Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-31-000-2008-00604-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
13 de junio de 2016
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicado como autor de delito de homicidio / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA - Por señalarse por un declarante al homónimo del demandante como responsable de la muerte que se investigó penalmente / SENTENCIA ABSOLUTORIA - En virtud de fallo de tutela proferido a favor del demandante en el que determinó que el proceso penal se adelantó en contra de un homónimo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Por falla del servicio por error jurisdiccional al haber condenado a un homónimo / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Existente al acreditar que no cometió delito endilgado
Para la Sala resulta claro que el juez de tutela ordenó la libertad inmediata del señor Dídier Romero y decretó la nulidad de todas las actuaciones surtidas en su contra, toda vez que el aquí demandante no cometió el delito de homicidio por el cual fue condenado, ya que tanto la fase de investigación como la de juzgamiento adelantadas por la muerte del señor Jeremías García Montero fueron surtidas en contra de un homónimo y no frente al verdadero responsable del hecho punible. Dicha situación, que en principio daría lugar al análisis y aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, por ser uno de los supuestos que en su momento consagró el derogado Decreto 2700 de 1991, no le impide a la Sala analizar un régimen de responsabilidad por falla del servicio, máxime cuando en el asunto bajo estudio se encuentra acreditado un error jurisdiccional por parte de las entidades demandadas. En efecto, en el sub lite se encuentra acreditada una falla del servicio respecto de todo el proceso penal, desde la decisión que ordenó vincular a la investigación al señor Dídier Romero; circunstancia que se infiere del análisis realizado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, la cual concluyó, de forma contundente, que existieron serias irregularidades, tanto en la fase de instrucción como en la de juzgamiento, por parte de la Fiscalía 29 Seccional de Purificación y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de dicha ciudad, toda vez que en ambas instancias se omitió realizar una correcta identificación e individualización de la persona que cometió el hecho punible, llevando a juzgar a una persona inocente. (…) Se vislumbra entonces que el sustento de la vinculación del hoy demandante a dicho proceso penal lo constituyó única y exclusivamente el hecho de llamarse Dídier Romero, sin que por parte de los entes encargados en cada fase del proceso penal se advirtiera algún grado de diligencia para corroborar que sí se trataba del autor del delito. (…) Adicionalmente, no se acreditó en el proceso que el sindicado hubiere dado lugar con su conducta a la privación de la libertad, como tampoco que se hubiere presentado, en este caso, alguno de los eventos de exoneración de la endilgada responsabilidad de la entidad demandada, pues en este caso es más que evidente que al aquí demandante se le vinculó, se le condenó penalmente y se le privó de su libertad por una conducta punible frente a la cual nada tuvo que ver, en tanto que fue completamente ajeno a los hechos, situación que de entrada descarta cualquier posibilidad de que se predique una culpa exclusiva de la víctima. (…) Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, forzoso resulta concluir que el demandante no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal, de ahí que el daño a él irrogado se torne en anormal e injusto, por la falla del servicio presentada y nazca la correlativa obligación de reparar en cabeza de las entidades demandadas. En ese orden de ideas, al no asistirle razón a las entidades apelantes, se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por el daño que padeció el señor Dídier Romero.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00604-01(38538)
Actor: DIDIER ROMERO Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No cometió el delito - Falla del servicio por error jurisdiccional al haber condenado a un homónimo.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia fechada el 15 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
“PRIMERO. NEGAR las excepciones propuestas por los entes demandados, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.
“SEGUNDO. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de los entes demandados FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL, por el ERROR JUDICIAL cometido, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
“TERCERO. EN CONSECUENCIA a lo anterior, CONDÉNESE a las entidades demandadas Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a cancelar las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales y materiales causados a los demandantes que seguidamente se relacionan:
“Por daño moral:
“Para DÍDIER ROMERO reconocimiento por este concepto de CUARENTA (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para LIDA MARGOT MURILLO HERNÁNDEZ (Compañera permanente) 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para MAURICIO ROMERO MURILLO (Hijo) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para DERLY ROMERO MURILLO (Hija) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para DIANA CAROLINA ROMERO MURILLO (Hija) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para OLINDA ROMERO (Progenitora) 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“PERJUICIOS MATERIALES
“LUCRO CESANTE DEBIDO O CONSOLIDADO
“Para DÍDIER ROMERO la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CTE. ($772.500,00).
