Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-31-000-2011-00841-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-31-000-2011-00841-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 73001-23-31-000-2011-00841-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
1 de marzo de 2018
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – Noción. Surgen en cumplimiento de un deber legal, de oficio, o a través del ejercicio de petición, de interés general o particular / ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPERSONALES Y PARTICULARES – Presupuestos. Son objeto de control judicial, y eventualmente, conllevar el restablecimiento de un derecho / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Alcance. Implica volver las cosas a su estado anterior, si no es posible, reparar el daño y, si es el caso, devolver lo pagado indebidamente / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Objeto. Es procedente siempre que se predique una lesión o un daño por la expedición de un acto administrativo de carácter general o particular / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Objeto. Procede ante la ocurrencia de un daño, originado en un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de bienes / DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO O PAGADO INDEBIDAMENTE – Alcance. Su control de legalidad se debe ejercer en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Configuración. Al señalarse que la acción procedente para anular los actos que negaron la devolución de lo pagado indebidamente, es la de reparación directa / REPARACIÓN DIRECTA POR ACTOS ADMINISTRATIVOS ANULADOS – Improcedente. Si lo que se pretende es la nulidad del acto particular y no se reclama la indemnización a título de lucro cesante o daño emergente
Las actuaciones administrativas pueden surgir en cumplimiento de un deber legal, de oficio, o a través del ejercicio de los derechos de petición de interés general o particular (artículo 4 del Decreto 01 de 1984). Al pronunciarse la Administración mediante un acto administrativo, ya sea particular o impersonal, que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones, podrá ser objeto de control judicial y, eventualmente, conllevar el restablecimiento del derecho de un particular cuando ello sea procedente. En ese escenario, el administrado desvirtuará la presunción de legalidad y solicitará el restablecimiento del derecho que implica volver las cosas a su estado anterior. Si el restablecimiento no es posible, deberá repararse el daño y, si es el caso, devolver lo pagado indebidamente. En torno al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (vigente para la época de la presentación de la demanda), establecía (acentúa la Sala): (…) Como se aprecia, siempre que se predique una lesión o un daño por la expedición de un acto administrativo de carácter general o particular, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre el particular, la Administración en su actuar también puede producir efectos jurídicos sin que medie la existencia de un acto administrativo, como es el caso de un hecho (omisión), una operación administrativa o los contratos. Tratándose de los hechos (omisiones) y las operaciones administrativas, el artículo 86 ibidem regula la acción de reparación directa, así (acentúa la Sala): (…) La norma se acompasa con el artículo 90 constitucional, según el cual: (…) Vale decir, la acción de reparación directa procede ante la ocurrencia de un daño, originado en un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de bienes por parte de una entidad pública o de un particular que haya obrado siguiendo una precisa instrucción de la misma. En estos términos, también es procedente la acción de grupo la cual es eminentemente indemnizatoria respecto de un grupo de personas que fueron lesionadas con el mismo hecho, omisión u operación administrativa. Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede para controvertir la legalidad de un acto administrativo cuya anulación conlleva al restablecimiento del derecho (entre ellos la devolución de lo pagado indebidamente), y, si es del caso, a la indemnización de los perjuicios que hubieren ocasionado los efectos jurídicos del acto. Al descender al caso concreto, la Sala observa que en el acápite de las pretensiones de la demanda se reclama lo siguiente: (…) Según se desprende del petitum de la demanda, es patente que la actora solicita la nulidad de los actos administrativos de contenido particular que negaron la devolución de lo pagado indebidamente. Asimismo, tratándose de los pagos efectuados sin causa legal, la normativa tributaria regula taxativamente el procedimiento de devolución en el artículo 850 del ET, en consonancia con el Decreto 1000 de 1997 (vigente para la época de los hechos), normativa aplicable a los tributos territoriales conforme al artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Al efecto, el a quo erró en la interpretación de las pretensiones de la demanda, pues, aparte de la discusión de si es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de los eventuales perjuicios ocasionados en vigencia de la normativa posteriormente anulada, es lo cierto que la demanda sub judice no reclama la indemnización a título de lucro cesante o daño emergente, sino la anulación de los actos que no devolvieron los dineros pagados, junto con los intereses previstos en el artículo 863 del ET.
En estos términos la Sala encuentra que las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión adoptada en la sentencia de primer grado que declaró la excepción de inepta demanda y se inhibió para resolver de fondo. Al ser procedente el cargo de apelación, esta Judicatura resolverá las excepciones previas que hubiere formulado la parte demanda y, a continuación, se analizarán los demás cargos de nulidad del escrito de demanda.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) – ARTÍCULO 4 / DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 85 / DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / DECRETO 1000 DE 1997 / LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863
EXCEPCIÓN PREVIA POR CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No configuración. Al haberse formulado en el término de ley / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Alcance. Se debe contabilizar a partir del día siguiente a la notificación de los actos particulares y no desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de un acto administrativo general / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE LO NO DEBIDO CON OCASIÓN DE SENTENCIA DE NULIDAD DE ACTO GENERAL – Procedibilidad. Se puede efectuar si el pago se efectuó con anterioridad a los últimos 5 años a la fecha de la sentencia anulatoria
El apoderado del municipio de El Espinal propuso la excepción previa de caducidad de la acción, pues, en su criterio, los hechos del escrito de demanda se fundamentan en la sentencia del 9 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de modo que a su entender la parte actora contaba con cuatro meses, es decir hasta el 9 de marzo de 2010, para promover de forma oportuna la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, considerando el término de caducidad asignado en el CCA a esa clase de acción (fol. 94). No es de recibo el planteamiento exceptivo que formula la demandada, puesto que, de acuerdo con el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, la caducidad se predica respecto de la oportunidad para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que profiere la Administración y se contabiliza a partir del día siguiente a la notificación de dichos actos. No cabe plantear la caducidad para demandar regulada en la norma en mención, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de un acto administrativo general, como eran los artículos 181 y 186 del Acuerdo 056 de 1999, del municipio de El Espinal. Tratándose de la sentencia que anula un acto administrativo general como sucedió en el caso del fallo del 9 de octubre de 2009, debe advertirse que la demandante podía acudir a la Administración a solicitar la devolución de los dineros que hubiere pagado a la autoridad tributaria, con fundamento en la providencia que anuló el acto. Eventualmente habrá lugar al rechazo de la solicitud de devolución de la actora si el pago se efectuó con anterioridad a los últimos 5 años a la fecha de la sentencia anulatoria. Sobre la eventual prescripción de las sumas pagadas por la demandante, la Sala se pronunciará más adelante.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 85
RECURSOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA – Alcance. El Acuerdo 025 de 2008 no hace referencia al recurso procedente contra los actos que decidan las devoluciones / ANOMIA DE PROCEDIMIENTO EN NORMAS TERRITORIALES – Efectos. Da lugar a la aplicación de los procedimientos (recursos) regidos por el Estatuto Tributario / PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL – Noción. Por mandato legal y por razones de especialidad, es preferible al procedimiento administrativo general, por lo que lo deben observar los entes territoriales / RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN EL ORDEN TERRITORIAL – Presupuestos. Se debe desatar en el término de un año desde su presentación en debida forma, aún sino se encuentra determinado por el ente territorial / ACUERDO 025 DE 2008 DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA – Inaplicación por ilegalidad del artículo 362, relativo a los recursos tributarios en sede administrativa / EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD – Finalidad. Permite salvaguardar la unidad del sistema jurídico / RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – Alcance. El acto que lo decida se debe proferir y notificar en el término del artículo 732 del E.T., so pena de que no surta efectos jurídicos / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Configuración. Al encontrase demostrado que la administración omitió notificar la decisión del recurso de reconsideración
