Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00271-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00271-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2014-00271-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
2 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
Demandante : Jaime Arley Guerrero Fajardo
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional
Tema : Sanción disciplinaria de separación absoluta de las
fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 363 a 391 del cuaderno principal 2). El señor Jaime
Arley Guerrero Fajardo, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las decisiones de 13 de junio de 2012
y 29 de enero de 2013, expedidas por la accionada, que resolvieron en primera
y segunda instancias, respectivamente, la investigación disciplinaria adelantada
contra el demandante, en el sentido de sancionarlo con separación absoluta de
las fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años; asimismo, de la
Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013, que ejecutó la anterior sanción.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) su reintegro «[…] al
servicio activo del Ejército Nacional, sin solución de continuidad, al grado que
le corresponda en antigüedad al día de su reintegro, observando siempre la
misma […] precedencia en el respectivo escalafón que tenía al momento de su
retiro y eliminando de sus antecedentes disciplinarios la SANCIÓN […]
impuesta […]» (sic); y (ii) el pago de «[…] la totalidad de sus haberes (salarios,
primas, subsidios y otros) dejados de percibir desde la fecha de su retiro y las
prestaciones legales y extralegales que en todo tiempo devengue un [c]abo
[t]ercero del Ejército Nacional, entre la fecha en que se produjo su retiro de
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dicha institución y aquella en que se produzca su reintegro […]». Lo anterior,
con la respectiva indexación y las costas a que haya lugar.
1.3 Fundamentos fácticos de la demanda que constituyen las circunstancias
que generaron la investigación disciplinaria y la sanción. La Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en primera y segunda
instancias, sancionó al actor con separación absoluta de las fuerzas militares e
inhabilidad general por 10 años, como cabo tercero de dicha institución, por
haberse comprobado su responsabilidad disciplinaria en (i) modificar, en forma
fraudulenta, la información consignada en documentos oficiales y (ii)
sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición cuando se está en
actos del servicio.
De acuerdo con el libelo introductorio, los antecedentes de esta decisión se
concretan en que se adelantó una investigación disciplinaria contra el
demandante, resultante de varios informes de 19 de abril de 2010 relacionados
con una lesión que aquel sufrió y su salida no autorizada del batallón de
comunicaciones 1 Manuel Murillo Toro de la brigada especial de
comunicaciones en Chaparral (Tolima). No obstante, tras presentarse «[…] una
causal de impedimento que no fue alegad[a] por el funcionario instructor […]»,
no existieron «[…] garantías para el derecho de defensa y el debido proceso y
el ejercicio del derecho de contradicción», por ende, «[…] todas las diligencias
practicadas […] resultan nulas […]».
Que solo hasta el 12 de octubre de 2010, cuando se dictó el auto que abrió la
investigación disciplinaria, conoció «[p]or primera vez […] cuál es la situación
fáctica investigada»; además, en esa providencia se nombró como funcionario
instructor al capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo, quien había actuado en la
indagación preliminar sin designación, «[s]ituación totalmente irregular».
El 13 de junio de 2012 se profirió decisión administrativa de primera instancia,
con la que se le declaró responsable de los cargos disciplinarios consistentes en
«modificar en forma fraudulenta la información consignada en […]
documentos oficiales» y «sobrepasar sin permiso los límites fijados para la
guarnición […] cuando se está […] en actos del servicio», por lo que se le
separó, en forma absoluta, de las fuerzas militares e inhabilitó por el término de
10 años para ejercer cargos públicos; contra la que interpuso recurso de
apelación, desatado desfavorablemente el 29 de enero de 2013.
Por medio de Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013, el comandante del
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Ejército Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al accionante, a
partir de esa fecha.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
vulneradas por los actos administrativos acusados los artículos 29 de la
Constitución Política; 6, 17 y 143 de la Ley 734 de 2002; y 4, 13, 97, 106, 124
y 160 de la Ley 836 de 2003.
Asevera que las decisiones demandadas están viciadas de nulidad por
expedición irregular, toda vez que «[…] existió una grave afectación al derecho
de defensa y contradicción y porque existieron irregularidades sustanciales que
afectaron el debido proceso así como la falta de competencia […]». En efecto,
«[l]os jueces disciplinarios […] se apartaron de las solemnidades que dispone
la Ley 836 de 2003 para el correcto desarrollo del proceso disciplinario en
contra de los miembros de las [f]uerzas [m]ilitares, violentándose de manera
abierta […]» tales garantías, pues «[…] no se tomaron en cuenta las causales
de nulidad que se encuentran consagradas en el art. 160 numerales 1, 2 [y] 3
de la Ley 836 de 2003 y cada etapa del proceso se ciment[ó] en situaciones
procesales nulas».
Que «[s]e tomaron decisiones sobre la base de una indagación preliminar que
no era clara, ello afecta: A) el derecho de defensa, la persona debe saber por
que se le investiga y B) genera irregularidades sustanciales que afectan el
debido proceso, al no saber de qué se trata una investigación […]» (sic); de
igual modo, «[…] se afecta el derecho de defensa cuando una persona ha
rendido un informe sobre los hechos de carácter negativo y a su vez se
convierte en investigador […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 448 a 452 vuelto del cuaderno principal
3). La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, mediante
apoderada, se opuso a las súplicas del libelo introductorio; respecto de los
hechos dice que unos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que
deben probarse; y formula la excepción denominada legalidad del acto
demandado.
Arguye que «[…] el actor participó activamente dentro de las diligencias
disciplinarias adelantadas, a través de abogados de confianza quienes en su
oportunidad y haciendo uso del derecho del debido proceso, defensa y
contradicción, realizaron entre otr[a]s solicitudes[,] una de nulidad, las cuales
fueron resueltas dentro del término procesal» (sic).
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1.6 La providencia apelada (ff. 532 a 542 vuelto del cuaderno principal 3). El
Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 4 de septiembre de 2020,
negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que el
accionante «[…] indiscutiblemente tenía absoluta certeza sobre los hechos que
eran objeto de investigación, pues no solo conocía de antemano el informe
rendido por el ST Andrés Felipe Aguilera Acosta, en donde se narraba el
accidente sufrido por este y la evasión del batallón, sin previa autorización del
superior, sino que además alteró su contenido […]».
Que no se advierte «[…] que al disciplinado se le hubiera vulnerado su derecho
de defensa y contradicción, pues […] fue notificado de todas las actuaciones
que se surtieron dentro del proceso […] desde el […] auto que ordenó la
apertura de la indagación preliminar, brindándose desde ese momento
procesal, el acceso total de la investigación, permitiéndose conocer los motivos
por los cuales se le investigaba, y sus derechos como disciplinado, quedando
totalmente facultado para ejercitar sus derechos de defensa y contradicción
[…]».
Precisa que «[…] el funcionario instructor de la indagación preliminar es el
encargado de la recepción y práctica de pruebas de dicha instancia, sin que el
mismo esté facultado para emitir pronunciamientos de fondo o atribuir
responsabilidad alguna, razón por la cual, no advierte este [c]olectivo la
existencia de causal para que el citado [c]apitán instructor se hubiera
declarado impedido, máxime cuando el mismo no hizo manifestación alguna
respecto de los hechos que originaron la actuación disciplinaria (evasión del
batallón y adulteración de documento) y además, este no tenía competencia
para proferir ninguna decisión de fondo dentro del trámite disciplinario». No
obstante, «[…] si en gracia de discusión se aceptara […] una […] causal de
impedimento […] ello de manera alguna vicia de nulidad la actuación, pues lo
que ordena la ley procesal es que tan pronto se advierta […] debe ser puesta
en conocimiento del competente […]» con en efecto se hizo.
