Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Apelación: carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-31-000-2008-00587-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
16 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 73001-23-00-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: ESPERANZA BELTRÁN IBÁÑEZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR JUDICIAL / RECURSO DE
APELACIÓN – Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia
de fondo del superior / TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS – Es necesario que exista
congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto
de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial,
demandada en el proceso, contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2014
por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial y del
municipio de Ibagué, por los perjuicios causados a la demandante, señora Esperanza
Beltrán Ibáñez, al no haberle devuelto el vehículo de su propiedad, el cual había sido
inmovilizado por orden del Juzgado 12 Civil Municipal de Ibagué. Una vez dicho despacho
judicial ordenó el levantamiento del embargo decretado sobre el bien, no se cumplió la
orden de devolución por no haber sido encontrado en el parqueadero en el que fue dejado
por la Policía Nacional, al momento de materializar la orden de inmovilización del
automotor.
ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 6 de octubre de 2006 (fl. 21 c. 1), la señora Esperanza
Beltrán Ibáñez, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y del municipio de Ibagué, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por la pérdida de un automotor de su propiedad1.
Como consecuencia de la anterior declaración, se solicitó que se le reconociera a la
demandante, por concepto de indemnización de los perjuicios morales, el monto que
estimara pertinente el juez.
Por concepto de daño emergente, solicitó la suma de $8’000.000, más los intereses
moratorios causados desde el 19 de mayo de 2003.
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en los siguientes hechos:
En el proceso de responsabilidad civil extracontractual iniciado por los señores
Jaime Castaño Serrato y Rosalba Pomar contra los señores Esperanza Beltrán
Ibáñez y Andrés Felipe Castro Beltrán, el Juez 12 Civil Municipal de Ibagué profirió
auto mediante el cual decretó las medidas cautelares de embargo y secuestro del
automotor distinguido con placas HMF-494, marca Chevrolet Sprint, modelo 1988,
tipo sedan, servicio particular, motor G10228895, chasis MP707920, serie
MP7079201988, de propiedad de la ahora demandante.
El 19 de mayo de 2003, la Policía del Tolima, en cumplimiento de la solicitud remitida
por el Juez 12 Civil Municipal de Ibagué, mediante oficio 1718, inmovilizó, en el
parqueadero San Jorge, el vehículo antes descrito y lo dejó a disposición del Grupo
de Justicia, Seguridad, Orden Público y Protección del Consumidor de Ibagué.
El 14 de septiembre de 2004, el Juez 12 Civil Municipal de Ibagué decretó el
levantamiento del embargo y secuestro que pesaba sobre el vehículo y ordenó la
entrega del mismo a su propietaria.
El 29 de septiembre siguiente, la demandante presentó la solicitud de entrega del
vehículo ante el Grupo de Justicia, Seguridad, Orden Público y Protección del
Consumidor de Ibagué, “con el fin de que se oficiara al parqueadero Colombia, lugar
donde se presume fue trasladado el automotor”.
El 5 de octubre, la Dirección de Justicia del municipio de Ibagué le informó a la
demandante que, mediante oficio 5.2-2161, los documentos del vehículo habían
sido remitidos al Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué, sin indicar el por qué no
1 Se debe aclarar que revisado el expediente a folio 135 del cuaderno 1, reposa un memorial
presentado el 22 de enero de 2010, por la parte demandante, en el que informa que el vehículo fue
encontrado en la ciudad de Pereira, en malas condiciones.
2
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
ordenó de manera directa la entrega del vehículo que había sido dejado a su
disposición por la Policía Nacional.
Dado que el vehículo no aparecía, el 2 de noviembre de 2004, la demandante
formuló denuncia penal en contra de los propietarios del parqueadero donde este
se encontraba, la cual fue radicada con el número 178.740, en la Fiscalía 15 Local
de Ibagué.
La demanda afirma que la falla del servicio radica en que la medida cautelar
decretada por el Juez 12 Civil Municipal de Ibagué era ilegal, porque el artículo 690
del CPC había sido modificado por el artículo 146 de la Ley 769 de 2002, que solo
permitía la procedencia de la medida cautelar una vez se hubiera dictado la
sentencia de primera instancia y no al inicio del proceso, como había sucedido.
