Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2010-00014-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2010-00014-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-31-000-2010-00014-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
22 de febrero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Proceso ejecutivo singular / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL – No configurado / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / PERDIDA DE OPORTUNIDAD – No configurada
Rosabel Ramírez Cruz, el 3 de diciembre de 2009 , presentó demanda contra la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., en la que solicitó se declarara administrativamente responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios a ella causados con ocasión del “levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble de propiedad del ejecutado Juan Carlos Bonilla, en virtud del proceso ejecutivo que la demandante adelantó en contra de aquél ante el Juzgado Tercero Civil Municipal” de Ibagué […] [L]e corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la parte demandada cuando afirma que no hay lugar a endilgarle responsabilidad, en atención a que la actividad desplegada por el despacho judicial que adelantó el proceso ejecutivo singular instaurado por la aquí demandante, se ajustó a la Constitución y la ley, y se resolvió en un tiempo razonable, o si por el contrario, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda […] [L]uego de verificado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala observa que si bien existió un lapso (entre el 8 de abril y el 15 de julio de 2008), en el que el juzgado que tenía a su cargo el proceso ejecutivo adelantado por la accionante, no resolvió la solicitud de embargo de remanentes dentro del proceso adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, lo cierto es, que esta sola circunstancia no genera un daño cierto de carácter antijurídico, pues la mora no significa per se que haya lugar a endilgarle responsabilidad al ente demandado, siendo necesario verificar cada caso concreto para efectos de establecer si la demora le es imputable al Estado, como pasa a explicarse […] [A]nte la falta de prueba que indique que en efecto el daño alegado por la accionante fue cierto, por cuanto por ningún medio, jurídicamente posible, pudo obtener el pago del crédito a su favor, la Sala concluye que no se demostró el primero de los elementos de la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés. De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estad o, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro. En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESUPUESTOS PROCESALES DEL DAÑO
El daño, debe ser entendido como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo. De manera que, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto - , esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio. Para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Precisada la anterior noción general del daño, es preciso referirse específicamente al daño antijurídico, el cual se considera la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno. Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo […] [L]a Corte Constitucional ha estimado que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución” .
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – No reconoce / DAÑO AUTÓNOMO / DAÑO GENÉRICO / DAÑO HIPOTÉTICO
Sobre la pérdida de oportunidad como daño autónomo , la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado la ha concebido como aquellos eventos en los cuales un sujeto de derechos estaba en la situación de poder conseguir un provecho, un beneficio o una ganancia, o de evitar una pérdida, que a la postre termina siendo impedido por el hecho de otro sujeto, conducta que produce incertidumbre respecto de si el efecto benéfico se habría producido o no, pero de igual forma da lugar a la certeza que estriba en cercenar de modo irreversible una expectativa o probabilidad de ventaja patrimonial. En cuanto a su límite y alcance, se ha referido que la oportunidad difuminada como consecuencia del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la frustración de las posibilidades que se tenían de llegar al resultado esperado, que dependerá de las probabilidades ciertas de obtener el beneficio deprecado, en atención de las situaciones fácticas de cada caso. Además, se ha puntualizado que no cualquier oportunidad perdida configura un daño cierto, toda vez que si la misma se trataba de una probabilidad genérica, se estará en presencia de un daño meramente eventual o hipotético que no resulta indemnizable […] [L]a parte actora nunca tuvo la certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, pues nada le impedía perseguir los demás bienes de Juan Carlos Bonilla, debido a que la acción ejercida era de carácter personal, circunstancia que implicaba que el pago lo podía obtener del resto de su patrimonio […] [E]l daño planteado por la demandante es un daño genérico o hipotético, que no reviste el carácter de específico y por lo tanto no es cierto, pues no logró acreditar que se le causó un daño antijurídico en su patrimonio que le sea imputable a la entidad accionada, por el contrario, de lo antes dicho se evidencia que en cualquier momento y de cualquiera de los bienes que poseía el ejecutado o que llegase a poseer, podía obtener el pago del crédito a su favor.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2488
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUB-SECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00014-01(42785)
Actor: ROSABEL RAMÍREZ CRUZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en su lugar, se niegan las pretensiones por ausencia de daño antijurídico/ Restrictor: Legitimación en la causa por activa – Caducidad - Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual de Estado - Daño antijurídico. Pérdida de oportunidad
A la Sala corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de agosto de 2011, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda y pretensiones
Rosabel Ramírez Cruz, el 3 de diciembre de 2009, presentó demanda contra la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., en la que solicitó se declarara administrativamente responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios a ella causados con ocasión del “levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble de propiedad del ejecutado Juan Carlos Bonilla, en virtud del proceso ejecutivo que la demandante adelantó en contra de aquél ante el Juzgado Tercero Civil Municipal” de Ibagué.
Como consecuencia de lo anterior solicitud, pidió que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA.- DECLARAR que LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA son administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios patrimoniales causados a la demandante ROSABEL RAMIREZ CRUZ, con motivo del levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el bien inmueble del (sic) propiedad del ejecutado JUAN CARLOS BONILLA, en virtud del proceso ejecutivo que la demandante adelantó en contra de aquel ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de esta capital, por razón a la típica falla en el servicio de Administración de Justicia ocurrida el día 15 de julio de 2008 en dicho Despacho Judicial.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad que se refiere el numeral anterior, se condene a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a mi mandante las siguientes cantidades de dinero:
2.1. DAÑOS MATERIALES
Capital perseguido de $23.000.000.00 constituidos en el título valor letra de cambio suscrita por el ejecutado JUAN CARLOS BONILLA, con fecha de exigibilidad 12 de diciembre de 2005.