“Para LIDA MARGOT MURILLO HERNÁNDEZ, la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CTE ($193.125,00).
“Para MAURICIO ROMERO MURILLO, DERLY ROMERO MURILLO y DIANA CAROLINA ROMERO MURILLO la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CTE ($193.125,00), para cada uno”.
“CUARTO. Sin costas”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante escrito presentado 16 de enero de 2007, los señores Dídier Romero, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Mauricio Romero Murillo, Derly Romero Murillo y Diana Carolina Romero Murillo; Olinda Romero Campos y Lida Margot Murillo Hernández, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el señor Dídier Romero dentro de un proceso penal adelantado en su contra.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de cada uno de los demandantes.
Finalmente, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pidieron que se condenara a pagar la suma de $3’000.000 en favor del señor Dídier Romero, en razón del dinero que dejó de percibir como latonero y pintor de vehículos automotores.
2. Los hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que el 25 de abril de 1997 en el establecimiento “Fantasía 2000” de la vereda Montoso, en Prado - Tolima, el señor Jeremías García murió a manos de un señor a quien identificaron como Dídier Romero (alias mueble fino), quien huyó del lugar de los hechos, iniciándose por parte de la Fiscalía la investigación penal correspondiente.
Se relató que, mediante providencia de 21 de septiembre de 1998, la Fiscalía 29 Seccional de Purificación, previa declaración de persona ausente del señor Dídier Romero, resolvió su situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva y libró las correspondientes órdenes de captura; más adelante profirió resolución de acusación en su contra por el delito de homicidio.
Según se indicó en la demanda, una vez concluida la etapa de instrucción, el Juzgado Penal del Circuito de Purificación, a través de sentencia fechada el 18 de diciembre de 2000, juzgando como reo ausente al procesado, lo encontró culpable del delito de homicidio, condenándolo a 30 años de prisión.
Por último, se relató que el señor Dídier Romero fue capturado el 11 de septiembre de 2005 y fue trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá de donde salió en libertad el 12 de diciembre de 2005, en razón del fallo de tutela proferido a su favor por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, por medio del cual se decretó la nulidad de todas las actuaciones del proceso penal adelantado en su contra, por cuanto se había investigado y juzgado a un homónimo.
3. Trámite de primera instancia
La demanda así presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 18 de noviembre de 2008, providencia debidamente notificada a la Nación – Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.
4. Las contestaciones de la demanda
4.1 La Nación - Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Respecto de los hechos manifestó que eran totalmente ajenos a ella.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y señaló que de encontrar responsable al Estado por la privación de la libertad que padeció el señor Dídier Romero, la única llamada a responder sería la Fiscalía General de la Nación, toda vez que dicha entidad tuvo a su cargo la fase de instrucción y, por ende, a ella le correspondía realizar la plena identificación de los investigados.
4.2 La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, señaló que se atenía a las resultas del proceso.
Como razones de su defensa manifestó que no le asistía razón al demandante, dado que la actuación por ella desplegada se enmarcó dentro de la Constitución Política y la ley y que, por tanto, no se encontraban estructurados los elementos de la responsabilidad para condenar a dicha entidad.
Asimismo, sostuvo que si bien la investigación penal por homicidio se adelantó en contra de señor Dídier Romero en calidad de reo ausente, la Fiscalía es un sujeto procesal más en la etapa de juzgamiento y el juez de conocimiento era quien tenía el deber de verificar que las actuaciones del ente investigador fueran acordes con la realidad.
4.3 Concluido el período probatorio, mediante proveído de 30 de julio de 2009, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia de 15 de febrero de 2010, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, imputándole el daño a las entidades demandadas bajo la consideración de que tanto el ente investigador como el de juzgamiento incurrieron en un error jurisdiccional, al omitir las actuaciones necesarias para lograr la plena identificación e individualización de la persona que estaban investigando, situación que condujo a condenar a una persona inocente.
6. El recurso de apelación
Inconformes con la decisión de primera instancia, las entidades públicas condenadas interpusieron sendos recursos de apelación. Como argumentos de su oposición indicaron los siguientes:
6.1 La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en su contestación. Manifestó que la homonimia presentada en el caso concreto no fue producto del capricho de sus funcionarios, sino un asunto de debate probatorio, el cual no fue posible desatar sino hasta la detención del aquí demandante, por lo que, al no existir culpa “como nexo causal relacionado con una conducta caprichosa, arbitraria o ilegal del Fiscal Delegado ante el Juez Penal del Circuito de Purificación” deberían denegarse las pretensiones de la demanda.
