Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2013-00029-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2013-00029-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2013-00029-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2013-00029-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de mayo de 2025
1
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 73001 23 33 000 2013 00029 02
Actor: Municipio de San Luis - Tolima
Demandado: La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Tesis: No es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto administrativo a través del
cual se levanta una medida preventiva en materia ambiental que había sido impuesta
en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa decisión se produjo sin
mediar etapa probatoria en la que se sopesaran las circunstancias que dieron lugar a
su adopción.
No es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto administrativo a través del cual se
levanta una medida preventiva en materia ambiental que había sido impuesta en uso
de la facultad a prevención, si la adopción de esa decisión se produjo con fundamento
en un concepto técnico sin que tal documento fuese conocido previamente por la
autoridad que dictó la anotada medida.
No es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto administrativo a través del cual se
levanta una medida preventiva en materia ambiental que había sido impuesta en uso
de la facultad a prevención, si la adopción de esa decisión se produjo con fundamento
en un concepto técnico elaborado antes de que se avocara conocimiento, fue el
resultado de visitas que se practicaron también previo a esta decisión y se emitió sin
la comparecencia de la autoridad que expidió la cautela.
No es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto administrativo a través del cual se
levanta una medida preventiva en materia ambiental que había sido impuesta en uso
de la facultad a prevención, si la adopción de esa decisión se produjo el mismo día en
que se avocó conocimiento.
No es nulo por violación a norma superior, el acto que levanta una medida preventiva
en materia ambiental, si para ello, según el demandante, no se comprobó que
hubiesen desaparecido las causas que llevaron a la imposición de la medida, habida
cuenta de que no se dio valor probatorio al CD adjuntado, se omitió la valoración sobre
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
la norma técnica utilizada para medir las vibraciones generadas por las voladuras
llevadas a cabo por Cemex y la omisión en la apreciación de un hecho importante cual
es que en el año 2000 las vibraciones superaron incluso los límites de la norma técnica
que estaba utilizado la litisconsorte.
No es cierto que el Tribunal no haya apreciado el CD adjuntado donde se evidencia la
contaminación de la Quebrada Ojito de Agua, haya omitido la valoración sobre la
norma técnica utilizada para medir las vibraciones generadas por las voladuras
llevadas a cabo por Cemex y no haya señalado nada sobre un hecho importante, cual
es que en el año 2000 las vibraciones superaron incluso, los límites de la norma
técnica que estaba utilizado la litisconsorte.
No es objeto de debate el reparo atinente a que los estudios orientados a determinar
si existían filtraciones de las paredes de los Pit y si el caudal del agua del Río Chicalá
se había reducido, estuvieren a cargo de Cemex.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a las partes que
integran el proceso.
I. LA DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), el Municipio de San Luis - Tolima, por medio de
apoderado judicial, interpuso demanda en contra del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (en adelante MADS) y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (en adelante ANLA)1, en la que formularon las siguientes:
1.1. Pretensiones
“El medio de control se encamina a obtener:
1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice núm. 44 del Sistema de Gestión Judicial
Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
1. Se declare la nulidad de la Resolución 742 de septiembre 10 de 2012 en materia
ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.
2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de indemnización por el
daño ambiental por la conducta omisiva y violación al debido proceso se ordene a
la Nación-Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible restituya las
cosas, objetos y bienes al estado anterior a aquel en que aconteció el daño.
3. Únicamente cuando no sea posible la restitución de las cosas, bienes y objetos
al estado anterior a aquel en que aconteció el daño, por la conducta omisiva de la
nación condénese a la nación a pagar a título de indemnización al municipio la
suma de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.000)
MONEDA CORRIENTE o lo que efectivamente resulte probado en el proceso.”2.
1.2. Acto cuestionado
“AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA
RESOLUCIÓN NÚMERO
0742 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012
“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES”
LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES -
ANLA
En uso de las facultades conferidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en la
Ley 99 de 1993, en los Decretos 3570, 3573 y 3578 del 27 de septiembre de 2011,
en la Resolución 0271 del 30 de abril de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 367 del 31 de marzo de 2003, el entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT establece las Medidas de
Manejo Ambiental a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. (entonces CEMENTOS
DIAMANTE S.A.) para la explotación de la mina de calizas en el corregimiento de
Payandé, municipio de San Luis, departamento del Tolima.
Que mediante Auto 1721 del 21 de septiembre de 2005, el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT reconoce como terceros
intervinientes a los señores José Agustín Ospina y Sonia Isabel Corrales.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, realizó visita de
seguimiento ambiental a la mina de caliza los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 2012, correspondiente al seguimiento del primer semestre de 2012, con el fin
de verificar el cumplimiento, por parte de la Empresa de los programas del PMA y
de las obligaciones contenidas en los actos administrativos.
Que mediante Resolución No. 000175 del 13 de agosto de 2012, la Alcaldía del
municipio de San Luis (Tolima) impone medida preventiva consistente en la
2 Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
suspensión de las actividades de explotación minera realizada por CEMEX
COLOMBIA S.A. en el corregimiento de Payandé, jurisdicción de ese municipio.
Que la empresa CEMEX COLOMBIA S. A. con radicado 4120- E1- 44117 de
agosto 22 de 2012, allegó a esta Autoridad copia simple de la Resolución 000175
de 13 de agosto de 2012, proferida por la Alcaldía del municipio de San Luis,
departamento del Tolima en la cual impone medida preventiva consistente en la
suspensión de las actividades de explotación minera realizada por la empresa en
el corregimiento de Payandé, así como copia de la solicitud realizada por el señor
Procurador Ambiental y Agrario para el departamento del Tolima referida a la
solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 000175 de agosto 13 de 2012.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA- solicitó al alcalde del
municipio de San Luis, en el departamento del Tolima mediante radicado 4120-E2-
44375 de agosto 24 de 2012 el traslado de las actuaciones para continuar con el
procedimiento.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-45141-2012 del 28 de agosto de 2012,
la Alcaldía del municipio de San Luis (Tolima) remite a esta Autoridad copia del
informe IMPLICACIONES PROYECTO MINERO CANTERA CHICALÁ -
GUACAMAYAS, junto con la Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012 de la
Alcaldía del municipio de San Luis "Por medio de la cual se impone una medida
preventiva y se dictan otras disposiciones", y documentación anexa.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA- mediante Auto No.
2829 de septiembre 10 de 2012, avoca conocimiento de la medida preventiva
impuesta en ejercicio de la facultad a prevención por el alcalde del municipio de
San Luis, departamento del Tolima, mediante Resolución No. 000175 del 13 de
agosto de 2012 a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A en virtud de la licencia
ambiental que este Ministerio otorgó mediante Resolución No. 367 del 31 de marzo
de 2003 para el proyecto denominado explotación de la mina de calizas en el
corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, departamento del Tolima.
Que esta autoridad emitió el concepto técnico de evaluación de medida preventiva
No.1452 de septiembre 3 de 2012, en respuesta a la medida preventiva de
suspensión de actividades impuesta mediante la Resolución 000175 del 13 de
agosto de 2012, proferida por la Alcaldía del municipio de San Luis, departamento
del Tolima, en el que se determinan los siguientes aspectos:
"(...)
"El presente Concepto Técnico de evaluación de medida preventiva se realiza con
base a las observaciones realizadas durante la última visita de seguimiento
desarrollada por esta Autoridad (a partir del 14 de agosto de 2012), junto con la
revisión de la documentación remitida por la Alcaldía de San Luis (Tolima) y la
empresa CEMEX COLOMBIA S.A.
(...)
2.1 ARGUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN
LUIS
Previo a realizar el desarrollo de la argumentación técnica considerada en la
Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012, por medio de la cual la Alcaldía del
municipio de San Luis (Tolima) impuso medida preventiva consistente en la
suspensión de las actividades de explotación minera realizada por CEMEX
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
COLOMBIA S.A. en el corregimiento de Payandé; es necesario aclarar que ésta
retoma aspectos contenidos en el documento del estudio denominado
IMPLICACIONES PROYECTO MINERO CANTERA CHICALA – GUACAMAYAS
(en adelante IPMC-CH-G), elaborado por la firma consultora CESAR GAVIRIA
INGENIERÍA (Impulsamos el Futuro Sostenible) a solicitud de la Alcaldía de San
Luis, fechado en abril de 2012, el cual fue remitido por esa Alcaldía a esta
Autoridad con oficios radicados No. 4120-E1-44002-2012 del 21 de agosto de 2012
y 4120-E1-45141-2012 del 28 de agosto de 2012.
Estas consideraciones técnicas son discriminadas por temas, guardando el orden
conceptual expresado tanto en la Resolución como en el referido estudio IPMC-
CH-G; pero indicando la correspondencia con los fundamentos fácticos formulados
en el acto administrativo de imposición de medida.
(...)
2.3 CONSIDERACIONES DE LA ANLA
A continuación, se realizan las consideraciones técnicas de esta Autoridad para la
evaluación de la medida preventiva de suspensión de las actividades de
explotación minera de caliza desarrollada por CEMEX COLOMBIA S.A. en el
corregimiento de Payandé, municipio de San Luis (Tolima). Igualmente, se aclara
que el documento denominado IMPLICACIONES PROYECTO MINERO
CANTERA CHICALA GUACAMAYAS (IPMC-CH-G), remitido a esta Autoridad
mediante oficios radicados No. 4120-E1-44002-2012 del 21 de agosto de 2012 y
4120-E1-45141-2012 del 28 de agosto de 2012, cuenta con 78 folios, incluye los
anexos que son invocados en el documento o en la Resolución 000175 del 13 de
agosto de 2012 y encuentran relacionados en el antecedente 1.23, por lo que éstos
son objeto de análisis en el presente Concepto Técnico.
El primer folio de la documentación remitida por la Alcaldía del municipio de San
Luis (Tolima) en el oficio radicado No. 4120-E1-44002-2012 del 21 de agosto de
2012, es el oficio de entrega del informe por parte de la firma consultora que realizó
el estudio (CESAR GAVIRIA INGENIERÍA - Impulsamos el Futuro Sostenible) a la
Alcaldía del municipio de San Luis, con radicado No. 2134 del 20 de junio de 2012.
Estas consideraciones se desarrollarán retomando aspectos temáticos que han
sido tratados tanto en la resolución, como en el documento soporte y en la
argumentación presentada por CEMEX COLOMBIA S.A. (oficio radicado No.
4120-E1-44117-2012 del 22 de agosto de 2012), guardando un orden lógico
que permita una interpretación coherente con el resultado final de la evaluación
y de acuerdo a los fundamentos fácticos relacionados en la resolución de
imposición de medida preventiva. Una vez se conoció de la medida preventiva
de suspensión por parte de funcionarios de la ANLA que realizaban la visita de
seguimiento ambiental del segundo semestre de 2012, se procedió a incluir
dentro de las actividades del recorrido de campo la verificación del cumplimiento
de dicha medida e igualmente los hechos que la motivaron. Esta verificación fue
realizada entre los días 15 y 17 de agosto de 2012.
(...)
Tal como se ha descrito, las actividades de explotación minera desarrolladas
actualmente por CEMEX COLOMBIA S.A en el corregimiento de Payandé, son
objeto de seguimiento ambiental por parte de las autoridades competentes del
momento y de esta manera toda operación e impacto que se ha presentado
implícito a la minería, tales como la intervención de cauces, pérdida de uso del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
suelo y de cobertura vegetal, ha sido evaluado y aprobado por la respectiva
autoridad ambiental. Las afirmaciones contenidas en el estudio IPMC-CH-G y que
son referenciadas en el numeral 2.1.1 del presente Concepto Técnico, en el sentido
de resaltar que de acuerdo a la fotointerpretación de aerofotografías del IGAC,
correspondiente a los años 1946, 1957 y 2003, han desaparecido algunos
tributarios de la quebrada El Salado por la intervención minera iniciada en los años
sesenta, no puede ser tenido en cuenta para la imposición de una suspensión de
las actividades mineras actuales, por cuanto si bien estos impactos son evidentes,
estos también fueron objeto de evaluación ambiental conjuntamente con las
medidas necesarias para su mitigación o compensación, aprobadas por la
autoridad ambiental competente. No obstante, lo anterior, esta Autoridad, y desde
antes el MAVDT, realiza un seguimiento ambiental permanente al cumplimiento de
las Medidas de Manejo Ambiental y demás obligaciones de orden administrativas
que han sido proferidas en pro de la protección del medio ambiente y los recursos
naturales, en virtud de los principios del desarrollo sostenible.
(...)
Es por eso que a través de los seguimientos ambientales se verifica el estricto
cumplimiento de la Medidas de Manejo Ambiental aprobadas mediante la
Resolución 0367 del 31 de marzo de 2003 del MAVDT (las cuales de acuerdo al
artículo Décimo Séptimo de esa resolución tienen una vigencia por el término de
duración de las actividades del proyecto), no sólo en lo relacionado a las
operaciones mineras realizadas por CEMEX COLOMBIA S.A., sino de la
protección y conservación de las áreas que son excluibles de la minería permitida
y que hacen parte del patrimonio ambiental del municipio de San Luis (Tolima). Tal
como se observa en los antecedentes del presente Concepto Técnico, desde el
año 2003 el MAVDT y actualmente la ANLA, ha venido requiriendo el cumplimiento
de las obligaciones ambientales de CEMENTOS DIAMANTE S.A. y CEMEX
COLOMBIA S.A., siendo las últimas visitas del año 2012 las realizadas los días 29
de febrero, 1 y 2 de marzo de 2012 (del cual se produjo el Concepto Técnico 811
del 28 de mayo de 2012) y entre los días 13 y 17 de agosto de 2012.
(…)
Para el año 2011, la producción de caliza en la mina "La Esmeralda fue
3.036.995,34 toneladas. De igual manera, el volumen de material estéril dispuesto
el año anterior estuvo en el orden de las 945.222 toneladas, el cual fue distribuido
entre las escombreras inferior y superior, y en la antigua mina de puzolana. Hasta
el mes de julio de 2012, la producción de caliza fue de 1.341.825 toneladas, siendo
el volumen de material estéril dispuesto de 2.218.595 toneladas. El retrollenado de
la antigua mina de puzolana se encuentra en la cota final de conformación (708
m.s.n.m.) con 6 terrazas, la escombrera inferior cuenta con 6 terrazas (de 8
proyectadas) y una cola actual de 736 m.s.n.m. (cota final proyectada de 762
m.s.n.m.); y la escombrera superior con 3 terrazas (de 5 proyectadas) y una cota
actual de 820 m.s.n.m. (cota final proyectada de 834 m.s.n.m.).
A la fecha, el área del pit de explotación de caliza de la mina "La Esmeralda" posee
50,49 hectáreas y cuenta con una cota de fondo de 655 m.s.n.m., mientras que la
cota superior del pit, a nivel del terreno, varía de acuerdo a la topografía natural
así: Pared Norte: 710 m.s.n.m., Pared Sur: 785 m.s.n.m., Pared Este: 724 m.s.n.m.
y Pared Oeste: 775 m.s.n.m. En cuanto a la rehabilitación de las áreas intervenidas
por las escombreras, contamos con una revegetalización del 90% para el área del
retrollenado de la antigua mina de puzolana, 31,4% para la escombrera inferior (3
terrazas restauradas) y 15,3% para la escombrera superior (2 terrazas restauradas
y una en restauración).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Estas actividades descritas se encuentran contempladas en las Medidas de
Manejo Ambiental, aprobadas mediante Resolución 0367 del 31 de marzo de 2003
en su momento a CEMENTOS DIAMANTE S.A. por parte del MAVDT. Estas
Medidas de Manejo Ambiental, si bien vigentes durante la vida útil del proyecto
minero de acuerdo al artículo Décimo Séptimo de dicha resolución, actualmente
son requeridas en su actualización, de acuerdo al artículo Sexto del Auto 1020 del
7 de abril de 2010, el numeral 2 del artículo Segundo del Auto 753 del 14 de marzo
de 2011 y el artículo Tercero del Auto 41 del 16 de enero de 2012. Sobre el
particular, CEMEX COLOMBIA S.A. se encuentra en proceso de modificación de
la "Actualización del Plan de Manejo Ambiental", a solicitud de esta Autoridad, la
cual fue inicialmente presentada por la Empresa mediante oficio radicado No.
4120-E1-76873-2011 del 21 de mayo de 2011.
Dentro de estas medidas en que la Empresa se encuentra en obligación de cumplir
permanentemente y que actualmente son objeto de seguimiento ambiental por
parte de esta Autoridad, se encuentra la Ficha 9.3. Manejo y control de depósitos
de agua y drenajes superficiales en la mina, diseñada para garantizar el manejo,
control y evacuación adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía en el área de
la mina, durante toda la etapa operativa. En el marco del cumplimiento de esta
medida, la Empresa cuenta con un sumidero de aguas lluvias y de escorrentía que
es mantenido en el fondo del pit de explotación y que recoge las aguas que
discurren por las paredes de los frentes de la mina.
Este sumidero, llamado indiferenciadamente a lo largo de la resolución de medida
preventiva y del estudio IMPLICACIONES PROYECTO MINERO CANTERA
CHICALA GUACAMAYAS (IPMC-CH-G), como "Lagos - Sumideros", puede variar
su localización en el área del fondo del pit, por cuanto esta depende del avance e
implementación de la actividad extractiva y del diseño minero. En el subcapítulo
6.5 del estudio IPMC-CH-G, se mencionan "espejos de agua dentro de la mina", lo
cual, tal como se aclara, corresponde con los sumideros de agua del fondo del pit.
