Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2000-01109-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2000-01109-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-31-000-2000-01109-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-00-000-2000-01109-01
Referencia: Acción de Nulidad
Actor: Hernando Álvarez Urueña
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. LA
DISPOSICIÓN ACUSADA, AL ESTABLECER QUE SOLO PODRÁN
VENDERSE ACCIONES A ENTIDADES ESTATALES DEL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ, NO TRANSGREDE LOS NUMERALES 19.4 Y 19.10 DEL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 142 DE 1994 NI EL INCISO 2° DEL
ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, POR CUANTO ELLO
RESULTA ACORDE CON LA NATURALEZA DE EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL, A LA CUAL DEBÍA
TRANSFORMARSE EL INSTITUTO IBAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, contra la sentencia de 21 de
enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 73001-23-00-000-2000-01109-01
Actor: Hernando Álvarez Urueña
I.- ANTECEDENTES
I.1-. El señor HERNANDO ÁLVAREZ URUEÑA, mediante
apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo
84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó
demanda ante el Tribunal, con la finalidad de desvirtuar la legalidad
del literal “e” del artículo 2° del Acuerdo núm. 00026 de 4 de
junio de 1998, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué, “Por
medio del cual se autoriza la transformación del Instituto
Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL en Empresa
de Servicios Públicos Oficial”.
I.2.- Como hecho relevante de la demanda, el actor indicó que el
Concejo Municipal de Ibagué expidió el referido acuerdo, disponiendo
en el literal acusado que solo podrán venderse acciones de la
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
S.A E.S.P -IBAL SA ESP-2 a entidades estatales del mismo ente
territorial.
I.3.- Como fundamentos de derecho, el actor sostuvo que la norma
acusada transgrede los numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la
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En adelante IBAL SA ESP.
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Actor: Hernando Álvarez Urueña
Ley 142 de 11 de junio de 19943, dado que esta norma prevé que
cuando se requiera hacer nuevas inversiones en la infraestructura, la
Junta Directiva de las empresas de servicios públicos puede disponer
la venta de acciones de forma preferente a los usuarios que se
beneficiarán de las obras.
Expuso que la limitación impuesta en la norma acusada impide que,
ante una eventualidad, la empresa no pueda financiarse para la
ejecución de inversiones relacionadas con su objeto, valiéndose de
la venta de acciones a los beneficiarios de éstas.
Destacó que la disposición cuestionada no permite la
democratización de la propiedad del Estado y representa un abuso
de la posición dominante de quien la expidió.
I.4 El MUNICIPIO DE IBAGUÉ, a través de apoderado, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de ésta.
Sostuvo que el numeral 19.4 del artículo 19 de la Ley 142 y la
disposición acusada versan sobre situaciones diferentes, toda vez
que, a su juicio, mientras esta última regula la venta de acciones
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“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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actuales de la empresa IBAL SA ESP, la norma invocada como
trasgredida hace referencia al aumento de capital autorizado con el
fin de hacer nuevas inversiones en infraestructura.
Destacó que en el evento en el que se requiera el aumento del capital
autorizado, el procedimiento respectivo deberá ajustarse a las
disposiciones legales y a las decisiones que adopte la Junta Directiva
de la empresa.
II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 21 de enero de 2015, declaró la
nulidad de la disposición acusada, por cuanto, a su juicio, desconoce
los artículos 60 de la Constitución Política y 19 de la Ley 142 y la Ley
226 de 29 de diciembre de 19954.
Para tal efecto, señaló que el artículo 60 de la Constitución Política
establece que el Estado tiene el deber de democratizar sus acciones
cuando desee enajenar su participación en una empresa,
ofreciéndolas al sector solidario y de trabajadores.
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“Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la
propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras
disposiciones”.
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Agregó que los numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la Ley 142
establecen que las nuevas acciones, para el aumento de capital de
las empresas de servicios públicos, podrán ofrecerse a los usuarios
que se beneficiarán de las obras que se pretendan financiar con los
recursos obtenidos, pero si se hace la oferta excluyendo a aquellos,
deberá hacerse la inscripción en el Registro Nacional de Valores.
Argumentó que conforme con la Ley 226, las personas tienen el
derecho a tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado
enajene, razón por la cual al limitar la venta de las acciones de la
empresa IBAL SA ESP solo a las entidades del ente territorial, la
disposición acusada desconoce las normas referidas.
