Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2007-90204-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-31-000-2007-90204-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2007-90204-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-31-000-2007-90204-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de octubre de 2023
1
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001 2331 000 2007 90204 01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - FOGACOOP
Demandado: Cooperativa de Ahorro y Crédito Social “COOPERAMOS EN
LIQUIDACIÓN” (hoy Cooperativa Multiactiva de Aporte y
Crédito Cooperamos) y Ángela Socorro Parra Aristizábal
Botero
Tema: Es nulo por vulnerar norma superior el acto administrativo
mediante el cual el agente liquidador de una cooperativa
niega la entrega de los dineros correspondientes al pasivo
cierto no reclamado y la desvalorización monetaria de las
acreencias excluidas de la masa de liquidación a FOGACOOP.
Fuente formales: Decreto 756 artículos 7 y 8 de 2000
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 10 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual declaró la nulidad de las
Resoluciones Nos. 083 del 9 de enero y 084 del 16 de marzo de 2007,
expedidas por la agente especial liquidadora de la Caja Cooperativa de Ahorro
y Crédito Social “Cooperamos en Liquidación”, y ordenó el restablecimiento
del derecho.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A. el FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES
COOPERATIVAS - FOGACOOP, a través de apoderado judicial, demandó ante
el Tribunal Administrativo del Tolima a la CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
CRÉDITO SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN” y a la señora ÁNGELA
SOCORRO PARRA ARISTIZÁBAL, con el objeto de que se accediera a las
siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 083 del 9 de enero de 2007
así como de la resolución No. 084 del 16 de marzo de 2007, proferida en la vía
gubernativa, ambas expedidas por la Dra. ÁNGELA SOCORRO PARRA
ARISTIZÁBAL, como Agente Liquidadora de la entidad Caja Cooperativa de
Ahorro y Crédito Social “Cooperamos en Liquidación”.
Segunda.- ORDENAR, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de
restablecimiento del derecho, que la entidad CAJA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN” y la Dra. ÁNGELA
SOCORRO PARRA ARISTIZÁBAL trasladen a FOGACOOP las sumas que no
fueron reclamadas durante la etapa de pasivo cierto no reclamado del proceso
de liquidación forzosa administrativa de la CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN”, por valor de MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($1.228.573.178), debidamente indexadas.
Tercera.- ORDENAR como consecuencia de la nulidad decretada y a título de
restablecimiento del derecho, que la entidad CAJA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN” y la Dra. ÁNGELA
SOCORRO PARRA ARISTIZÁBAL trasladen a FOGACOOP las sumas que no
fueron reclamadas durante la etapa de desvalorización monetaria del proceso
de liquidación forzosa administrativa de la CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN”, por valor de
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($323.386.459), debidamente
indexadas.
Cuarta.- Condenar a COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN y la Dra. ÁNGELA
SOCORRO PARRA ARISTIZÁBAL al pago de los perjuicios ocasionados a
FOGACOOP representados en el lucro cesante por la rentabilidad que deja de
percibir el Fondo ante la negativa al traslado de los recursos que se reclaman
con destino a la reserva, lucro que deberá ser calculado a la tasa de rentabilidad
del portafolio de inversión del Fondo al que se debía destinar, así:
-Sobre la suma de $1.128.573.178, a partir del momento en que debió ser
girado por COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN, esto es, desde el 23 de mayo de
2006, día siguiente a la finalización del periodo de pago de la desvalorización
monetaria, y hasta cuando dicha obligación se cumpla.
-Respecto de la suma de $423.386.459,18 (girados el 4 de septiembre de 2006
al Fondo, de los cuales se ordenó su devolución a COOPERAMOS EN
LIQUIDACIÓN), a partir del día 24 de mayo de 2007, fecha en que FOGACOOP
dio cumplimiento a dicha orden a través del giro de cheque de gerencia
respectivo con cargo a sus recursos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Quinta.- Condenar a la CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIAL
“COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN” y a la Dra. ÁNGELA SOCORRO PARRA
ARISTIZÁBAL a pagar las costas y agencias en derecho que se generen con la
presente contienda.” (Folio 155 del cuaderno de primera instancia – mayúsculas
sostenidas del texto original)
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de las Resolución número 083 del 9 de
enero de 2007, por medio de la cual se niega la solicitud de entrega a
FOGACOOP de los recursos no reclamados por los acreedores de la Caja
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social - Cooperamos En Liquidación, y de la
Resolución No. 084 del 16 de marzo de 2007, que confirma en su integridad
el acto anterior, ambas expedidas por la agente especial de la Caja
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social “Cooperamos en Liquidación”.
El texto del acto acusado, Resolución número 083 del 9 de enero de 2007, es
el siguiente:
“Resolución No. 083 de 2007
(09 de Enero de 2007)
Por medio de la cual se pronuncia sobre la procedencia de la devolución a
FOGACOOP de los recursos no reclamados por los acreedores de
COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN
La Agente Especial de
LA CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIAL -
COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley
79 de 1988, el Decreto-Ley 663 de 1993, la Ley 454 de 1998, la Ley 510 de
1999, el Decreto 756 de 2000 y el decreto 2211 de 2004 y demás normas
concordantes y vigentes.
CONSIDERANDO
[…]
SEXTO: Que luego de constituir las provisiones previstas en la Ley y de efectuar
los pagos de las acreencias de la no Masa y la Masa de la Liquidación, el Pasivo
Cierto No Reclamado y la Desvalorización Monetaria, se ha constatado la
existencia de activos remanentes provenientes de recursos no reclamados por
los acreedores de COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN, de la reversión de
provisiones constituidas para atender obligaciones litigiosas y de la recuperación
de activos, activos respecto de los cuales hay que determinar si deben
devolverse al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (en adelante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
FOGACOOP), no obstante que aún existen obligaciones insolutas a cargo de
COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN, específicamente las atinentes al
reconocimiento y devolución de aportes a los cooperados previstos en el
numeral 6° del artículo 120 de la Ley 79 de 1988.
SÉPTIMO: Que mediante oficio 2006006585 1 1, fechado el 11 de Diciembre de
2006, FOGACOOP solicitó explícitamente el reconocimiento de esa entidad
estatal como la titular de las sumas no reclamadas por los acreedores en
cualquier etapa del proceso, […]
NOVENO: Que para resolver la petición objeto de la presente resolución, es
pertinente y necesario determinar claramente la fuente normativa en la que
FOGACOOP sustenta su solicitud, pues es a partir de dicho pilar normativo que
se establecerá la prosperidad o no, de la petición.
Que al respecto es conveniente llamar la atención sobre el artículo 102 de la Ley
510 de 1999 que establece que en los procesos de toma de posesión y
liquidación de entidades cooperativas que adelantan actividad financiera en los
términos de la Ley 454 de 1998, se deberá dar aplicación a los principios y reglas
previstos en la citada ley para las entidades financieras sometidas a la vigilancia
de la Superintendencia Bancaria, tomando en cuenta la naturaleza de las
entidades cooperativas.
Que en el artículo 25 del Decreto 756 de 2000 se dispone que en lo no previsto
en dicho Decreto se aplicarán las normas pertinentes al proceso de toma de
posesión y liquidación forzosa administrativa para entidades financieras
previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en especial lo
establecido en la Ley 510 de 1999, el Decreto 2148 del 30 de noviembre de
1999, así como lo previsto en las disposiciones que las adicionen o modifiquen.
Que el numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 de 2000 regula expresamente
lo atinente a la entrega de las sumas no reclamadas en el proceso de liquidación
forzosa administrativa de entidades cooperativas que adelantan actividad
financiera en los términos de la Ley 454 de 1988 con destino a las reservas que
administra FOGACOOP.
Que el Superintendente Bancario de Colombia en la Resolución No. 1303 de
agosto 23 de 2.000, dispuso la toma de posesión de los negocios, bienes y
haberes de COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN, Con el objeto de proceder a su
liquidación en los términos establecidos por el Decreto 756 de 2.000.
Que en consecuencia la remisión y aplicación del literal c) del artículo
44 del Decreto 2211 de 2004 que solicita FOGACOOP no es procedente
pues la entrega de las sumas no reclamadas en el proceso de
liquidación forzosa administrativa de COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN
está expresamente prevista y regulada en el numeral 7° del artículo 16
del Decreto 756 de 2000.
DÉCIMO: Que cabe anotar que aún que FOGACOOP cita o menciona el numeral
7° del artículo 16 del Decreto 756 de 2000, ésta norma no se puede tener en
cuenta para resolver el presente caso, no sólo porque FOGACOOP solicita aplicar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
y dar cumplimiento específicamente al literal c) del artículo 44 del Decreto 2211
de 2004; sino porque en la actualidad existe imposibilidad jurídica de
dar aplicación al numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 de 2000,
puesto que esta norma exige como supuesto fáctico que el proceso
liquidatorio se encuentre surtiendo la etapa de reconocimiento y pago
del pasivo cierto no reclamado, etapa que para la fecha de la solicitud
elevada por FOGACOOP y la expedición del presente acto administrativo
ya precluyó, sin que se devolvieran a FOGACOOP las sumas no
reclamadas durante el periodo fijado para el pago del pasivo cierto no
reclamado, sumas que como bien afirma el propio FOGACOOP fueron utilizadas
para el pago de la desvalorización monetaria, con el fin de no afectar los
derechos de los acreedores reconocidos dentro de los procesos de liquidación
forzosa administrativa de entidades cooperativas, frente a los acreedores de las
demás entidades financieras públicas y privadas que se encuentren en idéntica
situación, ya que los acreedores de éstas tendrían mayor posibilidad de ser
pagados íntegramente que los de las entidades cooperativas.
DÉCIMO PRIMERO: Que examinado el tenor del literal c) del artículo 44 del
Decreto 2211 de 2004 fácilmente se puede constatar que en dicha norma no se
hace alusión al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP-,
sino al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN-, entidad
esta última que es el único titular de los derechos consagrados en la norma que
FOGACOOP solicita se aplique a su favor, derecho que en todo caso FOGAFIN
no puede exigir en el caso de la Caja Cooperativa de Ahorro y Crédito Social
Cooperamos en Liquidación, puesto que esa prerrogativa solamente la puede
ejercer frente a los procesos liquidatarios de instituciones financieras diferentes
a las de naturaleza cooperativa respecto de las cuales ejerce las funciones de
seguimiento y pago del seguro de depósito.
Que revisado el tenor del literal c) del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004 y
comparado con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 de
2000, norma esta última en la que si se reconoce a FOGACOOP como titular de
las prerrogativas allí consagradas, se puede constatar que la oportunidad
procesal para que FOGAFIN y FOGACOOP exijan las sumas no reclamadas por
los acreedores no es la misma, ya que mientras FOGACOOP puede reivindicar
su derecho en la etapa del reconocimiento y pago del pasivo cierto no
reclamado, FOGAFIN debe esperar hasta que culmine el pago de la
desvalorización monetaria.
Que estudiado el tenor del literal c) del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004 y
comparado con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 de
2000, las atribuciones que le reconoce el Legislador a FOGAFIN son más amplias
que las que le concede a FOGACOOP, pues mientras que FOGAFIN tiene derecho
a que se le entreguen las sumas no reclamadas en cualquier etapa del
proceso, FOGACOOP sólo puede solicitar que se le transfieran las sumas no
reclamadas en una (1) sola etapa del proceso, concretamente en la etapa del
reconocimiento y pago del pasivo cierto no reclamado.
DÉCIMO SEGUNDO: que es de advertir que las etapas del reconocimiento y pago
del pasivo cierto no reclamado y de la desvalorización monetaria además de que
se encuentran precluidas se surtieron mediante actos administrativos, dentro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
de los cuales, no se ordenó entregar a FOGACOOP, con destino a las reservas
correspondientes las sumas no reclamadas por los acreedores; las Resoluciones
No. 062 del 18 noviembre de 2004 y No. 078 del 30 de enero de 2006, son
actos administrativos que de conformidad con el numeral 2° del artículo 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los artículos 62, 63 y 64 del Código
Contencioso Administrativo, gozan de presunción de legalidad, agotaron la vía
gubernativa y quedaron en firme y tienen carácter ejecutivo y ejecutorio.
Que no se puede trasgredir el principio de la eventualidad o de la preclusión,
según el cual el proceso de liquidación forzosa administrativa está articulado en
diversos períodos o fases dentro de los cuales deben cumplirse uno o más actos
determinados con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que
se cumplen fuera del periodo que les está asignando, de ahí que la preclusión
suele ser definida como el efecto de una etapa del proceso, que al abrirse, cierra
definitivamente la anterior.