El Juez 12 Civil Municipal de Ibagué, nunca llevó a cabo la diligencia de secuestro,
a pesar de que la representante legal de la ahora demandante así lo solicitó, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de CPC, modificado por el art. 1 del
Decreto 2282 de 1989, ni requirió al funcionario que comisionó para la práctica de
dicha diligencia, de conformidad con el artículo 36 del CPC.
El Juez 12 Civil Municipal de Ibagué, mediante oficio 1718 de 10 de septiembre de
2002, comisionó para la práctica de la diligencia de secuestro al Grupo de Justicia,
Seguridad, Orden Público y Protección del Consumidor, la que nunca fue realizada.
2. Trámite de primera instancia
La demanda presentada fue asignada al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué, que mediante providencia del 17 de octubre de 2006, la inadmitió
para que se i) allegara copia de la demanda y sus anexos para la notificación a las
demás partes del proceso, y ii) realizara la estimación razonada de la cuantía (fl. 22
c. 1).
Cumplido el requerimiento anterior por la parte demandante, el 1 de noviembre de
2005 se admitió la demanda y se ordenó la notificación del auto admisorio a los
demandados2 (FL. 24 C. 1).
La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, adujo que el Juez 12
Civil Municipal de Ibagué al decretar la medida cautelar y comisionar a la Policía
2 El auto admisorio de la demanda fue notificado el 7 de noviembre de 2006 al Ministerio Público. El
27 de junio de 2007 al municipio de Ibagué y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Fls.
24 vto., 27, 28 c. 1.
3
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
Nacional para inmovilizar el vehículo, actuó conforme a la Constitución y a la ley.
Agregó que la entidad comisionada una vez cumplió la orden puso el vehículo a
disposición del Grupo de Justicia, Seguridad, Orden Público y Protección del
Consumidor de Ibagué, y no al juzgado. Presentó como excepciones las de
inexistencia de perjuicios, falta de legitimación por pasiva y culpa de un tercero (fls.
36-40 c. 1).
El municipio de Ibagué, igualmente, se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en que los hechos de la demanda determinantes del presunto daño
reclamado “no obedecieron a fallas en el servicio ni a la falta de servicio en que
tuviera parte activa el ente territorial, razón por la cual no se puede ni se debe
endilgar, ningún tipo de responsabilidad”, porque la inmovilización se realizó en el
parqueadero San Jorge y Colombia, por orden del Juzgado 12 Civil Municipal de
Ibagué.
Presentó como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva,
caducidad de la acción y errónea sustentación del concepto de violación (fls. 46-50
c. 1).
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante providencia del
16 de octubre de 2008, declaró la nulidad de todo lo actuado, por su falta de
competencia para conocer del proceso, y lo remitió al Tribunal Administrativo del
Tolima (fl.s 70-71 c. 1).
El 25 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo del Tolima avocó el
conocimiento del proceso y admitió la demanda, decisión de la cual fueron
notificados en debida forma el Ministerio Público y las entidades demandadas3 (fl.
75 c. 1).
Tanto la Rama Judicial como el municipio de Ibagué reprodujeron las
contestaciones de la demanda presentadas ante el Juzgado (fls. 92-99, 103-107 c.
1).
Vencido el período probatorio, por auto de 27 de septiembre de 2010, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto (fl. 145 c. 1).
3 El auto admisorio fue notificado al Ministerio Público el 1 de diciembre de 2008, el municipio de
Ibagué el 6 de febrero de 2009 y la Rama Judicial el 9 de febrero de 2009 (fls. 75 vto., 83 y 84 c. 1).
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Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
El municipio de Ibagué insistió en que debía ser declarada su falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
cuales ocurrieron los hechos por los que ahora se reclama no lo vinculaban.
Agregó, que no pueden reclamar una falla en el servicio por parte del municipio
porque no omitió, retardó o presentó en su actuar irregularidades, ineficiencias o
ausencia del servicio (fls. 152-154 c. 1).
La parte demandante manifestó que había conocido el daño por el cual demandó el
2 de noviembre de 2004, cuando no obtuvo la devolución de su vehículo, a pesar
de haber ido a diferentes parqueaderos de la ciudad, por lo que presentó denuncia
por hurto, y como la demanda fue presentada el 5 de octubre de 2006, no había
operado la caducidad.
Reiteró en la ilegalidad de la medida cautelar decretada contra el bien de su
propiedad; además, aseguró que haber realizado la diligencia de secuestro días
después de su inmovilización y ponerlo bajo la tutela de un auxiliar de la justicia,
habría evitado la desaparición del vehículo, dado que la misma se produjo por la
falta de coordinación, ejecución y perfeccionamiento de la medida cautelar (fls. 155-
160 c. 1).
