Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cesantias: clasificación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2014-00149-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
31 de enero de 2019
CESANTIAS – Clasificación / CESANTÍAS ANUALIZADAS / CESANTÍAS DEFINITIVAS
Se tiene que existen: (i) las cesantías anualizadas: que son las que se causan año tras año; que están reguladas por la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998; que el empleador las debe liquidar anualmente a 31 de diciembre de cada año, por anualidad o fracción; que el empleador las debe consignar antes del 15 de febrero de cada año, en el fondo de cesantías elegido por el empleado, sin perjuicio de la consignación que deba efectuar en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo, y que si ello no ocurre, el empleador le debe pagar al empleado la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo. (ii) las cesantías definitivas: son las que el empleador le debe liquidar, reconocer y pagar a su empleado, cuando la relación laboral legal o reglamentaria finaliza por cualquier causa y en forma definitiva, las cuales están reguladas por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; que cuando el empleador no las paga al empleado o no se las consigna luego de transcurrido el plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha de la que quede en firme el acto administrativo en el que ordenó su liquidación, le debe pagar al empleado la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, para lo que solo basta acreditar su no cancelación dentro de ese término.(iii) las cesantías parciales: son aquellas que el empleador debe entregar al empleado cuando las solicite con el fin de destinarlas a lo relacionado con la compra, adquisición, mejora de vivienda o con los estudios; que están reguladas por la Ley 1071 de 2006; que si la entidad observa que la solicitud está incompleta le debe informar al peticionario, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la misma, cuáles son los documentos y/o requisitos pendientes, y una vez aportados, la solicitud se debe resolver en el término de 10 días, y que cuando el empleador no las paga al empleado o no se las consigna luego de transcurrido el plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha de la que quede en firme el acto administrativo en el que ordenó su liquidación, le debe pagar la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, para lo que solo basta acreditar su no cancelación dentro de ese término.
FUENTE FORMAL: LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006 / LEY 50 DE 1990, LA LEY 344 DE 1996 / DECRETO 1582 DE 1998
SANCIÓN MORATORIA DOCENTE EN CESANTÍAS PARCIALES – Reconocimiento /
Es plausible reconocer y pagar a los docentes oficiales la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías contemplada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por tratarse de servidores públicos, siempre que se encuentren afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sanción que empieza a correr de conformidad a los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, transcurridos 70 días hábiles siguientes de radicada la solicitud de reconocimiento y pago de dicha sanción.(…) para establecer la fecha en la que fue radicada la solicitud a efectos de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de las cesantías parciales a las que tiene derecho la demandante, conforme a lo señalado en el acápite normativo, esto por tratarse de un servidor público.De ahí que la entidad demandada contaba con el término de 15 días para expedir la resolución, plazo contado a partir del día siguiente en que fue radicada la solicitud, es decir, desde el 7 de noviembre de 2012 hasta el 29 de noviembre de 2012; pese a ello, la Resolución 17000242 fue proferida por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué hasta el 11 de febrero de 2013, esto es, transcurridos 49 días, por lo que se tiene que aplicar la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, así: «la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago»
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00149-01(4535-14)
Actor: ANA PAULINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Asunto: LEY 1437 DEL 2011
SO. 004
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 15 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del CPACA, por intermedio de apoderado, la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez, solicitó la nulidad del oficio 2013RE2647 del 15 de octubre de 2013, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de cesantías parciales.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento, pidió se condene a la Nación Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por el no pago oportuno de las cesantías parciales, contemplada en la Ley 1071 de 2006, sanción por mora contada a partir de los (65) días de radicada la solicitud de la cesantía hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.
Igualmente, solicitó que sobre dichas sumas se efectúen los reajustes legales correspondientes conforme al índice de precios del consumidor y que la sentencia se cumpla de conformidad con el artículo 195 del CPACA.
