Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2012-00078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Sustitución pensional de hijo inválido: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2012-00078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2012-00078-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
22 de julio de 2021
SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE HIJO INVÁLIDO – Requisitos / CALIDAD DE INVALIDO – Acreditación / PERSONA INVALIDA – Sujeto de especial protección constitucional
[P]ara la obtención de la sustitución pensional de hijo inválido, se requiere acreditar: a. El parentesco con el causante; b. La calidad de inválido; y c. La dependencia económica. (…) En cuanto al primero de los requisitos, esto es, el parentesco con la causante, fue allegado el Registro Civil de Nacimiento del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas en el cual figura como padre el señor Buenaventura Lugo Olivera, con lo cual queda demostrada la calidad de hijo. Respecto de la calidad jurídica de inválido, la demandante aportó el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez de su hermano, expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima del 14 de junio de 2013, en el que se indicó que el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas tiene una pérdida de la capacidad laboral del 61.90%, con fecha de estructuración del 28 de agosto de 1978. Así mismo, a través de sentencia del 26 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué (…), se decretó interdicto al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas por incapacidad mental absoluta, por retardo mental leve moderado, lo que determina claramente que dependía económicamente de su padre, pues se encuentra incapacitado para ser autónomo e independiente y proveer a su auto- sostenimiento. Lo anterior, permite inferir, que el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, tiene derecho a que se le reconozca la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su padre Buenaventura Lugo Olivera, por su condición de invalidez, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, aspecto que no fue objeto de controversia entre las partes. NOTA DE RELATORIA: Referente a la pensión de sobreviviente, ver: Corte Constitucional, sentencia C – 1094 de 19 de noviembre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto a los elementos que deben acreditarse para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, ver: C. de E, Sección Segunda, subsección A, Rad. 73001-23-33-000-2012-00078-01(4445-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Frente al mismo tema, ver: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 8 de agosto de 2006, Rad. 27079.
FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1973 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 48 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 46 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 47 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 13 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 38
SUSTITUCIÓN PENSIONAL COMPAÑERA PERMANENTE – Requisitos / CONVIVENCIA EFECTIVA – No acreditada
[P]ara poder determinar el derecho a la sustitución pensional de cónyuges o compañeras o compañeros permanentes debe demostrarse el apoyo mutuo, el auxilio, la convivencia efectiva, la comprensión, la vida en común y la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante, que son los factores que legalizan el derecho solicitado. (…) Del análisis crítico de las declaraciones extra proceso allegadas al expediente, junto con los testimonios recaudados en el curso del proceso, la Sala de Subsección advierte que no se demostró la convivencia efectiva entre la señora Liliana Hernández Castillo y el causante Buenaventura Lugo, como requisito esencial para el reconocimiento como beneficiaria de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Tolima. Lo expuesto, toda vez que, aun cuando existen algunas declaraciones y un documento público (de fecha 2 de septiembre de 2010) que expresa que la señora Liliana Hernández y el causante tenían una unión marital de hecho (…), tales documentos no otorgan certeza sobre el cumplimiento del requisito de la convivencia afectiva de no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a la muerte del causante (6 de septiembre de 2012), previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para que la demandada acceda a la prestación social que pretende, requisito que constituye el hecho que legitima la sustitución pensional en el otorgamiento de dicha prestación.(…)[L]a convivencia no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y lecho, sino que se relaciona con el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber de apoyo y auxilio mutuo; junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar, aspectos que no lograron ser demostrados por la señora Liliana Hernández Castillo quien manifestó que la relación de compañerismo de pareja consistía en que [CONTESTÓ. consistió en que, primero que, todo él me puso a estudiar y yo dependía únicamente de él]. (…), confesión que dejó de lado el propósito familiar común. En cuanto al lapso de los cinco (5) años continuos de convivencia inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sala concluye que debe demostrarse la vocación de estabilidad y permanencia, sin que se tengan en cuenta aquellas relacionales causales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante. (vii). En conclusión, en criterio de la Sala, en el presente proceso no se encuentran demostrados los requisitos legales para que la señora Liliana Hernández Castillo pueda acceder, a través de una sustitución pensional, a la pensión de jubilación que en vida disfrutó el causante el señor Buenaventura Lugo Olivera, correspondiéndole como bien lo precisó el Tribunal, la sustitución pensional en porcentaje del 100% a favor del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, en calidad de hijo interdicto del causante, razón por la que la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada. NOTA DE RELATORIA: Referente al requisito de convivencia efectiva entre parejas al momento de la muerte, ver: Corte Constitucional, sentencia C-081 del 17 de febrero de 1999. Frente al criterio material de convivencia efectiva, ver: C. de E., Sección Segunda. Subsección “A”, Sentencia del 2 de octubre de 2008, Rad. 25000-23-25-000-2000-05959-01(0757-04).En cuanto al mismo tema, ver: C. de E, Sentencia de abril 7 de 2001, Rad. 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
CONDENA EN COSTAS – Facultad discrecional del juez de imponerlas
[E]l concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc. Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007. Ahora bien, si el a quo condenó en costas a la entidad demandada, dicha decisión es respaldada por la facultad que tiene como juez de imponerla o no, en tal sentido, la Sala no revocará el numeral sexto de la sentencia apelada, pues el artículo 365 del CGP establece que habrá lugar a ellas cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 366 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 / 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 28 - ORDINAL 8
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES PERIODICAS - Improcedente / PRINCIPIO DE BUENA FÉ / CARGA DE LA PRUEBA
[S]obre el reintegro de los valores pagados a la señora Liliana Hernández Castillo, la Sala considera que la misma deviene en improcedente con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario o en este caso, la demandada, actuó de mala fe. Bajo tal entendimiento, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, principio que se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho, carga probatoria que se echa de menos en el proceso. Adicionalmente, la solicitud de reintegro de los dineros no fue propuesta como medio exceptivo por la UGPP y respecto a ella no pudo defenderse la parte interesada. Así las cosas, debe darse aplicación al literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, toda vez que por tratarse de prestaciones periódicas «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 83 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 – NUMERAL 1 – LITERAL C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 41001-2333-000-2016-00391-01(1808-20)
Actor: ADRIANA GISELA LUGO THOMAS (en calidad de guardadora de Ariel Ferneli Lugo Thomas)
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP y LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO
Tema: Sustitución pensional. Hijo inválido y compañera permanente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
Conoce la Sala de Subsección de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada UGPP y LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO contra la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
LA DEMANDA
La señora ADRIANA GISELA LUGO THOMAS, actuando en calidad de guardadora del interdicto Ariel Ferneli Lugo Thomas, mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –en adelante UGPP-, y a la señora LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO, en procura de obtener el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas.
1.1. Pretensiones
(i). La nulidad de la Resolución RDP 005908 del 11 de febrero de 2013, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Liliana Hernández Castillo en porcentaje del 100%, en calidad de compañera permanente, con ocasión del fallecimiento del señor Buenaventura Lugo Olivera.
(ii). La nulidad de la Resolución RDP 035027 del 31 de julio de 2013, proferida por la UGPP por la cual se modificó la Resolución RDP 005908 del 11 de febrero de 2013 en el sentido de reconocer al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, en calidad de hijo inválido, representado por la señora Adriana Gisela Lugo Thomas, la pensión de sobrevivientes, en porcentaje del 50%, y el reconocimiento pensional a la señora Liliana Hernández Castillo, en calidad de compañera permanente, en porcentaje del 50%, con ocasión del fallecimiento del señor Buenaventura Lugo Olivera.
(iii). La nulidad de la Resolución RDP 056290 del 30 de diciembre de 2015 mediante la cual la directora de pensiones de la UGPP, modificó la Resolución RDP 035027 del 31 de julio de 2013.
(iv). A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a lo siguiente:
Efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de Ariel Ferneli Lugo Thomas en porcentaje del 100%, en su condición de hijo invalido.
Que el reconocimiento pensional sea a partir del 7 de septiembre de 2012.
Indexar las sumas reconocidas de acuerdo con las normas vigentes conforme al IPC.
(v). Condenar en costas a la parte demandada.
Fundamentos fácticos
La señora ADRIANA GISELA LUGO THOMAS, como representante del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:
(i). A través de la Resolución 13583 de 30 de septiembre de 1987, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) se le reconoció la pensión de jubilación al señor Buenaventura Lugo Olivera (q.e.p.d.), a partir del 6 de junio de 1984.
(ii). Mediante la sentencia del 26 de mayo de 2011, proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué, se decretó en interdicción judicial al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas (hijo de Buenaventura Lugo Olivera) por incapacidad mental absoluta, por retardo mental leve moderado, designando como su guardadora a la señora Adriana Gisela Lugo Thomas.
