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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2013-00007-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2013-00007-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subrayas de la Sala) 26 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 27 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García, número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013. 29 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Radicado: 73001 23 33 000 2013 0007 01 Demandante: Municipio de San Luis Tolima el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida por las razones previstas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS POR AGENCIAS EN DERECHO al Municipio de San Luis, a favor de la ANLA y Cemex, en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a cada una, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2013-00007-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de junio de 2025

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Radicado: 73001 23 33 000 2013 0007 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Radicación núm.: 73001 23 33 000 2013 00007 01
Actor: Municipio de San Luis - Tolima
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Tolima
Tesis: No es nulo por vulneración de normas superiores, el acto administrativo a través
del cual se levantó una medida preventiva en materia ambiental que había sido
impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa decisión se produjo
el sin mediar etapa probatoria en la que se sopesaran las circunstancias que dieron
lugar a su adopción.
No es nulo, por infracción de normas superiores, el acto administrativo mediante el
cual una autoridad ambiental levantó una medida preventiva adoptada por un ente
territorial, si ya se habían superado las circunstancias que dieron lugar a su imposición.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 13 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a las partes en
el proceso de la referencia.

I. LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), el Municipio de San Luis - Tolima, por medio de

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Demandante: Municipio de San Luis Tolima

apoderado judicial, interpuso demanda en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima (en adelante Cortolima)1, en la que formularon las siguientes:

1.1. Pretensiones

“El medio de control se encamina a obtener:

Se declare la nulidad de la Resolución nro. 2843 de agosto 17 de 2012 y como
consecuencia se restablezca el derecho y el orden jurídico.”2.

1.2. Acto cuestionado

“RESOLUCIÓN NRO. 2843
17 AGOSTO 2012

Por medio de la cual se resuelve una medida preventiva impuesta por el Alcalde
Municipal de San Luis Tolima y se toman otras decisiones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA CORTOLIMA

En uso de sus facultades legales y constitucionales en especial las otorgadas por
la Ley 99 de 1993, artículos 2º y 3º de la Ley 1333 de 2009 y demás normas
concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO

Entra el Despacho a realizar el estudio de las diligencias allegadas por la
administración municipal de San Luis, bajo el número de radicación 12732 de
agosto 14 de 2012, con el propósito de establecer si existe mérito o no, para
mantener la medida preventiva de suspensión impuesta a prevención por dicha
autoridad, en contra de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., en el componente
de la banda transportadora de la planta "Caracolito", ubicada en la inspección de
Payandė del Municipio de San Luis.

2. DEL EXPEDIENTE AMBIENTAL DILIGENCIADO POR EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS:

a. Las diligencias documentales objeto del presente pronunciamiento allegadas por
la Administración Municipal de San Luis, bajo la radicación interna de Cortolima N°
12732 de agosto 14 de 2012, carece de numeración y cuenta con los siguientes
documentos:

1) Fotocopia de la solicitud extendida ante la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, por parte del Secretario de Planeación de San Luis, bajo el número de
radicación N°3849 de marzo 6 de 2012, en el cual se solicita expedir copia del

1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice núm. 50 del Sistema de Gestión Judicial

Samai.
2 Ibídem.

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concepto técnico de fecha septiembre 20 de 1994 emitido por la oficina de asuntos
ambientales de Cortolima y al que se hace alusión en la Resolución N° 1503 de
octubre 12 de 1994.

2) Fotocopia del memorial de acción de tutela impetrado por el Municipio de San
Luís, por medio de su Alcalde Municipal en la que se solicita la respuesta de la
petición radicada el 6 de marzo de 2012.

3. Fotocopia del oficio N° 6743 de abril 13 de 2012, por el cual CORTOLIMA
responde las solicitudes manifestadas por el Municipio de San Luis a través de las
radicaciones N° 3145 de febrero 23 de 2012 y 3849 de marzo 6 de 2012,
anexándose 425 folios.

4. Fotocopia de la Resolución N° 1503 de octubre 12 de 1994 por la cual
CORTOLIMA otorga Licencia Ambiental a, CEMENTOS DIAMANTE S.A. para la
construcción de una banda transportadora.

5. Fotocopia de la Resolución N° 0153 de agosto 8 de 2012, por la cual la
Administración Municipal de San Luis, entre otros aspectos, impone medida
preventiva consistente en la suspensión de las operaciones de la banda
transportadora, realizada por CEMEX COLOMBIA S.A., en el corregimiento de
Payandé, jurisdicción de su municipio.

6. Fotocopia del acta de " CUMPLIMIENTO- MATERIALIZACIÓN DE LA MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE. 'ACTIVIDADES DECISIÓN TOMADA
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 000153 DE AGOSTO 8 DE 2012, de fecha
agosto 9 de 2012 y suscrita por CAMILO CARDONA, Corregidor de Payandé y el
coordinador de seguridad industrial de la Planta "Caracolito" de CEMEX
COLOMBIA S.A., ingeniero MAURICIO MANTILLA.

7. Fotocopia de solicitud elevada al Municipio de San Luis por la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A. para realizar el levantamiento inmediato de la medida preventiva
impuesta en la Resolución N°0153 de 2012 y subsidiariamente la revocatoria
directa de dicha providencia.

8. Fotocopia de la Resolución N°176 de agosto 13 de 2012 en la cual el Municipio
de San Luis por medio de su Alcalde Municipal niega la petición de levantamiento
de medida preventiva y en subsidio la revocatoria directa de la Resolución
N°000153 de 2012.

9. Copia de denuncia penal elevada por parte del Municipio de San Luis ante
Fiscalía General de la Nación, Seccional del Guamo, para que sea investigada la
doctora CARMEN SOFÍA BONILLA en calidad de ex Directora de CORTOLIMA y
los demás funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima y funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que hayan tenido a su
cargo la realización de visitas, presentación de informes y otras actividades
relacionadas con la actividad minera ejecutada en la jurisdicción del Municipio de
San Luis por la sociedad Cemex Colombia.

b. Fundamentos de la Resolución N° 0153 de agosto 8 de 2012. El acto
administrativo expedido por la Administración Municipal, relaciona entre otros
aspectos:

"G. Que el municipio en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales,
realizó estudios y pudo verificar que la Corporación Autónoma Regional del Tolima
mediante la Resolución 1503 de octubre 12 de 1994 otorgó una licencia ambiental

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a la sociedad Cementos Diamante S.A. (Hoy Cemex Colombia S.A., con NIT
860002523-1), para la construcción y puesta en marcha de la banda
transportadora de la Planta "Caracolito" en el Corregimiento de Payandé-
Jurisdicción del Municipio de San Luis Tolima. Esta licencia se fundamentó en el
concepto técnico de septiembre 20 de 1994, lo cual se puede comprobar con
fundamento en el segundo considerando de la resolución en referencia que dice
"... H. Que el municipio a través de la Secretaría de Planeación mediante oficio
radicado 3849 de marzo 6 de 2012, solicitó a la Directora de CORTOLIMA- la copia
del Concepto Técnico de septiembre 20 de 1994, en el cual se apoyó la
corporación ambiental para otorgar la licencia ambiental para la construcción de la
banda transportadora, mediante la Resolución 1503 de octubre 12 de 1994. El
término para dar respuesta de diez (10) días que ordena el artículo 16 de la Ley
962 de 2005 entre entidades del estado venció y la corporación guardó, silencio.
Igualmente, venció el término general de 15 días para dar respuesta a particulares
y se guardó silencio, viéndose obligado el municipio a instaurar acción de tutela
contra CORTOLIMA, lo cual generó respuesta de CORTOLIMA mediante oficio
100.4.1.11 del 13 de abril de 2012, у con sorpresa encontramos que en respuesta
al radicado 3849 de marzo 6 de 2012, en el que se solicita copia del Concepto
Técnico de septiembre 20 de 1994, en el cual se soportan para otorgar la licencia
ambiental, responden este documento no se encontró... En el caso de la licencia
otorgada para la construcción y puesta en marcha de la banda transportadora en
el Corregimiento de Payandė Jurisdicción del Municipio de San Luis Tolima, es
gravísimo para el medio ambiente, que se esté operando dicha banda desde el
año 1995, sin contar con el Concepto Técnico del 20 de septiembre de 1994, en
donde precisamente están contenidos los antecedentes, evaluación del impacto
ambiental que produce la ejecución del proyecto, el plan de manejo propuesto junto
con sus consideraciones y recomendaciones y lo que es más grave aún que
CORTOLIMA a quien se le ha encargado el deber de velar y proteger el medio
ambiente en conexidad con la vida, haya permitido que durante años esté
operando la banda trasportadora sin ningún tipo de control ambiental y verificación
de las exigencias contenidas en el documento técnico que soportó el otorgamiento
de la licencia."

C. Lo que decide la Administración Municipal a través de la Resolución N° 0153 de
agosto 8 de 2012, conforme con lo antes señalado, detalla lo siguiente:

1) Imponer Medida Preventiva consistente en suspensión de las operaciones de la
Banda Transportadora (Banda mina), realizadas. por la sociedad Cemex Colombia
en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis.

2) Mantener la medida preventiva hasta tanto se compruebe que desaparecieron
las causas que la motivaron.

3) Enviar copia de la decisión al corregidor de Payandė, para que ejecute la medida
preventiva de. suspensión de actividades descritas en el artículo primero, quien
queda facultado para solicitar apoyo de las autoridades municipales y de la fuerza
pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin.

4) Comunicar la decisión a CEMEX COLOMBIA S.A., a la Cancillería colombiana,
a CORTOLIMA, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (sic).

5) Compulsar copia de la actuación a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación para que se investigue la responsabilidad con
el medio ambiente de la ex directora de CORTOLIMA y los demás funcionarios y
contratistas de CORTOLIMA que han tenido a su cargo la realización de visitas,
presentación de informes y otras actividades relacionadas con la actividad minera,

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ejecutada en jurisdicción del Municipio de San Luis, por parte de CEMEX
COLOMBIA S.A.

Una vez relacionados los antecedentes documentales y fácticos de la actuación
que origina el presente pronunciamiento, el Despacho procede a definir la situación
de la medida a prevención asumida por el señor Alcalde Municipal, de la siguiente
manera:

3. COMPETENCIA DE CORTOLIMA PARA ACTUAR:

Conforme con la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son
las máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción y a ellas les
corresponde, entre otras funciones, las de realizar evaluación, control, seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos
y en consecuencia, expedir licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos. De igual manera les corresponde a las
Corporaciones, imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causarlos.

Por otra parte, la Ley 1333 de julio de 2009, radica en su artículo primero la
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental en el Estado y a través
de él en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

4. COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA
AMBIENTAL

Conforme con el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, los Municipios, en materia
ambiental, cuentan con las siguientes funciones:

Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen
constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley
o de las que se deleguen o transfieren a los alcaldes por el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales:

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar
los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico del municipio;

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3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel
regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente
ley,

4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental;

5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas
necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de
la Policía. Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias,
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de
los particulares en materia. ambiental y de proteger el derecho constitucional a un
ambiente sano;

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en
el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación
con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de
los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes
de las aguas, el aire o el suelo;

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre usos del suelo;

9. Ejecutar obras a proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire.

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras
y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y microcuencas hidrográficas.

De igual manera, la Ley 1333 de 2009 otorga facultad a prevención al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, a las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, a las Unidades Ambientales Urbanas
de los grandes centros urbanos, a los establecimientos públicos a los que hace
alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, a la Armada Nacional, así como a los
Departamentos, Municipios y Distritos. Facultad que otorga a dichas autoridades,
para la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias que se consagran
en la Ley 1333 de 2009 y que sean aplicables según el caso; sin embargo, aclara
que las sanciones solo pueden ser impuestas por la autoridad ambiental
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,

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previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Dispone en consecuencia que
la autoridad que haya impuesto la medida preventiva, en virtud de la facultad a
prevención, debe dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental
competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la
misma.

Como se detalla en la anterior relación normativa, se deja claridad que en efecto,
las administraciones municipales conformadas como entes territoriales y su
representación legal, sí tienen atribuciones para adelantar actuaciones de carácter
preventivo cuando obran graves afectaciones a los recursos naturales o están en
riesgo los mismos.

5. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE N°1360 DE CORTOLIMA EN EL CUAL
SE OTORGA LA LICENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL ELEMENTO DENOMINADO "BANDA TRANSPORTADORA":
a. Documentación allegada por CEMENTOS DIAMANTE con antelación a la
expedición de la Licencia Ambiental.