La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. Sentencia de primera instancia
En la providencia impugnada, el tribunal declaró la responsabilidad de la Rama
Judicial, por considerar que se encontraba probado que el Juzgado 12 Civil
Municipal de Ibagué había decretado la medida cautelar de embargo y secuestro
del vehículo de propiedad de la ahora demandante, a pesar de que el numeral 6 del
artículo 690 del CPC, dispone que el decreto de las medidas se debe realizar una
vez proferida la sentencia de primera instancia y no desde el inicio del trámite
procesal y agregó que “desde esa perspectiva, resulta desde todo punto de vista
desproporcionado pretender que se les exija a los demandantes que asuman en
forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los administrados
debieran asumir en condiciones de igualdad, la pérdida del vehículo, sobre el cual
recayó la medida”.
Concluyó que, “las decisiones proferidas por la Nación-Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué y la
conducta de dicha institución en cuanto a la pérdida del vehículo particular de la
5
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Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
demandante fue la causa del daño antijurídico que ésta debió soportar; por
consiguiente, el daño resulta imputable a la Nación-Rama Judicial Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial”.
Resaltó que, en cambio, no se encontraba acreditada la responsabilidad municipio
de Ibagué, porque de la conducta desplegada y acreditada en el plenario, no se
advertía que hubiera incurrido en falla alguna.
Reconoció, a favor de la demandante, como perjuicio material, en la modalidad de
daño emergente, la suma de $2´526.000, valor correspondiente al daño sufrido por
el vehículo desde la fecha de la inmovilización hasta la fecha de la entrega (fls. 194-
222 c. 10).
Una de las magistradas que integró la Sala del Tribunal a quo se apartó de la
decisión mayoritaria, porque, a su juicio, la responsabilidad por el daño causado a
la demandante era exclusiva del dueño del parqueadero San Jorge, en el que fue
depositado el automotor, porque tenía el compromiso de conservarlo en las
condiciones en que fue entregado, salvo el deterioro natural (fl. 223 c. 10).
4. Recurso de apelación
La Rama Judicial, parte demandada en el proceso, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia. Solicitó que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda (fls. 225-226 c. 10). Como sustento de la anterior
petición expuso:
No comparto la tesis de la sala mayoritaria, cuando accede a las pretensiones,
por considerar que se presentó que existe nexo de causalidad entre el daño y
la falla del servicio (sic) se encuentra debidamente acreditado en el proceso
dándose el defectuoso e indebido funcionamiento de la Administración de
Justicia por omisión y negligencia en el ejercicio de sus funciones el Juzgado
Doce Civil Municipal de Ibagué.
Para sustentar el presente recurso me baso en los pronunciamientos del
Honorable Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo
en sentencia [del] 5 de agosto de 1994. Reza:
Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces
previamente establecer cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o
cumplida inadecuadamente por la Administración. Debe precisarse en qué
forma debió haber cumplido el estado con su obligación.
La falla de la Administración, para que pueda considerarse entonces
verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad no
puede ser cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad, que teniendo en
cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la
conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente
deficiente.
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Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
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Se puede decir que el despacho judicial actuó conforme a la normatividad legal
y constitucional, por otro lado, era deber de la dueña del parqueadero guardar
con sumo cuidado el vehículo que se encontraba a su disposición.
El Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, en un caso similar, proceso
2006-01345, ponente Dra. Susana Nelly Acosta Prada, acción de reparación
directa, demandante: Lizdonia Jaramillo Martínez contra la Nación-Rama
Judicial, se pronunció en uno de sus apartes:
El municipio de Ibagué reglamentó el funcionamiento de sus aparcaderos
mediante el Decreto n.° 0819 del 27 de noviembre de 2003, y estableció unas
condiciones que no cumplía el parqueadero San Jorge, especialmente, el no
tener la póliza de responsabilidad, no estar vigilado adecuadamente y no tener
una puerta de acceso segura entre otras, pese a lo cual dicho parqueadero
seguía en funcionamiento. El municipio de Ibagué ha permitido, autorizado y
tolerado que los vehículos inmovilizados por órdenes judiciales y de la Fiscalía
General de la Nación, sean conducidos entre otros a los parqueaderos San
Jorge, Girardot, Ibagué y Bunde, los cuales no cumplían, ni cumplen las
condiciones mínimas para la prestación de dicho servicio. La escogencia de los
parqueaderos, en todos los casos la hizo la Policía Nacional-SIJIN, sin efectuar
la comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto
Municipal n.° 0819 de 2003 y demás normas que regulan la materia, así como
también, sin tener en cuenta las observaciones de las personas afectadas,
como es el caso del accionante quien se opuso a que su vehículo fuera
conducido a dicho parqueadero, pues refleja inseguridad. El 1 de marzo de
2004, la señora Yolanda Acuña Rodríguez, en su condición de administradora
de parqueaderos San Jorge, Girardot, Ibagué y Bunde, celebró un inusual
contrato de cesión de cartera con el señor Luis Carlos Suárez, en el que dice
transferir todos los derechos de crédito de la cartera que por concepto de
servicios de parqueadero posee y que por tal razón, entrega los vehículos
relacionados en los anexos de la demanda.