(iii). La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, mediante dictamen pericial No 2101622013 del 14 de junio de 2013, calificó al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas con pérdida de la capacidad laboral equivalente a 61.90%, con fecha de estructuración del 28/08/1978.
(iv) El señor Buenaventura Lugo Olivera falleció el 6 de septiembre de 2012.
(v). El 27 de septiembre de 2012, la demandante inició el trámite pensional ante la UGPP, con el fin de que se le reconociera la sustitución pensional a su hermano Ariel Ferneli Lugo Thomas, en su condición de hijo inválido con ocasión del fallecimiento de su padre el señor Buenaventura Lugo Olivera.
(vi) A través de la Resolución No 5908 del 11 de febrero de 2013, la UGPP reconoció sustitución pensional a la señora Liliana Hernández Castillo, en calidad de compañera permanente en porcentaje del 100%, con ocasión del fallecimiento del señor Buenaventura Lugo Olivera.
(vii) Mediante sentencia de tutela del 14 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, se ordenó a la UGPP resolver la solicitud pensional presentada por la señora Adriana Gisela Lugo Thomas como guardadora de Ariel Ferneli Lugo Thomas.
(viii) A través de la Resolución RDP 035207 de 31 de julio de 2013 la UGPP, modificó la Resolución RDP 5908 del 11 de febrero de 2013, y reconoció la sustitución pensional al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, en calidad de hijo inválido del señor Buenaventura Lugo Olivera, en un porcentaje del 50%, sin embargo, condicionó el pago hasta tanto se adjuntara el registro civil de nacimiento, y el restante 50% a favor de la señora Liliana Hernández Castillo en calidad de compañera permanente.
(ix) Mediante Resolución RDP 056290 del 30 de diciembre de 2015, la UGPP modificó la Resolución RDP 035027 del 31 de julio de 2013, en el sentido de precisar que el reconocimiento pensional a la señora Liliana Hernández Castillo como compañera permanente en porcentaje del 50%, no puede hacerse efectivo a partir del 7 de septiembre de 2012 puesto que se estaría incurriendo en un doble pago.
Al respecto expresó:
“Que revisado el cuaderno administrativo se evidencia que el artículo primero de la Resolución RDP 035027 del 31 de julio del 2013 reconoció la pensión de sobreviviente con efectividad a partir del 7 de diciembre del 2012 día siguiente al fallecimiento del causante.
Que conforme la anterior siendo que la resolución RDP 035027 el 31 de julio del 2013 está ordenando la efectividad a partir del día siguiente al fallecimiento se estaría incurriendo en un doble pago puesto que la Resolución número 5908 del 11 de febrero del 2013 reconoció la prestación a favor de la señora Hernández Castillo Liliana en cuantía del 100% del valor de la prestación por lo tanto la Resolución RDP 035027 del 31 de julio de 2013, debió fijar los efectos fiscales de la misma a partir de la exclusión de nómina de la beneficiaria.
(x) La demandante presentó derecho de petición el 29 de febrero de 2016, con el fin de que se le reconociera y pagara la sustitución pensional a favor de su hermano inválido Ariel Ferneli Lugo Thomas en un porcentaje del 100%.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes:
De orden constitucional: artículos 13, 48 y 83.
De orden legal: Ley 100 de 1993 artículos 46 y 47 y Ley 797 artículos 12 y 13.
Al desarrollar el concepto de violación la demandante adujo que los actos administrativos deben ser declarados nulos, toda vez que por la condición de su hermano inválido, le asiste el derecho a gozar de la pensión con la que contaba su padre, pues era quien sostenía las necesidades básicas de su hijo, en un porcentaje del 100%, y no del 50% como está prevista actualmente.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
En ese sentido, advirtió que no vulneró los derechos del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, en razón a que expidió el acto administrativo por medio del cual reconoció en favor de los señores Liliana Hernández Castillo y Ariel Ferneli Lugo Thomas la sustitución pensional, de conformidad con las normas vigentes al momento del fallecimiento, garantizando los derechos de ambas partes.
Propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, prescripción, carencia del derecho reclamado y buena fe.
2.2. LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO en calidad de compañera permanente del causante a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
(i). La Resolución 5908 del 11 de febrero de 2013 goza de plena presunción de legalidad en razón a que no ha sido desvirtuada, por consiguiente, se debe mantener el acto administrativo incólume.
(ii). La expedición del acto administrativo se hizo en cumplimiento de las normas legales en que debían fundarse, principalmente lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio de los artículos 47 a 74 de la Ley 100 de 1993, que consagra lo concerniente a los beneficiarios de la pensión de sobreviviente encontrándose la compañera permanente, pues se demostró ante la entidad demandada que se había conformado una unión marital de hecho desde el mes de diciembre de 2002.
(iii). Propuso como excepciones: a)cosa juzgada al considerar que el tribunal mediante providencia emitida dentro de la audiencia celebrada el 25 de mayo del 2016, en el proceso 2015-00194, declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de interposición de los recursos obligatorios en la actuación administrativa, y se declaró terminado el proceso, motivo por el cual el presente asunto no es susceptible de una nueva controversia, e
b) inepta demanda en razón a que la parte actora no demostró haber interpuesto el recurso de apelación contra la resolución 035027 del 31 de julio del 2012 el cual era obligatorio para acudir ante la jurisdicción.
3. AUDIENCIA INICIAL
El 14 de julio de 2017 el Tribunal Administrativo del Tolima celebró audiencia inicial en la que se resolvió las excepciones de la siguiente manera:
“Cosa juzgada: (…) la cosa juzgada se predica únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas, asunto que no es el caso, pues el proceso con radicado número 2015 -194 culminó mediante auto interlocutorio que declaró probada una excepción en audiencia inicial, es decir no se emitió una sentencia que denegara o accediera lo pedido en la demanda, o se inhibiera de proveer de fondo, motivo por el cual, esta excepción carece de vocación de prosperidad.
Inepta demanda: El despacho señala que revisado el primero de los actos administrativos atacados Resolución 5908 del 11 de febrero del 2013, evidencia la Sala unitaria que con él la administración no definió para el actor ninguna situación particular, es decir, no creó, modificó o extinguió un derecho en su cabeza, lo cual aconteció sólo con el segundo de los actos impugnados, en donde fue reconocido como beneficiario de la pensión de sobreviviente causada por su señor padre Buenaventura Lugo Olivera, otorgándosele dicha prestación en cuantía del 50%.
En este orden de ideas fue con ocasión de la expedición de la resolución RDP 035027 del 31 de julio del 2013 que la Administración creó para él un derecho y modificó el reconocido a la señora Liliana Hernández a través de la Resolución 5908 disponiendo la distribución de la pensión de sobreviviente en cuantía iguales para los beneficiarios. Bajo este panorama el acto administrativo contenido en la resolución 35027 se encargó de definir dos situaciones jurídicas claramente diferenciables, una en cabeza de la compañera permanente y la otra en beneficio del hijo interdicto del señor Buenaventura Lugo.
Revisado el expediente magnético allegado por la UGPP a las presentes diligencias, se advierte que la señora Liliana Hernández presentó un recurso de apelación contra la multicitada resolución el día 26 de septiembre del 2013, el cual fue resuelto por la autoridad administrativa a través de la resolución RDP 046979 del 8 de octubre del 2013, confirmando en todas sus partes la resolución 35207 de 2013, de lo que se concluye que la señora Hernández Castillo agotó debidamente la actuación administrativa más no así la señora Lugo Thomas como curadora del señor Ariel Ferneli Lugo.
No obstante, el Despacho encuentra nuevos hechos en el expediente, pues la demanda se dirigió también contra el acto administrativo contenido en la resolución RDP 056290 del 30 de diciembre del 2015 que precisamente modificó aquella frente a la cual no se agotó la actuación administrativa, la referida modificación hace referencia a que los efectos fiscales de la pensión de sobrevivientes reconocida al señor a Ariel Ferneli Lugo serán a partir del día siguiente de la exclusión de la nómina de pensionados de la señora Liliana Hernández Castillo respecto del 100% que esta última venía devengando para esa fecha, cabe precisar que contra esta nueva resolución atacada no procede recurso alguno, en este orden de ideas se observa que la UGPP en forma oficiosa modificó la Resolución 35027 el 31 de julio de 2013 lo cual lo hizo a través de la Resolución RDP 056290 de 30 de diciembre del 2015 y como quiera que esta última no indicó la procedencia en su contra de recurso alguno es claro que se abrió nuevamente la posibilidad de acusar ante esta jurisdicción el acto administrativo modificado el cual será objeto de examen de legalidad junto con su acto modificatorio, motivo por el cual no se declara probada la excepción de inepta demanda presentada en los términos solicitados, por la señora Liliana Hernández Castillo, en lo que atañe al oficio 1800 del 27 de marzo del 2016, se aprecia que no indicó la procedencia de recurso alguno en su contra y en la práctica lo que se observa, es que la UGPP, en este acto reiteró su negativa al reconocimiento del 100% de la pensión de sobrevivientes a favor del señor Ariel Lugo Thomas.