Que las actuaciones adelantadas por el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda
«[…] gozan de plena validez, de conformidad con lo preceptuado por el
artículo 154 del CPC, vigente para la época de los hechos, norma aplicable
conforme al principio de integración establecido en el artículo 106 […] de la
Ley 836 de 2003 […]», dado que cuando surge un impedimento o recusación el
proceso se suspende «[…] sin que por ello se afecte la validez de los actos
surgidos con anterioridad» (sic). Asimismo, «[…] el fallo sancionatorio fue
proferido por funcionario competente, y conforme a expuesto […] la falta de
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competencia solo genera nulidad del proceso disciplinario cuando ésta se
origina respecto del funcionario que profiere sentencia de fondo, situación […]
que no aconteció en el sub lite […]».
1.7 El recurso de apelación (ff. 549 a 556 del cuaderno principal 3). El
demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar
que «[…] no solamente en este proceso se observa claramente que un oficial
que había participado elaborando una apreciación sobre los hechos, termin[e]
nombrado investigador del caso, sino que también una persona que había
nombrado el funcionario investigador en el presente caso después se declare
impedida y se convierta en testigo en el propio proceso que […] motivó su
apertura. Son situaciones bastante difíciles de entender y bien complejas sobre
todo s[i] hablamos de asuntos del debido proceso y del derecho de defensa y
por ende esta situación no se puede convalidar».
Que el a quo no hizo un análisis respecto del procedimiento disciplinario que
culminó con las decisiones acusadas, con el que se le trasgredió su derecho de
defensa y contradicción pues se surtió con irregularidades, de acuerdo con lo
planteado en el libelo introductorio.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de enero de
2021 (f. 558 del cuaderno principal 3) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 28 de enero de 2022 (f. 564 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 566 del cuaderno principal
3), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por el accionante para reiterar sus planteamientos de demanda y
apelación1.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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3.2 Actos acusados.
3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 13 de junio de 20122,
expedida por el comandante fuerza de tarea zeus de la quinta división del
Ejército Nacional, a través de la cual sancionó disciplinariamente al actor con
separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años.
3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 29 de enero de 20133, con el que
el comandante general de las fuerzas militares confirmó la determinación
anterior.
3.2.3 Resolución 2124 de 21 de agosto de 20134, por medio de la cual el
comandante del Ejército Nacional ejecutó la sanción.
3.3 Cuestión preliminar. Los actos de ejecución no son demandables. La
Sala evidencia que frente a la Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013 no es
dable ejercer control de legalidad, por lo que esta Corporación se inhibirá de
emitir pronunciamiento de fondo, en la medida en que con esa decisión el
comandante del Ejército Nacional ejecutó la sanción impuesta al disciplinado,
pues se trata de un acto de mero trámite o de ejecución, cuyo contenido no
decidió directa o indirectamente el fondo de la actuación administrativa, por
consiguiente, no es enjuiciable ante esta jurisdicción, como se infiere de los
artículos 43 y 166 (numeral 1) del CPACA.
Al respecto, esta Corporación ha considerado:
Esta categoría de actos, esto es, los que impulsan el desarrollo de la
actuación administrativa han sido denominados al unísono por la ley
y la jurisprudencia como actos de trámite los cuales, al no contener
una manifestación de la voluntad de la administración, que ponga fin
a la actuación escapan, por expresa disposición del legislador, al
control judicial de esta Jurisdicción.
En efecto, se observa que en el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, Decreto 01 de 1984, ya se erigía la distinción entre
actos administrativos definitivos, entendidos éstos como los que
ponen fin a la actuación administrativa y, por oposición, los de trámite
cuyo contenido no decide directa o indirectamente el fondo de la
cuestión administrativa. No obstante, lo anterior, precisa la norma en
cita, salvo que el acto de trámite haga imposible continuar con el
2
Ff. 235 a 260 del cuaderno principal 2.
3
Ff. 303 a 332 ibidem.
4
F. 345 ib.
6
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desarrollo de la actuación administrativa gozará del carácter de acto
administrativo definitivo.
La anterior disposición, estima la Sala, debe interpretarse
conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 135 ibídem en la medida
en que, ésta última norma de manera clara señala sobre qué clase de
actos recae el control judicial ejercido por esta Jurisdicción, a saber,
los que “ponga término a un proceso administrativo.”.
Sobre este particular la Sala estima conveniente precisar que, el nuevo
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, en su artículo 435, retoma
parcialmente la fórmula consignada en el Decreto 01 de 1984, para
definir los actos administrativos de carácter definitivo como aquellos
“que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto” y, en
forma genérica, todos aquellos que “hagan imposible continuar la
actuación” sin que se le atribuya a estos últimos el calificativo de
actos de trámite como lo hacía la codificación anterior6.
En consecuencia, se declarará de oficio probada la excepción de inepta
demanda, por cuanto la Resolución 2124 de 2013 no es susceptible de control
judicial.
3.4 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante. Para tal
propósito, examinará si los actos acusados fueron expedidos con violación a los
derechos al debido proceso y defensa, conforme a la acusación de que el a quo
no analizó de manera integral las alegadas irregularidades en el procedimiento
administrativo que culminó con tales decisiones, de acuerdo con el recurso de
apelación.
3.5 Marco normativo – régimen disciplinario del Ejército Nacional. En
virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente, en los artículos
217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Constitución Política, facultó
al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales
servidores.
5
«Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».
6
Sección segunda, subsección B, sentencia de 14 de noviembre de 2013, expediente 05001-23-31-000-2003-
00490-01 (2277-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Como resultado de las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo por la
Ley 587 de 2000, se profirió el Decreto 1797 de 14 de septiembre de 2000,
«[p]or el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las
Fuerzas Militares».
El anterior reglamento fue derogado por la Ley 836 de 16 de julio de 20037,
«[p]or la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las
Fuerzas Militares», en cuyo artículo 15 preceptuaba: «[l]as disposiciones de
este reglamento se aplicarán al personal de oficiales, suboficiales y soldados,
en servicio activo, de las Fuerzas Militares»; el artículo 198 preveía que «[p]ara
lo no previsto en el presente ordenamiento deberá remitirse a la Ley 734 de
2002, Código Disciplinario Único. Los procesos disciplinarios que al entrar en
vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su
trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior».
Por último, se expidió la Ley 1862 de 4 de agosto de 2017, «[p]or la cual se
establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el
Código Disciplinario», que derogó expresamente la anterior.
El asunto que ahora ocupa la atención de la Sala fue resuelto en sede
administrativa con las previsiones de la Ley 836 de 16 de julio de 2003, vigente
para la época de los hechos y de la investigación disciplinaria.
3.6 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en el
escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:
i) Informe de 19 de abril de 2010 (ff. 5 y 6 del cuaderno principal 1), suscrito
por el subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante del pelotón de
comunicaciones del comando específico sur del Tolima del Ejército Nacional,
dirigido al comandante de dicho comando, en el que indica:
1. El día [m]artes 13 de [a]bril de 2010 en horas de la mañana el C3
GUERRERO FAJARDO JAIME sufre una fractura de [r]adio sobre
el brazo izquierdo aparentemente mientras buscaba un baño, versión
que después cambia exponiendo que la lesión fue a causa de un golpe
a un árbol para descargar su descontento por un problema económico
personal, pero que su intensión nunca fue la de auto lesionarse.