2.2. DAÑOS MATERIALES (lucro cesante)
Que consisten en los intereses de mora que ha debido pagar el ejecutado JUAN CARLOS BONILLA a mi mandante sobre el capital correspondiente a $23.000.000.00, desde el 12 de diciembre de 2005 a la fecha de presentación de esta solicitud, a saber:
$23.000.000.00 x 2.5% mensual = $575.000.00/30 X 19 días de diciembre de 2005= $25.0875.000.00
Capital……………………………………………………………….. $23.000.000.00
Intereses de mora 19 días $ 364.166.00
Intereses de mora por 45 meses $25.875.000.00
TOTAL CAPITAL POR RECONOCER $ 49.239.166.00
Estos valores indemnizatorios deberán ser actualizados al momento de la conciliación y posterior reconocimiento y pago, para compensar la pérdida del valor del poder dispositivo constante de la moneda colombiana conforme a la ley la jurisprudencia. (…)”
2. Hechos
Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso los siguientes hechos:
El 27 de junio de 2007, Rosabel Ramírez Cruz presentó ante la Oficina Judicial de la ciudad de Ibagué (Tolima), demanda ejecutiva singular en contra Juan Carlos Bonilla, para obtener el pago de una letra de cambio por la suma de $23.000.000 con sus respectivos intereses moratorios; igualmente, solicitó como medida cautelar el embargo y secuestro de un bien de propiedad del ejecutado, identificado con la matricula inmobiliaria No. 352-0007451 antes 055-007451 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima), y de los saldos bancarios que tuviera en los Bancos Caja Social, Santander, Bancolombia, Popular, Bancafé, Agrario, Colmena, Davivienda y de los remanentes del proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagué en contra de Juan Carlos Bonilla.
Es así como, por reparto, le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, el que por auto del 27 de junio de 2007 libró mandamiento de pago a favor de Rosabel Ramírez Cruz y en contra de Juan Carlos Bonilla por la suma de $23.000.000, más los respectivos intereses moratorios.
Del mismo modo, se decretó el embargo del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 352-0007451 antes 055-007451 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima) y de los dineros que el allí demandado tuviere en los Bancos del país, ordenes que fueron debidamente cumplidas y registradas.
Posteriormente, el 25 de octubre de 2007 el Juzgado dictó sentencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución, decretando el avalúo y remate de los bienes embargados, decisión que quedó ejecutoriada el 1 de noviembre de ese año. En consecuencia, se efectuó la liquidación del crédito y se fijaron las agencias en derecho en la suma de $3.370.000 a favor de la ejecutante y en contra del demandado, a través de providencia del 12 de febrero de 2008.
Por otra parte, por medio del oficio No.593 del 12 de septiembre de 2007 procedente de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima), señaló que: “por medio del cual informa al Juzgado del conocimiento que el embargo decretado por ese Despacho sobre el bien inmueble de propiedad del ejecutado fue cancelado por ingreso del embargo proveniente del proceso ejecutivo mixto del Banco de Colombia S.A. contra JUAN CARLOS BONILLA, dando aplicación a lo establecido por el artículo 558 del C. de P. Civil, comunicación que fue puesta en conocimiento de la parte ejecutante por el Juzgado mediante auto del 25 de octubre de 2007”.
Como consecuencia de lo anterior, el 18 de febrero de 2008 la apoderada de la accionante solicitó nuevamente al Juzgado decretar el secuestro del inmueble embargado para ser avaluado y rematado, petición que fue resuelta el 1 de abril, en sentido de informar que la medida había sido cancelada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima).
Es así como, mediante petición del 8 de abril de 2008 la apoderada de la demandante solicitó el embargo de los remanentes en el proceso ejecutivo que Bancolombia adelantaba en contra de Juan Carlos Bonilla en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué, petición que por más de tres meses no fue resuelta por parte del Juzgado, razón por la que el 9 de julio de ese mismo año se reiteró la solicitud.
Ante la petición efectuada, el Juzgado Tercero Civil Municipal a través de providencia del 15 de julio de 2008, decretó el embargo de los remantes y/o de los bienes que le fueran desembargados a Juan Carlos Bonilla dentro del proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia. Esta decisión fue comunicada por la Secretaría del Juzgado hasta el día 25 de julio de 2008 y entregado ante el Juzgado Primero Civil Municipal el 28 posterior, es decir, 13 días después de decretada la medida.
No obstante, cuando esta decisión fue allegada al Juzgado Primero Civil Municipal, donde se adelantaba el proceso ejecutivo por parte de Bancolombia, se informó que este había sido archivado desde el 9 de junio de 2008, por pago total de la obligación.
3. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda, la cual fue notificada personalmente a los demandados y se fijó en lista.
El 12 de abril de 2010, el apoderado de la Rama Judicial presentó escrito de contestación a la demanda, donde frente a las pretensiones manifestó que se oponía a todas y cada una de ellas, y con relación a los hechos indicó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso.
Como razones de defensa expuso la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha establecido que la falla ha de ser de tal magnitud, que teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta de la administración sea considerada como anormalmente deficiente. Adicionalmente, propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios y la innominada o genérica.