Esta situación ocurrió precisamente en el parqueadero San Jorge, razón por la
cual se debió direccionar la responsabilidad contra el municipio y el
parqueadero, ya que el demandante refiere que denunció penalmente en contra
de los propietarios del parqueadero.
Finalmente niega las pretensiones de la demanda.
Por lo anterior solicito a esa Honorable Corporación revocar el fallo del a
quo por las consideraciones expuestas.
5. Trámite de segunda instancia
Esta Corporación mediante providencia del 4 de diciembre de 2014 admitió el
recurso de apelación (fl. 242 c. 10) y, el 29 de enero de 2015, corrió traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara
concepto, si lo consideraba pertinente (fl. 244 c. 10). Término durante el cual las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
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Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
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reglamento interno de esta Corporación4, se le asignó el conocimiento en segunda
instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa
promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi fuera el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error judicial o privación
injusta de la libertad5.
Así las cosas, a esta Sala le asiste competencia para conocer de este asunto,
porque una de las fuentes del daño, según la parte actora, deviene del “error judicial”
contenido en el decreto de las medidas cautelares de embargo y secuestro de un
vehículo de propiedad de la ahora demandante y la omisión en que incurrió el
despacho judicial al no haber realizado el secuestro del bien, lo cual produjo la
pérdida del mismo.
2. Legitimación en la causa
2.1. Acudió al proceso la señora Esperanza Beltrán Ibáñez, quien manifiesta haber
sido afectada con las actuaciones y omisiones atribuidas a la entidad demandada.
La Sala estima que la demandante se encuentra legitimada en la causa por activa,
dado que de las pruebas que reposan en el expediente, se deduce que fue la
persona a la que se le incautó y se le devolvió el vehículo.
En lo que tiene que ver con la propiedad de los vehículos automotores, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que es suficiente con la prueba
del modo, es decir, con la inscripción del título correspondiente en el Registro
Nacional Automotor, por lo que, como prueba de lo anterior, se debe aportar el
certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa
competente y/o la tarjeta de propiedad, sin que sea necesario allegar al proceso el
título, esto es, el contrato mediante el cual se adquirió el vehículo, pues este último
documento nada aporta al proceso, en la medida en que este solo dará cuenta de
los términos y condiciones del negocio.
Revisado el expediente se encuentra que a folio 6 del cuaderno 2, reposa copia de
la tarjeta de propiedad del vehículo de placas HMF-494, marcha Chevrolet Sprint,
modelo 1988, automóvil, negro, matriculado a nombre de la señora Esperanza
Beltrán Ibáñez. Con lo que se deduce que se encuentra legitimada en la causa por
activa.
4 Acuerdo 80 de 2019.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.
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Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
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Referencia: Acción De Reparación Directa
2.2. Se demandó a la Rama Judicial y al municipio de Ibagué6, revisada la demanda
se advierte que el daño alegado se hace derivar de las actuaciones y omisiones
atribuidas a estas dos entidades demandadas, contra las cuales se efectuó una
imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste legitimación en la causa
por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del
asunto.
2.- Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del
día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación
administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad
ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Dado que las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación
directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por la
demandante como consecuencia de los daños que le fueron ocasionados durante
el término en que estuvo inmovilizado el vehículo de propiedad de la señora
Esperanza Beltrán Ibáñez 7 , la Sala considera que el término para presentar la
reclamación de reparación empezó a correr el 16 de octubre de 2004, día siguiente
a la fecha en la que el Juzgado 12 Civil Municipal de Ibagué ordenó la entrega del
vehículo, y como la demanda fue instaurada el 5 de octubre de 2006, se concluye
que se hizo dentro del término previsto en la ley.
