lo que no
observó la existencia de una dilación injustificada atribuible al juzgado.

Inconforme con esta decisión, el accionante la impugnó y solicitó que se revoque
para que, en su lugar, se declare que sí existió mora judicial, puesto que el
Tribunal Administrativo de Sucre erró al descartarla, teniendo en cuenta lo
siguiente:

[…] el simple envío de comunicaciones no equivale a la notificación efectiva,
requisito esencial que debe quedar acreditado con constancia fehaciente de
recibido y fecha cierta. El Juzgado se limitó a afirmar sin probar. El artículo 171 del
CPACA exige notificación personal con constancia dentro del término. Al no existir
prueba, no puede presumirse cumplido, y el Tribunal incurrió en error de valoración
probatoria y violación del artículo 29 de la Constitución Política.

Pues bien, de la revisión realizada al expediente digital, se evidencia que el 3 de
febrero de 2026 la demanda ingresó al Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo, autoridad judicial que a través de proveído de 25 de marzo
de 2026 la inadmitió.

Posteriormente, se tiene que el 9 de julio de 2026 el juzgado accionado admitió la
demanda contra la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), y ordenó correr traslado por el término
de treinta días para que las entidades demandadas pudieran contestar, proponer
excepciones y solicitar pruebas.

14 Sentencia T-258 de 2019.

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Demandante: Manuel de Jesús Hernández Vergara
Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

Esta providencia fue notificada el 10 de julio de 2026 por la Secretaría del Juzgado
Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, tal como se advierte con el
material probatorio allegado al expediente.

Así mismo, se evidencia que la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), el Ejército Nacional y la Policía Nacional contestaron la demanda
los días 24, 27 y 31 de agosto de 2026, respectivamente, como se advierte en los
índices 16 al 20 de Samai.

Finalmente, en el índice 21 de Samai se observa la actuación «Traslado de
excepciones art.175 cpaca».

Se recuerda que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada
que configura la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el
trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.

En el presente caso, se reitera, el señor Hernández Vergara alegó que el Juzgado
Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo vulneró sus derechos
fundamentales por la tardanza en notificar el auto admisorio de 9 de julio de 2026.

No obstante, la Sala advierte que en el presente caso no hay una dilación
injustificada, con fundamento en que la providencia de 9 de julio de 2026 fue
notificada electrónicamente al día siguiente. Así mismo, entiende la Sala que esta
notificación fue efectiva, de tal suerte que las tres entidades demandadas
allegaron sus escritos de contestación. En ese sentido, no se evidencia el
trascurso de un término excesivo o desproporcionado entre el momento en que se
expidió el auto admisorio y su notificación, que permita establecer que se trata de
una mora judicial injustificada.

De tal modo, esta Sala de decisión no advierte en el presente caso negligencia u
omisión alguna en el ejercicio de las funciones del Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho al que se ha hecho alusión; máxime cuando para la
fecha de interposición de esta acción de tutela (5 de agosto de 2026) ya se había
surtido la actuación que el accionante reprochó como desatendida.

Por lo tanto, se confirmará la sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio de la
cual la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó el
amparo solicitado por el actor.

2.8.2. Derecho a la salud

De otro lado, el tutelante consideró lesionadas sus garantías fundamentales con
ocasión a la omisión de la Policía Nacional en brindarle la atención médica que
requiere por las patologías que fueron diagnosticadas y tratadas en su oportunidad
por esa entidad.

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Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

Refirió que por disposición legal él no pertenece al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, sino al Régimen Especial de la Policía Nacional por ser
exmiembro de esa institución y comoquiera que sus patologías de «trastorno mixto
de ansiedad y depresión con componente paranoide, hipoacusia bilateral,
trastornos del sueño» fueron diagnosticadas desde abril de 1996 por la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional.

En ese sentido, precisó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que cuando las patologías de la persona hayan sido diagnosticadas y
tratadas durante el servicio activo, la obligación de atención y reconocimiento
pensional corresponde a la Fuerza Pública, pese a que la agudización de la
enfermedad ocurra después del retiro.