La anterior decisión se notifica en estados.
Las partes no objetaron ninguna decisión.
De otra parte, se fijó el litigio en los siguientes términos:
«[…] consiste en determinar si el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, tiene derecho al reconocimiento y pago debidamente indexado y con inclusión de los intereses a que haya lugar, de la pensión de sobreviviente en un cien por ciento (100%), o si por el contrario, debe continuar compartiéndola en partes iguales con la señora Liliana Hernández Castillo, es decir, se examinará si los actos administrativos acusados contenidos en las resoluciones 5908 del 11 de febrero de 2013, RDP 035027 del 31 de julio de 2013, RDP 056290 del 30 de diciembre de 2015, así como en el oficio No 1800 del 7 de marzo de 2016, se encuentran o no ajustados a derecho.» (texto de su original).
De igual forma, decidió declarar fallida la conciliación, incorporar y decretar pruebas, fijar fecha para la audiencia de pruebas y declarar saneado el proceso.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia de primera instancia mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad demandada y a la señora Liliana Hernández Castillo con sustento en las siguientes razones:
(i). En primer lugar sostuvo que la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común. Lo anterior excluye los encuentros pasajeros casuales o esporádicos e incluso las relaciones que a pesar de ser prolongadas no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.
(ii). Al proceso fue allegado el expediente administrativo por parte de la UGPP en el que se evidenció que tal entidad adelantó una investigación con ocasión al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente, y en el marco de la misma se surtieron labores de vecindario en intermediaciones y alrededores de la vivienda ubicada en la Vereda Santa Teresa, finca «Martha Lucía» zona rural de Ibagué, en la que se logró información de los señores Gerardo Hernández, Luz Dary Vega Castillo y Agustín Moreno residentes del sector, quienes manifestaron conocer a la señora Liliana Hernández Castillo porque vive en la localidad y desconocer al causante Buenaventura Lugo Olivera.
(iii). Igualmente se adelantaron labores de vecindario en los alrededores de la vivienda ubicada en la manzana 5 casa 14 barrio Santa Ana en Ibagué, en la que se recepcionó información de los señores Mérida Cajamarca González, Janet Bonilla, Martha Cecilia Camacho, María Esneda Ríos, Luz Mary Bravo, Elida Jiménez, José Vergara y Julián Andrés Vergara, todos residentes del sector, quienes manifestaron conocer al señor Buenaventura Lugo, por vivir allí por un tiempo aproximado de 12 años, hasta el día de su fallecimiento, en el cual afirmaron que éste vivía con sus hijos Ariel y Adriana Lugo.
(iv). Así mismo, se recibió en entrevista a la señora Liliana Hernández Castillo el 12 de diciembre del 2012, quién respecto de los hechos materia de investigación, de su propio puño y letra escribió lo siguiente:
“yo inicié mi convivencia permanente con el señor Buenaventura Lugo Olivera desde el año 2002 y convivimos en la Vereda Santa Teresa finca Martha Lucía del municipio de Ibagué – Tolima, hasta el año 2009.
A partir del año 2009, la salud de mi esposo se deteriora y por prescripción médica nos trasladamos para el barrio Santa Ana manzana 5 casa 12 lugar donde convivimos hasta el día de su fallecimiento.
Mi esposo es viudo hace 15 años de la señora a Lidia Thomas, mi esposo y yo hicimos una escritura pública de fecha 7 de mayo del 2009, donde declaramos nuestra unión marital de hecho”.
Esta versión de la demandada Hernández Castillo fue modificada en el interrogatorio que rindió el 2 de julio del 2014 ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué que reposa en el plenario como prueba trasladada y donde concurrieron las mismas partes que conforman el presente litigio, en el que manifestó que hasta el momento en que falleció el señor Buenaventura convivieron en la finca ubicada en la Vereda Santa Teresa y omite el supuesto domicilio que tuvieron desde el 2009 en la manzana 5 casa 14 barrio Santa Ana de Ibagué, y por el contrario, sostuvo que la relación con los hijos del causante era tan mala que no la dejaron ni siquiera acercarse a la clínica en la que se encontraba recluido.
(v). Llama la atención del Tribunal que si el causante Buenaventura Lugo Olivera vivió durante casi diez años en la Vereda Santa Teresa zona rural de Ibagué en compañía de Liliana Hernández, ningún habitante del sector se hubiera presentado en las diligencias a corroborar dicha situación, más aún, cuando fueron varios los vecinos de la finca que dentro de la investigación adelantada por la UGPP, refirieron que no conocían al causante.
Aunado a lo anterior, las personas cercanas al círculo laboral familiar y personal del señor Buenaventura Lugo Olivera cuyas declaraciones se recibieron en este proceso y en el tramitado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué fueron consistentes en señalar que el causante siempre vivió en el barrio Santa Ana de la ciudad de Ibagué al lado de sus hijos Adriana Gisela Lugo Thomas y Ariel Ferneli Lugo Thomas, coincidiendo con lo afirmado por los vecinos del sector en el proceso investigativo surtido por la unidad de gestión pensional y de contribuciones parafiscales.
(vi). En ese sentido, y de todas las pruebas testimoniales recibidas, y más allá de los documentos suscritos por el causante y la señora Liliana Hernández Castillo, en el que se manifestó que existía una unión marital de hecho durante 8 años, no hay elementos que permitan evidenciar que efectivamente constituyeron un núcleo familiar, en el que existiera una verdadera convivencia, con una vida de socorro y apoyo mutuo con compromiso de estabilidad y permanencia.
(vii). Si bien existía entre ellos un contacto regular, pues los testigos de ambas partes coincidieron en ello, su relación no engendraba las condiciones necesarias para que se hubiera conformado una comunidad de vida, la cual no estaba consolidada como una relación de pareja, sino que sus encuentros eran pasajeros, casuales o esporádicos a cambio de una ayuda económica.
Precisó que la convivencia efectiva al momento de la muerte del titular de la pensión constituye el hecho que legítima la situación pensional, siendo por ende el criterio material determinante a la hora de definir en cabeza de quién recae el derecho pensional, en ese sentido, determinó que al no haber sido acreditado por la señora Liliana Hernández Castillo la convivencia efectiva, se debe declarar la nulidad de los actos administrativos que reconocieron en su favor la multicitada prestación.
(viii). Concluyó que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y al tener el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, hijo de Buenaventura Lugo Olivera una pérdida de la capacidad laboral del 61.90% con fecha de estructuración del 28 de agosto de 1978, la prestación se deberá reconocer a su favor en un 100% y no en un 50% como lo determinó la UGPP en los actos administrativos atacados.
(ix). En cuanto a la prescripción sostuvo que el señor Ariel Ferneli, por intermedio de su hermana, presentó el 23 de julio del 2013 la solicitud de pago de la pensión de sobreviviente y el 10 de junio del 2016 radicó la respectiva demanda, de manera que es evidente que entre estos eventos no se superó el término de tres años que dispone el ordenamiento legal para acudir a reclamar el derecho, tanto en sede administrativa como judicial.
Ordenó que el pago del 100% se deberá realizar a favor de Ariel Ferneli Lugo Thomas desde el 7 septiembre del 2012 no obstante, la entidad deberá descontar los valores que ya ha venido pagando en aras de no efectuar un doble pago por el mismo concepto, en tal sentido, dispuso lo siguiente: «CUARTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección UGPP para que en la liquidación realice el descuento de los valores que se hayan cancelado al actor por concepto de mesadas, teniendo especial cuidado en no efectuar un doble pago por el mismo concepto».
Finalmente condenó en costas a la entidad demandada y a la señora Liliana Hernández Castillo.
LOS RECURSOS DE APELACIÓN
5.1. La señora Liliana Hernández Castillo apeló la decisión de primera instancia con el propósito de que se revocara y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo que le reconoce la prestación en un porcentaje del 50% como compañera permanente, se expidió en cumplimiento de las normas legales, por reunir todos los requisitos exigidos para el efecto.
Lo anterior, por cuanto se demostró ante la entidad UGPP que tenía conformada con el causante Buenaventura Lugo Olivera, una unión marital de hecho desde el mes de diciembre de 2002, que era su beneficiaria en las entidades de salud y dependía económicamente de éste.
Aseguró que la relación no fue pasajera ni esporádica, por ello, se acercaron el 2 de septiembre de 2010 ante la notaría a declarar que durante 8 años convivía en unión libre y bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, motivo por el cual, afirma que tiene derecho a que se le reconozca la sustitución pensional en un 50% como lo determinó la UGPP.