6.2 Por su parte, la Rama Judicial señaló que en el presente caso existía una sentencia debidamente ejecutoriada en contra del demandante, por lo que la detención de la que fue objeto no fue injusta, radicando en cabeza del capturado el deber de demostrar que él no era realmente la persona que estaban buscando.
7. El trámite de segunda instancia
Los recursos así presentados fueron admitidos mediante auto de 12 de noviembre de 2010. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, oportunidad procesal en la cual los sujetos procesales guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) valoración probatoria y análisis del caso concreto: la responsabilidad de las entidades demandadas por la privación injusta de la libertad del señor Dídier Romero; 5) actualización de condena y 6) procedencia o no de la condena en costas.
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Dídier Romero, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia del 15 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En el presente caso, encuentra la Sala que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al hecho que le da origen a la alegada responsabilidad de las entidades demandadas, dado que el fallo de tutela del 6 de diciembre de 2005, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, por medio del cual se ordenó la libertad del señor Dídier Romero y se declaró la nulidad de todas las actuaciones judiciales desplegadas en su contra, quedó en firme el 12 de diciembre de 2005 y la demanda se interpuso el 16 de enero de 2006.
Lo anterior, toda vez que fue en virtud de esta providencia que quedaron en evidencia los yerros en los que incurrieron las autoridades, investidas tanto de la facultad de instrucción como la de juzgamiento, en el proceso penal adelantado por la muerte del señor Jeremías García Montero, en tanto que en ella se demostró que se investigó y se juzgó a un homónimo y no al verdadero autor del delito.
Es decir, que fue a partir del referido fallo de tutela que se logró determinar el error judicial que sirve de fundamento en este caso, tal y como se expondrá más adelante, para que se confirme la responsabilidad de las entidades demandadas bajo el título de imputación de falla del servicio.
4. Valoración probatoria y análisis del caso concreto
Una vez revisado el expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
• El 25 de abril de 1997, en el establecimiento “Fantasía 2.000” de la vereda Montoso, en Prado - Tolima, fue encontrado muerto el señor Jeremías García Montero como consecuencia de las heridas en su cuerpo, causadas por arma corto punzante.
• Iniciada la investigación penal correspondiente, mediante proveído de 27 de mayo de 1997, la Fiscalía 29 Seccional de Purificación ordenó, entre otras cosas, escuchar en declaración a los posibles testigos de los acontecimientos y oficiar al cuerpo técnico de investigación para que delegara a un agente investigador.
• Escuchados los testigos Benjamín González Hernández, Jéfferson Augusto Garzón, José Yesid Grimaldo y Guillermo Lasso Ramírez, a través de providencia del 8 de agosto de 1997, el ente investigador ordenó librar misión de trabajo al CTI para que identificara al señor Dídier N. (alias mueble fino), persona señalada por el último de los declarantes como el responsable de la muerte del occiso, el cual, de acuerdo con los informes presentados por el investigador del cuerpo técnico de investigación, fue descrito así:
“Sobre DÍDIER ROMERO, se ha logrado conocer que se identifica con la c.c. No. 5.892.885 de Dolores – Tolima, que tiene aproximadamente 38 años de edad, hijo de JAIRO ROMERO, DÍDIER reside en la vereda La Soledad de Dolores y que son conocidos con el alias de ‘MUEBLE FINO’”.
“En lo concerniente a la identificación de Dídier N. alias ‘Mueble Fino’ de acuerdo a las pesquisas adelantadas se pudo establecer la identidad del referido así: DÍDIER ROMERO, c.c. No. 5´892.885 expedida en Dolores, nacido el 13 de noviembre de 1.956 en Bogotá, 40 años de edad, alfabeta, estatura 1.60 mts, agricultor, hijo de JAIRO ROMERO, residente en la vereda La Soledad de Dolores, conocido como ‘mueble fino’. Anexo al presente fotocopia de la tarjeta de preparación de Dídier Romero, aportada por la Registraduría del Estado Civil de Dolores”. (Se destaca).