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Publicada en el diario oficial No. 50.315 de 4 de agosto de 2017.
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Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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2. El día viernes 16 de [a]bril de 2010 cuando se verificaba el personal
en la formación de la recogida faltaba el señor C3 GUERRERO
FAJARDO JAIME.
3. El comando del [p]elotón procedió a llamarlo en repetidas
ocasiones al número de [c]elular 313 389 02 24 a lo cual no
contest[ó], así mismo se verific[ó] personalmente en las instalaciones
del casino de [s]ub-oficiales habitación 08 donde se encontraba
alojado en razón a la fractura de radio en el brazo izquierdo sin
encontrar respuesta alguna.
4. En vista de la ausencia del C3 GUERRERO FAJARDO JAIME el
comando del pelotón verific[ó] en la guardia del [c]antón,
preguntando si no habían visto salir a alguien con la descripción del
ya mencionado [s]uboficial y a lo que me respondió el SUBOFICIAL
DE ADMINISTRACIÓN que se encontraba prestando para esa fecha,
que [é]l había autorizado la salida del C3 GUERRE[R]O en razón a
que había presentado un[a] boleta de salida firmada, se busc[ó] dicha
boleta de salida pero no apareció.
5. Alrededor de las 03:00 AM del 17 de [a]bril de 2010 cuando me
encontraba pasando revista del armamento BACOM1 nuevamente
llam[é] al [c]elular del C3 GUERRERO, este contest[ó]
argumentando que no había contestado el celular en razón a que tenía
miedo de que le llamaran la atención, además dijo encontrarse en la
ciudad de Bogotá solucionando un inconveniente con un dinero,
situación de la cual ya estaba enterado y a la cual se le había indicado
que esperara el permiso para cuando se le autorizara; se le pregunt[ó]
que ¿Quién lo había autorizado a salir de la unidad? Y este contest[ó]
que nadie.
6. En la formación para la iniciación del servicio del 17 de [a]bril se
constat[ó] personal y en vista de que el C3 GUERRERO FAJARDO
JAIME no se encontraba, el comando del pelotón determina que
mencionado suboficial se encuentra evadido de las instalaciones de la
unidad.
7. Nuevamente a las 14:00 horas del 17 de [a]bril de 2010 llam[é] al
C3 GUERRERO FAJARDO JAIME, este contest[ó] el celular
diciendo que aún se encontraba en Bogotá en el [b]arrio Villa Luz en
la [c]asa de un tío y que todavía no había solucionado el
inconveniente con el dinero.
8. El 19 de [a]bril de 2010 el C3 GUERRERO FAJARDO JAIME
hace presentación a la formación para la iniciación del servicio a las
06:30 AM [sic para toda la cita].
Con igual contenido, el mencionado oficial remitió informe con esa fecha al
ejecutivo y segundo comandante Bacom 1 de la brigada especial de
comunicaciones del Ejército Nacional (ff. 7 y 8 del cuaderno principal 1).
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ii) En lo folios 9 y 10 del cuaderno principal 1 obra otro informe de 19 de abril
de 2010, suscrito por el subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante
del pelotón de comunicaciones del comando específico sur del Tolima del
Ejército Nacional, también dirigido al comandante de tal comando, pero cuyos
primeros 4 puntos y con letra diferente, fueron los siguientes:
1. El día [m]artes 13 de [a]bril del 2010 en horas de la mañana el C3
GUERRERO FAJARDO JAIME sufre una caída de radio sobre el
brazo izquierdo mientras buscaba un baño a raíz de una caída.
2. El día viernes 16 de [a]bril de 2010 cuando se verificaba el personal
en la formación de la recogida faltaba el señor C3 GUERRERO
FAJARDO JAIME.
3. El comando del [p]elotón procedió a llamarlo al celular y no
contest[ó] así mismo se verific[ó] personalmente en las instalaciones
del casino de [s]ub-oficiales y no se encontraba.
4. En vista de la ausencia del C3 Guerrero Fajardo Jaime el comando
del pelotón verific[ó] en [l]a guardia del cantón preguntando si habían
visto salir a alguien con la descripción del [s]uboficial y el
[s]uboficial de [a]dministración respondió que s[í] que salió a hacer
una llamada frente al batallón.
[…] (sic para toda la cita).
iii) Informe de 19 de abril de 2010 (f. 11 del cuaderno principal 1), firmado por
el accionante y dirigido al subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta,
comandante del pelotón de comunicaciones, en el que expone sobre «[…] los
hechos ocurridos el día 13 de abril del 2010, yo […] me disponía a buscar un
baño y me resbal[é] y me tronch[é] el brazo con un desagüe de agua el cual se
encuentra en cemento ubicado en el patio de alojamiento de transeúntes del
batallón Caicedo ubicado en [C]haparral Tolima dejándome el accidente con
fractura del radio del brazo izquierdo […]».
iv) Oficio 5377MDN-CE-JEOPE-BRCOM-BACOM1-S1 de 21 de abril de
2010 (ff. 12 a 14 del cuaderno principal 1), con el que el sargento primero Rafael
Antonio Nossa Ramírez, jefe de personal del batallón de comunicaciones 1 del
Ejército Nacional, remite al comandante de ese batallón los documentos
allegados por el actor referentes a su estado de salud que dan cuenta de una
excusa del servicio y la epicrisis expedida por la dirección de sanidad de esa
institución.
v) Informe de 4 de mayo de 2010 (f. 17 del cuaderno principal 1), suscrito por
el demandante, dirigido al mayor Diego Vélez Báez, ejecutivo Bacom 1 del
Ejército Nacional, en el que expone:
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Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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[…] los hechos ocurridos desde el día 16 desde las 14:30 horas hasta
el día 19 de abril de 2010, yo […] salí de las instalaciones del batallón
Caicedo porque tenía una plata encarga de un préstamo y se la estaban
gastando y como yo le solicit[é] al […] [s]ubteniente Aguilera Acosta
Andrés permiso para hablar con mi coronel y este me dijo que no que
después de la ceremonia y como hacían falta varios días para la
ceremonia y necesitaba el permiso urgente me vi entre la espada y la
pared decidí entonces salir de las instalaciones del batallón […]
porque se me hacía mucho tiempo esperar hasta después de la
ceremonia para pedir permiso porque ya me hacía falta mucha plata
de la que tenía y como esa plata [es] de un préstamo me evadí sin
pensar en las consecuencias y la persona que tenía mi plata solamente
la conseguí hasta el día 19 en horas de la noche porque pensé sin mi
plata no regresar.