[…]
Que por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Nacional, en los artículos 293 y 295 del EOSF, en el artículo 16 del
Decreto 756 de 2000, en los artículos 62, 63, y 64 del Código Contencioso
Administrativo, la petición elevada por FOGACOOP es improcedente porque
acceder a ésta solicitud conllevaría a la vulneración del debido proceso y al
principio de preclusión, reabriendo las etapas de reconocimiento de la
desvalorización monetaria, etapas que ya se surtieron mediante la expedición
de los actos administrativos que a la fecha se encuentran en firme.
DÉCIMO TERCERO: Que constatada la existencia de activos remanentes, lo
que corresponde es continuar con el normal desarrollo del proceso y liquidatorio
mediante el reconocimiento y devolución de los aportes a los
cooperados, para lo cual el Liquidador debe dar cumplimiento al artículo
120 de la Ley 79 de 1988, norma especial y de aplicación preferente, tal
y como se demuestra a continuación:
Según el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la finalidad
esencial del proceso liquidatorio es la realización de los activos de la entidad y
el pago del pasivo a su cargo, por ello, solamente cuando se haya cumplido esa
finalidad es posible dar el tratamiento de remanentes a los bienes afectados a
dicho proceso.
De ahí que al liquidador le corresponde asegurarse de que antes de plantear la
cuestión de la destinación de los activos remanentes se haya cumplido
cabalmente la finalidad legal del proceso, propósito que se cumple cuando se
han reconocido y pagado todas las obligaciones a cargo de la entidad
intervenida.
Por tanto, el liquidador de una entidad financiera de naturaleza cooperativa debe
dar cumplimiento a los deberes que de manera perentoria están establecidos en
el numeral 4° del artículo 118 y en el numeral 6° del artículo 120 de la Ley 79
de 1988, normas que respectivamente disponen lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
“Artículo 118. Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes:
[…]”
He de significar que estas normas especiales son de aplicación directa y
preferente en el proceso liquidatorio de COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN por
expresa orden del numeral 1° del artículo 16 del Decreto 756 del 2000:
“[…]”
DÉCIMO CUARTO: Que los procedimientos adoptados por la Agente Especial
de la Caja Cooperativa de Ahorro y Crédito Social “Cooperamos en Liquidación”,
están acordes con los artículos 44 y 45 del Decreto 2211 de 2004.
DÉCIMO QUINTO: Cooperamos en Liquidación, en cumplimiento de las
instrucciones impartidas por FOGACOOP, en las comunicaciones según radicado
200600330 1 1 , de fecha 6 de julio de 2006 y 2006004415 1 1 del 1 de
septiembre de 2006, entregó la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($423.386.459,18),
dineros que de acuerdo a la aclaración realizada a Fogacoop de que el fondo en
ningún momento el partido órdenes o instrucciones sino que simplemente ha
elevado solicitudes como cualquier acreedor que concurren proceso, debe ser
reversada, razón por la cual se ordenará su devolución inmediata.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Agente Especial”
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de entrega de los recursos
elevada por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas -FOGACOOP- en
el oficio No. 2006006585 1 1, de fecha 11 de diciembre de 2006, a que hacen
referencia los diversos considerandos del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar al Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas -FOGACOOP- que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
en que quede en firme la presente Resolución, restituya a la Caja Cooperativa
de Ahorro y Crédito Social – Cooperamos en Liquidación, la suma de
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($423.386.459,18), valor que Cooperamos en Liquidación entregó
en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Fondo.
Notifíquese y Cúmplase,
Dada en Ibagué, a los nueve (09) días del mes de Enero de Dos Mil Siete (2007).
EL AGENTE ESPECIAL
ÁNGELA S. PARRA ARISTIZABAL”
(Subrayas y negrita fuera del texto original)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Por su parte, el texto del acto demandado, Resolución número 084 del 16 de
marzo de 2007, es del siguiente tenor:
“Resolución No. 084 de 2007
(Marzo 16 de 2007)
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP contra la
Resolución No. 083 del 9 de enero de 2007.
La Agente Especial de
LA CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIAL -
COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley
79 de 1988, el Decreto-Ley 663 de 1993, la Ley 454 de 1998, la Ley 510 de
1999, el Decreto 756 de 2000 y el decreto 2211 de 2004 y demás normas
concordantes y vigentes.
CONSIDERANDO
[…]
VIGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto al reproche fundado en la supuesta
inexistencia de término legal para entregar a FOGACOOP las sumas reclamadas,
se encuentra que carece de todo fundamento legal, además de las
consideraciones realizadas en el acápite anterior que desvirtúan la supuesta
presentación de reclamaciones, se encuentra que si existe una etapa
procesal para realizar la entrega a FOGACOOP de las sumas no
reclamadas y que la misma había precluido al momento en que se
presentó su reclamación. Para desvirtuar ese reproche basta una lectura del
mismo numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 del 2000 que el recurrente
invoca como fundamento de la supuesta inexistencia de término para presentar
la reclamación, dice textualmente la citada norma:
[…]
De la norma citada se desprende que el término legal para realizar el pago de
las sumas no reclamadas a FOGACOOP es aquel coincidente con el vencimiento
del período establecido para el pago del pasivo cierto no reclamado el cual no
puede exceder de tres meses. De manera que la ley si fija claramente una etapa
procesal para realizar la entrega a FOGACOOP de la suma no reclamadas por
pasivo cierto no reclamado aquel de vencimiento del término fijado por el
liquidador para realizar dicho pago.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Cabe señalar que los plazos y etapas determinados en los procesos de
liquidación son de carácter preclusivo.
[…]
Ante tal situación, y teniendo en cuenta que la entrega de las sumas no
reclamadas dentro del pasivo cierto no reclamado, al FOGACOOP, se realiza
dentro de la etapa del Pasivo cierto no reclamado, dicha disposición de
recursos debió ordenarse dentro de la etapa correspondiente, es decir
la de pasivo Cierto no Reclamado, y no en esta etapa concursal por
haber precluído el respectivo trámite, y de reabrirlo, se violaría el principio
de igualdad frente a otras personas naturales o jurídicas que si bien tiene
derechos ciertos a su favor, el momento procesal para su pago se encuentra
vencido.
[…]
Vencido el término procesal para pagar el pasivo cierto no reclamado
sin que FOGACOOP presentara su reclamación precluyó esa etapa
procesal y procedió a surtirse mediante acto administrativo
debidamente notificado y motivado la etapa del reconocimiento y pago
de la desvalorización monetaria.
Cabe anotar, que dentro de esta última etapa el numeral 8 del artículo
16 del Decreto 756 del 2000 no contempla la entrega a FOGACOOP de
las sumas no reclamadas. Así las cosas, no le asiste razón al recurrente
cuando aspira a que se le entreguen, luego de vencido el término para el pago
de la etapa de reconocimiento y pago de la desvalorización monetaria, los
recursos que debieron pagarse en la anterior etapa procesal, pues ello va en
contra de los principios de eventualidad y preclusión tal y como se ha sostenido
en los considerandos décimo a décimo segundo de la resolución recurrida los
cuales ahora se reiteran.
No es procedente que FOGACOOP pretenda que se le entreguen las
sumas no reclamadas en cualquier etapa del proceso, establece
claramente que sólo puede aspirar a que se le transfieran las sumas no
reclamadas durante una única etapa del mismo que es aquella del pago
del pasivo cierto no reclamado.
Tampoco es de recibo que FOGACOOP pretenda recibir un tratamiento
idéntico al que prevé el literal c) del artículo 44 del decreto 2211 de
2004 para FOGAFIN, pues esa norma es de carácter subsidiario y no
puede ser aplicada al proceso liquidatorio de COOPERAMOS al existir
una norma especial que regla el asunto en una forma diferente.
VIGÉSIMO TERCERO: En cuanto al argumento según el cual no existe título
jurídico de propiedad que permita que los bienes no reclamados pasen a los
asociados y no a FOGACOOP que es quien está designado por ley, se observa
que el artículo 120 de la ley 79 de 1988 expresamente consagra los aportes de
los asociados como un sexto orden de prelación dentro de los pagos a realizar
en el proceso liquidatorio de entidades cooperativas, orden que el Liquidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
está obligado a pagar por mandato expreso del artículo 118 de la misma Ley.
Así las cosas, el pago de los aportes a los asociados constituye el cumplimiento
de una obligación que la ley pone en cabeza del Liquidador y el cumplimiento
efectivo del objeto que el régimen legal establece para el proceso liquidatorio.
No es cierto lo que afirma el recurrente en el sentido que “A tales asociados,
personas naturales o jurídicas ya se les pagaron las acreencias que forman parte
del pasivo externo” lo cierto es que hasta el desarrollo actual de proceso
liquidatario se han pagados los créditos correspondientes a los cinco primeros
órdenes establecidos en la ley cooperativa, pero aún no se ha surtido la etapa
procesal de reconocimiento y pago de los aportes de los asociados.
Conviene tener en cuenta, que además de las normas mencionadas, los pagos
que hagan a los socios tienen como título legal y legítimo el monto de los aportes
que estos realizaron efectivamente para la constitución de entidad la
cooperativa y los cuales se encuentran en gran porcentaje irremediablemente
comprometidos; FOGACOOP, es la entidad establecida para proteger la solidez
y confianza del sector solidario, motivo por el cual, debe velar por el pago de
los aportes a los asociados.
No existe por tanto ninguna suma de enriquecimiento sin causa en los pagos
que eventualmente lleguen a ordenarse a favor de los asociados, lo que existiría
en dicho caso, es el pago de una obligación legítima, reconocida expresamente
por la ley y protegida por el estado a través del FOGACOOP.
Se recalca que toda erogación suscitada dentro del proceso de liquidación, habrá
de ser sustentada en acto propio de manera legal y bajo los parámetros de la
norma vigente, y no como una decisión de facto, que simplemente realiza una
remisión de recursos, máxime que los mismos se giran con el objeto de
constituir la reserva correspondiente.
El espíritu de la Ley, va encaminado a que el Agente Especial, cancele las sumas
adeudadas en cada una de las etapas a los acreedores, etapas que son sucesivas
previa la preclusión de cada una de ellas, de tal manera que previo el
cumplimiento de los requisitos y la fijación de los tiempos para el
reconocimiento, la reposición, el pago de las acreencias y surtida la provisión de
los dineros, si los acreedores no se presentan a solicitar la devolución de los
dineros, se continuará con la etapa siguiente, procedimiento realizado por la de
Cooperamos en Liquidación.
Teniendo en cuenta además que para alegar el ámbito de aplicación del contexto
de sumas no reclamadas que hacen los Decretos 756 de 2000 y 2211 de 2004,
resulta procedente e indispensable, previo a resolver jurídicamente los
planteamientos sobre este punto del recurrente, y en consideración a que la
inconformidad se sustenta entre otras consideraciones en la aplicación
normativa al asunto en comento, se debe establecer que el artículo 5° de la Ley
57 de 1887, prescribe que “la disposición relativa a un asunto especial prefiere
a la que tenga carácter general”.
Así, el Decreto número 756 de 2000, tiene como título o epígrafe “reglas
especiales para el procedimiento aplicable a la toma de posesión de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y
cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.”
y dicho contenido, es ineluctablemente dirigido a regular de forma especial, el
procedimiento de toma de posesión, administración y liquidación de las
cooperativas que desarrollan la actividad financiera.
La otra norma en discusión es el Decreto 2211 de 2004, que tiene como título
o epígrafe “por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a
las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación
forzosa administrativa.”, y cuyo contenido concierne a toma de
posesión y liquidación forzosa administrativa de entidades financieras,
el cual derogó de manera expresa el Decreto 2418 de 1999 y las normas
que le sean contrarias, sin hacer mención alguna al decreto 756 de
2000.
Atendiendo lo anterior, no queda duda que existe norma especial para el proceso
de liquidación forzosa de cooperativas de ahorro y crédito, caso dentro del cual
encuadra COOPERAMOS, hoy en Liquidación.
Basado en lo anterior, la aplicación normativa deberá ceñirse a los preceptos
antes indicados, especial a lo atinente al principio de especialidad de la norma,
la cual acudiendo al método racional de interpretación de las normas, se puede
concluir, siguiendo el principio de especialidad, que si el legislador hubiese
querido que el cuerpo normativo del Decreto 756 de 2000, hubiese sido
reemplazado por la norma posterior, es decir, el Decreto 2211 de 2004,
así lo hubiese expresado, situación que no se vislumbra en el contexto
de la referida norma. Cabe recordar que la derogación de las leyes podrá ser
expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga
la antigua, y es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la ley anterior. Dichas situaciones se reitera, no son
aplicables en el presente caso.
