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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2005-01674-01

Acción de repetición

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2005-01674-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de mayo de 2015, por el Tribunal Administrativo del Tolima, cuya parte resolutiva quedará así: “PRIMERO: DECLARAR responsable, a título de culpa grave, al señor Ómar Hernán Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.977.236, por expedir la Resolución No. 020 del 30 de julio del 2000, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro, hechos por los cuales el municipio de Villarrica pagó una indemnización. “SEGUNDO: CONDENAR al señor Ómar Hernán Osorio a pagar al municipio de Villarrica la suma de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($114’292.411). Esta suma deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. “TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a la apoderada judicial que ha venido actuando”. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-31-000-2005-01674-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

28 de marzo de 2019

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / DOBLE INSTANCIA

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo -como este caso-la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado (…). En cuanto a las razones para que los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo sean de doble instancia, así se ha pronunciado esta Corporación. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar auto de 18 de agosto de 2009, Exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); C.P. Héctor Romero Díaz, reiterada a través de fallo de 13 de abril de 2016, Exp. 4235 y sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RÉGIMEN APLICABLE / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL

En vista de que todas las demandas de repetición presentadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia -excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia- debe precisarse que la norma en virtud de la cual se tiene competencia funcional para resolver los recursos de apelación presentados es el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

Esta Corporación, con fundamento en la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional respecto de los artículos 136.9 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001, ha señalado –como regla general– que el término de caducidad de dos años en las acciones de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177, inciso 4º, del CCA, lo que ocurra primero. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C-832 de 2001 y del Consejo de Estado, sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 37265. auto del 27 de noviembre de 2017, Exp. 59151, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 29 de enero de 2018, Exp. 57264, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; auto del 7 de febrero de 2018, Exp. 59603, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre muchas otras.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 11 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177

ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; que el pago se haya realizado; la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas y la culpa grave o el dolo.

ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN

La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la parte apelante, señor (…), en ese orden de ideas, la Subsección debe pronunciarse únicamente respecto de los puntos que él cuestionó en su recurso de apelación.

IRREGULARIDAD PROCESAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN / NULIDAD PROCESAL / NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO / PROCEDENCIA DEL EMPLEZAMIENTO DEL DEMANDADO

La Sala concluye que para la procedencia del emplazamiento la ley procesal solo exige que se manifieste que se desconoce el lugar donde debe ser notificado el demandado, sin que se deba acreditar que se trató de ubicarlo en las bases públicas de información, como lo señaló el apelante, pues tal exigencia no está consagrada dentro del ordenamiento jurídico vigente para el momento de los hechos.

IRREGULARIDAD PROCESAL / INTERVENCIÓN DE TERCEROS PROCESALES

[E]n relación con las actuaciones de “terceros no acreditados”, la Sala concluye que ello no se ajusta a ninguna de las causales de nulidades establecidas en el artículo 140 del CPC, las cuales son taxativas. En todo caso, una eventual irregularidad en la representación de los intereses de la entidad demandante debía ser alegada por esta y ello no ocurrió, máxime si se tiene en cuenta que siguió actuando a lo largo del proceso, circunstancia que permite entender la convalidación de dichas actuaciones.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140

PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Acreditado

Los documentos aportados son suficientes para demostrar el pago efectivo de la condena por parte del municipio de Villarrica, lo que brinda certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y la consecuente extinción de la misma.

VALOR PROBATORIO DE LA COPIA SIMPLE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL

Sea lo primero aclarar que el señor (…), en su recurso de apelación, señaló que algunas pruebas documentales allegadas al proceso obran en copia simple y que, por esa razón, no era posible valorarlas; en ese sentido, la Subsección considera necesario señalar que, con ocasión de la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013, se acepta la valoración de los documentos aportados en copia simple. En la referida sentencia se indicó, además, que cuando las copias simples han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, dichas copias son aptas de valoración e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la copia simple, consultar sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013; Exp. 25022; C.P. Enrique Gil Botero.

SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DEL AGENTE ESTATAL

En este punto de la providencia, vale la pena precisar que los actos administrativos mencionados fueron suscritos por el señor (…), en ejercicio del cargo descrito, aspecto que, además, no fue controvertido a lo largo del proceso. Así pues, se encuentra acreditado este presupuesto, por cuanto el señor (…) demandado en este asunto, ostentaba la calidad de agente estatal para la época de los hechos.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD APLICABLE

[L]a Sala debe precisar que la demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo -algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000- como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política (…) Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 71

ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD APLICABLE / LEY 678 DE 2011 / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE ESTATAL / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / REMISIÓN NORMATIVA

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso. (…) la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. (…) En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil. (…) Como lo que se le reprocha al demandado corresponde a hechos ocurridos en el 2000, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, serán el artículo 63 del Código Civil y el artículo 6 de la Constitución Política los parámetros normativos que se tendrán en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en un dolo o en una culpa grave.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6

VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / LIBERTAD PROBATORIA / SANA CRÍTICA

[C]onviene señalar que, tal y como lo expone el demandado en su recurso de apelación, la sentencia que declaró la nulidad del acto de insubsistencia del señor (…) no puede constituirse en el único fundamento para declarar su responsabilidad, pues deben valorarse los demás medios de prueba que se aportaron en el proceso de repetición, como se hará a continuación.

CALIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO / CALIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1572 de 1998, cuerpo normativo vigente para la época de los hechos, una calificación de funcionarios objetiva, imparcial, justa y fundada en principios de equidad debía referirse a hechos concretos y a condiciones demostradas del empleado que desempeña sus funciones. El artículo 106 del mismo cuerpo normativo determina que la calificación de los empleados de carrera es el resultado de la evaluación del desempeño laboral de todo el período establecido o del promedio ponderado de las evaluaciones parciales. (…) vale la pena especificar que en la demanda se aseguró que en los hechos que dieron lugar a la controversia de la referencia solo intervino el señor (…), es decir, que no participaron otras personas en la expedición de los actos administrativos referidos; al respecto, el demandado en su contestación y en su recurso de apelación no indicó que en esas decisiones hubieren intervenido otros funcionarios, por ejemplo, en su preparación, revisión y/o control de legalidad. En el demandado se radicaba el poder de decisión y actuó con culpa grave al invocar, en su condición de personero del municipio de Villarrica, una norma que carecía de efecto en el caso concreto.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1572 DE 1998 – ARTÍCULO 110 / DECRETO 1572 DE 1998 – ARTÍCULO 106

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE – Negligencia en la calificación de servicios / CALIFICACIÓN DE SERVICIOS / NEGLIGENCIA / IMPERICIA / AUTORIDAD NOMINADORA – Debe conocer normas de carrera

Al revisar el contenido del formulario del 28 de abril del 2000, la Sala encuentra que el demandado actuó de forma negligente al no explicar las razones que lo llevaron a adoptar la decisión de suministrar un puntaje insatisfactorio, pues no diligenció las casillas correspondientes a “puntos fuertes”, “puntos débiles” y “recomendaciones para el mejoramiento”; así mismo, rebajó algunas de las calificaciones suministradas (…) sin ningún tipo de justificación (…) Impericia extrema al “ignorar los conocimientos más comunes”, porque invocó una norma que no era aplicable para dejar sin efectos la calificación adecuada del 18 de marzo del 2000 y, al tener a su cargo una facultad nominadora, le era exigible el conocimiento de las normas que regulaban las calificaciones de los funcionarios de carrera y que autorizaban la declaratoria de insubsistencia en los eventos de calificación insatisfactoria.- Negligencia extrema al “descuidar la diligencia más pueril”, dado que dejó en blanco los espacios destinados a medir la gestión del funcionario Castro García, lo que impidió determinar las motivaciones por las cuales otorgó una calificación insatisfactoria, si se tiene en cuenta que redujo la calificación inicial, al punto de tornarla insatisfactoria y fundamentado en ello, profirió días después el acto de insubsistencia.