El Tribunal Administrativo del Tolima por auto del 1 de junio de 2010, dispuso abrir a pruebas el presente proceso.
Por auto de fecha 10 de diciembre de 2010, se ordenó correr traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
A través de escrito del 12 de enero de 2011, la apoderada de la parte demandante alegó de conclusión reiterando lo dicho en la demanda.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. Sentencia del Tribunal
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 29 de agosto de 2011, accedió a las pretensiones de la demanda. Para tomar esta decisión, el A quo consideró lo siguiente:
En primer lugar, indicó que el presente caso se estaba frente a una responsabilidad de tipo objetivo, razón por la que la parte demandante debía demostrar un hecho dañoso, un daño antijurídico y el nexo causal entre el primero y el segundo.
Precisado lo anterior, se refirió a los hechos probados en el caso concreto, encontrando que el trámite procesal adelantando en la justicia civil tuvo una demora injustificada entre la fecha de solicitud del embargo de remanentes (el 8 de abril de 2008) y la actuación judicial del Juzgado Tercero Civil Municipal que resolvió la petición, del 15 de julio de 2008, toda vez que transcurrieron más de 3 meses, situación que resultó poco razonable y grave, si se tiene en cuenta que lo pretendido era una medida cautelar en un proceso ejecutivo, la cual buscaba asegurar el cumplimiento de la obligación, con una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan el proceso.
En esa medida consideró que, la orden impartida por el Juzgado Tercero de embargar los remanentes, no tuvo eficacia debido a que el Juzgado Primero Civil Municipal ya había dado por terminado el proceso ejecutivo mixto que se adelantaba por Bancolombia contra Juan Carlos Bonilla, el 27 de mayo de 2008 por pago total de la obligación, circunstancia que ocasionó que la demandante perdiera la oportunidad de recuperar el dinero adeudado.
Así las cosas, el Tribunal concluyó que la demora de 3 meses y 7 días en que incurrió el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, no fue razonable ya que se trataba de una medida cautelar en un proceso ejecutivo (circunstancia que exigía celeridad), no era un asunto que revistiera complejidad, ni se aportó prueba que indicara que el juzgado en donde se tramitó el asunto estuviera congestionado, razón por la que consideró que el comportamiento desplegado era constitutivo de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
No obstante, el A quo consideró que en el presente caso era procedente la aplicación de la figura de la concausalidad, razón por la cual declaró probada la concurrencia de culpas al considerar que el comportamiento desplegado por la parte ejecutante contribuyó eficazmente a la producción del daño, debido a que era su deber vigilar el proceso de manera permanente, sin dejar que transcurriera tanto tiempo para reiterar su solicitud; es por esto que determinó, que las pretensiones económicas serían disminuidas en un 50%.
Finalmente, el Tribunal ordenó a la entidad demandada a pagar la suma de VEINTISIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($27.021.305).
6. El recurso de apelación y actuación en segunda instancia.
Contra lo así decidido se alzó la parte demandada mediante escrito presentado el 8 de septiembre de 2011, en donde reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y las excepciones allí propuestas; siendo enfática en que el despacho judicial actuó de conformidad con la Constitución y la ley.
En esa medida, argumentó que: “… el Despacho judicial, actuó de acuerdo a la ley- y la constitución, y por ende no se produjo la falla en el servicio de Administración Judicial, alegada y aceptada por el A – quo, y que por demás me permito retomar el criterio de la Sala, en cuanto se refiere al término razonable, por lo que me permito disentir en su posición por cuanto, no se tuvo en cuenta que los despachos judiciales están saturados de procesos que le hace imposible respetar los términos”, para lo cual se apoya en la Convención Americana de Derechos la cual indica que “la mora judicial no genera de manera automática la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”, debiéndose por lo tanto analizar las circunstancias particulares de cada caso para establecer si el plazo empleado fue razonable o no. En esa medida consideró el apelante, que las partes en cumplimiento de sus deberes deben dar el respectivo impulso procesal, pues no hacerlo, podría dar lugar a una culpa compartida.
Finalmente, se opuso al pago de intereses moratorios e indicó que en caso de no ser acogidos los argumentos antes expuestos, se rebajara la cuantía que por daños materiales se impuso a la parte accionada.
El 22 de septiembre de 2011, el Tribunal citó a las partes a celebrar audiencia de conciliación. Llegado el día y la hora señalados, la diligencia se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes.
Mediante providencia del 23 de noviembre de 2011, el A quo concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, esta Corporación por medio de auto del 9 de febrero de 2012 admitió el recurso de apelación impetrado por la accionada.
A través de providencia del 5 de marzo del mismo año, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
A través de proveído del 19 de mayo de 2014, se citó a las partes a celebrar audiencia de conciliación.
En virtud de esta convocatoria, el Ministerio Público emitió su concepto frente a la no viabilidad del acuerdo conciliatorio al considerar que en el presente caso no se probó la falla en la administración de justicia, pues en su criterio no se probó de manera indubitable que se incurrió en una mora injustificada, ya que simplemente se acreditó el transcurso del tiempo, pero no que la causa eficiente de este hecho fuera injustificada en ese despacho judicial.
Llegado el día y la hora señalados por para llevar a cabo la audiencia de conciliación, esta fue declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes.
II. CONSIDERACIONES
1. Aspectos Procesales Previos
1.1. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante Rosabel Ramírez Cruz, en su condición de afectada directa, calidad que acredita con la copia del proceso ejecutivo adelantando en contra de Juan Carlos Bonilla, el cual fue adelantado en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima).