Por lo anterior, no es apresurado concluir que la norma aplicable al
proceso de liquidación de esta cooperativa, por tratarse de la
normatividad especial y vigente destinada a regular dicha materia, es
el Decreto 756 de 2000 y sólo el Decreto 2211 de 2004, en las materias
que expresamente no regula el primero.
Una última razón refuerza la posición adoptada por esta cooperativa en
liquidación, al tenor de los principios de interpretación de las normas: el principio
en función de la materia, que establece que los términos susceptibles de doble
significado deben ser tomados en el sentido que convenga a la materia, en el
caso puntual debe prevalecer la aplicación de la disposición al caso específico,
por ello, teniendo en cuenta que las disposiciones contenidas en el Decreto 756
de 2000, para el caso que se estudia, son lo suficientemente claras y aplicables
al fin de la materia regulada por la norma, por contener ella la designación de
la autoridad a la cual se habrá de realizar la entrega de los dineros, no existe
necesidad en ese punto de establecer una doble regulación o preceptos
ambiguos, por encontrarse sumamente clara la intención de quien proyectó la
norma al ordenamiento jurídico, sin ser viable una interpretación distinta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
[…]
VIGÉSIMO CUARTO: […]
Así, dado que el artículo 44 del decreto 2211 de 2004 regula diferentes aspectos
del proceso de liquidación como las reglas para determinar y pagar la
compensación por la pérdida de poder adquisitivo y la orden de entregar al
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras las sumas no reclamadas en
cualquier etapa del proceso. Es legalmente válido, lógico, legítimo y moralmente
procedente aplicar esa norma de carácter subsidiario solamente para los
aspectos que ella regula y frente a los cuales nada dice el Decreto 756 de 2000
y descartar su aplicación en aquellos casos en los que la norma principal tiene
una regla expresa que es especial y además contradictoria con la de la norma
subsidiaria.
Es por ello que, como lo acepta el mismo recurrente, resulta ajustado al
ordenamiento legal aplicar dicha norma para reconocer la
desvalorización monetaria sufrida por los acreedores de las entidades
cooperativas en liquidación pues de lo contrario se afectaría el derecho
de igualdad de los acreedores de dichas entidades en comparación con
el reconocimiento y pago a que tendrían derecho los acreedores de las
entidades financieras sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera.
Sin embargo, no es legalmente procedente aplicar íntegramente y para todos
los efectos las disposiciones del Decreto 2211 de 2004 a los procesos de
liquidación de entidades cooperativas pues ello conduciría a negar la naturaleza
de este tipo de entidades y la existencia misma del régimen legal especial
establecido por el legislador. Así, en el caso de la entrega a FOGACOOP y a
FOGAFIN de las sumas no reclamadas por los acreedores de los
procesos liquidatarios, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de
2000 y el artículo 44 literal c del Decreto 2211 de 2004 contienen
disposiciones abiertamente diferentes frente a las cuales es preciso
tener en cuenta que la ley especial es decir el Decreto 756 de 2000
prevalece sobre la norma de carácter general el Decreto 2211 de 2004.
VIGÉSIMO QUINTO: […]
VIGÉSIMO SEXTO: […]
VIGÉSIMO SÉPTIMO: una vez analizados, en forma detenida, los argumentos
expuestos por FOGACOOP en el recurso de reposición no se encuentra ninguna
razón jurídica valedera para revocar o modificar la decisión tomada mediante la
Resolución No. 083 del 9 de enero de 2007.
En mérito lo anteriormente expuesto, la Agente Especial
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 083
del 9 de enero de 2007, proferida por el Agente Especial de la Caja Cooperativa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
de Ahorro y Crédito Social Ltda, Cooperamos en Liquidación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas – FOGACOOP- que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha en que quede en firme la presente Resolución, restituya a la Caja
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social – Cooperamos en Liquidación, la suma
de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($423.386.459,18), dineros que se encuentran en poder
de Fogacoop, valor que Cooperamos en Liquidación entregó en cumplimiento de
las instrucciones impartidas por el Fondo.
ARTÍCULO TERCERO: Mantener una reserva destinada a atender el eventual
resultado del posible litigio; La duración de la reserva se extenderá hasta el final
del proceso, con destinación específica para garantizar la debida atención de
esta posible situación jurídica, asegurando la no disposición de los dineros hasta
tanto la situación jurídica se defina plenamente, ya sea por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo o por disposición legal.
[…]
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Ibagué, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de Dos Mil Siete
(2007).
EL AGENTE ESPECIAL
ÁNGELA S. PARRA ARISTIZABAL”
(Subrayas y negrita fuera del texto original)
1.1.3. Fundamentos de hecho
Mediante Resolución No. 1303 de agosto 23 de 20001 el Superintendente
Bancario de Colombia dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios, de la entidad demandada, Caja Cooperativa de Ahorro y
Crédito Social Ltda. “Cooperamos” con el objeto de adelantar su liquidación;
motivo por el cual el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas -
FOGACOOP designó como Agente Especial de Cooperamos en Liquidación a la
doctora Ángela Socorro Parra Aristizábal, por medio de la Resolución No. 0017
del 24 de agosto de 2000.
A través de la Resolución 001 de septiembre de 2000 se determinaron las
acreencias de la no masa y masa de la liquidación, señalándose el orden de
1
Cuaderno principal Tomo I, folios 259 a 265.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
prelación de pagos a cargo de la masa, decisión contra la cual se interpusieron
recursos, los cuales fueron decididos por medio de la Resolución 4 de 2000.
Por medio de la Resolución 002 de 22 de septiembre de 2000 se conformó el
inventario del activo de la intervenida y mediante la Resolución 062 de 18
de noviembre de 20042 se determinó las acreencias que integran el pasivo
cierto no reclamado por un valor total de $1.531.056.579.
A través de la Resolución 078 del 30 de enero de 20063 se reconoció y
ordenó pagar la desvalorización monetaria de las acreencias excluidas de la
masa de liquidación (no masa) reconocidas dentro del proceso liquidatorio por
un valor de $1.625.356.752,56.
Mediante comunicación No. 2006003330 1 1 de 6 de julio de 2006, Fogacoop
solicitó a la agente liquidadora el traslado al Fondo de los recursos no
reclamados por los acreedores en las diferentes etapas del proceso,
específicamente, en las de pago del pasivo cierto no reclamado y de la
desvalorización monetaria4, solicitud que se reiteró en las comunicaciones
números 2006004414 1 1 del 1 de septiembre5 y 2006006087 de 21 de
noviembre de 20066.
A través de la comunicación No. CLAE 03271 de 21 de noviembre de 20067 la
agente liquidadora informó que el día 4 de septiembre de 2006 consignó a
favor de Fogaccop la suma de $423.386.459,18; de los cuales solicita se
reintegre $100.000.000 por concepto de dineros no cobrados por los
acreedores reconocidos en el pasivo cierto no reclamado, ya que, en su
criterio, dicho valor no se debe girar, pues los valores no cobrados en el pasivo
cierto no reclamado, fueron utilizados para cancelar la compensación por la
pérdida de poder adquisitivo sufrida por los titulares de los créditos conforme
lo establecido en los artículos 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004.
Por medio de comunicaciones números 2006006585 1 1 de 11 de diciembre
de 20068 y 2006006585 1 2 de 10 de enero de 20079, Fogacoop reiteró la
solicitud de traslado al Fondo de todas las sumas no reclamadas en cualquier
etapa del proceso, en los términos establecidos en el inciso 2° del literal c)
del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004, lo cual corresponde a las sumas
no reclamadas del pasivo cierto no reclamado y corrección monetaria.
2
Cuaderno de pruebas parte demandante Tomo III, folios 566 a 572.
3
Cuaderno de pruebas parte demandante Tomo V, folio 1381.
4
Cuaderno de pruebas parte demandante Tomo I, folio 1.
5
Ibidem, folio 3.
6
Ibidem, folios 5 y 6.
7
Ibidem, folios 8 a 11.
8
Ibidem, folios 13 a 16.
9
Ibidem, folio 18.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Mediante Resolución 083 de 2007 de 9 de enero la Agente Especial de
Cooperamos en Liquidación ordenó i) no acceder a la solicitud de entrega
de los recursos elevada por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
-FOGACOOP- en el Oficio 2006006585 1 1 de 11 de diciembre de 2006; y
ii) restituir la suma de $423.386.459.18 a favor de Cooperamos en
Liquidación y a cargo de Fogacoop.
Fogacoop interpuso oportunamente recurso de reposición10 en contra de la
anterior resolución, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 084 de
16 marzo de 2007, en el sentido de confirmarla en su totalidad.
En el año 2010 la persona jurídica CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO SOCIAL LIMITADA Cooperamos en Liquidación cambió su razón
social a Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Cooperamos según el
Certificado de Cámara y Comercio de Ibagué expedido el 7 de febrero de
202211.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
1.1.3.1. Previo a desarrollar las normas violadas y el concepto de violación,
la parte actora señaló que la Ley 510 de 1999 en su artículo 102 estableció
que en los procesos de toma de posesión y liquidación de entidades
cooperativas que adelantan actividad financiera deben aplicarse los
principios y reglas del EOSF para las entidades financieras sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de la naturaleza de
las entidades cooperativas.
Manifestó que, entre las citadas reglas están las previstas en los numerales
2 y 3 del artículo 300 del EOSF12, las cuales disponen que las sumas que
correspondan a pasivos no reclamados oportunamente por los acreedores
dentro del proceso de liquidación, se entregaran a Fogafin con destino a la
reserva correspondiente; y que una vez cancelado el pasivo externo o
vencido el plazo para reclamar su pago y entregadas las sumas
correspondientes a Fogafin, los accionistas podrán designar el liquidador que
deba continuar con el proceso.
Agregó que el Decreto 756 de 2000 reglamenta el procedimiento aplicable
a la toma de posesión, administración y liquidación de las cooperativas que
desarrollan actividad financiera, normativa que en su artículo 16 numeral 7º
reproduce el mismo contenido del artículo 5º numeral 17 del Decreto 2418
de 1999 para las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria, en el
10
Cuaderno de pruebas parte demandante Tomo II, folios 330 a 344
11
Anotación 39 del expediente de la referencia en el Sistema de Consulta de Gestión Judicial
del Consejo de Estado - SAMAI
12
Modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
sentido de establecer que una vez vencido el pago del pasivo cierto no
reclamado se entregará los recursos no reclamados a Fogacoop para el caso
de la liquidación de las cooperativas o a Fogafin para las entidades
financieras, respectivamente.
Indicó que el Decreto 2211 de 2004 realiza modificaciones al proceso de
liquidación de entidades financieras y deroga el Decreto 2418 de 1999. Entre
las modificaciones resaltó que el literal c) del artículo 44 del Decreto 2211
de 2004, difiere el momento en que se efectúa el traslado de los recursos al
fondo, pues ya no es con vencimiento del plazo para reclamar el pasivo
cierto no reclamado, sino una vez vencido el término para reclamar el pago
de desvalorización monetaria. De igual forma, destacó la modificación en la
cobertura de los recursos a trasladar al Fondo, pues no se limita a los
recursos no reclamados en el pasivo cierto no reclamado, sino que se
extiende a las sumas no reclamadas en cualquier etapa del proceso.
Refirió que el anterior cambio normativo es aplicable a la liquidación de
cooperativas con actividad financiera, en razón a que i) el artículo 102 de la
Ley 510 de 1999 establece que en dichos procesos se debe aplicar las
mismas reglas del proceso de liquidación de las entidades financieras; ii) el
artículo 25 del Decreto 756 de 2000 dispone que en lo no previsto en esta
normativa se aplicará la Ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 199, así como
las disposiciones que la adicionen o modifiquen; iii) no aplicar dicha
normativa generaría un trato desigual, discriminatorio y desfavorable para
los ahorradores de las cooperativas frente a los ahorradores de las entidades
financieras, pues estos últimos tendrían la ventaja de que la desvalorización
monetaria se pagaría antes de trasladar al Fondo las sumas no reclamadas,
mientras que los de las cooperativas tendrían que esperar que hubiese
activo suficientes después del traslado de los recursos al Fondo.