En dicho subcapítulo se afirma que existen tres sumideros de agua al interior de la
mina, lo cual no corresponde con la situación actual de la mina, ya que, durante la
visita de seguimiento ambiental realizada por esta Autoridad, se verificó la
existencia de un (1) sólo sumidero de aguas, que funciona actualmente como único
reservorio. Tal como se explicó anteriormente, el número y localización de los
sumideros es consecuencia exclusivamente del avance minero en el pit de
explotación.
(...)
Posteriormente, estas aguas que reposan en los sumideros del fondo del pit son
bombeados a un pozo sedimentador, el cual se encuentra localizado sobre el
costado noreste de la mina, con el fin de realizar un tratamiento de remoción de
sólidos y/o sedimentos antes de proceder a su vertimiento en la quebrada El
Salado. En el subcapítulo 6.1 del estudio IPMC-CH-G, se realizan una serie de
definiciones sobre presuntas afectaciones o incumplimientos con respecto a los
vertimientos realizados a la quebrada El Salado por cuenta de las aguas
provenientes del pozo sedimentador. Sobre el particular esta Autoridad se permite
definir que este sedimentador, denominado como "cuerpo de agua u ojo de agua
en el estudio IPMC-CH-G, es una estructura artificial reforzada con enrocado a
manera de gaviones, construida por la Empresa dentro del proceso de tratamiento
de sólidos, a lo que está obligado por el numeral 2 del artículo Segundo de la
Resolución 0367 del 31 de marzo de 2003 y por la respectiva medida de manejo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Este pozo actualmente se encuentra constituido por dos lechos filtrantes, uno de
los cuales subyace a la vía interna de la mina, configurándose tres cámaras
diferenciadas. La remoción de sedimentos se produce mediante gravimetría o
decantación de los sólidos suspendidos, que luego son retirados en los
mantenimientos regulares. Las aguas tratadas son luego vertidas a la quebrada El
Salado a través de tubería bajo tierra. Contrario a lo que se afirman en el
subcapitulo 6.1, el pozo sedimentador no es alimentado por cauce alguno, sino por
las aguas bombeadas desde el sumidero de agua del fondo del pit.
(...)
En cuanto a que se esté presentando contaminación por materiales finos
provenientes del pit y del escape de la banda transportadora, es preciso aclarar
que este pozo sedimentador, no es un cuerpo de agua natural y su función es
precisamente la de remover los sólidos y sedimentos en suspensión transportados
por la escorrentia superficial que se precipitan por las paredes del pit y por el
arranque, manejo y transporte de material de caliza y estériles, y no por escape de
material fino de la banda transportadora, ya que el traslado de caliza triturada por
medio de bandas se desarrolla a través de un circuito cerrado y con previa
humectación. El mantenimiento que corresponde con este sistema de tratamiento
consiste en la remoción del exceso de sólidos sedimentados y la presencia de
vegetación en nada afecta la eficiencia del tratamiento de las aguas.
Tal como se ha demostrado, no es posible aseverar que se están vertiendo aguas
"contaminadas" por sólidos en suspensión o con exceso de sedimentos, dado que
la Empresa cuenta con un pozo sedimentador para el tratamiento de las aguas del
fondo del pit. Se reitera que el pozo sedimentador por ningún motivo es objeto de
"contaminación", dado que fue construido como sistema de tratamiento de aguas
provenientes del fondo del pit, y en ese sentido no es alimentado por cauce alguno,
sino por el contrario, por un sistema de conducción por tubería desde el sumidero,
por medio de bombeo regulado.
Para el análisis del subcapitulo 6.3 del estudio y algunos puntos del 6.1, en lo que
concierne a los sedimentadores de las vías interna de la mina, durante la visita de
campo realizada por esta Autoridad se pudo verificar que estos funcionan
adecuadamente para el manejo de sólidos provenientes, tanto de las escorrentías
de la vía, como las provocadas por procesos erosivos en los taludes circundantes
a lo carreteables. Sobre el particular, ni en el estudio IPMC-CH-G, ni obrantes en
el respectivo expediente, aparecen monitoreos de sólidos en aguas, antes de los
sedimentadores y en la descarga en la quebrada El Salado, que permitan indicar
una baja o nula eficiencia. Los fenómenos erosivos que se presentan en las vías,
y que son descritos en el estudio IPMC-CH-G, no son provocados por la actividad
minera.
Contrario a lo descrito en el estudio, se pudo corroborar en campo que los
sedimentadores ubicados, tanto en los carreteables del costado Norte de la mina,
como en el que conduce al área de talleres y de trituración y que cruza sobre uno
de los lechos filtrantes del pozo sedimentador, evitan que la carga de sedimentos
sea dirigida en su totalidad a la quebrada El Salado, teniendo en cuenta que se
observaron sedimentos removidos, entre los que se encuentran lodos con altos
contenidos de limos y gravillas medias y gruesas.
En cuanto a la descripción del nacedero de la quebrada El Salado (subcapitulo 6.4
del estudio IPMC-CH-G), se precisa que dicha área fue recorrida durante la visita
de seguimiento ambiental, hasta el punto de la descarga de aguas del pozo
sedimentador, observándose que la quebrada El Salado, a lo largo de su recorrido,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
e incluso la zona donde se define su cauce, es alimentada por aguas lluvias, con
lo que se presenta una intermitencia del flujo hídrico dependiente del régimen
hidroclimático de la zona. Es así, que durante el recorrido no se evidenció flujo de
agua alguno, ni siquiera en los drenajes que en su conjunto recargan y dan origen
a la quebrada El Salado.
El área que rodea los orígenes de la quebrada El Salado cuenta con una
reforestación protectora realizada por la Empresa, como parte del cumplimiento de
la Ficha 13.2. Reforestación protectora de drenajes, la cual se encuentra en lo
verificado en el seguimiento ambiental realizado por esta Autoridad, incluyendo el
mantenimiento y manejo silvicultural. Igualmente, en esta área se reconocen
sectores con cobertura vegetal nativa reproducida y mantenida de manera natural.
Es importante dejar presente que en la zona donde inicia la quebrada El Salado,
actualmente CEMEX COLOMBIA S.A. no realiza o ejecuta actividades mineras
relacionadas con la remoción de suelo o material rocoso, lo cual se ha venido
corroborando en los seguimientos ambientales desarrollados por la ANLA.
El tanque en concreto descrito en el subcapitulo 6.4 del estudio, funciona como
almacenamiento entrópico construido por CEMEX COLOMBIA S.A para la
potabilización del agua que es consumida por la población del corregimiento de
Payandé y que actualmente es manejada y operada por la administración
municipal de San Luis (Tolima).
(...)
La localización de las escombreras, que se ha puesto en entredicho en los
subcapítulos 6.7 y 4.1.3.1 del estudio, fue aprobada por el MAVDT mediante
Resolución 0367 del 31 de marzo de 2003, que acogió las medidas de manejo
ambiental presentadas por CEMEX COLOMBIA S.A, y tanto su evolución en la
disposición de estériles, los volúmenes, estabilidad, alturas, rehabilitación vegetal,
incluido su avance, ha sido y es objeto de seguimiento por parte de esta Autoridad.
Durante la visita de campo realizada se verificó que las escombreras avanzan de
acuerdo a lo descrito en este mismo numeral. En cuanto a la distancia de 1.000
metros con respecto a la población de Payandé (tomado por quienes elaboraron
el estudio del PTO del proyecto minero), esta no se encuentra contemplada dentro
del Plan de Manejo Ambiental aprobado o en la Resolución 0367 del 31 de marzo
de 2003, por lo que el cumplimiento de dicha distancia no es exigible
ambientalmente. Sobre lo planteado en relación a la zonade mina de puzolana
(subcapitulo 6.2), esta Autoridad se abstiene de pronunciarse dado que la
competencia ambiental para ese título minero le corresponde a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).
2.3.1 PRESUNTA INFILTRACIÓN DE AGUAS DE LA QUEBRADA CHICALÁ
HACIA EL FONDO DEL PIT DE EXPLOTACIÓN DE CALIZAS
Uno de los aspectos principales tenidos en cuenta dentro de los FUNDAMENTOS
FÁCTICOS QUE JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN, es la presunta
infiltración de agua de la quebrada Chicalá en el sumidero del fondo del pit de
explotación, lo cual estaría afectando el suministro de agua en el acueducto que
abastece la cabecera municipal de San Luis (Tolima) y las veredas Contreras, Los
Ciruelos, Campo Alegre, Caimital, La Aurora, Primavera, Santa Lucia, Luisa
García, Buenos Aires, Pedregal y Guacimito, de este mismo municipio. Con este
fin se discriminará ese análisis en los diferentes elementos que la Alcaldía del
municipio de San Luis (Tolima) usó para la suspensión de las actividades mineras
con respecto a este aspecto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
• Información geológica base para el seguimiento realizado por esta Autoridad
El estudio IPMC-CH-G, que sirvió de soporte a la resolución de medida preventiva,
indica que la elaboración del mapa geológico tomó como base la fotointerpretación
de varias aerofotografías, las cuales fueron referenciadas en el numeral 2.1.2 del
presente Concepto Técnico. De igual manera manifiestan que para la
reconstrucción histórica de la intervención minera en la cabecera de la quebrada
El Salado y sus alrededores, para este propósito es necesario adquirir todo el
material fotográfico disponible que es de (7) décadas diferentes.
La información geológica del documento denominado "IMPLICACIONES
PROYECTO MINERO CANTERA CHICALA - GUACAMAYAS" (IPMC-CH-G), se
limita a una fotointerpretación de fotografías aéreas y la transcripción de la
estratigrafía de la zona. Para claridad, Esta Autoridad a continuación transcribe de
manera sintetizada, la información geológica primaria que posee del área de
interés (la cual hace parte del expediente LAM1499) y que ha sido utilizada como
base para la elaboración de los diferentes informes de seguimiento:
La zona está conformada por una serie de rocas sedimentarias precretácicas,
pertenecientes al denominado Grupo Payandé (Formaciones Luisa, Payandé y
Saldaña), instruidas por diques de granodiorita y andesita de espesor variable.
Sobre estas Formaciones se depositaron discordantemente depósitos de Caliche,
producto de la erosión y disolución de las anteriores unidades, y una serie de
areniscas conglomeráticas y lodolitas que corresponden a la Formación Honda de
edad Terciario superior.
Finalmente, sobre la parte norte y noreste del área, depósitos aluviales del
Cuatemario, conformados por materiales de origen volcánico, ricos en arena
pómez (puzolanas) cubren las rocas más antiguas, su espesor es de 20 a 25 m.
Las calizas afloran en bancos de colores gris oscuro a negro con venillas de calcita
blanca, donde han sido instruidas por los diques de granodiorita y andesita toman
un aspecto de mármol blanco y gris claro. El conjunto calcáreo tiene un espesor
promedio de 280 m, se encuentra concordante entre las Formaciones Luisa y
Saldaña, dentro de una estructura monoclinal que buza hacia el Este.
Las calizas son de aspecto masivo, pero debido al metamorfismo de contacto que
sufrieron presentan recristalización con venillas blancas de calcita y cuarzo e
intensamente fracturadas, el conjunto presenta una estratificación con rumbo
general Noreste buzando entre 300 y 450 al Este. En el área de interés no hay
fallas significativas, pero las rocas presentan diaclasamiento tanto longitudinal
como vertical.
• Pérdida de caudales en la quebrada Chicalá
Tal como se observa en la tabla de cuencas, subcuencas, microcuencas y
tributarios de la red hídrica del municipio de San Luis (la cual se encuentra en la
resolución de imposición de medida preventiva), la quebrada Chicalá (en la tabla
aparece como Q. Las Juntas, ya que toma el nombre Chicalá cuando a la quebrada
Las Juntas se le une la quebrada Aguirre), es tributaria, al igual que las quebradas
La Hondura y El Salado, de la quebrada El Cobre, principal fuente de
abastecimiento del acueducto de la cabecera municipal de San Luis y de 11
veredas. Para demostrar que la quebrada Chicalá está perdiendo caudal por una
presunta infiltración de sus aguas a través un fracturamiento de las rocas
subyacentes, causado por acción de las voladuras realizadas por la Empresa, el
estudio IPMC-CH-G contiene unos aforos realizados en las quebradas El Cobre,
El Salado y Chicalá, cuya metodología se encuentra en el numeral 2.1.3 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
presente Concepto Técnico. Antes de analizar los resultados obtenidos es
importante detallar que éste método para el cálculo de caudales es limitado por
cuanto proporciona valores estimativos, siendo necesario el uso de métodos como
el del molinete (debidamente calibrado) para la obtención de una mayor precisión.
El método de flotador proporciona datos medianamente aceptables
estadísticamente en canales con secciones transversales estrechas, lo cual no es
el caso de ninguna de las quebradas medidas.
(...)
En aras de analizar la posible pérdida de caudales ocasionada por las voladuras y
teniendo en cuenta que la resolución de medida preventiva refiere sólo a esa
corriente hídrica, se considerarán únicamente los datos obtenidos para la
quebrada Chicalá, reportados en las tablas 2-5 y 2-6 del estudio. De acuerdo a lo
manifestado por la Alcaldía de San Luis (Tolima) retomando el estudio, entre el
punto de la quebrada Chicalá aguas arriba de la mina (sin especificar el punto
exacto con coordenadas geográficas) y la misma quebrada en el sector de Las
Cascadas (aguas debajo de la mina), se pierden 16,33 l/s. El valor obtenido para
la quebrada Chicalá aguas arriba es de 322,23 l/s (una vez utilizado el factor de
corrección, o porcentaje de error que de por sí es muy alto, que disminuyó a la
mitad el valor obtenido), mientras que para el sector de Las Cascadas es de 305,9
l/s.
Es incongruente para el grupo técnico de esta Autoridad que evalúa la medida
preventiva, que se manejen caudales mayores a 300 l/s, cuando la quebrada El
Cobre, a la cual le tributa la quebrada Chicalá, contiene un caudal medio de 80 l/s
de acuerdo al EOT del municipio de San Luis (EOT, 2001), con datos tomados por
la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de San Luis al mes de diciembre de
1999. La diferencia es tan abrupta y desproporcionada que sólo permite inferir
errores al momento de hacer el aforo, de acuerdo a lo ya expresado sobre el
método.
No obstante, la pérdida de 16,33 l/s de caudal reportada por el estudio y
considerada en la resolución de medida preventiva, se encuentra dentro de los
rangos reportados en los monitoreos remitidos por CEMEX COLOMBIA S.A. en los
ICA No. 11 (79,05 l/s aguas arriba y 43,91 l/s, con una diferencia de 35,14 l/s) y
No. 12 (82 l/s aguas arriba y 67 l/s, con una diferencia de 15 l/s), correspondientes
al primer y segundo semestre de 2011, respectivamente. Durante el recorrido por
la quebrada Chicalá en el sector más próximo a la mina de caliza (coordenadas
planas con origen Bogotá D.C., N 966.432 y E 884.923), se observó una corriente
lotica en condiciones hidrológicas aparentemente normales, con una alta cantidad
de material rocoso de caliza desprendido de la Formación Payandė y sin
evidencias que a simple vista permitan inferir una infiltración de agua. En este
punto la quebrada Chicalá se encuentra recostada sobre una pared de caliza de
más de 20 metros de altura, con múltiples agrietamientos (por erosión hídrica) y
diaclasas naturales, descartándose que hayan sido provocadas por las voladuras
desarrolladas por la Empresa por cuanto sus bordes presentan sinuosidades
irregulares y no bordes angulares característicos del efecto explosivo de las
voladuras.
Teniendo en cuenta lo anterior, no existe certeza técnica que pruebe que éste
caudal perdido se esté dirigiendo hacia el sumidero del fondo del pit de explotación,
ya que entre las causas que también pueden incidir en la diferencia de caudales
se encuentra la filtración a través de los diaclasamientos presentes en diferentes
sectores del cauce, de origen natural y no relacionadas con las voladuras
realizadas en la mina, tal como lo afirman los fundamentos fácticos 3, 11 y 13 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
la resolución de imposición de medida preventiva. Tal como el estudio contempla
(numeral 2.1.1 del presente Concepto Técnico), el área de la quebrada Chicalá se
encuentra afectada por la intrusión del Stock Payandé y además por fallamientos
geológicos marcados en una tectónica comprensiva, lo cual genera fracturamiento
en las rocas, generando porosidad secundaria por fracturamiento principalmente
en las calizas de la formación Payandė (Trsp), lo cual puede favorecer la filtración
de agua por entre aquellos espacios (esto último es reconocido en el fundamento
fáctico 2).
• Coloración azul claro del agua del sumidero del fondo del pit de explotación
En la Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012 y en el estudio que le sirvió de
soporte, se menciona que la coloración azul claro del agua del sumidero en el
fondo del pit de explotación corresponde con la presencia "posiblemente
relacionada con sulfatos o hidróxidos de cobre". Esto, para la Alcaldía del municipio
de San Luis (Tolima), se correlaciona con la presencia de cobre en las aguas de
la quebrada Chicalá que han sido arrastradas allí desde la mina de cobre Flor
Amarillo, antigua mina abandonada que se encuentra en el sector sur de la
quebrada Rio Frío. Para analizar si el cobre que se encuentra diluido en el
sumidero del fondo del pit tiene su origen en el mismo elemento que fluye por la
quebrada Chicalá, es preciso revisar la información existente sobre los análisis
fisicoquímicos realizados en estos dos puntos.
En el EOT del municipio de San Luis (Tolima), que ha sido referenciado a lo largo
del presente Concepto Técnico, se presenta un resultado las concentraciones de
cobre en las quebradas afluentes de la quebrada Chicalá y de la quebrada El
Cobre:
Tabla 1. Concentraciones de cobre en fuentes hídricas del área.
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Luis (Tolima)
• 2001.