1. El 19 de enero de 1994, CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA el señor
JAIRO ECHAVARRIA B, en calidad de Gerente, presenta a consideración de
CORTOLIMA, el informe preliminar correspondiente al Estudio de Impacto
Ambiental efectuado por INGETEC para la banda transportadora entre las
canteras de caliza ubicada en la Inspección de Payandé y la fábrica de
Cementos Diamante de Ibagué S.A. "Caracolito". La introducción de dicho
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CORTOLIMA CERTIFICA QUE,
FOTOCOPIA COINCIDE CON SU LA GUAL HE TENIDO A LA VISI, LOS
ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD BDIRECTE documento señala: "Las diferentes
actividades para la construcción de la banda generan alteraciones del ambiente,
motivo por el cual se hace necesario realizar un estudio de impacto ambiental
del proyecto, con el fin de determinar cuáles son las áreas de influencia más
sensibles, de qué manera se verán afectadas y cuáles son las medidas
tendientes a minimizar o prevenir tales efectos. El objetivo del estudio es evaluar
los efectos positivos y negativo que la construcción y operación de la banda
genera sobre el ambiente.

2) El 19 de julio de 1994, CEMENTOS DIAMANTE DE IBĄGUÉ S.A., presenta
a la División de Gestión Ambiental de CORTOLIMA las aclaraciones al adendo:
Estudio Ambiental dé la Banda, relacionado con los perfiles topográficos de los
botaderos, así como los tipos de contingencia en el paso elevado vía Buenos
Aires -Payandé.

b. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE OTORGÓ LA LICENCIA AMBIENTAL:

CORTOLIMA mediante Resolución N°1503 de octubre 12 de 1994 otorga Licencia
Ambiental ordinaria a la Sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. con Matricula
Mercantil 011078 registrada por la Cámara de Comercio de Bogotá para la
construcción y puesta en marcha de la Banda Transportadora de la planta
""Caracolito"" en la Inspección de Payandé, municipio de San Luis, Departamento
del Tolima.

El mencionado acto administrativo enunció, entre otros aspectos, en su parte
considerativa lo siguiente: "Que con fundamento en la documentación aportada
por la Sociedad peticionaria y en especial el Plan de Manejo Ambiental y de la,
Declaratoria de Efecto Ambiental de la Banda Transportadora y a la visita de
inspección ocular realizada por funcionarios de la División de Fauna y Piscicultura
de CORTOLIMA, oficina encargada de Asuntos Ambientales, dicha dependencia

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emitió concepto técnico en septiembre 20 de 1994 en donde se da cuenta de los
antecedentes, descripción y área de influencia del proyecto, se evalúa el impacto
ambiental que puede producir la ejecución del proyecto, así como el plan de
manejo propuesto junto con sus consideraciones y recomendaciones y finalmente
se conceptuó en forma favorable desde el punto de vista técnico ambiental para la
realización y operación de los trabajos de la Banda Transportadora. Que el grupo
ambiental de esta Corporación encontró que los estudios aportados por la
peticionaria cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 57 de la Ley 99
de 1993, para los estudios de impacto ambiental consignando la complementación
que deben hacérsele y las obligaciones que deben cumplirse."

Igualmente, en su parte resolutiva, dispuso en el artículo segundo las obligaciones
a cargo de la titular de la Licencia Ambiental, que en su momento se denominaba
CEMENTOS DIAMANTE S.A., las siguientes:

"1. Realizar los estudios geotécnicos que conformen la estabilidad de los taludes
propuestos para el tramo crítico, ubicado en el borde del talud en la margen
derecha del río Coello; en caso de que estos estudios determinen que las
condiciones de estabilidad sean bajos, los taludes deberán ser revestidos en
concreto con el fin de prever la generación de los procesos de remoción en masa.
Para la realización de estos estudios, la Sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A.
dispone de un plazo de 30 días contados, a partir de la ejecutoria de esta
providencia. En cualquier caso se deberá presentar a CORTOLIMA los resultados
de estos estudios.

2. Se deberá ajustar el plan de manejo ambiental de la Banda Transportadora, de
tal forma que se mejore sustancialmente el impacto sobre el paisaje y aumente,
aún más, los impactos positivos que sobre la flora tienen previsto.

3. El proyecto de revegetalización deberá incrementarse hasta cubrir un área no
inferior a 50 hectáreas, en sitios previamente identificados por CORTOLIMA.

4. En la vía propuesta, Sopla micos - Cantera Chicalá, se deberá modificar el trazo
desde el k 2 + 600 hasta el k 3 + 600 evitando el paso por la margen izquierda de
la quebrada Las Juntas; esto permitirá disminuir los efectos negativos que se
presentarán sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna y el paisaje. Por lo tanto, et
plan de manejo ambiental deberá ajustarse de tal forma que permita que los
impactos negativos sobre estos componentes sean mitigados.

5. El proyecto deberá realizarse de acuerdo con la información suministrada,
cualquier modificación que implique cambios con respecto y/o metodología de
trabajo, deberá ser informada por escrito a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima para su aprobación.

6. Se deberá informar a CORTOLIMA con diez (10) días de anticipación, la fecha
de iniciación de las actividades del proyecto.

7. La Sociedad beneficiaria de esta providencia deberá suministrar por escrito a
los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, una
relación de las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por
CORTOLIMA en esta providencia, así como aquellas definidas en el plan de
manejo ambiental presentado por la empresa y sus ajustes.

8. Se deberá efectuar un seguimiento ambiental permanente en forma directa, o a
través de una interventoría contratada por una Entidad especializada, con el fin de
supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas

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en esta providencia y en el plan de manejo. La interventoría ambiental deberá
enviar a CORTOLIMA un informe mensual sobre el avance de las obras efectuadas
en desarrollo de las medidas de mitigación y la efectividad del plan de manejo, así
como los resultados del programa de monitoreo. Igualmente 20 días después de
terminado el trabajo, se debe presentar un informe final sobre el estado en que se
dejó la zona intervenida y el programa de mantenimiento."

Otras obligaciones que se establecen en la Resolución N°1503 de 1994, son las
que se enumeran a continuación:

1. Cementos Diamante, al momento del inicio de las obras deberá presentar un
plan de gestión social para la etapa de construcción. Estos programas y proyectos,
deberán ir dirigidos a educar y capacitar ambientalmente tanto a la población
vinculada directamente al proyecto, como a la comunidad local.

2. Cementos Diamante deberá informar a las autoridades municipales de la región,
sobre el proyecto y sus alcances, para efectos de obtener los permisos
correspondientes para la ejecución de las obras proyectadas.

3. En caso de detectarse durante el tiempo de construcción de las obras, efectos
ambientales no previstos, se deberá informar a CORTOLIMA, para efectos de
adoptar las medidas correctivas necesarias.

C. Documentación presentada por CEMENTOS DIAMANTE posterior a la
expedición de la Licencia Ambiental:

1) Con radicación de octubre 30 de 1995, CEMENTOS. DIAMANTE DE IBAGUÉ
S.A., presenta al Subdirector de Gestión Ambiental respuesta a la comunicación
N°5802 de septiembre 28 de 1995" en la que se presenta informe de visitas
técnicas a las zonas donde se tiene proyectada la A ENTIDAD construcción de la
banda transportadora de la mina de Payandé. En esta comunicación, entre otros
aspectos se establece que las modificaciones de los diseños del proyecto buscan
generar un alineamiento de la banda que conserve el óptimo técnico y satisfaga
los requerimientos ambientales de CORTOLIMA y las actividades del Plan de
Manejo Ambiental, reduciendo los volúmenes de excavación, las áreas de
remoción de cobertura vegetal, el volumen de material estéril, etc. De igual manera,
se informan los avances hasta entonces realizados durante la construcción de la
banda transportadora.

2) En radicación N°443 de diciembre 5 de 1995, la firma INGETEC S.A. presenta
informe de interventoría ambiental, correspondiente a la construcción de la banda
transportadora vía "Soplamicos - Chicalá y El Salero - El Porvenir".

3) El 14 de febrero de 1996, el apoderado de CEMENTOS DIAMANTE presenta a
esta Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N°1503 de
octubre 12 de 1994, el proyecto de revegetalización en un área de 50 hectáreas
en el sector de la inspección de Payandé.

4) 1º de abril de 1996 INGETEC presenta informe de interventoría ambiental de la
banda transportadora.

5) El 15 de octubre de 1996 se presenta nuevamente informe de interventoría del
proyecto banda transportadora.

6) El 15 de septiembre de 1997 se presenta informe de interventoría del proyecto
banda transportadora.

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7) El 31 de octubre de 1997 CEMENTOS DIAMANTE BAGUE S.A. por medio de
su apoderado presenta nuevamente informe de interventoría del proyecto banda
transportadora.

8) En radicación N°6773 de octubre 22 de 1996 se presenta informe de
interventoría elaborado por INGETEC S.A. para la banda transportadora Cementos
Diamante.

9) En radicación N°6523 de octubre 10 de 1996 se anexa informe de interventoría
de la construcción de la banda transportadora que desarrolla Cementos Diamante.

10) El 10 de octubre de 1996 con la radicación N°2097 el apoderado de Cementos
Diamante de Ibagué, anexa informe de interventoría de la construcción de la banda
transportadora que desarrolló en su momento la empresa. Cementos Diamante.

11) El 9 de junio de 1999 con la radicación N°3063 BDIRECTOR Cementos
Diamante de Ibagué, anexa informe de interventoria de la construcción de la banda
transportadora que desarrolla Cementos Diamante, informe realizado por la firma
INGEOFOR LTDA.

Como se detalla en este estado de relación de documentos soporte del expediente
que licenció el elemento denominado "Banda Transportadora", se puede
evidenciar. que dicha obra se culminó en forma satisfactoria, se puso en
funcionamiento y a partir de dicha calenda, no obra en la actuación, queja alguna
por el eventual deterioro del medio ambiente presentado por la Administración
Municipal o la comunidad. A contrario sensu obran como soportes informes de
interventoría radicados en la etapa de ejecución de la obra, hasta su culminación.

6. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

Como quiera que la presente decisión requiere una orientación jurisprudencial para
determinar el alcance de la decisión de esta Corporación frente al uso de la facultad
a prevención ejercida por el Alcalde Municipal de San Luis, debe tenerse en cuenta
que:

En la Sentencia T-014 de enero 25 de 1994, la Corte Constitucional, con ponencia
del doctor JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, con ocasión de la revisión
de tres providencias de decisiones en acciones de tutela impetradas por la
comunidad en la época de presentarse la necesidad de ubicar un elemento que
garantizara la calidad del aire en el proceso de transporte del material pétreo
(caliza) resaltó la responsabilidad de la empresa privada en la conservación del
medio ambiente afirmando:

"Como lo dispone el artículo 333 de la Constitución Política, la actividad económica
y la iniciativa privada son libres pero dentro de los límites del bien común. Es decir,
la Constitución garantiza a todos la posibilidad de establecer unidades de
explotación económica en los más diversos campos, propiciando así el progreso
de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. Si bien la
Carta reconoce que la empresa es base del desarrollo, añade que tiene una
función social y que ésta implica obligaciones. Para la Corte Constitucional es claro
que una interpretación armónica de la normativa en cuya virtud se garantiza la
libertad de empresa y del conjunto de disposiciones tendientes a conservar un
ambiente sano y equilibrado como derecho inalienable de los habitantes, conduce
necesariamente a afirmar que en nuestro sistema aquel debe conciliarse con el

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desarrollo económico y el crecimiento, dentro de un esquema de libertad pero bajo
la vigilancia del Estado por medio de las ramas y órganos del poder público, en el
ámbito de sus respectivas órbitas de competencia. Es natural que la Carta Política
haya adoptado estos criterios, pues en la escena internacional, el debate sobre el
ambiente ha encontrado ya, desde hace tiempo, un consenso en cuanto respecta
a su preservación como necesidad vital de las comunidades. Los diferentes
estados, con independencia de su nivel de desarrollo y de su posición ideológico-
política, han coincidido en afirmar, tal cual se hizo en la Declaración de Estocolmo
de 1972 (Principio 1) que el hombre tiene derecho fundamental (...) a condiciones
satisfactorias de vida, en un ambiente en el cual la calidad permita vivir con
dignidad y bienestar. El tiene el deber solemne de proteger y mejorar el ambiente
para las generaciones presentes y futuras. Sobre el tema ha tenido ocasión de
pronunciarse esta Corte en los siguientes términos: “Al derecho a un ambiente
sano, se le asigna a su vez la condición de servicio público, y constituye, por lo
mismo, junto con la salud. la educación y el agua potable, un objetivo social, cuya
realización se asume como una prioridad entre los objetivos del Estado y significa
la respuesta a la exigencia constitucional de mejorar la calidad de vida de la
población del país (C.P. art 366). Todo lo anterior, se repite, consagra el ambiente
sano como un derecho colectivo y le otorga unos mecanismos y estrategias de
defensa particulares y plenamente identificables'. (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Sexta de Revisión. Sentencia T092 del 19 de febrero de 1993. M.P.: Dr Simón
Rodríguez Rodríguez). El presente caso, dadas sus características, sirva a la Corte
para insistir en los principios aludidos y para señalar que la responsabilidad en la
conservación y defensa del ambiente no es exclusiva del Estado sino que también
atañe a los particulares y de modo especial a las empresas que en razón de su
actividad puedan hallarse en posición de afectarlo. Ellas gozan de libertad pero no
pueden ejercerla arbitrariamente ni olvidar la función social que les corresponde.
Lo dicho resulta todavía más claro si se tiene en cuenta la estrecha relación entre
las condiciones ambientales y la salud de las personas que habitan en los lugares
expuestos a la perturbación. En un ambiente viciado no se puede garantizar
adecuadamente el derecho a la vida pues las posibilidades de ésta se verán
notoriamente disminuidas".