1.1.3.2. Mencionado el anterior recuento normativo, en opinión de la parte
actora los actos administrativos acusados infringen los artículos 13, 58, 83
y 335 de la Constitución Política; 291, 295, 300 y 318 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero – EOSF; 29, 30, 44 y 57 del Decreto 2211 de 2004;
16 y 23 del Decreto 756 de 200; 25, 31 y 102 de la Ley 510 de 1999; 30,
31 y 63 del Código Civil; 249 del Código de Comercio; 2° del Decreto Ley
2206 de 1998; 120 de la Ley 79 de 1988; 3° del Decreto 2649 de 1993; 5
y 6 de la Ley 678 de 2001 y 77, 78, 83, 84, 85 y 137 del CPACA, bajo el
siguiente concepto de violación:
• Violación de normas superiores al omitir el traslado a FOGACOOP de los
recursos que no fueron reclamados en las etapas del pasivo cierto no
reclamado y de la desvalorización monetaria.
Precisó que los actos acusados desconocen lo dispuesto en los numerales 2
y 3 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el literal
c) del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004 y el inciso 2° del numeral 7 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
artículo 16 del Decreto 756 de 2000, al exigir una reclamación oportuna por
parte del Fondo para solicitar las sumas no pretendidas dentro de la etapa
de pasivo cierto no reclamado, así como de los recursos sobrantes de la
etapa de desvalorización monetaria, ya que de la lectura de dichas normas
no se desprende una obligación para el Fondo de presentar una reclamación
formal para el traslado de dichos recursos, ni que exista un término
preclusivo para acceder al pago por vía de reclamación.
Indicó que el término para reclamar que exige la entidad demandada no
existe, por cuanto la titularidad de dichas sumas es eventual y sólo se
concreta y surge para el Fondo una vez vencido el término señalado por la
liquidación para el pago de la desvalorización monetaria, pues sólo vencido
el periodo de pagos se sabe si hay sumas no reclamadas, quiénes dejaron
de reclamar y porqué cuantía; en ese sentido, el único límite temporal para
que se efectúe el traslado, es que éste sea anterior a la designación del
liquidador por parte de los propios asociados o accionistas.
Aseguró que el pasivo cierto no reclamado reúne como su nombre lo indica
las sumas no reclamadas en las etapas anteriores y que, vencida tal etapa
sin que se soliciten los recursos, la titularidad de los derechos se transfiere,
por disposición legal (inc. 2 del literal c) del art. 44 del Decreto 2211 de
2004, en concordancia con el inc. 2º del numeral 7º del art. 16 del Decreto
756 de 2000), al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.
Resaltó que lo señalado en el numeral décimo segundo de la Resolución 083
de 2007 y en el numeral vigésimo segundo de la Resolución 084 de 2007,
respecto a que la disposición de recursos a Fogacoop debió ordenarse en la
decisión administrativa que dio origen a la etapa de reconocimiento y pago
del pasivo cierto no reclamado, no es cierto, ya que el traslado de las sumas
no reclamadas está regulado directamente en la ley y es un deber de
ejecución de la liquidadora inmediatamente han vencido las etapas de
pasivo cierto no reclamado y desvalorización monetaria, sin necesidad de la
expedición de un acto administrativo como condición para su cumplimiento.
Manifestó que se vulnera el principio de inescindibilidad de la ley, al
cumplirse parcialmente el artículo 44 del Decreto 2211 de 2004, ya que
dicha disposición fue el fundamento de la etapa de reconocimiento y pago
de la desvalorización monetaria a los ahorradores de la cooperativa, pero
adelantada la misma, omitió dar cumplimiento del literal c) ibídem, negando
el traslado al Fondo de los recursos no reclamados durante esta etapa, así
como los no reclamados en la etapa del pasivo cierto no reclamado.
Destacó que el Fondo solicitó de manera permanente la entrega de las
sumas no reclamadas en cualquier etapa del proceso, y que además la
liquidadora lo reconoció en diversos actos, por ejemplo, en los estados
financieros de la liquidación correspondientes a los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2006, circunstancias que no daban
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
lugar a que se efectuara la instrumentalización de ninguna otra solicitud por
parte del Fondo.
• Vulneración del artículo 58 de la Constitución Política
Señaló que las resoluciones acusadas trasgreden el derecho de propiedad
de la actora amparado por el artículo 58 constitucional, al negar el traslado
de las sumas no reclamadas en cualquiera de las etapas del proceso
liquidatorio y pretender su transferencia a los asociados de la cooperativa,
ya que como lo prevé el artículo 120 de la Ley 79 de 1988, el pago de los
aportes de los asociados se encuentra en el 6° orden de prelación, esto es,
después del pago de las obligaciones con terceros, en donde Fogacoop
resulta ser un tercero acreedor designado por la ley respecto de dichas
sumas de dinero.
• Falsa motivación
Manifestó que los actos demandados se fundan en razones de derecho
aducidas únicamente en dichos actos y que no guardan relación con las
diversas actuaciones desplegadas previamente por la liquidadora, en donde
reconoce el pasivo a cargo de la entidad intervenida a favor de Fogacoop de
los recursos no reclamados, y donde, incluso, inicia el traslado de las sumas
correspondientes, posición que cambia sorpresivamente al expedir los actos
acusados. Insistió en que la liquidadora tenía conocimiento de la obligación
de trasladar los recursos no reclamados en el proceso liquidatorio a
Fogacoop y que, sólo una vez cumplido ello y pagado en su totalidad el
pasivo externo, podía devolver los aportes a los asociados si quedaren
remanentes para ello, pero que en lo expuesto en los actos demandados se
contradice en su actuar.
Expuso como ejemplos que i) el 4 de septiembre de 2006 la liquidadora
consignó a la actora $423.386.459,18, valor que discrimina así:
$323.386.459,18 por concepto de sumas no reclamadas de la corrección
monetaria y $100.000.000 como pago parcial por concepto de los
remanentes del pasivo cierto no reclamado; ii) la liquidadora reconoció
contablemente durante los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2006 el derecho a Fogacoop sobre las sumas no reclamadas
del pasivo cierto no reclamado y de la desvalorización monetaria; iii) en el
acta No. 001 del 8 de febrero de 2007 de una reunión denominada “Junta
Asesora” de Cooperamos en Liquidación se reconoce que se presentó un
documento a Presidencia de la República con el fin de que se adelante un
cambio legislativo dirigido a que “[…] se modifique la parte relacionada con
los dineros del pasivo cierto no reclamado, para que dichas sumas se queden
en la cooperativa y no sea necesario tenerlas como reserva ni girarlas a
Fogacoop […]”.
• Desconocimiento del “acto propio” por parte de la liquidadora
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Aseveró que la liquidadora desconoció el principio de buena fe previsto en
el artículo 83 de la Constitución, así como el respeto del acto propio y el
principio de la confianza legítima, al reconocer e informar a Fogacoop que
esos recursos le pertenecían e iban a serle transferidos, dando inicio,
incluso, al traslado de los mismos, y sólo al finalizar el proceso liquidatorio,
desconocer ese derecho.
Manifestó que Fogacoop como interesado en el proceso liquidatorio y como
entidad competente para realizar su seguimiento, tuvo confianza en la
gestión de la liquidadora y en el cumplimiento de sus deberes, en razón a
que, como ya se explicó, en diferentes actuaciones del proceso de
liquidación se reconoció la obligación de traslado de los recursos al Fondo,
como por ejemplo en los informes de gestión, en los estados financieros, en
los planes de actividades de la liquidación y en general en la contabilidad de
la entidad.
• Responsabilidad de la liquidadora
Finalmente, adujo que la liquidadora incurrió en conductas enmarcadas en
culpa grave y/o dolo, pues a pesar de que era consciente de la obligación
de transferir los recursos no reclamados a favor del Fondo, negó el
reconocimiento y entrega de los mismos, causando un perjuicio patrimonial
a las reservas que el Fondo debe administrar y desviando ilegalmente los
recursos a terceros que no tienen derecho sobre los mismos.
1.2. Contestación de la demanda
La Caja Cooperativa de Ahorro y Crédito Social “Cooperamos en
Liquidación” y Ángela Socorro Parra Aristizábal contestaron en tiempo
la demanda y se opusieron a sus pretensiones, en los siguientes términos:
Alegan la excepción previa de ineptitud de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones y por no adjuntar los anexos de ley.
Manifiestan que el carácter universal y concursal del proceso liquidatorio
establecido por el artículo 293 del EOSF implica que todos los acreedores
deben concurrir y someterse a las reglas y cargas propias de las diferentes
etapas procesales, razón por la cual ningún acreedor que concurre al
proceso puede sustraerse a sus disposiciones ni acordar voluntariamente un
trámite diferente al establecido en la ley. Afirmaron que las normas del
proceso liquidatorio permiten que los recursos no reclamados
oportunamente en las etapas correspondientes por los acreedores, sean
utilizados para pagar a los acreedores que fueron diligentes en los diferentes
órdenes de la masa de liquidación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Señalan que los actos demandados reconocen que en la liquidación de la
cooperativas se debe tener en cuenta las normas propias del EOSF y del
Decreto 2211 de 2004; sin embargo, estas disposiciones solamente son
aplicables en cuanto las normas especiales que rigen la liquidación de las
cooperativas de carácter financiero, Decreto 756 de 2000 y Ley 79 de 1988,
así lo permitan. Enfatizaron que la interpretación que realiza la parte actora
del artículo 102 de la Ley 510 de 1999 es contraria a la letra y espíritu de
dicho precepto, pues precisamente por la naturaleza cooperativa de las
entidades, el legislador expidió un régimen especial para la liquidación de
estas entidades, el cual está previsto en el Decreto 756 de 2000.
Estiman que los actos acusados se ajustan plenamente a dicha normativa y
que la no presentación oportuna de la reclamación dentro del proceso de
liquidación de las sumas que ahora pretende, así como la falta de
impugnación de los actos administrativos con que se agotaron cada una de
las etapas en las cuales según su tesis debía girársele recursos, facultaba a
la liquidadora para continuar pagando con los dineros dejados de reclamar
a los siguientes órdenes de prelación de pagos previstos en el artículo 120
de la Ley 79 de 1988. Puntualizan que lo pretendido por la actora
contraviene los principios de eventualidad y preclusión que gobierna el
proceso liquidatorio.
Indican que, de acuerdo con el artículo 8º del Decreto 2206 de 1998 es
función de Fogacoop designar el liquidador, así como adelantar la
supervisión y seguimiento sobre la actividad que éste desarrolle,
competencia que no lo faculta para presionar a los liquidadores con el fin de
que realicen a su favor reconocimientos o pagos de dineros de la masa de
liquidación que no corresponden a lo establecido en la ley, situación que fue
la que ocurrió, cuando con ocasión de las instrucciones impartidas por
Fogacoop, Cooperamos en liquidación le giró la suma de $423.3860459,18,
pues dicha transferencia no tiene sustento en el numeral 8º del artículo 16
del Decreto 756 de 2000 ni en ninguna norma aplicable al proceso de
liquidación, situación que posteriormente se corrigió, y en los actos
demandados se ordenó su reintegro.
Explican que en el proceso de liquidación rige el principio de igualdad, por
lo que todos los acreedores están sometidos a las mismas normas y cargas
procesales, lo que se corrobora con el numeral 1º del artículo 300 del EOSF
y el artículo 15º del Decreto 756 de 2000, según los cuales Fogafin y
Fogacoop tienen el mismo tratamiento que los demás ahorradores y
depositantes.
Aseguran que no es posible, que una entidad en liquidación pague sumas
como las que pretende Fogacoop, mediante actos de trámite o gestión sin
darles la publicidad debida y sin permitir que los demás acreedores
interesados puedan controlar la legalidad de las decisiones que afectan el
patrimonio con el cual aspiran legítimamente a ser satisfechas sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
acreencias. Por lo que, insisten en que todas las decisiones del liquidador
relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos deben
ser adoptadas mediante actos administrativos que gozan de presunción de
legalidad y cuyo control corresponde a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Aducen que no es cierto que se haya vulnerado el principio de
inescindibilidad de la ley, ya que el régimen legal que regula el proceso de
liquidación de Cooperamos está integrado por un número plural de normas,
por lo que, es válido aplicar la disposición subsidiaria, Decreto 2211 de 2004,
en aquellos aspectos que ella regula y frente a los cuales nada dice el
Decreto 756 de 2000 y descartar su aplicación en los que la norma principal
tiene una regla expresa que es especial y además contradictoria con la
norma subsidiaria.