Por otra parte, la demanda fue dirigida en contra de la Nación Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura entidades encargadas de adelantar el proceso ejecutivo que interpuso la demandante. En consecuencia, dicha entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
En el caso concreto, la Sala observa que la providencia que dispuso no embargar los remanentes del proceso ejecutivo mixto adelantado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué, es de fecha 6 de agosto de 2008, y como la demanda de reparación directa tuvo lugar el 3 de diciembre de 2009, para esta Corporación está acreditado entonces, que la acción fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
2. Acervo Probatorio
Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan las siguientes pruebas:
1. Letra de cambio suscrita por Juan Carlos Bonilla el 12 de diciembre de 2005, en favor de Rosabel Ramírez Cruz, por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000).
2. Demanda ejecutiva singular presentada por Rosabel Ramírez Cruz en el distrito judicial de Ibagué (Tolima), el día 15 de junio de 2007, en contra del Juan Carlos Bonilla, por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000).
3. Solicitud de medidas cautelares, de fecha 15 de junio de 2007, realizada por la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, dentro del proceso ejecutivo singular por ella adelantado, en donde pidió el embargo y secuestro de un bien, cuentas bancarias y el remanente de otro proceso ejecutivo.
4. Providencia del 27 de junio de 2007, a través de la cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima), libró mandamiento ejecutivo a favor de Rosabel Ramírez Cruz y en contra de Juan Carlos Bonilla, por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000), más los respectivos intereses moratorios.
5. Auto del 27 de junio de 2007 por medio del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima), decretó el embargo del inmueble con matricula inmobiliaria No. 352-0007451 antes 055-0007451 descrito como la finca “El Reposo”, el embargo y retención en la proporción legal de las sumas de dinero que el ejecutado tuviera en los bancos del país y el embargo y remate y/o de los bienes que se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo del BBVA de Colombia contra Juan Carlos Bonilla que cursaba en el Juzgado 13 Civil Municipal de Ibagué (Tolima).
6. Oficio No. 468 del 16 de julio de 2007, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima), en donde consta que el registro del embargo sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 352-0007451 había sido debidamente registrado.
7. Oficio de fecha 27 de julio de 2007por medio del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, citó al acreedor hipotecario Bancolombia para que compareciera a hacer valer su crédito.
8. Oficio No. 593 del 12 de septiembre de 2007, por medio del cual la Superintendencia de Notariado y Registro, informó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, que el embargo realizado al inmueble de propiedad de Juan Carlos Bonilla había sido cancelado.
9. Proveído de fecha 25 de octubre de 2007, por medio del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué puso en conocimiento de la parte actora lo informado por la Oficina de Registro.
10. Proveído del 25 de octubre de 2007, proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima), en el que se resolvió seguir adelante con la ejecución en la forma señalada en el mandamiento de pago, se dispuso el avalúo y remate de los bienes embargados y de los que posteriormente se embargaran dentro del proceso y se condenó en costas a la parte demandada.
11. Folio de matrícula inmobiliaria No. 352-0007451/055-0007451, perteneciente a la finca denominada “El Reposo” ubicada en el municipio de Lérida (Tolima), vereda Tocareno, donde constan que el propietario es Juan Carlos Bonilla y se hicieron las siguientes anotaciones:
27 de mayo de 2005, se registró hipoteca en cuantía indeterminada a favor de Bancolombia,
13 de julio de 2007, se registró el embargo ordenado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo singular, Rad: 2007-00388, en favor de Rosabel Ramírez Cruz,
6 de septiembre de 2007, se canceló el embargo constituido en favor de Rosabel Ramírez Cruz, por orden del Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué,
6 de septiembre de 2007, se registró el embargo ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué dentro del proceso ejecutivo mixto, Rad: 2007-443, en favor del Banco de Colombia,
7 de abril de 2008, se registró la cancelación de la hipoteca de cuantía abierta – indeterminada, constituida en favor del Banco de Colombia,
1 de julio de 2008, cancelación del embargo ordenado dentro del proceso ejecutivo, Rad: 2007-443, en favor del Banco de Colombia.
12. Memorial suscrito por la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, de fecha 16 de febrero de 2008, por medio del cual le solicitó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué decretar el secuestro del inmueble embargado para posteriormente ser rematado.
13. Oficio del 1 de abril de 2008, a través del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué ordenó que se notificara a la parte demandante que el embargo registrado el 13 de julio de 2007, había sido cancelado conforme lo informado por la Registradora de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima).
14. Memorial suscrito por la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, de fecha 8 de abril de 2008, por medio del cual le solicitó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué embargar los remanentes en el proceso ejecutivo de Bancolombia contra Juan Carlos Bonilla, que cursaba en el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad.
15. Providencia del 27 de mayo de 2008, por medio de la cual el Juzgado Primero Civil Municipal dio por terminado el proceso ejecutivo mixto adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, por pago total de la obligación y decretó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas.
16. Memorial suscrito por la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, de fecha 9 de julio de 2008, donde reiteró al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué la petición de embargar los remanentes en el proceso ejecutivo de Bancolombia contra Juan Carlos Bonilla, que cursaba en el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad.
17. Auto del 15 de julio de 2008, a través del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué decretó el embargo del remanente y/o de los bienes que se llegaren a desembargar al demandado, Juan Carlos Bonilla, dentro del proceso ejecutivo adelantado pro Bancolombia en su contra, que cursaba en el Juzgado Primero Civil Municipal. Decisión que fue notificada el 25 de julio del mismo año.