[…] (sic para toda la cita).
vi) Informe de 4 de mayo de 2010 (f. 18 del cuaderno principal 1), con el que el
accionante informa al referido ejecutivo Bacom 1 respecto de «[…] los hechos
ocurridos el día 13 de abril del 2010, yo […] me disponía a buscar un baño y
me resbal[é] y me tronch[é] el brazo con un desagüe de agua el cual se
encuentra en cemento ubicado en el patio de alojamiento transeúntes del
batallón Caicedo ubicado en [C]haparral Tolima dejándome el accidente con
fractura del radio del brazo izquierdo pero luego cambi[é] la versión diciéndole
al señor [s]ubteniente Aguilera Acosta Andrés que yo tenía mucha rabia por
una plata que tenía encargada y que sabía que se la estaban gastando y que
por esa rabia golpe[é] un árbol y me fractur[é] el brazo pero sin intención pero
dije esa mentira con el fin de que mi teniente me autorizara para hablar con mi
coronel Barbosa para pedirle permiso para ir por una plata a Bogotá así que
la primer[a] versión es la correcta y no la segunda» (sic).
vii) Informe de 4 de mayo de 2010 (f. 19 del cuaderno principal 1), por medio
del cual el actor comunica al ejecutivo Bacom 1 que «[…] el motivo por el cual
cambi[é] la primer[a] hoja del informe que envió el […] subteniente Aguilera
Acosta Andrés lo hice por causa de que yo le mentí sobre la segunda versión de
mi accidente la cual no es verdadera y como mi teniente anot[ó] la segunda
versión en el informe eso me asust[ó] porque yo s[é] que esa segunda versión
en el batallón de comunicaciones los comandantes del batallón creerían que yo
me fractur[é] intencionalmente le dije esa segunda versión a mi [t]eniente con
el fin de que me autorizara para hablar con mi [c]oronel» (sic).
viii) Auto de 29 de junio de 2010 (ff. 21 y 22 del cuaderno principal 1|), por el
cual el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios, comandante del
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batallón de comunicaciones 1, abrió indagación preliminar «[…] para
esclarecer unos hechos relacionados con el C3 GUERRERO FAJARDO
JAIME, informados por el ST ANDR[É]S FELIPE AGUILERA ACOSTA» (sic).
Para tal propósito designó como funcionario de instrucción al capitán Alejandro
López Villamizar, quien debía practicar las siguientes pruebas:
1. Escúchese en diligencia de ratificación y ampliación al ST.
ANDR[É]S FELIPE AGUILERA ACOSTA.
2. Escúchese en [v]ersión libre y espontánea al C3 GUERRERO
FAJARDO JAIME.
3. Alléguese copia de la historia [c]línica del C3 GUERRERO
FAJARDO JAIME.
4. Alléguese copia del INFORMATIVO POR LESIONES del C3
GUERRERO.
5. Alléguese copia del folio de vida del C3 GUERRERO FAJARDO
JAIME.
6. Alléguese copia del INSITOP donde se demuestre la ubicación del
C3 GUERRERO, para el mes de abril de 2010.
7. Solicítese calidad militar del C3 GUERRERO FAJARDO JAIME.
8. Solicítese copia de la c[é]dula del C3 GUERRERO FAJARDO
JAIME.
9. Alléguese copia del acto administrativo donde se agregó el C3
GUERRERO al COMANDO ESPECÍFICO DEL SUR – TOLIMA.
10. Escúchese en declaración al C3 TABORDA TRIANA JAIR
MAURICIO - [c]omandante de escuadra [b]atallón de
[c]omunicaciones […] 1.
11. Escúchese en declaración a todas y cada una de las personas que
conozcan de los hechos objeto de investigación.
12. [P]ratíquese todas las diligencias que el funcionario de instrucción
considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, y las que
surjan de las anteriores, de acuerdo [con] lo preceptuado en el art. 177
numeral 3 de la [L]ey 836 de 2003.
[…] (sic para toda la cita).
ix) Acta de posesión de 29 de junio de 2010 (f. 23 del cuaderno principal 1),
con la que el capitán Alejandro López Villamizar asumió como funcionario de
instrucción en la mencionada indagación preliminar.
x) Notificación personal al demandante del auto de apertura de la indagación
preliminar, según acta de 29 de junio de 2010 (f. 28 del cuaderno principal 1).
xi) Orden de operación soberanía de la misión táctica 35 Argelia del comando
del batallón de comunicaciones 1, dirigida al capitán Alejandro López
Villamizar, suscrita por el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios (f.
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40 del cuaderno principal 1). Este documento reporta la siguiente información
general: situación del enemigo, de las propias tropas y de las agregaciones y
segregaciones; la misión y su ejecución; la intención del comandante y las
misiones a las unidades subordinadas; las instrucciones de operación; y el
mando y comunicaciones.
xii) Informe de misión cumplida de 19 de abril de 2010 (ff. 41 a 42 vuelto del
cuaderno principal 1), firmado por el capitán Alejandro López Villamizar,
relacionado con la orden de operación que antecede. En cuanto interesa a este
proceso, se indicó:
[…]
6. ASPECTOS NEGATIVOS:
Se present[ó] un accidente por parte del C3 GUERRERO FAJARDO
JAIME ARLEY, quien contrariando las órdenes impartidas de
permanecer al mando de los soldados en el alojamiento para
descansar, sufrió una caída que le ocasion[ó] una fractura del
antebrazo izquierdo (hueso radio).
[…]
xiii) Versión libre del accionante (f. 53 del cuaderno principal 1), rendida el 8
de julio de 2010 y recibida por el capitán Alejandro López Villamizar, como
funcionario de instrucción, de la cual se destaca:
[…] PREGUNTADO: Sírvase indicar a este despacho qu[é] orden le
habían impartido sus superiores al momento de llegar al batallón
Caicedo. CONTESTÓ: La orden era que estuviéramos con los
soldados en el alojamiento asignado por el comandante del batallón
Caicedo para descansar. […] PREGUNTADO: Refiérase a los hechos
ocurridos entre el lapso del 16 al 19 de abril del presente año.
CONTESTÓ: Fue cuando pedí permiso a mi teniente Aguilera para ir
por una plata, con la plata que compr[é] la moto, mi teniente me dijo
que no, que después de la semana entrante y yo le dije que si podía
hablar con mi [c]oronel Barbosa y me dijo que no ya que mi coronel
estaba ocupado con lo de la ceremonia de transmisión de mando del
CESUT, y pues yo estaba preocupado por la plata y como yo iba para
el repetidor, entonces como yo quería tener mi plata me fui del
Batallón hacía la ciudad de Bogotá a recuperar esa plata y como la
ten[í]a la mam[á] de la que fue novia mía y como la señora no se
encontraba me qued[é] en casa de un tío mío y solo fue hasta el
domingo que pude recuperar mi plata que en horas de la noche salí
hacía el municipio de [C]haparral llegando en horas de la madrugada
al batallón Caicedo. PREGUNTADO: De acuerdo a lo anterior usted
manifiesta que se evadió de la unidad en la cual se encontraba
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agregado desde el viernes 16 de abril hasta el amanecer del día 19 de
abril. CONTESTÓ: S[í] mi capitán. PREGUNTADO: Describa
c[ó]mo hizo para salir de la unidad. CONTESTÓ: Me present[é] en
la guardia y le dije al comandante de guardia que me dejara salir del
Batallón a hacer una llamada y así fue como abandon[é] la unidad.
PREGUNTADO: Qu[é] sucedió después de presentarse nuevamente
a laborar el día 19 de abril del presente año. CONTESTÓ: Mi teniente
me pregunt[ó] porqu[é] me había evadido y yo le conté lo que había
sucedido, lo de la plata. Luego mi teniente me dijo que le hiciera un
informe sobre eso, luego me dieron el oficio remisorio para
presentarme acá en Facatativá. PREGUNTADO: Diga a este
despacho qu[é] documentos le fueron entregados para traer acá al
Batallón de comunicaciones No. 1. CONTESTÓ: El oficio remisorio,
el informe de mi teniente Aguilera y el informe mío.
PREGUNTADO: Estos documentos venían en sobre sellado o le
fueron entregados de tal manera que usted los podía leer.
CONTESTÓ: No me los entregaron en sobre sellado, así nada más,
los podía leer incluso mi informe, como no ten[í]a carpeta lo metí
dentro de mi computador portátil para que no se dañara.