Finalmente, advirtió que las situaciones jurídicas creadas y
consolidadas en vigencia del acto acusado no quedarían afectadas
por la declaratoria de nulidad de éste.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El MUNICIPIO DE IBAGUÉ apeló la sentencia proferida en primera
instancia, reiterando los argumentos que planteó en la contestación
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de la demanda, tendientes a denotar las diferencias que, en su
criterio, hay en las situaciones que regulan tanto la disposición
acusada como el numeral 19.4 del artículo 19 de la Ley 142.
IV. ALEGATOS
En esta etapa procesal, las partes no presentaron alegatos de
conclusión y el Ministerio Público no rindió concepto alguno.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Acto demandado
El presente asunto tiene por objeto estudiar la legalidad del literal
“e” del artículo 2° del Acuerdo núm. 00026 de 4 de junio de
1998, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué, “Por medio del
cual se autoriza la transformación del Instituto Ibaguereño
de Acueducto y Alcantarillado IBAL en Empresa de Servicios
Públicos Oficial”.
La referida disposición señala:
“[…] ACUERDO NÚMERO 00026 DE 1998
(4 de junio de 1998)
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
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TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO IBAGUEREÑO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL EN EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL”.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las consagradas en el artículo 313 numeral 6 de la Constitución
Política y en particular las que confiere la Ley 142 y sus normas
reglamentarias.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1º. Autorizar al Alcalde Municipal de Ibagué, para
que dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo, expida los actos
administrativos tendientes a la transformación del INSTITUTO
IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL en una
Empresa de Servicios Públicos del Orden Municipal en la
modalidad de Sociedad por Acciones […]
ARTÍCULO 2. La sociedad tendrá como mínimo las siguientes
características
[…]
e) Solo podrá venderse acciones a entidades estatales del
Municipio de Ibagué. […]”. (Destacado fuera de texto).
Problema jurídico
De conformidad con lo relatado, corresponde a la Sala establecer si
el literal “e” del artículo 2° del Acuerdo núm. 00026 de 4 de
junio de 1998, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué
desconoce los numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la Ley 142,
al establecer que las acciones de la empresa IBAL SA ESP solo
podrán venderse a entidades estatales de ese ente territorial.
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Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia
al proceso de transformación al que debieron someterse las
empresas que quisieran continuar con la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, para la época en que fue expedido el acto
administrativo acusado y, enseguida, se abordará el estudio del caso
concreto.
De la transformación de las empresas de servicios públicos
El artículo 2° de la Ley 286 de 3 junio de 19965, estableció que las
entidades descentralizadas y empresas que hasta esa fecha
estuviesen prestando los servicios de que trata la Ley 142, debían
transformarse en empresas de servicios públicos, bajo los
lineamientos señalados en el artículo 17 de esta última.
La referida norma prevé:
“[…] ARTÍCULO 2º. Las entidades descentralizadas y demás
empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere
la Ley 142 de 1994, se transformarán en empresas de
servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en un plazo hasta de
dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente Ley
[…]” (Destacado fuera de texto).
La norma en cita estableció un término de 18 meses para la
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“Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994”
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transformación que allí se ordenaba. Esta exigencia también fue
prevista para los entes territoriales que prestaban directamente los
servicios públicos domiciliarios, en el entendido de que aquellos
debían constituir para tal efecto las respectivas empresas, conforme
con el artículo 17 de la Ley 142.
Sobre este aspecto, el artículo 182 de la Ley 142 establece:
“[…] ARTÍCULO 182. FORMACIÓN DE EMPRESAS NUEVAS.
Cuando la Nación o las entidades territoriales hayan estado
prestando directamente un servicio público, deberán constituir
las empresas de servicios públicos necesarias, dentro del plazo
de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de
la presente Ley, salvo en los casos contemplados en el artículo
6º de esta Ley. A ellas podrán aportar todos los bienes y
derechos que venían utilizando con ese propósito, y otros
adicionales. Las nuevas empresas podrán asumir los pasivos de
las entidades oficiales que prestaban el servicio, sin el
consentimiento de los acreedores, pero quienes prestaban el
servicio seguirán siendo deudores solidarios. […]”.