18. Auto del 6 de agosto de 2008, mediante el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué no accedió a la solicitud elevada por el Juzgado Tercero Civil Municipal, en el sentido de embargar los remanentes dentro del proceso adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, en atención a que ya había terminado desde el 27 de mayo de 2008, por pago total de la obligación.
3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estad o, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
3.1. Daño antijurídico
El daño, debe ser entendido como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo.
De manera que, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto-, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio.
Para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual.
Precisada la anterior noción general del daño, es preciso referirse específicamente al daño antijurídico, el cual se considera la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.
Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.
El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”; o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general, o de la cooperación social.
En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”. Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.
De igual manera, la Corte Constitucional ha estimado que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”.
4. Caso concreto
En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la parte demandada cuando afirma que no hay lugar a endilgarle responsabilidad, en atención a que la actividad desplegada por el despacho judicial que adelantó el proceso ejecutivo singular instaurado por la aquí demandante, se ajustó a la Constitución y la ley, y se resolvió en un tiempo razonable, o si por el contrario, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Así las cosas, una vez analizado el material probatorio aportado, la Sala encuentra demostrado que el 12 de diciembre de 2005, Juan Carlos Bonilla suscribió en favor de Rosabel Ramírez Cruz, una letra de cambio por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000).
Igualmente, está acreditado que como consecuencia del incumplimiento de Juan Carlos Bonilla, la aquí accionante presentó demanda ejecutiva singular en el distrito judicial de Ibagué (Tolima), el día 15 de junio de 2007, en su contra por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000).
Del mismo modo, realizó solicitud de medidas cautelares de los siguientes bienes: 1. La finca “El Reposo”, ubicada en la vereda Tocoreno del municipio de Lérida (Tolima) e identificada con la matricula inmobiliaria No. 352-0007451 antes 055-0007451 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero, 2. Los saldos bancarios que Juan Carlos Bonilla tuviera en los diferentes bancos del país y, 3. Embargo de remanentes en el proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado 13 Municipal de Ibagué del Banco BBVA de Colombia contra Juan Carlos Bonilla.
Así las cosas, mediante providencia del 27 de junio de 2007, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima), libró mandamiento ejecutivo a favor de Rosabel Ramírez Cruz y en contra de Juan Carlos Bonilla, por la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000), más los respectivos intereses moratorios y decretó el embargo del inmueble con matricula inmobiliaria No. 352-0007451 antes 055-0007451 descrito como la finca “El Reposo”, el embargo y retención en la proporción legal de las sumas de dinero que el ejecutado tuviera en los bancos del país, y el embargo y remate y/o de los bienes que se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo del BBVA de Colombia contra Juan Carlos Bonilla que cursaba en el Juzgado 13 Civil Municipal de Ibagué (Tolima).
En cumplimiento de lo dispuesto en la referida providencia, a través del oficio No. 468 del 16 de julio de 2007, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima), se informó sobre el registro del embargo realizado al inmueble de matrícula inmobiliaria No. 352-0007451.
Sin embargo, el 12 de septiembre de 2007 la Superintendencia de Notariado y Registro, informó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, lo siguiente:
“Atentamente me permito comunicar a ustedes que por Oficio No. 1202 de fecha 22 de agosto de 2007 procedente del Juzgado primero civil Municipal de Ibagué por el cual se comunicó a esta Oficina de Registro, el EMBARGO (PROCESO EJECUTIVO MIXTO) DE BANCO DE COLOMBIA S.A. contra JUAN CARLOS BONILLA, el cual fue debidamente registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 352-0007451.
De igual forma me permito comunicarle que EL EMBARGO (PROCESO EJECUTIVO) de ROSABEL RAMÍREZ CRUZ contra JUAN CARLOS BONILLA, que cursa en el Juzgado y que fuera comunicado a esta Oficina de Registro por el Oficio No. 1113 de 06 de Julio de 2007 y registrado el 13 de julio de 2007, FUE CANCELADO por ingreso del EMBARGO (PROCESO EJECUTIVO MIXTO), de BANCO DE COLOMBIA S.A. contra JUAN CARLOS BONILLA dando aplicación al (Art. 558 C.P.C.)”.
Esta disposición, fue puesta en conocimiento de la parte actora, mediante proveído del 25 de octubre de 2007 expedido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué.
Por otra parte, ante la ausencia de excepciones que cuestionaran el mandamiento de pago librado por el juzgado de conocimiento, el 25 de octubre de 2007, éste resolvió seguir adelante con la ejecución en la forma señalada en el mandamiento de pago, dispuso el avalúo y remate de los bienes embargados y de los que posteriormente se embargaran dentro del proceso, y condenó en costas a la parte demandada.
Ahora, pasados 3,8 meses desde que el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución, por medio de memorial de fecha 16 de febrero de 2008, la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, solicitó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué decretar el secuestro del inmueble embargado para posteriormente ser rematado.
Del mismo modo, por medio de memorial suscrito por la apoderada de Rosabel Ramírez Cruz, de fecha 8 de abril de 2008, pidió al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué embargar los remanentes en el proceso ejecutivo de Bancolombia contra Juan Carlos Bonilla, que cursaba en el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad; solicitud que fue reiterada, con escrito del 9 de julio de 2008.