CONDENA EN COSTAS – No procede al no advertirse temeridad o mala fe

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 73001-23-31-000-2005-01674-01 (54950)

Actor: MUNICIPIO DE VILLARRICA

Demandado: ÓMAR HERNÁN OSORIO

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN

Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN/ COMPETENCIA - el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir por el pago de una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo/ EJERCICIO OPORTUNO DE LA ACCIÓN - se tiene prueba del pago de la condena, el término de caducidad se cuenta a partir del pago/ VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN- está sujeta a los argumentos del recurso de apelación/ CULPA GRAVE – se acreditó.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado, señor Ómar Hernán Osorio, en contra de la sentencia fechada el 26 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se dispuso lo siguiente (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad personal del señor ÓMAR HERNÁN OSORIO, quien con su conducta gravemente culposa causó la condena que le fue impuesta al MUNICIPIO DE VILLARRICA, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa radicado Nº 00037-2001, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO: CONDENAR al señor ÓMAR HERNÁN OSORIO a pagar a favor del Municipio de Villarrica, la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($96’160.621,07) correspondiente al 100% de la indemnización cancelada por el municipio de Villarrica al señor Cristóbal Castro García y actualizada para la fecha de la presente providencia.

“TERCERO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.

“CUARTO: El valor de las sumas antes relacionadas, será ajustado de conformidad con el artículo 178 del C.C.A.

“QUINTO: Sin condena en costas”.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

A través de apoderado, el municipio de Villarrica formuló demanda de repetición, el 21 de julio de 2005, en contra del señor Ómar Hernán Osorio, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $62’488.987, la cual pagó la entidad demandante, en cumplimiento de una orden judicial.

Se narró que el señor Ómar Hernán Osorio -en calidad de personero del municipio de Villarrica- declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro García, quien para la época de los hechos se desempeñaba como promotor de familia de la Personería Municipal de Villarrica, mediante Resolución No. 020 fechada el 30 de julio de 2000, decisión que fue confirmada a través de la Resolución No. 023 calendada el 17 de septiembre de 2000.

Se indicó que el señor Cristóbal Drigelio Castro García demandó la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio y solicitó que se le reintegrara al cargo que ocupaba; así mismo, que se ordenara el pago de los salarios y demás conceptos dejados de percibir.

Se añadió en la demanda que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia fechada el 25 de noviembre de 2003, declaró la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro García y ordenó al municipio de Villarrica reintegrarlo al puesto que ocupaba o a uno de mayor jerarquía. Al mismo tiempo, condenó al municipio a pagarle todos los conceptos salariales dejados de percibir, lo cual cumplió el referido ente municipal a través de la Resolución No. 1014 de 2006.
Se agregó en la demanda que debía declararse responsable al señor Ómar Hernán Osorio, a título de dolo y/o culpa grave, por la condena que el municipio de Villarrica pagó, derivada de la nulidad del mencionado acto administrativo.

2. Trámite en primera instancia

2.1. El trámite de la demanda cursó inicialmente ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué; no obstante, mediante auto fechado el 14 de mayo de 2009, se declaró incompetente para conocer del asunto, declaró la nulidad de lo actuado y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima, autoridad judicial que avocó conocimiento a través de auto fechado el 21 de octubre de 2009, el que se notificó en debida forma al Ministerio Público.

2.2. La notificación del auto admisorio de la demanda al señor Ómar Hernán Osorio se realizó a través de curador ad litem.

El curador ad litem contestó la demanda y expuso que se atenía a lo que se demostrara en el proceso. En relación con las declaraciones y condenas, manifestó que “por desconocer las circunstancias personales del demandado, no puedo y me encuentro sin información para negar o pretender pago alguno, por ello el suscrito atenderá lo probado y demostrado en el proceso” .

3. Los alegatos de conclusión

A través de providencia del 22 de mayo de 2014, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 31 de julio de 2014, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

La parte actora alegó de conclusión para reiterar lo expuesto en el proceso, esto es, recalcar que sí se efectuó el pago del monto por el cual demandó en repetición y que se acreditó la conducta dolosa y/o gravemente culposa que se le atribuyó al señor Ómar Hernán Osorio en la demanda.

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 26 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que se encontraban reunidos los presupuestos para acceder a la pretensión de repetición que formuló el municipio de Villarrica, a saber: i) la existencia de una condena judicial en contra de la entidad estatal demandante; ii) el pago; iii) la calidad del demandado como ex agente del Estado y iv) la culpa grave del señor Ómar Hernán Osorio.

El Tribunal Administrativo a quo encontró acreditado que el municipio de Villarrica, en virtud de una sentencia judicial, indemnizó los daños antijurídicos causados por el demandado; que la entidad pagó a la víctima la suma determinada en la conciliación -$62’488.987- y que el señor Ómar Hernán Osorio, para la época de los hechos, se desempeñaba como personero del municipio de Villarrica.

En ese orden de ideas, el Tribunal a quo advirtió que también encontró probada la conducta gravemente culposa del demandado, por los motivos que a continuación se transcriben (incluso con posibles errores):

“Por lo anterior, esta Sala considera que la responsabilidad personal del demandado no puede considerarse como dolosa, pues no logra probarse claramente en el plenario la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño, no obstante, este Tribunal considera que al haber sido descuidada y negligente la actuación del funcionario Ómar Hernán Osorio y en desconocimiento del ordenamiento legal, logra evidenciarse la responsabilidad del mismo a título de culpa grave, pues es claro que el desconocimiento de las normas antes indicadas constituye un grave descuido que se advierte como culposo, mucho más cuando como personero municipal, debe salvaguardar la integridad de los derechos de los ciudadanos, lo cual incluye a los servidores de la entidad”.

Como consecuencia de la acreditación de estos presupuestos para la prosperidad de la repetición, accedió a las pretensiones de la demanda, condenando al señor Ómar Hernán Osorio a pagar al municipio de Villarrica la suma de $96’160.621.

5. El recurso de apelación que presentó la parte demandada

El señor Ómar Hernán Osorio, actuando en nombre propio, se opuso a la sentencia de primera instancia y expuso su inconformidad por los motivos que a continuación pasan a exponerse:

i) Resaltó que se presentó una indebida notificación y que en el expediente aparecían actuaciones de terceros no acreditados.

ii) Indicó que no se probó el pago de la condena.

iii) Señaló que los hechos que se le reprochan ocurrieron en el 2000, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, luego, no podía ser esta normativa el parámetro para valorar si su conducta fue dolosa o gravemente culposa, tal y como lo hizo el Tribunal Administrativo del Tolima.

iv) Manifestó que algunas pruebas documentales fueron aportadas por la parte demandante en copia simple, razón por la cual indicó que las mismas no constituían medios de convicción con la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos debatidos en este litigio.

v) Indicó que no se probó su calidad de ex agente del Estado, pues no se aportó al proceso su acta de nombramiento como personero del municipio de Villarrica, así como tampoco la certificación de servicios expedida por la oficina de personal del referido ente.

vi) Expuso que no se encontraba probada su conducta dolosa y/o gravemente culposa y que, como consecuencia de la falta de acreditación de este presupuesto para la prosperidad de la repetición, debía devenir el fracaso de las pretensiones.
Resaltó que la sentencia que declaró la nulidad del acto de insubsistencia del señor Cristóbal Drigelio Castro García se constituyó en el único fundamento para declarar su responsabilidad, a título de culpa grave, pues el Tribunal Administrativo a quo no tenía medios de prueba adicionales que dieran cuenta de una conducta irregular de su parte.

6. El trámite de segunda instancia

6.1. El recurso presentado en los términos expuestos fue concedido el 14 de julio de 2015 y admitido por esta Corporación mediante auto calendado el 27 de agosto de la misma anualidad. Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto.

6.2. El municipio de Villarrica alegó de conclusión para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso.

Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto y consideró que se reunieron todos los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda, es decir, la existencia de una sentencia que impuso a la entidad estatal el pago de una suma de dinero, la prueba del pago, la calidad del demandado como exagente del Estado y la conducta gravemente culposa del señor Ómar Hernán Osorio.

6.3. La Sala, con fundamento en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, ofició a Bancolombia, con el fin de que certificara si el 31 de mayo de 2004 la Fiduciaria Fiducafé S.A., administradora de los recursos del municipio de Villarrica, transfirió el monto de $62’488.987 a la cuenta de ahorros No. 2079015818449 de Conavi, cuyo titular era el señor Cristóbal Drigelio Castro García.

En cumplimiento de lo anterior, Bancolombia allegó el extracto bancario de la referida cuenta de ahorros en el período de mayo de 2014, del cual se corrió traslado a las partes por el término de cinco (5) días, según consta en el folio 298 del cuaderno del Consejo de Estado.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo -como este caso-la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera:

“…conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial.