PREGUNTADO: Usted en algún momento adulter[ó], modific[ó] o
enmendó el informe que rindió el [s]ubteniente Aguilera comandante
de la agregación y en caso de ser afirmativa su respuesta indique
porqué lo hizo. CONTESTÓ: S[í] modifiqu[é] el de mi teniente,
porque le dije que porque no podía ir por la plata me dio rabia y
golpe[é] un árbol con el brazo y que por eso me fractur[é] el brazo,
por esa mentira yo modifiqu[é] el informe quitando la parte en la cual
decía que yo me golpe[é] con el árbol. […] (sic para toda la cita).
xiv) Ampliación de la declaración del subteniente Andrés Felipe Aguilera
Acosta de 14 de julio de 2010 (ff. 54 y 55 del cuaderno principal 1), recibida
por el capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo, en condición de funcionario de
instrucción, de la que se extrae lo siguiente:
[…] PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO, QU[É] LE
CONSTA SOBRE EL INFORME DEL 19 DE ABRIL DE 2010,
QUE USTED RINDI[Ó] SOBRE EL C3 GUERRERO A SUS
COMANDANTES. CONTESTÓ: Que el informe que yo realic[é]
corresponde a los actos que se desarrollaron para esa fecha y que hizo
el C3 Guerrero en el área de [o]peraciones de la [f]uerza de área sur
del Tolima (FUTST). […] PREGUNTADO. DIGA AL DESPACHO,
SI EL SEGUNDO INFORME CON PÁRRAFOS DOBLES FUE
RENDIDO POR USTED (SE LE ENSEÑA). CONTESTÓ: el
informe consta de dos páginas, la primera no la realic[é] yo, fue
modificada con respecto al informe inicial. PREGUNTADO: DIGA
AL DESPACHO, SI USTED FUE EL AUTOR DEL INFORME,
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QU[É] CAMBIOS LE OBSERVA A UNO Y OTRO INFORME.
CONTESTÓ: los hechos relacionados en el informe se encuentran en
orden cronológico que se desarrollaron; y de acuerdo a su
numeración, el numeral 1, 3 y 4 no coinciden con el documento que
yo redact[é]. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO, SI USTED
SABE, QUI[É]N PUDO SER EL AUTOR DEL CAMBIO DE SU
INFORME RELACIONADO CON EL C3 GUERRERO.
CONTESTÓ: la documentación fue entregada directamente al
mencionado sub oficial aprovechando de que este se dirigía a las
instalaciones del batallón de comunicaciones N° 1, por tal motivo
solo [é]l tuvo acceso a esta. PREGUNTADO: DIGA AL
DESPACHO, QUI[É]N SE DIO CUENTA DEL CAMBIO DEL
INFORME QUE USTED RINDI[Ó] A SUS SUPERIORES DEL 19
DE ABRIL DE 2010. CONTESTÓ: el ejecutivo y segundo
comandante del batallón de comunicaciones N° 1. PREGUNTADO:
DIGA AL DESPACHO, SI EL DOCUMENTO QUE SE LE
ENSEÑA, DEL 19 DE ABRIL DE 2020, SE CONSIDERA COMO
UN DOCUMENTO DE CARÁCTER OFICIAL Y SI NOS PUEDE
DECIR CUÁL ERA LA FINALIDAD DE ESE INFORME.
CONTESTÓ: en mi concepto s[í] es un documento oficial y su
finalidad era informar a mis superiores sobre los hechos ocurridos con
el señor C3 GUERRERO FAJARDO. […] PREGUNTADO: DIGA
AL DESPACHO, CU[Á]NTO TIEMPO ESTUVO POR FUERA EL
C3 GUERRERO CUANDO SUPUESTAMENTE SALIÓ DEL
ÁREA DEL VIVAC, Y SI TEN[Í]A SU AUTORIZACIÓN PARA
ESTAR POR FUERA. CONTESTÓ: mencionado suboficial se
ausent[ó] desde el día 16 de abril de 2010 hasta el 19 de abril de 2010
a la iniciación del servicio y en ningún momento tenía mi autorización
para salir de las instalaciones de la unidad. […] PREGUNTADO:
DIGA AL DESPACHO SI HABL[Ó] CON EL C3 GUERRERO
SOBRE EL CAMBIO DE INFORME DEL 19 DE ABRIL DE 2010,
RENDIDO POR EL ST AGUILERA, EN CASO AFIRMATIVO
QU[É] LE COMENTÓ. CONTESTÓ: no habl[é] con el suboficial
sobre el hecho sucedido. PREGUNTADO: DIGA SI SABE QU[É]
RAZONES TENDRÍA EL C3 GUERRERO SOBRE SU
EVASI[Ó]N DEL [Á]REA VIVAC. CONTESTÓ: de acuerdo con lo
que me coment[ó] tenía un dinero prestado y necesitaba ir a
recuperarlo. […] PREGUNTADO: QU[É] PRUEBAS EXISTEN
RESPECTO AL CAMBIO DEL CONTENIDO DEL INFORME
DEL 19 DE ABRIL DE 2010. CONTESTÓ: los dos informes, el
original que envié por Servientrega y el adulterado. […]
PREGUNTADO: PORQUÉ RAZÓN USTED ENVIÓ EL INORME
CON EL PROPIO C3 GUERRERO A LA UNIDAD Y NO LO
ENVIÓ POR OTRO MEDIO. CONTESTÓ: Partí del principio del
[h]onor [m]ilitar y confié en la voluntad del suboficial.
[…] (sic para toda la cita).
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xv) Informes de situación de tropas, decretados como pruebas en el auto que
abrió la indagación preliminar:
Folios en el
Fecha Firmantes
cuaderno principal 1
1. Capitán Alejandro López Villamizar,
13 de oficial batallón de comunicaciones 1
abril de 2. Teniente coronel Juan Diego Sepúlveda 51
2010 Palacios, comandante del batallón de
comunicaciones 1
1. Capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo,
14 de
oficial batallón de comunicaciones 1 (e)
abril de 52
2. Mayor Diego León Vélez Báez,
2010
ejecutivo y segundo comandante Bacom 1
xvi) Auto de 8 de octubre de 2010 (f. 75 del cuaderno principal 1), con el que
el capitán Alejandro López Villamizar, en calidad de funcionario de instrucción,
ordena enviar la indagación preliminar al comando de la unidad, dado que «[…]
LA COMISIÓN SE ENCUENTRA CUMPLIDA» (sic).
xvii) Auto de 12 de octubre de 2010 (ff. 77 a 80 del cuaderno principal 1), por
medio del cual el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios, comandante
del batallón de comunicaciones 1, dispone la apertura de la investigación
disciplinaria contra el demandante con fundamento en los siguientes hechos:
De acuerdo a la preliminar 01 de 2010, y teniendo en cuenta el
informe presentado por el ST ANDRÉS FELIPE AGUILERA
ACOSTA, [c]omandante [p]elotón de [c]omunicaciones denunció
que el C3 GUERRERO FAJARDO JAIME ARLEY, al parecer
cambi[ó] el informe del 19 de abril de 2010, donde el ST.
AGUILERA daba cuenta a sus superiores sobre unas novedades
relacionada con el C3 GUERRERO, relacionadas con un accidente y
una posible evasión del área del vivac, sin autorización desde el 16
hasta el 19 de abril de 2010 del suboficial.