En providencia de 19 de agosto de 2026, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre negó el amparo solicitado por el actor, al señalar que la
determinación del origen de sus enfermedades y la eventual responsabilidad de la
demandada constituyen aspectos que forman parte del debate jurídico y probatorio
que actualmente se surte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, es decir, que corresponde analizarlo al juez natural de la causa.

Igualmente, indicó que el actor no se encuentra desprovisto de la cobertura en
salud, dado que al consultarse la ADRES se pudo evidenciar que registra una
afiliación activa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el
régimen subsidiado, a través de COOSALUD.

Inconforme con esta decisión, el señor Jesús Hernández Vergara la impugnó y
solicitó que se revoque para que, en su lugar, se le ordene a la Policía Nacional,
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que: (i) le brinde atención médica
integral, los tratamientos y el suministro continuo de sus medicamentos, y (ii)
reconozca su condición de afiliado al Régimen Especial de Salud de la Fuerza
Pública.

Realizado el anterior recuento, la Sala concuerda con el razonamiento realizado
por el a quo constitucional según el cual no se advierte la vulneración del derecho
a la salud del actor, en primera medida, porque en la actualidad se encuentra en
trámite un proceso ordinario en el cual está en debate la legalidad del acto
administrativo de 3 de julio de 2025 emitido por la Policía Nacional que negó la
prestación de los servicios de salud y el reconocimiento una pensión al actor.

De la revisión de los documentos aportados al trámite constitucional, se advierte
que en el expediente del proceso ordinario obra copia del acto administrativo de 3
de julio de 2025 de la Policía Nacional a través de la cual se indicó que 11 de abril
de 2023 se le practicó al demandante una Junta Médico Laboral que tuvo como
resultado un dictamen de pérdida de la capacidad laboral del 0 %. Decisión que
fue ratificada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el 4 de
diciembre de 2023.

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Así mismo, se observa que en dicho acto la entidad le informó al tutelante la
imposibilidad de reincorporarlo al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, toda
vez que su retiro ocurrió en el 2000, es decir, hace más de 25 años, y comoquiera
que el resultado de la Junta Médico Laboral indicó que no existía una pérdida de la
capacidad laboral atribuible a la Policía.

Finalmente, allí también se destacó que, aunque existía un dictamen emitido por la
Junta Regional de Bolívar del 56.38 % de pérdida de la capacidad del actor, este
no generaba efecto prestacional dentro del Régimen Especial de la Policía
Nacional.

En ese sentido, encuentra la Sala que los reproches elevados por el actor a través
de esta acción constitucional son aspectos que forman parte del debate fáctico y
jurídico que está a cargo del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo, sin que le sea dable al juez constitucional invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa.

En todo caso, la Sala también encuentra que los servicios de salud del actor no se
encuentran desatendidos, toda vez que COOSALUD informó que al revisarse la
Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), administrada por la ADRES, se pudo
constatar que el accionante registra una afiliación activa en el régimen subsidiado
desde el 1. ° de julio de 2024, con estado de servicio vigente con la IPS Country
Salud, ubicada en el municipio de Sincelejo:

De igual forma, en el expediente de tutela no obra prueba que demuestre que en
la actualidad el actor requiera de un servicio o medicamento y que este haya sigo
negado por parte de la entidad promotora de salud. Por el contrario, la EPS indicó
que el tutelante no ha solicitado el suministro de algún servicio y que, en todo
caso, esta sigue prestando aseguramiento con total normalidad a sus afiliados.

En ese sentido, el señor Manuel de Jesús Hernández Vergara cuenta con la
posibilidad de obtener los beneficios del Sistema General de Salud, diferente es
que quiera que lo trasladen al Régimen Especial de las Fuerzas Militares, lo cual,
se reitera, en la actualidad está siendo objeto de debate en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-33-33-011-2026-
00002-00.

14
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Demandante: Manuel de Jesús Hernández Vergara
Demandado: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00148-01

Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio
de la cual la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó el
amparo solicitado por el actor, puesto que no se advierte la vulneración de su
derecho fundamental a la salud.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por COOSALUD.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio de la
cual la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre negó el
amparo solicitado por el señor Manuel de Jesús Hernández Vergara.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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