• Con fundamento en las anteriores diligencias, por medio de providencia calendada el 21 de noviembre de 1997, la Fiscalía 29 Seccional de Purificación ordenó la vinculación del señor Dídier Romero -identificado con cédula de ciudadanía 5’892.885- mediante diligencia de indagatoria y dispuso librar las correspondientes órdenes de captura.
• Mediante providencia del 27 de enero de 1997, el ente investigador, al no haber podido conseguir la presentación del sindicado para rendir indagatoria y previo el emplazamiento del mismo, declaró persona ausente al señor Dídier Romero, procediendo a resolver su situación jurídica a través de proveído del 21 de septiembre de 1998, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva.
• Más adelante, mediante providencia de 23 de noviembre de 1998, la referida Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del señor Dídier Romero, en calidad de autor del delito de homicidio en la persona de Jeremías García Montero.
• A través de sentencia fechada el 18 de diciembre de 2000, el Juzgado Penal del Circuito de Purificación, juzgando como persona ausente al señor Dídier Romero, lo encontró culpable del delito de homicidio, condenándolo a treinta (30) años de prisión.
• En virtud de la anterior condena, fue privado de su libertad el 11 de septiembre de 2005, por parte las autoridades de Policía de Fusagasugá, quienes al realizar controles de rutina, encontraron que sobre el señor Dídier Romero se encontraba vigente una orden de captura por el delito de homicidio, siendo trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá.
• No obstante lo anterior, el señor Dídier Romero salió en libertad el 13 de diciembre de la misma anualidad, en virtud del fallo de tutela proferido a su favor por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, en el cual, además de haberse demostrado que el proceso penal llevado a cabo por la muerte del señor Jeremías García Montero se adelantó en contra de un homónimo, se declaró la nulidad de todas las actuaciones judiciales llevadas a cabo en su contra, desde la declaratoria de persona ausente, y se ordenó la reapertura de la etapa investigativa para dar con el paradero del verdadero responsable.
• Una vez reanudada la etapa de instrucción, la Fiscalía Seccional de Purificación no logró identificar e individualizar plenamente al autor material del delito, razón por la cual, a través de providencia del 4 de abril de 2006, el ente investigador profirió resolución inhibitoria de la acción penal respectiva.
• Ahora bien, las razones expuestas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué para tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa del señor Dídier Romero fueron las siguientes:
“En este orden observa la Sala, que resulta procedente y necesaria la acción de tutela interpuesta en este caso por el señor DÍDIER ROMERO, quien se halla interno en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá (Cundinamarca), para la protección constitucional inmediata y efectiva de sus derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, los cuales aparecen vulnerados por la Fiscalía 29 Seccional de Purificación (Tolima) y el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad, al iniciar y adelantar la primera de las citadas autoridades, la investigación penal, al igual que al calificar el mérito de la misma, contra una persona indeterminada, o por lo menos no identificada plenamente, como quiera que solamente fue conocida en un comienzo como DÍDIER N., y luego como DÍDIER ROMERO, y al proferir sentencia en contra de la misma la segunda de las mencionadas autoridades, condenándolo entre otras, a la pena principal privativa de la libertad de treinta (30) años de prisión, como autor responsable de la conducta punible de ‘homicidio’, sin haberse establecido la identificación e individualización de aquella persona, circunstancia esta que dio lugar a que fuese capturado el aquí demandante en la población de Icononzo (Tolima), relacionándose con dicho sentenciado, sin otra fórmula de juicio que la de llevar el mismo nombre de aquél.
“Por lo mismo resulta pertinente la pretensión del aludido demandante en el sentido de que le proteja el derecho fundamental al debido proceso, y como consecuencia de ello se declare la nulidad de la actuación procesal adelantada por las señaladas autoridades judiciales (Fiscalía 29 Seccional de Purificación y Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad), en el proceso adelantado contra DÍDIER N.: DÍDIER ROMERO, dentro del cual se dictó sentencia el 18 de diciembre de 2000, (…) puesto que realmente no se percibe que la persona condenada tenga alguna relación con el demandante, señor DÍDIER ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía 5.892.885 expedida en Dolores, cuyos datos fueron extraídos de la tarjeta decadactilar allegada por el CTI al proceso, el cual fue capturado como resultado exclusivo de la sentencia, pero sin que en la fase del proceso se hubiese realizado la menor diligencia orientada a establecer la real identificación e individualización de la persona ejecutora de la conducta punible.