5.2. La entidad demandada apeló el numeral 6 de la sentencia consistente en la condena en costas, con el propósito de que sea revocada y en su lugar se abstenga de ellas, en razón a que, cuando reconoció la sustitución pensional a favor de la señora Liliana Hernández Castillo, en calidad de compañera permanente, con ocasión del fallecimiento del señor Buenaventura Lugo Olivera, la entidad actúo de buena fe.
Así mismo solicita que teniendo en cuenta que la señora Liliana Hernández no tiene derecho a la aludida prestación, ésta reintegre todos los dineros que hubiere recibido en virtud de las resoluciones demandadas.
ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA
6.1. La parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda.
6.2. La parte demandada insistió en lo expuesto en la contestación de demanda.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público ante esta Corporación se abstuvo de presentar concepto como consta en el informe secretarial en folio 271 del expediente.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin restricciones.
Por tanto, como quiera que en el presente asunto solo apeló la parte demandada, la Sala de Subsección se contraerá al análisis de los argumentos expuestos en los recursos de apelación.
Problema jurídico
De acuerdo con los recursos de apelación interpuestos, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
¿La señora Liliana Hernández Castillo, en su condición de compañera permanente del señor Buenaventura Lugo Castillo (q.e.p.d.), reúne los requisitos necesarios para ser beneficiaria del 50% de la sustitución de la pensión que en vida percibía el causante, o por el contrario, la sustitución pensional debe recaer únicamente y en un porcentaje del 100% en el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas como hijo inválido del causante?
De otra parte, se deberá determinar si ¿hay lugar a condenar en costas de primera instancia a la entidad demandada?, y si ¿procede el reintegro de las sumas que por concepto de la pensión de sobrevivientes fueron pagadas por la entidad demandada a favor de la señora Liliana Hernández Castillo?
Para resolver la controversia, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso y (ii) caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial
3.1. De la pensión de sobreviviente
Como antecedentes relevantes respecto de la prestación reclamada, cabe destacar que en nuestro ordenamiento jurídico, inclusive antes de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, se pretendió proteger al grupo familiar del trabajador ante la ausencia de este. Es así como en los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de 1968 y en los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 1969, se consagró la posibilidad limitada de transmitir el derecho jubilatorio en casos de empleados públicos o trabajadores oficiales.
Posteriormente, la Ley 33 de 1973 estableció la misma posibilidad para la viuda de un empleado particular.
Con la Ley 12 de 1975, se extendió el beneficio de percibir la pensión de jubilación de un trabajador, en los casos en los que, pese a que hubiere completado el tiempo de servicio requerido para ello, no hubiere reunido el requisito de la edad.
En el artículo 48 de la Constitución Política se estableció que «la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley».
Con base en la anterior disposición se le debe garantizar a toda la población unos mínimos en materia de seguridad social.
En la Ley 100 de 1993 se organizó el sistema de seguridad social y en su artículo 10 se determinó que este tiene por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte».
En ese orden de ideas, en la mencionada normativa se estableció la pensión de sobreviviente como una prestación dirigida a cubrir la contingencia derivada de la muerte de la persona que proporciona el sustento económico al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de sus allegados más cercanos.
En relación con esta prestación social, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]».
De acuerdo con lo anterior, la pensión de sobreviviente es una prestación social que busca proteger a la familia como núcleo fundamental en lo relacionado con su sustento económico.
En la Ley 100 de 1993, se pretendió amparar tanto a los familiares de quien percibía una pensión, como a los del trabajador que no había accedido aún a esta prestación social. Al respecto, esta Corporación ha afirmado:
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección, ha aclarado que si bien la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión».
Es de aclarar que actualmente ambas situaciones se encuentran contempladas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que estableció de manera genérica el término «pensión de sobrevivientes» para ambos casos. En efecto la disposición en comento prescribe:
«ARTICULO 46. Modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 12. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones (…)».
Ahora bien, es preciso tener en consideración que en el presente proceso se pretende obtener la sustitución de la pensión por parte de un hijo inválido y la compañera permanente.
En el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se establecieron los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Dicha norma fue modificada a través del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
“Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
(…)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "38" 38 de la Ley 100 de 1993;
El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 regula el estado de invalidez en los siguientes términos:
“(…) Artículo. 38.-Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. (…)”.
Conforme a la norma en cita, la invalidez se encuentra determinada por la incapacidad física o psíquica de la persona con ocasión de su estado de salud, la cual deberá ser igual o superior al 50% de su capacidad laboral.
Ahora bien, respecto del compañero o compañera permanente la norma instituyó lo siguiente:
1) Si a la fecha de fallecimiento del causante el cónyuge o compañero o compañera permanente tiene más de 30 años de edad, la pensión se le concederá en forma vitalicia. Si es menor de esa edad y no ha procreado hijos con el causante, la pensión será temporal: se concede por 20 años y de esa pensión se descuenta la cotización para su propia pensión.
2) En caso de muerte del pensionado, se requiere además que el cónyuge o compañera o compañero permanente acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su deceso.
En efecto, en sentencia de 24 de febrero de 2015, esta Corporación precisó que para conceder una sustitución pensional será indispensable que, en cada caso en concreto, los interesados acrediten los hechos sobre los cuales fundamentan su pretensión, por lo que tienen el deber de ejercer una adecuada actividad probatoria para tal fin:
“Cabe destacar que dichos ingredientes normativos coinciden con los elementos consagrados en el régimen general de pensiones (inciso 3 del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993) en cuando conceden a la cónyuge separada de hecho con unión marital vigente el derecho a acceder a la sustitución pensional en una cuota parte, aunque el causante hubiera convivido con la compañera permanente durante los últimos cinco años previos a la muerte
Respecto al tema en particular, esta Sección ha sido particularmente cuidadosa en interpretar esta disposición en cada caso concreto, pues con base en los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, todas aquellas garantías atinentes a la Seguridad Social comprenden tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente en igualdad de condiciones; en esa medida cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución debe valorarse i) el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte y ii) la dependencia económica de las potencialmente beneficiarias, para efectos del reconocimiento de la prestación. [destaca la Sala]
Recordemos que la familia a la luz de la Constitución Política de 1991, es concebida como un fenómeno de la vida social que nace de la decisión libre de dos personas que procuran un proyecto en común y que merecen de la protección Estatal en condiciones de igualdad, tanto la que está constituida por el vínculo del matrimonio, como aquella emanada de la voluntad de establecer una unión marital de hecho. Por consiguiente, el reconocimiento de la sustitución pensional dependerá, en cada caso, de los hechos que acrediten los(as) interesados(as) para acceder al beneficio, quienes tienen el deber de ejercer una adecuada actividad probatoria para tal fin.
La anterior regla fue reiterada en el fallo de 1° de diciembre de 2016 en el que se puntualizaron los aspectos que se deben valorar para obtener la sustitución pensional, en los siguientes términos:
“En ese orden de ideas, resulta relevante examinar cada uno de los testimonios que se rindieron dentro del proceso, para efectos de definir el derecho de la demandante y la tercera interviniente para percibir la pensión que en vida disfrutaba el causante, atendiendo aspectos como la convivencia de familia, apoyo, auxilio, socorro y solidaridad, no sin antes señalar, que el hecho de que tan sólo se citen apartes de las manifestaciones, no significa que no se realice un estudio concienzudo e integral de las mismas [destaca la Sala].
Por su parte, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, de igual manera, ha destacado que para efectos de determinar quién es el llamado a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes debe acreditarse la convivencia plena y permanente, el apoyo afectivo y la comprensión por parte de la pareja. Al respecto expresó:
[…] se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.
A partir del recuento normativo y jurisprudencial esta Sala destaca que para poder determinar el derecho a la sustitución pensional de cónyuges o compañeras o compañeros permanentes debe demostrarse el apoyo mutuo, el auxilio, la convivencia efectiva, la comprensión, la vida en común y la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante, que son los factores que legalizan el derecho solicitado.
Y para la obtención de la sustitución pensional de hijo inválido, se requiere acreditar: a. El parentesco con el causante; b. La calidad de inválido; y c. La dependencia económica, y respecto de la compañera permanente, debe demostrarse el apoyo mutuo, el auxilio, la convivencia efectiva, la comprensión, la vida en común y la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante.
4. Caso concreto
Como motivo de apelación la señora Liliana Hernández Castillo recurrió la providencia del a quo al considerar que como compañera permanente tiene derecho a que se le reconozca la sustitución pensional con ocasión al fallecimiento del señor Buenaventura Lugo Olivera con quien mantenía una unión marital de hecho.
La entidad demandada apeló la condena en costas de primera instancia pues en su criterio no había lugar a ellas por cuanto actuó de buena fe.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, accedió a las pretensiones del medio de control presentado por la señora Adriana Gisela Lugo Thomas, como guardadora de su hermano Ariel Ferleni Lugo Thomas, y ordenó a la UGPP reconocer la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su padre el señor Buenaventura Lugo Olivera, en un porcentaje del 100% en calidad de hijo interdicto, toda vez que no se logró demostrar por parte de la señora Liliana Hernández Castillo la convivencia efectiva.