Por su parte, el artículo 17 de la Ley 142 establece la naturaleza de
empresas que deben constituirse para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, salvo las excepciones legales, en los siguientes
términos:
“[…] ARTÍCULO 17. NATURALEZA. Las empresas de servicios
públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la
prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
PARÁGRAFO 1. Las entidades descentralizadas de cualquier
orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su
capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma
de empresa industrial y comercial del estado […]”.
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Conforme a las normas trascritas, dentro del plazo allí dispuesto, las
entidades descentralizadas, empresas y entes territoriales que
prestaran servicios públicos domiciliarios, podrían continuar con la
prestación de estos constituyéndose o transformándose en
sociedades por acciones o en empresas industriales y comerciales del
Estado, con las excepciones legales previstas en todo caso.
Caso concreto
Como medios de prueba al expediente, fueron allegados los
siguientes:
➢ Cuaderno de antecedentes administrativos del acto
demandado, en el que consta la exposición de motivos del
proyecto de acuerdo, así como el texto inicial de éste.
➢ Copia del acto administrativo acusado.
➢ Copia de la Escritura Pública núm. 2932 de 31 de agosto de
1998, otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Ibagué,
mediante la cual fue protocolizada la transformación del
Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL en
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P
Oficial IBAL S.A.
Conforme con las pruebas referidas, en particular, de la exposición
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de motivos del acto acusado, la Sala advierte que éste tuvo como
objeto autorizar al alcalde de Ibagué la transformación del
establecimiento público a través del cual el municipio prestaba el
servicio de acueducto y alcantarillado, conforme a las exigencias
establecidas en el artículo 2° de la Ley 286, en concordancia con el
artículo 17 de la Ley 142.
Ahora bien, el literal “e” del artículo 2° del acuerdo referido,
estableció como característica de la empresa IBAL SA ESP que sus
acciones solo pueden venderse a entidades estatales del
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Por otro lado, los numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la Ley
142, normas invocadas en la demanda, como transgredidas,
señalan:
“[…] ARTÍCULO 19. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS. Las empresas de servicios públicos
se someterán al siguiente régimen jurídico:
[…]
19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse
por decisión de la Junta Directiva, cuando se trate de hacer
nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios
públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas tengan.
La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de
oferta pública de valores ni a las previstas en los
artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las
nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios
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de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran,
las pagarán en los plazos que la empresa establezca,
simultáneamente con las facturas del servicio.
[…]
19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere
autorización previa de ninguna autoridad; pero si se va a
hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios
que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura se
requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores. […]”
(Destacado fuera de texto).
Las normas en cita establecen, de un lado, que las Juntas Directivas
de las empresas de servicios públicos podrán permitir el aumento
de capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones
en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto; y, de otro
lado, prevén que la emisión y oferta de las nuevas acciones puede
hacerse sin seguir el procedimiento regular para la oferta pública de
valores y sin efectuar su inscripción en el Registro Nacional de
Valores, cuando éstas sean ofrecidas a los usuarios que vayan a
beneficiarse de las inversiones que haga la empresa.
En ese orden de ideas, las normas invocadas por el actor flexibilizan
el proceso de oferta de las nuevas acciones, que decida emitir la
Junta Directiva de la empresa de servicios públicos, cuando éstas
sean ofrecidas a los beneficiarios de las inversiones en
infraestructura que serán financiadas con los recursos obtenidos con
el aumento de capital autorizado.
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Precisado lo anterior, la Sala advierte que el literal “e” del artículo
2° del acuerdo acusado, al establecer que solo podrán venderse
acciones a entidades estatales del Municipio de Ibagué, para el
proceso de transformación, autorizado a través del Acuerdo
demandado, no transgrede las disposiciones contenidas en los
numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la Ley 142, por cuanto ello
resulta acorde con la naturaleza de empresa de servicios públicos
oficial, a la cual debía transformarse el INSTITUTO IBAGUEREÑO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL.
En efecto, tanto del encabezado como del artículo 1º del Acuerdo
demandado se desprende que a través del mismo se autoriza la
transformación del mencionado Instituto a una empresa de
servicios públicos oficial, así:
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO IBAGUEREÑO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL EN EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL”.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
[…]
ACUERDA:
ARTÍCULO 1º. Autorizar al Alcalde Municipal de Ibagué, para
que dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo, expida los actos
administrativos tendientes a la transformación del
INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y
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ALCANTARILLADO IBAL en una Empresa de Servicios
Públicos del Orden Municipal en la modalidad de Sociedad
por Acciones […]”.
