RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2013-00106-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00106-01

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00106-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. Segundo. Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V, a favor de cada una de las entidades demandadas, valor que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte demandante. Tercero. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2013-00106-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00106-01 (AG)

Demandante: CAMILO ALEJANDRO PACHECO HERNÁNDEZ Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO- Improcedencia del medio de control-Se trata de un
asunto laboral.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda por la indebida actualización del pago de los intereses de cesantías
por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a los
docentes y directivos docentes del departamento del Tolima y del municipio de
Ibagué, durante los años 2010 y 2011.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 19 de diciembre de 2012, el señor Camilo Alejandro Pacheco Hernández y 662
personas más, a través de apoderado judicial (fl.1 a 663, c. 1), presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo (fl. 686 a 665, c. 1), contra la Nación-Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, departamento del Tolima y municipio de
Ibagué, para que se accediera a las siguientes pretensiones:

1. Que se declare administrativa y extracontractualmente responsables a la
Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

Prestaciones Sociales del Magisterio representado legalmente por la
señora ministra María Fernanda Campo Saavedra o por quien en el futuro
haga sus veces; municipio de Ibagué representado legalmente por el señor
alcalde Dr. Luis Hernando Rodríguez o por quien en el futuro haga sus
veces; y departamento del Tolima representado legalmente por el señor
gobernador Dr. Luis Carlos Delgado Peñón o por quien en el futuro haga
sus veces; de los perjuicios de índole económico causados a todos y cada
uno de mis poderdantes, por venir cancelando de forma reiterada y haber
pagado, en los meses de marzo, abril, julio u octubre y en muchas
ocasiones en los meses de noviembre y hasta diciembre y sin ninguna
clase de reconocimiento indexatorio-actualización de valores, los intereses
al auxilio de cesantías a los docentes y directivos docentes que laboran en
el municipio Ibagué y departamento del Tolima, reconocimiento indexatorio
que se debe hacer desde el primero de enero hasta la fecha en que se
hace efectivo el pago de los intereses a las cesantías, como entidades
territoriales certificadas en el sector de educación de conformidad a lo
establecido en la ley 715 de 2001, esto es financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones.

2. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio representado legalmente por la
señora ministra María Fernanda Campo Saavedra o por quien a futuro
haga sus veces; municipio de Ibagué representado legalmente por el señor
alcalde Dr. Luis Hernando Rodríguez o quien a futuro haga sus veces; y
departamento del Tolima representado legalmente por el señor
gobernador Dr. Luis Carlos Delgado Peñón o por quien en el futuro haga
sus veces, al pago de la indemnización de perjuicios que comprende el
daño emergente como el lucro cesante causado a mis poderdantes, por
las acciones y omisiones de carácter administrativo de pagar durante los
meses de marzo, abril, en julio u octubre y en muchas ocasiones en los
meses de noviembre y hasta diciembre los intereses de cesantías
correspondientes a los años 2010 y 2011 sin actualizar valores-indexar por
pérdida del poder adquisitivo constante en detrimento económico
patrimonial generado mis mandantes, esto es, docentes y directivos
docentes del municipio de Ibagué y departamento del Tolima, que
asciende a la suma de 50 millones de pesos mcte. (50.000.000).

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; municipio de Ibagué y
departamento del Tolima, a pagar las sumas de dinero debidamente
indexadas.

4. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; Municipio de Ibagué y
departamento del Tolima, a reconocer el costo de oportunidad,
representado en la utilidad diversa que cada uno de mis representados
hubiera podido dar a dichos dineros es decir, la determinación del costo
adquisitivo con relación a la fecha en la cual se causó el daño para lo cual
se debe tener en cuenta la variación del porcentaje del índice de precios
al consumidor, tomando como base los siguientes datos relacionados con
la fecha en que se realizan los pagos.

Docentes municipio Ibagué y departamento del Tolima.