Más adelante, respecto a la afectación ocasionada, en su momento, por
CEMENTOS DIAMANTE S.A., en la inspección de Payandė, a causa del continuo
transporte del material proveniente de las minas bajo su titularidad, a través de
dicha inspección, la Corte Constitucional señaló:

"El artículo 86 de la Carta Política dispone que la acción de tutela puede ser
utilizada por amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental. En
el presente caso se repite no se encuentra probada la vulneración, pero de acuerdo
con el concepto emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses... entre los efectos que puede producirse en la salud de los seres
humanos por la exposición permanente y constante a un ambiente en el que, en
forma directa e indirecta, se respiran sustancias como caliza y puzolana, está la
enfermedad llamada Neumoconiosis". Lo anterior significa que la continuidad e
intensidad demostrada en relación con la contaminación del ambiente en la
Inspección de Payandé, atribuible al descuido de la Empresa CEMENTOS
DIAMANTE S.A. en el transporte diario de las mencionadas materias primas,
constituyen clara e indudable amenaza a derechos fundamentales que se impone
titular".

En consecuencia, la Corte decidió para resolver dicho conflicto ambiental, ordenar
que en el término de un año se adopten las medidas necesarias para contrarrestar
la amenaza existente; de esta manera dispuso, que en el término máximo de un
año, CEMENTOS DIAMANTE S.A. debía construir una banda transportadora que

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permitiera el traslado de caliza y puzolana desde la mina, hasta la planta
"Caracolito", sustituyendo el trayecto de camiones y volquetas con este material
por la Inspección de Payandé, entre otros aspectos y se excluyó tajantemente la
opción de ordenar que se construyera una vía alterna para realizar el transporte
del material.

7. DE LOS DEMÁS EXPEDIENTES PERMISIVOS A CARGO DE LA EMPRESA
CEMEX COLOMBIA S.A., EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS.

La empresa CEMEX COLOMBIA S.A., otrora CEMENTOS DIAMANTE S.A.
ubicada en el corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis, cuenta con las
siguientes Licencias Ambientales:

En cada uno de los expedientes a cargo de esta Corporación, aquí enunciados se
pueden evidenciar las numerosas visitas técnicas realizadas en el trámite de la
etapa de evaluación del proceso permisivo y posterior al otrogamiento de la
Lincencia o Permiso Ambiental.

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8. DEL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL
ELEMENTO DENOMINADO "BANDA TRANSPORTADORA"

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Tal y como se desprende de la normatividad precitada, en la presente decisión,
CORTOLIMA mediante la Resolución N°1503 de octubre 12 de 1994 concedió
Licencia Ambiental a CEMENTOS DIAMANTE S.A. (hoy CEMEX COLOMBIA
S.A.), para la construcción y puesta en marcha del elemento estructural Banda
Transportadora de la planta "Caracolito" en la Inspección de Payandé, municipio
de San Luis, licencia que fue expedida, bajo la vigencia del Decreto 1753 de 1994,
que para ese entonces reglamentó parcialmente los Títulos VIII y XII de la Ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales y que reguló para el trámite de su expedición,
lo siguiente:

Artículo 30°. Para obtener una Licencia Ambiental, el procedimiento a seguir será
el siguiente:

1. El interesado en obtener la Licencia Ambiental formulará una petición por escrito
dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine
si el proyecto, obra o actividad por realizar requiere o no la elaboración del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas; de igual manera solicitará que se fijen los
términos de referencia de los estudios ambientales correspondientes, cuando
éstos no estuvieran definidos por la autoridad ambiental. Deberá especificar la
modalidad de Licencia Ambiental que requiere (ordinaria, única o global); y allegar
la siguiente información:

a) Nombre o razón social del solicitante;
b) Nombre del representante legal;
c) Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado;
d) Certificado de existencia y representación legal para el caso do persona jurídica;
e) Dominio y nacionalidad; f) Descripción explícita del proyecto, obra o actividad,
que incluya por lo menos su localización, dimensión y costo estimado;
g) Indicación de las características ambientales generales del área de localización
del proyecto, obra o actividad;
h) Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras
e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad;
i) indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el sistema de parques nacionales
naturales y sus razones de amortiguación cuando éstas estén definidas.

2. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá la
necesidad o no de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y definirá
sus términos de referencia, cuando éstos no hayan sido previamente establecidos
para el sector, en un plazo no mayor de treinta días hábiles. Dentro de este mismo
término, la autoridad ambiental competente dictará un acto de iniciación de trámite
que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Igualmente, en este mismo término, al detectarse colisión de competencia, entre
autoridades ambientales, se suspenderán los términos del trámite hasta tanto el
Ministerio del Medio Ambiente defina la autoridad ambiental competente, la cual
proseguirá en trámite en el estado en que se encuentre.

1. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad ambiental
competente elegirá un plazo no mayor de sesenta: (60) días, contados a partir de
su presentación, la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe elaborarse
el correspondiente estudio de impacto ambiental.
2. Si no es necesario la presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas,
o elegida(s) la(s) alternativa(s) sobre las cuales debe elaborarse el estudio de
impacto ambiental, la autoridad ambiental competente en un término que no podrá
exceder de sesenta (610) días hábiles fijará los términos de referencia, cuando

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éstos rio hayan sido definidos previamente para el sector, para la elaboración del
estudio de impacto ambiental.
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del estudio
de impacto ambiental, se podrá pedir al interesado, la información adicional que se
considere indispensable. En este caso se interrumpirán los términos que tienen la
autoridad para decidir.
4. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince
(15) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades los
conceptos técnicos o informaciones pertinentes, los cuales deben serle remitidos
en un plazo no superior a sesenta (60) días hábiles.
5. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones
adicionales a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que
declare reunida toda la información requerida. La autoridad ambiental competente
decidirá sobre la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad y otorgará o
negará la respectiva licencia ambiental, en un término que no podrá exceder de
sesenta (60) días hábiles contados a partir de la expedición del citado auto.

Tratándose de las Licencias Ambientales que otorga el Ministerio del Medio
Ambiente el término para dicho otorgamiento será hasta de ciento veinte (120) días
hábiles contados a partir del auto de trámite que reconozca que ha sido reunida
toda la información requerida.

8. En el caso de otorgarse la Licencia Ambiental Única, se incluirán los permisos,
autorizaciones o concesiones, de competencia de la autoridad ambiental, obra o
actividad requiera conforme a la ley.

9. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental
procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el
acto, y el recurso de apelación ante el Ministerio del Medio Ambiente cuando el
acto sea expedido por las demás autoridades ambientales competentes.

10. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la
actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo. - Los términos señalados en el presente artículo son de carácter
perentoria e improrrogables para las autoridades ambientales competentes, los
interesados y los solicitantes. El incumplimiento de estos términos dará lugar a las
sanciones previstas en la ley.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que en paso procesal del numeral
quinto del artículo transcrito, no se exigía el requisito denominado "concepto
técnico" previo a la expedición de la Licencia Ambiental, como tampoco lo exige la
reglamentación vigente en consecuencia, la falta de tal documento en las
diligencias que reposan en el expediente N°1360, no vicia, ni invalida la eficacia,
su ejecutividad y validez del acto administrativo y menos aún su presunción de
legalidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el acto administrativo vinculante (que para este
caso es la Resolución N°1503 de octubre 12 de 1994) es aquel por el cual otorga
la licencia ambiental en el que se disponen las obligaciones a cumplir por parte de
su titular, que son las mismas objeto de seguimiento por parte de la autoridad
ambiental. De esta manera, el Decreto 1753 de 1994, señaló que uno de los
requisitos de la licencia ambiental, eran en su momento las siguientes:

Artículo 3º.- Contenido. La Licencia Ambiental contendrá:

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1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se
autoriza el proyecto, obra o actividad, indicando el nombre, razón social.
documento de identidad y domicilio.
2. Localización y descripción del proyecto, obra o actividad.
3.Consideraciones y motivaciones que han sido tenidas en cuenta para el
otorgamiento de la Licencia Ambiental.
4. Término de la Licencia Ambiental.
5. Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y obligaciones
que debe satisfacer y cumplir el beneficiario de la Licencia Ambiental.
6. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos, condiciones y
obligaciones impuestos al beneficiario de la Licencia Ambiental, conforme a la. Ley
y los reglamentos.

Como se puede observar y de conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho precitados, el trámite de la licencia surtió cada uno de los pasos exigidos
por el régimen legal que se requería en el momento del trámite, debiéndose
destacar que la resolución que licenció el elemento estructural (Banda
Transportadora) cumplió los requisitos de expedición y puesta en vigencia de la
misma bajo los parámetros del Código Contencioso Administrativo y las normas
especiales vigentes de la materia.

Ahora bien, esta Corporación refiriéndose al caso concreto, en el oficio de
radicación N°-6743 de abril 13 de 2012 remitido a la Alcaldía Municipal de San
Luis, en respuesta a la única y expresa petición de requerir fotocopia auténtica del
"concepto técnico de octubre 12 de 1994, presentada en la radicación N°3849 de
marzo 6 de 2012, dicho concepto a pesar de no reposar documentalmente en el
expediente N°1360, este fue parte integral y soporte técnico para la toma de la
decisión adoptada en la Resolución N° 1503 de 1994 que otorgó Licencia
Ambiental, acto administrativo que para esta Corporación y el universo jurídico
territorial, goza de presunción de legalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester acotar que a folios 1 a 634 del Expediente
N° 136032, obra el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el peticionario de
la respectiva Licencia, el cual constituyó el soporte técnico (estudios estructurales,
geotécnicos y ambientales), los que sirvieron de sustento para diseñar, construir y
poner en marcha la Banda Transportadora.

Los anteriores estudios y soportes, conforme al texto de la resolución N°1503 de
octubre 20 de 1994, fueron incorporados a la parte considerativa del acto
administrativo que otorgó la licencia como elementos esenciales, aspecto este que
no es objeto de controversia, siendo que se toma una decisión sustentada en la
carencia del documento original "concepto técnico" de septiembre 20 de 1994.

Así las cosas, el argumento esbozado por la autoridad municipal en la Resolución
N°0153 de 2012, de acuerdo a lo expresado en esta decisión y a criterio de la
Corporación, se encuentra alejada a los preceptos legales habida cuenta que como
se ha venido expresando, el acto administrativo que otorgó la licencia al elemento
estructural "Banda Transportadora" goza en todo su contenido jurídico del principio
de presunción de legalidad y cumplió los requisitos de expedición en el momento
de su análisis y estudio.

9. DE LA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA:

La Administración Municipal de San Luis, por conducto de su representante legal,
impuso en el artículo primero de la Resolución N°0153 de agosto 8 de 2012,
medida preventiva de suspensión de las operaciones de la banda transportadora,

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ejecutadas por CEMEX COLOMBIA S.A., por lo que es necesario realizar el
análisis de la procedencia y pertinencia de la medida preventiva y del principio de
precaución bajo el cual se sustentó dicha medida. Para estos efectos,
procederemos a confrontar el componente normativo con el componente
probatorio de la medida impuesta, de la siguiente manera:

a. Disposición normativa. De la medida preventiva:

La Ley 1333 de 2009, enumera como medidas preventivas a imponer, las
siguientes:

1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna
y flora silvestres.
4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando
el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización 0 licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.

b. Fundamentos de hecho que sustentaron la medida preventiva:

La Administración Municipal de San Luis, resolvió como viable la imposición de la
medida preventiva de suspensión de la actividad, con fundamento en la no
presencia del documento original del "concepto técnico" de septiembre 20 de 1994
y como antes se anotó este argumento no afecta la integridad legal de la
Resolución N°1503 de 1994, por lo que este Despacho debe afirmar
categóricamente que la medida impuesta por la Administración Municipal no se
acoge al espíritu normativo de la medida en razón a que el motivo principal de esta
clase de medidas es la de "...prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana".