Además, cabe mencionar que la Ley 142, en su artículo 14,
dependiendo del capital que las conforma, clasificó las empresas de
servicios públicos en oficial, mixta6 y privada7, y definió,
específicamente, a las oficiales, como aquellas “en cuyo capital la
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas
de aquella o estas tienen el 100% de los aportes”, en los siguientes
términos:
“[…] ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y
aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
[...]
14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es
aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de
aquella o estas tienen el 100% de los aportes. […]”
(Destacado fuera de texto).
Así las cosas, habida cuenta que de conformidad con el encabezado
y el artículo 1º del Acuerdo demandado, el mismo tenía por objeto
autorizar al Alcalde Municipal de Ibagué expedir los actos
6
“[..]14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50%. […]”
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“[..]14.7.EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que
deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.
[..]”.
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administrativos con miras a transformar el INSTITUTO
IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL en
una empresa de servicios públicos oficial del orden municipal,
resulta acorde con la naturaleza de oficial el que se disponga, a
través del literal e) acusado, que solo puedan venderse acciones a
entidades estatales del municipio de Ibagué, para ese proceso de
transformación, toda vez que, como se indicó anteriormente, esta
clase de empresas de servicios públicos oficiales se caracterizan
por tener un capital constituido por el 100% de los aportes de la
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas
de aquella o de éstas, es decir, por capital 100% estatal.
Ahora, el argumento de defensa, del recurso de apelación, del
MUNICIPIO DE IBAGUÉ consiste en que, a su juicio, el numeral
19.4 de la norma referida versa únicamente sobre el “[…] aumento
del capital autorizado con el objeto de hacer nuevas inversiones en
la infraestructura de los servicios públicos según su finalidad; es
decir, que no se trata de los activos existentes sino de la posibilidad
de ampliar su capital […]”.
Lo anterior implica que, en criterio del ente territorial demandado, la
limitación de venta de las acciones a entidades del mismo municipio
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solo aplicaría para las acciones existentes, no a las que se emitan en
los términos de las normas invocadas como violadas en la demanda.
Al respecto, la Sala señala que el razonamiento del ente demandado
tiene vocación de prosperar, por cuanto, ciertamente, el artículo 19.4
de la Ley 142 se refiere únicamente a aumentos de capital
autorizado, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la
infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y no a las
acciones existentes de una empresa que aún no tiene la condición de
ser una sociedad por acciones, pues, precisamente, con el
Acuerdo demandado se busca la trasformación de la empresa, -
INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO-, a una sociedad por acciones. Adicionalmente,
el artículo 19.10 en nada se contrapone a lo dispuesto en el literal
acusado, dado que aquel hace referencia a lo que se requiere y no
se requiere para la emisión y colocación de acciones, así como a la
oferta pública de ellas.
Ahora bien, en lo referente a lo sostenido por el Tribunal de primera
instancia, en el sentido de que la disposición acusada desconoce el
principio de democratización de la propiedad accionaria del Estado,
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Actor: Hernando Álvarez Urueña
previsto en el inciso 2° del artículo 60 de la Constitución Política y la
Ley 226, que lo desarrolló, la Sala advierte lo siguiente:
El artículo 60 de la Constitución Política prevé:
“[…] ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la
ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una
empresa, tomará las medidas conducentes a
democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a
sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de
trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha
propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia […]”.
(Destacado fuera de texto)
Sobre el particular, la Sala resalta que el inciso 2° del artículo 60 de
la Constitución Política fue desarrollado por la Ley 226, norma que
en sus artículos 2° y 3° establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 2o. DEMOCRATIZACIÓN. Todas las personas
naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad
accionaria que el Estado enajene. En consecuencia, en los
procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que
garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y
procedimientos que promuevan la masiva participación en la
propiedad accionaria. La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos
procesos de enajenación accionaria.
ARTÍCULO 3o. PREFERENCIA. Para garantizar el acceso efectivo
a la propiedad del Estado, se otorgarán condiciones especiales a
los sectores indicados en el siguiente inciso, encaminadas a
facilitar la adquisición de la participación social estatal ofrecida,
de acuerdo al artículo 60 constitucional.
Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los
trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de
privatización y de las entidades donde esta última tenga
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Actor: Hernando Álvarez Urueña
participación mayoritaria; los extrabajadores de la entidad
objeto de privatización y de las entidades donde esta última
tenga participación mayoritaria siempre y cuando no hayan sido
desvinculados con justa causa por parte del patrono; las
asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se
privatiza; sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos
de trabajadores y confederaciones de sindicatos de
trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de
inversión: los fondos de cesantías y de pensiones; y las
entidades cooperativas definidas, por la legislación cooperativa
[…]”.
En relación con el principio de la democratización de la propiedad
accionaria estatal, en sentencia C-392 de 19968, en la cual se estudió
la constitucionalidad del artículo 209 de la Ley 226 de 1995, la Corte
Constitucional señaló que el mandato del inciso 2º del artículo 60 de la
Constitución Política, sobre democratización de propiedad accionaria
estatal, opera en los procesos de privatización de empresas estatales,
esto es, en los que hay una transferencia de propiedad del sector
público al privado, pero no incluye la enajenación de acciones entre
entidades estatales (oficiales).
Así discurrió la Corte:
“[…] 2- La norma impugnada hace parte de la Ley 226
de 1995, la cual, en desarrollo del inciso segundo del
artículo 60 de la Constitución, establece un
8
Corte Constitucional, sentencia C-392 de 22 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
Expediente D-1191.
9
"[…] Art. 20.- La enajenación accionaria que se realice entre órganos estatales no se ajusta al
procedimiento previsto en esta ley, sino que para este efecto, se aplicarán únicamente las reglas de
contratación administrativa vigente. Así mismo, la venta de activos estatales distintos de acciones o
bonos obligatoriamente convertibles en acciones sólo se sujetarán a las reglas generales de
contratación. […]".
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Actor: Hernando Álvarez Urueña
procedimiento especial en los casos de la enajenación
de la participación del Estado en una empresa. El
artículo 20 impugnado excluye ciertas operaciones de venta
de activos estatales de ese régimen, por lo cual, según el
actor, es inconstitucional, pues considera que el mandato de
democratización del artículo 60 superior es genérico y cubre
entonces la venta de toda clase de activos en una empresa
estatal. En cambio, según los intervinientes y la Vista
Fiscal, la norma constitucional se refiere a la
democratización de propiedad accionaria estatal, en
los procesos de privatización, por lo cual es válido que
el artículo acusado excluya de ese procedimiento
especial, de un lado, la enajenación de acciones entre
entidades estatales, pues en este primer caso no hay
privatización y, de otro lado, la venta a particulares de
activos estatales distintos a las acciones, pues en esta
segunda hipótesis no se trata de propiedad accionaria. Como
vemos, el problema constitucional a ser resuelto es si el
mandato del inciso segundo del artículo 60 de la Constitución
cubre los eventos regulados por la norma impugnada, pues
si ello es así, deberá declararse la inconstitucionalidad de la
disposición. Por ello comienza la Corte por recordar los
alcances del mandato de democratización del inciso segundo
del artículo 60 de la Constitución.
El artículo 60, la privatización de la propiedad estatal
y la venta de acciones entre entidades estatales.
3- El artículo 60 de la Carta tiene dos contenidos
normativos diferenciados. Así, el primer inciso consagra
una cláusula programática y promocional, según la cual todas
las personas tienen derecho a acceder a la propiedad, por lo
cual el "Estado está obligado a promover, fomentar y
posibilitar el real acceso, de conformidad con la
reglamentación que para el caso expida la ley"10. De otro
lado, el inciso segundo establece un mandato
específico en los casos de enajenación de la
participación del Estado en una empresa, pues señala
que, en tales eventos, y conforme a la ley, el Estado
"tomará las medidas conducentes a democratizar la
titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de
trabajadores, condiciones especiales para acceder a
dicha propiedad accionaria".