De igual modo, en esa providencia se estableció, con precisión, que las
presuntas faltas objeto de investigación fueron las previstas en el (i) artículo 58,
numeral 22, de la Ley 836 de 2003, consistente en «modificar en forma
fraudulenta la información consignada en folios de vida, bases de datos o
documentos oficiales»; y (ii) artículo 59, numeral 11, ibidem, referente a
«sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición, puesto o
acantonamiento o vivac, cuando se esté en campaña, misión de orden público
o en actos de servicio»; y que el funcionario de instrucción sería el capitán Óscar
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Gregorio Vanegas Polo, quien se posesionó como tal el 12 de octubre de 2010
(f. 81 del cuaderno principal 1) y avocó conocimiento según auto de esa fecha
(f. 83 ibidem).
xviii) Notificación personal de 13 de octubre de 2010 al accionante del auto de
apertura de investigación disciplinaria (f. 86 del cuaderno principal 1), acta en
la cual quedaron expresamente indicadas las presuntas faltas objeto de reproche.
xix) Versión libre y espontánea rendida por el actor el 13 de octubre de 2010
(ff. 88 y 89 del cuaderno principal 1), de la que es relevante destacar:
[…] PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO,
ESPECÍFICAMENTE CUÁL FUE LA PARTE QUE SE
MODIFICÓ DEL INFORME DEL 19 DE ABRIL DE 2010.
CONTESTÓ: la parte que modifiqué fue en donde decía que golpeé
un árbol con el brazo. PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO
SI EL INFORME MODIFICADO FUE ENTREGADO A ALGÚN
SUPERIOR, EN CASO AFIRMADO A QUIÉN. CONTESTÓ: Sí,
se lo entregué a mi [c]oronel Sepúlveda. PREGUNTADO: USTED
ERA CONSCIENTE QUE ESTABA CAMBIANDO UNA
INFORMACIÓN OFICIAL QUE HABÍA ELABORADO SU
COMANDANTE. CONTESTÓ: sí era consciente. […]
PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO, CUÁL ERA LA
FINALIDAD PARA CAMBIAR EL INFORME DEL 19 DE ABRIL
DE 2010, ELABORADO POR EL ST AGUILERA. CONTESTÓ:
porque la segunda versión que era de haberme golpeado contra un
árbol no era cierta, sino que la verdadera era la primera versión que
fue donde me resbalé en el polígono. PREGUNTADO: DÍGALE AL
DESPACHO CUÁNTO TIEMPO LLEVA USTED EN EL
EJÉRCITO. CONTESTÓ: L[l]evo 14 meses. PREGUNTADO: QUÉ
TIENE PARA DECIR AL CARGO QUE SE LE ENDILGA SEGÚN
EL CUAL USTED AL PARECER ESTARÍA EN PRESUNTA
INFRACCIÓN al art. 58, numeral 22, de la [L]ey 836 de 2003,
denominado como falta gravísima […] por cuanto al parecer y
presuntamente podría haber cambiado el contenido de un informe del
19 de abril de 2010, que el ST. ANDRÉS AGUILERA había enviado
a sus superiores informando unas novedades. CONTESTÓ: que lo
hice porque la segunda versión no era la verdadera. […]
PREGUNTADO: EL INFORME DEL 19 DE ABRIL DE 2010 ERA
UN DOCUMENTO DE CARÁCTER OFICIAL. CONTESTÓ: si.
PREGUNDADO: DIGA AL DESAPCHO QUÉ EXPLICACIÓN
ESGRIME USTED SOBRE SU POSIBLE ABANDONO DEL
ÁREA DEL VIVAC PARA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2010.
CONTESTÓ: Porque como mi teniente no quiso darme el permiso
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para ir por la plata a Bogotá y como ya me iban a subir al repetidor
me sentí asustado por perder la plata y me fui. […] PREGUNTADO:
CUÁNTOS DÍAS ESTUVO POR FUERA DEL ÁREA DEL
VIVAC. CONTESTÓ: Estuve por fuera dos días y medio. […]
PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO SI USTED ERA
CONSCIENTE DE SU RESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN
TÁCTICA ARGELIA QUE DESARROLLARÍA EL PELOTÓN DE
COMUNICACIONES. QUÉ LES DIJERON SOBRE ESTA
MISIÓN. EXPLICAR. CONTESTÓ: Sí era consciente. […]
PREGUNTADO: QUÉ TIENE PARA DECIR AL CARGO, SEGÚN
EL CUAL, USTED AL PARECER PODRÍA ESTAR
PRESUNTAMENTE INCURSO EN POSIBLE INFRACCIÓN AL
art. 59, numeral 11 de la [L]ey 836 de 2003, catalogada como falta
grave […] CONTESTÓ: Pues me evadí por la plata sin pensar en las
consecuencias.
[…] (sic para toda la cita).
xx) Declaración bajo juramento del subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta
ante el capitán Alejandro López Villamizar, funcionario de instrucción, en la
que se reiteró lo expuesto anteriormente (ff. 90 a 91 vuelto del cuaderno
principal 1). Sobre este documento se destaca que existe una página con fecha
de 14 de julio de 2010 y las firmas del subteniente Andrés Aguilera Acosta, el
capitán Alejandro López Villamizar y el cabo segundo Miguel Ángel Veloza
Yomayusa, estos dos últimos fueron funcionario y secretario de instrucción en
la indagación preliminar, respectivamente, y la fecha corresponde a una en la
que se le tomó al referido subteniente la ampliación de su declaración, por lo
que podría haber inconsistencias en la expedición de copias.
xxi) Auto de 27 de diciembre de 2010 (f. 105 del cuaderno principal 1), con la
que el capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo, en condición de funcionario de
instrucción, ordena enviar la investigación disciplinaria, toda vez que «[…] LA
COMISIÓN SE ENCUENTRA CUMPLIDA» (sic)
xxii) Auto de 11 de enero de 2011 (ff. 106 y 107 del cuaderno principal 1),
mediante el cual el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios,
comandante del batallón de comunicaciones 1, se declaró impedido para
continuar con la investigación disciplinaria adelantada contra el demandante por
«[…] haber dado concejo o manifestado opinión sobre el asunto materia de
actuación» y en prevención a que deba «[…] declarar sobre el asunto objeto
de investigación». El impedimento fue aceptado en auto de 25 siguiente (ff. 111
a 113 ibidem), emitido por el comandante de la brigada especial de
comunicaciones, en el que designó al teniente coronel Alberto González
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Guerrero para continuar con el procedimiento como «fallador de primera
instancia», quien se posesionó según acta de 26 de esos mes y año (f. 114
ibidem).
xxiii) Proveído de 26 de enero de 2011 (f. 118 del cuaderno principal 1), con el
que fue designado como funcionario de instrucción al mayor Rafael Hernando
Jiménez Jiménez, posesionado en esa fecha (f. 119 ibidem), que por auto de 27
siguiente asumió conocimiento (f. 120 ibidem)
xxiv) Escrito de 28 de febrero de 2011 (f. 136 del cuaderno principal 1), por
medio del cual el accionante solicitó copia de las actuaciones surtidas dentro de
la investigación disciplinaria adelantada en su contra.