3. De la carga procesal de sustentación material del recurso de apelación
El Decreto 01 de 1984 y su posterior reforma, contenida en el Decreto 2304 de 1989,
exigieron, en los procesos que se tramitan en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativa, la carga para el apelante de sustentar el recurso de apelación8, a fin
6 A pesar de que la sentencia declaró de oficio la falta de legitimación, el recurso de apelación insiste
en que la Rama Judicial no es responsable, en tanto que la guarda del automotor le correspondía a
los propietarios de los parqueaderos que estaban bajo la tutela del municipio de Ibagué, razón por
la cual, en esta oportunidad, resulta necesario volver sobre la legitimación de la entidad territorial,
tanto formal como material.
7 En este caso es necesario referir que para el momento en que fue interpuesta la demanda -05-10-
06- el vehículo de propiedad de la ahora demandante, sobre el cual fueron decretadas las medidas
cautelares de embargo y secuestro por el Juzgado 12 Civil Municipal de Ibagué, no le había sido
entregado, razón por la cual solicitaba, como indemnización el valor del vehículo; sin embargo,
durante el trámite del presente proceso la Fiscalía le hizo entrega del mismo a la señora Esperanza
Beltrán Ibáñez y así lo informó el 22 de enero de 2010 (fl. 136 c. 1).
8 En derecho procesal civil, cuyas normas son aplicables de manera supletoria al procedimiento
contencioso administrativo, conforme al artículo 267 del C.C.A, el deber de sustentar el recurso de
alzada se estableció en el artículo 57 de la Ley 2 de 1984.
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Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
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de que el superior funcional pueda pronunciarse sobre las razones que
fundamentan el inconformismo del impugnante contra la providencia objeto de
reproche.
Resulta relevante señalar también que la sustentación de los recursos, ordinarios o
extraordinarios, responde a los principios que inspiran la teoría contemporánea de
los medios de impugnación, conforme a los cuales, así como los interesados tienen
el derecho a conocer las razones que justifican las decisiones que se adoptan,
también resulta exigible a estos, cuando pretendan cuestionar esas decisiones,
expresar de manera concreta los motivos de su divergencia.
En relación con el tema la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
ha considerado9:
Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar,
expresión ésta derivada de la voz latina "impugnare", que significa "combatir,
contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso
consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo
concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la
idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su
modificación.
(…) cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende
cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el
impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal,
injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales
como, “sí hay prueba de los hechos" u otras semejantes, puesto que aquellos
calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no
expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la
inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el
Juez en su proveído impugnado.
También la doctrina ha destacado la importancia de la carga de sustentación del
recurso de apelación, consistente en que se exponga, al menos, una razón que
contraríe las conclusiones de la providencia cuestionada para que dicha
impugnación pueda ser considerada seria, por lo que “decir apelo porque su
providencia es abiertamente ilegal, o su fallo olvidó la aplicación de la normatividad
vigente o desconoció la prueba que obra en el proceso así, en abstracto, no puede
constituir por no ser argumento serio, concreto, base para una adecuada
fundamentación10”.
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén. Con orientación similar se ha pronunciado la Sala de
Casación Laboral de dicho cuerpo colegiado. Al respecto, ver: sentencia de 29 de junio de 2006,
radicación No. 26936 y sentencia de 7 de septiembre de 2010, radicación No. 37302, M.P. Eduardo
López Villegas.
10 López Blanco, Hernán Fabio. La sustentación de la apelación en Derecho Procesal Civil. Revista
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 1985. P.P. 75-80.
10
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
También hay que resaltar que las distintas Secciones que conforman la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han prohijado la necesidad de
que el recurso de apelación debe ser adecuadamente sustentado, so pena de que
la sentencia objeto de impugnación sea confirmada por ausencia de objeto de la
censura. En tal sentido, la Sección Segunda, Subsección A, en providencia de 1 de
agosto de 201811, sostuvo:
De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte
demandada no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta
Corporación no puede resolver a su favor el recurso, en vista de que los
argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera instancia ni siquiera
fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.
En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos
tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera
instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de
la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la
impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones
diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a ordenar la indexación
de la primera mesada del demandante.