La estructura de estas dos normas contenidas en el artículo
60 es entonces diferente, pues el inciso primero opera como
10
Sentencia C-211/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
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un principio, esto es, como un mandato que el Estado debe
intentar realizar en la medida de sus posibilidades jurídicas y
fácticas, mientras que el inciso segundo es una regla clásica
bajo la forma de mandato definitivo, puesto que a una
determinada hipótesis fáctica (la enajenación de
participación estatal en una empresa) atribuye una
consecuencia ineluctable: el derecho de preferencia de los
trabajadores y organizaciones solidarias. Precisamente
según el actor, esta regla específica del inciso segundo fue
violada por la norma impugnada, por lo cual entra la Corte a
recordar sus alcances.
4- Esta Corporación ha precisado el alcance del
mandato específico de este segundo inciso, por lo cual
en esta sentencia será suficiente reiterar los criterios
relevantes establecidos en las anteriores decisiones11.
En primer término, para la Corte es claro que este
mandato opera en los procesos de privatización de
empresas estatales, puesto que, como bien lo señalan
los intervinientes y la Vista Fiscal, la norma
constitucional habla de la enajenación de la propiedad
por parte del Estado. Por ello en la sentencia C-037/94, al
estudiar el sentido de este inciso segundo, esta Corporación
señaló:
"Puede concluirse entonces, que la "democratización", según
la Carta, constituye una estrategia del Estado en desarrollo
de la cual, se busca facilitar, dentro de los procesos de
privatización, el acceso de los trabajadores y,
organizaciones solidarias, al dominio accionario de las
empresas de participación oficial, otorgándoles para tal fin,
"condiciones especiales" que les permitan lograr dichos
objetivos. Como resultado de tal estrategia tiene que
alcanzarse el crecimiento y consolidación de las
organizaciones solidarias, multiplicar su participación en la
gestión empresarial nacional (arts. 57, 58 y 333), y por
contera, reducir el tamaño de la concentración del dominio
empresarial, que tradicionalmente ha constituido una forma
de obstaculizar la democratización de la propiedad.
Como es conocido, por "privatización", se entiende el
proceso relativo a la transferencia de toda o parte de
la propiedad de una empresa del sector público al
sector privado (subrayas no originales)12."
11
Ver las sentencias C-074/93, C-037/94, C-211/94 y C-452/95.
12
Sentencia C-037/94 MP Antonio Barrera Carbonell.
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Ese criterio ha sido reiterado en posteriores
decisiones, en las cuales la Corporación ha concluido
que "el inciso segundo trata sobre la privatización de
las empresas estatales"13. Esto significa entonces que
el mandato de este inciso segundo no es imperativo en
aquellos casos en los cuales no se está efectuando una
transferencia de propiedad del sector público a los
particulares sino que se está realizando una venta
entre entidades públicas.
5- Conforme a lo anterior, la Corte considera que tiene
perfecto sustento constitucional la primera parte del
artículo acusado, según la cual la enajenación
accionaria que se realice entre órganos estatales está
excluida del régimen especial de derecho preferencial
en favor de trabajadores y organizaciones solidarias y
se rige por las reglas de contratación administrativa
vigente. En efecto, cuando una entidad estatal enajena
sus acciones a otra entidad de la misma naturaleza,
entonces no hay, en sentido estricto, una
privatización, pues no hay transferencia de propiedad
del sector público al sector privado. Es pues
perfectamente razonable que estas situaciones se
regulen por la ley administrativa.
[…]
6- La Corte también ha establecido que, conforme a su propio
tenor literal, el mandato específico del inciso segundo del
artículo 60 de la Carta, se aplica a la venta de propiedad
accionaria, por lo cual la oferta especial que esta norma
prevé no es imperativa en la venta de los otros bienes del
Estado. Ha dicho al respecto esta Corporación:
"La obligada oferta de venta de todos los activos estatales,
en condiciones especiales, a los trabajadores u
organizaciones solidarias, entre otras consecuencias
perniciosas, paralizaría la actividad estatal, desbordaría la
capacidad y el interés de compra de este sector y no
atendería la finalidad de la situación de favor contenida en el
citado artículo de la Constitución.
(...)
Se desvirtúa el sentido del segundo inciso del artículo 60 de
la CP, si se pretende que cada vez que el Estado se dispone
a vender una cosa o bien de su propiedad, deba previamente
ofrecerlo a los trabajadores y a las organizaciones solidarias.