Por consiguiente, en auto del 15 de julio de 2008 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué decretó el embargo del remanente y/o de los bienes que se llegaren a desembargar al demandado, Juan Carlos Bonilla, dentro del proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia en su contra, que cursaba en el Juzgado Primero Civil Municipal. Decisión que fue notificada el 25 de julio del mismo año.
Como consecuencia de la orden impartida, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué en providencia del 6 de agosto de 2008 dispuso no acceder a la solicitud elevada por el Juzgado Tercero Civil Municipal, en el sentido de embargar los remanentes dentro del proceso adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, en atención a que este ya había terminado desde el 27 de mayo de 2008, por pago total de la obligación.
Así las cosas y luego de verificado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala observa que si bien existió un lapso (entre el 8 de abril y el 15 de julio de 2008), en el que el juzgado que tenía a su cargo el proceso ejecutivo adelantado por la accionante, no resolvió la solicitud de embargo de remanentes dentro del proceso adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, lo cierto es, que esta sola circunstancia no genera un daño cierto de carácter antijurídico, pues la mora no significa per se que haya lugar a endilgarle responsabilidad al ente demandado, siendo necesario verificar cada caso concreto para efectos de establecer si la demora le es imputable al Estado, como pasa a explicarse.
Sea lo primero señalar que, como bien se indicó en la parte motiva de esta providencia, para que haya lugar a afirmar que se está en presencia de un daño de carácter antijurídico, éste debe contar con tres elementos a saber (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo, razón por la que ante la ausencia de uno de estos elementos, no puede hablarse de daño antijurídico. Teniendo claro lo anterior, procede la Sala a establecer si en el caso concreto, el daño alegado por la accionante cumple con los elementos antes señalados.
Así las cosas, con relación al primero de los elementos, este es, la certeza del daño, se observa que no existen medios de prueba en el expediente que indiquen que Ramírez Cruz perdió la oportunidad de obtener el pago de su crédito por la demora en resolver la solicitud de embargo de remanentes efectuado por la apoderada de la accionante.
Sobre la pérdida de oportunidad como daño autónomo, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado la ha concebido como aquellos eventos en los cuales un sujeto de derechos estaba en la situación de poder conseguir un provecho, un beneficio o una ganancia, o de evitar una pérdida, que a la postre termina siendo impedido por el hecho de otro sujeto, conducta que produce incertidumbre respecto de si el efecto benéfico se habría producido o no, pero de igual forma da lugar a la certeza que estriba en cercenar de modo irreversible una expectativa o probabilidad de ventaja patrimonial.
En cuanto a su límite y alcance, se ha referido que la oportunidad difuminada como consecuencia del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la frustración de las posibilidades que se tenían de llegar al resultado esperado, que dependerá de las probabilidades ciertas de obtener el beneficio deprecado, en atención de las situaciones fácticas de cada caso.
Además, se ha puntualizado que no cualquier oportunidad perdida configura un daño cierto, toda vez que si la misma se trataba de una probabilidad genérica, se estará en presencia de un daño meramente eventual o hipotético que no resulta indemnizable.
Ahora bien, la Sección Tercera ha considerado en relación con la pérdida de oportunidad, que su configuración depende de tres criterios, a saber:
“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual-, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’ de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes;
(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio -material o inmaterial- del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.
Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable -dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no-, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta -se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían-;
(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida’”.
Como se indicó anteriormente, la Sala encuentra que en el presente asunto no se configuran ninguno de los criterios antes expuestos, ya que la parte actora nunca tuvo la certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, pues nada le impedía perseguir los demás bienes de Juan Carlos Bonilla, debido a que la acción ejercida era de carácter personal, circunstancia que implicaba que el pago lo podía obtener del resto de su patrimonio.
Lo anterior, tiene fundamento en lo establecido por el artículo 2488 del Código Civil sobre la persecución de bienes, al señalar que “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”, lo que quiere decir, que aun cuando la accionante no pudo obtener el pago de su crédito con el remanente del proceso ejecutivo mixto adelantado por Bancolombia en contra de Juan Carlos Bonilla, lo cierto es que, podía obtener el pago de los $23.000.000 que el ejecutado le adeudaba de los demás bienes que este poseía y/o de aquellos que en un futuro llegase a adquirir.
Esto indica que, el daño planteado por la demandante es un daño genérico o hipotético, que no reviste el carácter de específico y por lo tanto no es cierto, pues no logró acreditar que se le causó un daño antijurídico en su patrimonio que le sea imputable a la entidad accionada, por el contrario, de lo antes dicho se evidencia que en cualquier momento y de cualquiera de los bienes que poseía el ejecutado o que llegase a poseer, podía obtener el pago del crédito a su favor.
Aunado al argumento antes expuesto, se encuentra el hecho que el proceso ejecutivo no termina con la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución, ya que es a partir de ese momento que se inician las acciones tendientes a obtener el pago de lo obligación, lo cual significa que la solicitud de embargo de los remanentes del proceso ejecutivo mixto iniciado por Bancolombia, fue solo una de las opciones que tenía disponible Rosabel Ramírez Cruz para obtener el pago de la letra de cambio suscrita por Juan Carlos Bonilla, resultando completamente alejado de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico afirmar que sólo con esta acción se podría satisfacer la obligación, pues mientras no exista pago total de la deuda o se invoquen las causales anormales de terminación, el proceso ejecutivo no culmina.