[E]l artículo 362 del Acuerdo 025 del 2008, establece la procedencia del recurso de reconsideración, en los siguientes casos: (…) Nótese que el precitado artículo no hizo referencia expresa al recurso procedente contra los actos administrativos que decidan las devoluciones. Igualmente, se verifica que el Acuerdo 025 de 2008 no reguló el recurso procedente contra los actos administrativos que decidan las solicitudes de devolución, a pesar de que los artículos 438 a 440 ibid establecen el procedimiento de devoluciones por saldos a favor. Tampoco el ente territorial dispuso expresamente que contra dichos actos administrativos no procedía recurso alguno. En torno a esta aparente anomia de procedimiento en las solicitudes de devolución, se precisa que frente a los recursos procedentes y el trámite de las solicitudes de devolución originadas en pagos de lo no debido, los entes territoriales deben plegarse a los procedimientos (recursos) regidos por el ET, en los aspectos no regulados por el ente local, según voces del artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Ello, teniendo en cuenta no solo que por ese mandato legal expreso, la normativa aplicable a los procedimientos de gestión admninistrativa tributaria de las entidades territoriales debe ser acorde con la regulación que de esa clase de procedimientos se hace en el Estatuto Tributario expedido mediante el Decreto 624 de 1989 (ET); sino también porque, por razones de especialidad, son preferibles los procedimientos del ET a los que establecidos, para el procedimiento adminstrativo general, en el Decreto 01 de 1984 o, actualmente, el CPACA. Corolario de lo anterior, el artículo 720 del ET establece que el recurso de reconsideración, procede contra los actos administrativos que deciden las solicitudes de devolución, como pasa a verse: (…) Por su parte, los artículos 372 y 374 del Acuerdo 025 del 2008, establecen el término para desatar el recurso de reconsideración y la ocurrencia de la figura del silencio administrativo positivo, así: (…) Con apoyo en lo anterior, la Sala evidencia que: (…) El 23 de abril de 2010, la actora interpuso el recurso de reconsideración contra el acto administrativo que negó la prenotada devolución (fol. 42). Dicho recurso fue presentado de forma oportuna. Según el artículo 372 del Acuerdo 025 de 2008, la Administración tenía un año para desatar el recurso de reconsideración contado a partir de la fecha de notificación del auto admisorio del recurso; sin embargo, el demandado no profirió auto admisorio como tampoco desató el recurso de reconsideración debidamente interpuesto. Al efecto, la redacción del artículo 372 ibídem, podría eventualmente llevar a la interpretación de que la figura del silencio administrativo positivo no se generaría en la medida en que la autoridad tributaria omitiera expedir el auto admisorio del recurso. No obstante, se reitera que los entes territoriales deben observar el procedimiento establecido en el ET, de tal forma que el término para desatar el recurso de reconsideración comienza desde su presentación en debida forma de acuerdo con el artículo 732 del ET. Así, la Sala en virtud del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, inaplicará el artículo 372 del Acuerdo 25 de 2008, vía excepción de ilegalidad, a fin de dar prevalencia a las disposiciones del ET sobre dicha normativa territorial y en aras de salvaguardar la unidad del sistema jurídico tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional; en el sentido en que respecto de la excepción de ilegalidad se pronunció Corte Constitucional en la sentencia C-037, del 26 de enero de 2000. Así, el municipio de El Espinal debía notificar el acto administrativo que resolvía el recurso de reconsideración, a más tardar, el 23 de abril de 2011, de acuerdo con el artículo 732 del ET; y, como no lo hizo, operó la figura del silencio administrativo positivo.
Luego, el acaecimiento del silencio administrativo positivo se configura, como bien lo señalan las normas descritas, cuando la Administración no expide y notifica el acto que desata el recurso de reconsideración dentro del año a partir de la fecha de su debida interposición, tal como lo ha sostenido esta corporación: (…) Conforme lo dispone el artículo 734 del ET, el contribuyente podrá solicitar a su favor la declaración del silencio administrativo positivo, tal como lo hizo DICORP mediante escrito radicado ante la demandada, el 29 de julio de 2011 (fols. 60 a 64). Sin embargo, el municipio de El Espinal mediante Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011, denegó la solicitud de declarar el silencio administrativo positivo, pues, en su criterio, la omisión en la resolución del recurso interpuesto conlleva al silencio administrativo negativo, que no positivo. Contrario a lo manifestado por la autoridad tributaria, el 23 de abril de 2011 finalizó el término para desatar el recurso de reconsideración, toda vez que fue interpuesto el 23 de abril de 2010. Cabe registrar que a la fecha no existe noticia de que la Administración le haya notificado a la actora la decisión del recurso de reconsideración interpuesto. Así, puesto que la Administración no desató el recurso de reconsideración y denegó el reconocimiento del silencio administrativo positivo mediante el Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011, los actos acusados adolecen de nulidad por configurarse un defecto de competencia temporal, como lo ha indicado esta Sección.
FUENTE FORMAL: LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / DECRETO 24 DE 1989 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 720 / ACUERDO 025 DE 2008 (MUNICIPIO DEL ESPINAL) – ARTÍCULO 372 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 374 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 732 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 12
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la necesidad de notificar y no solo expedir el recurso de reconsideración dentro del término del artículo732 del E.T. la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 12 de abril de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2010-00037-01(18613), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance de la excepción de ilegalidad se cita la sentencia de la Corte Constitucional, C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la perdida de competencia temporal con ocasión del vencimiento del término para resolver el recurso de reconsideración se cita el auto del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 29 de enero de 2010, Exp. 73001-23-31-000-2009-00078-02(18028), C.P. William Giraldo Giraldo
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO DE PETICIONES DE DEVOLUCIÓN CON OCASIÓN DE SENTENCIA DE NULIDAD – Configuración. Respecto de los períodos sobre los cuales no haya operado la prescripción, de haber alegado el demandado la excepción / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO – Procedibilidad / SENTENCIA DE NULIDAD DE ACTOS GENERALES – Reiteración de jurisprudencia. Efectos. Surte efectos jurídicos inmediatos respeto de las situaciones jurídicas no consolidadas
Como la actora solicitó la devolución de lo pagado por impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008, con fundamento en la sentencia de nulidad del Tribunal Administrativo del Tolima, se observa que su solicitud es viable de acuerdo con la Constitución y la ley. En consecuencia, no existe obstáculo jurídico para reconocer que se configuró el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 374 del Acuerdo 025 de 2008, hecho que implica la resolución favorable a la solicitud de devolución de los pagos, por concepto de impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008. Sin embargo, la Sala observa que en torno a la devolución del impuesto de alumbrado público sufragado por los años 2003 y 2004 operó la prescripción regulada en el artículo 11 del Decreto 1000 de 1997 habida cuenta de que la solicitud de devolución se radicó el 30 de diciembre de 2009 (fols. 13 y 14 c a); excepción que fue formulada por el apoderado del municipio de El Espinal en la contestación de la demanda y que esta corporación deberá acoger (fols. 124 y 125). En relación con este aspecto, en anteriores providencias esta Sección ha considerado que las sentencias que anulan actos administrativos generales, surten efectos jurídicos inmediatos respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas; es decir, de aquellas susceptibles de ser discutidas en sede administrativa o en vía judicial. Al efecto, se ha indicado en la sentencia del 29 de junio de 2017, emitida