Dentro de la información presentada por la Empresa durante la visita, se
encuentran los análisis fisicoquímicos realizados por el LABORATORIO
AMBIENTAL DEL TOLIMA CORCUENCAS, contratista de CEMEX COLOMBIA
S.A. debidamente certificado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio
Ambientales (IDEAM), en el cual se reporta la concentración de cobre en el agua
del sumidero, la cual es de 2,7 mg/l. Las concentraciones de cobre, tanto en el
agua de la quebrada Chicalá, como en el fondo del pit de explotación, pueden
originarse en la escorrentía por aguas lluvias sobre las paredes de los frentes de
explotación de la mina "La Esmeralda", teniendo en cuenta que el cobre es un
mineral que abunda en el subsuelo del territorio del municipio de San Luis (Tolima)
y es explotado en diferentes minas, tales como: "Manifestación Santa Bárbara" y
"Mina Vieja" (esta incluso explotada en la época de La Colonia).
Esta situación es posible por la presencia de mineralizaciones de cobre tipc "Skarn"
en la zona de contacto de la Formación Payandé (Trp) y el Stock de Payandé (JP),
de acuerdo a lo descrito en el EOT del municipio de San Luis (Tolima). Incluso,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
monitoreos presentados en el EOT que fueron realizados en "aljibes" del municipio,
dan muestra de lo común que es encontrar cobre en el agua subterránea, tal como
se reportó en el predio La Esperanza (vereda Patio Bonito), con una concentración
de 1,51 mg/l. Aseverar que las concentraciones de cobre encontradas en el
sumidero de agua provienen exclusivamente de la quebrada Chicalá es
apresurado y desconoce el entorno geológico, ya que como se observa existen
otras fuentes que pueden conducir cobre al fondo del pit y por efecto de la
evaporación concentrarlo. En consecuencia, no es posible admitir un único origen
a las concentraciones de cobre encontradas tanto en la quebrada Chicalá, como
en el sumidero del fondo del pit, tal como indican los fundamentos fácticos 3 y 4
de la Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012.
(...)
Finalmente, en cuanto al color del agua en el sumidero, si bien tanto el sulfato y el
hidróxido de cobre, diluidos en agua, presentan una coloración azul, igualmente
los hidróxidos y carbonatos de calcio provenientes de la caliza pueden otorgar una
coloración azul aguamarina cuando la luz penetra en el agua y se produce la
filtración de todos los colores del espectro visible, menos el azul, el cual es
reflejado a la superficie. Es por esto que la coloración del agua del sumidero no
puede ser un indicativo exacto de la presencia de cobre, ni mucho menos de su
origen en la quebrada Chicalá, como se afirma en los fundamentos fácticos 3 y 5.
• Filtraciones de agua a través de la pared del pit que se encuentra más próximo a
la quebrada Chicalá
De acuerdo a lo descrito en el numeral 2.1.2 y 2.1.6 (subcapítulo 6.5 y 6.6 del
estudio utilizado como soporte de la resolución de medida preventiva) del presente
Concepto Técnico, se estaría presentando una infiltración del agua de la quebrada
Chicalá a través de la pared del pit de explotación que se encuentra más próximo
a dicha corriente hídrica. Para analizar este aspecto, se hará referencia a lo
observado en la visita de campo a este sector, justo sobre los bordes de la pared
del pit. Se pudo observar que efectivamente la pared del pit se encuentra
aproximadamente a 80 metros del cauce de la quebrada Chicalá, lo cual está
acorde al diseño del pit de explotación aprobado.
Igualmente, la pared presenta una apariencia normal, sin evidenciarse filtración de
agua alguna o formación de drenajes que permitan asegurar la existencia de una
corriente permanente de agua (que sería aproximadamente de acuerdo a las
pérdidas de caudal reportadas, de entre 15 y 35 l/s) hacia el fondo del pit. Esta
situación que se presenta actualmente ha sido verificada, incluso en la anterior
visita de seguimiento realizada entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de 2012
(época de lluvias), siendo abarcados dos tipos de periodos climáticos (máximas y
mínimas pluviosidades al interior del régimen bimodal presente en este municipio,
en concordancia con lo descrito en el numeral 2.1.1 del presente Concepto
Técnico). En estos puntos de observación se pudo calcular que para ese sector en
particular, la quebrada se encuentra entre 80 y 100 metros por encima del fondo
del pit.
Esto último es manifestado en los fundamentos fácticos 1 y 3, en el cual igualmente
afirman que la Empresa profundizará "por lo menos 100 metros más el fondo del
pit. Sobre esto es preciso aclarar que el nivel actual del fondo del pit con respecto
del lecho de la quebrada Chicalá (aprox. 100 metros), tal como lo detalla ese
fundamento fáctico, se encuentra de acuerdo al plan minero aprobado y además
que, cualquier modificación a estos parámetros de explotación, como aumentar el
fondo del pit a 230 metros, actualmente no es contemplado dentro de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
condiciones establecidas vigentes y de ser esa la intención de la Empresa, se
deben surtir los trámites correspondientes a una modificación del Plan de Manejo
Ambiental.
Desde los puntos de observación, hasta el frente minero que se encontraba activo
antes de la suspensión de las actividades mineras, existen aproximadamente entre
150 y 200 metros.
(...)
2.3.2 DESARROLLO DE VOLADURAS PARA LA EXTRACCIÓN DE CALIZA
Debido a que el estudio IPMC-CH-G, que sirvió como base a la Alcaldía del
municipio de San Luis para imponer la medida preventiva de suspensión de
actividades mineras, afirmó que los eventos de voladura realizados por la Empresa
se encuentran por fuera de los rangos permitidos, para lo cual tomaron como
referencia la voladura C270, en los términos descritos en el numeral 2.1.4 del
presente Concepto Técnico, al igual que lo manifestado en los fundamentos
fácticos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15, esta Autoridad considera que si bien en alguna
oportunidad se presentaron eventos de voladuras con características similares a
las anotadas en el estudio soporte, estos obedecen a situaciones en tiempo que
no serían aplicables a la situación de facto que invoca el ente territorial para
imponer la medida preventiva, por cuanto éstas han sido corregidas de acuerdo a
los conceptos técnicos regularmente remitidos por CORTOLIMA como resultado
del acompañamiento de sus funcionarios, previamente programados de manera
mensual en la mina "La Esmeralda", y que son utilizados para los seguimientos
ambientales desarrollados por la ANLA (estos conceptos técnicos de CORTOLIMA
reposan en el expediente LAM1499).
De acuerdo a la evaluación técnica y documental del proyecto, se ha verificado
que CEMEX COLOMBIA S.A realiza pre corte de la caliza por voladura, el cual
consiste en la fragmentación de la roca caliza con explosivos (de acuerdo a una
malla de voladura prediseñada). La operación de perforación de barrenos, se
ejecuta con equipos rotatorios como la perforadora DrillTech C25K o equipos
rotopercutivos como la perforadora TamRock Pantera 1100. Las voladuras de la
mina se programan siguiendo una secuencia ordenada que cumple con el proyecto
de explotación de la cantera. Los diseños se hacen de acuerdo a parámetros
preestablecidos resultado de diversos estudios técnicos que ha realizado la
Empresa para la optimización de las voladuras de acuerdo a las características
litológicas y estructurales de la roca y la cercanía del corregimiento de Payandė
(Blast Dymamics a Subsidiary of Vibra-Tech, Vibration Modeling and Blast
Performance Quantification, Cementos Diamante del Tolima – Chicala Quarry,
February 19, 1993).
(…)
Con relación al daño producido por las voladuras a las viviendas del corregimiento
de Payande, la empresa realizó en el 2007 un estudio diagnóstico de patologías
en las viviendas del centro poblado, donde se identificaron según los métodos
constructivos, los tipos de fallas evidenciados en las viviendas, razón por la cual la
empresa creó el proyecto de "Mejoramiento de Vivienda" que se viene realizando
desde el 2009 con los Técnicos de Mampostería del SENA (proyecto no objeto de
seguimiento por parte de esta Autoridad por no encontrarse dentro de las Medidas
de Manejo Ambiental aprobadas). Este programa se realiza a través de alianzas
realizadas con entidades educativas gubernamentales, específicamente el SENA,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
con el fin de proveer capacitación en diferentes disciplinas a jóvenes y adultos en
Payandé.
Teniendo en cuenta la forma en la cual CEMEX COLOMBIA S.A. realiza la
voladuras para el arranque de caliza, esta Autoridad no cuenta con elementos de
juicio técnicos diferentes a los analizados anteriormente, que permitan inferir que
las voladuras se estén realizando de manera inadecuada y en consecuencia se
relacionen con fracturamientos de roca por fuera de las áreas de explotación, más
aún, teniendo en cuenta que los argumentos que se utilizaron por parte del estudio
y en suma de la resolución de medida preventiva, obedecen a eventos anteriores
al 2005 y a la transcripción textual de varios informes de la época de los hechos.
Los argumentos esgrimidos por la Alcaldía del municipio de San Luis, no
corresponden a una investigación profunda con resultados de análisis de
información levantada en campo y con parámetros comparables con la información
que se posee a la fecha, tanto por la autoridad ambiental como de la autoridad
minera.
(...)
Que, finalmente en el citado Concepto Técnico No.1452 de septiembre 3 de 2012
se exponen las siguientes consideraciones:
"3. CONCEPTO
Tal como se describió en el numeral 2.3 (CONSIDERACIONES DE LA ANLA) del
presente Concepto Técnico, esta Autoridad no cuenta con los elementos técnicos
y científicos que permitan establecer la relación entre las voladuras realizadas para
el proceso de arranque de caliza por parte de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A.
y la presunta infiltración de las aguas de la quebrada Chicalá a través de las
fracturas de la roca subyacente a dicha corriente hídrica. Es claro, que no existe
certeza absoluta del presunto daño ambiental que se estaría produciendo a causa
de las voladuras realizadas y es así como los FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE
JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN, invocados en la Resolución
000175 del 13 de agosto de 2012, no pudieron ser probados una vez se realizó la
evaluación técnica por parte de esta Autoridad. Esto, en consecuencia, no permite
que se demuestre una relación entre las voladuras realizadas en la actividad
minera, la disminución de caudales en la quebrada Chicalá y las afectaciones a las
viviendas del centro poblado del corregimiento de Payandé, con las evidencias
técnicas actuales.
Igual caso se presenta con el análisis realizado a las demás presuntas
afectaciones que son involucradas en el estudio presentado por la Alcaldía de San
Luis, como la contaminación por sedimentos a la quebrada El Salado, el
inadecuado funcionamiento del pozo sedimentador y demás sedimentadores, las
actividades relacionadas con las escombreras y la pérdida de tributarios de la
quebrada El Salado a causa de la actividad minera, las cuales fueron consideradas
en el presente Concepto Técnico, y en el que no se encontraron méritos que den
lugar a una suspensión de la actividad minera.
No obstante, lo anterior, dado que es de interés general para la comunidad del
corregimiento de Payandé y en general para todo el municipio de San Luis
(Tolima), e igualmente para esta Autoridad, verificar técnica y científicamente la
presunta afectación a las quebradas El Salado y Chicalá a causa de las voladuras
realizadas por CEMEX COLOMBIA S.A. y demás actividades mineras, se
procederá a recomendar una indagación preliminar la cual tendrá por objetivo
comprobar mediante un estudio realizado, a costo de CEMEX COLOMBIA S.A. y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
por una entidad de alta idoneidad y reconocimiento nacional o internacional, la
variación de la dinámica hidrológica y sedimentológica de las quebradas El Salado
y Chicalá, en lo relacionado con la posible fractura de la roca subyacente al cauce
de estas quebradas y en consecuencia una infiltración de sus aguas a través de
dichas fracturas.
Este estudio debe contener al menos lo siguiente:
• Pruebas con isotopos radioactivos para determinar si las aguas de las quebradas
El Salado y Chicalá se infiltran a través de la roca subyacente a los respectivos
cauces y posteriormente se dirigen subterráneamente hacia el sumidero del fondo
del pit.
• Determinación de las vibraciones provocadas por las voladuras en los cauces de
las quebradas El Salado y Chicalá, mediante la toma de datos por sismógrafo y
geófono, con el fin de determinar la incidencia de las mismas sobre el
comportamiento geotécnico del macizo rocoso que subyace a las quebradas objeto
de estudio.
• El estudio debe contemplar una caracterización hidrogeológica detallada, que
permita mostrar la interacción de estructuras y fallas geológicas, con el
comportamiento hídrico superficial y subterráneo de la zona que rodea el actual pit
de explotación minera.
• Los resultados del anterior estudio deben ser socializados con la comunidad del
corregimiento de Payandé y las autoridades municipales locales, garantizando una
convocatoria representativa.
• Copia de los resultados obtenidos en el anterior estudio deben ser remitidos,
además de a esta Autoridad, a las siguientes entidades: Alcaldía del municipio de
San Luis, Personería del municipio de San Luis, Corregiduría del corregimiento de
Payandé, Gobernación del Tolima, Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima,
CORTOLIMA y Agencia Nacional de Minería. De lo anterior se debe remitir copia
de los oficios remisorios a la ANLA, con destino al expediente LAM1499".
DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES-ANLA:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, el Ministerio
del Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre
con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.
A través del Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 se modifican los objetivos
y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 7 del artículo 3º del Decreto 3573 tiene a su cargo la
función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y
sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
de 2009; en consecuencia, en el presente caso le compete decidir sobre la solicitud
presentada por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. de levantamiento de la
medida preventiva de suspensión de actividades impuesta a través de la
Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012, proferida por la Alcaldía del
municipio de San Luis, departamento del Tolima.
FUNDAMENTOS LEGALES
De la protección del derecho al medio ambiente como deber social del Estado
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines."
El artículo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución..."
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente,
es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución
Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la
sentencia T-254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa
del derecho al Medio Ambiente Sano:
“...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le
imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad
de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que
le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.
El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los
impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el
Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias
ambientales...".
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí el
objeto para crear el Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la gestión ambiental y de los
recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de respeto entre el
hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación y
preservación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones", cabe destacar que las medidas preventivas se
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que la originaron.
Que la función preventiva de la autoridad ambiental encuentra fundamento en
varias disposiciones constitucionales, por ejemplo, el artículo 80 de la Carta
Política establece que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; así mismo, dispone que le corresponde prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.
Que los artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 establecen que las medidas
preventivas, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana; a su vez en el artículo 13, dicha norma añade que comprobada
su necesidad, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto
administrativo motivado.
Que, en el caso concreto que nos ocupa, según lo señalado en el parágrafo
primero, artículo segundo de la 00175 del 13 de agosto de 2012, considera esta
Autoridad que la condición de:
"Igualmente la medida preventiva se mantendrá, hasta tanto el Congreso de la
República en uso de sus facultades constitucionales, legisle sobre los limites
permisibles para voladuras en actividad minera, por las razones expuestas en la
parte considerativa" es desproporcionada y carece de razonabilidad jurídica, por
no depender de la voluntad de la empresa presuntamente infractora la posibilidad
de hacer cesar a través de esa condición los posibles impactos que se puedan
identificar como un riesgo potencial de afectación a los recursos naturales.
Respecto a la condición establecida en el artículo segundo de la mencionada
resolución, el concepto técnico 1452 de septiembre 3 de 2012 emitido por esta
Autoridad, genera los argumentos para considerar la necesidad de la realización
de estudios que apunten a dar claridad al respecto de los hechos que motivaron la
medida, pues en el momento no se cuenta con los elementos técnicos y científicos
que permitan establecer el nivel de riesgo y relación entre las voladuras realizadas
para el proceso de arranque de caliza por parte de la empresa CEMEX COLOMBIA
S.A. y la presunta infiltración de las aguas de la quebrada Chicalá a través de las
fracturas de la roca subyacente a dicha corriente hídrica.
Además, debe tenerse en cuenta que la imposición de las medidas preventivas, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009, tiene por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
En el caso que nos ocupa, el presunto impacto ambiental que se estaría
produciendo a causa de las voladuras realizadas por la empresa e invocado en la
Resolución 000175 del 13 de agosto de 2012 como FUNDAMENTOS FÁCTICOS
QUE JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN, no tienen una
excepcionalidad e inmediatez que vayan más allá de lo técnicamente previsto e
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
impuesto ordinariamente en las medidas de manejo ambiental actualmente
vigentes para este proyecto; por el contrario, en el seguimiento ambiental que se
ha realizado al proyecto, según el C.T. 1452 de septiembre 03 de 2012, afirma,
entre otras cosas, por ejemplo "...Igual caso se presenta con el análisis realizado
a las demás presuntas afectaciones que son involucradas en el estudio presentado
por la Alcaldía de San Luis, como la contaminación por sedimentos a la quebrada
El Salado, el inadecuado funcionamiento del pozo sedimentador y demás
sedimentadores, las actividades relacionadas con las escombreras y la pérdida de
tributarios de la quebrada El Salado a causa de la actividad minera, las cuales
fueron consideradas en el presente Concepto Técnico, y en el que no se
encontraron méritos (sic) que den lugar a una suspensión de la actividad minera.".
La Resolución 0175 de agosto 13 de 2012 refiere, para imponer la medida
preventiva, fundamentos fácticos de más de 10 años, como son las voladuras D-
102 de mayo 02 de 2000 que produjo lanzamiento de rocas al área urbana del
corregimiento de Payandé; la voladura C-107 de enero 17 de 2000 y C-116 de abril
14 de 2000 que superaron los valores de vibración y, así mismo la voladura C-270,
cuya fecha no se indica (de la cual se afirma en la resolución no ha existieron
controles), C-179 de julio 02 de 2002 que provocó una fuga de gases y ruido y son,
según lo dice la citada Resolución, las que han causado graves fraccionamientos
al macizo rocoso, con pérdida del caudal de las aguas en 16 l/s (sic).