“En verdad, en aquel proceso no se realizó ninguna actividad por parte de la Fiscalía 29 Seccional, ni el Juzgado de Conocimiento tendiente a constatar que la persona señalada como Dídier N. o Jairo Romero(sic), fuese realmente hijo de Jairo Romero, residente en la vereda ‘La Soledad’ del municipio de Dolores, conocido en la región como ‘mueble fino’ y para establecer sus condiciones personales, sociales y demás factores que lo particularicen e individualicen de manera inconfundible, labor sencilla que no presentaba ninguna dificultad probatoria, teniendo en cuenta los aspectos consignados en dicho proceso” (Se destaca).
Así las cosas, de conformidad con los hechos expuestos en precedencia, para la Sala resulta claro que el juez de tutela ordenó la libertad inmediata del señor Dídier Romero y decretó la nulidad de todas las actuaciones surtidas en su contra, toda vez que el aquí demandante no cometió el delito de homicidio por el cual fue condenado, ya que tanto la fase de investigación como la de juzgamiento adelantadas por la muerte del señor Jeremías García Montero fueron surtidas en contra de un homónimo y no frente al verdadero responsable del hecho punible.
Dicha situación, que en principio daría lugar al análisis y aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, por ser uno de los supuestos que en su momento consagró el derogado Decreto 2700 de 1991, no le impide a la Sala analizar un régimen de responsabilidad por falla del servicio, máxime cuando en el asunto bajo estudio se encuentra acreditado un error jurisdiccional por parte de las entidades demandadas.
En efecto, en el sub lite se encuentra acreditada una falla del servicio respecto de todo el proceso penal, desde la decisión que ordenó vincular a la investigación al señor Dídier Romero; circunstancia que se infiere del análisis realizado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, la cual concluyó, de forma contundente, que existieron serias irregularidades, tanto en la fase de instrucción como en la de juzgamiento, por parte de la Fiscalía 29 Seccional de Purificación y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de dicha ciudad, toda vez que en ambas instancias se omitió realizar una correcta identificación e individualización de la persona que cometió el hecho punible, llevando a juzgar a una persona inocente.
En ese sentido, resalta la Sala que el Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos -Decreto 2700 de 1991-, estableció en varias de sus disposiciones la necesidad de que en cada una de sus etapas, tanto en fase investigativa como en la del juzgamiento, se tuviera la certeza de la plena identificación e individualización del presunto autor del delito.
Así pues, una de las finalidades de la investigación previa adelantada por la Fiscalía era, precisamente, la de “practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad” .
De igual forma, frente a la imposibilidad de vincular al proceso penal a una persona mediante indagatoria, el artículo 356 de dicha normativa fue claro en señalar que cuando se fuere a declarar a una persona ausente, estaba completamente prohibido proceder a emplazar a aquella que no estuviere plenamente identificada.
Por otra parte, respecto del contenido de las sentencias dictadas en procesos penales, el artículo 180 del aludido Código de Procedimiento Penal establecía lo siguiente:
“ARTICULO 180. Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:
1. Un resumen de los hechos investigados.
2. La identidad o individualización del procesado.
3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.
5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.
6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios.
7. La condena a las penas principal y accesorias que correspondan, o la absolución.
8. La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar.
9. La suspensión condicional de la sentencia, si fuere procedente” (Se destaca).
De lo anterior resulta claro que era deber, tanto de la Fiscalía 29 Seccional de Purificación como del Juzgado Penal del Circuito de dicho municipio, examinar y cotejar todas las piezas procesales recaudadas con el fin de verificar y tener plena certeza de la identidad del autor del hecho punible, así como también, que se hubieren satisfecho, tanto material como formalmente, todos los requisitos legales para dictar sentencia; sin embargo, en el presente asunto, tanto el ente investigador como el juez de conocimiento, encontraron plenamente identificado a Dídier N. (alias mueble fino) con el señor Dídier Romero, sin advertir la grave inconsistencia respecto de la identificación e individualización del procesado declarado como persona ausente.
Situación que ocurrió porque tanto el Fiscal que vinculó al proceso al hoy demandante como el Juez que lo condenó a 30 años de prisión dieron por sentado que el autor del hecho punible era la persona identificada como Dídier Romero, con cédula de ciudadanía 5’892.885, de conformidad con la tarjeta decadactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que por parte de alguno de ellos se realizara alguna actuación tendiente a constatar que efectivamente ello era así.