por la Sección Cuarta, expediente 21724, (MP Stella Jeannette Carvajal Basto) que: la declaratoria de nulidad de un acto de carácter general supone afectar situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa al momento de proferirse el fallo. Por lo tanto, tratándose de situaciones jurídicas particulares no consolidadas, esto es, se reitera, de situaciones pendientes o en curso que estén en controversia ante la Administración o la Jurisdicción, la declaratoria de nulidad del acto general incide necesariamente en su validez. Corolario a lo antecedente, la Sala verifica que, respecto de los pagos del impuesto de alumbrado público, que realizó la actora en los años 2003 y 2004, se consolidó la situación jurídica con ocasión de la prescripción. En relación con los demás pagos efectuados, este juez colegiado observa que, si bien en los escritos de petición se anuncian como anexos las copias de los recibos de pago, estos no obran como pruebas en el proceso. En todo caso, la demandada en ningún momento refutó la existencia de los pagos que pide en devolución DICORP. Conforme con lo anterior, se le ordenará a la Administración que verifique si por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2005 a 2008, hubo pago por parte de la demandante, caso en el cual, el municipio de El Espinal deberá devolver dichas sumas, con el reconocimiento de los respectivos intereses moratorios. Las sumas a reintegrar procederán en la medida en que no exista una obligación pendiente, diferente a la analizada. Prosperan parcialmente los cargos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos generales se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 29 de junio de 2017, Exp. 25000-23-37-000-2012-00455-01(21724), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
RECONOCIMENTO DE INTERESES CORRIENTES Y MORATORIOS POR DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO – Reiteración de jurisprudencia. Base de liquidación. Forma de calcularlos / INTERESES EN DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO – Procedencia. Hay lugar al reconocimiento de intereses corrientes y moratorios en los términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario / DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO POR ORDEN DE NULIDAD – Presupuestos
Se reitera que se reconocen los intereses corrientes y de mora previstos en el artículo 863 del ET, aplicable a los pagos en exceso y de lo no debido por remisión de los artículos 850 y 855 ibidem. El alcance que la Sala le ha dado a la normativa en cita es que los intereses corrientes se causan a partir de la notificación del acto administrativo que negó la devolución y hasta la ejecutoria del acto administrativo que resuelve favorablemente la petición de devolución o la sentencia que declare a favor dicho reintegro. En caso de que ese acto administrativo se demande en acción de nulidad, los intereses corrientes se reconocerán hasta la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el acto que negó la devolución. Por su parte, los intereses de mora se causan a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del pago. En los casos de devolución de pagos en exceso o no de lo debido, se generan a partir de la exigibilidad de la obligación, que para el caso de que se anule el acto administrativo que rechaza la devolución, se presenta a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el acto que negó la devolución. En el evento en el que haya lugar a la devolución de alguna suma de dinero a favor del contribuyente, conforme con lo expuesto con anterioridad, se ordenará el reconocimiento de intereses, a cargo del municipio de El Espinal, a la tasa señalada en el artículo 864 del ET, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución – i.e. 30 de marzo de 2010 (fol. 8) - hasta la ejecutoria de esta providencia; e intereses moratorios, desde el día siguiente de la ejecutoria de este fallo hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ibídem. En estos términos se revocará la sentencia de primer grado y en su lugar se accederá a la nulidad parcial de los actos demandados.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 850 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 855 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 864
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causación de intereses corrientes y moratorios por pago en exceso y de lo no debido se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de agosto de 2017, Exp. 05001-23-31-000-2002-03243-01(20755), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D. C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00841-01(21087)
Actor: DIANA CORPORACIÓN S. A.
Demandado: MUNICIPIO DE EL ESPINAL
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de DIANA CORPORACIÓN S. A. (en adelante DICORP) contra la sentencia del ocho de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que se inhibió para estudiar las pretensiones de la demanda instaurada contra el municipio de El Espinal, por indebida escogencia de la acción.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Mediante sentencia del 9 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo del Tolima anuló los artículos 181 a 186 del Acuerdo 056 de 1999 (modificado por el Acuerdo 016 de 2007), proferido por el Concejo Municipal de El Espinal, que establecieron el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción.
El 30 de diciembre de 2009 (esto es, antes de la ejecutoria de la sentencia de nulidad), DICORP solicitó a la Secretaría de Hacienda y Tránsito del municipio de El Espinal la devolución de los pagos efectuados por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008.
Con Oficio nro. 307, del 24 de marzo de 2010, la Secretaría de Hacienda y Tránsito municipal se abstuvo de ordenar la devolución solicitada por la contribuyente.
Inconforme con la decisión, el 20 de abril de 2010, la contribuyente presentó recurso de reconsideración el cual no fue resuelto. Por esa razón, el 29 de julio de 2011 presentó petición ante la Secretaría de Hacienda y Tránsito municipal, a fin de que se declarara el silencio administrativo positivo.
Por medio del Oficio nro. 0774, del 22 de agosto de 2011, la autoridad municipal negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo bajo el argumento de que la falta de resolución del recurso lo que conlleva es la negativa de la decisión y, en consecuencia, lo que tendría que hacer la sociedad era acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para reclamar la devolución.
ANTECEDENTES PROCESALES
La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, DICORP propuso las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que por los motivos de ilegalidad que serán expuestos en la demanda, se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
(i) Oficio No. 0307 de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010) expedido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal del Municipio por medio del cual esa entidad niega a Dicorp la devolución de los pagos efectuados por ésta por concepto de impuesto de alumbrado público correspondientes a los años 2003 a 2008.
(ii) Oficio No. 0774 S.H.T.M. de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) expedido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal del Municipio, por medio del cual resuelve de manera extemporánea el recurso de reconsideración interpuesto por Dicorp en contra el (sic) Oficio No. 307 de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), citado en el literal (i) anterior.
SEGUNDO: Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, (i) se declare a favor de Dicorp el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO frente al recurso de reconsideración interpuesto por Dicorp en debida forma el 23 de abril de 2010 en contra del Oficio No. 307 del 24 de marzo de 2010 emitido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito del Municipio, (ii) que en consecuencia se reconozca, que las peticiones del recurso de reconsideración interpuesto por Dicorp se entienden falladas a favor en virtud de la operación del silencio administrativo positivo, y en consecuencia se ordene la devolución a Dicorp de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($292.058.382), suma pagada por ésta al Municipio por concepto de Impuesto de Alumbrado Público por los años 2003 a 2008, más los intereses corrientes y moratorios de conformidad con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional.
En el escrito de la demanda la actora invocó como normas violadas las siguientes: (i) artículos 29 y 84 Constitucionales; (ii) artículo 59 de la Ley 788 de 2002; (iii) artículo 66 de la Ley 383 de 1997; (iv) artículo 734 del ET; (v) artículos 372, 374 y parte considerativa del Estatuto de Rentas del municipio de El Espinal (Acuerdo 025 de 2008); y (vi) artículo 27 del CC.
Sustentó el concepto de la violación en cinco cargos, así:
Violación del derecho sustancial por desconocimiento del artículo 374 del Acuerdo Municipal 025 de 2008 y del artículo 734 del ET, norma en la que debió fundarse el Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011
Planteó que los actos administrativos violaron las normas en que deberían fundarse, esto es, el artículo 374 del Estatuto de Rentas del municipio de El Espinal y el artículo 734 del ET.