En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta
necesario no sólo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la
forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto
del fallo del a quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del ad quem y
su competencia frente al caso. Lo anterior requiere un grado de congruencia
entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo
cual, se estaría ante una trasgresión al debate jurídico y probatorio que
fundamentó la decisión del juez de primera instancia, así como la finalidad y
objeto mismo de la segunda instancia.
En esa misma línea, la Sección Cuarta consideró12:
Al respecto, la Sección13 se pronunció, reiterando que el legislador14 sometió el
requisito de sustentación del recurso de apelación «a un contenido de
suficiencia que asoció exclusivamente a la concreción de las razones de
inconformidad del apelante respecto de la providencia objeto del recurso».
En ese orden, la Sección ha expresado que «no existe una fórmula sacramental,
basta que el apelante controvierta la sentencia con argumentos que apunten a
desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia
para llevar a cabo la función revisora»15.
(…)
11 Dictada en el expediente No. 73001-23-31-000-2014-00160-01 (3026-15), C.P. William Hernández
Gómez. Cabe destacar que la Subsección B de dicha Sección también ha expuesto un criterio
similar. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de
julio de 2019, exp. 25000-23-25-000-2011-00740-01(0649-15), C.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de
octubre de 2019, exp. 24744, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
13 Auto de 20 de septiembre de 2017, exp. 22532, reiterado en sentencia de 22 de mayo de 2019,
exp. 24200, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14 Artículo 212 del CCA (Art. 247 del CPACA).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 29 de
junio de 2017, exp. 20838, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el recurso de apelación
presentado por la parte demandante no controvierte la providencia del 21 de
marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
En efecto, en dicho recurso no se discute el fundamento del fallo que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la
aseguradora (…). Con fundamento en lo expuesto y así como lo advirtió el
Ministerio Público, debido a que la recurrente no adujo motivos de
inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación
carece de objeto16. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
En términos similares, la Sección Primera expuso17:
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto
a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación
es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que
el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de
solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o
aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin
sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado
corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia
merece ser o no confirmada.
Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie la
cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme, es
necesario que en dicho recurso se expongan las razones por las cuales no se
comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el juzgador confronte
los fundamentos de la sentencia con los argumentos que sustentan la
inconformidad del apelante.
Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que se limita
a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda, tal y como
acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que confirmar la
decisión.
En ese sentido, la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los
aspectos indicados por la impugnante en su recurso, en tanto a través de ella se
ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo
cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera
instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para
efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los
puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia 18 . Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 350 del Código de
Procedimiento Civil, que establece: «El recurso de apelación tiene por objeto que el
16 En el mismo sentido, sentencia del 7 de mayo de 2014, exp. 18755, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020, exp. 25000-23-25-000-
2012-90514-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
abril de 2009, exp. 17.160. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
12
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque
o la reforme (...)»19.
En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia, el marco
fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en la providencia de primera instancia, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse
del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados
por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación
operan tanto el principio de congruencia20, como el principio dispositivo21, razón por
la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que «las pretensiones del recurrente
y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que
conoce del mismo» 22.
En este caso, la Sala reitera los criterios ya expuestos, como lo ha hecho en
múltiples oportunidades 23 , y pasa a verificar si en el caso concreto, se cuenta,
realmente, con una sustentación material suficiente de las razones por las cuales la
Rama Judicial, demandada en el proceso, cuestiona la decisión proferida en primera
instancia.
En la sentencia recurrida, la Sala del Tribunal Administrativo del Tolima, en relación
con la responsabilidad de la Rama Judicial, refirió que se encontraba probado que
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución
del recurso de apelación, providencia de 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de
la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: «De conformidad con el
principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón
por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo
impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud
del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional».
21 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: «La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin». O
como dice el tratadista Eduardo J. Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a
los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso,
Son características de esta regla las siguientes: «(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no
puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado». López Blanco, Hernán Fabio,
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá,
2005, Pág. 106.
22 Al respecto, ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
23 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de mayo
del 2014, exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 29 de noviembre de 2018, exp. 42451, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de enero del 2019,
exp. 52663, C.P. María Adriana Marín y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero del 2020, exp. 49245, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
13
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
el Juzgado 12 Civil Municipal de Ibagué decretó la medida de embargo y secuestro
del vehículo de propiedad de la ahora demandante, que en cumplimiento de la
medida decretada el vehículo había sido inmovilizado el 19 de mayo de 2003,
conforme lo informaba el oficio n.° 3287 UJ SIJIN DETOL y que en esa oportunidad
el automotor fue dejado en el parqueadero San Jorge del municipio de Ibagué.