xxv) Declaración rendida por el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios
el 20 de febrero de 2011 (ff. 141 a 143 del cuaderno principal 1), de la que se
extrae:
[…] PREGUNTADO: DÍGALE AL DESPACHO, QUÉ LE
CONSTA, RESPECTO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS CON EL
C3 GUERRERO FAJARDO JAIME. CONTESTÓ: […] mientras el
personal del CESUT iniciaba labores le ordené al señor subteniente
Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante del Pelotón de
Comunicaciones que quedaba en apoyo al CESUT, que el personal
pasara al descanso en un alojamiento que nos prestaron para ello,
como a las nueva de la mañana el señor Cabo Tercero Jair Taborda
Triana me informa que había una novedad y que consistía en que el
Cabo Tercero Guerrero al parecer se había fracturado un brazo, al
instante me dirigí al dispensario de la unidad y me encontré al cabo
Guerrero dentro de la ambulancia de[l] Batallón Caicedo y era
remitido al hospital para tomarle una radiografía, le pregunté al cabo
Guerrero que qué le había pasado y él me contestó que se había caído
sin más datos, al salir la ambulancia el subteniente Jefe del
Dispensario, no recuerdo el nombre, me dijo que al cabo lo habían
encontrado en la parte del polígono ya caído unos soldados y lo
llevaron cargado hasta el Dispensario, posterior a eso y en horas de la
tarde el cabo Guerrero me llamó por teléfono y me dijo que él no se
quería quedar en Chaparral, que me lo llevara a Bogotá y le dije que
no podía y que tenía que permanecer en el Dispensario hasta que la
parte médica le diera salida. Posterior a eso, no recuerdo el día exacto
pero era o el sábado o domingo siguientes, el subteniente Aguilera
me informó por teléfono que el Cabo Guerrero se había evadido desde
el día viernes 16 de abril [de] 2010, de la unidad, me dijo también que
tenía conocimiento que se había ido para la ciudad de Bogotá a la casa
de un familiar, posterior a eso, el oficial me informó que el día lunes
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19 de abril [de] 2010 el suboficial se había presentado en el CESUT;
a esto le ordené al oficial enviar un informe de los hechos. Días
después al llegarme el informe escrito del subteniente Aguilera en dos
folios, detecté que la primera hoja era diferente a la segunda en su
tipo, tamaño y espacios de escritura, haciéndome presumir que se
estaba presentando un cambio de las hojas del informe, el cual me fue
enviado por el subteniente Aguilera con el mismo Cabo Guerrero,
pues al oficial se le dio la orden de presentarse en el Comando del
Batallón en Facatativá y luego a esto, con el fin de establecer los
hechos ordené la apertura de una investigación preliminar. […]
PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUIÉN SE DIO
CUENTA DEL PRESUNTO CAMBIO DEL INFORME DEL
SUBTENIENTE AGUILERA. CONTESTÓ: yo fui quien se dio
cuenta de la presunta falsedad en los documentos y por ello le ordené
al subteniente Aguilera volver a enviar una copia en original que él
tenía del informe.
[…] (sic para toda la cita).
xxvi) El 11 de marzo de 2011 (f. 144 del cuaderno principal 1), el actor solicitó
copia de la anterior declaración, a lo que se accedió el 16 siguiente (f. 145
ibidem).
xxvii) Auto de 10 de mayo de 2011 (f. 159 del cuaderno principal 1), dictado
por el teniente coronel Alberto González Guerrero, a través del cual se dispuso
el cierre de la investigación disciplinaria y se corrió traslado para alegar de
conclusión.
xxviii) Proveído de 18 de julio de 2011 (ff. 170 a 174 del cuaderno principal 1),
proferido por el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferreira,
comandante de la fuerza de tarea sur del Tolima del Ejército Nacional, quien
avocó conocimiento de la investigación disciplinaria.
xxix) Auto de 10 de octubre de 2011 (ff. 181 a 193 del cuaderno principal 1),
suscrito por el anterior brigadier general, con el que se formuló pliego de cargos
al demandante, decisión notificada personalmente a este el 8 de noviembre
siguiente (f. 203 del cuaderno principal 2), así como a su defensor de confianza
el 21 de los mismos mes y año (f. 205 ibidem).
xxx) El defensor de confianza del accionante deprecó la nulidad del
procedimiento (ff. 206 a 219 del cuaderno principal 2), negada mediante auto
de 9 de marzo de 2012 (ff. 220 a 226 ibidem).
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xxxi) Decisión de 13 de junio de 2012 (ff. 235 a 260 del cuaderno principal 2),
a través de la cual el comandante de la fuerza de tarea sur del Tolima del Ejército
Nacional declaró probados los cargos endilgados al actor, para lo cual se le
impuso como sanción la separación absoluta de las fuerzas militares e
inhabilidad general por diez años.
xxxii) Contra la anterior decisión, el actor formuló recurso de apelación (ff. 268
a 284 del cuaderno principal 2), que fue resuelto en forma desfavorable en acto
administrativo de 29 de enero de 2013 (ff. 303 a 332 ibidem).
xxxiii) Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013 (f. 343 del cuaderno principal
2), expedida por el comandante general del Ejército Nacional, por medio de la
cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante.
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo, de considerarse necesario.
3.7 Debido proceso y defensa en el procedimiento disciplinario. Estos
derechos de estirpe constitucional están consagrados en el artículo 29 de la Carta
Superior: «[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. […] Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa»; además, el artículo 85 ibidem los cataloga expresamente como como
derechos fundamentales, de aplicación inmediata.
A su turno, el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) dispuso: «artículo
6o. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por
funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley
que establezca la estructura y organización del Ministerio Público».
La Ley 836 de 2003, «[p]or la cual se expide el reglamento del Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares», en el artículo 4 preceptúa: «debido
proceso. Los destinatarios de este reglamento deberán ser investigados por
funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de la ley vigente al
momento de la realización de la conducta».
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el debido proceso
constituye un mandato inexcusable que no pueden desatender las dependencias
del Estado en sus distintos niveles de jerarquía, tanto en el sector central como
en el descentralizado y en todas las ramas del poder público y organismos de
21
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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control respecto de las actuaciones de sus correspondientes órbitas de
competencia, so pena de incurrir en flagrante violación de la preceptiva
constitucional y en ostensible abuso de sus atribuciones en detrimento de los
derechos fundamentales, ocasionando a la vez la nulidad de las decisiones
adoptadas con infracción de los preceptos superiores8.
Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procesos9:
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado
desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de
debido proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de
actuación disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de
la autoridad disciplinaria, son los siguientes10:
“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser
verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de
manera clara y precisa las conductas, las faltas
disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la
calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en
su contra y allegar las que considere necesarias para
sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades
competentes mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos
que la motivaron; y
8
Sentencia T- 460 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
9
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
10
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
22
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vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”
En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior
y aplicables a todas las actuaciones disciplinarias11: “(i) el principio
de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio
de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la
doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio
de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 12.
3.8 Caso concreto relativo al problema jurídico derivado de las causales de
anulación invocadas en la apelación de la sentencia. La Sala confirmará la
sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes
razones:
De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se puede desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA13, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.
Esta Corporación ha reiterado que «de acuerdo con la Jurisprudencia
Constitucional14 y Contencioso Administrativa15 no toda irregularidad procesal
11
«Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010».
12
«Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas, véase también la sentencia C-721 de 2015».
13
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
14
«Corte Constitucional, sentencia T-125 de 2010».
15
«Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez;
sentencia de 4 de abril de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2011-00599-00 (2307-2011). Actor: Jair Smelyn
Bustos Lombana».
23
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da lugar a nulidad, en ese orden, para que el defecto bajo análisis -atendiendo
a las condiciones del caso concreto- conduzca a la anulación del proceso
correspondiente debe afectar el núcleo esencial del debido proceso y ser
trascendental para la modificación de la decisión objeto de cuestionamiento
judicial»16, y este no es el caso, como se explica a continuación.