Sostuvo que, conforme a esta disposición, se configura el silencio administrativo positivo a favor de la contribuyente cuando en el término de un año no es resuelto el recurso de reconsideración. Estimó que en este sentido el municipio desatendió los artículos 372 y 374 del Estatuto de Rentas Municipal y la aplicación preferente de la norma especial, toda vez que en lugar de darle aplicación consideró que en el sub lite, la ausencia de respuesta al recurso originó el silencio administrativo negativo de acuerdo con el artículo 60 del Decreto 01 de 1984.
Citó las sentencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 24 de julio de 2008, en el expediente 16097; del 10 de septiembre de 2009, en el expediente 17277; y del 18 de marzo de 2010, en el expediente 17653, a partir de las cuales señala que, en su favor, operó el silencio administrativo positivo respecto de los hechos materia de demanda.
Nulidad del Oficio nro. 0307, del 24 de marzo de 2010, debido a que los acuerdos municipales 056 de 1999 y 016 de 2007 fueron declarados nulos a través de la sentencia del 9 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
Expresó que los actos acusados aceptan que el municipio recaudó las sumas discutidas, en virtud de los acuerdos municipales que en su momento, estaban vigentes y gozaban de presunción de legalidad.
Luego, el acto que niega la devolución desatiende la sentencia del 9 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se anularon los artículos 181 a 186 del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, relativos al impuesto de alumbrado público en el municipio de El Espinal. Lo anterior, en el entendido de que fueron retiradas del ordenamiento jurídico las normas que hicieron exigibles los pagos del mencionado tributo, de modo que los efectos de tal nulidad son ex tunc y se retrotraen a la fecha de expedición de los Acuerdos 56 de 1999 y 16 de 2007 (artículo 175 Dcto. 01 de 1984).
Señaló que el 18 de diciembre de 2009, DICORP solicitó la devolución de los pagos efectuados en vigencia de la normativa anulada, antes de la ejecutoria de tal decisión, de manera que se encontraba ante una situación jurídica no consolidada que hace viable el reintegro de los pagos.
Invocó las sentencias emitidas por esta Sección el seis de marzo de 2008, en el expediente 15710; el 17 de abril de 2008, en el expediente 15952; el 25 de septiembre de 2008, en el expediente 16155; y el 26 de septiembre de 2008, en el expediente 16290, a partir de las cuales afirma que los pagos realizados por DICORP carecen de validez.
Precisó que las situaciones surgidas con base en las normas anuladas deben restablecerse al estado en el que estaban, aun cuando sea proferida una normativa posterior que nuevamente prevea la obligación tributaria.
Manifestó que constituyen pagos indebidos, aquellos efectuados por la contribuyente por concepto de alumbrado público en los años gravables 2003 a 2008, de modo que se deben reintegrar, pues la causa legal fue anulada y no es exigible su cumplimiento. Así, alegando jurisprudencia de esta Sección concluyó que: (i) el municipio demandado se enriqueció en la suma de $292.058.382; (ii) dicho enriquecimiento fue a costa del correlativo empobrecimiento de DICORP S.A. en la misma suma y; (iii) el enriquecimiento fue sin causa legal, pues fueron declarados nulos los Acuerdos 56 de 1999 y 16 de 2007.
Agregó que el demandado quebrantó los artículos 209 y 230 de la Carta, que regulan la función administrativa con sujeción a los principios de igualdad, eficiencia, economía y celeridad.
Aseguró que el oficio demandado determinó que al momento de la solicitud de devolución no estaba ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo cual la petición no surtió ningún efecto. Al respecto, indicó que el recurso de apelación interpuesto por el municipio contra la providencia que anuló los actos administrativos generales fue declarado desierto por no haber sido sustentado, así que el 10 de marzo de 2010 quedó ejecutoriada la decisión, según constancia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima que adjuntó. Por lo anterior, estimó que el acto administrativo demandado incurre en falsa motivación.
Término para devolver el pago de lo no debido
Invocó el artículo 855 del ET, según el cual, el término para las devoluciones de pagos de lo no debido es de 30 días siguientes a la solicitud. Adujo que el municipio le debe reintegrar la suma de $292.058.382, pagados indebidamente en relación con el impuesto de alumbrado público de los años gravables 2003 a 2008. Teniendo en cuenta la fecha de radicación de la solicitud de devolución, el municipio tenía hasta el uno de febrero de 2010 para devolver a DICORP el prenotado valor.
Causación de intereses corrientes
Aseveró que frente a los valores que se deben reintegrar, procede el reconocimiento de los intereses corrientes y de mora, de acuerdo con los artículos 635, 863 y 864 del ET, aplicables al municipio de El Espinal por remisión expresa de los artículos 66 y 59 de las Leyes 383 de 1997 y 788 de 2002, respectivamente.
Al efecto, expresó que se causan intereses corrientes «a partir de la fecha de notificación del acto que niega la devolución, es decir a partir del 24 de marzo de 2010 fecha de notificación del Oficio 307 que se abstiene de ordenar la devolución, y hasta que se declare la nulidad» de los actos demandados (fol. 79).
Adicionalmente, afirmó que los intereses deben determinarse conforme a la tasa efectiva anual vigente para el respectivo mes de mora, certificada por la Superintendencia Financiera.
Causación de intereses de mora
Consideró que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la mentada solicitud de devolución, así como el término de 30 días para resolver la petición, se causaron intereses de mora a partir del dos de febrero de 2010 hasta la fecha del giro de cheque, de la emisión del título o de la consignación de los valores (artículos 635, 863 y 864 ET).
Contestación de la demanda
El municipio de El Espinal se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso las siguientes excepciones:
Existencia de fundamentos fácticos y jurídicos que justificaron el cobro del gravamen y que, por lo tanto, hacen impróspera la acción
Sostuvo que, contrario a lo manifestado por la actora, no hubo pagos de lo no debido en relación con el impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008. Así, los pagos de DICORP estaban amparados en los artículos 181 a 186 del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007. Dicha normativa estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, cuando fue derogada por el Acuerdo 028 de 2008.
Inexistencia de la obligación de devolución de dineros por presunción de legalidad
Aseguró que es improcedente la devolución de los pagos solicitados, en la medida en que se realizaron en vigencia de un acto administrativo de carácter general, que gozaba de presunción de legalidad.
Añadió que la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima fue proferida cuando ya no estaba vigente el Acuerdo 056 de 1999, pues había sido reemplazado por el Acuerdo 025 de 2008, así que mientras estuvo vigente el Acuerdo 056 de 1999 existía un fundamento jurídico para hacer efectivo el cobro del impuesto de alumbrado público en el municipio de El Espinal.
Asimismo, señaló que los efectos de la sentencia de nulidad rigen hacia el futuro, por lo que no se afectan los pagos efectuados por la contribuyente durante los períodos de vigencia del acuerdo, más aún, cuando la nulidad del acto administrativo se dio después de derogado el Acuerdo 056 de 1999, por el Acuerdo 025 de 2008.
Excepción en cuanto a la caducidad de la acción
Propuso la caducidad, toda vez que la situación que sirve de fundamento a la demanda es la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que anuló los actos administrativos generales, que cobró ejecutoria el 9 de marzo de 2010. Por tanto, consideró que se podía demandar hasta el 9 de julio de 2010, pero que la demanda se radicó extemporáneamente el año 2011.