De manera que, ante la falta de prueba que indique que en efecto el daño alegado por la accionante fue cierto, por cuanto por ningún medio, jurídicamente posible, pudo obtener el pago del crédito a su favor, la Sala concluye que no se demostró el primero de los elementos de la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico.
En conclusión, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por los argumentos aquí expuestos.
6. Condena en costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de agosto de 2011, y en su lugar DISPONER:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr.Rad.36146-15#1, Rad.35796-16 #2 y 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUB-SECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00014-01(42785)
Actor: ROSABEL RAMÍREZ CRUZ
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[Aclaración de voto presentado en la sentencia 36146]
ACLARACIÓN DE VOTO
1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:
Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.
A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.
Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:
En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.
En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.
Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.
3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:
Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.
Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
[Aclaración de voto presentada en la sentencia 35796]
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Aclaración de voto: Término para interponer la demanda. Momento a partir del cual debe contarse
El término para demandar en ejercicio de medio de control de reparación directa, se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño. La jurisprudencia ha admitido que el término se compute a partir del momento en que se genera el daño, en aquellos eventos excepcionales en que su conocimiento, concreción o magnitud ocurre con posterioridad.
DAÑO ANTIJURÍDICO - Aclaración de voto: Características / DAÑO ANTIJURÍDICO - Aclaración de voto: Anormal e irrazonable
El daño debe ser anormal para imputar responsabilidad cuando el título aplicable es el de daño especial, pues la gravedad es el parámetro para determinar la alteración del equilibrio de las cargas públicas.
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE DAÑOS - Aclaración de voto: Alcance relativo del fenómeno. Constitucionalización presentada con anterioridad a la Constitución Política de 1991
[De una parte,] la constitucionalización de este ámbito del derecho no es asunto nuevo, como que antes de la carta de 1991, las decisiones del Consejo de Estado tuvieron por fundamento preceptos constitucionales, en particular el artículo 16 de la Constitución de 1886. (…) Cuidadosa construcción jurisprudencial que en todo caso, (…) supuso la erosión de otros ámbitos del derecho y, en particular, de las categorías generales del derecho de daños que (…) siguen siendo la columna vertebral de la responsabilidad patrimonial del Estado. A tal punto fue la influencia de la jurisprudencia centenaria en la construcción de todas las particularidades del daño indemnizable en el ámbito público, que fue base fundamental para la redacción del artículo 90 superior. (…) [Y], de otra, sus consecuencias no son tan amplias como un sector de la doctrina plantea. Referencias genéricas a ese fenómeno pueden desnaturalizar el derecho daños al punto de convertirlo en un simple método judicial de aseguramiento y conlleva a admitir una especie de “colonización principialística” que restringe el campo de acción de las categorías, normas, métodos de interpretación e instituciones que orientan su aplicación.
TÉRMINO PARA INTENTAR LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA-Su conteo inicia al día siguiente del hecho u omisión generadoras del daño. TÉRMINO PARA INTENTAR LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA-Excepcionalmente se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño. DAÑO ANTIJURÍDICO-Anormalidad sólo se predica daño especial. DAÑO ANTIJURÍDICO-Su irrazonabilidad no es un rasgo definitorio. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE DAÑOS-Alcance relativo del fenómeno. PRESTACIONES SOCIALES EN LUCRO CESANTE. El 25 % de prestaciones sociales no se adiciona para la liquidación del lucro cesante en los eventos en que no se acredita una relación laboral. FOTOGRAFÍAS-Reiteración aclaración de voto 48.842/2016. POSICIÓN DE GARANTE-reiteración aclaración de voto 33.494/2016. PRESUNCIÓN DE SALARIO MÍNIMO-Reiteración aclaración de voto 40.286/2016.
ACLARACIÓN DE VOTO
Aunque comparto la decisión adoptada en la providencia de 10 de noviembre de 2016, aclaro voto en cuanto a los siguientes asuntos:
1. El proyecto afirma que el término para intentar la demanda “es de dos años contados desde el día siguiente al acaecimiento del daño por el cual se demanda la indemnización” (f. 14).
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término para demandar en ejercicio de medio de control de reparación directa, se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño. La jurisprudencia ha admitido que el término se compute a partir del momento en que se genera el daño, en aquellos eventos excepcionales en que su conocimiento, concreción o magnitud ocurre con posterioridad.
2. El fallo aclarado sostiene que el daño antijurídico debe ser “anormal” (f. 27) e “irrazonable” (f. 27).
La procedencia de la responsabilidad, desde el punto de vista del daño, exige exclusivamente que sea cierto, personal, directo y subsistente, características que se valoran respecto de la afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico, con independencia de la gravedad o anormalidad de dicha afectación. En estas condiciones pueden existir daños de distinta magnitud, de mucha o poca entidad o de variado impacto y, en todo caso, tal valoración no constituye obstáculo para que se genere la obligación de reparar perjuicios.
Ahora bien, la Sala ha sostenido que el daño debe ser anormal para imputar responsabilidad cuando el título aplicable es el de daño especial, pues la gravedad es el parámetro para determinar la alteración del equilibrio de las cargas públicas. La anormalidad en estos eventos implica que la actuación legítima del Estado causa un daño que supera el umbral de molestias al que está sometido el grupo al que pertenece un individuo y por ello se justifica el deber reparatorio.
3. Según el fallo la “constitucionalización” del derecho de daños y, en especial, los principios de equidad y solidaridad que le sirven de base alteran a la visión “tradicional” de la materia (f. 25).