De acuerdo con lo anterior, se vislumbra entonces que el sustento de la vinculación del hoy demandante a dicho proceso penal lo constituyó única y exclusivamente el hecho de llamarse Dídier Romero, sin que por parte de los entes encargados en cada fase del proceso penal se advirtiera algún grado de diligencia para corroborar que sí se trataba del autor del delito.
Todo el panorama expuesto pone en evidencia que la privación de la libertad del señor Dídier Romero supuso la materialización de lo que ha sido denominado por la jurisprudencia y doctrina alemana como “el error craso”, teoría a partir de la cual se permite inferir una falla del servicio ante la constatación de un daño grosero, desproporcionado, y flagrante.
La anterior conclusión respecto de la privación injusta de la libertad del señor Dídier Romero, guarda relación también con las declaraciones realizadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en la sentencia que tuteló sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, pues si se hubiera adelantado de manera correcta el proceso penal, se habrían podido percatar que la persona que estaban juzgando no correspondía con el señalado por los testigos como autor de la muerte del señor Jeremías García Montero, poniendo de presente el descuido y la negligencia con que se adelantó el proceso penal en contra del hoy demandante.
En ese orden de ideas, en el caso bajo estudio no cabe duda de que la restricción de la libertad que padeció el señor Dídier Romero se produjo con ocasión de un error jurisdiccional -error de hecho-, al no haber identificado e individualizado al verdadero responsable del hecho ilícito, circunstancia que conllevó a que se condenara a una persona inocente, lo cual sólo se aclaró con las pruebas aportadas durante el trámite de la acción de tutela.
Se precisa, además, que si bien es cierto que existieron irregularidades en el trámite de la actuación penal, en punto de una debida identificación del verdadero autor del delito, lo cual podría confirmar un defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial, no es menos cierto que todas esas deficiencias terminaron incidiendo, o mejor, quedaron contenidas en diversas decisiones, como por ejemplo la declaratoria de persona ausente, la que definió la situación jurídica, la resolución de acusación y, en especial, en aquella providencia que condenó penalmente al actor, cuestión que permite sostener, como previamente se advirtió, que la responsabilidad patrimonial que le asiste a la parte demandada deviene de un error jurisdiccional.
Al respecto, esta Sala ha sostenido:
“La Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se incurre al dictar providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria” (se destaca).
Adicionalmente, no se acreditó en el proceso que el sindicado hubiere dado lugar con su conducta a la privación de la libertad, como tampoco que se hubiere presentado, en este caso, alguno de los eventos de exoneración de la endilgada responsabilidad de la entidad demandada, pues en este caso es más que evidente que al aquí demandante se le vinculó, se le condenó penalmente y se le privó de su libertad por una conducta punible frente a la cual nada tuvo que ver, en tanto que fue completamente ajeno a los hechos, situación que de entrada descarta cualquier posibilidad de que se predique una culpa exclusiva de la víctima.
Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, forzoso resulta concluir que el demandante no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal, de ahí que el daño a él irrogado se torne en anormal e injusto, por la falla del servicio presentada y nazca la correlativa obligación de reparar en cabeza de las entidades demandadas.
En ese orden de ideas, al no asistirle razón a las entidades apelantes, se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por el daño que padeció el señor Dídier Romero.
5. Actualización de condena
5.1 Perjuicios morales
Toda vez que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de este tipo de perjuicio y que ello no fue objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de apelación, la Sala mantendrá el monto concedido a cada uno de los demandantes, toda vez que fue otorgado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a saber:
Demandante
S.M.L.MV.