Que el 14 de septiembre de 2004 el Juzgado 12 Civil Municipal de Ibagué levantó
la medida cautelar decretada “teniendo en cuenta que la Corte Constitucional
mediante sentencia C-039 del 27 de enero de 2004, declaró exequible el inciso 2
del art. 146 de la ley 769 de 2002”. El vehículo “fue restituido en malas condiciones
y luego de haberse instaurado denuncia penal por la pérdida del mismo”.
Concluyó que “las decisiones proferidas por la Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial-Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué y la conducta de
dicha institución en cuanto a la pérdida del vehículo particular de propiedad de la
demandante fue la causa del daño antijurídico que ésta debió soportar; por
consiguiente, el daño resulta imputable a la Nación-Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-Juzgado Doce Civil Municipal a título de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.
Frente a la posible responsabilidad de le podría corresponder al municipio de
Ibagué-Secretaría de Gobierno-Grupo de Justicia, Seguridad, orden Público y
Protección del Consumidor, manifestó que la Sala había decretado prueba de oficio
consistente en oficiar a dicho municipio para que “certifique a cargo de quién se
encontraban los parqueaderos “San Jorge” y “Colombia”, para mayo de 2003”.
Que en respuesta de dicho requerimiento el Asesor de la Oficina Jurídica de la
Alcaldía de Ibagué había suscrito el memorial del 13 de mayo de 2014 en el que “se
evidencia que no existe claridad de quién o quiénes estaban a cargo de los
parqueaderos San Jorge y Colombia para el año 2003, generando con esto la
imposibilidad de atribuir algún tipo de responsabilidad a dichas personas la cual
recaerá exclusivamente en la Rama Judicial”.
Ahora, en el memorial contentivo de la interposición y sustentación del recurso de
apelación, la Rama Judicial solicitó que se tuvieran en cuenta “los fundamentos de
hecho y de derecho” que fueron expuestos en la contestación de la demanda y las
excepciones propuestas en la misma oportunidad.
Luego procedió a transcribir apartes de la sentencia proferida el 5 de agosto de
1994, en la cual se dispuso que para poder considerarse como causa del perjuicio
14
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
reclamado la falla de la administración, ésta debe ser de tal entidad, “que teniendo
en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la
conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”.
En relación con el tema solo refirió que “el despacho judicial actuó conforme a la
normatividad legal y constitucional, por otro lado era deber de la dueña del
parqueadero guardar con sumo cuidado del vehículo que se encontraba a su
disposición”.
Acto seguido, procedió a transcribir apartes de una sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima en “un caso similar”, en el que se concluyó que
“se debió direccionar la responsabilidad contra el Municipio y Parqueadero, ya que
el demandante refiere que denunció penalmente en contra de los propietarios del
parqueadero”.
Si bien el escrito de impugnación pretende la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se derogue la condena que le fue impuesta y en su lugar
se declare responsable a la otra demandada –municipio de Ibagué-, de su lectura
no es posible extractar los motivos con los que pretende quebrar la imputación de
responsabilidad, dado que no se ocupa de demostrar por qué considera que la
conducta asumida por el Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué se desarrolló
conforme a la ley y a la Constitución, a pesar de que levantó una medida cautelar
luego de ser impuesta por encontrar que no estaba acorde con un pronunciamiento
de constitucionalidad de la Corte Constitucional y explicar el por qué a dicho
despacho judicial no le correspondía ejercer la guarda sobre el vehículo que gravó
con la medida cautelar, la que finalmente dio lugar a su inmovilización.
Tal como se dejó explicado con antelación el recurso de apelación es un mecanismo
de control de las decisiones judiciales, razón por la cual los motivos de disenso
expuestos en él deben estar íntimamente relacionados con la sustentación de la
providencia impugnada, es decir, el escrito debe atacar los fundamentos de hecho
y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en aquello que le resulte
desfavorable, es así como no es dable que se reiteren los argumentos expuestos a
lo largo de la primera instancia, dado que para el momento de interponer el recurso
de apelación ya existe una providencia que debe ser debatida con argumentos
serios y concretos y no en forma abstracta tal como sucede en el presente asunto.