“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad” (negrillas y subrayas de la Subsección).

La demanda de repetición se presentó ante el Tribunal Administrativo del Tolima, de acuerdo con la pauta jurisprudencial citada, en tanto que fue la corporación judicial que profirió en primera instancia la sentencia fechada el 25 de noviembre de 2003, por medio de la cual se impuso al municipio de Villarrica la condena por cuyo pago se repite.

La copia de dicha sentencia se aportó como anexo de la demanda y puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Cristóbal Drigelio Castro García adelantó en contra del acto administrativo, por medio del cual el señor Ómar Hernán Osorio lo desvinculó de la planta de personal del municipio de Villarrica.

En cuanto a las razones para que los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo sean de doble instancia, así se ha pronunciado esta Corporación:

“Por consiguiente, ante la inexistencia de norma expresa en la Ley 678, proferida en el año de 2001, que brinde e imponga una solución específica diferente y ante la improcedencia de acudir a las normas generales de competencia establecidas en el C.C.A., por las razones antes expuestas, resulta necesario acudir a los principios constitucionales entre los cuales se encuentra el criterio general de la segunda instancia, según el cual:

‘Artículo 31.- Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

‘El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único’.

“Así pues, resulta claro que la Carta Política le atribuyó al legislador la potestad de determinar cuáles sentencias judiciales quedarían excluidas, por excepción, de la posibilidad de ser apeladas, de lo cual se desprende, con igual claridad, que en todos aquellos eventos en los cuales el legislador no hubiere restringido o excluido tal posibilidad, naturalmente deberá operar el principio general en cuya virtud la propia Constitución establece la opción de cuestionar las respectivas sentencias, por vía de apelación, ante una segunda instancia. Pues bien, para los juicios que corresponden a las acciones de repetición, ocurre que la mencionada Ley 678 únicamente se ocupó de definir la procedencia de una sola y única instancia cuando la demanda se dirija contra aquellos altos dignatarios del Estado taxativamente señalados en el parágrafo 1º de su artículo 7º, lo cual evidencia que el legislador excluyó las sentencias que se profieran en esos específicos eventos de la posibilidad de ser apeladas; sin embargo, en relación con los demás casos que se tramiten en ejercicio de la acción de repetición nada dijo el legislador acerca de la posibilidad de tramitar, o no, una segunda instancia, lo cual obliga a destacar que, de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 constitucional, los fallos que se profieran en el desarrollo de tales actuaciones deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al Juez o Tribunal Administrativo, según el caso”.

En vista de que todas las demandas de repetición presentadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia -excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia- debe precisarse que la norma en virtud de la cual se tiene competencia funcional para resolver los recursos de apelación presentados es el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta norma jurídica estableció lo siguiente:

“COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

“(…)” (se destaca).

En suma, se tiene competencia para conocer de este asunto porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.

2. El ejercicio oportuno de la acción

Esta Corporación, con fundamento en la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional respecto de los artículos 136.9 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001, ha señalado –como regla general– que el término de caducidad de dos años en las acciones de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177, inciso 4º, del CCA, lo que ocurra primero.

En esa misma línea, esta Subsección se pronunció de la siguiente manera:

“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron -No. 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001-, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo.

“(…).

“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción” (se destaca).

En este caso, el término de caducidad se contabilizará a partir del día siguiente al pago de la suma de dinero derivada de la sentencia del 25 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se declaró administrativamente responsable al municipio de Villarrica por los hechos narrados en precedencia y se condenó al ente al pago de la suma de sesenta y dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos ($62’488.987).
Revisado el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra que la sentencia del 25 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, cobró ejecutoria el 22 de enero de 2004; por consiguiente, el plazo de 18 meses se agotó el 23 de julio de 2005.

Ciertamente, el pago ocurrió antes de que transcurrieran 18 meses desde la sentencia en mención, pues se demostró en el proceso que aquel se efectuó el 31 de mayo de 2004 -más adelante se explicará en detalle porqué se tiene en cuenta esa fecha-.

Como la demanda se presentó el 21 de julio de 2005, se interpuso de forma oportuna, pues se contaba con plazo para hacerlo hasta el 1º de junio de 2006.

3. Alcance del recurso de apelación

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; que el pago se haya realizado; la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas y la culpa grave o el dolo.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima encontró acreditado que el municipio de Villarrica, en virtud de una orden judicial, indemnizó los daños antijurídicos causados por el demandado; que la entidad pagó a la víctima la suma determinada en la conciliación -$62’488.987-; que el señor Ómar Hernán Osorio se desempeñaba como personero del municipio de Villarrica para la época de los hechos y que actuó con culpa grave.

Así pues, para el Tribunal Administrativo a quo se reunieron la totalidad de los presupuestos para la prosperidad de las pretensiones de la presente demanda de repetición, a saber, la existencia de una sentencia que impuso a la entidad estatal el pago de una suma de dinero, la prueba del pago, la calidad del demandado como ex agente del Estado y su conducta gravemente culposa.

La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la parte apelante, señor Ómar Hernán Osorio, en ese orden de ideas, la Subsección debe pronunciarse únicamente respecto de los puntos que él cuestionó en su recurso de apelación.

Se recuerda que en la apelación el demandado manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
a) Se presentó una indebida notificación y en el expediente actúan terceros no acreditados.
b) No se probó el pago de la condena.
c) Algunas pruebas documentales fueron aportadas por la parte demandante en copia simple, luego, no podían ser valoradas.
d) No se probó su calidad de ex agente del Estado.
e) El Código Civil debía ser el parámetro para valorar si su conducta fue gravemente culposa y no la Ley 678 de 2001.
f) No se acreditó que su conducta fue dolosa y/o gravemente culposa.

En ese orden serán resueltos; sin embargo, previamente, la Sala precisa que centrará su análisis en la calidad del señor Ómar Hernán Osorio como agente o ex agente del Estado y en su conducta, esto es, si actuó con dolo o con culpa grave, porque los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición se encontraron acreditados en primera instancia; con todo y lo anterior, se advierte que en el plenario obran pruebas documentales que corroboran la existencia de la condena.
3.1. Primer argumento de la apelación

Uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación tiene que ver con unas supuestas irregularidades en el trámite de primera instancia, que, en criterio de la parte demandante, implica la nulidad de la sentencia.

Frente a este punto, el artículo 318 del CPC prescribe que el emplazamiento procede cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que desconoce el lugar donde puede ser notificado el demandado.

Una vez enviado el citatorio a la dirección indicada por el municipio de Villarrica en la demanda, el notificador dejó la constancia de que “al parecer se radicó en la ciudad de Bogotá, donde hasta el momento se desconoce por completo la dirección exacta de su residencia”, razón por la cual la demandante solicitó que se emplazara al señor Osorio. Así las cosas, se ordenó el emplazamiento del demandado, el cual no surtió efectos, y en aplicación del artículo 318 ibidem se le designó un curador ad-litem.

La Sala concluye que para la procedencia del emplazamiento la ley procesal solo exige que se manifieste que se desconoce el lugar donde debe ser notificado el demandado, sin que se deba acreditar que se trató de ubicarlo en las bases públicas de información, como lo señaló el apelante, pues tal exigencia no está consagrada dentro del ordenamiento jurídico vigente para el momento de los hechos.

De otra parte, en relación con las actuaciones de “terceros no acreditados”, la Sala concluye que ello no se ajusta a ninguna de las causales de nulidades establecidas en el artículo 140 del CPC, las cuales son taxativas. En todo caso, una eventual irregularidad en la representación de los intereses de la entidad demandante debía ser alegada por esta y ello no ocurrió, máxime si se tiene en cuenta que siguió actuando a lo largo del proceso, circunstancia que permite entender la convalidación de dichas actuaciones.

3.2. Segundo argumento de la apelación: el pago

En el presente proceso se aportó la copia auténtica de la Resolución No. 158, calendada el 31 de marzo de 2004, expedida por la alcaldesa del municipio de Villarrica, por medio de la cual se ordenó cumplir la sentencia condenatoria del 25 de noviembre de 2003, acto administrativo en el que se liquidaron los derechos laborales del señor Cristóbal Drigelio Castro García en la suma de $62’488.987.