Año Fecha comienza inflación Fecha pago
2010 Enero 1 de 2010 Reporte de pago Fondo
2011 Enero 1 de 2011 Reporte de pago Fondo

2

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

5. Ordenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Ibagué y
departamento del Tolima, que el monto de la indemnización sea entregado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para la defensa
de los derechos e intereses colectivos, dentro de los 10 días siguientes a
la ejecutoria del fallo, de no haberse creado ese fondo o no tenga la
capacidad para desarrollar dicha labor, deberá ordenarse a las
condenadas a adoptar el mecanismo que garantice cumplir a cabalidad
con la sentencia.

6. Determinar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han
estado ausentes en el proceso, incluyendo aquí a los administrativos,
pagos con cargo al Sistema General de Participaciones a fin de que
puedan reclamar la indemnización correspondiente.

7. Decretar a favor de la suscrita abogada coordinadora el 10% de la
indemnización que obtengan los miembros del grupo que no hayan sido
representados judicialmente.

8. Condenar en costas a las demandadas (fl.667 y 668, c. 1).

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:

El artículo 15, numeral 3°, literal b, de la Ley 91 de 1989, determina que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe liquidar los intereses de
cesantías a 31 de diciembre de cada año, a los docentes y directivos docentes del
país. Esta norma tiene un vacío jurídico en el sentido que no establece la fecha o el
plazo de pago. El Fondo ha señalado unos meses para el pago de las cesantías, en
la Resolución 5600 de 1997 del Ministerio de Educación, lo que ha generado una
pérdida del poder adquisitivo, pues estos pagos no pueden estar sujetos a
condicionamientos de carácter administrativo ni a la disponibilidad presupuestal del
Fondo, sino que deben ser realizados de manera oportuna. Para un docente no es
igual que su prestación sea pagada en enero, abril u octubre de cada año, o
diciembre, como ha sucedido en muchos casos.

De acuerdo con lo anterior, a los docentes y directivos docentes del departamento
del Tolima y el municipio de Ibagué, se les cancelan los intereses de cesantías en
los meses de marzo, abril, julio u octubre de cada año, con base en el salario del
año anterior sin incremento alguno, pues el aumento se efectúa en marzo o abril del
año siguiente. El Fondo no les reconoce la actualización de valores, indexación, por
lo que, en varios casos judiciales, a través de sentencia, se ha generado el
reconocimiento de ese aumento. Resulta claro, que los docentes al inicio de cada
año deben incurrir en gastos tales como las matrículas de sus hijos, compra de
artículos de la canasta familiar, cuyo valor ya viene actualizado desde el primero de
enero, pero respecto de los intereses de cesantías esa actualización no se hace,

3

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

por lo que no se realiza el pago efectivo y completo de esta prestación social, como
lo prescribe el artículo 1626 del Código Civil, pues este debe comprender los
intereses y actualizaciones de una deuda. La demanda lo expresa de la siguiente
manera:

Los perjuicios causados habrá en consecuencia de ser resarcidos, no solo
con los reajustes que implica la pérdida permanente del valor del dinero,
obligación de proceder a realizar los pagos debidamente indexados, desde el
primero de enero hasta la fecha de cancelación de los intereses de cesantías
(fl. 684, c. 1).

Concluye que, la omisión en el pago de los intereses de cesantías debidamente
indexados por parte de las entidades demandadas, configura una falla del servicio.

Señala que la acción adecuada para declarar la responsabilidad patrimonial es la
de grupo, “toda vez que de manera individual se tornaría inane la posibilidad de
ejercer dichas acciones” (fl. 684, c. 1).

2. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 10 de abril de 2013, se admitió la demanda (fl 700 a 703, c.1).
Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición. En auto
de 30 de mayo de 2013, el a quo decidió no reponerlo (fl. 742 y 743, c. 1). La
notificación a las demandadas y a la Defensoría del Pueblo se surtió en debida
forma (fl. 716 a 722, 746, 844 a 851, c. 1). Además, se ordenó la publicación del
aviso para informar a los miembros del grupo sobre la existencia de la demanda, a
través de un medio masivo de comunicación. La notificación se cumplió mediante
aviso de prensa publicado en el municipio de Ibagué (fl. 843, c. 1).