Excepción de prescripción del derecho
Planteó que en el evento de que no se acogieran las anteriores excepciones, subsidiariamente se declarara la prescripción parcial de la acción, puesto que solo procedería la devolución de los pagos efectuados en los últimos 5 años, en virtud del artículo 817 del ET.
Genérica
Solicitó declarar probada cualquier otra excepción que se configure en el curso del proceso.
La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 8 de abril de 2014, declaró de oficio la inepta demanda por indebida escogencia de la acción y, concurrentemente, se inhibió de estudiar de fondo las pretensiones.
Identificó como problema jurídico: si era adecuada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la devolución de los pagos de tributos, con ocasión a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, según la tesis desarrollada por el Consejo de Estado.
Al respecto, expresó que en el evento de que se origine un daño a un particular por un acto administrativo general anulado, la acción pertinente sería de tipo indemnizatorio que no de restablecimiento del derecho. En este sentido, es improcedente analizar la legalidad de un acto que ya fue anulado mediante sentencia con efectos de cosa juzgada.
Precisó que el derecho a favor de la actora surgió con ocasión de la ejecutoria del fallo que anuló los actos generales, pues allí se configuró la falla administrativa. Al respecto, citó la sentencia emitida por la Sección Tercera de esta corporación el siete de junio de 2007, en el expediente 16474.
En torno a los efectos ex tunc de las decisiones judiciales, afirmó que estos no operan frente a las situaciones jurídicas consolidadas originadas en vigencia de la norma que gozaba de presunción de legalidad.
Señaló que en el sub judice los actos debatidos y la pretensión del restablecimiento del derecho son sustentados en la nulidad del Acuerdo 056 de 1999; sin embargo, los actos demandados «no fueron expedidos con fundamento en el acto declarado nulo, lo que varía sustancialmente el estudio y la acción a incoar, pues, como ya se ha expuesto sería la acción de reparación directa, la acción correcta a interponer, siendo esta la regla general» (fol. 141).
Aseveró que la postura del Consejo de Estado consiste en que excepcionalmente procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos particulares generados con fundamento en el acto general declarado nulo, eventualidad que no corresponde con asunto debatido, pues en el sub judice los actos censurados no fueron expedidos con fundamento en el acto general, sino como consecuencia de su nulidad, por lo cual la acción procedente era la de reparación directa.
Por todo lo anterior, se declaró inhibida para conocer de fondo el asunto.
El recurso de apelación
El apoderado judicial de la actora presentó recurso de apelación contra la sentencia del tribunal y solicitó que se revocara.
En relación con la sentencia de primera instancia, adujo que el daño causado a DICORP tiene como origen la expedición de los actos administrativos contenidos en el Oficio nro. 0307, del 24 de marzo de 2010, y en el Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011, expedidos por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal de El Espinal, por medio de los cuales el municipio resolvió un asunto de carácter particular y concreto y puso fin a un procedimiento administrativo. Tales actos administrativos crearon una situación jurídica a la actora, concerniente al rechazo de la devolución del pago de lo no debido por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008.
En este contexto, advierte que la indemnización pretendida deviene de la actuación de la Administración realizada entre la anulación de los actos administrativos generales y la obligación de reintegrar los pagos efectuados por los contribuyentes pues esta era una consecuencia implícita en la decisión que declaró la nulidad de los mentados acuerdos conforme a los efectos ex tunc de dicha providencia judicial.
Frente a la diferencia entre la acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho, precisó que en el caso de esta última, obra un acto administrativo con consecuencias jurídicas que se somete a control de legalidad. En dicho escenario, estimó que la sentencia recurrida desconoce la presencia de los actos administrativos y acusó una indebida escogencia de la acción, cuando lo cierto es que es correcta la demanda instaurada.
Invocó el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 que prevé taxativamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en los casos en que se pretenda la devolución de lo pagado indebidamente.
En estos términos solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se estudien de fondo las pretensiones de la demanda.
Alegatos de conclusión
La demandante insistió en los argumentos del recurso de apelación.
Por su parte, el municipio de El Espinal guardó silencio.
El ministerio público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación presentado por la sociedad DICORP, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la sentencia del ocho de abril de 2014, que declaró de oficio la excepción de ineptitud de la demanda y concurrentemente se inhibió para resolver de fondo la litis.
Al efecto, la Sala definirá el medio judicial acorde con la pretensión de la demanda. Seguidamente, se determinará si es procedente el estudio de fondo que conlleva al control de legalidad de los actos administrativos combatidos y a la eventual declaración del silencio administrativo positivo.
Se adoptará la decisión tomando en consideración las siguientes pruebas:
(i) Sentencia del nueve de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró la nulidad de los artículos 181 y 186 del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007 (fols. 14 a 29).
(ii) Auto del 29 de enero de 2010, por el cual se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el municipio de El Espinal, contra la sentencia del tribunal (fols. 30 y 31).
(iii) Escritos de petición radicados el 30 de diciembre del 2009 ante la demandada, mediante los cuales DICORP solicita la devolución por pago de lo no debido por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008 (fols. 6 y 7; 13 y 14; 22 y 23; 31 y 32; 40 y 41; y 49 y 50 c a).
(iv) Oficio nro. 0307, del 24 de marzo del 2010, por el cual la Administración negó la devolución de los pagos efectuados por la demandante, con ocasión del Acuerdo 056 de 1999 (fols. 8 y 8ª). Este acto fue notificado a la actora el 30 de marzo de 2010.
(v) Recurso de reconsideración interpuesto por DICORP contra la decisión que negó la devolución del pago de lo no debido, radicado el 23 de abril de 2010 (fols. 42 a 59).
(vi) Escrito de petición del 29 de julio del 2011, a través del cual DICORP solicitó a la demandada, la declaración del silencio administrativo positivo como resultado de la omisión en la expedición del acto que resuelve el recurso de reconsideración contra el acto que denegó la devolución (fols. 60 a 64).
(vii) Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto del 2011, por el cual se niega la solicitud de la declaración del silencio administrativo positivo y se insiste en negar la devolución de lo pagado por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008 (fols. 10 a 12).
Nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa
Las actuaciones administrativas pueden surgir en cumplimiento de un deber legal, de oficio, o a través del ejercicio de los derechos de petición de interés general o particular (artículo 4 del Decreto 01 de 1984). Al pronunciarse la Administración mediante un acto administrativo, ya sea particular o impersonal, que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones, podrá ser objeto de control judicial y, eventualmente, conllevar el restablecimiento del derecho de un particular cuando ello sea procedente.
En ese escenario, el administrado desvirtuará la presunción de legalidad y solicitará el restablecimiento del derecho que implica volver las cosas a su estado anterior. Si el restablecimiento no es posible, deberá repararse el daño y, si es el caso, devolver lo pagado indebidamente.
En torno al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (vigente para la época de la presentación de la demanda), establecía (acentúa la Sala):
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o la devolución de lo que pagó indebidamente.
Como se aprecia, siempre que se predique una lesión o un daño por la expedición de un acto administrativo de carácter general o particular, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sobre el particular, la Administración en su actuar también puede producir efectos jurídicos sin que medie la existencia de un acto administrativo, como es el caso de un hecho (omisión), una operación administrativa o los contratos. Tratándose de los hechos (omisiones) y las operaciones administrativas, el artículo 86 ibidem regula la acción de reparación directa, así (acentúa la Sala):
Artículo 86. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resultan perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
La norma se acompasa con el artículo 90 constitucional, según el cual:
Artículo 90. El Estado responderá, patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…).