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
4.1. Hechos probados
a). Reconocimiento de la pensión de jubilación: Mediante Resolución 13583 de 30 de septiembre de 1987, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), se le reconoció la pensión de jubilación al señor Buenaventura Lugo Olivera (q.e.p.d.).
(b). Registro civil de defunción. A folio 4 obra el registro civil de defunción del señor Buenaventura Lugo Olivera, en el que se indica que falleció el 6 de septiembre de 2012.
c) Registro civil de nacimiento de Ariel Ferneli Lugo Thomas, en el que se indica que nació el 29 de mayo de 1969, cuyo padre era el señor Buenaventura Lugo Olivera. (fl 7)
d). Declaración de interdicción del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas: Mediante la sentencia del 26 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué (folios 22 a 28), se decretó en interdicción judicial al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas (hijo de Buenaventura Lugo Olivera) por incapacidad mental absoluta, por retardo mental leve moderado, designando como su guardadora a la señora Adriana Gisela Lugo Thomas, en los siguientes términos:
[…] PRIMERO: DECRETAR la INTERDICCIÓN JUDICIAL por INCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA por RETARDO MENTAL LEVE MODERADO de ARIEL FERNELI LUGO THOMAS, nacido el 29 de mayo de 1969 […], por los motivos consignados en precedencia.
SEGUNDO: Como consecuencia, se le priva de la administración de sus bienes.
TERCERO: Designar como curadora del interdicto ARIEL FERNELI LUGO THOMAS a la señora ADRIANA GISELA LUGO THOMAS […]
e). Dictamen pericial: La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, determinó mediante dictamen No 2101622013 del 14 de junio de 2013, que el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas tiene una pérdida de la capacidad laboral del 61.90%, siendo la fecha de estructuración el 28 de agosto de 1978. (fls 9 a 12)
f) Acto administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional a la señora Liliana Hernández Castillo: A través de la Resolución RDP 005908 del 11 de febrero de 2013, la UGPP reconoció y ordenó el pago de una sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de Buenaventura Lugo Olivera a favor de la señora Liliana Hernández Castillo, en calidad de compañera permanente en un 100%, a partir del 7 de septiembre de 2002 y de manera temporal, con duración máxima de 20 años, durante los cuales debería cotizar al sistema para obtener su propia pensión. (fls 39 a 41).
g) Acto administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional a la señora Liliana Hernández Castillo y al señor Ariel Ferneli Lugo Castillo: Mediante la Resolución RDP 035027 del 31 de julio de 2013, la UGPP reconoció al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas la sustitución pensional a partir del 7 de septiembre de 2012, en calidad de hijo inválido del señor Buenaventura Lugo Olivera, en un porcentaje del 50%, así: (fls 42 a 44)
[…] Que de conformidad con lo anterior se observa que se acreditan todos los presupuestos requeridos para reconocer a Ariel Ferneli Lugo Thomas en calidad de hijo mayor inválido el 50% de la pensión que en vida disfrutaba su padre el señor Buenaventura Lugo Olivera, quedando el pago de la prestación en suspenso hasta tanto se allegue el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal de la interdicción y curaduría, toda vez que en el fallo de 26 de mayo de 2011 proferido por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué se establece en el artículo quinto de la parte resolutiva que se inscriba la sentencia en el registro de nacimiento de Ariel Ferneli Lugo Thomas.
Que respecto al pago del otro 50% de la pensión que le pudiere corresponder a Hernández Castillo Liliana, en calidad de compañera permanente.”
(…)
RESUELVE:
“Primero: Modificar la Resolución 5908 del 11 de febrero de 2013, en el sentido de reconocer una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de Lugo Olivera Buenaventura, a partir del 7 de septiembre de 2012. (…) conforme a la siguiente distribución:
Lugo Thomas Ariel Ferneli con un porcentaje de 50% la pensión reconocida es de carácter temporal, y será pagada mientras persista el estado de invalidez.
Hernández Castillo Liliana con un porcentaje de 50%, con duración máxima de 20 años, durante los cuales debería cotizar al sistema para obtener su propia pensión”. (…)
h). La Resolución No RDP 056290 del 30 de diciembre de 2015 proferida por la UGPP, mediante la cual se modificó la Resolución No RDP 035027 del 31 de julio de 2013, fijando como efectos fiscales de la prestación reconocida a favor de Ariel Ferneli Lugo Thomas a partir del día siguiente de la exclusión de nómina de pensiones de la señora Liliana Hernández Castillo, respecto del 100% que venía devengando (fls 46 a 51).
i) Derecho de petición: El 26 de febrero de 2016 la señora Adriana Gisela Lugo Thomas, en calidad de guardadora del interdicto Ariel Ferneli Lugo Thomas, presentó ante la UGPP la solicitud de sustitución pensional en un porcentaje del 100% (fls 52 a 54).
j) Mediante oficio No 1800 del 7 de marzo de 2016, la UGPP resolvió desfavorablemente la petición elevada por la señora Adriana Gisela Lugo Thomas (fls 55).
4.2. Análisis sustancial
De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y del análisis del acervo probatorio, se considera lo siguiente:
(i). La señora Adriana Gisela Lugo Thomas en calidad de guardadora del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, hijo declarado interdicto del causante, considera que tiene derecho a que a su hermano se le sustituya la pensión que en vida gozaba su padre el señor Buenaventura Lugo Olivera, en un porcentaje del 100% y no del 50% como fue reconocido por la entidad demandada mediante los actos administrativos acusados.
Lo anterior, en consideración a que a través de las resoluciones objeto de control se reconoció a la señora Liliana Hernández Castillo, en condición de compañera permanente del señor Buenaventura Lugo Thomas (q.e.p.d.), la sustitución pensional en un porcentaje del 50%.
(ii). Ahora bien, en aras de establecer si el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas en calidad de hijo inválido tiene derecho a la citada prestación, la Sala examinará si se acreditan los siguientes supuestos: a) parentesco con el causante; b) calidad jurídica de inválido y c) dependencia económica respecto del fallecido.
En cuanto al primero de los requisitos, esto es, el parentesco con la causante, fue allegado el Registro Civil de Nacimiento del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas en el cual figura como padre el señor Buenaventura Lugo Olivera, con lo cual queda demostrada la calidad de hijo.
Respecto de la calidad jurídica de inválido, la demandante aportó el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez de su hermano, expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima del 14 de junio de 2013, en el que se indicó que el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas tiene una pérdida de la capacidad laboral del 61.90%, con fecha de estructuración del 28 de agosto de 1978.
Así mismo, a través de sentencia del 26 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué (folios 22 a 28), se decretó interdicto al señor Ariel Ferneli Lugo Thomas por incapacidad mental absoluta, por retardo mental leve moderado, lo que determina claramente que dependía económicamente de su padre, pues se encuentra incapacitado para ser autónomo e independiente y proveer a su auto- sostenimiento.
Lo anterior, permite inferir, que el señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, tiene derecho a que se le reconozca la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su padre Buenaventura Lugo Olivera, por su condición de invalidez, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, aspecto que no fue objeto de controversia entre las partes.
(iii). Precisado lo anterior, es necesario establecer si la señora Liliana Hernández Castillo reúne los requisitos necesarios para ser beneficiaria del 50% de la sustitución de la pensión que en vida percibía el señor Buenaventura Lugo Olivera, especialmente la convivencia efectiva dado que invoca la condición de compañera permanente.
Para el efecto, se traen a colación las pruebas obrantes en el expediente administrativo aportadas por la señora Liliana Hernández Castillo.
a) Escritura pública número 986 del 7 de mayo de 2009, en la que se manifestó lo siguiente: (cd. Folio 179)
(…)
“Que por medio del presente instrumento declaran que, desde el mes de diciembre del año 2002, el señor Buenaventura Lugo Olivera y la señora Liliana Hernández Castillo, hacen vida-marital de carácter permanente y singular; pues sin estar casados entre si conforman una unión estable, dispensándose un trato social de esposos”.
b) Declaración extra juicio de la señora Liliana Hernández Castillo ante la Notaría Primera del Círculo de Ibagué del 29 de octubre de 2012, en la que manifestó lo siguiente: (cd. Folio 179).