• El departamento del Tolima se opuso a las pretensiones de la demanda (fl. 748 a
762, c. 1). Manifestó que, en el capítulo de los hechos de la demanda, se hace
transcripción de normas y sentencias, que son interpretadas de manera subjetiva
por la parte actora. Adujo que no estaban acreditados los elementos de la
responsabilidad patrimonial ni los perjuicios reclamados. Conforme a los artículos
3, 4 y 7 de la Ley 91 de 1989, 56 de la Ley 962 de 2005, 2, 3 y 5 del Decreto 2831
de 2005, las secretarías de educación son entidades intermedias encargadas de
desarrollar determinadas actividades en representación del Fondo, que es de nivel
nacional. El departamento del Tolima es solo un administrador de los recursos del
Sistema General de Participaciones en la Educación, no es la entidad llamada a
responder por el concepto prestacional reclamado, que compete al Ministerio de
Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Razón por la
cual alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

4

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

Agregó que se encontraba caducada la acción, pues se reclamaban daños
causados entre el 1° de enero de 2010 y 2011, y la demanda fue presentada en el
año 2013 (sic). Además, la acción era improcedente para el reclamo de perjuicios
ocasionados por el no pago de acreencias laborales.

• El municipio de Ibagué solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
(fl. 821 a 829, c.1), porque no era procedente el pago de intereses de mora por el
no pago oportuno de intereses sobre cesantías, por cuanto en el ordenamiento
jurídico aplicable a los docentes no existía una disposición que así lo estableciera.
Explicó que, en enero de cada año, el Ministerio de Educación Nacional enviaba un
instructivo a la Secretaría de Educación Municipal para que se hiciera un reporte
de liquidación de cesantías por medio del software de nómina, el cual se enviaba a
la directora de prestaciones económica de Fiduprevisora, encargada del manejo de
los recursos del Fondo, que tiene a su vez en cuenta el software del Ministerio, para
generar el reporte de liquidación de cesantías y proceder al pago de los intereses.
El municipio demandado ha cumplido a cabalidad con esa obligación legal y
reglamentaria, por lo que se configura la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Insistió en que a las secretarías de educación les corresponden
algunas obligaciones de trámite, pero no reconoce ni cancela las prestaciones
solicitadas.

Alegó la excepción de caducidad, dado que el pago tardío de los intereses de
cesantías proviene de actos administrativos de reconocimiento y pago de estas, por
lo que se tiene un término de 4 meses para su reclamación a partir del agotamiento
de la vía gubernativa, pero ninguno de los demandantes interpuso la acción en ese
término.

• La Nación-Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda (fl. 834 a 841,
c. 1). Afirmó que la presunta mora que se alegaba no le era imputable, toda vez
que no participaba en la expedición de los actos administrativos de reconocimiento
y pago de prestaciones sociales, ya que de conformidad con la Ley 962 de 2005 y
el Decreto 2831 de 2005, quien debía reconocer y ordenar el pago de las cesantías
de los docentes afiliados al Fondo eran las secretarías de educación como
autoridad nominadora y responsable de las prestaciones sociales de los docentes
a su cargo. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
con fundamento en que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
era una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, consiste en un
patrimonio autónomo cuyos recursos tienen el propósito de pagar las prestaciones
que las entidades territoriales reconozcan a las plantas de docentes, por lo tanto,

5

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

el acto administrativo que las reconoce contiene la voluntad de las secretarías de
educación territoriales respectivas, conforme a los artículos 3 de la Ley 91 de 1989
y 56 de la Ley 962 de 2005.

Con la demanda no se aportaron pruebas sobre los perjuicios ocasionados a los
demandantes ocasionados por el no reconocimiento de los intereses de cesantías,
como tampoco de su condición de docentes nacionales o nacionalizados y menos
del incumplimiento del pago de interés sobre cesantías correspondientes a los años
de 2010 y 2011.