Enfatizan en que no hay derecho de propiedad alguno por parte de
Fogacooop sobre los bienes que se encuentran en el patrimonio de la entidad
en liquidación y que lo que reclama es un típico derecho de crédito o derecho
personal, el cual como todos los acreedores deben reclamar oportunamente
dentro del proceso de liquidación e impugnar los actos que le nieguen la
acreencia, circunstancia que la demandante se negó a cumplir.
Explican que los actos acusados no están falsamente motivados, pues, si
bien en reuniones o comunicaciones privadas sostenidas entre la
demandante y la liquidadora se indicó el pago de compromisos a favor del
Fondo, lo cierto es que dichos actos no constituyen el medio idóneo para
obtener el verdadero reconocimiento de acreencias dentro del proceso de
liquidación, el cual sólo puede hacerse por medio de actos administrativos.
Agregan que los documentos con los cuales Fogacoop realizó seguimiento a
la labor de la liquidadora no tienen como efecto modificar o crear a favor de
dicho Fondo situaciones o efectos jurídicos específicos, por lo que no se
puede alegar un desconocimiento del acto propio.
Finalmente, puntualizan que la liquidadora no actúo con dolo o culpa grave
y que la única acción que ésta realizó fue “… resistirse a cumplir las órdenes,
esas si ilegales y temerarias, proferidas por Fogacoop mediante las cuales
se pretendió apropiar ilegalmente de todas las sumas no reclamadas dentro
del proceso liquidatorio, sin que exista norma expresa, en el régimen
especial así lo establezca y además siendo negligente en la defensa de sus
derechos”. Señalan que, incluso si Fogacoop hubiese sido diligente en la
presentación de sus reclamaciones o en la impugnación de los actos
administrativos en los cuales se decidió el pago del pasivo cierto no
reclamado y la desvalorización monetaria, no era viable reconocer a dicha
entidad su pretensión de que le fueran transferidas las sumas no reclamadas
en todas las etapas del proceso de liquidación, pues tales derechos no se
desprenden del régimen legal aplicable, por cuanto el artículo 118 de la Ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
79 de 1988 impone de manera expresa la obligación de pagar las
obligaciones de la entidad a sus asociados.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 10 de
diciembre de 2015, despachó desfavorablemente las excepciones
propuestas por la parte demandada y declaró la nulidad de las Resoluciones
números 083 del 9 de enero y 084 del 16 de marzo de 2007 expedidas por la
agente liquidadora de la Caja Coooperativa de Ahorro y Crédito Social
“Cooperamos en Liquidación”, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenó el pago de la suma de $1.691.752.603,72 por concepto de pasivo
cierto no reclamado y de $453.960.034,68 por concepto de desvalorización
monetaria, a favor de la entidad demandante y a cargo de la Caja
Coooperativa de Ahorro y Crédito Social “Cooperamos en Liquidación”, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Estimó, después de explicar el marco jurídico del procedimiento de la toma
de posesión de las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito
y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, que
el análisis para determinar si los actos acusados estaban viciados de nulidad
se debía realizar desde dos momentos o etapas del proceso liquidatorio, a
saber: i) etapa de pasivo cierto no reclamado y ii) etapa de compensación
por desvalorización monetaria.
Señaló, respecto de la primera etapa que, de acuerdo con el numeral 7 del
artículo 16 del Decreto 756 de 2000, es deber de la entidad intervenida
remitir a Fogacoop las sumas de dinero que no fueron reclamadas dentro de
los 3 meses fijados por la entidad para el pago del pasivo cierto no
reclamado, remanentes que harán parte de la reserva constituida para
atender los seguros de depósito o los diferentes riesgos que puedan
generarse de la actividad financiera, cuya administración está a cargo de
dicho fondo.
Indicó que, para el caso en estudio, una vez vencido el periodo de pago del
pasivo cierto no reclamado, esto es, a partir del 1º de agosto de 2005, el
Agente Liquidador debió girar a Fogacoop las sumas de dinero que no fueron
reclamadas durante dicha etapa, es decir, $1.128.573.178 que quedaron de
remanentes y que no fueron cobrados por los acreedores de la entidad
intervenida, circunstancia que no ocurrió.
Manifestó que el argumento expuesto en los actos demandados respecto de
que la entrega de los recursos a Fogacoop no era procedente por cuanto no
se había solicitado y ordenado la entrega de los remanentes dentro de la
oportunidad fijada en el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de 2000,
es contrario a las disposiciones que rigen el proceso liquidatorio de las
entidades cooperativas, ya que el Gobierno Nacional ordenó expresamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
al Agente liquidador la entrega de los remanentes, sin que se exigiera al
Fondo un procedimiento administrativo para el recaudo de dichas sumas,
máxime cuando éste no tiene la calidad de acreedor de la entidad, y las
sumas reclamadas constituyen una obligación legal impuesta al liquidador
que no pueden ser cataloga como una acreencia sujeta a limitaciones u
objeciones.
Anotó que como regla general las acreencias que se integran al proceso de
liquidación son aquellas que preexisten al momento del inicio del proceso, y
que, en el asunto bajo examen, la obligación a favor de Fogacoop sólo surge
una vez determinado el pasivo cierto no reclamado.
Resaltó que antes de expedirse los actos acusados, la entidad demandada
durante todos los balances financieros reconoció las sumas de dinero
adeudadas a Fogacoop y las incluyó dentro de su pasivo, comportamiento
contable que permite inferir el conocimiento que tenía el agente liquidador
frente a la exigencia y obligación de entrega de los remanentes, pues en
cada uno de los documentos aportados al plenario se reconoció la deuda a
favor del demandante, manifestando en varias ocasiones la provisión de
dichos recursos.
Precisó, refiriéndose a la segunda etapa, esto es, a la de pérdida de poder
adquisitivo que, si bien el Decreto 2211 de 2004 que regula el proceso
liquidatorio de las entidades financieras incluyó dentro de sus disposiciones
la obligación de remitir a Fogafin los remanentes que resulten del pago de
la compensación por desvalorización monetaria y la compensación por pago
parcial de las acreencias, dicha circunstancia no fue incluida en el proceso
liquidatorio de cooperativas. Sin embargo, reiteró que el legislador al
expedir la Ley 79 de 1988, pretendió que el proceso liquidatorio de
cooperativas se ajustara a las mismas etapas y términos del procedimiento
especial establecido para las instituciones financieras, como ocurrió con el
Decreto 756 de 2000 y Decreto 2418 de 1999, por ello en el primer decreto
se incluyó que ante los vacíos normativos, se debía aplicar las disposiciones
de la liquidación de entidades financieras.
Por lo anterior, consideró que ante el vació legal del literal c) numeral 8 de
artículo 16 del Decreto 756 de 2000, al no disponer el trámite a seguir con
los remanentes de las sumas de dinero que no fueron reclamadas dentro de
la desvalorización monetaria y la compensación por pago parcial de las
acreencias, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 756 de
2000, esto es, acoger las disposiciones del proceso liquidatorio de las
entidades financieras previsto en el Decreto 2411 de 2004. Agregó que no
resulta razonable aplicar un trato diferencial a ambas entidades
intervenidas, pues las etapas y trámites que se adelantan en los procesos
liquidatorios de las entidades cooperativas y financieras gozan de identidad
e igualdad, sin que resulte admisible acoger la distinción efectuada en los
actos acusados, razón por la cual es pertinente declarar su nulidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Ordenó, a título de restablecimiento del derecho a favor de Fogacoop, una
vez realizada la actualización de las sumas acreditadas en el proceso, el
pago de $1.691.752.603,72 por concepto de pasivo cierto no reclamado y
$453.960.034,68 por concepto de desvalorización monetaria.
Señaló, respecto de la solicitud de lucro cesante, que no hay lugar al
reconocimiento de intereses moratorios ni comerciales de las sumas
reconocidas, dado que, a partir de la nulidad declarada en la sentencia se
está constituyendo el derecho a favor del demandante, razón por la cual los
intereses empezarán a partir de la ejecutoria de la providencia.
Consideró, frente a la liquidadora de la entidad demandada que, no se le
puede imputar responsabilidad a título de dolo o culpa grave, pues para
estudiar el caso concreto, el Tribunal tuvo que realizar un análisis exhaustivo
de las múltiples interpretaciones y/o ambigüedades que se presentan al
estudiar las normas que regulan el proceso liquidatorio de las entidades
cooperativas y financieras, disposiciones que claramente podían generar el
problema jurídico planteado en el asunto de la referencia, donde era
razonable la expedición de los actos demandados.
III.- EL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, en orden a que sea revocada.
En sustento de la impugnación señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que
la Cooperativa a pesar de haber sido sometida al proceso de liquidación
forzosa administrativa, por voluntad de la mayoría de los asociados se
reactivó en el año 2010 y, por tanto, continuó con su existencia jurídica.
Manifestó que, al proceso de liquidación forzosa administrativa de las
instituciones financieras de naturaleza jurídica cooperativa, se les aplica
directamente el marco legal especial establecido en el EOSF, en
concordancia con el régimen cooperativo. Específicamente, la entidad
cooperativa graduó, reconoció y canceló el pasivo cierto no reclamado y la
desvalorización monetaria conforme el artículo 44 del Decreto 2211 de
2004, por lo que los remanentes de la etapa de pasivo cierto no reclamado
debían destinarse al pago de desvalorización monetaria. Resaltó que el
artículo 43 del citado decreto que hace referencia al pago de pasivo cierto
no reclamado no hace alusión a entrega de dineros remanentes a Fogafin o
Fogacoop con destino a reserva.
Indicó que el Tribunal aplica una normativa diferente a la establecida para
las entidades financieras y discriminatoria frente a la Cooperativa,
desconociendo el principio de igualdad, pues pretende que los dineros
remanentes resultantes del pago del pasivo cierto no reclamado sean
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
entregados a Fogacoop, disminuyendo la posibilidad de un mayor número
de pagos en la etapa de desvalorización monetaria, cuando en la
normatividad financiera, esos dineros remanentes, no se dirigen a formar
la reserva de Fogafin, sino como lo disponen los artículos 43 y 44 del
Decreto 2211 de 2004, son destinados al pago de la desvalorización
monetaria.
Insistió que lo sostenido por el Tribunal de devolver los remanentes
resultantes del pago de pasivo cierto no reclamado al fondo, se aparta del
Decreto 2211 de 2004 y del principio de igualdad, además de que no tuvo
en cuenta el interrogatorio de parte efectuado al representante legal de la
cooperativa, quien de manera reiterada aclaró el destino que se le dio a los
remanentes del pasivo cierto no reclamado para pagar la siguiente etapa,
acatando los principios de eventualidad y preclusión, quedando satisfechas
las acreencias del pasivo externo.
Subrayó que es equivocado que el Tribunal ordene a la cooperativa devolver
a Fogacoop los dineros no reclamados durante la etapa de pasivo cierto no
reclamado con fundamento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 16
del Decreto 756 de 2000 y la devolución de remanentes resultantes del pago
de la desvalorización monetaria con fundamento en el artículo 44 del
Decreto 2211 de 2004, sin tener en cuenta que al proceso de liquidación
forzosa administrativa de la cooperativa le son aplicables las normas que
regulan la liquidación de las entidades financieras.
Adujo que el fallo recurrido crea un trato desigual entre la liquidación de
una cooperativa y la de un establecimiento financiero, pues para la
cooperativa se debe aplicar el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de
2000 y el artículo 44 del Decreto 2211 de 2004, que determinan la entrega
a Fogacoop de los dineros no reclamados durante la etapa de pago del
pasivo cierto no reclamado, así como la entrega a este mismo fondo de los
dineros remanentes luego de la desvalorización monetaria, mientras que a
las entidades financieras sólo les aplicaría el Decreto 2211 de 2004, esto
es, entregar únicamente los recursos remanentes de la desvalorización
monetaria, lo que vulnera el principio de igualdad.