Los hechos que sustentan las anteriores pretensiones se resumen de la siguiente manera:
La señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez el 7 de noviembre de 2010 solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, petición que fue desatada favorablemente por la secretaría de educación Municipal de Ibagué Tolima mediante la Resolución 71000242 del 11 de febrero de 2013 y pagada por intermedio de entidad bancaria hasta el 31 de mayo de 2013.
Por lo anterior, la demandante el 2 de octubre de 2013 solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción moratoria la cual fue despachada negativamente a través del oficio No. 2013RE2647 del 15 de octubre de mismo año.
Como normas violadas, invocó las Leyes 91 de 1989 arts. 5 y 15; 244 de 1995 arts. 1 y 2; y 1071 de 2006 arts. 4 y 5.
Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio siempre ha incurrido en mora injustificada en el pago de las cesantías a docentes, por lo que de manera progresiva fueron expedidas las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por medio de las cuales se reguló el pago de las cesantías parciales y definitivas, estableciendo un término perentorio de 15 días después de radicada la solicitud para el reconocimiento de las mismas y 45 días para el pago una vez expedido el acto administrativo de reconocimiento.
No obstante, cuando son canceladas por fuera de dicho término, la ley establece una sanción consistente en un (1) día de salario por cada día de mora hasta cuando se efectúe el pago. Las normas citadas sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda comoquiera que le son aplicables a la demandante.
Contestación de la demanda
El Municipio de Ibagué, por conducto de apoderado se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de vicio en los actos administrativos que se acusan y excepción genérica, argumentando que el municipio no está llamado a reconocer y pagar las cesantías, comoquiera que corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales, cuenta adscrita al Ministerio de Educación Nacional, realizar el pago oportuno de dicha prestación.
El Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por conducto de apoderada se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de buena fe, prescripción, inexistencia de la vulneración de principios legales y falta de legitimidad por activa.
Al respecto señaló que la sanción establecida en la Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, solo procede respecto de los plazos para el pago, y no frente a los términos para el trámite de las prestaciones económicas, comoquiera que en su artículo 4 dispone de un término específico para gestionar las cesantías y expedir una resolución de reconocimiento o negación, asimismo en su texto dicho artículo no prevé ninguna sanción económica por su incumplimiento.
Agregó que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, la sanción moratoria se causa en contra de la entidad que incumpla con la obligación de pagar dentro de 45 días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento de la prestación y que el plazo empezará a correr 5 días después de la notificación de la resolución respectiva, si no se interpone recurso o a partir del día siguiente de la notificación de la resolución si se renuncia a términos de ejecutoria, no como lo pretende la demandante, solicitando el reconocimiento de la sanción a partir de la fecha en la que inició el trámite de la solicitud de las cesantías o del cumplimiento después de 15 días de haber sido presentadas.
Además, debe tenerse en cuenta que la obligación dineraria que eventualmente se cause a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, es el doble del interés bancario corriente que estuviera vigente al momento de causarse la deuda, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009.
Trámite procesal
Mediante auto del 19 de agosto de 2014 el Tribunal Administrativo del Tolima fijó como fecha para celebrar la audiencia inicial el 15 de septiembre de 2014 (f. 89).
En la mencionada diligencia se declaró no probada la excepción previa de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que es el Fondo de Prestaciones Sociales el encargado del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así como de las cesantías parciales y definitivas; respecto de la excepción de prescripción manifestó que no había operado dicho fenómeno comoquiera no habían transcurrido más de tres años entre el pago de la cesantía parcial y la reclamación de la sanción moratoria.
De igual forma, se fijó el litigio en los siguientes términos: «El problema jurídico del caso bajo estudio se contrae a establecer si la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, al no haberse expedido la resolución de reconocimiento del auxilio de cesantías parciales, dentro del término establecido en la norma de comento o si por el contrario, dichas normas no le son aplicables al personal docente por tener un régimen especial que no consagra dicha indemnización». (f. 118)
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 15 de septiembre de 2014, negó las súplicas de la demanda, condenó en costas y en agencias en derecho a la demandante equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Después de hacer un recuento normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria contenida en la Ley 1071 de 2006, concluyó que dicha ley, en su artículo 2, señala cuáles son sus destinatarios, por lo que en principio los docentes se encuentran incluidos, no obstante estos mismos están sometidos a un régimen especial en materia de prestaciones sociales que no contempla la sanción moratoria.