La audiencia especial de conciliación prevista en el artículo 61 de la Ley 472 de
1998, se celebró el 27 de agosto de 2013 y se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes. En la fijación del litigio se determinó su objeto de la
siguiente forma: “1. ¿Cuándo se debía proceder y cuando se produjo el pago de los
intereses a las cesantías de los docentes departamentales del Tolima y municipales
de Ibagué por los años 2010 y 2011? y 2. ¿Es procedente el pago de indexación
por las omisiones en el pago oportuno de los intereses a las cesantías de los
docentes vinculados tanto al departamento del Tolima como al municipio de Ibagué,
para las vigencias fiscales de 2010 y 2011?”, en cuanto a la fijación de las
pretensiones se estableció: Si hay lugar al pago de la indexación de los dineros
cancelados durante los años 2010 y 2011, por concepto de intereses a las
cesantías a los docentes vinculados al departamento del Tolima y el municipio de
Ibagué. Finalmente se decretaron las pruebas del proceso, conforme a lo prescrito
en el artículo 62 de la Ley 472 de 1998 (fl. 873 a 884, c. 1).

Mediante auto de 4 de diciembre de 2013, se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. En la
misma providencia fueron rechazadas las solicitudes de integración de nuevos
miembros del grupo al proceso, por haber sido presentadas con posterioridad a la
providencia que dio apertura al término probatorio, según lo prescrito en el artículo
55 de la Ley 472 de 1998.

• El departamento del Tolima reiteró lo manifestado en la contestación de la
demanda (fl. 985 a 990, c. 1).

• La parte demandante reafirmó lo alegado en la demanda (fl. 991 a 1011, c. 1).

• La Nación-Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reiteró que con los documentos aportados con la demanda
no se acreditaron los perjuicios alegados por el grupo demandante, ni su calidad de

6

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

docentes nacionales o nacionalizados y menos la prueba del incumplimiento en el
pago de intereses sobre las cesantía causadas en los años 2010 y 2011. Hizo
énfasis en que el reconocimiento y orden de pago de las cesantías de los docentes
afiliados al Fondo corresponde a las secretarías de educación, como autoridades
nominadoras y responsables de las prestaciones sociales de los docentes a su
cargo (fl. 1012 y 1013, c. 1).

El municipio de Ibagué y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia impugnada

El 24 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia
apelada (fl. 1014 a 1022, c.1), en la que se resolvió:

Primero: Declarar probada de manera oficiosa la improcedencia de la acción,
y en consecuencia, se deniegan las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las consideraciones de la presente decisión.

Segundo: Sin costas.

Tercero: Por secretaría liquídense los gastos del proceso y si hubiere
remanentes devuélvanse a la parte demandante.

Tercero. Una vez en firme archívese el expediente (fl. 1022, c. 1).

Señaló que el grupo de docentes demandantes solicitó la reparación de los
perjuicios originados por el no pago oportuno de los intereses de cesantías a que
tiene derecho, durante los años 2010 y 2011 (art. 15 de la Ley 91 de 1989,
reglamentado por los art. 3 a 5 de la Resolución 5600 de 1997 del Ministerio de
Educación). Estos intereses de cesantías son derechos de contenido laboral a favor
de los docentes nacionales o nacionalizados, equivalentes a un año de salario por
cada año de servicio o proporcional a la fracción por año laborado, sobre el último
salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses o, en caso
contrario, sobre el salario promedio del último año. Esos intereses deben ser
pagados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los
meses de marzo y abril de cada año, si la entidad o el establecimiento público oficial
cumple con los términos allí establecidos; de lo contrario, lo hará en los meses de
julio y de octubre.