Esto demuestra que la autorización que el legislador otorgó a las Autoridades
Ambientales para imponer medidas preventivas, como la referida en este asunto,
debe responder al principio de inmediatez y a razones fundadas, que supone
actuar frente a (i) la ocurrencia de un hecho, (ii) la realización de una actividad o
(iii) la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana; lo descrito y tenido como fundamentos
fácticos, junto con los estudios soporte de la medida y las pruebas ordenadas
practicar como condición para levantarla, son propios del seguimiento ambiental
que las autoridades ambientales deben realizar a todo proyecto, obra o actividad
y, en caso de existir hechos que, como medidas de manejo, se deben corregir o
establecer, podrá imponer las medidas de manejo ambiental que técnicamente se
recomienden, entre ellas, y en casos excepcionales, hasta prohibir si es del caso
la actividad o parte de ella cuando se atente y afecte gravemente el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; pero se repite,
previa comprobación técnica de ello.
En el ejercicio de la función de seguimiento se verifica, periódicamente, tanto el
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental como el comportamiento físico,
biótico y social que se genera por el proyecto, obra o actividad con el fin de
determinar la necesidad de imponer medidas ambientales adicionales y/o suprimir
las innecesarias; y en ésta labor, como sería el caso objeto de los fundamentos
fácticos de la Resolución 0175 de agosto 13 de 2012, establecer la relación entre
las voladuras realizadas en la actividad minera, y disminución de caudales en la
quebrada Chicalá; las afectaciones a las viviendas del centro poblado del
corregimiento de Payandé, con las evidencias técnicas actuales.
Hasta la fecha, este Autoridad, atendiendo lo expuesto en el Concepto Técnico
No.1452 de septiembre 3 de 2012 emitido por el Grupo de Seguimiento de esta
Entidad, no encuentra procedente el uso del mecanismo excepcional para
suspender el régimen jurídico ordinario aplicable e impuesto a este proyecto por
Resolución 0367 de marzo 31 de 2003, pues tal como lo ha dicho la Corte
Constitucional, según la sentencia C-703/10 "Las consecuencias gravosas y
restrictivas de las medidas preventivas que, como se apuntó, en la práctica
conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones normales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
hacen indispensable que a la valoración fundada que antecede a su adopción se
le agreguen algunos limites que, en términos generales, al menos procuren dotar
a la medida adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el
desbordamiento o la arbitrariedad.".
Lo anterior no obsta para que la empresa CEMEX COLOMBIA S.A dé
cumplimiento a las obligaciones indicadas en el Concepto Técnico No.1452 de
septiembre 3 de 2012 y acto administrativo que las imponga.
En conclusión, esta Autoridad accederá a la solicitud de levantamiento de la
medida preventiva en comento.
En mérito de lo anterior,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - Levantar la medida, preventiva consistente en la
suspensión de las actividades de explotación minera realizada por la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A. en el corregimiento de Payandé, jurisdicción del
municipio de San Luis, departamento del Tolima, impuesta, a través del artículo
primero de la Resolución 00175 del 13 de agosto de 2012, expedida por el alcalde
municipal de San Luis, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo
al representante legal o apoderado debidamente constituido de la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A., a la Alcaldía del municipio de San Luis, Tolima; a la
Personería del municipio de San Luis, Tolima; al corregimiento de Payandé, a la
Gobernación del Tolima, a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, a los señores José
Agustín Ospina y Sonia Isabel Corrales y a la Agencia Nacional de Minería.
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el contenido del presente acto administrativo en
la Gaceta Ambiental de la página web de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y surte efectos a partir de su comunicación que se entenderá surtida
dentro de los cinco (5) días siguientes del envió del correo certificado. La
constancia del envío se anexará al Expediente LAM 1499.
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no
procede recurso alguno.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como vulnerados los artículos 29, 79 y 209 de la Constitución
Política, los artículos 1, 2, 3, 5, 17, 32 y 35 de la Ley 1333 de 2009, los artículos 37,
39 y 40 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 y la sentencia SU
424 de 2012, proferida por la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
1.3.1. En el capítulo correspondiente a los hechos de la demanda y la reforma
de esta, señaló que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 de la Ley
1333 de 2009, le impuso una medida preventiva en materia ambiental a la empresa
Cemex, consistente en la suspensión de la explotación minera en el Corregimiento de
Payandé, que se ubica en el Municipio de San Luis, la cual se soportó en el estudio
técnico que efectuó la firma consultora Cesar Gaviria ingeniería en el año 2012.
Informó que, los habitantes del citado sector se han visto gravemente afectados con
la polución que genera la extracción de caliza y con las constantes voladuras, las
cuales produjeron agrietamientos en las paredes, techos y ventanas de sus viviendas.
Indicó que, la comunidad considera que los órganos de control no han incorporado los
mecanismos necesarios para mejorar la situación, pues cuando se hacen las
mediciones correspondientes, el análisis arroja un reporte favorable, asegurando que
todo está dentro de los límites permitidos.
Expuso que, a pesar de ser un municipio de sexta categoría, con condiciones
económicas precarias, realizó un gran esfuerzo, para que se llevará a cabo el estudio
ambiental que soportó la medida provisional y el cual tenía como propósito conocer la
situación ambiental del territorio de San Luis y el impacto de la explotación minera en
esa zona. Sin embargo, a la fecha la ANLA no ha elaborado ninguno estudio que
desvirtué lo allí expuesto.
Señaló que, le solicitó a la demandada que le permitiera participar en la etapa
probatoria que había sido ordenada mediante la Resolución nro. 742 del 10 de
septiembre de 2012. Sin embargo, esta dio respuesta a través del oficio del 20 de
noviembre del mismo año, enfatizando en que no se había decretado ninguna clase
de prueba.
Adujo que, los estudios técnicos efectuados por el municipio mostraron un deterioro
ambiental causado por las voladuras de la empresa, las cuales generaron
fracturaciones de roca y pérdidas de diecisiete litros por segundo (17 L/s) del caudal
en las quebradas circundante al ente territorial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Informó que, observó presencia de agua en los PITS con una coloración azulosa que
posiblemente se asociaba con la presencia de hidróxidos y sulfuros de cobre disueltos
o lixiviados.
Manifestó que, el cauce de la quebrada Chicalá se encontraba topográficamente a
cien metros (100 mts) por encima del PIT de la mina en la que se localizan los lagos
o sumideros, el cual de acuerdo con el Plan Minero aprobado y las condiciones del
yacimiento calcáreo será profundizado por lo menos cien metros (100 mts) más.
Mencionó que la ANLA, permitió que se efectuaran voladuras con sismógrafos que
tienen la certificación de calibración vencida; además, dicha actividad ha superado los
niveles de vibración que prevé la norma DIN 4150 de 1983.
Posteriormente, procedió a pronunciarse sobre cada uno de los conceptos que fueron
emitidos y sostuvo que: i) en el Concepto técnico nro. 1180-356 de Minercol se
identificaron los límites permisibles de vibración en el área del contrato de concesión
nro. 4205 y el patrón de voladuras en la población de Payandé; ii) en los informes de
las visitas de los días 26 de mayo y 12 de agosto de 2010, que efectuó la Corporación
Autónoma Regional del Tolima (en adelante Cortolima), se constató que Cemex no
había dado cumplimiento al auto nro. 1052 del 6 de agosto de 2009, en el que se
ordenaba la instalación de tres (3) sismógrafos; iii) en las visitas del 27 de noviembre
de 2010 y 10 de mayo de 2011, Cortolima señaló que los sismógrafos no contaban
con los certificados de calibración vigente y iv) la autoridad ambiental los días 9 de
febrero y 15 de marzo del año 2012, determinó que las voladuras estaban por encima
de los límites de la norma DIN 4150 de 1983.
Aseveró que, con las pruebas que obraban en el expediente administrativo, se podía
demostrar el incumplimiento en materia ambiental, pues los estudios que llevó a cabo
el municipio y los análisis adicionales de Cortolima y Minercol daban fe de los notables
daños que estaba causando Cemex. Afirmó que, la medida preventiva adoptada en la
Resolución nro. 000175 de 2012, fue sustentada en los enunciados documentos, la
cual fue levantada por la ANLA con la Resolución 742 de 2012, sin desvirtuar el
desacato de la norma ambiental.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Posteriormente, en el acápite de fundamentos jurídicos, señaló que la ANLA, a través
del auto nro. 2829 del 10 de septiembre de 2012, avocó conocimiento sobre la medida
preventiva que emitió el Municipio de San Luis. Sin embargo, en la misma fecha,
profirió la Resolución nro. 742, ordenando su levantamiento; transgrediendo de esa
manera el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que, “Las medidas
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que
han desaparecido las causas que las originaron”3.
Indicó que la demandada no concedió la oportunidad para aportar pruebas. En
cambio, fundamentó su decisión en un concepto que fue allegado antes de que esta
conociera de la medida, es decir, no fue incorporado dentro del periodo probatorio.
Por lo tanto, el documento no acató los parámetros establecidos por la legislación, ya
que las demás partes no conocieron de este.
Manifestó que, con la decisión impugnada se vulneraron los artículos 29 y 79 de la
Constitución Política, el artículo 22 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente
y el desarrollo y la sentencia T 348 de 2012, debido a que adoptó una decisión sin
garantizar la participación de la comunidad aun cuando se logró probar que las normas
ambientales habían sido inobservadas.
Informó que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, todos los Alcaldes
tienen la competencia de imponer medidas preventivas, quienes deberán dar traslado
de la misma a la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la imposición de esta.
En ese orden, mencionó que la ANLA levantó la medida preventiva argumentando que
la Resolución nro. 0175 de 13 de agosto de 2012, se basó en hechos de más de diez
(10) años, interpretando de manera aislada la evidencia en el proceso. Sin embargo,
adujo que respaldó su acto administrativo con estudios contratados en 2012 y con
conceptos de Cortolima y Minercol de 2009, 2010 y 2011; indicó que la referencia
histórica se dio con la intención de demostrar los cambios del medio ambiente.
3 Visible a folio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Por otro lado, dijo que la autoridad ambiental había infringido el inciso segundo del
artículo 37 y el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, al adoptar una decisión sin
garantizar el derecho de participación de la comunidad de Payandé, pues debió
divulgarla a través de un medio masivo de comunicación para que los terceros
pudieran intervenir en la actuación administrativa.
Comentó que, la ANLA había transgredido el artículo 79 de la Constitución Política, al
no analizar las pruebas que reposaban en el expediente, especialmente los
documentos y testimonios que se relacionaban con las enfermedades respiratorias
que padecen los habitantes de Payandé.
Reiteró que, la Resolución nro. 0742 del 10 de septiembre de 2012, había sido
proferida el mismo día en que se avocó conocimiento, lo que demostraba que no hubo
una actuación, ni práctica de pruebas y tampoco, la posibilidad de controvertirlas,
generando la vulneración del derecho al debido proceso. Asimismo, puso de presente
que, si la administración hubiese acatado el trámite correspondiente, el resultado no
hubiese sido ordenar el levantamiento de la medida.
Expuso que la ANLA incurrió en una vía de hecho, al declarar agotada la vía
gubernativa en el expediente que remitió el Alcalde del Municipio de San Luis, sin
previamente iniciar la actuación administrativa correspondiente, tal y como lo
establece la Ley 1333 de 2009. Asimismo, se vulneró el artículo 38 de la Ley 1437 de
2011 y 79 de la Constitución Política, al no permitírsele al demandante y a los terceros
participar en el proceso y al no haber sido divulgado el mismo en un medio masivo de
comunicación.
Resaltó que se había incumplido el artículo 40 del CPACA, debido a que se adoptó
una decisión sin la posibilidad de presentar recursos, sin iniciar la indagación
preliminar, sin practicar las pruebas y evitando que el Municipio de San Luis y la
comunidad ejercieran su derecho a la defensa.
Afirmó que, al levantar la medida preventiva el mismo día en que conoció de la
actuación, la ANLA transgredió el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, pues no podía
tomar esa decisión si las causas que dieron origen a la misma no habían desaparecido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
y más, cuando no se acató el parágrafo 1 del artículo 1 ibidem, que establece que la
carga de la prueba recae en el infractor, porque se presume su culpa y dolo.
Argumentó que la demandada, había omitido efectuar los controles ambientales que
le habían sido encomendados.
Por otro lado, aseguró que el acto acusado incurrió en desviación de poder, debido a
que en este se indicó que desde hace diez (10) años, las voladuras han superado los
límites permisibles y según el material probatorio, dicho incumplimiento continuó en
los años 2009, 2010 y 2011, de acuerdo con los conceptos de Cortolima y Minercol.
Sin embargo, tal situación no fue suficiente para que la ANLA procediera analizar de
una forma más precisa el material probatorio, más cuando el artículo 17 de la Ley
1333 de 2009, establece que con el objetivo de iniciar un proceso sancionatorio se
debe efectuar una indagación preliminar cuándo sea el caso.
1.3.2. Posteriormente, formuló el cargo que denominó “Principios rectores de
la actuación administrativa y violación del debido proceso al actuar la Directora del
ANLA bajo una cuerda no prevista en el ordenamiento jurídico”. Expuso que, era un
deber de la administración efectuar la indagación preliminar de acuerdo con lo previsto
en el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, en los artículos 4, 34, 35, 36, 37 y 38 del
CPACA y en los artículos 29 y 79 de la Constitución Política, ya que con dicho trámite
se decide si existe o no mérito para iniciar un proceso sancionatorio o si se enmarca
en una causal de eximente de responsabilidad.
Añadió que, la norma concede un término de seis (6) meses para que la autoridad
adelante dicha etapa, la cual culminaría con una orden de archivo o con la apertura
de una investigación. Sin embargo, en el caso en estudio ello no sucedió, pues se
actuó con agilidad y sin analizar lo acontecido, se ordenó el levantamiento de la
medida preventiva.
1.3.3. Aunado a lo dicho planteó el cargo denominado responsabilidad objetiva
en materia ambiental. Indicó que la ANLA había vulnerado los artículos 29, 79 y 209
de la Carta Política y los artículos 3 y 35 de la Ley 1333 de 2009, pues sin que
existieran pruebas suficientes ordenó suspender la orden impuesta por el Municipio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
de San Luis a Cemex, más cuando dicha sociedad era la encargada de demostrar que
no estaba incurriendo en ninguna afectación al medio ambiente.
1.3.4. Por último, señaló que la Resolución nro. 0742 del 10 de septiembre de 2012,
ponía en riesgo permanente a la comunidad de Payandé, ya que se alejó de los
postulados legales debido a que no se inició la indagación preliminar, transgrediendo
así el debido proceso y los principios de la actuación administrativa.
Reiteró que, la ANLA en cumplimiento del numeral 2 del artículo 38 del CPACA y el
29 de la Constitución Política, tenía la obligación de informarle a los terceros que
resultarían afectados con su decisión, a través de un medio masivo de comunicación.
II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El MADS4 contestó la demanda manifestando su oposición a todas y
cada una de las pretensiones, por cuanto carecen de fundamento fáctico, jurídico y
probatorio.
Informó que la ANLA había sido creada mediante la Ley 3573 de 2011 y que tenía las
facultades para ser parte dentro del proceso, puesto que contaba con representación
judicial y extrajudicial, tal como lo prevé el artículo 13 numeral 3 ibidem.
Expuso que dicha cartera ministerial no había incurrido en ninguna actuación omisiva,
ya que la encargada del trámite sancionatorio ambiental por posible explotación
minera en la Jurisdicción del Municipio de San Luis, era la ANLA. Procedió a trascribir
el artículo 1 del Decreto Ley 3570 de 2011, en el que se encuentran establecidas las
funciones del MADS.
Mencionó que no era la entidad encargada de responder en el presente proceso, toda
vez que las funciones que tiene a su cargo son las de formular políticas nacionales en
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y establecer las
reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares
adyacentes, así como regular las condiciones generales para el saneamiento del
4 Folios 502 a 513 del Cuaderno nro. del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
medio ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y
recuperación de los recursos naturales. Al igual que, del escrito de demanda, no se
demuestra que exista una acción u omisión que le sea imputable al MADS y que
genere una irregularidad.
Finalmente propuso las excepciones de: “INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA DE
CONGRUENCIA DE LA ILEGALIDAD CON LA VIA ESCOGIDA POR EL ACTOR DE LA ACCIÓN
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”, “INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA
DE RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE” y
“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”.
2.2. La ANLA5, por su parte, se pronunció sobre los hechos de la demanda
señalando lo siguiente:
Manifestó que, el Municipio de San Luis remitió la decisión de imposición de medida
preventiva a dicha autoridad mediante oficio nro. 4120E1 45141 2012 del 28 de agosto
de 2012, anexando el informe denominado “IMPLICACIONES PROYECTO MINERO
CANTERA CHICALÁ – GUACAMAYAS” y la Resolución nro. 000175 del 13 de agosto
de 2012, tramite del cual tuvo conocimiento.
Indicó que, respecto de las mediciones de la calidad del aire que reposan en el
expediente del proyecto de explotación minera de caliza “Mina La esmeralda”,
corresponden a los resultados obtenidos por el sistema de vigilancia implementado
por Cemex Colombia, el cual consta de seis (6) estaciones de monitoreo para
partículas suspendidas totales (PST) y material particulado con un tamaño menor a
diez (10) micras (PM10).
Expuso que los promedios que resultaron de la campaña de monitoreo del aire en el
Corregimiento de Payandé, que se efectuó en los años 2008 a 2011 y que fueron
comparados con la norma aplicable en Colombia, arrojaron el siguiente informe:
5 Folios 383 a 413 Cuaderno principal nro. 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
De la anterior gráfica extrajo que, de acuerdo con los valores de PST como de PM10,
las estaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto se han mantenido por
debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa vigente.