“Mayor de edad, de 29 años, vecino(a) de IBAGUÉ, residente en la VEREDA SANTA TERESA FINCA MARTHA LUCIA, teléfono 3167673676, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANÍA numero 38362017 expedida en IBAGUÉ, de estado civil SOLTERA, Ocupación: ESTUDIANTE, y bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, manifestó; PRIMERO: Me llamo, LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO. SEGUNDO: Declaro que conviví en unión libre y bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, durante 10 años con el señor BUENAVENTURA LUGO OLIVERA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.628.900 de Garzón - Huila, desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el día de su fallecimiento el pasado 6 de septiembre de 2012. TERCERO: Declaro que dependía económicamente y en todo sentido de mi compañero permanente BUENAVENTURA LUGO OLIVERA (Q.E.P.D.) ya que no devengo ningún tipo de ingresos por concepto de salario, subsidio, renta o pensión, por esta razón no conozco persona con igual o mayor derecho a reclamar la pensión de sobreviviente de mi difunto compañero que yo”.
c) Declaración extra juicio del señor Marco Tulio Otálora ante la Notaría Primera del Círculo de Ibagué del 9 de octubre de 2012, en la que manifestó lo siguiente: (cd. Folio 179).
“Mayor de edad, de 62 años, vecino(a) de IBAGUÉ, residente en la VEREDA SANTA TERESA FINCA EL HORIZONTE, teléfono 3125376004, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANÍA numero 14212120 expedida en IBAGUÉ, de estado civil CASADO, Ocupación: AGRICULTOR, y bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, manifestó: PRIMERO: Me llamo, MARCO TULIO OTALORA. SEGUNDO: Declaro que hace 10 años conozco a la señora LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía No 38.362.017 de IBAGUÉ ya que somos vecinos, y me consta que vivió en unión libre con el señor BUENAVENTURA LUGO OLIVERA (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 1.628.900 de GARZÓN, quien falleció el pasado 6 de SEPTIEMBRE de 2012 en la ciudad Ibagué. TERCERO: Igualmente declaro que la señora LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO dependía económicamente y en todo sentido del señor BUENAVENTURA LUGO OLIVERA (Q.E.P.D.) y que convivieron juntos bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, durante 10 hasta el día de su fallecimiento.
d) Declaración extra juicio del señor Buenaventura Lugo ante la Notaría Primera del Círculo de Ibagué del 2 de septiembre de 2010 en la que manifestó lo siguiente: (cd. Folio 179).
“PRIMERO: Me llamo BUENAVENTURA LUGO OLIVERA. SEGUNDO: Declaro que desde hace 8 años convivo en unión libre y bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, con la señora LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 38.362.017 de IBAGUÉ. Manifiesto que de esta unión no hay hijos. TERCERO: Declaro que mi compañera permanente depende económicamente y en todo sentido de mí; ya que la señora se dedica a sus estudios y labores del hogar y no recibe ningún tipo de ingreso por concepto de salario, pensión o renta. Lo anterior para que en caso de mi fallecimiento mi pensión sea sustituida a mi compañera permanente LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO”.
Por otra parte, en la audiencia de pruebas realizada por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 2 de agosto de 2017, se allegó una prueba traslada consistente en la recepción de varios testimonios que fueron practicados ante el Juzgado Laboral del Circuito de Ibagué, en donde concurrieron las mismas partes que conforman en el presente litigio. (fls 173 a 178).
En virtud de lo anterior, y atendiendo a lo previsto en el artículo 174 del Código General del Proceso se trasladaron las siguientes declaraciones y testimonios (fl. Cd 183):
a) Interrogatorio de parte a la señora Liliana Hernández Castillo:
PREGUNTADO (…) Cuál es su estado civil. CONTESTÓ soltera. PREGUNTADO: Cuál es la dirección de su residencia. CONTESTÓ: Vereda Santa Teresa finca los mandarines. (…) PREGUNTADO: qué grado de estudios tiene. CONTESTÓ universitario. PREGUNTADO: Cuál es su profesión CONTESTÓ: pues mi título está en trámite, título de derecho. (…) PREGUNTADO: díganos una cosa Liliana Hernández usted fue compañera del señor Buenaventura Lugo. CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADO: en qué consistió ese compañerismo de pareja. CONTESTÓ. consistió en que primero que todo él me puso a estudiar y yo dependía únicamente de él. PREGUNTADO usted porqué vive en la Vereda Santa Teresa. CONTESTÓ: porque ahí es donde yo siempre he vivido. PREGUNTADO. con quién vive. CONTESTÓ: pues con mi mamá, pero mi papá murió (…) PREGUNTADO: pero aquí dice que el señor nunca se quedó por fuera de la casa que tenía en el barrio Santa Ana Urbanización Santa Ana, entonces cómo podría estar conviviendo con usted en la Vereda en Santa Teresa si siempre convivió en la Urbanización Santa Ana. CONTESTÓ. No señor él siempre vivió conmigo PREGUNTADO: cómo y desde cuándo. CONTESTÓ teníamos una relación desde el año 2002 esa relación consistía en que yo dependía económicamente de él. PREGUNTADO en eso consistía en que dependía económicamente de él. CONTESTÓ. sí señor. PREGUNTADO. Cuántos años tenía el señor Buenaventura cuando se le conoció CONTESTÓ yo tenía 20 años y él murió a los 83 en el año 2012 es decir, tenía 73 años Cuando lo conocí. PREGUNTADO. en qué consistía esa convivencia. CONTESTÓ esa convivencia consistió en que yo veía por él, estaba pendiente siempre él cuando se enfermaba. (…) PREGUNTADO usted recuerda cuando ingresó a esa clínica en esa oportunidad CONTESTÓ. Pues exactamente no pero el duro casi dos meses en esa clínica PREGUNTADO: quién lo llevo a él a la clínica, la hija Adriana Gisella. CONTESTÓ si ella era la que mantenía pendiente de él, de los cuidados, es que en esos días el abogado mantenía muy enfermo, entonces el médico le prescribió que tenía que estar cerca a la clínica PREGUNTADO quién es el abogado CONTESTO es que yo así le decía el abogado, el doctor (…) PREGUNTADO qué cuadro presentó de qué estaba enfermo CONTESTO cuando yo lo conocí él hacía mucho tiempo había sido operado del corazón entonces eso le generaba el mucha hipertensión PREGUNTADO al momento de qué murió usted estaba presente, CONTESTÓ: No señor. PREGUNTADO. sabe a qué horas murió CONTESTÓ la verdad no, o sea yo estaba enferma en la finca y yo no pude ingresar a la clínica porque los hijos no me dejaban o sea él se enfermó y ellos tomaron posesión no me dejaban ingresar a la clínica, yo no sé por qué pero yo hablé con mi compañero, entonces él me dijo que no fuera (…) PREGUNTADO usted conserva enseres cosas personales de él. CONTESTÓ: cosas personales no PREGUNTADO camisa, pantalón. CONTESTÓ, no señor. (fl. Cd 183).
b) Testimonio de Pedro Elías Martínez como testigo de Liliana Hernández.
“(…) PREGUNTADO. Cómo era el sitio donde ellos convivían CONTESTÓ. era una finca, es una finca PREGUNTADO cómo es la finca, CONTESTÓ. una finca muy humilde. (…) PREGUNTADO y usted, en cuántas oportunidades estuvo en esa finca CONTESTÓ muchas veces. PREGUNTADO quién más vivía en la finca. CONTESTÓ la mamá de Liliana Hernández y el papá PREGUNTADO de quién era la finca. CONTESTÓ del papá de la señora Liliana PREGUNTADO quién más vive en esa finca CONTESTÓ vivía la señora Liliana y el doctor Lugo (…) PREGUNTADO y usted sabe que él vivía en esa casa CONTESTÓ Sí señor PREGUNTADO usted recuerda desde cuando se dio esa convivencia CONTESTO desde el 2002 hasta cuando falleció el doctor Lugo que fue como en el 2012. PREGUNTADO cuando era invitado a la finca por el abogado Buenaventura cada mes o cada 45 días o cada mes y medio usted se quedó en esa finca CONTESTÓ No señor PREGUNTADO nunca se quedó, CONTESTÓ. No señor PREGUNTADO o sea si usted nunca se quedó, como afirma que él vivía allí. CONTESTO porque siempre me venía sólo, él se quedaba PREGUNTADO y por eso usted asume que él vivía allí, usted sabía que él vivía en la finca que acabo de mencionar usted sabía si él vivía en otro lado CONTESTÓ. no señor, no sé. (fl. Cd 183).
c) Testimonio del señor Pablo Emilio Rodríguez Salamanca quién compartió oficina profesional y domicilio con el causante entre los años 2000 a 2008 en declaración rendida el 18 de julio del 2014 ante Juzgado Laboral.