13
Sentencia C-211/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
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La oferta especial se justifica y se muestra como factor
dinámico de cambio del actual statu quo económico,
propósito del Constituyente, únicamente cuando ella
recae sobre las participaciones del Estado en las
empresas.14"[…]”
Posteriormente, en sentencia C-1260 de 200115, la Corte
Constitucional reiteró el anterior criterio, de la siguiente manera:
“[…] El artículo 60 de la Constitución y la democratización
de la propiedad.
4. La Constitución, al adoptar la fórmula política del Estado
Social de Derecho (CP art. 1º), propugna por la democratización
de la propiedad, que tiene como objeto generar condiciones
propicias para permitir que ciertos grupos tengan acceso a ésta
más fácilmente.[2]. Esta opción constitucional se materializa en
diversas normas constitucionales, y en especial en el artículo 60
de la Carta, el cual, como esta Corte lo ha señalado[3], contiene
dos mandatos diferenciados, pues simultáneamente establece
un principio general y una regla. Así, el inciso primero establece
el principio según el cual es obligación del Estado facilitar
y promover el acceso a la propiedad. Y seguidamente, el inciso
segundo del mismo artículo desarrolla ese principio, por medio
de una regla especial, ya que consagra un derecho preferencial
de los trabajadores y de las organizaciones solidarias, en la
enajenación que haga el Estado de su participación en alguna
empresa en la cual tenga parte.
Esta forma de interpretar el contenido del artículo 60 de la
Constitución parte de las mismas consideraciones que hizo esta
Corporación en la sentencia C–392 de 1996, MP Alejandro
Martínez Caballero, en donde distinguió las dos diversas
estructuras normativas del artículo en cuestión. La Corte aclaró
en esa providencia que el primero de los incisos incluía una
cláusula “programática y promocional”, a través de la cual el
Sentencia C-474/94 MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 3.4
14
15
Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 29 de noviembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes,
Expediente D-3569.
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Constituyente consagró un derecho de todas las personas de
acceder a la propiedad, que el Estado “debe intentar realizar en
la medida de sus posibilidades jurídicas y fácticas”. El segundo
inciso, precisó esa sentencia, tiene una característica normativa
distinta, pues está construido a la manera de una regla, ya que
establece una obligación específica para el caso concreto de
enajenaciones de participación de capital del Estado en una
empresa. En otras palabras, este segundo inciso consagra “una
regla clásica bajo la forma de mandato definitivo, puesto que a
una determinada hipótesis fáctica (la enajenación de
participación estatal en una empresa) atribuye una consecuencia
ineluctable: el derecho de preferencia de los trabajadores y
organizaciones solidarias”
[…]
Posteriormente, la ya mencionada sentencia C-392 de 1996,
MP Alejandro Martínez Caballero, tuvo que estudiar una
demanda contra el artículo 20 de la Ley 226 de 1995, que
establece que en caso de enajenación accionaria entre órganos
estatales, o de venta de activos estatales distintos de acciones
o bonos, el Estado no está obligado a ofrecer condiciones
especiales de compra a los trabajadores y organizaciones
solidarias. El actor consideraba que esa restricción desconocía el
derecho de preferencia ordenado por el artículo 60 superior, ya
que éste cubría la venta de toda clase de bienes estatales. La
Corte, retomando los criterios de la sentencia C-474 de
1994, negó el cargo, y reiteró que el artículo 60 superior
no establecía un derecho de preferencia para toda venta
de bienes estatales sino exclusivamente para la
enajenación de participaciones estatales en el capital.
Igualmente, la Corte consideró que la exclusión del
derecho de preferencia en la venta de acciones entre
entidades públicas también respetaba el mandato del
inciso segundo del artículo 60 superior, pues éste se
aplica a los procesos de privatización de las empresas
estatales, y por ello “no es imperativo en aquellos casos
en los cuales no se está efectuando una transferencia de
propiedad del sector público a los particulares, sino que
se está realizando una venta entre entidades públicas.”
