Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-31-000-2012-00287-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-31-000-2012-00287-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-31-000-2012-00287-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
Demandante: Ángela Constanza Rincón Zamora
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el quince (15) de
abril de dos mil dieciséis (2016) por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Ángela Constanza Rincón Zamora interpuso demanda en contra
de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los artículos 7 del Decreto 43 de
1995; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 43 de 1999; 9 del Decreto 2739 de
2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 6 del Decreto 389 de
2006; 6 del Decreto 618 de 2007; 6 del Decreto 658 de 2008; 8 del Decreto 723 de
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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2009; y 8 del Decreto 1039 de 2011.
3. Que se declare la nulidad del Oficio DSAJ- 000643 del 7 de junio de 2011 y
de la Resolución 001953 del 16 de agosto de 2011, a través de las cuales la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la reliquidación y el
pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales,
en virtud de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, así como del acto ficto producto del silencio de la entidad frente al recurso de
apelación interpuesto.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer, desde el 1 de
enero de 1993, la prima especial de servicios, equivalente al 30 % de la
remuneración, como incremento al salario, y reliquidar todas sus prestaciones
sociales, salariales y laborales, teniendo como base de liquidación el 100 % del
sueldo, con la inclusión del 30 % de la asignación básica que no se ha considerado
porque se ha computado como prima especial de servicios, sin carácter salarial.
5. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los intereses
moratorios a los que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, desde el 31 de enero de 1986 hasta la fecha; y que el 17 de mayo de
2011 solicitó el reconocimiento de la prima especial de servicios, sin carácter
salarial, y la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100 % del salario,
incluyendo el 30 % que ha sido descontado a título de prima, desde el año 1993
hasta la fecha, petición que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; y 152 de la Ley 270 de 1996.
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto citó, entre
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otras, las decisiones del 2 de abril de 20092 y 19 de mayo de 20103, proferidas por
el Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 6 de febrero de 2013 fue admitida la demanda. La entidad4 sostuvo que
los actos administrativos gozan de legalidad, dado que el Gobierno nacional tiene
la potestad de establecer que el 30 % de la remuneración básica mensual de los
servidores públicos sea considerada como prima especial de servicios, sin carácter
salarial. Añadió que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue declarado exequible por
la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-279 de 1996.
10. Propuso como excepciones las de «prescripción» y la «innominada».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016)5, accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios.
12. Señaló que la entidad redujo el sueldo de la actora en un 30 %, por lo que
liquidó sus prestaciones sociales con el 70 % del salario básico. Concluyó que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adeuda «los efectos e incidencias en
todas sus prestaciones que tenga el 30% de su salario básico que hasta ahora ha
excluido de la base de liquidación» durante todo el tiempo laborado.
13. Indicó que, si bien dicho factor no tiene carácter salarial en relación con las
prestaciones, debe tenerse en cuenta para el cálculo de los aportes a seguridad
social en pensión.
14. Declaró no probada la prescripción.6 Señaló que las normas que regulaban
la prima especial de servicios se encontraban vigentes, y es a partir de esta decisión,
en la que se inaplican por inconstitucional las respectivas disposiciones, que se
constituye el derecho para la actora.
15. Condenó a la entidad a pagar, de forma actualizada, en favor de la actora,
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009.
Expediente: 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 19 de mayo de
2010. Expediente: 25000-23-25-000-2005-01134-01(0419-07). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
4 Folios 119 a 125.
5 Folios 227 a 239.
6 Citó las sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 2 de abril del mismo año.
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desde el 1 de enero de 1993, en adelante, la prima especial de servicios, sin carácter
salarial, equivalente al 30 % del salario, como valor adicional a la remuneración, y
las diferencias que resulten de reliquidar las prestaciones «[…] y emolumentos
laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social […]»,
sobre el 100 % del salario, con la inclusión del 30 % que se ha tenido como prima
especial. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
16. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación, sostuvo que ha
aplicado correctamente el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en atención a lo
establecido por el Gobierno nacional en los decretos salariales expedidos
anualmente. Insistió en que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial,
salvo para efectos pensionales. Agregó que el artículo 7 del Decreto 618 de 2007
no contempló dentro de los cargos beneficiarios de la prima especial, el de
magistrado de tribunal o juez de la República.
17. Que el medio de control de simple nulidad tiene como finalidad exclusiva la
protección del orden jurídico en abstracto y no comporta automáticamente el
restablecimiento de derechos particulares.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 20 de noviembre de 20178 se admitió el recurso, y a través de providencia
del 5 de marzo de 20189, se ordenó correr traslado de 10 días para que se
presentaran los alegatos de conclusión.
19. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
20. El 25 de junio de 202610 se advirtió que en el expediente identificado con
número interno 3319-2015, se dispuso la acumulación de varios procesos, entre
ellos el correspondiente a la señora Ángela Constanza Rincón Zamora, pese a
tratarse de controversias distintas. En consecuencia, se ordenó, entre otros, el
desglose de la decisión del 15 de diciembre de 2020, proferida dentro del proceso
con radicado: 25000232500020100008902.