(..) PREGUNTADO. Cuál era el estado civil de él al momento en que usted lo conoció CONTESTÓ cuando yo llegue hacía poco se le había muerto la esposa, compartimos la oficina y tenía su bufete de abogado, yo tenía la oficina mía ahí con otro arquitecto, compartíamos el mismo local, pagamos el arriendo, pagamos los servicios, compartimos las 24 horas del día, con el tiempo me fui a vivir a su casa, allá dure tres años viviendo en la casa de él, vivía allá Adriana, vivía el muchacho que es interdicto y un hijo de Adriana PREGUNTADO. precisemos los tres años que estuvo viviendo en la casa de él, compartiendo con él y con sus hijos nos puede escribir más exactamente a qué años nos estamos refiriendo CONTESTÓ si era más o menos el 2004, 2005 y 2006 PREGUNTADO en esos años usted notó que él se ausentará por largas temporadas de la casa. CONTESTÓ no cuando salía era cerca por cuestiones de su juzgado, que lo llamaban, así aparte, es aquí cerca de la ciudad, él iba pero lo normal, el tan amablemente me brindó la alcoba de él y yo dormí en la alcoba y el paso a dormir en la alcoba de la hija PREGUNTADO él se iba por asuntos de trabajo y se quedaba o pernoctaba varias noches por fuera CONTESTÓ no, no, no, él nunca acostumbrada a quedarse fuera de la casa. PREGUNTADO. Durante los tres años que usted estuvo viviendo en la casa con ellos, compartiendo con ellos según lo que ha informado por usted, nos puede afirmar que él nunca se quedó por fuera CONTESTÓ, No, él nunca se quedaba por fuera de la casa PREGUNTADO hasta cuándo compartió oficina con él, como 8 años. PREGUNTADO. Desde que año y hasta qué año CONTESTO desde el año 2000 más o menos hasta el 2008. PREGUNTADO durante ese largo periodo usted conoció que él tuviera una relación sentimental con alguien CONTESTÓ. no, no, no le conocía a nadie. (fl. Cd 183).
d) Testimonio del señor Sigifredo Osorio Valencia amigo cercano del señor Lugo Olivera quién indicó lo siguiente:
“PREGUNTADO: Usted cuánto tiempo hace que conoció al señor Buenaventura Lugo (…) CONTESTÓ: bueno yo conocí al doctor Buenaventura en el año 1977 cuando él era juez de instrucción criminal ambulante en Ibagué y yo era Secretario del juzgado 24 instrucción criminal, desde entonces nació una amistad muy buena con el doctor Buenaventura y posteriormente con su familia con la señora Aliria que era la esposa de él y los hijos y de ahí conocí al joven Ariel un niño que ha sido enfermo desde que nació, y tengo conocimiento de que fue declarado interdicto debido a su incapacidad. (…) PREGUNTADO: cuál era la relación suya desde 1977 que lo conoció (…) CONTESTÓ: muy cercana. PREGUNTADO hasta cuándo fue esa relación cercana. CONTESTÓ: hasta que el señor Buenaventura Lugo murió. (…) PREGUNTADO: él volvió a tener una relación, unión marital con alguien. CONTESTÓ con nadie él se dedicó a vivir con sus hijos (…) PREGUNTADO porque usted conoce tan cercanamente y nos confirma, con tal convencimiento de esa respuesta CONTESTO, porque él iba muy frecuente a mi casa y yo también a la de él, éramos muy muy amigos. PREGUNTADO: su casa queda ubicada en dónde. CONTESTÓ en el barrio Belén y la de él queda ubicada en el barrio Santa Ana, nosotros nos veíamos frecuentemente en mi casa, muy seguido y yo a la casa de él también. PREGUNTADO en el expediente a folio 57 existe una declaración extrajuicio rendido ante la notaría tercera de esta ciudad, firmada por la declarante Liliana Hernández Castillo, en el que se indica que entre la señora Liliana y el señor Buenaventura existe una unión marital de hecho. (…) CONTESTÓ es eso es absolutamente falso puedo decirlo con toda seriedad del caso, porque yo conocía a Buenaventura Lugo desde 1977 hasta cuando él falleció y desde que él se quedó viudo hasta que falleció siempre vivió con sus hijos en el barrio Santa Ana, en ningún otro sitio, ni con ninguna mujer. (fl. Cd 183).
A su turno, el Tribunal Administrativo del Tolima, en la audiencia de pruebas celebrada el 2 de agosto de 2017 llevó a cabo la práctica de testimonios del señor Sigifredo Osorio Valencia en el que ratificó su declaración ante el Juzgado Laboral del Circuito de Ibagué y agregó que la hija del señor Buenaventura, señora Adriana Gisela Lugo Thomas, siempre veló por el cuidado de su padre quien siempre vivió con ellos (sus hijos).
Igualmente se recibió el testimonio del señor Juan Carlos Lugo Thomas (hijo del señor Buenaventura Lugo) quien manifestó, de manera clara y precisa, que el causante siempre vivió con sus hermanos Adriana Gisela y Ariel Ferneli Lugo Thomas (hijos del causante), en la manzana 5 casa 14 del barrio Santa Ana y que luego de la muerte de su madre, su padre no volvió a formalizar relación sentimental con nadie, situación que le consta, no sólo porque tenía contacto permanente con él ya que lo visitaba cada vez que disfrutaba de permiso, sino porque además tenía una relación muy cercana con él; precisó que sólo vino a conocer a la señora Liliana Hernández Castillo con posterioridad al deceso de su progenitor (fls cd 171)
(iv). De acuerdo con las pruebas aludidas, la Sala advierte que las declaraciones extra proceso de Liliana Hernández Castillo, (fols. Cd 183), Pedro Elías Martínez, fueron coincidentes en que la señora Liliana Hernández Castillo, vivía con sus padres en la vereda Santa Teresa, finca los mandarines, al respecto, se indicó “[PREGUNTADO: en qué consistió ese compañerismo de pareja. CONTESTÓ. consistió en que, primero que, todo él me puso a estudiar y yo dependía únicamente de él. PREGUNTADO usted porqué vive en la Vereda Santa Teresa. CONTESTÓ: porque ahí es donde yo siempre he vivido. PREGUNTADO. con quién vive. CONTESTÓ: pues con mi mamá, pero mi papá murió”]. Ahora bien, la Sala precisa que si bien existía una relación entre la demandada y el causante Buenaventura Lugo, está se basaba en la dependencia económica, como quiera que le pagaba los estudios; al respecto la demandada se refirió de la siguiente manera: [“PREGUNTADO: cómo y desde cuándo. CONTESTÓ teníamos una relación desde el año 2002 esa relación consistía en que yo dependía económicamente de él. PREGUNTADO en eso consistía, en que dependía económicamente de él. CONTESTÓ. sí señor”].
Por su parte, los testimonios de Pablo Emilio Rodríguez Salamanca, Sigifredo Osorio Valencia, Juan Carlos Lugo Tomás, manifestaron que el señor Buenaventura Lugo Olivera siempre vivió con sus hijos Adriana Gisella y Ariel Ferneli en la manzana 4, casa 14 del barrio Santa Ana en Ibagué, hasta el día de su fallecimiento el 6 de diciembre de 2012.
Así mismo, cuando se le preguntó a la señora Liliana Hernández Castillo, en la declaración rendida ante el Juzgado Laboral de Ibagué, si conservaba algunos elementos o enseres personales del causante manifestó que no. [“PREGUNTADO usted conserva enseres cosas personales de él. CONTESTÓ: cosas personales no PREGUNTADO camisa, pantalón. CONTESTÓ: no señor”].
(v). Del análisis crítico de las declaraciones extra proceso allegadas al expediente, junto con los testimonios recaudados en el curso del proceso, la Sala de Subsección advierte que no se demostró la convivencia efectiva entre la señora Liliana Hernández Castillo y el causante Buenaventura Lugo, como requisito esencial para el reconocimiento como beneficiaria de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Tolima.
Lo expuesto, toda vez que, aun cuando existen algunas declaraciones y un documento público (de fecha 2 de septiembre de 2010) que expresa que la señora Liliana Hernández y el causante tenían una unión marital de hecho (CD folio 179), tales documentos no otorgan certeza sobre el cumplimiento del requisito de la convivencia afectiva de no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a la muerte del causante (6 de septiembre de 2012), previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para que la demandada acceda a la prestación social que pretende, requisito que constituye el hecho que legitima la sustitución pensional en el otorgamiento de dicha prestación.