Como se puede observar, del encuadernamiento remitido a este Despacho por
parte de la Administración Municipal, no se aportaron, ni se incorporaron al cuerpo
de la resolución que ordena la medida a prevención, los elementos probatorios,
específicos, técnicos e idóneos y de sano juicio, que permitieran evidenciar el
deterioro del medio ambiente, como lo exige la norma. Pues solo se sujetó a remitir
las copias de los derechos de petición, la solicitud de acción de tutela, las
respuestas de esta Entidad, la resolución de la medida preventiva y los
documentos aportados por la empresa cementera y el Procurador Judicial
Ambiental y Agrario.

De esta manera se echa de menos el elemento probatorio que permitiera verificar
en forma objetiva algún daño al bien jurídico tutelado por la norma ambiental y no
sujetar la medida de suspensión con el argumento de la carencia de un documento
original que en su momento no es esencial para ese tipo de decisiones.

Como se puede apreciar, la norma que otorga la facultad de actuar en prevención
a las autoridades municipales exige fundamentalmente la presencio de esa única
causal que bajo el principio de legalidad y de los principios de la función
administrativa debe soportar la toma de esta clase de decisiones que afectan

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derechos del debido proceso, del derecho a la contradicción y defensa, de la
libertad empresarial.

Así mismo, se insiste, que el Alcalde Municipal de San Luis, en su decisión
adoptada a prevención, no justifica la existencia de hecho o circunstancia alguna
que pretenda prevenir o impedir con la suspensión de la actividad que se desarrolla
en la "banda mina", no establece por qué esta actividad la considera peligrosa, por
que ésta atenta contra el medio ambiente, los recursos naturales o la salud
humana. No indica las razones por las cuales la operación de la "banda mina" se
constituye en una infracción ambiental, o al menos en una situación que de
continuar afectará de manera grave a los recursos naturales.

c. Del Principio de precaución:

Este principio, mencionado en la Ley 99 de 199337, establece que la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiento y
sobre su exequibilidad se ha pronunciado la Corte Constitucional de manera
positiva, a la vez que establece los parámetros bajo los cuales debe aplicarse,
evitando las vías de hecho: "Al leer detenidamente el artículo acusado, se llega a
la conclusión de que, cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones
específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la
certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales
trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada
de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho. Para tal efecto, debe constatar que
se cumplan los siguientes elementos: 1. Que exista peligro de daño. 2. Que éste
sea grave e irreversible. 3. Que exista un principio de certeza científica, así esta
no sea absoluta. 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a
impedir la degradación del medio ambiente. 5. Que el acto en que se adopte la
decisión sea motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser
demandado ente fa jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace que la
decisión de la autoridad se enmarque en el Estado de Derecho, en el que no puede
haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra,
el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que él propio Estado le
otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el
artículo 29 de la Constitución.

Son entonces cuatro los elementos que deben atenderse para la adopción de
medidas preventivas, elementos que no son claros en la medida impuesta por la
Alcaldía Municipal de San Luis, como se expone a continuación:

1. Que exista peligro de daño: No se argumenta por parte del Municipio de San
Luis que la operación de la banda transportadora de CEMEX COLOMBIA S.A. esté
ocasionando algún tipo de daño a los recursos naturales o al ambiente, o que al
menos este daño sea inminente que ocurra.

2. Que sea grave e irreversible: Sin haberse argumentado la existencia de un
daño, no se argumenta tampoco que éste sea grave e irreversible.

3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta: La Resolución
N°0153 de agosto 8 de 2012 no justifica técnicamente en ninguno de sus apartes,
que al menos exista un elemento que se acerque a la certidumbre que la actividad
suspendida ocasionará daño a los recursos naturales o a los seres humanos.

4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la
degradación del medio ambiente: La Administración Municipal de San Luis no

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justifica que la razón de la medida de suspensión impuesta, conlleve a impedir que
la afectación al ambiente, puesto que no se establece que la actividad que
desarrolla la banda transportadora esté ocasionando daño a los recursos naturales
y se abstiene de manifestar la decisión de la Corte Constitucional, T014 de 1994
atrás citada, que obligó a la construcción de la infraestructura construida, para
evitar ahi si, la afectación a la salud que como consecuencia de la afectación al
ambiente venía siendo ocasionada con el transporte de vehículos que conducía
desde las minas hasta la planta de cemento, minerales como caliza, arcilla, entre
otros.

5). Que el acto en que se adopta la decisión sea motivado: La Resolución N°0153
de 2012 aunque cuenta con una parte motiva y otra resolutiva, la suspensión que
se adepta no tiene soporte técnico alguno -como antes se anotó - y como queda
dicho, no se justificó como motivación de la suspensión, la ocurrencia o el peligro
de generación de un daño o afectación ambiental que se pueda ocasionar por la
operación de la banda: transportadora, es decir, el nexo causal entre una y otra
circunstancia.

10. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Conforme con todo lo anterior, este Despacho considera que la medida preventiva
ordenada, en virtud de las facultades de prevención establecidas en la Ley 1333
de 2009, por la Administración Municipal de San Luis. en la Resolución N°0153 de
1994, consistente en la suspensión de las operaciones de la Banda
Transportadora, construida por CEMEX COLOMBIA S.A. en virtud de providencia
judicial, de conformidad a los antecedentes brevemente esbozados en esta
decisión, no ocasiona peligro, ni afectación al ambiente, los recursos naturales o a
la salud humana. Antes, dicha infraestructura, evita que el deterioro o el peligro de
daño ambiental se ocasione, al impedir el constante tránsito de camiones y
volquetas que transportaban desde las explotaciones mineras en el Municipio de
San Luis, el material requerido en la planta de cemento propiedad de CEMEX
COLOMBIA S.A. - en jurisdicción de Ibagué, en medio del Corregimiento de
Payande, jurisdicción del Municipio de San Luis, y obedece a los lineamientos
exigidos por la Honorable Corte Constitucional en la decisión T-014 de 1994, como
se alzaprimó anteriormente. La existencia o no del concepto técnico de septiembre
20 de 1994, no es argumento que soporte adecuadamente la decisión adoptada y
menos aún que vicie de ilegalidad la Licencia Ambiental expedida por
CORTOLIMA, toda vez que el acto administrativo vinculante fue aquel que la
expidió, el cual cuenta con todos los requisitos de legales, establecidos bajo la
reglamentación entonces vigente, y además con las obligaciones a cargo del titular
de la Licencia Ambiental que son las que se verifican al momento de realizarse la
actividad de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental, en este
Caso CORTOLIMA. En síntesis, no es el concepto técnico el acto que obliga al
titular de la Licencia Ambiental, sino el acto administrativo por el cual ésta es
expedida; el concepto técnico es aquel que se elabora luego del análisis del
Estudio de Impacto Ambiental que allega el solicitante de la Licencia Ambiental y
que sirve de soporte técnico del acto administrativo, pero éste no obliga, no
compromete y por otra parte, no es requisito específico en el trámite de expedición
de una Licencia Ambiental, como arriba se enunció. En consecuencia no es la
existencia o no del concepto técnico, la que debe motivar la medida de suspensión
de la operación de la banda transportadora.

Es también importante señalar que las obligaciones que se establecieron en la
Resolución N°1503 de 1994 que otorgó Licencia Ambiental para la construcción y
puesta en marcha de la banda transportadora, fueron cumplidas a cabalidad
durante la construcción, etapa en la cual los potenciales impactos negativos

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debieron ser controlados, evitados, mitigados y compensados, con las actividades
propuestas por la titular de la Licencia Ambiental; pero luego de construida la
infraestructura, el objeto de la Licencia Ambiental se agota y los impactos que en
adelante se ocasionan son impactos positivos para el ambiente y los recursos
naturales, lográndose el objetivo ordenado en la decisión de la T-014 de 1994 de
la Corte Constitucional, evitando la generación de ruido, material particulado,
accidentes de tránsito y afectaciones a la salud y a la vida, con el tránsito de
vehículos (camiones y volquetas) por el Corregimiento de Payandé, como
insistentemente se ha señalado.

Por todo lo antes señalado este Despacho procederá a ordenar el levantamiento
de la medida de suspensión que fue impuesta en la Resolución N°0163 de agosto
8 de 2012, por ende, no hay motivos de hecho y de derecho para iniciar proceso
sancionatorio en contra de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. por el manejo y
administración del elemento estructural "Banda Transportadora" y no encontrar
que esta actividad; a la fecha, ocasione 'afectación al ambiente, a los recursos
naturales, seres humanos y demás seres vivos; ni estar incurso en alguna de las
circunstancias o causales que, conforme al artículo 5º de la Ley 1333 de 2009
constituyen infracción ambiental y en consecuencia, en ejercicio de las facultades
que le otorgan la Ley y sus reglamentos.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva ordenada mediante la
Resolución N°0153 de agosto 8 de 2012 emitida por el Alcaida Municipal de San
Luis, Departamento, del Tolima, consistente en la suspensión de actividades del
elemento estructural "Banda Mina" operada por la empresa CEMEX COLOMBIA
S.A. en el Corregimiento de Payandé.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a través de la Oficina jurídica de la
Corporación la presente decisión al representante legal de la Administración
Municipal de San Luis, al Personero Municipal de dicha localidad y compulsar las
diligencias a la Procuraduría Provincial de Ibagué y demás autoridades a las que
hace mención la Resolución N° 0153 de agosto de 2012, para lo de su
competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a través de la Oficina Jurídica de la
Corporación la presente decisión, al representante legal de la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A., señor CARLOS JACKS CHAVARRIA o quien haga sus veces y
al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario para el Tolima. ARTÍCULO CUARTO:
Comisionar a la Subdirección de Calidad Ambiental de CORTOLIMA, para que
proceda a levantar los sellos impuestos por la Autoridad Municipal y formalice las
demás actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la presente decisión.

ARTÍCULO QUINTO: Contra este acto administrativo no procede recurso alguno y
agota la vía gubernativa.

Dada en Ibagué, a los

COMUNÍQUESE Y CÚMPLÁSE”

Normas violadas y concepto de violación

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La parte actora invocó los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3
y 17 de la Ley 1333 de 2009, los artículos 3, 4, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 y los principios de igualdad, imparcialidad y publicidad

1.3. En el capítulo correspondiente a los hechos de la demanda señaló que en uso de
las facultades conferidas por el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, le impuso una
medida preventiva en materia ambiental a la empresa Cemex, consistente en la
suspensión de la operación de una banda transportadora, ubicada en el Corregimiento
de Payandé.

Informó que la mencionada banda cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la
Resolución No. 1503 del 12 de octubre de 1994, la cual tiene vigencia equivalente a la
duración del proyecto.

Aseguró que la medida preventiva se fundó en la inexistencia del estudio técnico del
20 de septiembre de 1994, el cual fue utilizado por Cortolima para otorgar el permiso
ambiental. Dicho documento desapareció del expediente de licenciamiento y sin este,
era imposible que la autoridad ambiental ejerciera control efectivo, ya que en ese
estudio se establecían el procedimiento, las obligaciones futuras tanto de la autoridad
como de Cemex y los límites permisibles que debían ser monitoreados, los cuales no
están contenidos en la Resolución No. 1503 de 1994

Expuso que el estudio de impacto ambiental de la banda transportadora, emitido el 20
de septiembre de 1994 y dirigido a Cortolima, que sirvió de fundamento para la
expedición de la licencia ambiental, fue elaborado por diversos profesionales. Estos,
tras realizar una visita de campo a la zona de influencia del proyecto, identificaron
varios impactos en el suelo, aire, agua, flora, paisaje, fauna, factor humano e
infraestructura. Así, anotó que era necesario reconstruir el estudio técnico que
desapareció del expediente del proyecto, como quiera que en dicho documento se
consignaban los impactos ambientales que generaría la banda transportadora una vez
instalada y en operación y se delimitó el área de influencia del proyecto.