Así mismo, se aportó al proceso la copia auténtica de la orden de pago No. 32, fechada el 20 de mayo de 2004 (proferida por el municipio de Villarrica) referente al “PAGO TOTAL DE SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 – SOPORTE: RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO NO. 158 DE MARZO 31 DE 2004”, por valor de $62’488.987,01 a favor de Cristóbal Drigelio Castro García, firmada por el ordenador del gasto.

De igual manera, se tiene la constancia expedida por la Fiduciaria Fiducafe S.A., administradora de los recursos del municipio de Villarrica, fechada el 25 de mayo de 2005, documento mediante el cual se indicó que el pago se llevó a cabo a través del orden de pago No. 32.

Se allegó el comprobante de egreso emanado por la Fiduciaria Fiducafe S.A., en la cual se indica que la anterior obligación se pagó el 31 de mayo de 2004.

Por último, Bancolombia anexó el extracto bancario generado de la cuenta de ahorros Conavi número 207-958184-49, producto que registra como titular al señor Cristóbal Drigelio Castro García, en el cual se evidencia que el 31 de mayo de 2004 se consignó la suma de $62’488.987,01.

Los documentos aportados son suficientes para demostrar el pago efectivo de la condena por parte del municipio de Villarrica, lo que brinda certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y la consecuente extinción de la misma.
3.3. Tercer argumento de la apelación: las pruebas documentales aportadas en copia simple no podían ser valoradas

Sea lo primero aclarar que el señor Ómar Hernán Osorio, en su recurso de apelación, señaló que algunas pruebas documentales allegadas al proceso obran en copia simple y que, por esa razón, no era posible valorarlas; en ese sentido, la Subsección considera necesario señalar que, con ocasión de la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013, se acepta la valoración de los documentos aportados en copia simple.

En la referida sentencia se indicó, además, que cuando las copias simples han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, dichas copias son aptas de valoración e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia.

Así pues, de conformidad con la postura actual de la Sala, se dará valor probatorio a los documentos aportados en copia simple.

3.4. Cuarto argumento de la apelación: la condición de agente o de ex agente del Estado del demandado o particular que cumple funciones públicas

El argumento de la apelación se centró en que no se probó la calidad del señor Ómar Hernán Osorio como ex agente del Estado, pues no se aportó al proceso su acta de nombramiento como personero del municipio de Villarrica, así como tampoco la certificación de servicios expedida por la oficina de personal del referido ente.

En el expediente obra copia de la Resolución No. 020, del 30 de julio del 2000, expedida por el señor Ómar Hernán Osorio, como personero municipal de Villarrica, a través del cual declaró “insubsistente el nombramiento de un empleado de la personería municipal de Villarrica [Cristóbal Drigelio Castro García]”, prueba de la cual se desprende su calidad de agente estatal para la época de los hechos.

Adicionalmente, también obran en el expediente otras resoluciones proferidas por el hoy demandado para la época de los hechos, en calidad de personero municipal de Villarrica, a saber, los actos administrativos que a continuación se relacionan: i) No. 06 del 8 de abril del 2000, ii) No. 010 fechada el 28 de abril del 2000, iii) No. 5 del 5 de mayo del 2000; iv) No. 013 del 26 de mayo del 2000; v) No. 016 del 8 de junio del 2000 y vi) No. 023 del 17 de septiembre del 2000.

En este punto de la providencia, vale la pena precisar que los actos administrativos mencionados fueron suscritos por el señor Ómar Hernán Osorio, en ejercicio del cargo descrito, aspecto que, además, no fue controvertido a lo largo del proceso. Así pues, se encuentra acreditado este presupuesto, por cuanto el señor Osorio, demandado en este asunto, ostentaba la calidad de agente estatal para la época de los hechos.

3.5. Quinto argumento de la apelación: el parámetro normativo para valorar la conducta del aquí demandado

Sostuvo el apelante que los hechos que se le reprochan ocurrieron en el 2000, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, luego, no podía ser esta normativa el parámetro para valorar si su conducta fue dolosa o gravemente culposa, tal y como lo hizo el Tribunal Administrativo del Tolima.

Para resolver este punto, la Sala debe precisar que la demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo -algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000- como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala aclara que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

Para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban las demandas de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta un proceso de repetición sucedieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”.

En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil.

Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:

“Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Frente a tal concepto, el Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que corresponde armonizar con lo previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

Adicionalmente, la responsabilidad personal, de carácter patrimonial, del agente frente al Estado, encuentra su fundamento en el principio de legalidad; por lo anterior, vale la pena traer a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la actividad reglada que desempeñan los servidores públicos, susceptibles de incurrir en responsabilidad por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones estatutarias, legales o constitucionales:

“2.2.  Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores públicos, son una actividad que en manera alguna puede ser arbitraria, ni dejarse librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una actividad reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la Constitución, la ley o el reglamento.

“Sobre el particular, esta Corporación en sentencia C-725 de 21 de junio de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, expresó que: ‘3.3.3.  Precisamente por ello, el artículo 6 de la Carta preceptúa que los servidores públicos son responsables ante las autoridades cuando infrinjan la Constitución o las leyes, o cuando incurran en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma esta que guarda estrecha armonía con el artículo 124 de la misma, en cuanto este último ordena que ‘la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva’ ”.

Como lo que se le reprocha al demandado corresponde a hechos ocurridos en el 2000, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, serán el artículo 63 del Código Civil y el artículo 6 de la Constitución Política los parámetros normativos que se tendrán en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en un dolo o en una culpa grave.

3.6. Sexto argumento de la apelación: el dolo y/o culpa grave en cabeza del demandado

La Subsección estimará si la actuación del demandado tuvo como fundamento una conducta constitutiva de culpa grave o de dolo y si las pretensiones de la acción de repetición fueron acertadamente concedidas dentro del fallo apelado, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.

3.4.1 El 18 de marzo del 2000, el señor Ómar Hernán Osorio, en calidad de personero del municipio de Villarrica, evaluó el desempeño técnico asistencial del funcionario Cristóbal Drigelio Castro García, quien para la época de los hechos se desempeñaba como promotor de familia; para el efecto, a través del formulario de evaluación D3, consignó un puntaje “adecuado” de 668 puntos para el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 29 de febrero de 2000 (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Evaluado: Cristóbal Drigelio Castro García.
“Evaluador: Ómar Hernán Osorio Valbuena.
“Puntaje definitivo: 668.
“Puntos fuertes: interés en presentar lo pedido por su superior.
“Puntos débiles: se demanda mayor iniciativa institucional.
“Periodo evaluado desde el 1 de marzo de 1999 hasta el 29 el febrero del 2000”.

3.4.2. El señor Cristóbal Drigelio Castro García presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, dada su inconformidad con la calificación de los servicios por él prestados al municipio de Villarrica entre el 1º de marzo de 1999 y el 29 de febrero de 2000.

3.4.3. El 8 de abril del 2000, el señor Ómar Hernán Osorio, en calidad personero del municipio de Villarrica, expidió la Resolución No. 06, que resolvió el recurso interpuesto contra la calificación en mención, a través de la cual dejó sin efectos la calificación definitiva y ordenó efectuar evaluaciones parciales, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) durante el período de licencia el personero no podía emitir ninguna calificación al evaluado puesto que en tal período le corresponde al personero encargado durante la licencia del titular, razón suficiente para (…) dejarse por tanto sin efecto alguno la calificación por evaluación de desempeño de Cristóbal Drigelio Castro, en su condición de promotor de familia emitida el pasado 17 de marzo de 2000.

“Como consecuencia de la consideración anterior y al quedar sin efecto alguno la calificación definitiva de evaluación de desempeño de Cristóbal Drigelio Castro emitida el pasado 17 de marzo de 2000 se hará necesario proceder a realizar las evaluaciones parciales de que trata el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998, de conformidad con las fechas en las cuales el jefe inmediato haya ejercido el cargo respectivamente. Una vez efectuadas estas se procederá a ponderar su resultado para resolver la calificación definitiva de evaluación de desempeño a último día de febrero de 2000.

“(…).

“RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO: Déjese sin efecto alguno la calificación definitiva de evaluación de desempeño de Cristóbal Drigelio Castro emitida el pasado 17 de marzo de 2000.

“ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia del artículo anterior, efectúese las evaluaciones de desempeño parciales necesarias a Cristóbal Drigelio Castro según las situaciones administrativas de los evaluadores, de conformidad con la parte motiva de este proveído”.
3.4.4. Como consecuencia de la anterior decisión, el 13 y el 19 de abril del 2000, se efectuaron, en formularios de evaluación D3, evaluaciones parciales de desempeño, por “cambio de jefe”, al señor Cristóbal Drigelio Casto, así:

• En primer lugar, el señor Ómar Hernán Osorio, en calidad de personero del municipio de Villarrica, calificó su desempeño en el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 19 de enero del 2000, con un puntaje insatisfactorio de 600 puntos.

• En segundo lugar, el señor Augusto Páez Ríos, en calidad de personero encargado del municipio de Villarrica, calificó su desempeño entre el 2 de marzo de 2000 y el 15 del mismo mes y año, con un puntaje superior de 790 puntos.

3.4.5. El 28 de abril del 2000, en el formulario de evaluación D3, el señor Ómar Hernán Osorio, personero del municipio de Villarrica, profirió la evaluación definitiva anual ponderada, a través de la cual calificó el desempeño del señor Castro en el período comprendido el 1º de marzo de 1999 y el 29 de febrero del 2000, con un puntaje insatisfactorio de 600 puntos.

Vale la pena precisar que, de conformidad con los formularios de desempeño aportados al proceso, para efectos de la calificación de servicios se tuvieron en cuenta los siguientes grados: i) SOBRESALIENTE: de 884 a 1000 puntos; ii) SUPERIOR: de 767 a 883 puntos; iii) ADECUADO: de 650 a 766 puntos e iv) INSATISFACTORIO: de 100 a 649 puntos.

3.4.6. El 26 de abril de 2000, el señor Ómar Hernán Osorio realizó un llamado de atención en la hoja de vida del señor Cristóbal Drigelio Castro, “por la no asistencia al lugar de trabajo el pasado 16 de abril del corriente año”.

3.4.7. El señor Cristóbal Drigelio Castro, a través de memorial fechado el 30 de abril del 2000, solicitó que se levantara el llamado de atención anexado a su hoja de vida el 26 de abril del 2000 y como justificación expuso lo siguiente: “me encontraba laborando y cumpliendo con mis funciones fuera de las instalaciones de la personería municipal y, aunque usted no se encontraba presente, informé a la secretaria del despacho” .

3.4.8. A través de la Resolución No. 011 del 5 de mayo de 2000, el hoy demandado levantó el llamado de atención que le impuso a Cristóbal Drigelio Castro y que fue anexado a su hoja de vida, toda vez que justificó su no asistencia al lugar de trabajo (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Que el señor Cristóbal Drigelio Castro presentó derecho de petición ante el llamado de atención (memorando) impuesto por la personería y anexado a su hoja de vida. Que el señor Cristóbal Drigelio Castro ha justificado su ausencia en la oficina el pasado 16 de abril del corriente año. Que su actividad efectivamente es susceptible de desarrollarse fuera de las instalaciones de la personería municipal.

“RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO: Levántese el llamado de atención que memorando el pasado 26 de abril se impuso a Cristóbal Drigelio Castro y anexado el mismo a su hoja de vida”.

3.4.9. El 6 de mayo del 2000, el señor Cristóbal Drigelio Castro García presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la calificación fechada el 28 de abril de 2000, en la cual se le otorgó un puntaje de 600 puntos.

3.4.10. El señor Ómar Hernán Osorio, en calidad personero del municipio de Villarrica, expidió la Resolución No. 013 del 26 de mayo de 2000, por medio de la cual resolvió el recurso en mención de la forma que a continuación se transcribe (incluso con posibles errores):

“Dadas las circunstancias anteriores, la reconsideración de la calificación de evaluación por desempeño laboral proferida el pasado 28 de abril a Cristóbal Drigelio Castro no procede pues de hacerlo sería realmente un engaño no solo para el calificado sino para la comunidad del municipio de Villarrica.

“RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO: Deniégase a petición del recurrente y por tanto téngase en firme la calificación a Cristóbal Drigelio Castro García, que por evaluación de desempeño laboral profirió el personero municipal de Villarrica el pasado 28 de abril de 2000”.

3.4.11. El 8 de junio de 2000, el personero del municipio de Villarrica, hoy demandado en el presente asunto, a través de la Resolución No. 016, aclaró la Resolución No. 013 de 26 de mayo de 2000, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO: Contra la Resolución No. 013 de 26 de mayo de 2000, emanada del despacho del personero municipal de Villarrica, procede el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, tal como lo establece en el Código Contencioso Administrativo”.

3.4.12. Mediante oficio No. 161, fechado el 8 de julio del 2000, el demandado solicitó a la comisión de personal del departamento del Tolima que emitiera concepto respecto de la calificación no satisfactoria obtenida por el señor Cristóbal Drigelio Castro, en el período comprendido el 1º de marzo de 1999 y el 29 de febrero del 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 443 de 1998.

3.4.13. El 26 de julio del 2000 se efectuó reunión de comisión de personal del departamento del Tolima, en la cual se determinó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Siguiendo así con el orden del día nos dimos por enterados de la solicitud que nos hace el señor personero con respecto al concepto NO VINCULANTE del señor Cristóbal Drigelio Castro (…). Revisó el señor Julio César los documentos que el presidente de la comisión de personal le mostró, los cuales fueron enviados por la personería municipal y al revisarlos dice lo siguiente el señor Julio César Ortiz, que la primera calificación que se le dio al señor Drigelio es una calificación definitiva satisfactoria de 668, ante esta situación el señor Drigelio interpone el recurso de ley, a lo cual el señor personero baja esta calificación, la cual queda como insatisfactoria y me parece una situación anómala, dice que la ley contempla que debe quedar una calificación igual o mayor pero no por debajo y el señor personero le niega el recurso; además, agrega esto el señor representante de los empleados que esto también es una situación anómala y dice a los demás integrantes de la comisión de personal que se exima a la comisión de dar concepto alguno; además dice que la calificación está fuera de las fechas establecidas y reitera en hacer salvedad de voto y, además, pide copia de los documentos enviados por la personería municipal y copia del concepto que emita la comisión de personal.

“El señor presidente de la comisión de personal sometió a votación el concepto no vinculante con respecto al señor Cristóbal Drigelio Castro con calificación ponderada definitiva con un puntaje de 600, arrojando como resultado 2 votos a favor de emitir concepto no vinculante y el otro integrante fue el que hizo salvedad de voto”.

3.4.14. El 30 de julio de 2000, el señor Ómar Hernán Osorio profirió la Resolución No. 20, en la que se declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro por calificación insatisfactoria de servicios, acto administrativo del cual se destacan los siguientes apartes (se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores):

“Que de conformidad con lo establecido en el estatuto de carrera administrativa, Ley 443 de 1998, la personería municipal procedió a evaluar el desempeño del señor Cristóbal Drigelio Castro García, inscrito en carrera administrativa. Que según el artículo 37 literal a y artículo 42 de la Ley 443 de 1998, en concordancia con el artículo 81 del Decreto 1568 de 1998, los funcionarios que no obtengan calificación satisfactoria deben ser declarados insubsistentes en el cargo (...).

“Que la calificación final del señor Cristóbal Drigelio Castro García fue de 600 puntos. Que el señor Cristóbal Drigelio Castro García fue debidamente notificado de su calificación tal como se dispone en la Ley 443 de 1998 en su artículo 33, en concordancia con el artículo 77 del Decreto 1568 de 1998. Que el señor Cristóbal Drigelio Castro García presentó recursos de ley, los cuales en igual forma fueron resueltos por el inmediato superior del recurrente, quedando en firme la calificación obtenida por el mismo.

“Que el señor Cristóbal Drigelio Castro García identificado con cedula de ciudadanía número (…), quien se desempeña en el cargo de PROMOTOR DE FAMILIA de la personería municipal de Villarrica Tolima, NO OBTUVO CALIFICACIÓN SATISFACTORIA y quedando esta en firme, se hace necesario declarar su insubsistencia al tenor de lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios.

“Que mediante oficio del 29 de julio de 2000, el presidente de la comisión de personal de la alcaldía municipal de Villarrica, remitió el concepto no vinculante respecto del señor CRISTÓBAL DRIGELIO CASTRO GARCÍA, tal como lo dispone el Decreto 1568 de 1998 en su artículo 81.

“RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declárese insubsistente a partir del 31 de julio de 2000 al señor CRISTÓBAL DRIGELIO CASTRO GARCÍA identificado con la cedula de ciudadanía número (…), del cargo de promotor de familia de la personería municipal para el que se ha vendido desempeñando al momento de ser calificado y desde el 26 de enero de 1998”.

3.4.15. El 31 de julio del 2000, el señor Cristóbal Drigelio Castro se notificó personalmente del contenido de la Resolución No. 20 del 30 de julio de 2000 y, el 3 de agosto de la misma anualidad, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra del referido acto administrativo.

3.4.16. Mediante la Resolución No. 023 del 17 de septiembre del 2000, proferida también por el hoy demandado, se negó, por improcedente, el recurso interpuesto por el señor Cristóbal Drigelio Castro en contra de la Resolución No. 20 del 30 de julio de 2000, por las razones que se transcriben (incluso con posibles errores):

“Queda claro para este despacho que el recurso presentado por el señor Cristóbal Drigelio Castro no ha sido sustentado adecuadamente sobre los puntos enunciados por el recurrente como sobre otros asuntos nuevos que pudieran haber surgido para motivar la acción que ejerció; en igual forma, no se demuestra la violación de términos ni la irregularidad frente al proceso de calificación y declaratoria de insubsistencia al señor Castro (…).

“Estando dentro del término legal de 45 días contenido en el artículo 83 del Decreto 1568 de 1998 y al no encontrar argumentos que sustenten las peticiones del recurrente, este despacho ha de tenerse en la decisión proferida el pasado 30 de julio de 2000 mediante la Resolución No. 020 por la cual se declaró insubsistente el nombramiento a Cristóbal Drigelio Castro García por calificación no satisfactoria”.

3.4.17. El Tribunal Administrativo del Tolima, el 25 de noviembre de 2003, declaró la nulidad de la Resoluciones números 020 y 023 del 30 de julio y 17 de septiembre de 2000, proferidas por el aquí demandado, Personero Municipal de Villarrica - Tolima para la época de los hechos, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores):

“Se encuentra que en el procedimiento de evaluación y calificación debe atenderse a los objetivos previamente concertados entre evaluador y evaluado (art. 106) y tenerse en cuenta factores objetivos, medibles, cuantificables y verificables que se expresen en la calificación de servicios, lo cual no se cumplió al calificar al señor Cristóbal Drigelio Castro García, lo cual se demuestra con la falta de diligenciamiento de los formularios D1 y D2.

“Esta ausencia de cumplimiento de las formalidades legales, contrarían el mandato de establecer criterios objetivos, justos y razonables de evaluación, situación esta que aunada a la formulación indebida de evaluaciones parciales mediante las cuales se redujo considerablemente el puntaje definitivo de calificación, a punto de tornarla insatisfactoria, indican claramente que la intención del evaluador no fue otra que preparar el retiro del empleado evaluado, pretendiendo dar viso de legalidad a la declaratoria de insubsistencia.

“Adicionalmente de algunos escritos y oficios que se cruzaron entre evaluado y evaluador se evidencia una situación de discordia, por decir lo menos, hecho este que unido a la reducción arbitraria y caprichosa de la calificación, violatoria de los principios de favorabilidad y de no reformatio in perjus, son razones adicionales que permiten concluir que existió desviación de poder al proferir la resolución de insubsistencia (…).

“RESUELVE:

“1. DECLARAR no probado el medio exceptivo formulado por el apoderado de la entidad demandada.

“2. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 020 y 023 de fechas 30 de julio y 17 de septiembre de 2000, proferidas por el señor Personero Municipal de Villarrica Tolima, mediante las cuales se declaró insubsistente el nombramiento del demandante del cargo que ocupaba y se le resuelve adversamente un recurso”.

En la demanda se expuso que el señor Ómar Hernán Osorio actuó de forma irregular al declarar la vacancia del cargo que desempeñaba el señor Cristóbal Drigelio Castro García en la Personería del municipio de Villarrica, pues, con posterioridad, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del mencionado acto administrativo, lo cual derivó en la condena cuyo pago demandó en repetición el municipio de Villarrica.

Tal y como se concluye de los apartes anteriormente transcritos, el Tribunal Administrativo del Tolima determinó que la actuación del señor Ómar Hernán Osorio, al calificar el desempeño del señor Cristóbal Drigelio Castro García, fue irregular porque: i) no diligenció los formularios de calificación, entonces, no tomó en consideración factores objetivos, medibles, cuantificables y verificables y ii) redujo el puntaje definitivo de calificación sin ningún tipo de justificación.

Entonces, a criterio del referido Tribunal, las Resoluciones números 020 y 023 del 30 de julio y 17 de septiembre de 2000 fueron expedidas con desviación de poder, pues “la intención del evaluador no fue otra que preparar el retiro del empleado evaluado, pretendiendo dar viso de legalidad a la declaratoria de insubsistencia”, de ahí la razón para declarar su nulidad.

Sin embargo, conviene señalar que, tal y como lo expone el demandado en su recurso de apelación, la sentencia que declaró la nulidad del acto de insubsistencia del señor Cristóbal Drigelio Castro no puede constituirse en el único fundamento para declarar su responsabilidad, pues deben valorarse los demás medios de prueba que se aportaron en el proceso de repetición, como se hará a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1572 de 1998, cuerpo normativo vigente para la época de los hechos, una calificación de funcionarios objetiva, imparcial, justa y fundada en principios de equidad debía referirse a hechos concretos y a condiciones demostradas del empleado que desempeña sus funciones.

El artículo 106 del mismo cuerpo normativo determina que la calificación de los empleados de carrera es el resultado de la evaluación del desempeño laboral de todo el período establecido o del promedio ponderado de las evaluaciones parciales.

En esa misma línea, las evaluaciones parciales deben ser efectuadas a los empleados de carrera en los casos establecidos en el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998, a saber: i) por cambio de jefe, ii) por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado y iii) cuando el empleado se separa temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo.

En concordancia con las normas precitadas, la Sala analizará el material probatorio que obra en el proceso, para determinar si se encuentra acreditada o no la conducta dolosa o gravemente culposa del demandante.

El señor Ómar Hernán Osorio, en calidad de personero del municipio de Villarrica, evaluó en una primera oportunidad -el 18 de marzo del 2000- el desempeño técnico asistencial del funcionario Cristóbal Drigelio Castro García para el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 29 de febrero de 2000, consignando una calificación adecuada de 668 puntos.

En este formulario de evaluación, el hoy demandado, señor Ómar Hernán Osorio, indicó los puntos fuertes y débiles del señor Cristóbal Drigelio Castro García; adicionalmente, diligenció el acápite de “indicadores de gestión” así:

• En el área de productividad suministró una valoración “adecuada” en los factores de i) utilización de recursos, ii) calidad, iii) responsabilidad y iv) cantidad y una valoración “por encima” en los factores de i) oportunidad y ii) conocimiento del trabajo.

• En el área de conducta laboral proporcionó una valoración “adecuada” en los factores de i) relaciones interpersonales y ii) atención al usuario y una valoración “por encima” en el factor de colaboración.
Esta calificación definitiva fue dejada sin efectos a través de la Resolución No. 06 del 8 de abril del 2000, acto administrativo que, además, ordenó realizar las evaluaciones parciales establecidas en el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998.
La razón que se expuso para dejar sin efectos la calificación del 18 de marzo del 2000 fue, en síntesis, que el señor Ómar Hernán Osorio, hoy demandado, disfrutó de una licencia no remunerada desde el 20 de enero de 2000 hasta el 15 de marzo de la misma anualidad; entonces, en ese lapso, el desempeño del funcionario Cristóbal Drigelio Castro García debía evaluarlo el personero encargado del municipio de Villarrica.

El 13 y el 19 de abril del 2000, se efectuaron dos evaluaciones parciales de desempeño, por “cambio de jefe”: i) el hoy demandado evaluó nuevamente el desempeño del señor Castro entre el 1º de marzo de 1999 y el 19 de enero del 2000, otorgándole una calificación insatisfactoria de 600 puntos y ii) el señor Augusto Páez Ríos, en calidad de personero encargado del municipio de Villarrica, calificó con 790 puntos el desempeño entre el 2 de marzo de 2000 y el 15 del mismo mes y año.