El Tribunal afirmó que los pagos que se han realizado a los docentes del
departamento del Tolima y del Municipio de Ibagué por este concepto se ajustan
en derecho con los procedimientos y en las fechas establecidas en la ley y las
resoluciones citadas. Por lo que, si los demandantes se encontraban insatisfechos
con los pagos debían haber formulado la reclamación ante la entidad territorial a la

7

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

que se encontraban vinculados, dado que la acción de grupo resultaba
improcedente para realizar reclamaciones laborales, como quiera que debe
agotarse previamente el requerimiento a la Administración para que se pronuncie
de manera particular. El resultado de esas reclamaciones sería un acto
administrativo, respecto del cual, si los destinatarios no estuvieran de acuerdo,
podrían ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En conclusión,
consideró el a quo que las pretensiones que se plantearon en la demanda eran
improcedentes a través del medio de control de grupo, por no haberse agotado la
actuación administrativa previa.

4. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el grupo demandante interpuso recurso de apelación (fl.
1026 a 1038, c. 1). Insistió en que era procedente la acción de grupo, dado que los
docentes del departamento del Tolima y del municipio de Ibagué alegaban la
omisión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de
reconocerles y pagarles la indexación correspondiente a la pérdida de poder
adquisitivo de los intereses de cesantías que les eran cancelados en los meses de
marzo, abril, julio u octubre de cada año, con base en el salario del año anterior, sin
que se tomara en cuenta su incremento del año siguiente, que, generalmente, se
hacía en los meses de marzo y abril, “lo que ha generado el reconocimiento a través
de sentencia judicial de intereses moratorios”, ya que no se cancelan los valores
indexados sobre valores cancelados en fechas posteriores al primero de enero de
cada año, lo que no constituye un pago efectivo en los términos del artículo 1626
del Código Civil. Además, se señaló en el recurso:

De otro lado, al acumularse en una sola acción las pretensiones de todas las
personas determinadas y por determinarse en las que concurran las
condiciones uniformes respecto de los elementos que configuran la
responsabilidad de la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Ibagué y departamento
del Tolima, se viabiliza su reclamación, toda vez que de manera individual se
tornaría inane la posibilidad de ejercer dichas acciones (fl. 1037, c.1).

5. Actuación en segunda instancia

El recurso de apelación fue concedido el 22 de febrero de 2014 (fl.1040, c. 1); fue
admitido el 30 de mayo siguiente (fl. 1048, c. 1.), y el 21 de enero de 2016 se corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente (fl. 1052, c. 1).

Las partes y el Ministerio Público, guardaron silencio (fl. 594, c. 1).

8

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

III. CONSIDERACIONES

1. Normativa y régimen aplicable

La demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, de allí que le resultan
aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998, con las
modificaciones que, respecto de la pretensión, caducidad y competencia, introdujo
la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, la jurisprudencia ha precisado:

(…) si bien en los aspectos que se refieren a la reparación de los perjuicios
causados a un grupo el legislador instituyó, por la especialidad que se predica
en estos casos, un régimen particular aplicable a estas controversias, el cual
está contenido en la Ley 472 de 19981, también lo es que, en materia de lo
Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 modificó dicha norma
especial, en lo que hace a las disposiciones referentes a la pretensión, a la
caducidad y a la competencia, pues, amplió y reguló integralmente las
disposiciones aplicables en esos aspectos, lo que impone concluir que los
demás temas continúan regulados por la Ley 472 de 19982 3.

2. Jurisdicción y competencia

El inciso primero del artículo 50 de la Ley 472 de 1998 prevé que corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las acciones de grupo
originadas en la actividad de las entidades estatales y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas.

En este caso, la demanda se presentó contra la Nación-Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento
del Tolima y municipio de Ibagué. Por tanto, esta jurisdicción es la encargada de
resolver la controversia planteada.

El Consejo de Estado tiene competencia funcional para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con los artículos 50 de la Ley
472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA.

1
Cita del original: “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
Cita del original: “Al respecto consultar, Auto de 31 de enero de 2013, Exp. 63001-23-33-000-2012-
00034-01 (AG), M.P. Enrique Gil botero”.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 10 de febrero de 2016, exp. 2015-00934, M.P. Hernán Andrade Rincón y autos del 18 de mayo
de 2017 exp. 2016-00131, M.P. Hernán Andrade Rincón y del 18 de julio de 2017, exp. 2013-00583.

