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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00644-01

Fecha
30 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2008-00644-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 24 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Tolima en la que se declaró la caducidad de la acción de reparación directa y, en su lugar: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-31-000-2008-00644-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

30 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022

Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – daños derivados de presentación de denuncia
penal y consecuente investigación – incumplimiento de la carga de la prueba

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por la presentación de una
denuncia penal y la consecuente investigación que culminó con la absolución del
investigado, en aplicación del principio in dubio pro reo.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 24 de julio de 2015, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Tolima declaró la caducidad de la
acción.

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación en
este proceso de doble instancia, por haberse interpuesto en vigencia de la
Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos relacionados con la administración de justicia1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de mayo de 20072, Julio César Molina Sánchez, en nombre
propio y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó

1 La Ley 270 de 1996 en su artículo 73 fijó la competencia funcional para conocer de estos asuntos en primera

instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin
consideración a la cuantía: Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de
2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. Adicionalmente, el Reglamento Interno de esta Corporación Judicial
[Acuerdo No. 080 de 2019], en su artículo 13, relativo a los asuntos distribuidos a la Sección Tercera, en el numeral 7°
señaló: “Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se
refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996”.
2 Folio 58 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – otro
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca sentencia que declaró la caducidad y niega
pretensiones
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demanda contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la
Nación, en la que solicitaron (se trascribe):

“1. Que se declare que existió una RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR
JUDICIAL A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE
LA FISCALIA 57 SECCIONAL DE IBAGUÉ, por haber actuado de manera ilegal y
expedir una resolución sin el cumplimiento de los requisitos legales, la resolución de
acusación que se profirió contra el señor JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ por la
conducta punible de peculado culposo.

2.Que se declare que existió una RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN, ya
que el juez primero penal del circuito en cabeza de la doctora Doris Aydee Puentes
de la Torre, omitió el deber de investigar en el archivo del juzgado si se encontraban
los bienes que se había ordenado devolver al procesado, antes de haber formulado
una denuncia por intermedio de su secretario y haber sometido a mi mandante a
un desgaste judicial que lo único que hizo, fue ocasionar sendos perjuicios morales
a mi prohijado el señor JULIO CESAR MOLINA.”

2. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones,
adujeron:

3. 1) El Juzgado 1 Penal del circuito de Ibagué inició una investigación
penal en contra de un tercero, a quien se le incautaron unos bienes que,
luego, se perdieron.

4. 2) El demandante, señor Molina Sánchez, era empleado del juzgado
y el encargado de recibir los bienes incautados. Dada la aludida pérdida
de bienes, el secretario del juzgado presentó denuncia en contra del señor
Molina Sánchez por el delito de peculado culposo. La Fiscalía 51 Seccional
de Ibagué profirió resolución de acusación el 12 de marzo de 2003, la cual
fue confirmada el 29 de marzo de 2004.

5. 2) Finalmente, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Ibagué, el 10 de
febrero de 2006, absolvió al demandante por el delito de peculado
culposo, en aplicación del principio in dubio pro reo.

6. Como fundamentos de la demanda, afirmó que (se trascribe) “El
daño se encuentra configurado por el prolongamiento injustificado de una
investigación que ocasionó que la honorabilidad en el entendido de esta
como una virtud inherente a la persona, en el caso sub-examine la
perteneciente a un empleado estuviera en entredicho y sabido es para
todos que a pesar de que mi prohijado fue absuelto, a la sociedad le
queda la duda si en verdad es inocente […]”

1.2. Posición de la parte demandada

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Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – otro
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca sentencia que declaró la caducidad y niega
pretensiones
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7. La Fiscalía General de la Nación, al contestar la demanda3,
manifestó que los hechos no le constaban, se opuso a las pretensiones y,
como argumentos de su defensa, sostuvo que, todas las personas tienen la
obligación de soportar una investigación penal. Además, propuso la
excepción que denominó “culpa de un tercero”.

8. La Rama Judicial4 afirmó que los hechos de la demanda no le
constaban y que debían probarse; se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en la ausencia de error jurisdiccional, para lo
cual trascribió una jurisprudencia sobre ese título de imputación.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. El 24 de julio de 2015 el Tribunal Administrativo de Tolima declaró la
caducidad de la acción5. Para el efecto, consideró que, en la demanda,
se solicitó la declaratoria de responsabilidad derivada del supuesto error
contenido en la resolución de acusación por lo que, el término de
caducidad, debía contarse desde la ejecutoria de la decisión de 29 de
marzo de 2004 y, como la demanda se presentó el 27 de mayo de 2007,
operó la caducidad de la acción de reparación directa.

1.4. Recurso de apelación

10. La parte actora apeló la decisión6, con fundamento en que el
término de caducidad debía contarse desde la sentencia favorable al
demandante, puesto que, antes de esa decisión no podía saber si se
configuró un daño.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

11. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto porque encontró
reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de reparación
directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por una denuncia y posterior
investigación penal.

3 Folio 178 - 188 del C.1.
4 Folio 192 - 195 del cuaderno 1.

5 Folio 267 - 272 del cuaderno principal.
6 Folio 276 - 277 del cuaderno principal

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Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – otro
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca sentencia que declaró la caducidad y niega
pretensiones
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12. Adicionalmente, porque le asiste razón al apoderado de la parte
actora en el recurso único de apelación, pues la acción se promovió de
manera oportuna. Lo anterior, toda vez que, como lo manifestó el
demandante, solo hasta que fuera resuelto el proceso penal en su contra,
pudo conocer el daño cuya reparación pretendió en la demanda podía
tener el carácter de antijurídico. Así, ya que la decisión mediante la cual se
absolvió al señor Molina Sánchez por el delito de peculado culposo es de
10 de febrero de 2006 y la demanda se presentó el 24 de mayo de 2007, la
acción se ejerció en tiempo.