El 28 de abril del 2000, en el formulario de evaluación D3, el señor Ómar Hernán Osorio, en calidad de personero del municipio de Villarrica, profirió la evaluación definitiva anual ponderada, a través de la cual calificó el desempeño del señor Castro, del 1º de marzo de 1999 al 29 de febrero del 2000, con un puntaje insatisfactorio de 600 puntos.

El señor Ómar Hernán Osorio redujo la calificación del señor Castro García, de adecuada -de 668 puntos- a insatisfactoria -de 600 puntos- y, en el formulario de evaluación D3 que obra a folio 23 del anexo No. 1, se limitó a consignar el puntaje sin información adicional, dado que dejó en blanco las demás casillas.

En el proceso también obra la Resolución No. 013 del 26 de mayo de 2000, proferida por el hoy demandado, a través de la cual se revolvió el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación que presentó el señor Cristóbal Drigelio Castro García, acto administrativo que dejó en firme la calificación del 28 de abril del 2000, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Dadas las situaciones administrativas que acompañaron la licencia no remunerada del personero titular del 20 de enero de 2000 al 15 de marzo de 2000, se hacía necesario hacer las calificaciones parciales según las fechas de la misma situación y su resultado no podía ser diferente a la ponderación de las mismas, tal como lo dispone el artículo 106 del Decreto 1572 de 1998. En su orden y tal y como aparece en el procedimiento administrativo del presente asunto, se ponderó las diferentes calificaciones que hubieren respecto del periodo a calificar comprendido entre 01º de marzo de 1999 al 29 de febrero de 2000, cuyo resultado se observa en la calificación definitiva del pasado 28 de abril de 2000, toda vez que del 20 de enero al 29 de febrero de 2000 el calificado no tuvo jefe inmediato, ya que tanto el alcalde municipal durante los días de enero como el Concejo Municipal durante el mes de febrero de 2000 no procedieron a hacer ningún nombramiento de personero encargado. En tal circunstancia, no sería viable ninguna calificación por el periodo del 20 de enero al 29 de febrero de 2000 (…)” (se destaca).

Por último, el señor Ómar Hernán Osorio profirió la Resolución No. 20, en la que declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro, porque, de conformidad con el artículo 146 del Decreto 1572 de 1998, cuerpo normativo vigente para la época de los hechos, si un empleado de carrera obtenía una calificación de servicios no satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, debía ser declarado insubsistente.

Según se desprende de lo anterior, tomando como referencia el material probatorio mencionado y valorado, la Sala encuentra que:

i) La parte demandante probó, con la Resolución número 06 del 8 de abril del 2000, que el señor Osorio dejó sin efecto la primera calificación de desempeño del señor Castro García con fundamento en el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998, sin embargo, esta disposición normativa que no resultaba aplicable, toda vez que en la Resolución número 013 del 26 de mayo de 2000 se expuso que el señor Cristóbal Drigelio Castro García no tuvo jefe inmediato en el período comprendido entre el 20 de enero del 2000 y el 29 de febrero de la misma anualidad.

Entonces, el 8 de abril del 2000, el señor Ómar Hernán Osorio, en calidad de personero del municipio de Villarrica, expidió un acto administrativo que dejó sin efectos la calificación adecuada de 668 puntos del 18 de marzo del 2000, porque, a su juicio, se configuró una de las causales establecidas en el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998, pues, como consecuencia de la licencia no remunerada que disfrutó desde el 20 de enero de 2000 hasta el 15 de marzo de la misma anualidad, el señor Cristóbal Drigelio Castro cambió de jefe, entonces, en ese lapso, el desempeño del funcionario Cristóbal Drigelio Castro García debía evaluarlo el personero encargado del municipio de Villarrica.

No obstante lo anterior, aproximadamente un mes y medio después, el 26 de mayo de 2000, aclaró que entre el 20 de enero del 2000 y el 29 de febrero de la misma anualidad no se designó a un personero encargado, luego, “no era viable” realizar la calificación de desempeño del señor Castro García en ese período.

Así pues, el demandado aplicó de forma equívoca el artículo 107 del Decreto 1572 de 1998, porque, de conformidad con las consideraciones que anteceden, no había motivos para dejar sin efectos la calificación adecuada del 18 de marzo del 2000, si se tiene en cuenta que el señor Castro García no cambió de jefe, así como tampoco se presentaron los otros eventos en los cuales proceden las evaluaciones parciales, a saber, por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado o cuando el empleado se separa temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo.

En este punto de la providencia vale la pena especificar que en la demanda se aseguró que en los hechos que dieron lugar a la controversia de la referencia solo intervino el señor Osorio, es decir, que no participaron otras personas en la expedición de los actos administrativos referidos; al respecto, el demandado en su contestación y en su recurso de apelación no indicó que en esas decisiones hubieren intervenido otros funcionarios, por ejemplo, en su preparación, revisión y/o control de legalidad. En el demandado se radicaba el poder de decisión y actuó con culpa grave al invocar, en su condición de personero del municipio de Villarrica, una norma que carecía de efecto en el caso concreto.

ii) El municipio de Villarrica también allegó al plenario la evaluación definitiva anual ponderada del 28 de abril del 2000, que arrojó una calificación insatisfactoria de 600 puntos, la cual fue proferida por el señor Ómar Hernán Osorio, pues él era el jefe inmediato del señor Cristóbal Drigelio Castro, quien se desempeñaba como promotor de familia en la Personería Municipal de Villarrica para la época de los hechos.

Lo anterior tiene su justificación en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto 1572 de 1998, el responsable de evaluar y calificar el desempeño laboral de un empleado es su jefe inmediato. En este caso, el personero municipal de Villarrica era el superior jerárquico del promotor de familia, entonces, el señor Ómar Hernán Osorio era el funcionario competente para realizar tal calificación, porque era quien tenía conocimiento directo sobre el trabajo del funcionario Castro García. Ahora bien, del formulario de evaluación D3, la Sala concluye que se diligenció de forma indebida por el demandado, dado que dejó en blanco los espacios destinados a medir la gestión del funcionario Castro García.
Al revisar el contenido del formulario del 28 de abril del 2000, la Sala encuentra que el demandado actuó de forma negligente al no explicar las razones que lo llevaron a adoptar la decisión de suministrar un puntaje insatisfactorio, pues no diligenció las casillas correspondientes a “puntos fuertes”, “puntos débiles” y “recomendaciones para el mejoramiento”; así mismo, rebajó algunas de las calificaciones suministradas en el primer formulario -del 18 de marzo del 2000- sin ningún tipo de justificación, a saber, en el factor de “conocimiento del trabajo” bajó el puntaje de 80 a 52 puntos y en el factor de “colaboración” de 60 a 21 puntos.

En el referido formulario no se introdujo ningún razonamiento que indicara el por qué bajó el puntaje en factores como “conocimiento del trabajo” y “colaboración”, por ejemplo, si en la calificación inicial incurrió en un error que ajustó en la segunda o si acaeció en ese lapso alguna circunstancia que ameritara tal reducción. En relación con la noción de culpa grave, la Corte Suprema de Justicia ha conceptuado lo siguiente:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta ‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’ (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág.89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.228)”.

De esta forma, el municipio de Villarrica probó que la conducta del inculpado fue gravemente culposa, toda vez que actuó con:

• Impericia extrema al “ignorar los conocimientos más comunes”, porque invocó una norma que no era aplicable para dejar sin efectos la calificación adecuada del 18 de marzo del 2000 y, al tener a su cargo una facultad nominadora, le era exigible el conocimiento de las normas que regulaban las calificaciones de los funcionarios de carrera y que autorizaban la declaratoria de insubsistencia en los eventos de calificación insatisfactoria.

• Negligencia extrema al “descuidar la diligencia más pueril”, dado que dejó en blanco los espacios destinados a medir la gestión del funcionario Castro García, lo que impidió determinar las motivaciones por las cuales otorgó una calificación insatisfactoria, si se tiene en cuenta que redujo la calificación inicial, al punto de tornarla insatisfactoria y fundamentado en ello, profirió días después el acto de insubsistencia.