9

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

En efecto, esta última disposición preceptúa que los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: “(…) 16. De los relativos
a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados
a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas”.

Por su parte, el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 (compilatorio del Reglamento
Interno del Consejo de Estado) previó la siguiente competencia para la Sección
Tercera: “12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado”.

3. Procedencia de la acción

En el caso concreto, en la demanda se pretende que se declare la responsabilidad
de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, departamento del Tolima y municipio de Ibagué, por los
daños causados al grupo demandante, por el no pago debidamente indexado de los
intereses de cesantías en los meses de marzo, abril, julio u octubre de cada año,
porque se toma como base el salario devengado del año anterior y no el incremento
de este, que se reconoce generalmente en los meses de marzo y abril del año
siguiente, debido al vacío legal establecido en el artículo 15, numeral 3°, literal b, de
la Ley 91 de 19894, que establece que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio debe liquidar los intereses de cesantías a 31 de diciembre de cada
año, a los docentes y directivos docentes del país, y la Resolución 5600 de 19975
del Ministerio de Educación, que establece los meses mencionados para realizar
tales pagos. Debe señalarse que, no se califican los meses de pago determinados
por la ley como tardíos o morosos.

4
Ley 91 de 1989, art. 15. Núm. 3.b. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de
1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá́ y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de
la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de
diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional.
5
Resolución 5600 de 1997, del Ministerio de Educación Nacional. Art. 4. Par. 1°. Si las entidades
territoriales y los establecimientos públicos educativos oficiales cumplen con el término establecido
en el presente artículo, el fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
del pago oportuno de dichos intereses en los meses de marzo y abril de cada año.
Art. 5. En los eventos señalados en el anterior artículo o en caso de remisión por parte de la entidad
territorial o del establecimiento público educativo oficial de información con posterioridad al veinte
(20) de enero de cada año, no reportada oportunamente, la entidad fiduciaria programará esos pagos
para el mes de julio y de octubre del mismo año.

10

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

En el proceso obra la lista de docentes del departamento del Tolima y del municipio
de Ibagué afiliados al Fondo (fl. 664 y 952, c. 1, CDs con el mismo contenido), la
relación de pagos de intereses de cesantías a los docentes demandantes durante
los años 2010 y 2011, reportado por Fiduprevisora S.A. (fl. 3, c. de pruebas, CD), la
base de afiliación al Fondo de los docentes de esos entes territoriales a mayo de
2013, reportado por Fiduprevisora S.A. ( fl. 8, c. de pruebas, CD), varios extractos
de intereses de cesantías, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fiduprevisora S.A. del departamento del Tolima y del municipio de
Ibagué, entre los años 1997 y 2012 (fl. 764 a 811, c.1)

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 13 de julio de 20216, al decidir sobre la revisión eventual de la acción de grupo,
estableció la siguiente regla de unificación:

Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de precisar
lo siguiente:

La acción de grupo es improcedente para tramitar pretensiones en las que se
solicite indexación e intereses de mora por el reconocimiento y pago tardío de
reajustes salariales de los empleados públicos. El juez natural para conocer y
dirimir estas controversias será el juez laboral de lo contencioso administrativo, en
desarrollo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En las consideraciones de la sentencia se señala qué tipo de controversias abarcan
derechos laborales derivados del derecho administrativo:

En la misma línea, la indexación y el pago de intereses moratorios, como medidas
correctivas con miras a restablecer los derechos laborales violentados e
indemnizar los perjuicios que con ello se hayan podido generar, se enmarcan en
un escenario laboral que resulta extraño al ámbito de responsabilidad patrimonial
estatal que se discute en la acción de grupo, por lo que en tales eventos esta vía
procesal se torna improcedente.