Informó que, el 3 de junio de 2012, presentó un derecho de petición ante Cortolima
solicitando copia del concepto técnico emitido el 20 de septiembre de 1994, sin que a
la fecha haya recibido respuesta. Indicó que, ante la imposibilidad de contar con dicho

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documento, procedió a expedir la Resolución No. 153 del 8 de agosto de 2012,
mediante la cual se ordenó la suspensión de la operación de la banda transportadora,
así como el retiro de los vehículos encargados de transportar el material desde la mina
ubicada en Payandé hasta la planta de Caracolí, en el Municipio de Ibagué.

Afirmó que, mediante la Resolución No. 2843 del 17 de agosto de 2012, Cortolima
levantó la medida preventiva sin haber practicado prueba alguna ni otorgado la debida
publicidad a la decisión, en contravía de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437
de 2011. En ese sentido, manifestó que se configuró una vía de hecho, toda vez que
no se observaron los principios constitucionales que rigen la función administrativa,
impidiendo además la intervención de terceros en la actuación, como lo prevé el
artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).

1.4. En el acápite de fundamentos jurídicos, formuló el cargo denominado “Principios
rectores de la actuación administrativa y violación del debido proceso al actuar el
Directos de Cortolima bajo una cuerda no prevista en el ordenamiento jurídico” 3.
Señaló que, conforme con el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, en el marco del proceso
sancionatorio ambiental deben aplicarse los principios constitucionales y legales que
rigen la función administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 209 de la
Constitución Política. En ese sentido, afirmó que era deber de la autoridad ambiental
iniciar formalmente la actuación administrativa con el fin de determinar si existían o no
méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 3 y 17 de la Ley 1333 de 2009, así como en los artículos 4, 34, 35, 36, 37
y 38 del CPACA.

Mencionó que se vulneró el principio de legalidad, al no haberse expedido un auto que
decretara la práctica de pruebas destinadas a verificar la ocurrencia de la conducta
objeto de análisis. Asimismo, resaltó que el proceso fue resuelto en un término inferior
a tres (3) días hábiles contados desde la radicación del expediente en Cortolima, lo
que contraviene los principios del debido proceso y de actuación administrativa
previstos en el ordenamiento jurídico.

3 Visible en el índice 50 del Sistema de Gestión SAMAI.

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Señaló que Cortolima se fundamentó para levantar la medida preventiva en la presunta
legalidad de la Resolución No. 1503 de 1994, sin tener en cuenta que dicho acto
administrativo se sustentaba en el concepto técnico del 20 de septiembre de 1994, el
cual desapareció del expediente y cuya ausencia impide ejercer un control ambiental
adecuado sobre la operación de las bandas transportadoras.

1.5. Por otro lado, planteó el cargo de "Responsabilidad objetiva en materia
ambiental"4. Expuso que, si la demandada hubiese garantizado el debido proceso
mediante la fijación de un periodo probatorio, habría podido advertir la verdadera
situación de cumplimiento o incumplimiento del estudio técnico que soportó la
expedición de la licencia ambiental. Además, indicó que era el infractor quien debía
desvirtuar los hechos que dieron origen a la medida, y no al contrario, como ocurrió en
este caso.

1.6. Sobre “la decisión adoptada en la Resolución 2843 de agosto 17 de 2012,
constituye una vía de hecho”5, manifestó que el acto acusado pone en riesgo a la
comunidad de Payandé, ya que podría ocurrir una catástrofe, debido a que no reposa
el concepto técnico que establece las obligaciones de Cortolima y Cemex.

Argumentó que, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, las medidas
preventivas se levantan de oficio o a petición de parte, siempre y cuando desaparezcan
las causas que las generaron. Sin embargo, en el presente caso sigue sin aparecer el
estudio técnico del 20 de septiembre de 1994. Por lo tanto, debe aplicarse el artículo
126 de la Ley 1564 de 2014 y proceder con la reconstrucción de este.

II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La empresa Cemex Colombia6, solicitó ser tenida como coadyuvante de la
parte demandada, manifestando que, cuando se llevó a cabo la materialización de la
medida preventiva de suspensión de la banda transportadora, procedió a solicitar el
correspondiente levantamiento, para lo cual se aportó el estudio técnico requerido.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Folios 571 a 576 ibídem.

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Adujo que la petición fue rechazada de manera caprichosa en la Resolución nro. 176
de 2012.

Informó que, la Procuraduría General de la Nación en comunicado del 13 de agosto
de 2012, recomendó el levantamiento de la medida. Señaló que, el 17 de agosto de
2012, se llevó a cabo la diligencia de levantamiento de sellos y reanudación de
operaciones por parte de Cortolima. No obstante, la banda estuvo cerrada
aproximadamente nueve (9) meses.

Expuso que, interpuso demanda en contra de la Resolución nro. 153 de 2012, proferida
por el Municipio de San Luis, proceso que tiene nro. de radicado 73001 23 33 000 2013
00060 00.

Manifestó que, se oponía a las pretensiones del libelo introductorio, debido a que
carecía de motivos que hicieran procedente la nulidad de la Resolución nro. 2843 de
2012. Aseguró que ésta había sido expedida bajo un estudio serio y concienzudo
efectuado por la autoridad ambiental.

2.2. Por su parte Cortolima, al dar respuesta, indicó que no era cierto que el estudio
técnico hubiese desaparecido o que se negara a reconstruirse. Lo que sucedió fue que
el mismo no se encontraba en el expediente cuando fue requerido, debido a unos
problemas en el archivo. Sin embargo, ya se encuentra el documento, tanto en el
presente expediente judicial como en el administrativo.

Ahora, sobre la imposibilidad de ejercer control si no se cuenta con el concepto, adujo
que no era cierto, pues de la lectura de la licencia se puede extraer cuál es la finalidad
de la banda transportadora y sus obligaciones. Afirmó que se hizo el seguimiento de
la construcción de la banda transportadora, verificando que se cumpliera con cada uno
de los requisitos, para así prevenir una afectación ambiental.

Señaló que, no era necesario surtir un periodo probatorio para el levantamiento de una
medida preventiva, pues se podía resolver de plano.

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Sostuvo que, el actor tenía una percepción equivocada de la norma, ya que lo
efectuado fue un control automático del poder cautelar previsto en el artículo 2 de la
Ley 1333 de 2009, lo que puede derivar o no en una sanción.

III.LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 13 de diciembre de 20137, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a las partes:

“FALLA:

Primero. NIEGUENSE las pretensiones de la demanda promovidas por el
Municipio de San Luis Tolima contra la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa

Segundo: por no resultar prosperas las pretensiones demandatorias CONDENASE
en costas al municipio de San Luis Tolima al pago de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, por concepto de agendas en derecho, y se ordena que por la
Secretaria de este Tribunal se realice la correspondiente liquidación en los
términos del artículo 393 del Código General del Proceso, siempre y cuando se
hubieren causado.

Tercero. CONDENARSE en costas a Cortolima por no resultar prospera ninguna
de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y que fueron
resueltas en la audiencia inicial, al pago de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a favor de municipio de San Luis por concepto de agencias en derecho y
se ordena que por la Secretaria se realice la correspondiente liquidación de los
gastos procesales, siempre y cuando se hubieren causado.

Cuarto. Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente previo las
anotaciones de rigor”8

Lo argumentos para la adopción de tal determinación fueron los siguientes:

3.1. Señaló que el Municipio de San Luis no contaba con pruebas, ni siquiera sumarias,
que evidenciaran situaciones que afectaran el ambiente debido a la operación de la
banda transportadora objeto de controversia. Sin embargo, ello no fue lo que motivó la
suspensión, sino la desaparición del estudio técnico del 29 de septiembre de 1994,
que servía de soporte de la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma
(Resolución nro. 1503 de 1994).

7 Ibidem.
8 Ibidem.

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Afirmó que no era procedente traer a colación pruebas en el proceso judicial que no
fueron aportadas en el proceso administrativo. Reprochó que el Municipio de San Luis
no estaba habilitado para recolectar la documentación necesaria para demostrar la
existencia de situaciones que afectan el ambiente o la salubridad del Municipio de San
Luis en el transcurso del proceso de la referencia, si esa circunstancia no se acreditó
en el momento de la imposición de la correspondiente medida preventiva.

Expuso que, no era válido que Cortolima mantuviera la medida preventiva vigente, ya
que era contraria al ordenamiento, pues no era procedente castigar a Cemex por una
situación ajena a su voluntad como es la desaparición del estudio técnico del 20 de
septiembre de 1994, de las oficinas de la autoridad ambiental. Asimismo, no probó el
incumplimiento de una obligación ambiental o de alguna infracción grave en contra del
ambiente por parte de esa empresa.

Resaltó que, si lo que pretendía el Municipio era contar con el aludido estudio técnico,
debió haber solicitado su reconstrucción a Cortolima en lugar de imponer directamente
la medida preventiva. Además, señaló que, una vez impuesta la medida, CEMEX
allegó el respectivo estudio al ente territorial, por lo que no existió un daño ambiental.
Esta postura fue respaldada por la declaración del señor Henry Cifuentes, quien en su
calidad de funcionario de CORTOLIMA, indicó que el estudio de impacto ambiental no
era indispensable para llevar a cabo el correspondiente análisis, ya que para esos
efectos se contaba con otros instrumentos ambientales.

Concluyó que para el levantamiento de una medida preventiva no era necesaria la
práctica de pruebas, toda vez que esa exigencia únicamente debía efectuarse al
momento de iniciarse un procedimiento sancionatorio en caso de que hubiere mérito
para ello.

3.2. Finalmente, condenó en costas a la actora y a Cortolima.

IV.EL RECURSO DE APELACIÓN

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El demandante9, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, bajo las siguientes
consideraciones:

4.1. Indicó que la razón de la imposición de la medida preventiva no fue la ausencia
del estudio técnico del 20 de septiembre de 1994, sino la aplicación del principio de
precaución ante el hecho de que, hasta la presentación de la demanda, no había
existido en el Municipio de San Luis un control sobre los efectos nocivos al ambiente
por las actividades desarrolladas por CEMEX. En ese sentido, indicó que Cortolima no
realizó ninguna visita de seguimiento entre los años 1994 y 2012 para evaluar los
impactos sobre el agua, la fauna, la flora, los paisajes y la salud humana, lo cual se
evidencia en la Resolución nro. 2843 de 2012, en la que se mencionan revisiones de
otras licencias, pero no de la banda transportadora.

Indicó que contaba con elementos de juicio sumarios que justificaban la imposición de
la medida preventiva, en tanto en el expediente no obra constancia de visita técnica
alguna realizada por Cortolima que permitiera establecer el estado actual de los
recursos naturales comprometidos. Aunado a ello, destacó que la propia autoridad
ambiental, mediante respuesta a un derecho de petición, reconoció la desaparición del
concepto técnico del 20 de septiembre de 1994, documento que en criterio del ente
territorial, resultaba indispensable para ejercer un control ambiental adecuado sobre el
proyecto.

4.2. Se opuso a la conclusión del Tribunal según la cual dicho ente, durante el
transcurso del proceso, pretendió recopilar pruebas sobre la afectación ambiental,
pues adujo que las medidas preventivas, por su naturaleza transitoria, precautoria y
de ejecución inmediata, no permiten agotar un trámite probatorio extenso, como la
práctica de pruebas o la recepción de testimonios, toda vez que no se trata de un
proceso sancionatorio. No obstante, señaló que en el marco del procedimiento judicial,
los testigos aportaron información sobre los agravios ambientales que les generaba la
actividad desarrollada por CEMEX.

9 Ibidem.

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4.3. Reprochó que las circunstancias que motivaron la suspensión de las actividades
no habían desaparecido, por lo que no era procedente el levantamiento de la medida
preventiva, habida cuenta de que no se había reconstruido el estudio de impacto
ambiental y, hasta la fecha, no se habían realizado las visitas de seguimiento y control
necesarias para establecer el estado actual del ecosistema. Asimismo, cuestionó que,
pese a ser la responsable de la pérdida del referido estudio, Cortolima no se hubiese
declarado impedida para decidir sobre el levantamiento de la medida, y que por el
contrario, hubiese dispuesto su revocatoria, presuntamente con el propósito de evitar
una eventual acción por reparación de perjuicios en su contra.

Argumentó que a pesar de que la banda transportadora se construyó en cumplimiento
de la sentencia de tutela T-014 de 1994, emitida por la Corte Constitucional, para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el componente aire, Cortolima
tenía la obligación de realizar control a los impactos en la flora, fauna, en el agua, en
el hombre, en el suelo, etc.