Vale decir, la acción de reparación directa procede ante la ocurrencia de un daño, originado en un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de bienes por parte de una entidad pública o de un particular que haya obrado siguiendo una precisa instrucción de la misma. En estos términos, también es procedente la acción de grupo la cual es eminentemente indemnizatoria respecto de un grupo de personas que fueron lesionadas con el mismo hecho, omisión u operación administrativa.
Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede para controvertir la legalidad de un acto administrativo cuya anulación conlleva al restablecimiento del derecho (entre ellos la devolución de lo pagado indebidamente), y, si es del caso, a la indemnización de los perjuicios que hubieren ocasionado los efectos jurídicos del acto.
Al descender al caso concreto, la Sala observa que en el acápite de las pretensiones de la demanda se reclama lo siguiente:
PRIMERO: Que por los motivos de ilegalidad que serán expuestos en la presente demanda, se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
(i) Oficio No. 0307 de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010) expedido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal (…).
(ii) Oficio No. 0774 SHTM de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) expedido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal (…)
SEGUNDO: Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, (i) se declare a favor de Dicorp el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO frente al recurso de reconsideración interpuesto por Dicorp en debida forma el 23 de abril de 2010 en contra del Oficio No. 307 del 24 de marzo de 2010 (…), (ii) que en consecuencia se reconozca, que las peticiones del recurso de reconsideración interpuesto por Dicorp se entienden falladas a favor (…), y en consecuencia se ordene la devolución a Dicorp de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($292.058.382) (…), más los intereses corrientes y moratorios de conformidad con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional.
Según se desprende del petitum de la demanda, es patente que la actora solicita la nulidad de los actos administrativos de contenido particular que negaron la devolución de lo pagado indebidamente. Asimismo, tratándose de los pagos efectuados sin causa legal, la normativa tributaria regula taxativamente el procedimiento de devolución en el artículo 850 del ET, en consonancia con el Decreto 1000 de 1997 (vigente para la época de los hechos), normativa aplicable a los tributos territoriales conforme al artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
Al efecto, el a quo erró en la interpretación de las pretensiones de la demanda, pues, aparte de la discusión de si es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de los eventuales perjuicios ocasionados en vigencia de la normativa posteriormente anulada, es lo cierto que la demanda sub judice no reclama la indemnización a título de lucro cesante o daño emergente, sino la anulación de los actos que no devolvieron los dineros pagados, junto con los intereses previstos en el artículo 863 del ET.
En estos términos la Sala encuentra que las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión adoptada en la sentencia de primer grado que declaró la excepción de inepta demanda y se inhibió para resolver de fondo. Al ser procedente el cargo de apelación, esta Judicatura resolverá las excepciones previas que hubiere formulado la parte demanda y, a continuación, se analizarán los demás cargos de nulidad del escrito de demanda.
Caducidad de la acción
El apoderado del municipio de El Espinal propuso la excepción previa de caducidad de la acción, pues, en su criterio, los hechos del escrito de demanda se fundamentan en la sentencia del 9 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de modo que a su entender la parte actora contaba con cuatro meses, es decir hasta el 9 de marzo de 2010, para promover de forma oportuna la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, considerando el término de caducidad asignado en el CCA a esa clase de acción (fol. 94).
No es de recibo el planteamiento exceptivo que formula la demandada, puesto que, de acuerdo con el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, la caducidad se predica respecto de la oportunidad para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que profiere la Administración y se contabiliza a partir del día siguiente a la notificación de dichos actos. No cabe plantear la caducidad para demandar regulada en la norma en mención, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de un acto administrativo general, como eran los artículos 181 y 186 del Acuerdo 056 de 1999, del municipio de El Espinal.
Tratándose de la sentencia que anula un acto administrativo general como sucedió en el caso del fallo del 9 de octubre de 2009, debe advertirse que la demandante podía acudir a la Administración a solicitar la devolución de los dineros que hubiere pagado a la autoridad tributaria, con fundamento en la providencia que anuló el acto. Eventualmente habrá lugar al rechazo de la solicitud de devolución de la actora si el pago se efectuó con anterioridad a los últimos 5 años a la fecha de la sentencia anulatoria.
Sobre la eventual prescripción de las sumas pagadas por la demandante, la Sala se pronunciará más adelante.
Devolución del pago de lo no debido-silencio administrativo positivo
En criterio de la demandante, procede la devolución de los pagos efectuados por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008, debido a que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la sentencia del nueve de octubre de 2009, anuló los artículos 181 y 186 del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, proferidos por el Concejo Municipal del Espinal. El recurso de apelación interpuesto por el municipio de El Espinal contra la anterior providencia, fue declarado desierto por el Consejo de Estado a través de auto del 29 de enero de 2010 (fols. 30 y 31).
Por su parte, DICORP presentó escritos de petición, radicados ante la demandada el 30 de diciembre de 2009 (fols. 6 y 7; 13 y 14; 22 y 23; 31 y 32; 40 y 41; 49 y 50 ca), en los cuales solicitó la devolución del impuesto de alumbrado público pagado en los años 2003 a 2008, de conformidad con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
El 24 de marzo de 2010, mediante Oficio nro. 0307 el municipio de El Espinal resolvió las solicitudes de la contribuyente, así (fols. 8 y 9):
(…) los pagos que por dicho concepto se efectuaron durante el tiempo que duró vigente el Acuerdo 056 de 1999 y 016 de 2005 están amparados en un Acto Administrativo de carácter general que gozaba de presunción de legalidad, por lo que los cobros y pagos se ajustaron a la normatividad vigente para esa época.
De otra parte, si bien es cierto los artículos antes descritos fueron declarados nulo (sic) mediante fallo de primera instancia de fecha 09 de Octubre de 2009, por el Tribunal del Tolima, también es cierto que el Acuerdo ya había dejado de regir en el Municipio por disposición del Nuevo Estatuto de Rentas Municipales, que fue sancionado mucho antes de que se instaurara la demanda de nulidad ante el Contencioso Administrativo. (…)
Por lo tanto, esta Secretaría se abstiene de ordenar la devolución solicitada.
Dicho acto administrativo fue notificado a la actora el 30 de marzo de 2010 (fol. 61 ca). Ahora bien, el artículo 362 del Acuerdo 025 del 2008, establece la procedencia del recurso de reconsideración, en los siguientes casos:
Artículo 362. Recursos tributarios. Una vez practicadas las actuaciones mediante las cuales la administración determina los impuestos o sanciones a cargo de un contribuyente, ya sea que estas se llamen liquidaciones de revisión, corrección, aforo o resoluciones, el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, puede mostrar su inconformidad interponiendo el recurso de reconsideración dentro del mes siguiente a la notificación, ante el funcionario competente.
Nótese que el precitado artículo no hizo referencia expresa al recurso procedente contra los actos administrativos que decidan las devoluciones.
Igualmente, se verifica que el Acuerdo 025 de 2008 no reguló el recurso procedente contra los actos administrativos que decidan las solicitudes de devolución, a pesar de que los artículos 438 a 440 ibid establecen el procedimiento de devoluciones por saldos a favor. Tampoco el ente territorial dispuso expresamente que contra dichos actos administrativos no procedía recurso alguno.