Agregó que en materia sancionatoria rige el principio de la tipicidad, esto es, que toda sanción, previa a su imposición debe estar contemplada en la ley, por lo que no puede ser aplicada por analogía o por extensión al personal docente.
Recurso de apelación
El apoderado de la demandante recurrió el fallo de primera instancia argumentando que el Tribunal Administrativo del Tolima no resolvió la controversia planteada comoquiera que fundamentó la decisión en una sentencia que no era aplicable al caso concreto.
Además de eso, señaló que a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, toda vez que es una servidora pública, por lo que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.
Alegatos de conclusión
El apoderado de la demandante, después de un recuento normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 modificada por la 1071 de 2006, señaló que a su poderdante le asiste el derecho a la sanción moratoria, toda vez que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se demuestra que la entidad demandada pagó las cesantías de manera tardía lo que da lugar al reconocimiento y pago de dicha sanción.
La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y en consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda, dado que el tribunal incurrió en un error al no resolver la controversia planteada, esto es, la de imponer a la parte demandada la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de conformidad con la Ley 244 de 1995 modificada por la 1071 de 2006, que regula el pago de las cesantías parciales o definitivas para todos los servidores públicos, el cual no se opone con el régimen especial de los docentes.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
De acuerdo con la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante, la controversia se contrae a determinar si los docentes tienen derecho a la sanción moratoria contemplada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Para ese efecto, se analizará el marco normativo de las cesantías, la sanción moratoria y del reconocimiento de la misma a los docentes oficiales, finalmente, resolver el caso concreto.
De las cesantías y la sanción moratoria
En relación con las prestaciones sociales, esta Sala de Subsección las ha considerado como pagos representados en dinero o en especie que el empleador le debe hacer al empleado, bien sea de manera directa o por intermedio de las entidades de previsión, con la finalidad de cubrir los riesgos o las necesidades de este último, que encuentren su origen en la relación laboral. Dentro de estas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías.
La Ley 50 de 1990 en el artículo 99, expresamente creó el régimen anualizado de liquidación de la cesantía, que en términos del numeral 1 consiste en que «[el]l 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo». Igualmente, en el numeral 2 ordenó el pago de los intereses legales del 12 % anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
En su numeral 3, fijó la sanción moratoria cuando no se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, sanción que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo, y en el numeral 4, dispuso que cuando se termina la relación laboral y existan saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.
Por su parte, la Ley 244 de 1995 en el artículo 1 prescribe que los servidores públicos de todos los órdenes, pueden solicitar la liquidación de las cesantías definitivas, debiendo la entidad expedir la resolución correspondiente, y en su artículo 2 dispuso que la entidad pública pagadora contará con un plazo máximo de 45 días hábiles para cancelar la prestación, a partir de la fecha en que quedara en firme el acto administrativo que ordena dicha liquidación.
El parágrafo de la norma ordena que, en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad obligada deberá, de sus propios recursos, reconocer y cancelar al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que su pago se haga efectivo, para lo que solo basta la acreditación de la no cancelación dentro del término legal previsto y siempre que la mora en el pago no se produzca por culpa imputable al servidor.
La Ley 344 de 1996 en el artículo 13 indicó que, a partir de su publicación, sin perjuicio de los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, sin especificar su nivel, tendrían un nuevo régimen de liquidación anual de cesantía con corte al 31 de diciembre de cada año, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente con ocasión de la terminación de la relación laboral, y que a ellas les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen, siempre que no sean contrarias a lo anteriormente dispuesto.