Adicionalmente, informó que el sistema de vigilancia de la calidad del aire no soló
monitorea las emisiones atmosféricas de la mina La Esmeralda, sino también las
producidas por la Planta Cementera de la empresa Cemex Colombia ubicada en el
Municipio de Ibagué, sobre la margen del Río Coello. Adujo que las autorizaciones
con las que cuenta dicha empresa fueron expedidas exclusivamente por Cortolima.
Manifestó que, la ANLA estaba encargada de hacer cumplir las normas ambientales
y de verificar los posibles daños que se le causen al ambiente; al igual que, sancionar
a los responsables, solo cuando se logran probar dichas situaciones.
Respecto del acompañamiento a las visitas de seguimientos por parte de la
comunidad del corregimiento de Payandé, señaló que la ANLA y el MADS en el marco
del cumplimiento de sus obligaciones ambientales, como es verificar las medidas de
manejo ambiental, llevaron a cabo una serie de reuniones con los representantes de
la población, el personero del Municipio de San Luis y el alcalde de dicho territorio,
para que manifestaran sus opiniones sobre las actividades que desarrolla la empresa
Cemex.
Informó que, durante los recorridos realizados los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo
y 13 y 17 de agosto de 2012, en la Quebrada El Salado, se conversó con los habitantes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
sobre las afectaciones que se han generado en el recurso hídrico con las actividades
de extracción por parte de la citada compañía. Por lo tanto, era claro que la ANLA
siempre ha contado con la participación de la comunidad que reside en el área de
influencia del proyecto minero, tanto en las inspecciones como en la toma de las
decisiones administrativas.
Sostuvo que, el informe técnico al que hace referencia el demandante y el cual sirvió
de soporte para imponer la medida preventiva, fue revisado por funcionarios de la
ANLA, con base en una visita de campo que se efectuó del 13 al 17 de agosto de
2012, es decir, con posterioridad a la emisión de la Resolución nro. 175 del 13 de
agosto de 2012 y que los argumentos esgrimidos por la Alcaldía del Municipio de San
Luis fueron objeto de consideración técnico-científica en la Resolución nro. 742 de
2012.
Afirmó que, en virtud de lo previsto en el Titulo III, artículo 13 parágrafo 2 de la Ley
1333 de 2009, avocó conocimiento de la medida preventiva que impuso a prevención
el Municipio de San Luis. Resaltó que, dicha norma no obligaba a la autoridad a
continuar con un procedimiento administrativo o a ratificar la decisión de la entidad
territorial, sino que debía analizar si era necesario o no continuar con la misma y
dependiendo del resultado, tenía que emitir un acto, debidamente motivado en el que
definiera si la levantaba o no.
Señaló que, los argumentos del actor carecían de sustento legal y que además, había
interpretado de forma errada la norma, pues sí se practicaron pruebas, como fue la
visita de verificación efectuada por funcionarios de la ANLA los días 13 al 17 de agosto
de 2012, la cual arrojó como resultado el Concepto Técnico 1452 del 3 de septiembre
de 2012, en el que se concluyó que no era necesario mantener la medida preventiva
y recomendó su levantamiento. Lo que demuestra que existió evidencia suficiente y
relevante para que dicha autoridad expidiera el acto impugnado.
Por otro lado, indicó que no vulneró el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, pues al
momento de avocar conocimiento en el auto nro. 2829 del 10 de septiembre de 2012,
se verificaron los hechos que sustentaron la medida preventiva impuesta a Cemex, a
través de la visita técnica que se llevó a cabo en el año 2012 y el análisis de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
documentos aportados por la demandante, encontrando que las razones no eran
suficientes para ratificarla.
Posteriormente, trajo nuevamente a colación el Concepto técnico nro. 1452 de 2012,
para mencionar que en este se le recomendó a la autoridad ambiental efectuar
estudios técnicos y científicos que permitieran establecer la relación entre las
actividades mineras que desarrolla Cemex y las presuntas afectaciones al medio
ambiente denunciadas, dado que para ese momento no habían sido probadas.
Asimismo, informó que si bien la Resolución 742 de 2012, no decretó las pruebas sí
enunció textualmente que “lo anterior no obsta para que la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A de cumplimiento a las obligaciones indicadas en el concepto técnico
nro. 1452 de septiembre 3 de 2012 y acto administrativo que las imponga”6, situación
que fue ordenada en el auto nro. 3276 del 19 de octubre de 2012, en cumplimiento de
la función de seguimiento y control que ejerce la ANLA.
Bajo la misma línea, aseveró que el citado estudio abordó la presunta pérdida de
caudal en la Quebrada Chicalá, la cual es atribuible a la infiltración de aguas por
fractura en las rocas, causada por las voladuras de Cemex. Adicionalmente, expuso
que el estudio efectuado por la firma Cesar Gaviria Ingeniería contiene unos aforos
realizados en las Quebradas El cobre, El Salado y Chicalá donde se utilizó el método
del flotador. Sin embargo, dicho mecanismo tiene limitaciones, pues proporcionan
valores estimatorios; por lo que para obtener una mayor precisión es necesario hacer
uso del plan de molinete, ya que el primero en mención no funcionada para analizar
corrientes de agua monitoreada, porque tienen variaciones muy abruptas en su cauce.
Sobre la presunta pérdida de diecisiete litros por segundo (17 L/s) en la fuente
denominada Chicalá, dijo que los resultados eran dudosos, pues se reportó que entre
el punto de agua arriba de la mina y el sector Las Cascadas, se pierde dieciséis coma
treinta y tres litros por segundo (16.33 L/s), cuando el valor obtenido para esa
Quebrada aguas arriba es de trescientos treinta y dos como veintitrés litros por
segundo (322.23 l/s), mientras que para la zona de Las Cascadas es de trescientos
cinco coma nueve litros por segundo (305.9 l/s).
6 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Afirmó que los valores eran incongruentes, dado que en El Cobre, que maneja una
cantidad de agua superior, se evidenció un caudal medio de ochenta litros por
segundo (80 l/s) de acuerdo con el EOT del Municipio de San Luis y los datos tomados
por la Ofician de Servicios Públicos de esa territorialidad en el mes de diciembre de
1999. Por lo tanto, era notable la diferencia, lo cual infiere que se incurrió en error al
momento de hacer el aforo.
Agregó que, las medidas establecidas por Cemex para el control de sólidos en la
Quebrada el Salado sí son suficientes, puesto que tienen un pozo sedimentador para
el tratamiento de las aguas de minería y unos sedimentadores en las vías internas
para el manejo de los sólidos por escorrentía o erosión de taludes.
Sostuvo que, con las visitas que llevó a cabo con la población de Payandé en la citada
fuente hídrica, se pudo constatar que allí no existía material sólido de gran tamaño
sobre su cauce.
Respecto del hecho relacionado con la coloración azul claro del agua del sumidero en
el fondo del pit de explotación, que se relaciona con el sulfato o hidróxido de cobre, el
cual proviene de la mina de cobre Flor Amarillo; mencionó que al verificar la
información encontró lo siguiente:
Adicionalmente, mencionó que de la visita de seguimiento efectuada en el mes de
agosto por Cemex, se presentaron los análisis fisicoquímicos realizados por el
Laboratorio Ambiental del Tolima – Corcuencas, que fue contratado por la empresa y
se encontraba certificado por el IDEAM. En dicho estudio se reportó que existía una
concentración de cobre de dos coma siete miligramos por litro (2.7 mg/l) en el agua
del sumidero. Asimismo, se mencionó que el mineral que reposaba en la Quebrada
Chicalá y en el fondo del pit, se originaban por escorrentías de aguas lluvias en las
paredes de los frentes de la mina La Esmeralda, ya que este abunda en el territorio
del Municipio de San Luis.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
En cuanto el color azul del agua en el sumidero sostuvo que tanto el sulfato como el
hidróxido de cobre, al disolverse con la fuente hídrica, pueden arrojar dicha tonalidad.
Sin embargo, este último mineral y los carbonos de calcio de la caliza también pueden
generar un tono azul aguamarina, lo que ocurre cuando la luz atraviesa el agua y filtra
todos los pigmentos del espectro visible. Por lo tanto, ello no puede ser una razón para
indicar que existe presencia de cobre en la Quebrada Chicalá.
Por otro lado, argumentó que el nivel del fondo del pit era de aproximadamente cien
metros (100 mts), el cual se encuentra acorde con el plan minero aprobado y que si
llegado al caso, se presenta la posibilidad de ampliarlo, la empresa Cemex tendrá que
surtir los trámites correspondientes para ello, lo que implicaría modificar las medidas
de manejo ambiental aprobadas en la Resolución nro. 0367 del 31 de marzo de 2023.
Expuso que, no existía una prueba técnica que demostrara que el agua de la
Quebrada Chicalá se está dirigiendo hacia el sumidero del fondo del pit de explotación.
Dijo que, no cuenta con los elementos para establecer la relación entre las voladuras
de Cemex y la presunta infiltración de las aguas de la citada fuente hídrica a través de
las fracturas de la roca subyacentes, por lo que procedió a recomendarle a la
mencionada compañía la práctica de unos estudios para comprobar la variación de la
dinámica hidrológica y sedimentológica de la Quebrada, los cuales debían contener lo
siguiente:
“Pruebas con isotopos radioactivos para determinar si las aguas de les quebradas
El Salado y Chicalá se infiltren a través de le roca subyacente a los respectivos
causes y posteriormente se dirigen subterráneamente hacia el sumidero del fondo
del pit.
Determinación de las vibraciones provocadas por las voladuras en los cauces de
las quebradas El Salado y Chicalá, mediante la toma de datos por sismógrafo y
geófono, con el fin de determinar la incidencia de las mismas sobre el
comportamiento geotécnico del macizo rocoso que subyace a las quebradas objeto
de estudio.
Caracterización hidrogeológica detallada del área, que permita mostrar la
interacción de estructuras y fallas geológicas, con el comportamiento hídrico
superficial y subterráneo de la zona que rodea el actual pit de explotación minera.”7
7 Folio 395 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Advirtió que, los estudios tendrían que ser socializados con la comunidad de Payandé
y con las autoridades municipales, de acuerdo con los previsto en el numeral 11 del
artículo 1 del auto nro. 3276 del 19 de octubre de 2012 y que la fecha máxima de
entrega era el 29 de abril de 2013.
Resaltó que, el informe de la firma de consultores Cesar Gaviria Ingeniería no
reportaba un porcentaje de remoción de los sedimentos, lo que evidenciaba que dicha
situación no había sido verificada en la inspección técnica, por lo que carecía de
certeza.
Respecto de la necesidad de un plan de contingencia en el evento en que se produzca
la ruptura de la banda transportadora que lleva material sobre el Río Coello, manifestó
que esa situación era competencia de Cortolima, por ser la entidad que profirió la
licencia ambiental.
Al pronunciarse sobre el hecho número 12 de la demanda, que hace referencia a los
planos topográficos, adujo que se abstenía de emitir algún comentario al respecto, ya
que las zonas del proyecto minero y las áreas de importancia ecológica de Payandé,
al igual que, los permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales y
concesiones de agua, son potestad de la autoridad municipal.
Frente a la falta de control de las voladuras efectuadas por Cemex en la actividad de
explotación minera, manifestó que el MADS a través de la Resolución nro. 367 de
2003, le estableció a dicha compañía unas medidas de manejo ambiental para el
proyecto de caliza, en las cuales se encontraba “el arranque de la caliza por medio de
un precorte por voladura, para la fragmentación de la roca con el uso de explosivos
tales como anfo, pentofex e indugel”8.
Asimismo, expuso que la demandada en la Resolución nro. 175 de 2012, afirmó que
dicha actividad estaba sobre pasando los rangos permitidos y un ejemplo de ello era
la voladura C270, llevada a cabo el 17 de noviembre de 2005. No obstante, si bien en
esa oportunidad se superaron los valores determinados en la norma DIN4150 de
1983, lo cierto es que, esa situación no aplica al caso, ya que fue en una época
8 Visible a folio 397 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
diferente a la que motivó la imposición de la medida; además, esas falencias fueron
corregidas tal y como reposa en los conceptos de Cortolima, que se encuentran en el
expediente LAM 1499.
Sobre la instalación de sismógrafos, indicó que no le asiste razón al actor, pues Cemex
puso unos en el Colegio San Miguel, la iglesia y el Puesto de Salud del Corregimiento
de Payandé, de acuerdo con lo recomendado en los estudios Blast Dynamics a
Subsidiary of Vibra-Tech, Vibration Modeling and Blast Perfomance Quantification,
Cementos Diamante del Tolima – Chicala Quarry, February 19, 1993, para monitorear
las voladuras. Además, esa actividad es supervisada por veedores que representan a
la comunidad y por funcionarios de Cortolima, los cuales avalaron que se cumplían
con los niveles máximos de vibración en virtud de lo previsto en la norma RI8507.
También, expuso que no tenía conocimiento sobre la falta de calibración de los
sismógrafos, debido a que es Cortolima la encargada de avalar los controles de las
voladuras, con los conceptos que son remitidos a la ANLA y que se encuentran en el
expediente LAM 1499.
Informó que, no cuenta con los elementos técnicos y científicos que permitan
establecer la conexión entre las voladuras realizadas en el proceso de arranque de
caliza y las presuntas afectaciones por agrietamientos en las viviendas del
corregimiento de Payandé.
Señaló que, en Colombia no existía una norma que regulara el cumplimiento de los
límites permisibles para las vibraciones provocadas por voladuras con explosivos, por
ello la empresa CEMEX, junto con MINERCOL y los representantes de la comunidad
del citado territorio, concertaron aplicar la norma RI8507 y eventualmente la DIN4150.
Esto fue avalado por Cortolima en su momento.
Manifestó que, la RI8507 fue diseñada con base al criterio de daños que previó la
oficina de Minas de los Estados Unidos, esta es un instrumento de manejo y control
de vibraciones para estructuras viejas en adobe o de mampostería. Sin embargo, la
ANLA no puede imponer el cumplimiento de la misma a Cemex, pues no se trata de
una disposición que este contemplada en la legislación Colombiana.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Reiteró que, según los informes de Cortolima las vibraciones de las voladuras cumplen
con los parámetros fijados en la citada norma. Ahora, sobre la DIN450 de origen
Alemán, adujo que se trata de un reglamento creado para las frecuencias bajas y para
construcciones sensibles a vibraciones, tales como monumentos u obras
arquitectónicas, lo que hace que contenga unos valores más restrictivos. No obstante,
esa directriz ha sido tomada por la mencionada compañía como referencia, más no
como meta de cumplimiento a corto plazo, ya que esos niveles representan
dificultades técnicas.
Ahora, sobre la necesidad de requerir estudios locales de propagación de las
vibraciones del terreno en diversas cargas, a distancias variables y con diferentes
condiciones de roca, expuso que Cemex cuenta con ese análisis que es el Blast
Dynamics a Subsidiary of Vibra-Tech, Vibration Modeling and Blast Perfomance
Quantification, Cementos Diamante del Tolima – Chicala Quarry, February 19, 1993,
el cual le sirve de sustento para diseñar las voladuras, las distancias de los barrenos,
la conformación de la malla de voladura, el tipo de explosivo y las demás
características; además, se encuentra vigente ya que el área no ha sufrido
variaciones.
Manifestó que, la vigilancia y control del estado actual de la cuenca de la Quebrada
Chicalá es competencia de Cortolima. Por lo tanto, no se pronunció al respecto.
Por otro lado, enunció que en sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2012,
emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima, se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Luz Dary Olaya de Trujillo en contra de Cemez y el MADS, en la que alegaba la
vulneración a sus derechos a la vida, salud y ambiente sano, debido a que
presuntamente fueron afectados por las actividades mineras desarrolladas por la
citada compañía en el Corregimiento de Payandé.
Propuso las excepciones de: “Falta de requisito de procedibilidad para acudir a la
Jurisdicción Contenciosa”, “Carecía de estimación razonada de cuantía” y “Carecía de
juramento estimatorio”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Por último, mencionó que había actuado acatando las leyes, por lo que no vulneró el
derecho al debido proceso. Además, la demanda carece de fundamento probatorio y
jurídico que permita evidenciar que el acto acusado fue expedido infringiendo la
Constitución.
2.3. La empresa Cemex Colombia9 como cuestión previa manifestó que interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución nro.
175 de 2012, mediante la cual el Municipio de San Luis le impuso una medida
preventiva cuyo número de radicado es 2013-00081 y conoce el Tribunal
Administrativo del Tolima.
Adicionalmente, solicitó ser tenida como coadyuvante de la parte demandada,
manifestando que se oponía a las pretensiones del libelo introductorio, debido a que
carecen de motivos o irregularidades que hicieran procedente la nulidad de la
Resolución nro. 742 de 2012. Aseguró que ésta había sido expedida bajo un estudio
serio y concienzudo de la autoridad ambiental.
También, rechazó la tasación que a título de restablecimiento del derecho efectuó el
Municipio de San Luis, ya que consideró que era abusiva, excesiva y alejada de la
realidad.
Procedió a pronunciarse sobre cada uno de los hechos que se formularon en el escrito
de demanda, aduciendo que la medida impuesta a través de la Resolución nro. 175
de 2012, no se encontraba debidamente soportada, debido a que el estudio elaborado
por la Consultoría Cesar Gaviria Ingeniería que uso como fundamento la actora,
adolece de múltiples errores, los cuales fueron evidenciados por la ANLA, lo que
conllevó a que se levantara la decisión del Municipio de San Luis.
Expuso que, las voladuras efectuadas por Cemex cuentan con las correspondientes
mediciones y durante su desarrollo no se han evidenciado daños en las
infraestructuras de las viviendas de los habitantes de Payandé.