En torno a esta aparente anomia de procedimiento en las solicitudes de devolución, se precisa que frente a los recursos procedentes y el trámite de las solicitudes de devolución originadas en pagos de lo no debido, los entes territoriales deben plegarse a los procedimientos (recursos) regidos por el ET, en los aspectos no regulados por el ente local, según voces del artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
Ello, teniendo en cuenta no solo que por ese mandato legal expreso, la normativa aplicable a los procedimientos de gestión admninistrativa tributaria de las entidades territoriales debe ser acorde con la regulación que de esa clase de procedimientos se hace en el Estatuto Tributario expedido mediante el Decreto 624 de 1989 (ET); sino también porque, por razones de especialidad, son preferibles los procedimientos del ET a los que establecidos, para el procedimiento adminstrativo general, en el Decreto 01 de 1984 o, actualmente, el CPACA.
Corolario de lo anterior, el artículo 720 del ET establece que el recurso de reconsideración, procede contra los actos administrativos que deciden las solicitudes de devolución, como pasa a verse:
Artículo 720. Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración.
Por su parte, los artículos 372 y 374 del Acuerdo 025 del 2008, establecen el término para desatar el recurso de reconsideración y la ocurrencia de la figura del silencio administrativo positivo, así:
Artículo 372. Términos para fallar el recurso de reconsideración. El funcionario competente del despacho del Alcalde Municipal o la Secretaría de Hacienda, tendrá un plazo de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración contados a partir de la fecha de notificación del auto admisorio del mismo.
Artículo 374. Silencio administrativo positivo. Si transcurrido el término señalado para resolver el recurso, este no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso el funcionario competente así lo declare (sic)
Con apoyo en lo anterior, la Sala evidencia que:
El 23 de abril de 2010, la actora interpuso el recurso de reconsideración contra el acto administrativo que negó la prenotada devolución (fol. 42). Dicho recurso fue presentado de forma oportuna.
Según el artículo 372 del Acuerdo 025 de 2008, la Administración tenía un año para desatar el recurso de reconsideración contado a partir de la fecha de notificación del auto admisorio del recurso; sin embargo, el demandado no profirió auto admisorio como tampoco desató el recurso de reconsideración debidamente interpuesto.
Al efecto, la redacción del artículo 372 ibidem, podría eventualmente llevar a la interpretación de que la figura del silencio administrativo positivo no se generaría en la medida en que la autoridad tributaria omitiera expedir el auto admisorio del recurso. No obstante, se reitera que los entes territoriales deben observar el procedimiento establecido en el ET, de tal forma que el término para desatar el recurso de reconsideración comienza desde su presentación en debida forma de acuerdo con el artículo 732 del ET. Así, la Sala en virtud del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, inaplicará el artículo 372 del Acuerdo 25 de 2008, vía excepción de ilegalidad, a fin de dar prevalencia a las disposiciones del ET sobre dicha normativa territorial y en aras de salvaguardar la unidad del sistema jurídico tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional; en el sentido en que respecto de la excepción de ilegalidad se pronunció Corte Constitucional en la sentencia C-037, del 26 de enero de 2000.
Así, el municipio de El Espinal debía notificar el acto administrativo que resolvía el recurso de reconsideración, a más tardar, el 23 de abril de 2011, de acuerdo con el artículo 732 del ET; y, como no lo hizo, operó la figura del silencio administrativo positivo.
Luego, el acaecimiento del silencio administrativo positivo se configura, como bien lo señalan las normas descritas, cuando la Administración no expide y notifica el acto que desata el recurso de reconsideración dentro del año a partir de la fecha de su debida interposición, tal como lo ha sostenido esta corporación:
Dentro de este plazo, la Administración no sólo debe proferir el acto por el que resuelve el recurso de reconsideración, sino que debe notificarlo, pues es a partir de la notificación que los actos administrativos de carácter particular y concreto surten sus efectos jurídicos.
Conforme lo dispone el artículo 734 del ET, el contribuyente podrá solicitar a su favor la declaración del silencio administrativo positivo, tal como lo hizo DICORP mediante escrito radicado ante la demandada, el 29 de julio de 2011 (fols. 60 a 64).
Sin embargo, el municipio de El Espinal mediante Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011, denegó la solicitud de declarar el silencio administrativo positivo, pues, en su criterio, la omisión en la resolución del recurso interpuesto conlleva al silencio administrativo negativo, que no positivo.
Contrario a lo manifestado por la autoridad tributaria, el 23 de abril de 2011 finalizó el término para desatar el recurso de reconsideración, toda vez que fue interpuesto el 23 de abril de 2010.
Cabe registrar que a la fecha no existe noticia de que la Administración le haya notificado a la actora la decisión del recurso de reconsideración interpuesto.
Así, puesto que la Administración no desató el recurso de reconsideración y denegó el reconocimiento del silencio administrativo positivo mediante el Oficio nro. 0774 SHTM, del 22 de agosto de 2011, los actos acusados adolecen de nulidad por configurarse un defecto de competencia temporal, como lo ha indicado esta Sección.
Si bien es cierto que la figura del silencio administrativo positivo trae consigo la consecuencia de entenderse fallado el recurso a favor del recurrente, en el sub judice, la ocurrencia del silencio administrativo positivo es provocada dentro de un procedimiento administrativo iniciado por la actora mediante peticiones de devolución presentadas el 30 de diciembre de 2009 (fols. 6 y 7; 13 y 14; 22 y 23; 31 y 32; 40 y 41; y 49 y 50 c a).
Esta corporación detalla que la demandante solicitó al municipio de El Espinal la devolución de los pagos efectuados por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008, así (fol. 48):
Impuesto pagado
Valor pagado
Año 2003
$43.792.130
Año 2004
$43.701.911
Año 2005
$49.141.497
Año 2006
$50.041.716
Año 2007
$43.523.737
Año 2008
$61.857.391
Total
$292.058.382
La anterior solicitud estuvo fundamentada en la sentencia del nueve de octubre del 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se anularon los artículos 181 a 186 del Acuerdo 056 de 1999, que establecían el impuesto de alumbrado público en dicho municipio (Tribunal Administrativo del Tolima, expediente nro. 00078/09). Dicha corporación, estimó:
La solicitud de nulidad se fundamenta básicamente en que el Municipio accionado tomó las facultades establecidas en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para establecer el impuesto sobre alumbrado público y expidió el Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, no obstante que dicho impuesto perdió aplicabilidad y no puede desarrollarse a nivel municipal, debido a la falta de precisión en la Ley 97 de 1913 frente a lo que se pretende gravar.
(…)
A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se han expuesto tres tesis, a saber: (i) Aquellas que niegan de manera rotunda las existencia (sic) de un poder tributario en materia local; (ii) Las que no definen la cuestión jurídica; y (iii) Las que apuestan por la existencia de sistemas de tributarios diferenciados y, por tanto, justifican la existencia de un poder tributario autónomo en el ámbito local.
(…)
En este orden de ideas, al paso que la Corte Constitucional ha oscilado entre los tres tipos de tesis, la postura predominante en el Consejo de Estado ha sido la negativa, fundamentada en la reserva de ley. (…)
Considera esta Sala, con relación al impuesto objeto de controversia, que el Concejo del Municipio de el Espinal Tolima no tiene autorización legal para implantar e implementar tanto el impuesto de alumbrado público como fijar los elementos estructurantes del tributo.
(…)
El Concejo Municipal de el Espinal-Tolima estableció en los artículos 181 a 186 inclusive, los elementos del “Impuesto de alumbrado público”, los hechos generadores, sin que exista una norma superior que les fije los parámetros para determinar estos elementos propios de la ley que crea el gravamen, por lo que, ante la ausencia de determinación legal de los elementos estructurales del impuesto, el Concejo carece de competencia derivada para desarrollarlo.