Aseveró, que no es viable ordenar a la cooperativa demandada la devolución
de recursos remanentes no reclamados en la etapa de pago del pasivo cierto
no reclamado y desvalorización monetaria, cuando el Decreto 2211 de
2004, derogó tácitamente las normas que le fueren contrarias. Precisó que
el artículo 64 ibídem “[…] derogó tácitamente las normas que le sean
contrarias al procedimiento establecido, esto es la aplicación del numeral 7
del artículo 16 del Decreto 756 de 2000, que determinaba la entrega de los
dineros no reclamados en la etapa de pago del pasivo cierto no reclamado
al FOGACOOP con destino a la reserva, pues la norma nueva deroga todo lo
que le sea contrario en la normatividad antigua […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Por último, señaló que el fallo recurrido se equivoca al afirmar que la
liquidación aceptó la deuda a favor del fondo en razón a que en los balances
financieros del proceso liquidatorio de la Cooperativa se reconocía e incluía
dentro del pasivo las sumas de dinero adeudadas a Fogacoop, ya que dicha
situación ocurrió en acatamiento de las normas contables y sus principios
procesales, en especial el de prudencia. Afirmó que el artículo 52 del
Decreto 2649 de 1993 determina que se deben contabilizar provisiones para
cubrir pasivos estimados y contingencias de pérdidas, por lo que, al
reconocerse contablemente las contingencias derivadas de un hecho
económico, como una demanda inicial en contra de la entidad, es
indispensable que el registro se encuentre justificado, cuantificable y
confiable. Puntualizó que, en el caso de procesos judiciales, la provisión se
debe registrar a la iniciación de éstos por el valor que el ente económico
estime pertinente, o cuando el fallo se produzca en contra del mismo.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION EN LA SEGUNDA INSTANCIA Y
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda, a lo cual
agregó que, destinar los remanentes de las etapas de pasivo cierto no
reclamado y de desvalorización monetaria señalados en las Resoluciones
062 de 2004 y 078 de 2006 para el pago de los aportes de los cooperados,
trasgrede el ordenamiento legal, ya que impone el interés particular sobre
el general, el cual debe estar presente en este tipo de decisiones.
Resaltó que el Fondo siempre actúo en derecho, respetando el principio de
legalidad, así como las decisiones de la liquidadora, las que controvirtió a
través de la vía gubernativa y de la jurisdicción contencioso administrativa.
Aseguró que no existe prueba de que Fogacoop hubiera abusado del poder.
Insistió en que ninguna de las normas que regula el asunto establece plazos
perentorios para el pago, ni la exigencia de una reclamación por parte de la
demandante, ni las consecuencias de no efectuarla, pues dicho traslado
opera ope legis. Destacó que por ser un mandato legal ninguna disposición
autoriza al liquidador a cambiar la destinación de los recursos que deben ser
entregados al Fondo, para utilizarlos en el pago de pasivo interno, es decir,
para la devolución de los aportes como lo hizo la liquidadora, pues dicha
actuación constituye una apropiación indebida de recursos.
Acotó que, a pesar de los cambios normativos, el legislador siempre ha
mantenido vigente la obligación de hacer entrega de los recursos a Fogacoop
o Fogafin, según sea el caso de las sumas no reclamadas en los procesos
liquidatorios, lo que no desmejora ni vulnera el derecho de los acreedores.
La parte demandada, reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, a lo cual
adicionó que, el Tribunal invoca el Decreto 2418 de 1999, norma que fue
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
derogada por el Decreto 2211 de 2004, por lo que, ésta última es la norma
aplicable, la cual permite que los dineros no reclamados luego de surtirse la
etapa de pago de pasivo cierto no reclamado sean destinados al pago de la
desvalorización monetaria.
Señaló que las actuaciones desplegadas en la Cooperativa se llevaron a cabo
de manera mancomunada con Fogacoop, ya que siempre se concertó la
manera en que debía efectuarse el reconocimiento y pago de las acreencias,
por lo que mal podría interpretarse que una vez autorizado el
reconocimiento y pago de la desvalorización monetaria, con recursos
remanentes del pago del pasivo cierto no reclamado, la actora pretenda la
devolución de esos mismos remanentes, en contravía de lo concertado y
afectando los intereses generales de los asociados. Agregó que Fogaccop
conocía que la Cooperativa no tenía recursos para cancelar los valores
pretendidos por dicho Fondo, y que por ello consintió el pago de la
desvalorización monetaria, siendo el primer acreedor que recibió la
cancelación de la desvalorización monetaria y firmó los formatos de pago
donde Cooperamos quedaba a paz y salvo por todo concepto, formatos que
reposan en el expediente y que no tuvo en cuenta el Tribunal.
Afirmó que la cooperativa durante el periodo 2005 a 2009 tuvo pérdidas, las
cuales sólo con la reactivación de la entidad en el 2010 con la expedición de
los Decretos 557 y 558 del 26 de febrero de 2009, fueron superadas. Agregó
que no se puede pretender que sean entregados los recursos a Fogacoop,
cuando la cooperativa existe como persona jurídica y continúa ejerciendo
sus funciones y su objeto social, por lo que tales dineros deben seguir en el
colectivo de la cooperativa, pues, de lo contrario, se estaría realizando una
expropiación de los recursos sin el pago de la debida indemnización a que
se tiene derecho; además que de entregar esos recursos, las pérdidas se
aumentarían considerablemente y se desnaturalizaría el objeto del proceso
liquidatorio, ya que no se hubiese logrado cancelar un mayor número de
acreencias en la etapa del pago de la desvalorización monetaria, como en
este caso se logró.
El Ministerio Público no intervino en este proceso.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Marco normativo para el procedimiento de liquidación de
entidades cooperativas y financieras.
Ley 79 de 1988, "Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa",
estableció que para la liquidación de las entidades cooperativas se deberá
seguir el procedimiento especial previsto para las instituciones financieras,
así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
“Artículo 120. En la liquidación de las cooperativas deberá procederse al
pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la
disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros, y
6. Aportes de los asociados.
Cuando se trate de cooperativas autorizadas para captar recursos de
asociados y de terceros, estos depósitos se excluirán de la masa de la
liquidación.
En los procesos de liquidación de las cooperativas de seguros y en las
organizaciones cooperativas de segundo grado e instituciones
auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, se
seguirá el procedimiento especial establecido para las instituciones
financieras.”
Posteriormente, el Decreto 756 de 200013 reguló el procedimiento aplicable
a la toma de posesión de las cooperativas financieras, cooperativas de
ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de
ahorro y crédito, e indicó, en el artículo 25, que en lo no previsto en el citado
Decreto se debían aplicar las normas pertinentes al proceso de toma de
posesión y liquidación forzosa administrativa para entidades financieras
previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF y en
especial lo establecido en la Ley 510 de 199914, el Decreto 2418 del 30 de
noviembre de 199915, así como lo previsto en las disposiciones que las
adicionen o modifiquen.
Ahora bien, el Decreto 756 de 2000, norma especial para las cooperativas
financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o
integrales con sección de ahorro y crédito, reguló en su artículo 16 las
etapas del proceso liquidatorio de este tipo de entidades, a saber: 1. Orden
de restitución y prelación de pagos; 2. Enajenación de activos de la entidad
intervenida; 3. Restitución de sumas y bienes excluidos de la masa de
liquidación; 4. Provisión para la restitución de sumas excluidas de la masa
de liquidación; 5. Pago de los créditos a cargo de la masa de la liquidación;
6. Provisión para el pago de créditos a cargo de la masa de la liquidación;
13
“Por el cual se determinan reglas especiales para el procedimiento aplicable a la toma de
posesión de las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito”.
14
“Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el
mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden
unas facultades”.
15
“Por el cual se determina el procedimiento aplicable a las liquidaciones de entidades
financieras”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
7. Pasivo cierto no reclamado; 8. Pérdida de poder adquisitivo; 9.
Certificación de Existencia y representación; 10. Gastos de administración
de la liquidación; 11. Restitución de depósitos a herederos; 12
Compensación; 13. Terminación de la existencia legal; 14. Culminación del
proceso liquidatorio; y 15. Asamblea de Asociados.
Concretamente, para el asunto que nos ocupa, el numeral 7º del artículo 16
del Decreto 756 de 2000 estableció la etapa de pasivo cierto no reclamado,
en los siguientes términos:
“[…] 7. Pasivo cierto no reclamado. El Liquidador determinará el pasivo cierto
no reclamado mediante resolución motivada, para lo cual tendrá en cuenta las
acreencias de cuyos titulares no se hubieren presentado a recibir el pago
oportunamente pero que aparezcan debidamente justificados en los libros y
comprobantes de la intervenida. Dentro de dicho pasivo no se incluirán las
obligaciones respecto de las cuales se hayan cumplido los términos de
prescripción o caducidad.
El pago del pasivo cierto no reclamado procederá únicamente en los casos en
los que existan remanentes y dependerá de las disponibilidades de la entidad
intervenida. Para su pago se señalará un período que no excederá de tres
(3) meses, vencido el cual se entregarán al Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas las sumas no reclamadas con destino a la
reserva correspondiente.
La resolución que establezca el pasivo cierto no reclamado se notificará por
edicto y se publicará en un lugar visible al público en las oficinas de la
intervenida. […]”.
Ahora bien, el pasivo cierto no reclamado, corresponde a todas aquellas
acreencias respecto de las cuales los titulares no se hubieren presentado a
recibir el pago oportunamente, pero que se encuentren debidamente
justificadas en los libros de la entidad intervenida. Establece la disposición
trascrita que, para el pago del pasivo cierto no reclamado, el agente
liquidador señalará un período que no excederá de 3 meses, vencido el cual
se entregarán al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop16
las sumas no reclamadas con destino a la reserva correspondiente.
El numeral 7º del artículo 16 del Decreto 756 de 2000 previó que una vez
vencido el término de 3 meses dispuesto por el agente liquidador de la
entidad intervenida para el pago del pasivo cierto no reclamado, los
16
Cabe señalar que de acuerdo con el Decreto 2206 de 1998 , norma que creó el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop, dicha entidad tiene por objeto la
protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas
inscritas, y en desarrollo de su objeto, actuará como administrador de las reservas
correspondientes al seguro de depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se
constituyan con el fin de atender los distintos riesgos asociados a la actividad financiera
cooperativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
remanentes o las sumas no reclamadas en esta etapa del proceso liquidatorio
se entregarán al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas con destino
a la reserva constituida para atender los seguros de depósito y demás
reservas o fondos que se constituyan para garantizar los diferentes riesgos
que puedan generarse de la actividad financiera cuya administración está a
cargo de dicho Fondo.
Ahora bien, una vez surtida la anterior etapa, el proceso liquidatorio
continúa con el pago de la pérdida de poder adquisitivo, previsto en el
numeral 8 del artículo 16 del Decreto 756 de 2000, así:
“[…] 8. Pérdida de poder adquisitivo. Con el fin de compensar la pérdida de
poder adquisitivo sufrida por los depositantes, ahorradores y demás acreedores
por la falta de oportunidad en el pago, se aplicarán las siguientes reglas.
a) Una vez atendidas las acreencias reconocidas o el pasivo cierto no
reclamado, si hay lugar a él, si quedare un remanente de activos se
reconocerá y pagará desvalorización monetaria a los titulares de los
créditos atendidos por la liquidación, cualquiera sea la naturaleza, prelación
o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que conforme al
presente artículo correspondan a gastos de administración;
b) Para liquidar la compensación por desvalorización monetaria se procederá
así:
Se utilizará el índice mensual de precios al consumidor certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, del mes
calendario siguiente a aquel en el cual la Superintendencia respectiva haya
dispuesto la toma de posesión.
Se actualizará cada crédito reconocido en la liquidación en moneda legal o el
saldo del mismo, según el caso, con el índice antes señalado, certificado desde
el mes indicado por el inciso anterior hasta la fecha que se fije para el inicio del
período de pagos por compensación monetaria.
En todo caso, las sumas se actualizarán desde la fecha en que el respectivo
pago haya sido puesto a disposición de los acreedores;
c) Una vez descontadas las provisiones a que haya lugar conforme a la ley, la
desvalorización monetaria será reconocida y pagada por la entidad en
liquidación con cargo a sus propios activos y hasta concurrencia del
remanente de éstos, a prorrata del valor de cada crédito. El pago se
efectuará con sujeción al orden que corresponda a cada clase de acreencias,
según su naturaleza y prelación legal, de acuerdo con lo indicado en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y en las normas civiles y comerciales;
d) Para el pago de la desvalorización monetaria el Liquidador señalará
un período de pagos que no podrá exceder de seis (6) meses contados
a partir de la fecha de su iniciación. Las sumas por desvalorización que
por cualquier causa no sean reclamadas dentro de ese plazo se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
destinarán a completar el pago de quienes recibieron compensación
parcial, si a ello hubiere lugar;
e) Para efectos del pago, el Liquidador contratará con una o varias entidades
financieras.