(vi). A propósito del requisito de convivencia afectiva entre parejas al momento de la muerte, la Corte Constitucional en sentencia C-081 del 17 de febrero de 1999 delimitó su alcance, y en tal sentido precisó:
«[…] Dadas estas circunstancias, por razones de orden constitucional y de los principios propios del derecho de la seguridad social, los cuales puede el Legislador configurar libremente, según el artículo 48 superior en aplicación, en cuanto a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, éste en el artículo 47 literal a) de la Ley 100 de 1993, toma más en cuenta factores sociológicos, reales o materiales, en el entendido de lo que es una relación material de pareja, como quiera que se trata de una prestación de previsión, con lo cual procura aliviar la condición de precariedad económica en que queda la familia al desaparecer su cabeza, vale decir, el titular de la pensión, independientemente, de que alguno de los miembros de la pareja goce de la condición de cónyuge o de compañera o compañero permanente.[…]
La Corte Constitucional, comparte la tesis sostenida, tanto por el señor Procurador General de la Nación como por la mayoría de los interventores en este proceso, en cuanto a que la doctrina y jurisprudencia nacionales, han aceptado en acoger como factor determinante en la aplicación del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional, en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente, el hecho del compromiso efectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja, al momento de la muerte de uno de sus integrantes. […]
De lo anterior se concluye que, al contrario de lo sostenido por la demandante y con arreglo a las consideraciones anteriores, de índole jurisprudencial, es apropiado entonces afirmar que la convivencia afectiva al momento de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución pensional y que, por lo tanto, es conforme a la Carta Política, el hecho de que la disposición cuestionada exija, tanto para los cónyuges como para los compañeras o compañeros permanentes, acreditar los supuestos de hecho previstos por el Legislador para que se proceda al pago de la prestación, con lo cual se busca, por parte del Congreso de la República, dentro de su amplia libertad de configuración legal, impedir (sic), que sobrevenida la muerte del pensionado, el otro miembro de la pareja cuente con los recursos económicos indispensables para satisfacer sus necesidades. […]» Destacado fuera del texto original.
Esta Subsección, en lo referente al criterio material de convivencia efectiva, advirtió que «esta expresión se ubica fundamentalmente en los requisitos exigidos al cónyuge o compañero permanente para acceder a la pensión, es entonces una herramienta legal de protección a la familia bajo el marco constitucional inicialmente esbozado y constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación, que busca además favorecer económicamente a aquellos matrimonios o uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real con vocación de continuidad o permanencia, como también el amparo del patrimonio del pensionado, en cuanto a posibles maniobras fraudulentas de personas que a partir de la constitución de convivencias de última hora, pretendan obtener el beneficio económico derivado de la transmisión pensional, razón por la cual debe existir en cada caso la comprobación fehaciente de los requisitos consagrados en la Ley para tal efecto.»
Así mismo, la Sala advierte que la señora Liliana Hernández Castillo no logró demostrar ese acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, vida en común, es decir, una verdadera vocación de constituir familia con el causante, pues no resulta lógico, de acuerdo con las reglas de la experiencia, que si la demandante convivía con el causante y habían conformado una unión marital de hecho, no tenga conocimiento a qué horas murió, ni qué enfermedad padecía, ni mucho menos conservara algún elemento personal del señor Buenaventura Lugo Olivera.
En ese sentido, la sala de subsección ha entendido la convivencia afectiva en la siguiente dimensión:
“(…) La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia, no se pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.
Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte, que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por muerte del afiliado o pensionado.
Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de vida’” (Resaltado fuera del texto).” (…).”
Conforme con lo anterior, la convivencia no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y lecho, sino que se relaciona con el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber de apoyo y auxilio mutuo; junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar, aspectos que no lograron ser demostrados por la señora Liliana Hernández Castillo quien manifestó que la relación de compañerismo de pareja consistía en que [CONTESTÓ. consistió en que, primero que, todo él me puso a estudiar y yo dependía únicamente de él]. (f. 183 CD), confesión que dejó de lado el propósito familiar común.
En cuanto al lapso de los cinco (5) años continuos de convivencia inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sala concluye que debe demostrarse la vocación de estabilidad y permanencia, sin que se tengan en cuenta aquellas relacionales causales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante.
(vii). En conclusión, en criterio de la Sala, en el presente proceso no se encuentran demostrados los requisitos legales para que la señora Liliana Hernández Castillo pueda acceder, a través de una sustitución pensional, a la pensión de jubilación que en vida disfrutó el causante el señor Buenaventura Lugo Olivera, correspondiéndole como bien lo precisó el Tribunal, la sustitución pensional en porcentaje del 100% a favor del señor Ariel Ferneli Lugo Thomas, en calidad de hijo interdicto del causante, razón por la que la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada.
(viii). Por último, en relación con la solicitud de la entidad demandada, de que se abstenga de condenar en costas y agencias en derecho, esta sección ha señalado que el concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.
Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007.
Ahora bien, si el a quo condenó en costas a la entidad demandada, dicha decisión es respaldada por la facultad que tiene como juez de imponerla o no, en tal sentido, la Sala no revocará el numeral sexto de la sentencia apelada, pues el artículo 365 del CGP establece que habrá lugar a ellas cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
(ix). Finalmente, en cuanto a la petición formulada por la entidad demandada UGPP en el recurso de apelación, sobre el reintegro de los valores pagados a la señora Liliana Hernández Castillo, la Sala considera que la misma deviene en improcedente con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario o en este caso, la demandada, actuó de mala fe.
Bajo tal entendimiento, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, principio que se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho, carga probatoria que se echa de menos en el proceso.
Adicionalmente, la solicitud de reintegro de los dineros no fue propuesta como medio exceptivo por la UGPP y respecto a ella no pudo defenderse la parte interesada.
Así las cosas, debe darse aplicación al literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, toda vez que por tratarse de prestaciones periódicas «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
5. Condena en costas
Las costas procesales, entendidas como los gastos necesarios en los que las partes tuvieron que incurrir para ejercer una correcta defensa de sus intereses dentro del proceso judicial, comprenden de un lado, las expensas o gastos ordinarios del proceso y de otra, las agencias en derecho.
Su reconocimiento está regulado por el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual dispone que: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil», en armonía con lo anterior, el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso señala que la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: «[…] se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […]», y en el numeral 3 se señaló que «en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda».
Atendiendo esa orientación y de conformidad con el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a los demandados, toda vez que la sentencia apelada será confirmada en su totalidad, y se generó su causación con la intervención de la parte demandante en esta instancia procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora ADRIANA GISELLA LUGO THOMAS, en calidad de guardadora del señor ARIEL FERNELI LUGO THOMAS contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y LILIANA HERNÁNDEZ CASTILLO, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a la señora Liliana Hernández Castillo en costas de segunda instancia, las cuales serán liquidadas por el a quo.
TERCERO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Folios 56 y 60 del expediente.
Folios 56 a 58 del expediente.
Folios 35 a 38 del expediente.
Folios 6 y 7 del expediente.
Folios 80 a 84.
Folios 117 a 122.
Folios 155 a 168.
Folios 201 a 235.
Folios 2242 a 245 del expediente.
Lo expuesto de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico, adjuntados a SAMAI, visible a índice 14.
De acuerdo con el informe secretarial en folio 237 del expediente.
Lo expuesto de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico, adjuntados a SAMAI, visible a índice 15.
Corte Constitucional, sentencia C – 1094 de 19 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 7 de febrero de 2019, expediente 0161-17, magistrado ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. Este aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-066 de 17 de febrero de 2016, magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo. Sección segunda, subsección A, expediente 73001-23-33-000-2012-00078-01(4445-13), consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Es necesario indicar que la diferenciación establecida por el legislador para otorgar la pensión de sobrevivientes en cuotas partes, fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en sentencia C-336 de 2014, en la que concluyó que no existía una violación al derecho fundamental a la igualdad, en tanto que la unión marital de hecho y la institución del matrimonio no son equiparables, “pues si bien ambos son medios para constituir una familia, el tratamiento jurídico otorgado por la ley a la primera no puede ser trasladado a la segunda figura”, pues la cónyuge tiene una sociedad conyugal vigente cuyos efectos impiden que se cree una nueva sociedad de hecho con la compañera. Consultar entre otras decisiones, la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida dentro del proceso identificado con el número 540012331000200301297 01 (2336-2013). En esa oportunidad la Sala examinó el caso de una compañera permanente que convivió con el causante durante un lapso no inferior a 38 años debidamente acreditados, a quien le fue negado el reconocimiento de la sustitución pensional en tanto el pensionado mantenía vigente una unión conyugal. Sección segunda, subsección B, expediente 66001-23-33-000-2013-00309-01 (399-16). Corte Suprema de Justicia, sentencia de 8 de agosto de 2006, radicado 27079. Entendida como la incapacidad de la persona de obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna. Expuesto en la parte motiva de la Resolución No RDP 005908 del 11 de febrero de 2013. (folios 39 y 41 del expediente)
Interdicción declarada mediante la sentencia del 26 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué
De acuerdo con el Registro Civil de Defunción que obra a folio 7 del expediente, se evidencia que el señor Buenaventura Lugo Olivera (q.e.p.d.) falleció el 6 de septiembre de 2012. Visible a folio 23 del expediente. Visible a folios 9 a 12 del expediente. Decretada en la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de julio de 2017. Fls 155 a 168)
Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia del 2 de octubre de 2008. Radicación número: 25000-23-25-000-2000-05959-01(0757-04). Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11). Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz Elena Aristizábal Vallejo. Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01 (3515-2015).
Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”
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