Vistas así las cosas, solo resta un asunto por dilucidar y este corresponde al argumento de defensa del demandado, según el cual, la sentencia que declaró la nulidad del acto de insubsistencia del señor Cristóbal Drigelio Castro García no era prueba suficiente de su culpa grave, premisa que es cierta, pues así lo ha sostenido la Subsección en otras oportunidades; no obstante, se hace claridad y se enfatiza que, en este caso, la culpa grave resultó acreditada con los diferentes medios de prueba que se aportaron al proceso; asimismo, que el fallo en el que se impuso la condena solo fue un referente más para su determinación.

En definitiva, se declarará responsable a título de culpa grave al demandado, señor Ómar Hernán Osorio, quien, como servidor público, era responsable por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En ese orden, la Sala confirmará lo decidido en primera instancia, por encontrar reunidos los elementos que configuran las responsabilidad patrimonial del demandado en repetición, no obstante, modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, con la finalidad de actualizar la suma reconocida -$96’160.621-, así:

Ra = Rh ($96’160.621) índice final – febrero/2019 (101,17)
índice inicial – mayo/2015 (85,12)

= $114’292.411

El valor que deberá reintegrar el demandado al Municipio de Villarrica corresponde a la suma de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($114’292.411), suma que deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, plazo que señaló el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia del 26 de mayo de 2015.

4. Condena en costas

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de mayo de 2015, por el Tribunal Administrativo del Tolima, cuya parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR responsable, a título de culpa grave, al señor Ómar Hernán Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.977.236, por expedir la Resolución No. 020 del 30 de julio del 2000, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Cristóbal Drigelio Castro, hechos por los cuales el municipio de Villarrica pagó una indemnización.

“SEGUNDO: CONDENAR al señor Ómar Hernán Osorio a pagar al municipio de Villarrica la suma de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($114’292.411). Esta suma deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

“TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a la apoderada judicial que ha venido actuando”.
Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folios 30 a 43 del cuaderno de primera instancia. Folio 81 del cuaderno de primera instancia. Folios 82 a 88 del cuaderno de primera instancia. Folio 92 del cuaderno de primera instancia. Reverso folio 126 del cuaderno de primera instancia. Folios 127 y 128 del cuaderno de primera instancia. Folio 192 del cuaderno de primera instancia. Folio 199 del cuaderno de primera instancia. Folios 203 a 208 del cuaderno de primera instancia. Folios 140 a 150 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 154 a 167 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 188 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 195 y 196 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 264 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 265 a 271 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 280 a 286 del cuaderno del Consejo de Estado.
“Artículo 169. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.
“(…)”. Toda vez que desde el 2005 Conavi y Bancolombia se fusionaron, razón por la cual Bancolombia absorbió a la primera. Folio 290 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 296 a 297 del cuaderno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Dr. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre muchas otras providencias. Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Exp. 2001 02061 01, C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “Cfr. autos citados”. Folios 5 a 14 del cuaderno de primera instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-832 de 2001, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 136.9 del CCA, bajo el entendido que “(…) [e]l término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. Igualmente, como el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 reiteró el contenido normativo del artículo 136.9 del CCA, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-394 de 2002, precisó que lo señalado en la providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior disposición normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 10 de agosto de 2016, exp. 37.265. Al respecto, además, se pueden consultar las siguientes decisiones: i) Sección Tercera, Subsección C, auto del 27 de noviembre de 2017, exp. 59.151, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; ii) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 57.264, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; iii) Sección Tercera, Subsección B, auto del 7 de febrero de 2018, exp. 59.603, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre muchas otras. Toda vez que a través de auto fechado el 19 de enero de 2004, el Tribunal Administrativo del Tolima no concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra del fallo del 25 de noviembre de 2003, al considerar que el proceso era de única instancia. Folio 43 del cuaderno de primera instancia.

Con la demanda se allegó al proceso la copia auténtica de la sentencia fechada el 25 de noviembre de 2003, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de los actos administrativos que retiraron del servicio al señor Cristóbal Drigelio Castro García. En dicha sentencia se condenó al municipio de Villarrica a pagar al señor Cristóbal Drigelio Castro García los “sueldos y demás derechos económicos de los cuales se le privó con ocasión del retiro”, así como reintegrarlo “al mismo cargo del cual fue separado o a otro de igual o superior categoría” (folios 5 a 14 del cuaderno de primera instancia). Folio 53 del cuaderno de primera instancia. Folios 17 a 21 del cuaderno de primera instancia. Folio 23 del cuaderno de primera instancia. Folio 24 del cuaderno de primera instancia. Folio 25 del cuaderno de primera instancia. Folios 296 a 297 del cuaderno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente: 25.022, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero. Folios 50 y 51 del cuaderno No. 1. Folios 15 a 18 del cuaderno No. 1. Folio 25 del cuaderno No. 1. Folios 27 y 28 del cuaderno No. 1. Folios 36 a 39 del cuaderno No. 1. Folio 43 del cuaderno No. 1. Folios 57 a 59 del cuaderno No. 1.
“Artículo 78. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. Sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) del 8 de marzo de 2007, proferida por la Sección Tercera, Magistrado Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación número: 250002326000200201304-01 (30.330) y ii) del 16 de julio de 2015, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón (E), radicación número: 250002326000199902960-01 (27.561), entre muchas otras.
“Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
“Artículo 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
“Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del veintiséis 26 de agosto de 2015, radicación 250002326000200601802-01 (35.962), Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón. Corte Constitucional. Sentencia C-175 de 2001. Expediente D-3240. Magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. Folio 3 del anexo No.1. Folios 4 a 11 del anexo No.1. Folios 15 y 18 del anexo No.1. Folio 21 del anexo No.1. Folio 23 del anexo No.1. Folio 24 del anexo No.1. Folios 28 y 29 del anexo No.1. Folio 27 del anexo No.1. Folios 30 y 31 del anexo No.1. Folios 36 a 39 del anexo No.1. Folio 43 del anexo No.1. Folio 44 del anexo No.1.
“Artículo  61. Además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal, en materia de carrera administrativa, cumplirán las siguientes funciones:
“(…).
“6. Emitir concepto no vinculante previo a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del empleado de carrera que haya obtenido una calificación de servicios no satisfactoria”. Folios 48 y 49 del anexo No.1. Folios 50 y 51 del anexo No.1. Folio 52 del anexo No.1. Folio 53 del anexo No.1. Folios 57 a 59 del anexo No. 1.

Normativa mediante la cual se reglamentaron la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1567 de 1998.
“Artículo 110º.- Las evaluaciones del desempeño laboral de servicio deben ser: objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad. Justas, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas, y referidas a hechos concretos y a condiciones demostradas por el empleado durante el lapso evaluado y apreciadas dentro de las circunstancias en que el empleado desempeña sus funciones”. Entre los 650 y 766 puntos el desempeño tenía una calificación adecuada.
“Artículo 107. Se entenderá por evaluaciones parciales las que deben ser efectuadas a los empleados de carrera en los siguientes casos en que no haya operado cambio de entidad:
“1. Por cambio de jefe
“2. Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.
“3. Cuando el empleado debe separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por suspención o por asumir por encargo las funciones de otro, o con ocasión de licencia o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días calendario. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la hubiere, y el final del período a calificar”.

Folios 36 a 39 del anexo No.1.
Normativa mediante la cual se reglamentaron la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1567 de 1998.
“Artículo 113. El jefe inmediato del empleado es el responsable de evaluar y calificar su desempeño laboral en los términos y condiciones que señale la Comisión Nacional del Servicio Civil.
“Se entiende por jefe inmediato el empleado que ejerce las funciones de dirección, supervisión o coordinación respecto del empleado a calificar; es decir, el superior jerárquico o el de la dependencia o el coordinador del grupo de trabajo formalmente establecido, donde el empleado preste sus servicios.
“También podrán actuar como evaluadores y calificadores quienes determine la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con los sistemas técnicos de evaluación que adopte”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia fechada el 19 de diciembre de 2006, magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena, expediente No. 68001 31 03 001 2000 00311 01.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455), reiterada en la sentencia del 26 de abril de 2017, Sección Tercera, Subsección A, radicado: 4100-12-33-1000-201000009-01 (45.536), entre otras.
IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (marzo de 2019).
IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (mayo de 2015).

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