9 Folios 571 a 576 ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Informó que, el sistema de vigilancia de la calidad del aire que fue instalado en la zona
de explotación a cargo de la citada compañía, no solo monitorea las emisiones
atmosféricas de la mina La Esmeralda, sino también las de la Planta Cementera.
Además, mencionó que la ANLA y el MADS efectuaron reuniones con la comunidad
de la zona de influencia del proyecto para dialogar sobre las dudas y recomendaciones
frente a la actividad minera.
Señaló que, no era cierto que la ANLA levantara la medida preventiva sin analizar
previamente las pruebas y fundamentos que usó el Municipio para expedir la mismas,
pues en la página 2 de la Resolución nro. 742 de 2012, trajo a colación el concepto
técnico nro. 1452 de 2012 y para demostrar ello, procedió a transcribir los apartes del
acto.
Asimismo, dijo que el Legislador estableció que una vez impuesta la medida
preventiva, ésta debía ser remitida a la autoridad ambiental competente para que
decidiera si debía dar inicio al proceso sancionatorio o al levantamiento de la misma,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009. Por lo tanto, no
le asiste razón al actor cuando cita disposiciones propias del trámite sancionatorio, ya
que este nunca ocurrió.
Aseguró que, se logró demostrar que la decisión del Municipio de San Luis carecía de
fundamento, puesto que no existía contaminación o peligro que se causara con las
actividades de Cemex.
Manifestó que, la Procuraduría Judicial y Agraria del Tolima había solicitado el
levantamiento de la medida preventiva a través del comunicado del 17 de agosto de
2012. Lo que demostraba que la decisión del demandante había sido injusta e ilegal.
Adujo que, nunca se ha negado a instalar sismógrafos durante las voladuras, pues
efectuó monitoreos a través de equipos de medición que fueron puestos en el Colegio
San Miguel, la Iglesia y el Puesto de Salud del corregimiento de Payandé; además,
siempre se cuenta con el acompañamiento de veedores que representan a la
comunidad y de funcionarios de Cortolima. Por lo tanto, la actividad cumple con los
niveles máximos de vibración establecidos en la norma RI8507.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Indicó que, en Colombia no existen normas expresamente aplicables a los eventos de
voladuras, razón por la cual en el 2001, de forma voluntaria decidió acoger las
disposiciones técnicas aplicables a nivel mundial, que son la DIN4150 (Alemana)
establecida para realizar dicha actividad cerca de monumentos históricos y la USBM
RI8507 que es la estándar. Sin embargo, Cemex acogió la última en mención y es
bajo los parámetros descritos allí que ha efectuado las voladuras.
Reiteró que, la ANLA no ordenó el levantamiento de la medida preventiva sin pruebas
que desvirtuaran las conclusiones del estudio técnico que contrato el Municipio de San
Luis, ya que tal y como se puede observar en el acto acusado, la autoridad ambiental
a través de un grupo especializado analizó la situación y determinó que la decisión de
la administración territorial era improcedente.
Presentó la excepción de “Ineptitud de la demanda por ausencia de motivos para la
declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho” y la de “Vigencia de las
medidas ambientales establecidas para el proyecto minero de explotación de caliza”.
Respecto de la segunda adujo que, para el momento en el que se inició la explotación
de área definida en el contrato nro. 4205, no era necesario contar con una licencia
ambiental, ya que para ese instante la norma vigente era el Decreto Ley 2811 de 1974.
No obstante, posteriormente entró a regir la Ley 99 de 1993, que impuso dicho permiso
para la gran minería y después emitieron el Decreto 1753 de 1994, que reglamentó
parcialmente los Títulos VIII y XII de dicha norma, estableciendo el régimen de
transición en el que se especificó que los proyectos que iniciaron antes de la
promulgación del mismo, no necesitaban de un licenciamiento, ya que contaban con
un mecanismo de manejo y control ambiental.
Informó que, en el auto nro. 1020 del 7 de abril de 2010, proferido por el MADS dentro
del proceso de seguimiento a Cemex por la explotación adelantada dentro de la zona
del título minero 4205, se especificó que la empresa sí contaba con autorización para
desarrollar dicha actividad y que se habían efectuado las actualizaciones
correspondientes al Manejo Ambiental, tal y como quedó previsto en la Resolución
nro. 367 de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Señaló que, las medidas de manejo ambiental que fueron aprobadas en el citado acto
administrativo, tenían una vigencia por el término de duración del proyecto. Sin
embargo, la empresa en su momento propuso que se actualizara el 31 de mayo de
2013; pero el MADS le solicitó en el 2010 que efectuara unos ajustes, los cuales fueron
entregados el 21 de junio de 2011. No obstante, dicha entidad los requirió nuevamente
el 13 de junio de 2013, para que llevara a cabo unos cambios al Plan de Manejo
Ambiental, los cuales a la fecha de presentación de la contestación no habían sido
enviados.
Posteriormente, procedió a estudiar algunos aspectos que fueron tratados en la
Resolución nro. 742 de 2012, el primero fueron los daños en las viviendas, mencionó
que el uso de explosivos en la operación minera de extracción de caliza en el Municipio
de San Luis es una de las actividades con mayor planificación, estudio y monitoreo, la
cual se encuentra controlada por una red de sismógrafos que vigilan y registran la
intensidad de la vibración.
Informó que, en el año 2006 llevó a cabo un estudio denominado “Patología de
Algunas fallas en las viviendas del corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis”
con el fin de resolver algunas inquietudes que estaban presentando la comunidad de
Payandé, respecto del deterioro en sus viviendas con las voladuras en la mina La
Esmeralda, en el que se concluyó que las grietas que presentaban algunas casas no
obedecían al efecto de dicha actividad, sino a las fallas en el proceso de construcción
y calidad de los materiales. Sin embargo, en virtud de su compromiso y
responsabilidad social creó un programa de mejoramiento de vivienda, en el que forma
profesionales en construcción en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje -
Sena.
Resaltó que en el 2007, volvió a hacer el mismo análisis encontrando que los motivos
de las fisuras y dilataciones de los muros y pisos responden a asentamientos
diferenciales del subsuelo por falta o mala cimentación, falta de estructura, falta de
compactación del relleno de soporte y filtraciones de agua en los terrenos.
El segundo punto fue el agrietamiento del macizo rocoso, para lo cual trajo a colación
lo expuesto por la ANLA en la Resolución nro. 742 de 2012 al respecto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
El tercer aspecto fue el agrietamiento de las rocas por la explotación de las canteras
y la pérdida del agua de las quebradas superficiales, señaló que las voladuras se han
efectuado de forma técnica y debidamente planeadas y diseñadas, tal y como se
evidencia en el documento “Descripción y explicación del diseño, ejecución, control y
monitoreo de las voladuras” elaborado por el ingeniero William Antonio Montt.
Expuso que cuentan con un programa de autorregulación, que fue adoptado con
fundamento en las normas internacionales a partir de las recomendaciones de la
consultoría especializada Blast Dynamics. Advirtió que, hasta la fecha no se han
generado perjuicios sobre los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de
desastres.
Afirmó que Cemex, no utiliza dinamita, ni maneja explosivos de forma directa, pues
estos se adquieren por intermedio de las fuerzas armadas. Además, especificó que
los agentes explosivos que usan son el Anfo y Indugel Av 800, que se transportan de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 2222 de 1993.
Indicó que, la carga máxima instantánea se establece acorde a la distancia entre el
polígono de voladura y la construcción más cercana, que en este caso es el Colegio
de Payandé. Todo de acuerdo con lo previsto en el estudio de Blast Dynamics del 19
de julio de 1993. Asimismo, señaló que no podía realizar voladuras las veces que ella
quisiera, pues ello depende de unas autorizaciones previas por parte de la autoridad
ambiental y minera, por lo que solo lleva a cabo esa actividad una vez al mes, en una
franja especifica entre las 8:00am y 6:00 pm y su onda sonora, no es muy alta, debido
a que se usan micro cargas.
Por último, se pronunció sobre el impacto a los cauces del agua, aduciendo que la
reducción del caudal es un tema de vital importancia, por lo que ha implementado
programas de reforestación en el margen de las quebradas y en las zonas más
sensibles de las microcuencas hídricas. Obteniendo unos resultados positivos, pues
la cobertura de los bosques ha incrementado en un dos punto ocho hectáreas (2.8 h).
2.3.1. La sociedad Cemex Colombia también se pronunció respecto de la reforma a
la demanda bajo los mismos términos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
III. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 31 de mayo de 201810, el Tribunal Administrativo del Tolima
decidió lo siguiente:
“FALLA:
Primero. DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda, conforme a los
planteamientos expuestos en parte motive de la presente sentencia.
Segundo: CONDENASE en costas al municipio de San Luis Tolima y a favor
de CEMEX COLOMBIA S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del
C.P.A.C.A., siempre que en el expediente se demuestre que se causaron y
en la medida de su comprobación, para lo cual se fija el valor equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en
derecho, y se ordena que por la Secretaria de este Tribunal se realice la
correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso.
Tercero. ORDENASE la devolución de los remanentes que por gastos del
proceso consigno la parte demandante, si los hubiere.
Cuarto. RECONOZCASE personería adjetiva a la Dra. ANA MARCELA
CAROLINA GARCIA CARRILLO, como apoderada judicial de la ANLA, en
los términos y para los efectos del memorial poder a ella conferido (fols.
1102- II 1108, cuad. Ppal.).
Quinto. RECONOZCASE personería adjetiva a la Dra. LUZ ELENA 1
GOMEZ LEYVA, como apoderad judicial del municipio de San Luis Tolima,
en los términos y para los efectos del memorial poder de sustitución a ella
conferido (fol. 1101, cuad. Ppal.).
Sexto. Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente previo las
anotaciones de rigor.”
Lo argumentos para la adopción de tal determinación fueron los siguientes:
3.1. Como cuestión previa enlistó las pruebas que fueron aportadas al proceso y los
hechos relevantes. Posteriormente, analizó la naturaleza y alcance de las medidas
preventivas y las sanciones ambientales en los términos de la Ley 1333 de 2009.
Al descender al caso en concreto, manifestó que en cumplimiento de las facultades
que le fueron conferidas por el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 y el inciso 7 del
10 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
artículo 3 del Decreto nro. 3573 de 2011, la ANLA mediante la Resolución nro. 742 de
2012 accedió a la solicitud de Cemex de levantar la medida preventiva impuesta por
el Municipio de San Luis con la Resolución nro. 175 de 2012, que consistía en
suspender las actividades mineras de explotación de caliza y puzolana adelantadas
por esa compañía en el Corregimiento de Payandé.
Resaltó que, en virtud de los principios de prevención y precaución ambiental, el
demandante tenía la competencia para imponer la mencionada medida, la cual se
fundamentó en un estudio técnico contratado por este, en el que se expuso que el
proyecto de Cemex causaba graves afectaciones a los recursos y a la salud humana.
Por lo tanto, el ente territorial debía intervenir según lo dispuesto en los artículos 85
de la Ley 99 de 1993 y 36 de la Ley 1333 de 2009.
3.3. En ese orden, procedió analizar lo relacionado con la vulneración al debido
proceso. Indicó que el actor confunde el trámite de la medida preventiva con el proceso
sancionatorio ambiental, pues de acuerdo con establecido en los artículos 4, 36 y 40
de la Ley 1333 de 2009, cada acción se encuentra prevista en incisos diferentes.
Además, la segunda en mención no es incompatible con la ejecución de obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, donde se asumen otras
medidas de tipo preventivas o compensatorias.
Expuso que, según la C 703 de 2010, las medidas preventivas anteceden la
imposición de una sanción, la cual solo puede ser decretada como consecuencia de
un procedimiento sancionatorio, en el que se encuentra probada la infracción y la
responsabilidad del infractor; mientras que la primera en cita es aplicada cuando se
verifica la existencia de un daño o hechos que generan una afectación ambiental, sin
que haya para ese momento la certeza científica de tales menoscabos. Sin embargo,
es necesaria su aplicación para salvaguardar el medio ambiente y así evitar un
perjuicio irremediable.
Concluyó que, de acuerdo con la naturaleza de la medida preventiva, la ANLA no se
encontraba en la obligación de agotar un procedimiento administrativo en el que
existiera periodo probatorio o de intervenciones de las personas presuntamente
afectadas, ya que dichas garantías son propias del trámite sancionatorio, el cual no
era aplicable para levantar la medida a través de la Resolución nro. 742 de 2012,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
según las facultades previstas en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. Por lo tanto,
no existió la vulneración del derecho al debido proceso.
3.4. Sobre la desviación de poder, dijo que el acto acusado había tenido como
fundamento las conclusiones y hallazgos planteados en el Concepto técnico nro. 1452
del 3 de septiembre de 2012, emitido por el Grupo Interno de Minería de la ANLA,
donde se analizaron los límites permitidos de vibración en materia de voladuras y de
las demás situaciones que advirtió el Municipio de San Luis, concluyendo que no había
mérito para abrir indagación preliminar. Como prueba de lo anterior procedió a
transcribir apartes del acto acusado y del estudio en mención.
Para determinar si el acto acusado se alejó de los fines contemplados en la normativa
ambiental y eludió la valoración de las pruebas que sustentaron la decisión de la
demandante, el Tribunal señaló que en virtud de lo previsto en la Jurisprudencia del
Consejo de Estado11, para que una entidad imponga una medida preventiva es
necesario que al menos cuente con pruebas que demuestren la gravedad e
inmediación del daño o amenaza al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana, esto para evidenciar que es necesaria y adecuada para
resolver la situación.
Expuso que, el Legislador previó los mecanismos que debían ser verificados o
corroborados al momento de decretar la medida, por lo que el artículo 1 de la Ley 1333
de 2009, estableció que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental, que se ejerce a través de varias autoridades, entre ellas las territoriales.
Asimismo, mencionó que los parágrafos 2 de los artículos 2 y 13 ibidem, dispusieron
que previo al agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, la entidad que
impuso la medida preventiva deberá dar traslado de la actuación a la autoridad
ambiental competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma.
También, adujo que los artículos 16 y 35 de la referida Ley, contemplaron la posibilidad
de que dicha entidad levante la medida impuesta.
11 Sentencia 28 de marzo de 2014, MP Marco Antonio Velilla Moreno, exp 2001 90479 01 y sentencia
del 29 de abril de 2015, CP Stella Conto Díaz del Castillo, exp 25307 33 31 701 2010 00217 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Resaltó que, de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas, se podía
entender que las autoridades ambientales estaban facultadas para imponer sanciones
y por lo tanto, determinar previamente si daba apertura o no al procedimiento
sancionatorio o si optaba por levantar la medida preventiva.
Adujo que, el reproche del Municipio de San Luis se enmarca en que la ANLA levantó
la decisión que esta impuso, sin haber iniciado una indagación preliminar. Sin
embargo, según el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, cuando no hay mérito suficiente
para dar apertura a un proceso sancionatorio lo correcto es acudir al levantamiento;
pero si hay lugar a ello, se continuará con el trámite administrativo y la medida seguirá
vigente hasta que se compruebe que desaparecieron las razones que la motivaron.
Por lo tanto, como la demandada no encontró méritos para dar apertura al proceso
sancionatorio, contaba con la facultad para proceder con el levantamiento, tal y como
lo establece el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
Posteriormente, analizó los presuntos daños y/o amenazas ambientales y a la salud
humana, que motivaron la suspensión de las actividades mineras ejecutadas por
Cemex en el Corregimiento de Payandé, teniendo como referencia los hallazgos y
conclusiones reportadas en el Concepto Técnico nro. 1452 de 2012.
Respecto de lo relacionado con las voladuras incontroladas que generan fracturación
de rocas y pérdida del caudal de las aguas, afirmó que de acuerdo con las pruebas
aportadas no existía certeza científica de que se estuvieran presentando infiltraciones
de las Quebradas El Salado y Chicalá en el pit de la mina o que se disminuyera el
caudal por fracturamientos rocosos en los lechos, ni filtraciones a través de la pared
del pit y mucho menos que el daño fuese generado con las voladuras efectuadas por
Cemex al extraer la piedra caliza.
También indicó que, las voladuras no estaban fuera de control, ya que en la visita
técnica del 11 de octubre de 2011, lo que se hizo fue que Cortolima le recomendara a
Cemex remitir al MADS la información recolectada con el objetivo de que este se
pronunciara sobre la aplicación de las normas internacionales sobre los límites de
vibración generados con esa actividad, más no fue requerido en relación al
cumplimiento de localización o calibración de los sismógrafos, ni por otros aspectos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
relacionados con las explotaciones. Lo que evidenció que para la fecha en que se
impuso la medida preventiva la situación había sido superada.
Informó que, Minercol en sus conceptos técnicos bimensuales sobre las voladuras,
correspondientes a los meses de septiembre – octubre y noviembre – diciembre de
2000 y enero – febrero y marzo – abril de 2001, certificó que no se habían superado
los límites máximos de vibración permitidos por las normas DIN4150 de 1983 y USBM
RI8507. Sin embargo, en el periodo correspondiente a enero-abril de 2000, dichos
rangos si fueron excedidos.
Mencionó que, en Colombia no existe una norma que brinde los estándares máximos
de valores permisibles en materia de voladuras efectuadas en proyectos mineros, por
ello es necesario aplicar a modo de referencia, los limites aplicables en Alemania y
Estados Unidos. Al respecto procedió a citar la comparación efectuada por la
Universitat Politécnica de Catalunya, sobre la DIN4150 y USBM RI8507.