Se reitera que al examinar el recurso de apelación éste no cumple con la carga de
fundamentación que se requiere, en tanto que no presenta reparos frente a los
15
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
argumentos expuestos en la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
En desarrollo de lo anterior no encuentra la Sala que la recurrente presentara
argumentos que controvirtieran o justificaran el motivo por el cual decretó la medida
de embargo y secuestro del vehículo de propiedad de la ahora demandante a pesar
de que transgredía el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional en
sentencia C- 039 de 2004, ni tampoco explicó el por qué no omitió el cumplimiento
de sus deberes de custodia, vigilancia y conservación del bien dejado a su
disposición, en este caso, el vehículo contra el cual profirió medida cautelar de
embargo y secuestro, ni tampoco justificó por qué a pesar de encontrarse bajo su
cuidado fue hallado años después en la ciudad de Pereira 24 . No adujo alguna
circunstancia o causa extraña que la relevara de la responsabilidad endilgada, sino
que simplemente guardó silencio en relación con los argumentos expuestos por el
juez de primera instancia, con lo cual, se reitera que el recurso presentado no fue
sustentado.
En el mismo sentido se observa que no sustentó la razón por la cual se debe
declarar la responsabilidad del municipio de Ibagué o de los propietarios del
parqueadero donde fue dejado el vehículo después de que la Policía Nacional diera
cumplimiento a la orden de inmovilización proferida por el Juzgado 12 Civil Municipal
de Ibagué.
Es claro entonces, que la afirmación de que no comparte la tesis mayoritaria de la
sentencia de primera instancia y la transcripción de apartes de decisiones de otros
procesos, no supone una confrontación del dicho del tribunal en relación a que
debido a la falta de claridad en la respuesta que fue remitida por el asesor de la
oficina jurídica del municipio de Ibagué, la responsabilidad debía recaer
“exclusivamente en la Rama Judicial”.
En relación con el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de daño
emergente, el recurso de apelación no hizo apreciación alguna.
Con lo hasta aquí expuesto es claro que, la parte recurrente no cumplió con la carga
argumentativa para sustentar la impugnación, en tanto que no expuso los motivos
por los cuales no comparte las argumentaciones planteadas por el a quo.
24 Se debe resaltar que aunque la demanda se presentó por pérdida del vehículo, durante el trámite
del proceso, el 20 de agosto de 2009, le fue devuelto a la demandante por haber sido encontrado en
la ciudad de Pereira, en muy malas condiciones (fls. 116-135 c. 1).
16
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
En conclusión, ante la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del
recurso de alzada propuesto por la Rama Judicial, parte demandada en el proceso,
al simplemente limitarse a expresar sus consideraciones de forma vaga e imprecisa,
sin traer a colación argumentos para desvirtuar la presunción de acierto de la
decisión adoptada por el Tribunal de primera instancia, esta Subsección deberá
confirmar la sentencia de 2 de septiembre de 2014, tal como lo dispondrá en el
acápite resolutivo de esta providencia.
4. Asunto final
Dado que la sentencia impugnada, proferida el 2 de septiembre de 2014, impuso
una condena económica por concepto de daño emergente, la Sala considera
necesario actualizar dicha suma dineraria, con el fin de mantener el valor del dinero
en el tiempo, para lo cual se procederá a aplicar la siguiente fórmula:
R = RH Índice Final
Índice Inicial
R = 2´526.000 119.3125
82.0126
R = $3´674.882
5. Costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay lugar
a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea
temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable,
o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente
dilatorio”27. En el caso concreto, no advierte la Sala comportamiento temerario de
ninguna de las partes en sus actuaciones procesales. Por lo tanto, la Sala se
abstendrá de ordenar condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
25 El correspondiente a junio de 2022.
26 El correspondiente a septiembre de 2014.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, expediente 10.775, C.P.
Ricardo Hoyos Duque.
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Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00587-01 (52803)
Actor: Esperanza Beltrán Ibáñez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué
Referencia: Acción De Reparación Directa
FALLA
Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 de
septiembre de 2014, la que una vez actualizada la suma de la condena impuesta
queda así:
Primero: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio de Ibagué.
Segundo: Condenar a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a pagar a Esperanza Beltrán Ibáñez, la suma de tres
millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte
($3´674.882), por concepto de daño emergente.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a
las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y
con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de
febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al
apoderado judicial que ha venido actuando.
Quinto: Sin condena en costas.
Sexto: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección devolver
el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
18
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