Se decidirá previas las siguientes,
7 Folios 229 a 239.
8 Folio 271.
9 Folio 273.
10 Índice 68 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
21. Deberá resolver la subsección si la demandante, en calidad de juez de la
República, tiene derecho a la prima especial de servicios como componente
adicional de la asignación básica y a la reliquidación de las prestaciones sociales
con base en el 100 % de su remuneración; si dicho emolumento tiene carácter
salarial.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
22. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201411, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
24. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
septiembre de 201912, 11 de julio de 202313, 5 de septiembre de 202314, 5 de
diciembre de 202315, 6 de agosto de 202416 y 18 de diciembre de 202417. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
25. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202418, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario».19
Resolución del caso concreto
26. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a pagar «la prima especial de
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
19 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
servicios, sin carácter salarial en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de
la asignación básica mensual, «teniéndola como un […] valor adicional sobre la
misma», y a reliquidar las prestaciones sociales, entre ellas, las diferencias por
concepto de cesantías y aportes a la seguridad social, «teniendo como base el
100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30 % de esta que hasta ahora se
ha considerado como prima». Lo anterior, al encontrar acreditado que la actora ha
laborado como juez de la República desde el 31 de enero de 1986, y que desde
1993, ha percibido montos inferiores a los que le correspondían20.
27. Decisión que se comparte, puesto que la entidad restó la prima especial de
servicios del 100 % del salario, aplicando una interpretación errónea de los decretos
expedidos por el Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la remuneración y las
prestaciones se realizó sobre el 70 % de la asignación básica.
28. En esos términos, la accionante tiene derecho a la reliquidación de sus ingresos
mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de éste, que ha
sido reconocido a título de prima, así como a la reliquidación y el pago de sus
prestaciones sociales, las cuales deben calcularse sobre la totalidad de la
remuneración, sin restar ni sumar a ésta el 30 %, en la medida en que la
prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto, no incide en la
liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión, tal como lo
señaló el juez.
29. No obstante, se modificará el numeral sexto,21 en el sentido de precisar que la
demandada deberá cancelar el porcentaje del 30 % descontado de la asignación
básica por concepto de prima especial de servicios, durante los períodos laborados
como juez de la República.
30. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA, habrá
de modificarse la fecha de reconocimiento, en atención a que se configuró la
prescripción. En efecto, el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, la interesada podía
interrumpir el término extintivo.
31. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
la accionante laboró como funcionaria judicial a partir de 1993, no sin antes advertir
20 Folios «34-35», «36-48» y «131-198»
21 Aunque la orden contenida en el numeral sexto se refiere a la prima especial de servicios, de las
consideraciones expuestas en la parte motiva se desprende que, en realidad, alude al 30 % de la
asignación básica que fue descontado por dicho concepto. Lo anterior, por cuanto la prima especial
ya había sido reconocida a la demandante. Por tal razón, y con fin de evitar interpretaciones al
momento de su cumplimiento, se modificará.
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
que existe solución de continuidad en la prestación del servicio cuando transcurren
más de quince (15) días hábiles entre un vínculo y otro22.
32. Se encontró acreditado que la actora se desempeñó como juez de la
República así23:
Juez 5 penal municipal de Ibagué 1/01/1993 10/01/1997
Juez 9 civil municipal de Ibagué 11/01/1997 18/04/2002
Juez civil del circuito de Ibagué 19/04/2002 15/05/2002
Juez 9 civil municipal de Ibagué 16/05/2002 7/10/2004
Juez civil del circuito de Fresno 8/10/2004 30/11/2004
Juez 9 civil municipal de Ibagué 1/12/2004 31/03/2006
Juez civil del circuito de Purificación 1/04/2006 31/08/2006
Juez 9 civil municipal de Ibagué 1/09/2006 10/03/2007
Juez segundo civil del circuito del Guamo 11/03/2007 31/03/2007
Juez 9 civil municipal de Ibagué 1/04/2007 31/08/2009
Juez promiscuo de familia de Fresno 1/09/2009 15/10/2009
Juez civil municipal de Ibagué 16/10/2009 30/03/2010
Juez tercero civil del circuito de Ibagué 31/03/2010 31/05/2010
Juez 9 civil municipal de Ibagué 1/06/2010 31/10/2010
Juez civil del circuito de Fresno 1/11/201024
33. Así las cosas, la demandante tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir a partir del 17 de
mayo de 2008, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal, y desde ese día
hasta la fecha25. Lo anterior, en razón a que la petición fue radicada ante la
administración el 17 de mayo de 201126.
34. En relación con las cesantías y los aportes a pensión, se mantendrá la
orden del tribunal, es decir, desde el 1.° de enero de 1993, fecha en la que se creó
la prima especial de servicios, durante los períodos en que laboró como funcionaria
judicial y hasta que por razón del cargo tenga derecho.