Sostuvo que, aun cuando CEMEX aportó copia del concepto técnico del 20 de
septiembre de 1994, no existe certeza sobre la integridad o autenticidad de dicho
documento, toda vez que desde 1994 no reposaba copia alguna en los archivos de la
autoridad ambiental. Anotó que ese documento no fue objeto de tacha de falsedad, en
consideración a que su contenido era desconocido por las partes. Sin embargo, anotó
que ese ese estudio evidenciaba que el proyecto objeto de análisis podía generar
impactos negativos sobre el ambiente, por lo que resultaba relevante para determinar
la necesidad de mantener la medida preventiva.

Asimismo, cuestionó la credibilidad del testimonio rendido por el señor Henry Cifuentes
Ocampo, que fue acogido por el Tribunal, aduciendo que este tenía un evidente interés
en la permanencia de la Resolución No. 2843 de 2012, en el ordenamiento jurídico,
dado que fue uno de sus firmantes junto con el Director de Cortolima. En esa línea,
señaló que el citado testigo hizo referencia a una serie de visitas técnicas
supuestamente realizadas por funcionarios de esa entidad, las cuales, sin embargo,
no constan en el expediente, contradiciendo así lo consignado en el mismo acto
administrativo acusado.

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4.4. Por último, adujo que no estaba de acuerdo con el Tribunal cuando afirmó que
no procedía el periodo probatorio, ya que, teniendo en cuenta el artículo 35 de la Ley
1333 de 2009, se prevé que para que proceda el levantamiento de una medida
preventiva, se debe comprobar que han desaparecido las causas que la originaron.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 8 de julio de 201410, el Despacho de la Consejera María Claudia
Rojas Lasso admitió el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente
por la demandante en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2013.

5.2. A través de auto del 30 de julio de 201811, el Magistrado Hernando Sánchez
Sánchez, en cumplimiento de la medida de compensación aprobada por la Sala Plena
del Consejo de Estado mediante Acuerdo nro. 094 de 16 de mayo de 2018, remitió el
proceso de la referencia al Despacho del consejero Oswaldo Giraldo López.

5.3. Con auto del 31 de octubre de 201812 se negó el decreto y práctica de las
pruebas solicitadas por el Municipio de San Luis.

5.4. En proveído del 27 de noviembre de 2019, se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.

5.5. Cortolima13, por intermedio de apoderado judicial, en el término para presentar
alegatos de conclusión envió escrito en el cual mencionó que, debido a que no se
reunieron los requisitos para la prosperidad de la medida preventiva y al no existir
pruebas de los hechos que originaron la suspensión, lo único procedente era el
levantamiento de la misma, conforme a los lineamientos legales que la rigen.

5.6. La empresa Cemex Colombia14, hizo un recuento de los argumentos del
recurso de apelación y frente a cada uno se pronunció de la siguiente manera:

10 Folio 4 del cuaderno principal del Consejo de Estado.
11 Folio 15 ibidem.
12 Folio 22 ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibídem.

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Adujo que, si bien en el recurso el Municipio sostuvo que la medida preventiva se
fundamentaba en la ausencia de control y seguimiento por parte de Cortolima respecto
de la banda transportadora, lo cierto es que, al revisar el contenido de la Resolución
No. 153 de 2012, se advierte que la verdadera razón para su imposición fue el extravío
del estudio técnico elaborado por la propia autoridad ambiental, circunstancia que
impedía verificar los impactos ambientales del proyecto.

Informó que, dicho concepto fue entregado al Municipio al día siguiente de la
promulgación del acto en mención, lo que demuestra que desaparecieron los hechos
que generaron la suspensión. Asimismo, indicó que Cortolima no se encontraba en la
obligación de hacer visitas periódicas en la obra, pues las mismas quedaban a
discrecionalidad de la entidad.

Expuso que, en el presente caso, no obraba prueba alguna que permitiera concluir la
existencia de hechos concretos que implicaran una afectación al ambiente. Añadió que
la sola ausencia de visitas de seguimiento y control por parte de Cortolima no
constituye, por sí sola, una circunstancia generadora de daño ambiental.

5.7. Por su parte el actor15 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

15 Ibidem.

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8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Cuestión previa

El señor Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, en escrito obrante
en el índice 56 del expediente digital de Samai, manifiesta que se declara impedido
para actuar dentro del proceso de la referencia por cuanto su hermano Jorge Enrique
Osorio Cifuentes se desempeña como contratista de CORTOLIMA, entidad
demandada en el proceso de la referencia, por lo que estima que se encuentra incurso
en la causal de impedimento prevista en el numeral 4° del artículo 130 del CPACA,
que dispone:

“Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

(…)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna
de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las
sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados.”.
(Negrita fuera del texto original).

De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma deben concurrir
dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que los referidos parientes sean
asesores, contratistas, representantes legales o socios mayoritarios de una entidad
pública que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero
interesado.

Así, de los hechos que soportan el impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, la Sala advierte que concurren los

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Radicado: 73001 23 33 000 2013 0007 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima

presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano, el señor Jorge Enrique Osorio
Cifuentes, se desempeña actualmente como contratista de CORTOLIMA, entidad
demandada en el proceso de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
citado Consejero y lo separará del conocimiento del presente proceso, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia

8.3. Hechos

8.3.1. El 8 de agosto de 2012 el Municipio de San Luis – Tolima profirió la Resolución
nro. 153, en la que imponía una medida preventiva consistente en la suspensión de la
operación de la banda transportadora de la empresa Cemex Colombia S.A.

8.3.2. Mediante la Resolución núm. 2843 del 17 de agosto de 2012, Cortolima resolvió
levantar la medida preventiva, al no encontrar sustento suficiente para mantenerla
vigente.

8.3.3. La parte actora instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del acto administrativo antes mencionado.

8.3.4. Con sentencia del 13 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al ente demandante
y Cortolima.

8.3.5. El accionante interpuso recurso de apelación en contra del referido fallo.

8.4. Planteamiento

Para resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que las partes discuten sobre
los siguientes puntos: el primero tiene que ver con la posibilidad practicar pruebas en
el trámite de levantamiento de la medida preventiva, ya que para la memorialista
Cortolima debió practicarlas a efectos de establecer si ya habían sido superadas las
circunstancias que dieron lugar a la imposición. Mientras que, para el Tribunal no era

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necesario agotar una etapa de esa naturaleza, puesto que esta no se encontraba
prevista en la Ley 1333 de 2009.

En segundo lugar, discuten si al momento de la expedición del acto enjuiciado se
habían superado las circunstancias que motivaron la imposición de la medida
preventiva y que, por ende, habilitarían su levantamiento. El Municipio sostiene que
dichas causas persistían, toda vez que Cortolima no había efectuado visitas de
seguimiento y control al proyecto. Asimismo, señaló que no era posible verificar la
autenticidad del concepto técnico aportado por CEMEX, dado que únicamente esa
empresa lo conservaba y cuestionó la credibilidad del testimonio rendido por el señor
Henry Cifuentes Ocampo, por tratarse de un funcionario adscrito a la misma autoridad
ambiental y quien suscribió el acto acusado. Igualmente, refirió que la medida
preventiva fue impuesta en aplicación del principio de precaución ante la falta de
controles por parte de la autoridad demandada. Por su parte, el Tribunal concluyó que
la pérdida del Concepto Técnico del 20 de septiembre de 1994 no justificaba, por sí
sola, la imposición de la medida, en tanto existían otros instrumentos ambientales con
los cuales podía ejercerse el respectivo control, circunstancia de la que daba cuenta
el testimonio del señor Cifuentes Ocampo, de ahí que sí estuviera ajustada a derecho
la decisión que levantó la medida preventiva.

La controversia se abordará en el orden propuesto.

8.5. De los cargos agregados en el recurso de apelación

La Sala advierte que el ente recurrente, en la alzada, agregó los siguientes reparos en
contra del acto enjuiciado: la omisión de Cortolima en declararse impedida para
conocer del levantamiento de la medida preventiva y que dicha medida fue impuesta
con fundamento en el principio de precaución.

En ese orden, es pertinente señalar que el Legislador estableció expresamente las
oportunidades procesales en las que la parte actora puede formular cargos de
ilegalidad contra el acto administrativo demandado, estas son: al presentar la demanda
(artículo 162 del CPACA), al reformarla (artículo 173 ibídem), y al momento de
descorrer el traslado de las excepciones propuestas por el extremo pasivo de la litis,
siempre que sus argumentos se circunscriban a los medios exceptivos planteados

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(parágrafo 2 del artículo 175 ibídem). Por su parte, la entidad accionada está habilitada
para proponer excepciones tanto en la contestación de la demanda (artículo 175
ibídem), como en la respuesta a la reforma de esta (artículo 173 ibídem).

Esto es relevante, pues pone en evidencia que, frente a los cuestionamientos que
ahora ocupan la atención de la Sala en este punto son extemporáneos ya que fueron
planteados en el recurso de alzada y en consecuencia los sujetos procesales no han
tenido oportunidad de defenderse, lo que impide abordar su análisis de fondo en esta
sede, so pena de vulnerar las garantías fundamentales al debido proceso.

Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

“En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de lealtad
procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos
y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la demanda o en su
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de la contraparte en el proceso”16 (Subrayas de la Sala).

Por ende, la Sala se abstendrá de estudiar dichos reparos.

8.6. De la controversia sobre la práctica de pruebas en el trámite de
levantamiento de la medida preventiva

La Sala deberá definir si es nulo por vulneración de normas superiores, el acto
administrativo a través del cual se levantó una medida preventiva en materia ambiental
que había sido impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa
decisión se produjo sin mediar etapa probatoria en la que se sopesaran las
circunstancias que dieron lugar a su adopción.

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.

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El contexto que ofrece el caso concreto se enmarca en lo dispuesto en la facultad a
prevención, cuyo antecedente se remonta al artículo 83 de la Ley 99 de 199317, a
través del cual el MADS, las Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos,
los Distritos y Municipios, quedaban investidos a prevención para la imposición y
ejecución de medidas de policía, multas y sanciones, según el caso; al margen de las
competencias propias de cada una de ellas en los respectivos procedimientos
ambientales.

Así, una vez se invocaba la competencia a prevención la autoridad que lo efectuaba
se encontraba habilitada para la imposición de todo tipo de medidas e incluso, de la
sanción dentro del marco que para entonces ofrecía del Decreto 1594 de 1984.

Tales facultades estaban determinadas por el ámbito territorial. Por ejemplo, si la
facultad a prevención era invocada por un Distrito sólo lo podía hacerlo válidamente
para asuntos acontecidos en su jurisdicción.

Todo ello varió con la expedición de la Ley 1333 de 2009, ya que en el artículo 2 la
reguló en el siguiente sentido:

“Artículo 2o. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a
prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean
aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades.

Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la
autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental,
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo
y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Para el
efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva deberá dar
traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente, dentro de los

17 “Artículo 83. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además

de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a
prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables
según el caso.”

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cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma.” (Subrayas de la
Sala)

De la lectura armónica de la anotada disposición se desprende que las autoridades
ambientales allí enlistadas se encuentran habilitadas para imponer medidas
preventivas solamente, toda vez que la definición de la sanción continuó radicada en
cabeza de aquella que hubiese emitido el instrumento ambiental con fundamento en
el cual se desarrollan las actividades y tiene en su jurisdicción el control y vigilancia
correspondiente.

Resulta entonces lógico que como consecuencia de este nuevo tratamiento se haya
incorporado el traslado de la adopción de la medida preventiva a la autoridad
competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su decreto.

Es entonces un procedimiento que se erige para garantizar el control absoluto sobre
los impactos ambientales, pero que, a su vez, no desconoce la competencia propia de
quien ha otorgado la licencia, permiso o autorización, al conservar la habilitación para
el adelantamiento del procedimiento sancionatorio, si es del caso. Lo anterior,
encuentra total coherencia en el diseño de la estructura del sistema ambiental, como
quiera que es quien otorga el instrumento de protección el ente que conoce con
precisión y al detalle el proyecto objeto de ese miramiento y por ende, es quien posee
los elementos técnicos y jurídicos necesarios para la adopción de eventuales
decisiones que reprendan las actuaciones que causen deterioro ecosistémico o
redunden en la violación de las normativas que los gobiernan.

Ahora, el artículo 35 ibídem, dispone que una vez surtido el traslado enunciado, el ente
competente puede ordenar su levantamiento, siempre que se acredite que han
desaparecido las causas que las originaron; veamos:

“Artículo 35. Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.” (Subrayas de la Sala).