En la medida en que haya realizado el pago del seguro de depósito, al Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas le corresponderá la desvalorización
monetaria a que haya lugar sobre cada acreencia respecto de la cual reconozca
ese amparo, en forma proporcional a los pagos efectivamente realizados por
concepto del seguro de depósito, calculada desde la fecha en que el Fondo
realice el pago respectivo y hasta la fecha en que la liquidación reconozca el
pago de la desvalorización. […]” (subrayas y negrita fuera del texto original)
De la lectura del artículo trascrito se advierte que el agente liquidador con
el fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los
acreedores de la cooperativa en liquidación, por el no pago oportuno de sus
acreencias, señalará un término que no podrá exceder de 6 meses para el
pago de la desvalorización monetaria, sumas de dinero que serán
reconocidas y pagadas por la entidad en liquidación con cargo a sus propios
activos. Agrega la citada disposición que las sumas por desvalorización que
no se reclamen dentro de dicho plazo se destinarán a completar el pago de
quienes recibieron una compensación parcial.
Sin embargo, la norma en estudio nada señala sobre la destinación de los
remanentes o recursos no reclamados una vez agotada la etapa de
desvalorización monetaria y de pago por compensación parcial.
De otro lado, la liquidación de las entidades financieras se encuentra
regulada por el Decreto 2211 de 2004, “Por medio del cual se determina el
procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de
posesión y liquidación forzosa administrativa”, norma que derogó
expresamente el Decreto 2418 de 199917 y que desarrolla las etapas de
pasivo cierto no reclamado y pago de compensación por la pérdida de poder
adquisitivo en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 43. PAGO DEL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO. Si
después de cancelados los créditos a cargo de la masa de la liquidación
subsistieren recursos, se procederá a cancelar el pasivo cierto no reclamado
respetando la prelación de créditos prevista en la ley, para lo cual el
Liquidador señalará un período que no podrá exceder de tres (3) meses.
ARTÍCULO 44. REGLAS PARA DETERMINAR Y PAGAR LA
COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO. Si
después de cancelados los créditos a cargo del pasivo cierto no reclamado
subsistieren recursos, de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por
17
Por el cual se determina el procedimiento aplicable a las liquidaciones de entidades
financieras
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
el 24 de la Ley 510 de 1999, se procederá a cancelar la compensación por la
pérdida de poder adquisitivo sufrida por los titulares de los créditos atendidos
en la liquidación debido a la falta de pago oportuno cualquiera sea la
naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los
créditos que conforme al presente decreto correspondan a gastos de
administración. Para liquidar la compensación por desvalorización monetaria
se procederá así:
a) Se utilizará el índice mensual de precios al consumidor certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, del mes
calendario siguiente a aquel en el cual la Superintendencia Bancaria haya
dispuesto la toma de posesión.
Se actualizará cada crédito reconocido en la liquidación en moneda legal o el
saldo del mismo, según el caso, con el índice antes señalado, certificado desde
el mes indicado en el inciso anterior hasta la fecha que se fije para el inicio
del período de pagos por compensación monetaria.
En todo caso, las sumas se actualizarán hasta la fecha en que el respectivo
pago haya sido puesto a disposición de los acreedores;
b) Una vez descontadas las provisiones a que haya lugar conforme a la ley,
la desvalorización monetaria será reconocida y pagada con cargo a
los activos que quedaren de la institución financiera intervenida y
hasta concurrencia del remanente de estos, a prorrata del valor de cada
crédito. El pago se efectuará con sujeción al orden que corresponda a cada
clase de acreencias, según su naturaleza y prelación legal, de acuerdo con lo
indicado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en las normas
civiles y comerciales;
c) Para el pago de la desvalorización monetaria se señalará un período de
pagos que no podrá exceder de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
de su iniciación.
Las sumas por desvalorización que por cualquier causa no sean reclamadas
dentro de ese plazo se destinarán a completar el pago de quienes recibieron
compensación parcial en un término máximo de dos (2) meses, si a ello
hubiere lugar. Vencido este último término, las sumas no reclamadas
en cualquier etapa del proceso se entregarán al Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras con destino a la reserva
correspondiente;
d) Al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras le corresponderá la
desvalorización monetaria a que haya lugar sobre cada acreencia en forma
proporcional a los pagos efectivamente realizados por concepto del seguro de
depósito, calculada desde la fecha en que el Fondo realice el pago respectivo
y hasta la fecha en que proceda el pago de la desvalorización.” (subrayas y
negrita fuera del texto original)
De la lectura de las disposiciones trascritas, se advierte que el pasivo cierto
no reclamado se cancelará en un término máximo de 3 meses, vencido el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
cual se procederá, a cancelar la compensación por la pérdida de poder
adquisitivo sufrida por los titulares de los créditos debido a la falta de pago
oportuno, en un término que no podrá exceder de 4 meses, el que una vez
agotado, si subsistieren recursos, se destinarán a completar el pago de
quienes recibieron una compensación parcial en un plazo máximo de 2
meses. Adicionalmente, el legislador señaló que, vencido este último
término, los remanentes o sumas no reclamadas en cualquiera de las etapas
del proceso liquidatorio se deberán entregar al Fondo de Garantías de
instituciones Financieras - Fogafin.
5.2. Argumentos del recurso de apelación.
El recurrente fundamenta su apelación principalmente en tres puntos a
saber, el primero, en que el Tribunal, al ordenar a cargo de la Cooperativa
a favor de Fogacoop la entrega de los remanentes del pasivo cierto no
reclamado y de la desvalorización monetaria, no tuvo en cuenta que la
Cooperativa a pesar de haber sido sometida al proceso de liquidación forzosa
administrativa, por voluntad de la mayoría de sus asociados reactivó su
actividad en al año 2010 continuando con su existencia jurídica, por lo que
dicha orden afectaría la situación financiera de la entidad lo que iría en
contra del objeto del proceso liquidatorio.
El segundo, estima que el fallo recurrido se apartó de los artículos 43 y 44
del Decreto 2211 de 2004, disposiciones de la liquidación de las entidades
financieras que, en su criterio, son aplicables al presente asunto, en razón
a que, de un lado, son más favorables para los acreedores de las
cooperativas y garantizan el derecho de igualdad con los acreedores de las
entidades financieras, ya que permiten que los remanentes del pasivo cierto
no reclamado puedan ser utilizados para pagar la desvalorización monetaria
y no ser entregados al Fondo como lo pretende el actor y, equivocadamente
fue ordenado en el fallo recurrido; y de otro, el artículo 64 de la citada
normativa deroga las normas que le fueren contrarias, esto es, derogó
tácitamente el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de 2000.
Finalmente, alega que la sentencia recurrida se equivoca al afirmar que la
liquidación aceptó la deuda a favor del fondo por el hecho de que en los
balances financieros del proceso liquidatorio se reconoció y se incluyó en el
pasivo las sumas de dinero adeudadas a Fogacoop, pues dicha situación se
realizó en acatamiento de las normas contables.
De los efectos de la no liquidación de la Cooperativa Financiera.
5.2.1. Pues bien, respecto del argumento de que el Tribunal no tuvo en
cuenta que la Cooperativa por voluntad de los asociados reactivó su
actividad en al año 2010 continuando con su existencia jurídica, y que, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
tanto, la orden impuesta en el fallo recurrido afectaría su situación
financiera, lo que va en contra de la finalidad del proceso liquidatorio; es
preciso recordar que el control de legalidad se realiza respecto de la validez
del acto administrativo, esto es, la concordancia del acto con el orden
jurídico superior al momento en que fue expedido respecto a elementos
tales como la competencia, la motivación, su forma de expedición, el
respeto al debido proceso y al derecho de audiencia y defensa y la atención
a los fines para los cuales se expidió18. Estudio de validez que el juez
contencioso administrativo le corresponde realizar con base en las
circunstancias vigentes al momento del nacimiento del acto acusado19, es
decir, el juzgamiento de legalidad se debe efectuar teniendo en cuenta los
fundamentos de hecho y de derecho existentes al momento de su
expedición20.
En ese orden de ideas, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que
el Tribunal debía pronunciarse sobre el hecho de que la Cooperativa
continúa con personería jurídica, ya que la reactivación económica de la
entidad en el año 2010 obedece a una situación que se presentó
aproximadamente 2 años y medio después de la expedición de los actos
acusados como lo señala la misma parte demandada21.
En este punto, es necesario mencionar que la entrega a Fogacoop de las
sumas no reclamadas por concepto de pasivo cierto no reclamado y
desvalorización monetaria, no estaba condicionada a que la cooperativa en
liquidación se liquidará definitivamente y extinguiera su personería jurídica;
pues como se explicará más adelante, dicha obligación nace cuando dentro
del proceso liquidatorio finalizan las etapas de pasivo cierto no reclamado y
de desvalorización monetaria, respectivamente. En ese sentido, el hecho de
que la cooperativa demandada posteriormente haga uso de la facultad de
18
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, Rad. 11001-
03-24-000-2015-00236-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. “[…] el control de legalidad es
procedente, pues este último se relaciona con la validez del acto administrativo, que no es
otra cosa que la concordancia del acto con el orden jurídico superior al momento en que
fue expedido en atención a elementos tales como la competencia, la motivación, su forma
de expedición, el respeto al debido proceso y al derecho de audiencia y defensa y la atención
a los fines para los cuales se erigió […]”.
19
Sección Primera, Sentencia 15 de agosto de 2019, Rad. 25-000-23-24-000-2012-00307-
00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, “[…] la Sala recuerda que se ha considerado que
cuando se incumplen los primeros, como cuando el acto administrativo es expedido sin
facultad o atribución asignada en norma expresa al funcionario (falta de competencia), con
falsa motivación, o con desviación de poder, el instrumento procesal puesto a disposición
de la ciudadanía para controlar la voluntad unilateral de la administración es la acción de
nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto se trata de analizar los
posibles vicios en su formación, esto es, respecto de su legalidad en sentido amplio […]”;
Sentencia 10 de mayo de 2012, Rad. 66001-23-31-000-2006-00353-01, C.P. María Claudia
Rojas Lasso.
20
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 10 de marzo de 2011, Rad. 11001-03-
24-000-2004-00380-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
21
Cuaderno de Segunda instancia, folio 16.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
reactivación prevista en el artículo 1° del Decreto 4030 de 17 de noviembre
de 200622 no es una circunstancia que afecte o modifique el análisis de
validez de los actos censurados, ya que se insiste, la reactivación y sus
consecuencias, son el resultado de hechos e incluso de fundamentos
jurídicos, Decretos 55723 y 55824 de 26 de febrero de 2009, que se
presentaron de manera posterior al nacimiento de los actos objeto de
estudio.
De la aplicación del Decreto 2211 de 2004.
5.2.2. Estima la parte recurrente que el fallo de primera instancia
desconoció los artículos 43 y 44 del Decreto 2211 de 2004, disposiciones de
la liquidación de las entidades financieras que, en su criterio, son aplicables
al presente asunto, en razón a que, de un lado, son más favorables para los
acreedores de las cooperativas y garantizan el derecho de igualdad con los
acreedores de las entidades financieras, ya que permiten que los
remanentes del pasivo cierto no reclamado puedan ser utilizados para pagar
la desvalorización monetaria y no ser entregados al Fondo; y de otro, el
artículo 64 de la citada normativa deroga las normas que le fueren
contrarias, esto es, derogó tácitamente el numeral 7 del artículo 16 del
Decreto 756 de 2000.
Ahora bien, los actos acusados fundamentan la decisión de no entregar a
Fogacoop los dineros no reclamados durante la etapa de pasivo cierto no
reclamado en que dicha entidad no presentó de manera oportuna la
reclamación de los recursos dentro del término establecido por la ley, el
cual, en criterio de la agente liquidadora que expidió los actos acusados, era
el previsto en el numeral 7° del artículo 16 del Decreto 756 de 2000.
Agregan que tampoco era procedente la entrega de los remanentes de la
etapa de desvalorización monetaria en razón a que el numeral 8 del artículo
16 del citado decreto no prevé la entrega a FOGACOOP de las sumas no
reclamadas. Señalan que cada una de las etapas finalizó con un acto
administrativo, por lo que la oportunidad para reclamar los recursos precluyó.
Por último, afirman que el literal c) del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004
no es aplicable al asunto bajo estudio porque la entrega de recursos a
Fogacoop está expresamente prevista y regulada por el artículo 16 del
Decreto 756 de 2000 norma especial que no fue derogada por el Decreto 2211
de 20004.
El fallo de primera instancia declaró la nulidad de los actos acusados al estimar
22
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero respecto de Cooperativas en Liquidación.
23
Por el cual se adiciona un parágrafo 4° al Decreto 4030 de 2006, modificado por los
Decretos 1538 de 2007 y 1533 de 2008.