El Decreto 1582 de 1998 en su artículo 1, al reglamentar el referido artículo 13 de la Ley 344 de 1996, prescribió, para los servidores públicos del nivel territorial con vinculación a partir del 31 de diciembre de 1996 que estén afiliados a fondos privados de cesantías, que su régimen de liquidación y pago es el previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, y que, el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
En su artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, ordenó que los servidores públicos vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 con régimen de retroactividad y que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, es decir, al anualizado, deben obtener la liquidación definitiva del auxilio a la fecha de solicitud de traslado por parte de la entidad pública y que ésta entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador, pudiendo la entidad territorial, en lugar de conceder dicha suma de dinero, emitir a favor del servidor un título de deuda pública por el valor de la liquidación de la prestación, previo el cumplimiento del trámite legal necesario.
La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en el artículo 1 dispuso que su objeto era el de reglamentar el reconocimiento de las cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.
En su artículo 2 señaló que sus destinatarios son los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y que para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 en cuanto a las cesantías parciales ordena que se puede solicitar su retiro cuando el empleado las vaya a utilizar: «1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos».
En el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 estableció que, dentro de los 15 días hábiles siguientes «a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley».
En su parágrafo indicó que, en caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informarle al peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes, y una vez aportados, «la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo».
En el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, en cuanto a la mora en el pago, ordenó que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo 45 días hábiles, el cual se contabilizaría desde la fecha «a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro».
Y en su parágrafo señaló que, en caso de «mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este».
En conclusión, se tiene que existen: (i) las cesantías anualizadas: que son las que se causan año tras año; que están reguladas por la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998; que el empleador las debe liquidar anualmente a 31 de diciembre de cada año, por anualidad o fracción; que el empleador las debe consignar antes del 15 de febrero de cada año, en el fondo de cesantías elegido por el empleado, sin perjuicio de la consignación que deba efectuar en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo, y que si ello no ocurre, el empleador le debe pagar al empleado la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo.
(ii) las cesantías definitivas: son las que el empleador le debe liquidar, reconocer y pagar a su empleado, cuando la relación laboral legal o reglamentaria finaliza por cualquier causa y en forma definitiva, las cuales están reguladas por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; que cuando el empleador no las paga al empleado o no se las consigna luego de transcurrido el plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha de la que quede en firme el acto administrativo en el que ordenó su liquidación, le debe pagar al empleado la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, para lo que solo basta acreditar su no cancelación dentro de ese término.
(iii) las cesantías parciales: son aquellas que el empleador debe entregar al empleado cuando las solicite con el fin de destinarlas a lo relacionado con la compra, adquisición, mejora de vivienda o con los estudios; que están reguladas por la Ley 1071 de 2006; que si la entidad observa que la solicitud está incompleta le debe informar al peticionario, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la misma, cuáles son los documentos y/o requisitos pendientes, y una vez aportados, la solicitud se debe resolver en el término de 10 días, y que cuando el empleador no las paga al empleado o no se las consigna luego de transcurrido el plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha de la que quede en firme el acto administrativo en el que ordenó su liquidación, le debe pagar la sanción por mora, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, para lo que solo basta acreditar su no cancelación dentro de ese término.
Del reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales
La Corte Constitucional en sentencia de unificación de 18 de mayo de 2017, se pronunció respecto del pago de cesantías y mora en el pago a docentes oficiales; por lo que llegó a las siguientes conclusiones:
«Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa a los postulados constitucionales, por las siguientes razones:
(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia.
(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial.
(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.
(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce por efecto de un nombramiento.
(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como empleados públicos.
(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio».
Ahora bien, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 dictó las siguientes reglas jurisprudenciales respecto a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial:
«193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.» Subrayado y negrilla dentro del texto
Conforme a lo anterior, es plausible reconocer y pagar a los docentes oficiales la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías contemplada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por tratarse de servidores públicos, siempre que se encuentren afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Sanción que empieza a correr de conformidad a los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, transcurridos 70 días hábiles siguientes de radicada la solicitud de reconocimiento y pago de dicha sanción.