La constitucionalización de este ámbito del derecho no es asunto nuevo, como que antes de la carta de 1991, las decisiones del Consejo de Estado tuvieron por fundamento preceptos constitucionales, en particular el artículo 16 de la Constitución de 1886. Cuidadosa construcción jurisprudencial que en todo caso, en momento alguno, supuso la erosión de otros ámbitos del derecho y, en particular, de las categorías generales del derecho de daños que –con todo y las especiales particularidades del derecho administrativo– siguen siendo la columna vertebral de la responsabilidad patrimonial del Estado. A tal punto fue la influencia de la jurisprudencia centenaria en la construcción de todas las particularidades del daño indemnizable en el ámbito público, que fue base fundamental para la redacción del artículo 90 superior.
Tampoco es cierto que la equidad sea una novedad en la definición de los elementos estructurales de esta materia. La equidad ha jugado y seguirá jugando un rol correctivo en las decisiones judiciales, para subsanar los defectos derivados de la generalidad las normas y, por ello, viene en auxilio del derecho (arts. 230 C.N., 5 de la Ley 153 de 1887, 32 del Código Civil, 37.8 y 304 del CPC -hoy retomado por el artículo 280 del CGP- y 871 Código de Comercio entre otros), pero no supone la anulación del mismo. La equidad no está en contra de la seguridad jurídica y tampoco justifica una resolución judicial contraria a la ley.
La tendencia a exigir de manera “expansiva” la responsabilidad del Estado con fundamento en la constitucionalización, contraviene el preciso alcance del artículo 90 de la C.N., pues se funda más en criterios de solidaridad, propios del ámbito de políticas públicas ajenos al juzgador, que en categorías del derecho de daños que es el entorno de la justicia administrativa.
En definitiva, la “constitucionalización” del derecho en estos ámbitos, de una parte, no es un asunto nuevo y, de otra, sus consecuencias no son tan amplias como un sector de la doctrina plantea. Referencias genéricas a ese fenómeno pueden desnaturalizar el derecho daños al punto de convertirlo en un simple método judicial de aseguramiento y conlleva a admitir una especie de “colonización principialística” que restringe el campo de acción de las categorías, normas, métodos de interpretación e instituciones que orientan su aplicación.
4. La liquidación del lucro cesante no debió adicional el 25% de prestaciones sociales, pues tal porcentaje solo procede en los eventos en los cuales se demuestra la existencia de una relación laboral y, en este caso, se aplicó la presunción de salario mínimo porque la víctima se encontraba en edad laboral productiva.
5. En cuanto a la valoración de probatoria (sic) de las fotografías, la posición de garante y la presunción de salario mínimo por edad productiva, me remito a los numerales 6 de la aclaración de la aclaración de voto 48.842/2016, 2 del salvamento de voto 33.494/2016 y 40286/2016, respectivamente.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Fls.78 a 97 C.1
Fl.105 C.1
Fl.116 a 119 C.1
Fl.123 C.1
Fl.126 C.1
Fls.127 a 132 C.1
Fls.134 a 152 C. Ppal
Fls.157 a 160 C.Ppal
Fl.161 C. Ppal
Fl.168 C.Ppal
Fl.170 C.Ppal
Fl.175 C.Ppal
Fl.177 C.Ppal
Fl.179 C.Ppal
Fls.185 a 199 C.Ppal
Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Fl.12 C.1
ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022. Fl.13 C.1
Fls.14 y 15 C.1
Fls.42 y 42 C.1
Fl.16 C.1
Fl.47 C.1
Fl.37 C.1
Fl.58 C.1
Fl.68 C.1
Fl.69 C.1
Fls.28 y 29 C.1
Fls.7 y 8 C.1
Fl.71 C.1
Fl.70 C.1
Fl.73 C.1
Fl.52 C.2
Fl.74 C.1
Fl.76 C.1
Fl.77 C.1
Fl.82 C.2
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998. Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. HENAO, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131
PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, No.4, 2000, p.185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. MARTIN REBOLLO, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en BADELL MADRID, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al PROF. LUIS H. FARIAS MATA). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. LARENZ. “Derecho de obligaciones”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329. SCONAMIGLIO, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.
PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p.186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013. RAWLS, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico.
Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298. Fl.13 C.1
Fls.14 y 15 C.1
Fls.42 y 42 C.1
Fl.16 C.1
Fl.47 C.1
Fl.37 C.1
Fl.68 C.1
Fl.69 C.1
Fls.28 y 29 C.1
Fl.71 C.1
Fl.73 C.1
Fl.74 C.1
Fl.76 C.1
Fl.77 C.1
Fl.82 C.2
Al respecto, ver las siguientes providencias: Exp.40.456, 40.896, 38.361, 37.800, 37.781, 38.147, 39.902. Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Del 11 De Agosto De 2010, Radicación Nro. 05001-23-26-000-1995-00082-01, Nro. Interno 18593. Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Del 11 De Agosto De 2010, Radicación Nro. 05001-23-26-000-1995-00082-01, Nro. Interno 18593. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente No. 18593. Cita textual del fallo: TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 38-39. Cita textual del fallo: A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio.
El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, p. 260. En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado. La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 263. HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160. Cita textual del fallo: Al respecto la doctrina afirma que “…‘en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. VERGARA, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 262. Cita textual del fallo: ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 110-111. Artículos 340 a 347 C.P.C. Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Rad. 16421.
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