En esa lógica, son emolumentos de naturaleza laboral los salarios, primas,
bonificaciones, vacaciones, dotaciones o reajustes salariales, pero también lo son
las indexaciones, sanciones, intereses y compensaciones que haya lugar a
concederle al trabajador, bajo el entendido que aquel concepto comprende todo
pago que pueda atribuirse de manera directa a la existencia de la relación jurídico
laboral, así como a la dinámica en la que esta se desarrolló. Consecuentemente,
el juez natural para conocer las controversias en las que se exija su pago será el
juez laboral de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Asimismo, se determinan los efectos en el tiempo de esa sentencia de unificación:

Por lo anterior, se considera que la regla de unificación contenida en esta
sentencia debe aplicarse de manera retroactiva a todos los casos pendientes
de discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial. De igual manera,

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo contenciosos Administrativo, sentencia de 13 de julio de 2021,
rad. 05001-33-31-009-2006-00210-01(AG)REV (IJ-SU), C.P. William Hernández Gómez.
Providencia respecto de la cual la ponente de la presente sentencia salvó el voto.

11

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

debe precisarse que aquellos asuntos respecto de los cuales ya ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

La causa petendi del presente medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, se refiere a una controversia de índole laboral, en cuanto tiene
que ver con la manera como se liquidaron y pagaron los intereses de cesantías de
docentes y directivos docentes del departamento del Tolima y del municipio de
Ibagué por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
durante los años 2010 y 2011.

La sentencia de primera instancia declaró improcedente el ejercicio de este medio
de control en tanto se trata de controversias laborales y la parte demandante, en el
recurso de apelación, insistió en que era el medio idóneo. Los reclamos por la
indebida liquidación, en cuanto a la actualización de lo pagado por intereses de
cesantías se refiere a una prestación social que es una pretensión de carácter
laboral. De acuerdo con lo señalado, esta debe resolverse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque se trata de una
reclamación de naturaleza laboral que abarca la regla establecida por la sentencia
de unificación de la Sala Plena, del 13 de julio de 2021, por lo cual se confirmará la
sentencia apelada.

Debe aclararse que la sentencia de unificación señala que el medio de control de
daños causados a un grupo no es procedente en asuntos laborales en ningún caso
y así se señala en la sentencia: “En efecto, la afirmación incontestable de que la
acción de grupo tiene naturaleza y finalidad indemnizatorias, como se explicó de
manera amplia en el acápite correspondiente, lleva a concluir que aquella no es una
vía procesal por la que puedan tramitarse pretensiones de carácter laboral, premisa
que ha sido aceptada pacíficamente por esta Corporación y cuya justificación sigue
teniendo plena vigencia”.

Está afirmación tiene dos tipos de consecuencias. La primera, el efecto retroactivo
de la sentencia para los asuntos de la misma índole que se encuentran en curso.
La segunda, no está relacionado con el requerimiento del inciso segundo del artículo
145 del CPACA7, en cuanto al agotamiento del recurso administrativo obligatorio
por parte de alguno de los miembros del grupo, dado que estos asuntos solo se
pueden ventilar en sede del medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho.

7
Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá́ solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio.

12

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

4. Costas

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 19988 y el artículo 365 del Código
General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas
a cargo de la parte vencida, es decir, a la parte demandante.

La Sala fijará las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en
cuenta en la liquidación de costas.

Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del Código General
del Proceso, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a $50.000.000, asunto en el
que la parte demandante resultó vencida en primera instancia.

Acerca de la gestión procesal se observa que las demandadas estuvieron
vinculados al trámite procesal y, por tanto, esta sola circunstancia y el hecho de
tener un apoderado, implica o conlleva una actividad de vigilancia del proceso que
amerita reconocer agencias en derecho.

A partir de lo expuesto, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor de
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades
públicas demandadas, remitiéndose para el efecto al artículo 3.2. del Acuerdo 1887
de 20039, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, que dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de
acciones populares y de grupo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

8
Artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
“5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
9
Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición
que estableció esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El
presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a
partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores
sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y
9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

13

Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00102-01 (AG)
Demandante: Camilo Alejandro Pacheco Hernández y otros
Demandado: Departamento del Tolima y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia de 24 de enero de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

Segundo. Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma
equivalente a un (1) S.M.M.L.V, a favor de cada una de las entidades demandadas,
valor que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte
demandante.

Tercero. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.