24
Por el cual se modifica el Decreto 756 de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
que el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de 2000, norma aplicable
para la entrega de los recursos no reclamados en la etapa de pasivo cierto no
reclamado, no exige un procedimiento administrativo para el recaudo de
dichas sumas, y que la entrega de esos recursos es una obligación legal
impuesta al liquidador que no puede ser cataloga como una acreencia sujeta
a limitaciones u objeciones. Respecto de los remanentes de las sumas no
reclamadas en la etapa de desvalorización monetaria y compensación por
pago de parcial indicó que, como la norma especial, literal c) numeral 8 de
artículo 16 del Decreto 756 de 2000, tiene un vacío legal al no señalar el
destino de los remanentes, es aplicable el literal c) del artículo 44 del Decreto
2211 de 2004, el cual establece que para la liquidación de las entidades
financieras dichos recursos deben destinarse a Fogafin, que para el caso de
las cooperativas será Fogacoop.
Pues bien, la Sala comparte el criterio expuesto en la sentencia recurrida,
pues estima que, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 756 de 2000,
norma vigente para el momento en que se surtió la etapa de pasivo cierto
no reclamado, regula expresamente la destinación de los remanentes de
dicha etapa, la cual como afirmó el a quo no requería de ninguna
reclamación ni procedimiento especial por parte del Fondo para su
trasferencia, pues dicha obligación opera por disposición de la ley. Es decir,
vencido el término para pagar el pasivo cierto no reclamado, la agente
liquidadora debía entregar a Fogacoop las sumas de dinero no reclamadas
con destino a la reserva.
De igual forma, considera la Sala que no se vulnera el derecho de igualdad
con los acreedores de la cooperativa en liquidación al no exigir una
reclamación formal por parte del Fondo, pues como lo acotó la sentencia
recurrida el valor a transferir de los remanentes, sólo se puede determinar
una vez vencido el plazo fijado para el pago del pasivo cierto no reclamado,
momento en el cual le corresponde al agente liquidador efectuar la
transferencia de los recursos no reclamados. Sobre este asunto, es
necesario indicar que no se puede confundir la calidad de acreedor de
Fogacoop cuando paga el seguro de depósito y se subroga en las mismas
condiciones de los ahorradores o depositantes, a la situación de la entrega
de las sumas de dinero por concepto de remanentes del pasivo cierto no
reclamado y que es objeto de estudio, pues en esta última situación es una
obligación legal del agente liquidador.
En la misma línea, la Sala comparte la posición acogida por el Tribunal
Administrativo del Tolima al afirmar que existe un vacío normativo en el
literal c) del numeral 8 de artículo 16 del Decreto 756 de 2000 al guardar
silencio respecto de la destinación de los remanentes una vez cancelada la
desvalorización monetaria y compensación por pago parcial, omisión que se
suple con la remisión del artículo 25 del Decreto 756 de 2000 a las
disposiciones de la liquidación de entidades financieras, que para el asunto
específico, corresponde a la aplicación del literal c) del artículo 44 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
Decreto 2211 de 2004 respecto a que una vez pagada la desvalorización
monetaria y compensación por pago parcial, las sumas no reclamadas en
esta etapa se entregarán a Fogafin, que para la liquidación de las entidades
cooperativas corresponde a Fogacoop.
Ahora bien, tampoco se advierte una vulneración al derecho de igualdad
entre acreedores de las entidades cooperativas y entidades financieras,
pues el literal c) del artículo 44 del Decreto 2211 de 2004 establece
claramente que las sumas no reclamadas en cualquier etapa del proceso se
entregarán al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en ese
sentido los remanentes del pasivo cierto no reclamado, así como los de la
desvalorización monetaria estarían incluidos en esta disposición, por lo que
la lectura que el recurrente realiza al señalar que la aplicación de las normas
de la liquidación de entidades financieras permite pagar la desvalorización
monetaria y no trasferir los dineros al fondo, deja de lado lo establecido en
el literal c) de dicha disposición, además de los previsto en el literal b) de
este mismo precepto el cual señala que “la desvalorización monetaria será
reconocida y pagada con cargo a los activos que quedaren de la institución
financiera intervenida”.
Por último, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el Decreto
2411 de 2004 derogó tácitamente el Decreto 756 de 2000, ya que dicha
normativa tenía por objeto regular el procedimiento aplicable a las
entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa
administrativa, pero de manera alguna tenía como fin comprender la toma
de posesión y liquidación de las cooperativas financieras, cooperativas de
ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de
ahorro y crédito, asunto regulado específicamente por el Decreto 756 de
2000, por lo que no se puede considerar que la norma posterior tiene
disposiciones incompatibles con la norma antigua, en la medida en que no
están regulando la misma materia, esto es, la liquidación y toma de
posesión de entidades cooperativas, además de que tampoco se advierte la
intención del legislador de replantear íntegramente el procedimiento de la
liquidación de entidades financieras y cooperativas, pues se insiste
únicamente se refirió al aplicable en la liquidación de entidades financieras
al que, eso sí, en aplicación del artículo 25 del Decreto 756 de 2000, se
puede acudir en caso de vacío normativo.
Del reconocimiento de la deuda a favor de FOGACOOP.
5.2.3. Por último, alega la parte recurrente que el juez de primera instancia
se equivoca al afirmar que la liquidación aceptó la deuda a favor del fondo
por el hecho de que en los balances financieros del proceso liquidatorio se
reconoció e incluyó en el pasivo las sumas de dinero adeudadas a Fogacoop,
pues dicha situación se realizó en acatamiento de las normas contables, ya
que el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993 determina que se deben
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias de
pérdidas, por lo que, al reconocerse contablemente las contingencias
derivadas de un hecho económico, como una demanda en contra de la
entidad, es indispensable que el registro se encuentre justificado,
cuantificable y confiable.
Sobre este argumento, es preciso recordar lo que indicó el fallo recurrido:
“[…] Adicionalmente, vale la pena destacar que antes de expedirse las
Resoluciones No. 083 y 084 de 2007, COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN
durante todos los balances financieros realizados en el proceso liquidatorio,
reconoció las sumas de dinero adeudas a FOGACOOP y las incluyó dentro de
su pasivo; comportamiento contable que permite inferir el conocimiento que
tenía el agente liquidador frente a la exigencia y obligación de entrega de los
remanentes pluricitados, pues en cada uno de los documentos aportados al
plenario reconoció la deuda a favor de la demandante, manifestando en varias
oportunidades la provisión de dichos recursos. Así las cosas, no comparte esta
Corporación los fundamentos jurídicos esbozados en los actos
administrativos, que además de contrariar lo normado en el numeral 7 del
artículo 16 del Decreto 756 del 2000, fueron expedidos en desconocimiento
de los balances y estados financieros donde se aceptaba abiertamente la
deuda a favor del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. […]”
De la lectura de lo trascrito, se advierte que no le asiste razón al recurrente,
toda vez que parte de un supuesto equivocado, pues cuando en la sentencia
recurrida se indica que Cooperamos en liquidación durante los balances
financieros realizados en el proceso liquidatorio reconoció las sumas de
dinero adeudadas a FOGACOOP y las incluyó dentro de su pasivo, se refiere
al comportamiento contable de la entidad en liquidación antes de la
expedición de los actos acusados, esto es, al plan general de actividades y
presupuesto - septiembre de 2006 a marzo de 200825, balance general
comparativo a agosto 31 de 200626, balance general comparativo a
septiembre 30 de 2006, entre otros, y no de aquel, que se debe reflejar en
los estados financieros de una entidad cuando hay obligaciones
condicionales o litigiosas, en las que se contabilizan reservas o provisiones
en caso de que estas se lleguen a hacer exigibles, como equivocadamente
lo alega el recurrente.
Por consiguiente, por las razones expuestas en este acápite, no se encuentra
llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada.
5.3. Del restablecimiento del derecho
25
Folio 61 cuaderno principal
26
Ibídem, folio 81.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
En la sentencia recurrida el a quo indicó que la parte demandante solicita el
traslado de las sumas de dinero que no fueron reclamadas durante la etapa
de pasivo cierto no reclamado, así como el remanente resultante de la
compensación por desvalorización monetaria, debidamente indexados.
Afirma que está acreditado que la Agente liquidadora de Cooperamos en
Liquidación debía trasladar a Fogacoop $1.128.573.178 por concepto de
remanentes del pasivo cierto no reclamado y $323.386.459 por las sumas
no reclamadas en la compensación por desvalorización monetaria, las cuales
debieron ser enviadas a la entidad demandante el 1 de agosto de 2005 y el
23 de mayo de 2006, respectivamente; circunstancia que habilita a
reajustar las sumas reconocidas conforme el índice de precios al
consumidor.
Por lo anterior, una vez efectuada la correspondiente actualización a la fecha
de la providencia recurrida ordenó pagar a favor de Fogacoop la suma de
$1.691.752.603,72 por los remanentes del pasivo cierto no reclamado y
$453.960.034,68 por las sumas no reclamadas en la compensación por
desvalorización monetaria.
En atención a que en el escrito de alzada no se cuestiona la forma en que el
a quo dispuso el restablecimiento del derecho, la Sala confirmará lo decidido
por el tribunal de instancia actualizando las sumas ordenadas a la fecha de
esta providencia.
5.3.1. Actualización Remanentes Pasivo Cierto no Reclamado
Vp: Vh * índice Final
índice inicial
Vp: Corresponde al valor presente
Vh: Es el valor histórico o inicial ($1.691.752.603,72)
Índice Final: Es el último IPC vigente a la fecha de la presente
providencia. Septiembre de 2023 = 136,11
Índice Inicial: Es el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera
instancia. Diciembre de 2015 = 88,05
Vp= $1.691.752.603,72 * 136,11
88,05
Vp= $2.615.155.558,12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
En ese orden, el valor correspondiente a título de restablecimiento del
derecho por concepto Remanentes Pasivo Cierto no Reclamado es de
$2.615.155.558,12.
5.3.2. Actualización Remanentes Desvalorización Monetaria
R: Rh * índice Final
índice inicial
Vp: Corresponde al valor presente
Vh: Es el valor histórico o inicial ($453.960.034,68)
Índice Final: Es el último IPC vigente a la fecha de la presente
providencia. Septiembre de 2023 = 136,11
Índice Inicial: Es el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera
instancia. Diciembre de 2015 = 88,05
Vp= $453.960.034,68 * 136,11
88,05
Vp= $701.743.331,29
En ese orden, el valor correspondiente a título de restablecimiento del
derecho por concepto de las sumas no reclamadas en la etapa de
desvalorización monetaria es de $701.743.331,29.
5.4. Conclusiones
La reactivación económica de la entidad cooperativa demandada no es un
asunto que deba analizar el juez administrativo en el estudio de validez de
los actos acusados, en razón a que dicho análisis se realiza con base en los
fundamentos de hecho y de derecho existentes al momento de expedición
de los actos demandados.
El Decreto 756 de 2000, es la norma especial que regula la entrega de las
sumas no reclamadas en la etapa de pasivo cierto no reclamado a Fogacoop,
trasferencia que no requiere reclamación por parte de Fondo y que opera
por disposición de la ley.
La disposición de los remanentes de la etapa de desvalorización monetaria
y compensación por pago parcial está regulada por el Decreto 2211 de 2004
ante el vacío normativo del Decreto 756 de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
La entrega de las sumas no reclamadas en la etapa de pasivo cierto no
reclamado y de desvalorización monetaria y compensación por pago parcial
a Fogacoop no vulnera el derecho de igualdad de los acreedores de la
cooperativa en liquidación.
El Decreto 2411 de 2004 no derogó tácitamente el Decreto 756 de 2000,
norma especial para la liquidación de las entidades cooperativas de ahorro
y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito.
La sentencia recurrida hace referencia al reconocimiento de las sumas de
dinero adeudadas a Fogacoop en los documentos contables de la entidad
cooperativa demandada antes de la expedición de los actos acusados y no
a la obligación contable de reflejar en los estados financieros de una entidad
las reservas o provisiones cuando hay obligaciones litigiosas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada de 10 de diciembre
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero del resuelve de la sentencia
apelada de 10 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, el cual quedará así:
“Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la CAJA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SOCIAL “COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN” a pagar a favor del Fondo
de Garantía de Entidades Cooperativas FOGACOOP, las siguientes
sumas: Por concepto de pasivo cierto no reclamado $2.615.155.558,12
y por concepto de desvalorización monetaria $701.743.331,29.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada de 10 de
diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Radicado: 73000-2331-000-2007-90204-01
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión
de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.