Dídier Romero
40 S.M.L.M.V.
Lida Margot Murillo Hernández
30 S.M.L.M.V.
Mauricio Romero Murillo
20 S.M.L.M.V.
Derly Romero Murillo
20 S.M.L.M.V.
Diana Carolina Romero Murillo
20 S.M.L.M.V.
Olinda Romero
30 S.M.L.M.V.
5.2 Perjuicios materiales
Teniendo en cuenta que este punto no fue objeto de cuestionamiento alguno por la parte demandada, la Sala se limitará a actualizar el rubro por lucro cesante concedido, sin que ello implique en modo alguno la afectación de la garantía de la no reformatio in pejus. Entonces, la fórmula aplicable es la siguiente:
• Para Dídier Romero:
Ra = $772.500 Índice final – mayo 2016 (131.95) = $984.368
Índice inicial – febrero 2010 (103.55)
• Para Lida Margot Murillo Hernández:
Ra = $193.125 Índice final – mayo 2016 (131.95) = $246.092
Índice inicial – febrero 2010 (103.55)
• Para Mauricio Romero Murillo:
Ra = $193.125 Índice final – mayo 2016 (131.95) = $246.092
Índice inicial – febrero 2010 (103.55)
• Para Derly Romero Murillo:
Ra = $193.125 Índice final – mayo 2016 (131.95) = $246.092
Índice inicial – febrero 2010 (103.55)
• Para Diana Carolina Romero Murillo:
Ra = $193.125 Índice final – mayo 2016 (131.95) = $246.092
Índice inicial – febrero 2010 (103.55)
Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para cada uno de los demandantes:
Demandante
Total lucro cesante
Dídier Romero
$984.368
Lida Margot Murillo Hernández
$246.092
Mauricio Romero Murillo
$246.092
Derly Romero Murillo
$246.092
Diana Carolina Romero Murillo
$246.092
6. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia fechada el 15 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así:
“TERCERO. COMO CONSECUENCIA de lo anterior, CONDÉNESE a las entidades demandadas Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a cancelar las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales y materiales causados a los demandantes que seguidamente se relacionan:
“Por daño moral:
“Para DÍDIER ROMERO reconocimiento por este concepto de CUARENTA (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para LIDA MARGOT MURILLO HERNÁNDEZ (Compañera permanente) 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para MAURICIO ROMERO MURILLO (Hijo) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para DERLY ROMERO MURILLO (Hija) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para DIANA CAROLINA ROMERO MURILLO (Hija) 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para OLINDA ROMERO (Progenitora) 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“PERJUICIOS MATERIALES
“LUCRO CESANTE DEBIDO O CONSOLIDADO
“Para DÍDIER ROMERO la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CTE ($984.368).
“Para LIDA MARGOT MURILLO HERNÁNDEZ, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CTE ($246.092).
“Para MAURICIO ROMERO MURILLO, DERLY ROMERO MURILLO y DIANA CAROLINA ROMERO MURILLO la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CTE ($246.092) para cada uno”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 351 y 352 del cuaderno principal. Folio 357 del cuaderno principal. Folio 358 del cuaderno principal. Folio 352 del cuaderno principal. Folio 402 del cuaderno principal. Folios 404 – 411 del cuaderno principal. Folios 466 – 469 del cuaderno principal. Folios 494 – 496 del cuaderno principal. De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 9. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Toda vez que el referido fallo de tutela no fue impugnado dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el mismo quedó en firme el 12 de diciembre de 2005. Folios 54 – 64 del cuaderno principal
Folio 84 del cuaderno principal. De conformidad con el acta de levantamiento de cadáver, la necropsia realizada al occiso y el certificado de defunción del señor Jeremías García Montero. Folios 102 y 110-114 del cuaderno principal. Folio 105 del cuaderno principal. Folios 125-126 del cuaderno principal. Folios 127-128 del cuaderno principal. Folios133–137 del cuaderno principal.
“(…) PREGUNTADO: Sírvase decirle a la Fiscalía bajo la gravedad del juramento, qué le consta a usted en relación a la muerte del señor Jeremías García Montero, entiendo que para la fecha de los autos usted se encontraba con él. CONTESTÓ: Yo llegué con un amigo José Yesid Galindo, lo invité a tomar una cerveza, en eso pasó Jeremías y Benjamín González, entonces los llamé a ver qué querían tomar, nos tomamos varias cervezas, llegó Jeremías como a las 7:00 de la noche y nos dijo que pidiéramos una canasta y cada uno sacó lo que correspondía y la compramos, cuando en esas llegó el agresor, el que lo mató un señor Dídier N, tengo entendido que es de la Soledad del municipio de Dolores, me parece que el papá de este señor se llama Jairo, tenían finca en la Soledad, pero como que la vendieron y no sé el paradero de ellos; este señor es soltero; es de una estatura de 1:75 mts, piel morena, cari redondo, cuerpo normal, de nariz corta, boca pequeña, orejas medias. Se continua con el relato, cuando Dídier llegó se saludó con José Yesid y él le ofreció una cerveza, me paré y les dije nos vamos y fui a donde el cantinero cuanto(sic) se debía, entonces le pregunté(sic) que no se debía nada, cuando en eso el cantinero me dijo al cual(sic) no sé cómo se llama, que qué era lo que había sonado afuera, entonces salimos y lo que había sonado era la puerta cuando él cayó ya puñaleado. De eso no sé nada más (…) PREGUNTADO: Dígale al despacho que si el tal Dídier N tiene algún apodo o alias. CONTESTÓ: Tengo entendido que le dicen “mueble fino”. (Se destaca). Folios 122 -123 del cuaderno principal. Informe ULP-CTI No. 497 de 3 de octubre de 1997. Folio 139 del cuaderno principal. Informe UL- CTI No. 0513 de 14 de octubre de 1997. Folio 153 del cuaderno principal. Providencia de 21 de noviembre de 1997, mediante la cual, además de la vinculación del señor Dídier Romero a través de indagatoria, se libraron las correspondientes órdenes de captura en su contra. Visible a folio 157 del cuaderno principal.