(…)
FALLA
(…)
SEGUNDO. SON NULOS los artículos 181 a 186 del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, expedido por el Concejo Municipal de el Espinal, que estableció los elementos, los sujetos, la base gravable, el hecho generador y demás elementos de la contribución del impuesto de alumbrado público en esa población (fols. 18, 19, 20 y 28).
Como se aprecia, la sentencia que anuló las disposiciones del Acuerdo 056 de 1999, modificado por el Acuerdo 016 de 2007, determinó que el municipio de El Espinal no podía establecer el impuesto de alumbrado público; esta providencia fue recurrida en apelación por parte del municipio; sin embargo, por medio del auto, del 29 de enero del 2010, esta Judicatura declaró desierto el mentado recurso (fols. 30 y 31). Y la sentencia que decretó la ilegalidad del cobro del impuesto de alumbrado público con fundamento en los Acuerdos 056 de 1999, y 016 de 2007, está en firme e hizo tránsito a cosa juzgada.
Como la actora solicitó la devolución de lo pagado por impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008, con fundamento en la sentencia de nulidad del Tribunal Administrativo del Tolima, se observa que su solicitud es viable de acuerdo con la Constitución y la ley.
En consecuencia, no existe obstáculo jurídico para reconocer que se configuró el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 374 del Acuerdo 025 de 2008, hecho que implica la resolución favorable a la solicitud de devolución de los pagos, por concepto de impuesto de alumbrado público de los años 2003 a 2008.
Sin embargo, la Sala observa que en torno a la devolución del impuesto de alumbrado público sufragado por los años 2003 y 2004 operó la prescripción regulada en el artículo 11 del Decreto 1000 de 1997 habida cuenta de que la solicitud de devolución se radicó el 30 de diciembre de 2009 (fols. 13 y 14 c a); excepción que fue formulada por el apoderado del municipio de El Espinal en la contestación de la demanda y que esta corporación deberá acoger (fols. 124 y 125).
En relación con este aspecto, en anteriores providencias esta Sección ha considerado que las sentencias que anulan actos administrativos generales, surten efectos jurídicos inmediatos respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas; es decir, de aquellas susceptibles de ser discutidas en sede administrativa o en vía judicial. Al efecto, se ha indicado en la sentencia del 29 de junio de 2017, emitida por la Sección Cuarta, expediente 21724, (MP Stella Jeannette Carvajal Basto) que:
la declaratoria de nulidad de un acto de carácter general supone afectar situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa al momento de proferirse el fallo. Por lo tanto, tratándose de situaciones jurídicas particulares no consolidadas, esto es, se reitera, de situaciones pendientes o en curso que estén en controversia ante la Administración o la Jurisdicción, la declaratoria de nulidad del acto general incide necesariamente en su validez.
Corolario a lo antecedente, la Sala verifica que, respecto de los pagos del impuesto de alumbrado público, que realizó la actora en los años 2003 y 2004, se consolidó la situación jurídica con ocasión de la prescripción.
En relación con los demás pagos efectuados, este juez colegiado observa que, si bien en los escritos de petición se anuncian como anexos las copias de los recibos de pago, estos no obran como pruebas en el proceso. En todo caso, la demandada en ningún momento refutó la existencia de los pagos que pide en devolución DICORP.
Conforme con lo anterior, se le ordenará a la Administración que verifique si por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2005 a 2008, hubo pago por parte de la demandante, caso en el cual, el municipio de El Espinal deberá devolver dichas sumas, con el reconocimiento de los respectivos intereses moratorios. Las sumas a reintegrar procederán en la medida en que no exista una obligación pendiente, diferente a la analizada. Prosperan parcialmente los cargos.
Del reconocimiento de intereses
Se reitera que se reconocen los intereses corrientes y de mora previstos en el artículo 863 del ET, aplicable a los pagos en exceso y de lo no debido por remisión de los artículos 850 y 855 ibidem.
El alcance que la Sala le ha dado a la normativa en cita es que los intereses corrientes se causan a partir de la notificación del acto administrativo que negó la devolución y hasta la ejecutoria del acto administrativo que resuelve favorablemente la petición de devolución o la sentencia que declare a favor dicho reintegro. En caso de que ese acto administrativo se demande en acción de nulidad, los intereses corrientes se reconocerán hasta la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el acto que negó la devolución. Por su parte, los intereses de mora se causan a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del pago.
En los casos de devolución de pagos en exceso o no de lo debido, se generan a partir de la exigibilidad de la obligación, que para el caso de que se anule el acto administrativo que rechaza la devolución, se presenta a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el acto que negó la devolución.
En el evento en el que haya lugar a la devolución de alguna suma de dinero a favor del contribuyente, conforme con lo expuesto con anterioridad, se ordenará el reconocimiento de intereses, a cargo del municipio de El Espinal, a la tasa señalada en el artículo 864 del ET, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución – i.e. 30 de marzo de 2010 (fol. 8) - hasta la ejecutoria de esta providencia; e intereses moratorios, desde el día siguiente de la ejecutoria de este fallo hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ibidem.
En estos términos se revocará la sentencia de primer grado y en su lugar se accederá a la nulidad parcial de los actos demandados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
Primero: REVÓCASE la sentencia del ocho de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para conocer de fondo los actos censurados. En su lugar:
Segundo: DECLÁRASE la nulidad parcial del Oficio Nro. 0774, del 22 de agosto de 2011, proferido por la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal del Espinal, a través del cual se negó la declaración del silencio administrativo positivo, en relación con el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por la sociedad actora.
Tercero: Concurrentemente, DECLÁRASE la nulidad parcial del Oficio nro. 0307, del 24 de marzo de 2010, mediante el cual se negó la devolución de los pagos indebidos por concepto del impuesto de alumbrado público de los años 2004 a 2008, conforme a lo analizado.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho y como resultado del silencio administrativo positivo a favor de DICORP se le ordena al municipio de El Espinal que verifique, en los términos indicados en esta sentencia, si por concepto de impuesto del impuesto de alumbrado público de los años 2005 a 2008, hubo pago del tributo, por parte de la actora, caso en el cual, la demandada deberá devolver, las sumas sufragadas en dicho período, junto con los intereses corrientes a la tasa señalada en el artículo 864 del Estatuto Tributario, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución –30 de marzo de 2010- hasta la ejecutoria de esta providencia, y con los intereses moratorios desde el día siguiente de la ejecutoria de este fallo hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ibidem. La anterior devolución procederá previa verificación de que no exista una obligación tributaria pendiente, diferente a la analizada.
Quinto. DECLÁRASE probada la excepción de prescripción de los pagos efectuados por la demandante durante los años 2003 y 2004, por concepto de impuesto de alumbrado público, conforme a la parte considerativa de esta decisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados (…).
Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.
Artículo 732. Término para resolver los recursos. La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contados a partir de su interposición en debida forma.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 12 de abril de 2012. Exp. 25000-23-27-000-2010-00037-01(18613).
Ver sentencia de 19 de enero de 2012. C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Exp. 85001-23-31-000-2007-00120-01(17578).
Modificado por el Acuerdo 016 de 2007.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. CP William Giraldo Giraldo. Auto del 29 de enero de 2010, expediente 73001233100020090007802 (18028).
Ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente nro. 05001-23-31-000-2002-03243-01(20755).
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