13. La Sala negará las pretensiones de la demanda. La postura que se
desarrollará en esta decisión consiste en que, la presentación de la
denuncia y la subsiguiente investigación penal, no causaron daños que los
demandantes no estuvieran en el deber jurídico de soportar.

2.2. Análisis sustantivo

14. La responsabilidad del Estado está supeditada, en todos los casos, a
la necesaria comprobación de la existencia de un daño antijurídico. La
Sala se referirá al daño consistente en la denuncia y consecuente
vinculación injustificada al proceso penal. Al respecto, la jurisprudencia ha
planteado que, las investigaciones penales que finalizan con absolución
no generan, por sí solas, daños resarcibles; así, el deber de soportar ese
tipo de actuaciones es una carga pública que pesa por igual todas las
personas, por lo que su materialización en un caso determinado no
comporta, por regla general, un desequilibrio que no se esté en el deber
jurídico de soportar7.

15. En este asunto, la Sala se limitará a corroborar que la presentación
de la denuncia penal y la consecuente investigación no le causó al
demandante daños y perjuicios indemnizables y, en esa medida, la no
acreditación del daño es suficiente para negar las pretensiones sin
necesidad de pronunciarse sobre la conducta de la demandada.

16. Para el efecto, la parte actora no probó que, (se trascribe) “la
honorabilidad […] estuviera en entredicho y sabido es para todos que a

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11601, reiterada en

Sentencia de 22 de mayo de 2020, Exp. Radicación número: 05001-23-31-000-2014-00024-01(59748), al respecto,
se destaca: “Debe anotarse, adicionalmente, que no cualquier daño da lugar a la existencia de un perjuicio
indemnizable. Los ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las
funciones administrativas, y sólo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un
perjuicio anormal, puede concluirse que han sido gravados de manera excepcional (…).‘Así, si bien el hecho de
que se adelante una investigación, de cualquier índole –penal, disciplinaria, fiscal, etc.– genera preocupaciones
e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, no siempre se causará, por esa sola
circunstancia, un perjuicio indemnizable a los afectados. Su existencia, en cada caso, deberá ser demostrada’”

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Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – otro
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca sentencia que declaró la caducidad y niega
pretensiones
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pesar de que mi prohijado fue absuelto, a la sociedad le queda la duda si
en verdad es inocente […]”, daño alegado en la demanda y cuya
reparación pretendió8, circunstancia que conllevó que, según indicó en la
demanda, su buen nombre se vio seriamente afectado.

17. Lo anterior, debido a la casi nula actividad probatoria del
demandante, en relación con el daño, quien se limitó a aportar: la
resolución de acusación de 12 de marzo de 20039, la decisión de 29 de
marzo de marzo de 2004 en la que se confirmó la resolución de
acusación10, la sentencia absolutoria de 10 de febrero de 200611 y un fallo
disciplinario de 13 de agosto de 200412 en el cual fue absuelto por los
mismos hechos; documentos que no acreditan el daño alegado, esto es,
la vulneración a su “honorabilidad” que conllevó a una afectación a su
buen nombre.

18. Finalmente, destaca la Sala que, aunque en la demanda se solicitó
la práctica de unos testimonios, este medio de prueba fue rechazado por
el tribunal en auto de 14 de mayo de 200913 y, que, en contra de esta
decisión la parte actora no interpuso ningún recurso.

19. De otro lado, la Sala debe precisar que el demandante no probó
que la investigación hubiera sufrido un prolongamiento injustificado:
simplemente indicó que tuvo una duración excesiva, sin probar las razones
concretas por las cuales ese tiempo comportó una dilación injustificada
que no debía soportar; lo anterior, debido a la casi nula actividad
probatoria del demandante y ausencia de argumentación en este
sentido.

20. En síntesis, como se indicó al principio de las consideraciones, el
hecho de haber sido sometido a una denuncia y posterior investigación
penal constituyeron una carga pública que, para su caso, al no acreditar
que superó unos límites tolerables, estaba en la obligación de soportar, por
lo que no demostró la existencia de un daño que tuviera la connotación
de antijurídico.

2.3. Sobre la condena en costas

21. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación

8 En este sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

expediente 45216 de 8 de septiembre de 2021 y expediente 45374 de 11 de octubre de 2021.
9 Folio 4 – 17 del C.2
10 Folio 18 – 26 del C.2.
11 Folio 29 – 40 del C.2., y repetida en folios 3 a 14 del C.1.
12 Folio 16 – 45 del cuaderno 1.
13 Folio 208 – 209 del C.1.

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Radicación: 73001-23-31-000-2008-00644-01 (55546)
Actor: Julio César Molina Sánchez
Demandado: Nación – Rama Judicial – otro
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca sentencia que declaró la caducidad y niega
pretensiones
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procesal de la parte demandada, la Sala se abstendrá de condenarla en
costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 24 de julio de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Tolima en la que se declaró la caducidad de la
acción de reparación directa y, en su lugar:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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