En esa misma línea, expuso que, dado que para la fecha de imposición de la medida
preventiva Cemex no había superado los niveles de vibración establecidos en la
USBM RI8507, le asistía razón a la ANLA al señalar que no existían pruebas de las
presuntas voladuras incontroladas ni de que estas fracturaran las rocas en la región
de Payandé.
Ahora, sobre el insuficiente control sobre los aportes de sólidos en los cuerpos de
agua, como la Quebrada El Salado por parte de Cemex, expuso que la demandada
encontró que los denominados “ojos o espejos de agua” que se enuncian en el estudio
contratado por el actor, hacen referencia al sistema sedimentario de sólidos de la mina
y tampoco, se encontraron evidencias de que se estuvieran realizando descargas de
los pozos sedimentadores directamente en la citada fuente hídrica, pues después del
tratamiento final, se conducen a través de unas tuberías a la quebrada.
En lo concerniente a la contaminación ocasionada por los carreteables, trajo a
colación lo expuesto por la ANLA al respecto. Posteriormente, se pronunció en lo que
tiene que ver con la existencia de una coloración azulosa en los lagos y sumideros del
pit generados por la presencia de hidróxidos y sulfuros de cobre, aduciendo que según
el estudio de la demanda, los análisis efectuados por el Laboratorio Ambiental del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Tolima – Corcuencas y la información del esquema de ordenamiento territorial, en el
que se señala que el Corregimiento de Payandé está rodeado de minas en las que se
explota el cobre y que sus aguas también contienen dicho metal, es claro que no es
posible concluir que dicha afectación se genera con la explotación minera de Cemex.
Asimismo, trató lo atinente a la profundización del pit de la mina de cien (100) a
doscientos treinta metros (230 mts), indicando que en concordancia con la ANLA se
trataba de una hipótesis, ya que el Plan de Manejo Ambiental del proyecto no lo
autorizó. Ahora, en cuanto al sometimiento del yacimiento calcáreo a las fuerzas
tectónicas comprensivas, indicó que la autoridad ambiental a través de la Resolución
nro. 742 de 2012, recomendó realizar un estudio sobre el particular.
En relación con la presunta existencia de material de escombros en las corrientes
hídricas, dijo que las escombreras se encontraban acordes a lo estipulado en el Plan
de Manejo Ambiental y son objeto de seguimiento por parte de la ANLA.
Respecto de los rumbos o buzamientos de extractos de roca en la Quebrada Chicalá,
afirmó que el agrietamiento se produjo por erosiones hídricas y causas naturales, ya
que presentan bordes irregulares y no angulares característicos del efecto explosivo
de las voladuras.
Sobre los temas relacionados con la infiltración de aguas en la quebrada al fondo del
pit; el manejo insuficiente de la sedimentación; la exigencia de un plan de contingencia
por la ruptura de la banda transportadores y el área de restricción minera de mil metros
(1000 mts) el Tribunal reiteró lo expuesto por la ANLA al respecto.
En cuanto a las afectaciones de salud de la comunidad de San Luis, aseguró que el
actor no aportó pruebas que demostraran la conexión entre la actividad minera y las
afectaciones respiratorias. Por lo tanto, no se evidenció la gravedad de dicho daño.
De igual forma, indicó que no fue posible comprobar el presunto perjuicio sufrido por
los señores Mónica Peña, Jorge Enrique Salas y otros habitantes, como consecuencia
de las voladuras, ya que el Municipio de San Luis desistió de presentar sus
declaraciones, y las fotografías aportadas no acreditan por sí solas las circunstancias
ni la identidad de los afectados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Informó que, cuando la ANLA efectuó la visita de seguimiento al proyecto minero que
desarrolló Cemex en el corregimiento de Payandé, el 14 de agosto de 2012, no logró
confirmar las situaciones que fueron expuestas en el acto que impuso la medida
preventiva. No obstante, con el fin de proteger el medio ambiente, en el concepto
técnico nro. 1452 de 2012, se recomendó realizar una serie de estudios que dieran
certeza a los puntos que podrían constituir un riesgo, los cuales eran de obligatorio
cumplimiento. Sin embargo, en la audiencia de pruebas la ingeniera Laura Edith
Santoyo Naranjo, afirmó que los estudios ordenados ya habían sido efectuados y al
parecer, la pérdida del caudal se debía a fenómenos naturales, dadas las condiciones
geológicas del Municipio de San Luis. Por otro lado, ante la falta de certeza científica
sobre las situaciones que no pudieron ser corroboradas en la visita técnica y que
podrían ser una amenaza, la ANLA ordenó la realización de análisis especializados.
Mencionó que, en el acto acusado la demandada argumentó que no continuaba con
la medida preventiva respecto de ciertos aspectos, debido a que se logró comprobar
que no representaban un daño ambiental, pues algunos ya no existían al momento de
la visita técnica o no contaban con pruebas suficientes. Por ello debían se manejados
dentro del programa de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, sin que fuese
necesario suspender la actividad minera de Cemex.
Concluyó que, la Resolución nro. 742 de 2012, sí había explicado y motivado de forma
suficiente a partir de criterios técnicos, que para imponer la medida preventiva no se
había logrado acreditar la relación causal entre el desarrollo del proyecto minero y los
presuntos daños o amenazas ambientales advertidos por el Municipio de San Luis en
la Resolución nro. 175 de 2012. Asimismo, expuso que, si bien no era necesario que
existiera una certeza científica para descartar los fenómenos, lo cierto es que, no
había un principio de prueba que evidenciara la causal imputable a Cemex.
La Sala coincidió con la ANLA en que condicionar el levantamiento de la medida
preventiva a una futura ley del Congreso sobre límites de voladuras es una carga
desproporcionada para la empresa, ya que no depende de su voluntad corregir la
situación.
Expuso que, no se demostró una desviación de poder por parte de la accionada al
expedir la Resolución nro. 0742 de 2012, ya que la entidad actuó dentro de sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
facultades legales, basándose en pruebas disponibles y buscando equilibrar la
protección ambiental. Por ello, este cargo fue rechazado.
3.5. Sobre la vía de hecho, sostuvo que el Municipio de San Luis no logró demostrar
dicho cargo, pues la ANLA ejerció sus funciones acordes con las facultades conferidas
por la Ley.
Sobre la vulneración al debido proceso, manifestó que el trámite del levantamiento de
la medida preventiva se ajustó a lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
3.6. Mencionó que, no procedería con la condena en costas en aplicación del
principio de compensación, pues si bien el Municipio de San Luis fue vencido en el
presente proceso, lo cierto es que las excepciones propuestas por la ANLA fueron
despachadas de forma desfavorable en la audiencia inicial, por lo que estaríamos ante
una condena en costas recíproca.
Ahora, respecto al coadyuvante dijo que, como intervino activamente en el proceso en
apoyo de la demandada y no se resolvieron excepciones en su contra, ordenaría la
condena en costas a favor de Cemex y a cargo del actor, fijadas en un salario mínimo
legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho, las cuales están sujetas
a comprobación y liquidación conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.
IV.El RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora12, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el que dividió
sus argumentos en siete (7) numerales, al respecto, indicó lo siguiente:
4.1. Señaló que la Resolución nro. 742 de 2012, fue expedida por la ANLA el mismo
día en que avocó conocimiento en auto nro. 2829 del 10 de septiembre de 2012, sin
que mediara una sola prueba decretada y practicada legalmente que le permitiera al
Municipio de San Luis ejercer su derecho de contradicción y con base en un estudio
técnico que fue incorporado al expediente vulnerando el derecho al debido proceso.
12 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
4.2. Indicó que, la orden de suspender las actividades mineras había estado
soportada en el concepto técnico que contrató y en la certificación de la Empresa de
Servicios Públicos de San Luis, en la cual se informó que el Río Luisa, que es uno de
los principales afluentes de la planta de tratamiento, está disminuyendo su caudal por
mal manejo ambiental.
4.3. Adujo que, el acto acusado vulneró los derechos al debido proceso y a la
defensa, pues la ANLA no expidió un auto en el que ordenara la práctica de pruebas,
impidiéndole al municipio y a la comunidad afectada confirmar que se habían
superado las causas que originaron la suspensión de las actividades mineras de
Cemex, medida que fue adoptada legalmente por el municipio basándose en el
estudio "Implicaciones Proyecto Minero Cantera Chicalá-Guacamayas".
4.4. Expuso que, en la demanda se demostró y manifestó que la autoridad
ambiental había vulnerado el derecho al debido proceso al expedir la Resolución nro.
742 de 2012, ya que fundamentó su decisión en el Concepto Técnico nro. 1452 del 3
de septiembre del mismo año, el cual fue efectuado antes de que la entidad tuviera
conocimiento del proceso administrativo, es decir, se emitió antes de que la ANLA
conociera de la medida preventiva, pues el estudio es de siete (7) días antes al auto
del 10 de septiembre de 2012. Además, fue incorporado sin que mediara un auto en
el que se decretara como prueba, impidiendo que el Municipio de San Luis ejerciera
su derecho a la defensa.
4.5. Mencionó que, el Tribunal no pudo haber fundamentado la resolución del cargo
de desviación de poder en el Concepto técnico nro. 1452 del 3 de septiembre de 2012,
debido a que se trata de una prueba obtenida con violación del debido proceso, que
fue allegada sin un previo decreto. Por lo tanto, la Resolución 742 de 2012, carecía
de soporte legal y probatorio para levantar la medida de suspensión de actividades.
Aseguró que, la ANLA incurrió en vía de hecho con la ilegalidad del acto acusado,
poniendo en riego al medio ambiente y el patrimonio de la comunidad, quienes
permanentemente se quejan de los daños materiales y quebrantos de salud que se
generan con las actividades de Cemex.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Expuso que, al no permitírsele conocer de las pruebas al Municipio de San Luis, se le
vulneró el principio de publicidad, más cuando los estudios no los efectuó la ANLA,
sino directamente el infractor, Cemex.
Manifestó que, con el testimonio de la señora Laura Edith Santoyo Naranjo se
demostró que el Concepto Técnico del 3 de septiembre de 2012, se practicó por fuera
del proceso administrativo y que no se pudieron verificar los daños ambientales
causados, lo que ocasionó que se le ordenara a Cemex que efectuara unos estudios
especializados, aspectos que fueron ignorados por el a quo. Por lo tanto, era claro que
no se contaba con el material probatorio suficiente para levantar la medida preventiva.
Reiteró que, el citado análisis técnico era nulo, debido a que no fue previamente
decretado y dado a que este había sido el fundamento del acto acusado, debido ser
declarada la ilegalidad del mismo.
Aseguró que, en el presente caso el interés particular y económico de Cemex se
encontraba por encima de los intereses generales de la comunidad y del medio
ambiente.
4.6. Manifestó que se negaron las pretensiones de la demanda sabiendo que la
sociedad Cemex no cuenta con licencia ambiental, pues de acuerdo con la causal
quinta del contrato de concesión nro. 4205 de 2010 suscrito entre el Instituto
Colombiano de Geología y Minería Ingeominas y Cemex, el proyecto debía contar con
el permiso correspondiente para el desarrollo de la explotación minera. Sin embargo,
esto no ha sucedido, pues la ANLA ha permitido que se ejecute la actividad sin contar
con la licencia.
4.7. Adujo que, la sentencia omitió darle valor probatorio a un CD que contenía un
video, el cual en el minuto 6:50 se ve como el caudal de la Quebrada Ojito de Agua,
se encuentra seco. Asimismo, se ignoró la grabación en la que se muestran las grietas
de las casas de los habitantes, ocasionadas por las voladuras.
Señaló que, el Tribunal acepta las afectaciones que padecen los habitantes de
Payandé, bajo el argumento de que no existe en Colombia una norma que regule los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
niveles permisibles de vibración. Por lo tanto, la comunidad debe soportar las medidas
agresivas de vibración producto de la explotación minera.
También, cuestionó que la sentencia omitió analizar lo expuesto en la demanda
relacionado con que los terrenos en Colombia son diferentes a los de Estados Unidos
y la falta de calibración de los sismógrafos.
Manifestó que, en ella se afirmó que para los meses de enero y abril de 2000, se
superaron los límites de vibración y que fue solo en esa época en la que se causó el
daño. Sin embargo, para el recurrente dicho argumento carece de sustento técnico.
Indicó que, la ANLA vulneró el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, puesto que para
levantar la medida preventiva debía comprobar que habían desaparecido las causas
que originaron la orden, situación que no sucedió, ya que no existía causa legal que
amparara la decisión.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 29 de noviembre de 201813, el Despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la demandante
en contra de la sentencia del 31 de mayo de 2018.
5.2. Con auto del 14 de marzo de 201914 se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.
5.3. La ANLA15, expuso que el fallo de primera instancia debía ser confirmado, ya
que se logró demostrar que la Resolución nro. 742 de 2012, no fue expedida
transgrediendo las normas en que debía fundarse, ni con desviación de poder o vía
de hecho.
13 Folio 4 del cuaderno principal del Consejo de Estado.
14 Folio 12 ibidem.
15 Folios 20 a 22 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
5.4. El MADS16, por intermedio de apoderado judicial, en el término para presentar
alegatos de conclusión envió escrito en el cual reiteró los fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos en la contestación de la demanda.
5.5. La empresa Cemex Colombia17, con el escrito de alegatos de conclusión,
expuso que el actor no estaba atacando los pilares de la sentencia de primera
instancia, sino que estaba reiterando los argumentos expuestos en la demanda.
Reiteró que, la Resolución 742 del 10 de septiembre de 2010, había sido expedida en
cumplimiento de las normas previstas para llevar a cabo el procedimiento
sancionatorio ambiental. Por lo tanto, debía ser confirmada la sentencia apelada.
5.6. Por su parte el actor18 reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.
Adicionalmente, mencionó que el 16 de mayo de 2017, la ANLA profirió el auto nro.
1836, mediante el cual dispuso suspender el trámite de modificación del Plan de
Manejo Ambiental de Cemex dentro del contrato de concesión nro. 4205. Sin
embargo, este no fue puesto en conocimiento de la comunidad, vulnerando el principio
de publicidad de los actos administrativos de carácter particular que afectan de
manera directa a terceros.
Dijo que la decisión de la administración, obedecía a que con la explotación minera se
arrasaría especies Oeceoclades de los grupos de Bromelias, Orquideas, Musgos,
hepáticas y líquenes. No obstante, nadie obliga la empresa Cemex a cumplir con las
normas ambientales, a pesar de los daños que causa con sus actividades.
Por último, trajo a colación unas publicaciones relacionadas con las afectaciones que
padece el Corregimiento de Payandé.
5.7. A través, de memorial del 11 de octubre de 2019, la Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado solicitó la suspensión del proceso por el término de 303
días.
16 Ibidem.
17 Ibídem.
18 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
5.8. Mediante auto del 7 de noviembre de 2019, se accedió a la petición ordenando
la suspensión. La entidad que se pronunció el 2 de diciembre del mismo año.
5.9. En escrito del 2 de diciembre de 2019, la Agencia Nacional para la Defensa
Jurídica del Estado, se pronunció allegando sus argumentos de defensa. Sin embargo,
en dicho escrito se habla de la legalidad de la Resolución nro. 829 del 2 de octubre de
2012, asunto que no es motivo de estudio en el presente proceso.
VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Hechos
8.2.1. El 13 de agosto de 2012 el Municipio de San Luis – Tolima profirió la Resolución
nro. 00175, en la que imponía una medida preventiva consistente en la suspensión de
las actividades mineras desarrolladas por Cemex Colombia S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
8.2.2. Mediante Auto nro. 2829 de 10 de septiembre de 2012, la ANLA avocó
conocimiento de la medida preventiva en materia ambiental adoptada por la
demandante.
8.2.3. A través de la Resolución núm. 742 del 10 de septiembre de 2012, la ANLA
resolvió levantar la medida preventiva de suspensión de las actividades mineras
realizadas por Cemex Colombia S.A. en el Corregimiento de Payandé – Municipio de
San Luis, al no encontrar sustento suficiente para mantenerla vigente.
8.2.4. La parte actora instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del acto administrativo antes mencionado.
8.2.5. Con sentencia del 31 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los demandantes.
8.2.6. El demandante interpuso recurso de apelación en contra del referido fallo.
8.3. Planteamiento
Del contenido y alcance del recurso de apelación, la Sala advierte que existen las
siguientes diferencias frente a la sentencia de primera instancia: la primera, tiene que
ver con la violación al derecho al debido proceso, que para el demandante se hace
palpable en los siguientes aspectos: (i) al omitir una etapa probatoria que diera cuenta
de que se habían superado las causas que llevaron al Municipio de San Luis a imponer
la medida, (ii) al incorporar el concepto técnico 1452 de 2012, sin que lo conociera
previamente el ente territorial, impidiendo de esta manera el ejercicio del derecho de
defensa y contradicción, (iii) al resolver el levantamiento con fundamento en un
concepto técnico elaborado antes de que avocara conocimiento de la medida
preventiva emitida por el municipio, (iv) al practicar las visitas que dieron lugar al
anotado concepto sin la comparecencia del actor, (v) al concluir que debía levantarse
la medida preventiva con fundamento en visitas que se practicaron previo a haberse
avocado conocimiento por parte de la ANLA y (vi) al expedir el acto acusado el mismo
día en que avocó conocimiento. Entre tanto, para el Tribunal no hubo tal trasgresión
en consideración a que, conforme a los artículos 4, 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009,
para la adopción de la medida preventiva no era necesario el agotamiento del periodo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
de pruebas ni la intervención de terceros como sí lo era para adelantar el
procedimiento sancionatorio, siendo que esta actuación es completamente diferente
a la que se controvierte.