Correlato de lo expuesto, el trámite explicado supone las siguientes fases: (i) la
adopción de una cautela por parte de las autoridades enlistadas en el artículo 2 de la
Ley 1333 de 2009, invocando la facultad de intervención a prevención, (ii) la remisión
de esa decisión a la competente dentro de cinco (5) días siguientes a su expedición

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(entiéndase quien haya otorgado el instrumento de amparo) y (iii) la definición de la
actuación en unos de dos sentidos: la posibilidad de que se continúe con un
procedimiento sancionatorio propiamente dicho, en el cual incluso, puede modificarse
la medida de acuerdo a las circunstancias propias de cada asunto o que la medida sea
levantada, caso en el cual se exige que se acredite que las causas que la originaron
ya hayan desaparecido.

Destaca esta Sala que aun cuando no se prevé un procedimiento con etapas
probatorias, sí se impone una carga de motivación suficiente que apuntale la decisión
hacia su levantamiento.

Se denota de lo revelado que el trámite de levantamiento de medidas en el escenario
explicado no supone etapas como las que echa de menos el memorialista. En efecto,
no se requiere una etapa probatoria, de modo que el cargo así enrostrado no tiene
vocación de prosperidad.

8.7. De la controversia sobre el desconocimiento del artículo 35 de la Ley 1333
de 2009.

De otro lado, deberá verificarse si es nulo, por infracción de normas superiores, el acto
administrativo mediante el cual una autoridad ambiental levantó una medida preventiva
adoptada por un ente territorial, si se alega que no se habían superado las
circunstancias que dieron lugar a su imposición, esto es, que desapareció del
expediente administrativo el concepto técnico en el que se evaluó el Estudio de
Impacto Ambiental (en adelante EIA), lo que impedía realizar control al proyecto
licenciado.

8.7.1. Para responder tal cuestión, es necesario precisar cuáles fueron las
circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva de suerte que
sea viable dilucidar si se infringieron las normas analizadas en el acápite anterior
cuando Cortolima dispuso su levantamiento.

Consta en el plenario que el 6 de marzo de 2012, el Municipio de San Luis solicitó a la
accionada, a través de derecho de petición, el concepto técnico del 20 de septiembre
de 1994, que, a su juicio, sirvió de sustento para la expedición de la licencia ambiental

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requerida por Cemex. Sin embargo, ante la falta de respuesta oportuna por parte de la
autoridad ambiental, el ente territorial interpuso una acción de tutela y en ese trámite,
Cortolima finalmente respondió la solicitud en los siguientes términos:

“Se solicita copia del concepto técnico de septiembre 20 de 1994, pero revisado el
archivo de gestión, el expediente 1360, este documento no se encontró ahí, sin
embargo, se envía copia de la Resolución 1503 de octubre 12 de 1994”18

Ello condujo a la adopción de la Resolución No. 153 del 8 de agosto de 2012, mediante
la cual se impuso una medida preventiva, que en su parte motiva define lo siguiente:

“G. Que el municipio en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales,
realizó estudios y pudo verificar que la Corporación Autónoma Regional del Tolima
mediante la Resolución N° 1503 de octubre 12 de 1994 otorgó una licencia
ambiental a la sociedad Cementos Diamante S.A (Hoy Cemex Colombia S.A., con
NIT 860002523-1), para la construcción y puesta en marcha de la banda
transportadora de la Planta Caracolító en el Corregimiento de Payandé-
Jurisdicción del Municipio de San Luis-Tolima. Esta licencia se fundamentó en el
concepto técnico de septiembre 20 de 1994, lo cual se puede comprobar con
fundamento en el segundo considerando de la resolución en referencia, que dice:

"Que con fundamento en la documentación aportada por la sociedad peticionaria
y en especial el Plan de Manejo ambiental y de la declaratoria de efecto ambiental
de la banda transportadora y a la visita de inspección ocular realizada por
funcionarios de la División de Fauna y Piscicultura de CORTOLIMA, oficina
encargada de Asuntos Ambientales, dicha dependencia emitió concepto técnica
en septiembre 20 de 1994 en donde se da cuenta de los antecedentes, descripción
y área de influencia del proyecto, se evalúa el impacto ambiental que puede
producir la ejecución del proyecto, así como el plan de manejo propuesto junto con
sus consideraciones y recomendaciones y finalmente se conceptúo en forma
favorable desde el punto de vista técnico ambiental para la realización y operación
de los trabajos de la banda transportadora".

H. Que el municipio a través de la Secretaria de Planeación mediante oficio
radicado 3849 de marzo 6 de 2012, solicitó a la Directora de CORTOLIMA la copia
del Concepto Técnico de septiembre 20 de 1994, en el cual se apoyó la
corporación ambiental para otorgar la licencia ambiental para la construcción de la
banda transportadora, mediante la Resolución Nº 1503 de octubre 12 de 1994. El
término para dar respuesta de diez (10) días que ordena el artículo 16 de la Ley
962 de 2005 entre entidades del estado venció y la corporación guardo silencio.

Igualmente, venció el término general de 15 días para dar respuesta a particulares
y se guardó silencio, viéndose obligado el municipio a instaurar acción de tutela
contra CORTOLIMA, lo cual generó la respuesta de CORTOLIMA mediante oficio
100.4.1.11 del 13 de abril de 2012, y con sorpresa encontramos que en respuesta
al radicado 3849 de marzo 6 de 2012, en el que se solicita copia del Concepto
Técnico de septiembre 20 de 1994, en el cual se soportan para otorgar la licencia
ambiental, responden"...este documento no se encontró".

18 Visible a folio 88 del Cuaderno del Tribunal.

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I Que el artículo 25 del Decreto 1753 de 1994, en relación con el contenido del
estudio de impacto ambiental, preceptúa:

"Artículo 25°- Contenido. El estudio de impacto ambiental deberá contener
cuando menos la siguiente información:
1. Resumen del estudio de impacto ambiental.
2. Descripción del proyecto, obra o actividad: incluirá la localización, las
etapas, dimensiones, costos y cronograma de ejecución.
3. Descripción de los procesos y operaciones; identificación y estimación
de los insumos, productos, subproductos, desechos, residuos, emisiones,
vertimientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes y sistemas de control dentro
del proyecto, obra o actividad.
4. Delimitación, caracterización y diagnóstico de las áreas de influencia
directa, así como la cobertura y el grupo de los impactos del proyecto, obra
o actividad, con base en la afectación que pueda ocasionar sobre los
diferentes componentes del medio ambiente.

5. Estimación de los impactos y efectos ambientales: con base en la
información de los numerales anteriores se identificarán los ecosistemas
sensibles, críticos y de importancia ambiental y social. Igualmente se
identificarán, caracterizarán y estimarán los impactos y efectos ambientales,
su relación de causalidad y se elaborará al análisis de riesgo.

6. Plan de manejo ambiental: se elaborará el plan para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los posibles impactos y efectos del proyecto, obra o
actividad sobre el medio ambiente. Debe incluir el plan de seguimiento,
monitoreo y contingencia".

Adicionalmente, el estudio de impacto ambiental tendrá de conformidad con
el artículo 25 del Decreto 1753 de 1994, los siguientes objetivos y alcances:

1. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y
socioeconómico, en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obras o
actividad.

2. Definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, a que
hace referencia el numeral anterior, sean ambientalmente críticos, sensibles
y de. Importancia ambiental o identificar las áreas de manejo especial que
deban ser excluidas tratadas o manejadas de manera especial en el
desarrollo o ejecución del proyecto obra o actividad.

3. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados
por el proyecto, obra o actividad.

4.. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos del proyecto, obra o
actividad, de manera que se establezca la gravedad de los mismos y las
medidas y acciones, para prevenirlas, controlarlas, mitigarlas, compensarlas
y corregirlas.

5. Identificar los planes gubernamentales a nivel nacional, regional o local
que existan para el área de estudio, con el fin de evaluar su compatibilidad
con el proyecto, obra o actividad.

6. Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la
estimación, el dimensionamiento o evaluación de los impactos.

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7. Diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación
de impactos y manejo ambiental a que haya lugar para desarrollar el
proyecto, obra o actividad.

8. Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de
las obras y acciones de manejo ambiental.

9. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al
usuario evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo
ambiental.

10. Evaluar y comparar el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra
o actividad contra los estándares de calidad ambiental establecidos en las
normas ambientales nacionales vigentes; y la conformidad del proyecto, obra
o actividad con los tratados y convenios internacionales ratificados por
Colombia.
11. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control,
corrección y compensación de los impactos y efectos ambientales a ser
usadas en el proyecto, obra o actividad.

Por su parte el artículo 22 del Decreto 1753 de 1994, señala que el estudio de
impacto ambiental es un instrumento para la toma de decisiones y para la
planificación ambiental, exigido por la autoridad ambiental para definir las
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación
de impactos y efectos negativos del proyecto, obra o actividad.

En el caso de la licencia otorgada para la construcción y puesta en marcha de la
banda transportadora en el Corregimiento de Payandė Jurisdicción del Municipio
de San Luis-Tolima, es gravísimo para el medio ambiente, que se esté operando
dicha banda desde el año 1995, sin contar con el Concepto Técnico del 20 de
septiembre de 1994, en donde precisamente están contenidos los antecedentes,
evaluación del impacto ambiental que produce la ejecución del proyecto, el plan de
manejo propuesto junto con sus consideraciones y recomendaciones y lo que es
más grave aún que CORTOLIMA a quien se le ha encargado el deber de velar y
proteger el medio ambiente en conexidad con la vida, haya permitido que durante
años este operando la banda transportadora sin ningún tipo de control ambiental y
verificación de las exigencias contenidas en el documento técnico que soportó el
otorgamiento de la licencia.

Hasta tanto el Municipio de San Luis - Tolima conozca:

El original del documento técnico de septiembre 20 de 1994, emitido por la
División de Fauna y Piscicultura de CORTOLIMA que soportó la expedición
de la licencia ambiental para la construcción y puesta en marcha de la banda
transportadora o se reconstruya el documento técnico de septiembre 20 de
1994, por tal razón se suspenderán a prevención el funcionamiento de la
banda transportadora, ubicada en el Corregimiento de Payandé -
Jurisdicción del Municipio de San Luis Tolima”19 (Subrayas y negrillas de la
Sala).

Así, es claro para la Sala que la medida preventiva impuesta por el Municipio de San
Luis se fundó en la imposibilidad de adelantar el control ambiental sobre el proyecto

19 Visible a folios 33 a 43 del Cuaderno del Tribunal.

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Demandante: Municipio de San Luis Tolima

de Cemex ante la desaparición del Concepto Técnico del 20 de septiembre de 1994,
por lo que en adelante se procederá a sopesar si las anotadas razones habían
desaparecido al momento de expedición del acto enjuiciado.

8.7.2. Pues bien, lo que se observa es que en la Resolución demandada se reconoció
nuevamente la ausencia del concepto técnico mencionado, lo cual, en principio,
permite encontrar asidero al reproche del accionante, cuando aseveró que no se
habían superado las circunstancias que motivaron la imposición de la medida
preventiva.

No obstante, como se anotó en el problema formulado y lo reconoce expresamente el
ente territorial, la cautela ambiental se produjo por considerar que el proyecto de
Cemex carecía de control debido a la ausencia del mencionado concepto técnico, lo
que conduce a definir si, era imposible vigilar la adecuada ejecución de actividades de
cara al cuidado del ecosistema sin que mediara el anotado documento.