Caso concreto
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como relevantes las siguientes pruebas en el expediente.
Decreto 000364 del 5 de abril de 1995, suscrito por el municipio de Ibagué por medio del cual nombra como docente en propiedad a la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez en la Escuela Urbana Jardín Infantil Popular Nacional (f. 50 a 53).
Oficio 6015 de octubre 2012 mediante el cual el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio requirió a la demandante para que allegara el certificado de libertad y tradición del bien inmueble objeto de compra con ocasión de la solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía parcial para compra de vivienda la cual fue presentada el 12 de octubre de 2012 (f. 65).
Información de la radicación 2012 CES-034980 en la que se da fe de los documentos entregados por la demandante los cuales fueron radicados el 07 de noviembre de 2012 (f. 64):
Formato de solicitud de prestación debidamente diligenciado
Fotocopia ampliada cedula de ciudadanía
Certificado de la tiempo de servicios expedido por la entidad
Certificado salarios expedido por la entidad pagadora último salario devengado
Paz y salvo del fondo nacional del ahorro
Copia del contrato de promesa de compra venta
Certificado original de libertad y tradición del inmueble a comprar
Certificado de no poseer vivienda
Fotocopia ampliada del documento de certificación beneficiario
Resolución 71000242 del 11 de febrero de 2013, mediante la cual la Secretaria de Educación Municipal de Ibagué da respuesta a la petición radicada por la demandante, bajo el numero 2012 CES-034980 del 07 de noviembre de 2010 y en la que reconoció y ordenó pagar las cesantías parciales con destino a compra de vivienda a favor de la demandante (fls. 59 a 62).
Comprobante de la consignación del 16 de junio de 2013 expedido por el banco BBVA en el que el Fomag consigna por concepto de cesantías, a favor de la demandante.
Petición 2013PQR26669 del 2 de octubre de 2013 mediante la cual la demandante, solicitó al Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 por el no pago oportuno de las cesantías parciales.
Respuesta a la solicitud de la sanción moratoria con radicado 2013RE2647 del 15 de octubre de 2013, mediante la cual el municipio de Ibagué niega el reconocimiento y pago por considerar que no había incurrido en la sanción por mora contemplada en la Ley 1071 de 2006.
De las pruebas relacionadas se tiene que la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez, fue nombrada en propiedad por el municipio de Ibagué Tolima el 5 de abril de 1995, por lo que su régimen de cesantías es el anualizado.
Ahora bien, en los hechos la demandante señala que presentó solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el 7 de noviembre de 2010 sin allegar al proceso prueba de ello, no obstante la Sala observa que de conformidad con el oficio 6015 de 2012 visible a folio 65, se tiene que el fondo requirió a la accionante para que allegara el certificado de libertad y tradición del bien inmueble objeto de compra de acuerdo con la solicitud de cesantías parciales presentada 12 de octubre de 2012, toda vez que era un documento indispensable para seguir con el trámite respetivo, es decir, que los documentos requeridos para el reconocimiento de dichas cesantías fueron radicados bajo el numero 2012 CES-034980 el 7 de noviembre del 2012 y no en el 2010 de conformidad a lo señalado en los hechos de la demanda y con la Información de la Radicación consultada el 8 de noviembre de 2012 visible a folio 64 del expediente.
Lo anterior, para establecer la fecha en la que fue radicada la solicitud a efectos de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de las cesantías parciales a las que tiene derecho la demandante, conforme a lo señalado en el acápite normativo, esto por tratarse de un servidor público.
De ahí que la entidad demandada contaba con el término de 15 días para expedir la resolución, plazo contado a partir del día siguiente en que fue radicada la solicitud, es decir, desde el 7 de noviembre de 2012 hasta el 29 de noviembre de 2012; pese a ello, la Resolución 17000242 fue proferida por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué hasta el 11 de febrero de 2013, esto es, transcurridos 49 días, por lo que se tiene que aplicar la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, así: «la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago»
En razón a lo anterior, los 70 días hábiles, empezaron a correr desde el 8 de noviembre de 2012 (día siguiente de formulada la solicitud) hasta el 19 de febrero de 2013 (transcurridos los 70 días hábiles), por lo que el periodo de mora se causó a partir del 20 de febrero de 2013 hasta cuando se hizo efectivo el pago de las cesantías parciales, esto es, el 15 de junio de 2013, como consta en la consignación visible a folio 9 del expediente.