El segundo punto en debate es el relacionado con la violación del artículo 35 de la Ley
1333 de 2009, como quiera que para el ente territorial no se comprobó que hayan
desaparecido las causas que llevaron a la imposición de la medida y lejos de eso se
levantó sin causa legal, ignorando el CD que obra en el plenario, la errada utilización
de la norma RI 8507 cuando estaba demostrado que era pertinente usar la DIN 4150,
las evidencias sobre el incumplimiento de la primera norma técnica en las voladuras
llevadas a cabo del año 2000 y la declaración de la Coordinadora del Grupo de
Infraestructura de la ANLA; mientras que para el Tribunal, la ANLA sí ponderó cada
uno de los argumentos esgrimidos por el actor en el concepto técnico que respaldó la
expedición de la Resolución número 0175 de 2012, sin que mediara un principio de
prueba que se tradujera en la acreditación del nexo causal que hiciera concluyente
que los presuntos daños al medio ambiente se predicaban de la actividad de Cemex,
razón por la cual no era procedente dar continuidad al procedimiento sancionatorio y
por consiguiente no era viable expedir un acto de indagación preliminar.
El último tópico en el que se presenta discrepancia es el atinente al licenciamiento
ambiental para el desarrollo de las actividades mineras por parte de Cemex, respecto
del cual el Municipio de San Luis afirma que era necesario ese instrumento de
protección ambiental.
8.4. Cuestión previa
Antes de abordar los problemas que emergen del anterior planteamiento, la Sala
advierte que la apoderada del Municipio de San Luis introdujo en el recurso de alzada
una nueva razón de inconformidad de ilegalidad del acto que cuestiona relativa a la
necesidad de contar con licenciamiento ambiental para que Cemex pudiera
válidamente desarrollar su actividad extractiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
162 del CPACA19 y el 173 del mismo Estatuto20, la oportunidad que tiene el extremo
activo de la litis para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera
pertinentes para atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de
lo Contencioso Administrativo es en la demanda o su reforma.
Siendo ello así, y habida cuenta de que el cargo a que se ha hecho referencia no fue
formulado en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo introductorio ni en la
reforma que de este se efectuó, no puede la Sala abordarlos, so pena de desconocer
el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de que es titular la parte
demandada.
Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al indicar que
las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de congruencia entre
el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la contestación y el decisum,
de modo que exista una total correspondencia; veamos:
“Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
19
“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente
y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por
separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar
todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”. (Subrayas de la Sala).
20 “Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la
demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la
demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la
mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la
demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se
fundamentan o a las pruebas.
3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las
pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de
procedibilidad.
La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá
disponer que el demandante la integre en un soto documento con la demanda inicial.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, el de congruencia
constituye “un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual,
el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita)
ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría
desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad”21. En últimas,
representa “un principio general, en materia de procedimiento, por estar
directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que
exista la debida coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las
pretensiones y la decisión”22.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la parte
actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la congruencia de
un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las
partes. En materia de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el
carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a la
demanda, que exigen la formulación de los cargos de invalidación propuestos y el
señalamiento expreso de su fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA),
ello implica que el juez no puede fallar lo pedido desbordando los cargos
formulados por la parte actora”23. (Subrayas de la Sala).
8.5. De la violación al debido proceso
8.5.1. La Sala deberá definir si es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto
administrativo a través del cual se levanta una medida preventiva en materia ambiental
que había sido impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa
decisión se produjo sin mediar etapa probatoria en la que se sopesaran las
circunstancias que dieron lugar a su adopción.
8.5.1.1. El contexto que ofrece el caso concreto se enmarca en lo dispuesto en la
facultad a prevención, cuyo antecedente se remonta al artículo 83 de la Ley 99 de
199324, a través del cual el MADS, las Corporaciones Autónomas Regionales,
21 Sentencia T-450 de 2001.
22 Sentencia T-592 de 2000.
23 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de noviembre
de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de junio de
2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de mayo de 2015
dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de noviembre de 2014
expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-01.
24 “Artículo 83. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además
de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a
prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables
según el caso.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Departamentos, los Distritos y Municipios, quedaban investidos a prevención para la
imposición y ejecución de medidas de policía, multas y sanciones, según el caso; al
margen de las competencias propias de cada una de ellas en los respectivos
procedimientos ambientales.
Así, una vez se invocaba la competencia a prevención la autoridad que lo efectuaba
se encontraba habilitada para la imposición de todo tipo de medidas e incluso, de la
sanción dentro del marco que para entonces ofrecía del Decreto 1594 de 1984.
Tales facultades estaban determinadas por el ámbito territorial. Por ejemplo, si la
facultad a prevención era invocada por un Distrito sólo lo podía hacerlo válidamente
para asuntos acontecidos en su jurisdicción.
8.5.1.2. Todo ello varió con la expedición de la Ley 1333 de 2009, ya que en el
artículo 2 la reguló en el siguiente sentido:
“Artículo 2o. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a
prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean
aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades.
Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la
autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental,
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo
y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Para el
efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva deberá dar
traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma.” (Subrayas de la
Sala)
De la lectura armónica de la anotada disposición se desprende que las autoridades
ambientales allí enlistadas se encuentran habilitadas para imponer medidas
preventivas solamente, toda vez que la definición de la sanción continuó radicada en
cabeza de aquella que hubiese emitido el instrumento ambiental con fundamento en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
el cual se desarrollan las actividades y tiene en su jurisdicción el control y vigilancia
correspondiente.
Resulta entonces lógico que como consecuencia de este nuevo tratamiento se haya
incorporado el traslado de la adopción de la medida preventiva a la autoridad
competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su decreto.
Es entonces un procedimiento que se erige para garantizar el control absoluto sobre
los impactos ambientales, pero que, a su vez, no desconoce la competencia propia de
quien ha otorgado la licencia, permiso o autorización, al conservar la habilitación para
el adelantamiento del procedimiento sancionatorio, si es del caso. Lo anterior,
encuentra total coherencia en el diseño de la estructura del sistema ambiental, como
quiera que es quien otorga el instrumento de protección el ente que conoce con
precisión y al detalle el proyecto objeto de ese miramiento y por ende, es quien posee
los elementos técnicos y jurídicos necesarios para la adopción de eventuales
decisiones que reprendan las actuaciones que causen deterioro ecosistémico o
redunden en la violación de las normativas que los gobiernan.
Ahora, el artículo 35 ibídem, dispone que una vez surtido el traslado enunciado, el
ente competente puede ordenar su levantamiento, siempre que se acredite que han
desaparecido las causas que las originaron; veamos:
“Artículo 35. Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.” (Subrayas de la Sala).
Correlato de lo expuesto, el trámite explicado supone las siguientes fases: (i) la
adopción de una cautela por parte de las autoridades enlistadas en el artículo 2 de la
Ley 1333 de 2009, invocando la facultad de intervención a prevención, (ii) la remisión
de esa decisión a la competente dentro de cinco (5) días siguientes a su expedición
(entiéndase quien haya otorgado el instrumento de amparo) y (iii) la definición de la
actuación en unos de dos sentidos: la posibilidad de que se continúe con un
procedimiento sancionatorio propiamente dicho, en el cual incluso, puede modificarse
la medida de acuerdo a las circunstancias propias de cada asunto o que la medida
sea levantada, caso en el cual se exige que se acredite que las causas que la
originaron ya hayan desaparecido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Destaca esta Sala que aun cuando no se prevé un procedimiento con etapas
probatorias o de intervención de terceros interesados, sí se impone una carga de
motivación suficiente que apuntale la decisión hacia su levantamiento.
Se denota de lo revelado que el trámite de levantamiento de medidas en el escenario
explicado no supone etapas como las que echa de menos el memorialista. En efecto,
no se requiere una etapa probatoria y menos aún la vinculación o participación de la
ciudadanía, de modo que el cargo así enrostrado no tiene vocación de prosperidad.
8.5.2. También se resolverá si es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto
administrativo a través del cual se levanta una medida preventiva en materia ambiental
que había sido impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa
decisión se produjo con fundamento en un concepto técnico sin que tal documento
fuese conocido previamente por la autoridad que dictó la anotada medida.
Conforme se explicó previamente, no se halla ninguna disposición orientada a
propiciar controversias técnicas sobre la medida adoptada y la decisión que a la postre
tome la autoridad que tiene competencia sobre la herramienta de protección
ambiental. Por el contrario, se deriva de lo explicado un control automático y por
demás expedito, cuya finalidad no es otra que la de actuar conforme al mandato de
salvaguarda del entorno ecosistémico.
En ese sentido, el cargo no halla prosperidad.
8.5.3. De otra parte, se determinará si es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto
administrativo a través del cual se levanta una medida preventiva en materia ambiental
que había sido impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa
decisión se produjo con fundamento en un concepto técnico elaborado antes de que
se avocara conocimiento, fue el resultado de visitas que se practicaron también previo
a esta decisión y se emitió sin la comparecencia de la autoridad que expidió la cautela.
Resolver tal cuestionamiento impone referir la secuencia de tiempo en que se
produjeron las actuaciones que dieron lugar al acto que se enjuicia:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
• El 13 de agosto de 2012, el Municipio de San Luis emite la Resolución 000175,
a través de la cual impone medida preventiva a prevención de suspensión de
actividades a Cemex.
• La ANLA efectúa una visita técnica los días 15 a 17 de agosto de 2012, cuyo
asunto es “EVALUACIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES MINERAS”25.
• Mediante Oficio 4120- E1-44002-2012, del 21 de agosto de 2012, el Municipio
de San Luis remite la Resolución 000175 de 2012 a la ANLA para lo de su
competencia.
• Mediante Oficio 4120-E1-44117 del 22 de agosto de 2012, Cemex allega a la
ANLA copia de la Resolución 000175 de 2012.
• El 24 de agosto de 2012, la ANLA solicita al Municipio de San Luis traslado de
las actuaciones para continuar con el procedimiento.
• El 28 de agosto de 2012, el Municipio de San Luis remitió las mencionadas
actuaciones.
• El 3 de septiembre de 2012, la ANLA emite concepto 1452, con fundamento en
las visitas efectuadas los días 15 al 17 de agosto de esa anualidad.
• El 10 de septiembre de 2012, la ANLA expide el Auto 2829, a través del cual
avoca conocimiento de la medida preventiva impuesta en ejercicio de la
facultad a prevención por parte del Municipio de San Luis.
• El 10 de septiembre de 2012, la ANLA profiere la Resolución 0742, por medio
de la cual levanta la anotada medida preventiva suscrita por el ente territorial.
Al respecto, la Sala advierte que el fundamento del problema que plantea el ente
territorial se corresponde con lo anotado y de hecho, no fue objeto de discusión en
primera instancia. Sin embargo, no se encuentra irregularidad que ponga en peligro el
derecho al debido proceso, en atención a que de cualquier manera la Resolución que
25 Folio 215 Tomo I, Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
se acusa fue resultado de la valoración del mencionado concepto 1452, de la
documentación que remitió el recurrente y Cemex, siendo entonces irrelevante que
las visitas se hayan efectuado previo a que oficialmente el demandante haya remitido
la Resolución 000175 a la ANLA, o que el concepto 1452 haya sido expedido con
antelación al Auto 2829 de 2012, que avocó conocimiento o que a las visitas no se
haya citado al Municipio.
Como quedó expresado, el trámite en cuestión no contempla un debate en torno a las
pruebas o argumentos jurídicos de la autoridad que ha dictado la cautela ambiental,
sino la constatación de las circunstancias de parte del titular de la competencia de
control y la motivación de su decisión en uno de los dos sentidos también discernidos
líneas atrás.
8.5.4. También se determinará si es nulo por trasgredir el debido proceso, el acto
administrativo a través del cual se levanta una medida preventiva en materia ambiental
que había sido impuesta en uso de la facultad a prevención, si la adopción de esa
decisión se produjo el mismo día en que se avocó conocimiento.
En lo concerniente a este aspecto, debe precisar la Sala que contrario a lo que afirmó
la ANLA en la contestación de la demanda y sin que sobre ello se haya pronunciado
el Tribunal, el auto número 2829, por medio del cual se avocó conocimiento de la
medida preventiva adoptada en ejercicio de la facultad a prevención por parte del
Municipio de San Luis, sí se expidió el mismo día en que se profirió el levantamiento
de la medida preventiva, esto es, el 10 de septiembre de 2012. De ello da cuenta la
misma resolución que se enjuicia en sus considerandos (ver folio 4 vuelto del Tomo
I).
No obstante, debe la Sala reiterar lo relacionado con la relevancia de un hecho como
el que extraña el recurrente. De acuerdo con lo precisado en el numeral 8.5.1. de esta
providencia, el trámite que fijó el Legislador en el año 2009 no preveía una serie de
fases encaminadas a propiciar debates entre las autoridades ambientales
involucradas. La exigencia del orden jurídico va encaminada a que en el evento de
levantarse la medida, la decisión que en tal sentido se expida se encuentre
debidamente motivada dado lo sumario del trámite administrativo bajo examen.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
En consecuencia, no se estima así el cargo y por ende, se pasa a analizar el siguiente
reparo.
8.6. De la violación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009
La Sala tendrá que disipar si es nulo por violación a norma superior, el acto que levanta
una medida preventiva en materia ambiental, si para ello, según el demandante, no
se comprobó que hubiesen desaparecido las causas que llevaron a la imposición de
la medida, habida cuenta de que el Tribunal no apreció el CD adjuntado donde se
evidencia la contaminación de la Quebrada Ojito de Agua, se omitió la valoración
sobre la norma técnica utilizada para medir las vibraciones generadas por las
voladuras llevadas a cabo por Cemex, no se señaló nada sobre un hecho importante,
cual es que en el año 2000 las vibraciones superaron incluso, los límites de la norma
técnica que estaba utilizado la litisconsorte y no mereció atención la declaración de la
Coordinadora del Grupo de Infraestructura de la ANLA, en la que en palabras del
accionante, se da cuenta de que los estudios ordenados por esa autoridad para
determinar si existían filtraciones de las paredes de los Pit y si el caudal del agua del
Río Chicalá se había reducido, estuvieron a cargo del presunto infractor lo cual devela
un sesgo de parcialidad.
La forma en que se presenta el reproche a la sentencia apelada, conduce a la Sala a
preguntarse si es cierto que el Tribunal omitió el análisis que exige el accionante.
8.6.1. Sobre las voladuras y las normas técnicas para la medición de las vibraciones,
el Tribunal enlistó el material probatorio que reposaba en el expediente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Más adelante manifestó lo siguiente al respecto:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
8.6.2. En lo atinente a la apreciación de la contaminación de la Quebrada El Ojito, se
advierte que el Juzgador de Primera Instancia efectuó un pronunciamiento general
acerca de sólidos encontrados en los cuerpos de agua y que, como ocurrió con los
demás aspectos que dieron lugar a la adopción de la medida, concluyó que no se
había demostrado el nexo causal que determinara que la actividad desplegada por
Cemex había dado lugar a los impactos ambientales que se presentaban y por ende
era menester levantar la medida de suspensión de las actividades extractivas a la
anotada empresa:
Ciertamente, se colige de lo descrito que no es cierto que el a quo no haya ponderado
las pruebas que echa de menos el Municipio en su escrito por lo que el cargo no tiene
asidero.
8.6.3. Finalmente, sobre la declaración de la Coordinadora del Grupo de
Infraestructura de la ANLA, en la que informa que Cemex estuvo a cargo de los
estudios decretados en aras de establecer si existían filtraciones de las paredes de
los Pit y si el caudal del agua del Río Chicalá se había reducido, se observa que se
trata de una observación ajena al estudio de legalidad del acto que se enjuicia, toda
vez que en lo resuelto por la ANLA en la Resolución 0742 de 2012, no se halla
determinación en ese sentido; veamos:
ARTÍCULO PRIMERO. - Levantar la medida, preventiva consistente en la
suspensión de las actividades de explotación minera realizada por la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A. en el corregimiento de Payandé, jurisdicción del
municipio de San Luis, departamento del Tolima, impuesta, a través del artículo
primero de la Resolución 00175 del 13 de agosto de 2012, expedida por el alcalde
municipal de San Luis, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo
al representante legal o apoderado debidamente constituido de la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A., a la Alcaldía del municipio de San Luis, Tolima; a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
Personería del municipio de San Luis, Tolima; al corregimiento de Payandé, a la
Gobernación del Tolima, a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, a los señores José
Agustín Ospina y Sonia Isabel Corrales y a la Agencia Nacional de Minería.
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el contenido del presente acto administrativo en
la Gaceta Ambiental de la página web de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y surte efectos a partir de su comunicación que se entenderá surtida
dentro de los cinco (5) días siguientes del envió del correo certificado. La
constancia del envío se anexará al Expediente LAM 1499.
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no
procede recurso alguno.
En ese orden, se trata de un reproche del todo incongruente que ser{a despachado
negativamente.
8.7. De las costas
Bajo ese panorama, vistos los artículos 188 del CPACA26 y el citado 365 del CGP27,
en especial su numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala
26 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
27 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subrayas de la
Sala)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, por
concepto de agencias en derecho, toda vez que, a este respecto, se comprueba que
la demandada (ANLA y Cemex) comparecieron a este proceso y en esta instancia,
por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se dará aplicación
al Acuerdo 1887 de 200328, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se
impondrá a favor de la ANLA y Cemex, por este concepto y a cargo del Municipio de
San Luis, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a cada
una. En lo demás, no se condenará, pues no están acreditados otros gastos o
expensas.
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica29: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto30, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso31.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a las partes que integran el proceso.
28 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
29 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero
Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70
Radicado: 73001 23 33 000 2013 0029 01
Demandante: Municipio de San Luis Tolima
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS POR AGENCIAS EN DERECHO al Municipio
de San Luis, a favor de la ANLA y Cemex, en la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a cada una, según lo explicado en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 2
de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaro Voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.