Lo que halla esta Sala es que en las consideraciones de la Resolución 2843 de 2012
(que se impugna), la autoridad ambiental puso en evidencia lo que a continuación se
transcribe, veamos:

“CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Conforme con todo lo anterior, este Despacho considera que la medida preventiva
ordenada, en virtud de las facultades de prevención establecidas en la Ley 1333
de 2009, por la Administración Municipal de San Luis. en la Resolución N°0153 de
1994, consistente en la suspensión de las operaciones de la Banda
Transportadora, construida por CEMEX COLOMBIA S.A. en virtud de providencia
judicial, de conformidad a los antecedentes brevemente esbozados en esta
decisión, no ocasiona peligro, ni afectación al ambiente, los recursos naturales o a
la salud humana. Antes, dicha infraestructura, evita que el deterioro o el peligro de
daño ambiental se ocasione, al impedir el constante tránsito de camiones y
volquetas que transportaban desde las explotaciones mineras en el Municipio de
San Luis, el material requerido en la planta de cemento propiedad de CEMEX
COLOMBIA S.A. - en jurisdicción de Ibagué, en medio del Corregimiento de
Payande, jurisdicción del Municipio de San Luis, y obedece a los lineamientos
exigidos por la Honorable Corte Constitucional en la decisión T-014 de 1994, como
se alzaprimó anteriormente. La existencia o no del concepto técnico de
septiembre 20 de 1994, no es argumento que soporte adecuadamente la
decisión adoptada y menos aún que vicie de ilegalidad la Licencia Ambiental
expedida por CORTOLIMA, toda vez que el acto administrativo vinculante fue
aquel que la expidió, el cual cuenta con todos los requisitos de legales,
establecidos bajo la reglamentación entonces vigente, y además con las
obligaciones a cargo del titular de la Licencia Ambiental que son las que se
verifican al momento de realizarse la actividad de seguimiento y control por

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Radicado: 73001 23 33 000 2013 0007 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima

parte de la autoridad ambiental, en este Caso CORTOLIMA. En síntesis, no
es el concepto técnico el acto que obliga al titular de la Licencia Ambiental,
sino el acto administrativo por el cual ésta es expedida; el concepto técnico
es aquel que se elabora luego del análisis del Estudio de Impacto Ambiental
que allega el solicitante de la Licencia Ambiental y que sirve de soporte
técnico del acto administrativo, pero éste no obliga, no compromete y por
otra parte, no es requisito específico en el trámite de expedición de una
Licencia Ambiental, como arriba se enunció. En consecuencia no es la
existencia o no del concepto técnico, la que debe motivar la medida de
suspensión de la operación de la banda transportadora.

Es también importante señalar que las obligaciones que se establecieron en la
Resolución N°1503 de 1994 que otorgó Licencia Ambiental para la construcción y
puesta en marcha de la banda transportadora, fueron cumplidas a cabalidad
durante la construcción, etapa en la cual los potenciales impactos negativos
debieron ser controlados, evitados, mitigados y compensados, con las actividades
propuestas por la titular de la Licencia Ambiental; pero luego de construida la
infraestructura, el objeto de la Licencia Ambiental se agota y los impactos que en
adelante se ocasionan son impactos positivos para el ambiente y los recursos
naturales, lográndose el objetivo ordenado en la decisión de la T-014 de 1994 de
la Corte Constitucional, evitando la generación de ruido, material particulado,
accidentes de tránsito y afectaciones a la salud y a la vida, con el tránsito de
vehículos (camiones y volquetas) por el Corregimiento de Payandé, como
insistentemente se ha señalado.

Por todo lo antes señalado este Despacho procederá a ordenar el levantamiento
de la medida de suspensión que fue impuesta en la Resolución N°0163 de agosto
8 de 2012, por ende, no hay motivos de hecho y de derecho para iniciar proceso
sancionatorio en contra de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. por el manejo y
administración del elemento estructural "Banda Transportadora" y no encontrar
que esta actividad; a la fecha, ocasione 'afectación al ambiente, a los recursos
naturales, seres humanos y demás seres vivos; ni estar incurso en alguna de las
circunstancias o causales que, conforme al artículo 5º de la Ley 1333 de 2009
constituyen infracción ambiental y en consecuencia, en ejercicio de las facultades
que le otorgan la Ley y sus reglamentos”20 (Subrayas y negrillas de la Sala).

Se observa entonces que mediante la Resolución 1503 de 1994, se concedió licencia
ambiental a la sociedad Cementos Diamante para la construcción y operación de una
banda transportadora, permiso que posteriormente fue cedido a la empresa CEMEX.
En dicho acto de licenciamiento se establecieron las obligaciones relacionadas con la
construcción y operación de la infraestructura objeto de controversia. Particularmente,
en el artículo segundo de esa resolución se dispuso:

“Artículo Segundo. - La licencia ambiental a que hace referencia el anterior Artículo,
estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se establecen a
continuación:

1. Realizar los estudios geotécnicos que conformen la estabilidad de los taludes
propuestos para el tramo crítico, ubicado en el borde del talud en la margen

20 Ibidem.

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derecha del río Coello; en caso de que estos estudios determinen que las
condiciones de estabilidad sean bajas, los taludes deberán ser revestidos en
concreto con el fin de prever la generación de los procesos de remoción en masa.
Para la realización de estos estudios, la Sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A.
dispone de un plazo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.

En cualquier caso se deberá presentar a CORTOLIMA los resultados de estos
estudios.

Se deberá ajustar el plan de manejo ambiental de la Banda Transportadora, de tal
forma que se mejore sustancialmente el impacto sobre el paisaje y aumente, aún
más, los impactos positivos que sobre la flora tienen previstos.

El proyecto de revegetalización deberá incrementarse hasta cubrir un área no
inferior a 50 hectáreas, en sitios previamente identificados por CORTOLIMA.

En la vía propuesta; Soplamica - Cantera Chizaia, se deberá modificar el trazo
desde el K2+600 hasta el K5+500, evitando el paso por la margen izquierda de la
quebrada Las Juntas; se permitirá disminuir los efectos negativos que se presentan
sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna y el paisaje. Por lo tanto, el plan de manejo
ambiental deberá ajustarse de tal forma que permita que los impactos negativos
sobre estos componentes sean mitigados.

El proyecto deberá realizarse de acuerdo a la información suministrada. Cualquier
modificación que implique cambios con respecto y/o metodología de trabajo,
deberá ser informada por escrito a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
para su aprobación.

Se deberá informar a CORTOLIMA con diez (10) días de anticipación, la fecha de
iniciación de las actividades del proyecto.

La Sociedad beneficiaria de esta providencia deberá suministrar por escrito a los
contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, una relación
de las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por
CORTOLIMA en esta providencia, así como aquellas definidas en el plan de
manejo ambiental presentado por la empresa y sus ajustes.

Se deberá efectuar un seguimiento ambiental permanente en forma directa, o a
través de una interventoría contratada con una Entidad especializada, con el fin de
supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en esta providencia y en el plan de manejo. La interventoría
ambiental deberá enviar a CORTOLIMA un informe mensual sobre el avance de
las obras efectuadas en desarrollo de las medidas de mitigación y la efectividad
del plan de manejo, así como los resultados del programa de monitoreo.
Igualmente 20 días después de terminado el trabajo, se debe presentar un informe
final sobre el estado en que se dejó la zona intervenida y el programa de
mantenimiento”21 (Subrayas y negrillas de la Sala).

De este modo, para la adecuada verificación del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la licencia ambiental, la autoridad competente requería contar no solo
con la licencia ambiental, sino también con el Plan de Manejo Ambiental (en adelante

21 Visible a folios 28 a 38 del Cuaderno del Tribunal.

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PMA), el cual se encontraba integrado en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, piezas todas estas que sí obraban en el expediente de licenciamiento.

En consecuencia, aun cuando el Concepto Técnico del 20 de septiembre de 1994,
contenía la evaluación tanto del EIA como del PMA propuesto y de allí se derivaban
los impactos negativos que se generarían principalmente durante la fase de
construcción del proyecto, lo cierto es que la licencia ambiental, del EIA y del PMA
delimitaban también el radio de acción de la autoridad para efectos de los controles
ambientales. Por tanto, era procedente considerar que el supuesto que motivó la
imposición de la medida preventiva se superó al hallarse otras herramientas para la
efectiva inspección en la actividad de Cemex; lo que a su vez se traduce en que no
existe infracción del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.

8.8. Valoración probatoria

8.8.1. Deberá determinarse si es posible valorar el Concepto Técnico del 20 de
septiembre de 1994, si la recurrente alega que no es posible determinar si el
documento aportado por CEMEX era falso o incompleto.

De entrada, lo que advierte la Sala es que la recurrente no propuso la respectiva tacha
en la oportunidad procesal prevista en el artículo 269 del CGP22, razón por la cual tales
reparos no pueden ser analizados en esta instancia. En efecto, el hecho de que el
documento haya sido aportado por la mencionada empresa no impedía a la
demandante cuestionar su contenido si dudaba de su autenticidad o integridad.

Además, se advierte que desde la presentación de la demanda la actora conocía dicho
documento, al punto que los impactos allí descritos fueron objeto de análisis en el

22 Aplicable por la remisión que en este punto autoriza el artículo 306 del CPACA y que tiene el siguiente

alcance: “Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un
documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la
contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia
en que se ordene tenerlo como prueba.
Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte
contra quien se aduzca.
No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.
Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas
oportunidades”.

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escrito introductorio y reiterados en la alzada, lo cual evidencia una postura
contradictoria pues al tiempo que cuestiona su autenticidad, reconoce su contenido.

En consecuencia, el cargo no prospera.

8.8.2. Finalmente, se definirá si debió darse valorar el testimonio rendido por el señor
Henry Cifuentes Ocampo, funcionario de Cortolima. si se alega que participó en la
emisión del acto enjuiciado.

Con miras a resolver ese interrogante, es pertinente señalar que el hecho de que el
mencionado ciudadano haya participado en el trámite de emisión del acto enjuiciado
no le resta credibilidad por sí solo. Por el contrario, sus declaraciones deben ser
valoradas con mayor rigor, a la luz de los demás elementos probatorios que obran en
el expediente.

En ese sentido, se advierte que el testigo Henry Cifuentes Ocampo, en su calidad de
funcionario de Cortolima, se pronunció sobre los documentos que dicha entidad
consideraba necesarios para evaluar los impactos del proyecto, siendo este
precisamente el punto que constituye el eje del debate en segunda instancia, en los
siguientes términos:

“PREGUNTA APODERADO CEMEX: La medida preventiva se impuso teniendo
en cuenta la ausencia del concepto técnico de evaluación del EIA fechado el 20 de
septiembre de 1994 y se estableció que debido a la ausencia de ese concepto era
imposible ejercer la función de control ambiental. Frente al levamiento de la medida
en la resolución de Cortolima qué se dijo en ese aspecto.

Testigo: Pues que me acuerde en este momento porque todos los argumentos
están planteados en la Resolución pero la ausencia de un concepto técnico no
impide realizar el control y seguimiento porque el instrumento por excelencia para
la toma de decisiones en un proceso licenciado es el estudio de impacto ambiental
que debe contener el plan de manejo ambiental, que establece todas las medidas
de corrección mitigación cuando un proyecto puede generar un impacto, entonces
allí se dice las medidas para tomar con el proyecto, se tiene que tener una línea
base, es decir cómo era el estado de la zona antes del proyecto, luego se pone el
proyecto encima, y se dice cuáles son los impactos el proyecto genera a los
recursos naturales. Ese estudio de impacto ambiental tiene un plan de manejo
ambiental que consagra todas las medidas que mitiguen, compensen y corrijan los
impactos de proyecto.

(…)

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Entonces el seguimiento se realiza sobre los instrumentos identificados en la
misma licencia ambiental, esto son, el estudio de impacto ambiental, el Plan de
Manejo Ambiental y sobre la propia resolución”23 (Subrayas de la Sala).

Así lo que advierte la Sala que las respuestas ofrecidas por el declarante guardan
coherencia con el contenido de la licencia ambiental, lo que permite concluir que, a
pesar de tratarse de un funcionario adscrito a Cortolima, sus manifestaciones revisten
credibilidad. Ahora, aun si en gracia de discusión se aceptara que la confiabilidad del
anotado testimonio puede verse afectada por su vinculación con la demandada, lo
cierto es que aún sin la valoración de esa declaración, es dable concluir que las
circunstancias que dieron lugar al levantamiento de la medida preventiva habían sido
superadas, pues Cortolima contaba con instrumentos que le permitían la efectiva
valoración de los impactos generados por el proyecto.

En consecuencia, el cargo no prospera.

8.9. De las costas

Bajo ese panorama, vistos los artículos 188 del CPACA24 y el citado 365 del CGP25,
en especial su numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala

23 Visible a CD visible a folio 689 del Cuaderno del Tribunal.
24 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
25 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.

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considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, por
concepto de agencias en derecho, toda vez que, a este respecto, se comprueba que
la demandada (ANLA y Cemex) comparecieron a este proceso y en esta instancia, por
conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se dará aplicación al
Acuerdo 1887 de 200326, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se
impondrá a favor de la ANLA y Cemex, por este concepto y a cargo del Municipio de
San Luis, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a cada
una. En lo demás, no se condenará, pues no están acreditados otros gastos o
expensas.

Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica27: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto28, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso29.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor
Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subrayas de la
Sala)
26 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
27 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
29 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero

Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.

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el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida por las razones previstas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS POR AGENCIAS EN DERECHO al Municipio
de San Luis, a favor de la ANLA y Cemex, en la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a cada una, según lo explicado en la parte motiva de
esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5
de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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