35. En conclusión, se revocará el numeral primero27; y se modificarán los
numerales sexto28 y séptimo29, en su orden, para declarar probada parcialmente la
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 25000-
23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
23 Folios 34 a 35.
24 Sin que se acredite retiro del servicio.
25 No obra prueba del retiro del servicio.
26 Folio 2.
27 Se declaró no probada la prescripción.
28 Se dispuso el pago de la prima especial de servicios.
29 Se ordenó «reliquidar, reajustar y pagar a la actora desde el 1 de Enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia
y en adelante, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su
remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulte teniendo
como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora
ha tenido como prima».
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
prescripción, salvo en lo relativo a las cesantías y los aportes a pensión; precisar
que lo que deberá pagarse es el 30 % descontado del salario a título de prima
especial de servicios; y disponer que las demás prestaciones deberán pagarse
atendiendo a las fechas indicadas, por virtud del fenómeno extintivo.
36. Se revocará el numeral octavo30, que también dispuso sobre el
reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que el restablecimiento del
derecho quedará señalado en los numerales sexto y séptimo.
37. No prospera el argumento de la entidad según el cual el cargo
desempeñado no se encontraba comprendido entre los beneficiarios de la prima
especial de servicios. Ello, por cuanto el derecho no tuvo origen en el Decreto 618
de 2007, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 previó dicho concepto y señaló como
destinatarios, entre otros, a los jueces de la República. Además, los artículos 6 y 7
del aludido decreto fueron declarados nulos por esta corporación.
38. Frente al último reproche, se precisa que, si bien el medio de control de
simple nulidad tiene por objeto la protección del orden jurídico en abstracto, dicha
circunstancia no desvirtúa la decisión adoptada en este asunto. En efecto, la
condena que aquí se adopta está sustentada en el examen de legalidad realizado
en el caso concreto, a la luz de la declaratoria de nulidad de las disposiciones
reglamentarias que restringían el alcance del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y de
las circunstancias particulares acreditadas en el proceso.
39. Debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la
prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9
de abril de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto,
resulta improcedente declarar la excepción de ilegalidad para inaplicar los decretos.
40. En consecuencia, la sala revocará el numeral segundo de la decisión, para
disponer estarse a lo resuelto en las providencias citadas.
De la condena en costas en segunda instancia
41. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
30 Se ordenó «reliquidar, reajustar y pagar a la actora, desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia
y en adelante, la totalidad de sus prestaciones y emolumentos laborales, tales como primas, bonificaciones,
cesantías y seguridad social, teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica legal,
incluyendo el 30% de esta que hasta ajora se ha considerado como prima».
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del quince (15) de abril de
dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima, para en su lugar:
«DECLARAR, de oficio, la PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas causadas con
anterioridad al 17 de mayo de 2008, de conformidad con los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el
asunto, con excepción de la obligación de la demandada de pagar las
diferencias por concepto de cesantías y aportes a pensión, durante los períodos
desempeñados como funcionario judicial, desde el 1.° de enero de 1993 y hasta
que por razón del cargo tenga derecho».
Segundo: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del quince (15) de abril
de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de
2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00
(1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del quince (15) de abril de
dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima.
«SEXTO: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a
favor de la demandante el 30 % del salario que fue disminuido de la asignación
básica mensual y reconocido bajo la denominación de la prima especial de
servicios, prevista en la Ley 4ª de 1992, desde el 17 de mayo de 2008, durante
los períodos laborados como juez, hasta que por razón del cargo tenga
derecho».
Cuarto: MODIFICAR el numeral séptimo de la sentencia del quince (15) de abril de
dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima.
«SÉPTIMO: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer, reliquidar
y pagar las prestaciones sociales a la accionante, desde el 17 de mayo de 2008,
durante los períodos laborados como juez, hasta que por razón del cargo tenga
derecho, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
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Radicación: 73001-23-31-000-2012-00287-02 (3212-2016)
sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial, salvo para efectos pensionales.
Reajustar y pagar, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, desde el 1 de enero de 1993, durante los períodos laborados en
calidad de juez de la República, hasta que por razón del cargo tenga derecho.
La liquidación deberá efectuarse tomando como ingreso base de cotización el
cien por ciento (100 %) de la remuneración, calculado sobre la totalidad de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión
del valor de este último emolumento, que solo constituye factor para efectos
pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley.
Igualmente, se ordena reliquidar las diferencias por concepto de cesantías
durante los períodos en que se desempeñó como juez de la República, a partir
del 1 de enero de 1993, tomando como base el 100 % del salario básico».
Quinto: REVOCAR el numeral octavo de la sentencia del quince (15) de abril de
dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
Sexto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de abril de dos mil
dieciséis (2016), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del
Tolima.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
Octavo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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