[…]
22. El anterior recuento jurisprudencial muestra que la Corte, al
precisar el ámbito de aplicación del derecho de preferencia
establecido por el inciso segundo del artículo 60 superior, ha
indicado que éste no cubre toda venta de activos ni la
enajenación de acciones entre entidades públicas. Y estas
limitaciones son perfectamente razonables. En efecto, si la
finalidad de esa norma es favorecer la democratización de la
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propiedad en los procesos de privatización, entonces no es
sensato aplicarla a las transferencias entre entidades públicas,
que no implican ningún traslado de propiedad estatal a los
particulares. […]” (Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, se observa que la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación, en concepto de 23 de septiembre de
200816, en consonancia con lo señalado por la Corte Constitucional,
precisó lo siguiente:
“[…] Se deduce de lo anterior que la expresión “órganos”
referida a la Rama Ejecutiva, conforme al artículo 113
superior, es el género y engloba a los organismos y entidades
(las especies) de esa Rama, de manera que cuando el
artículo 20 de la ley 226 de 1995 regula la negociación
de acciones “entre órganos estatales” está
comprendiendo claramente a la que se realiza entre
organismos y entidades estatales.
Resulta oportuno acotar que en el trámite del proyecto que
se convertiría en la ley 226 de 1995, se introdujo el artículo
que sería el 20 con dicha expresión y así fue aprobado sin
que hubiera habido explicación o debate respecto de esta
norma17.
No obstante, se advierte claramente la intención del
Legislador al incluir esta norma, ya que cuando se
negocian acciones entre entidades estatales no se
presenta un proceso de privatización y consiguiente
democratización de la propiedad accionaria, que es la
16
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de septiembre de 2008, C.P.
Gustavo Aponte Santos, núm. único de radicación 11001-03-06-000-2008-00068-00(1921).
17
En efecto, en el Acta No. 36 de la sesión plenaria del H. Senado del viernes 15 de diciembre de 1995,
en la deliberación del proyecto de ley No. 150/95 Senado – 217/95 Cámara, se lee:
“Por Secretaría se da lectura a un artículo nuevo.
Sigue un artículo nuevo. “La enajenación accionaria que se realice entre órganos estatales no se
ajusta al procedimiento previsto en esta ley, sino que para este efecto se aplicarán únicamente las
reglas de contratación administrativa, así mismo la venta de activos estatales distintos de acciones o
bonos obligatoriamente convertibles en acciones, sólo se sujetarán a las reglas generales de la
contratación” (Gaceta del Congreso No. 481/95, pág. 57).
Y luego siguen las intervenciones de un Senador y el Ministro de Hacienda sin que expliquen este
artículo, el cual es aprobado como el número 19 del proyecto (Texto definitivo aprobado en plenaria
del Senado, Gaceta del Congreso No. 475/95, pág. 24), siendo finalmente el artículo 20 de la ley
(Informe de Conciliación, Gaceta del Congreso No. 503/95, pág. 5).
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materia de regulación de la ley 226, sino que se trata de
una venta de títulos valores entre tales entidades y por tanto
las acciones no salen del ámbito estatal, ni las sociedades
salen de su control, siendo pertinente en este evento la
aplicación de la normatividad de contratación de la
administración pública. […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, para la Sala no le asistió razón al a
quo al sostener que el literal acusado desconoce el inciso 2° del
artículo 60 de la Constitución Política y la Ley 226, que lo desarrolló,
habida cuenta que el principio de democratización de la propiedad
accionaria estatal, al que se hace referencia en dichas normas, opera
en los procesos de privatización de empresas estatales, en los que
hay una transferencia de propiedad del sector público al privado, pero
no en la enajenación de acciones entre entidades estatales.
En este caso, dicho principio no resulta aplicable, pues no se trata de
un proceso de privatización, sino que, se reitera, mediante el
Acuerdo demandado se pretende que el INSTITUTO
IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL se
transforme en una empresa de servicios públicos oficial en la
modalidad de sociedad por acciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 142.
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Cabe resaltar que dentro del proceso de transformación, autorizado a
través del Acuerdo acusado, el Instituto debe adoptar la naturaleza
de empresa de servicios públicos oficial y en la modalidad de
sociedad por acciones, por no tenerla, la cual se caracteriza por estar
conformada de un capital constituido por el 100% de aportes de
entidades estatales (oficiales), conforme a lo previsto en el artículo 14
de la Ley 142 (14.5), y, en tal sentido, resulta procedente que la venta
de acciones solo pueda realizarse a entidades estatales del Municipio
de Ibagué.
En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en
su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 21 de enero de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró la
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Actor: Hernando Álvarez Urueña
nulidad del literal e) del artículo 2º del Acuerdo núm. 00026 de
4 de junio de 1998 y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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