“EL SUSCRITO SECRETARIO JUDICIAL DE LA UNIDAD SECCIONAL DE FISCALÍAS DE PURIFICACIÓN – TOLIMA, POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO, LLAMA, CITA Y EMPLAZA a DÍDIER ROMERO, alias ‘mueble fino’ con C.C. 5.982.885 expedida en Prado – Tolima, nacido el 13 de noviembre de 1956 en Bogotá, agricultor, alfabeto, residente en la Vereda La Soledad o El Café de las Pavas del municipio de Dolores. Rasgos físicos: 1,60 de estatura, 41 años de edad y como señales visibles: le falta dedos medio y anular mano derecha y cicatriz en pulgar mano derecha (…)”. (Se resalta). Folio 185 del cuaderno principal. Folio 188 del cuaderno principal. Providencia de 21 de septiembre de 1998 visible a folios 193 – 197 del cuaderno principal.
Visible a folios 183 - 189 del cuaderno principal. Folios 258 - 165 del cuaderno principal. Oficio II-02-00191-Ho de 12 de septiembre de 2005, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mediante el cual se libró boleta de encarcelación en contra del condenado capturado Dídier Romero ante la Dirección de Penitenciaría Nacional de Fusagasugá y se cancela la orden de captura No. 0403463 en su contra. Folio 285 del cuaderno principal. Constancia de 29 de julio de 2009, emitida por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá, en donde certifica que el señor Dídier Romero salió en libertad el 13 de diciembre de 2005. Folio 403 del cuaderno principal. Mediante providencia del 26 de enero de 2006, se avocó conocimiento nuevamente del sumario y se libró misión de trabajo al CTI de la localidad para que, a través de labores de inteligencia se estableciera claramente la verdadera identificación del presunto autor del homicidio del señor Jeremías García Montero (folio 320 del cuaderno principal); posteriormente, a través de providencia del 15 de febrero de 2006, con el fin de darle impulso a la investigación, el ente instructor ordenó citar a diligencia de declaración a los señores Benjamín González Hernández, Yeferson Garzón, Guillermo Lasso Ramírez y José Yesid Millan para que aportaran mayor información sobre la verdadera identidad del sindicado; igualmente, se comisionó al CTI de la localidad para que, entre la población del municipio de Dolores, ahondara sobre la identificación del mismo (folio 320 del cuaderno principal). Folios 328 – 330 del cuaderno principal. Folios 54 – 64 del cuaderno principal. Artículo 319 del Decreto 2700 de 1991. Finalidades de la investigación previa.
“Artículo 356. Emplazamiento para indagatoria. Cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir indagatoria, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante cinco días en un lugar visible del despacho. Si vencido este plazo no hubiere comparecido, se le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio. En ningún caso podrá emplazarse a persona que no esté plenamente identificada (…)”. (Se resalta). Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960. M.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia 15 de abril de 2010, exp. 17507. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A Sentencia 15 de abril de 2015, exp. 30939. M.P. Hernán Andrade Rincón (E). IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (mayo de 2016). Se hace la precisión de que se toma el IPC de mayo, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de junio, habida cuenta de que tales cifras se publican una vez termine el mes, es decir, por mes vencido. IPC vigente a la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, esto es, 15 de febrero de 2010.
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