Ahora bien, en la medida en que se revocará la sentencia de primera instancia la Sala procederá a pronunciarse respecto de las excepciones propuestas por las entidades demandadas. A este respecto se advierte que la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales el 10 de octubre de 2013 mediante escrito visible a folios 10 y 11 del expediente, por lo que no hay lugar a declarar la prescripción trienal toda vez que no transcurrieron más de tres años desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, esto es, entre el 19 de febrero de 2013 y la reclamación de la misma.
Respecto de la entidad competente para efectuar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria conforme lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 5 de julio de 2018, es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En esa oportunidad se señaló lo siguiente:
«…la Sala considera que, en caso de ser favorables las pretensiones de la demanda, la condena al respecto sí debe ser impuesta con cargo a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, comoquiera que la obligación al respecto le está encomendada por virtud de la ley y, si bien es cierto, como se señaló en el recurso de alzada y en los alegatos de conclusión, el acto administrativo no fue expedido por el Ministerio ni por el Fondo, sino por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, tal función la ejerció, en virtud de las competencias delegadas a esta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y la petición en sede administrativa sí se dirigió a esa entidad.»
En estas condiciones, pierden fundamento legal los razonamientos del a quo para negar la prestación reclamada, lo que impone a la Sala la revocatoria de la decisión de primera instancia y en su lugar, el reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 de conformidad a lo anteriormente expuesto.
De la condena en costas
En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se seguirá el criterio adoptado por esta Subsección. En ese orden de ideas, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, como quiera que la sentencia apelada será revocada en su totalidad, se condenará en costas en las dos instancias a la parte demandada, quien resultó vencida en el proceso. Liquídense por Secretaría del Tribunal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima del 15 de septiembre de 2014, que denegó las súplicas de la demanda formulada por la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y municipio de Ibagué, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar, se dispone:
SEGUNDO.- DECLÁRANSE no probadas las excepciones de buena fe, prescripción y falta de legitimidad por activa, propuestas por el Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a lo señalado en la parte motiva de la providencia.
TERCERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 2013RE2647 del 15 de octubre de 2013, proferida por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, por medio de la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 solicitada por la señora Ana Paulina Álvarez Rodríguez.
CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que proceda al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 20 de febrero de 2013 hasta el 15 de junio del mismo año.
QUINTO.- CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Liquídense por Secretaría del Tribunal.
En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de marzo de 2018, radicación 5025-2014.
Ley 50 de 1990. «Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. 5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto. […]».
Ley 244 de 1995. «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
Ley 344 de 27 de diciembre de 1996. «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
Ley 1582 de 5 de agosto de 1998 «Por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones».
Ley 1071 de 31 de julio de 2006. «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan los términos para su cancelación».
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, radicación 3435-2015.
En cuanto a las diferencias entre las cesantías anualizadas y definitivas consultar entre otras la sentencia de 21 de mayo de 2009, radicación 2070-2007.
En cuanto a las diferencias entre las cesantías anualizadas y definitivas consultar entre otras la sentencia de 21 de mayo de 2009, radicación 2070-2007.
Artículos 68 y 69 CPACA.
Sentencia unificación de 18 de julio de 2018 CE-SUJ-SII-012-2018 proferida por la Sección Segunda. Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015) Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima.
Artículo 4o. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5o. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
Sentencia unificación de 18 de julio de 2018 CE-SUJ-SII-012-2018 proferida por la Sección Segunda. Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015) Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 5 de julio de 2018. Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00062-01(4156-14). Actor: María Stella Soto de Navarro. Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima.
Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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