3.8.1 No hubo trasgresión de los derechos al debido proceso y defensa, pues
el procedimiento administrativo se surtió ajustado a las normas que lo
regulan y las pruebas se apreciaron en forma integral, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. Advierte la Sala que como no se trata de repetir en
sede judicial la valoración probatoria que realizó el ente estatal en el
procedimiento administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria,
el examen integral de legalidad recae en el contenido de los actos demandados
frente al orden jurídico superior al que estaban sometidos y los supuestos de
hecho en que se fundaron.
Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptúa: «[a]rtículo
140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta» y «[a]rtículo 142. Prueba
para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el
proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado»; mientras que el artículo 152 de la Ley 836 de
2003: «[t]oda decisión disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente
producidas y oportunamente allegadas o aportadas al proceso. Es nula de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso» y el 156
ibidem que «[a]preciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán
apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica».
Los medios probatorios que se recaudaron durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispone
el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que
la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los
16
Sección segunda, subsección B, sentencia de 28 de julio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00365-
00 (1377-11), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).
24
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función
pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.
En este punto, cabe recordar que el accionante fue sancionado por la comisión
de las siguientes faltas disciplinarias:
Artículo 58. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:
[…]
22. Modificar en forma fraudulenta la información consignada en
[…] documentos oficiales.
[…]
Artículo 59. Faltas graves. Son faltas graves:
[…]
11. Sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición,
puesto, acantonamiento o vivac cuando se está […] en actos del
servicio.
[…]
Sobre la responsabilidad disciplinaria declarada, esta Sala advierte que ninguno
de los planteamientos de la alzada va dirigido a cuestionarla, de lo que se
presume que el actor reconoce la comisión de tales conductas; sin embargo, sí
discute aspectos procedimentales tales como que «[…] no solamente en este
proceso se observa claramente que un oficial que había participado elaborando
una apreciación sobre los hechos, termin[e] nombrado investigador del caso,
sino que también una persona que había nombrado el funcionario investigador
en el presente caso después se declare impedida y se convierta en testigo en el
propio proceso que […] motivó su apertura […]».
Al respecto, se observa que el recurso de apelación cuestiona la intervención
que dentro del procedimiento disciplinario tuvieron el subteniente Andrés
Felipe Aguilera Acosta, los capitanes Alejandro López Villamizar y Óscar
Gregorio Vanegas Polo y el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios,
pues a juicio del accionante ellos estaban impedidos para intervenir, por lo que
las pruebas decretadas y que se soportan en sus actuaciones son nulas.
En relación con la actuación y documentos suscritos por el subteniente Andrés
Felipe Aguilera Acosta, esta Corporación no evidencia irregularidades, habida
cuenta de que en su condición de comandante del pelotón de comunicación
estaba en el deber de rendir los informes a que diera lugar el desarrollo de las
misiones y operaciones a su cargo, sumado a las novedades que puedan
presentarse respecto del personal, en particular bajo su mando, como en efecto
25
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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lo hizo al suscribir los informes de 19 de abril de 2010 y hacer llamadas
telefónicas a sus superiores con igual propósito.
En tales condiciones, comportaría un contrasentido del desarrollo de la
actividad militar si un documento oficial (como es el caso de tales informes) no
pueda ser tomado como evidencia dentro de un procedimiento disciplinario y
luego se requiera que quien lo suscribió amplíe o aclare su contenido en una
diligencia decretada como prueba, tanto en la indagación preliminar como en la
investigación disciplinaria. Ello implicaría un obstáculo para la obtención de
pruebas al interior de ese tipo de trámites.
Si bien el mencionado subteniente Aguilera Acosta en el «informe misión
cumplida» de 19 de abril de 2010 afirmó que «6. ASPECTOS NEGATIVOS. Se
presentó un accidente por parte del C3 GUERRERO FAJARDO JAIME
ARLEY, quien contrariando órdenes impartidas de permanecer al mando de los
soldados en el alojamiento dispuesto para descansar, sufrió una caída que le
ocasionó una fractura del antebrazo izquierdo (hueso radio)», ello no significa
que haya rendido concepto, como lo alega el actor, pues de acuerdo con las
pruebas del procedimiento disciplinario, esa fue la orden impartida, por ende,
aquel expuso esas directrices sin que de ellas se advierta su opinión personal.
Sin embargo, cabe destacar que en el folio 553 vuelto del cuaderno principal 3
(recurso de apelación), el demandante le atribuye esta actuación al capitán
Alejandro López Villamizar, error que se interpreta como de digitación, por
cuanto este no tuvo incidencia alguna en la elaboración de aquel documento.
Tampoco puede existir reproche en el hecho de que el subteniente Aguilera
Acosta haya comparecido a ampliar el contenido de los informes por él
rendidos, como ocurrió el 14 de julio de 2010, puesto que era precisamente su
deber, tras haber suscrito esa clase de documentos oficiales.
En lo atañedero a la actuación del capitán Alejandro López Villamizar, de quien
también se acusa de estar impedido para adelantar el aludido trámite, esta
subsección encuentra que en efecto suscribió el informe de situación de tropas
de 13 de abril de 2010, que, como su nombre lo indica, describe cómo se
encuentran cada uno de los miembros de una tropa y se rinde diariamente con
carácter operacional, en el que se señala el nombre de la unidad, sus
coordenadas, la misión que está en desarrollo, ubicación geográfica, estado de
víveres y aspectos logísticos, personal al mando y demás aspectos de tipo
operacional, por lo que no denota concepto u opinión alguno, sino que se trata
del devenir diario del funcionamiento de un establecimiento militar. Igual
26
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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análisis se desprende del informe de situación de tropas de 14 de abril de 2010,
firmado por el capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo, también reprochado por
el accionante.
En lo atinente al teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios, tampoco hay
reproche frente a su actuación, en la medida en que al momento en que
evidenció la causal de impedimento, como era su deber, la puso en
conocimiento de su superior. De hecho, en la respectiva providencia advirtió
que uno de los motivos por el que se declaraba impedido era porque
posiblemente tendría que dar su declaración, como en efecto lo hizo con
posterioridad. Sumado a ello, revisadas las actuaciones por él suscritas, se
observa que solo fueron de trámite e impulso procesal y, en tal sentido, tampoco
existió concepto u opinión acerca de la eventual responsabilidad disciplinaria
del accionante.
Frente a la reprochada actuación del capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo,
referente a que recibió la declaración del subteniente Aguilera Acosta sin fungir
en condición de funcionario de instrucción en la indagación preliminar, como
se indicó en la relación de las pruebas, existe incertidumbre sobre el modo como
fueron tomadas las fotocopias de esas actuaciones para ser allegadas a este
proceso, toda vez que se cruzan las fechas y el contenido. Dicho en otros
términos, es cierto que el capital Vanegas Polo fue designado para la instrucción
en la investigación disciplinaria, mientras que el capitán López Villamizar lo
fue para la indagación preliminar, empero, al parecer, las piezas fueron
trastocadas y por eso se presenta la confusión en cuanto al servidor que tomó
uno y otro testimonio (al respecto, pueden verse los folios 54, 55, 90, 90 vuelto,
91 y 91 vuelto del cuaderno principal 1). Sin embargo, si se considerara sustraer
esas declaraciones del procedimiento disciplinario, no existiría duda acerca de
la responsabilidad del actor, conclusión a la que se arriba a pesar de que, como
se dijo al inicio de este acápite, este no discute ese aspecto, sino solo la
valoración probatoria y las presuntas irregularidades de tipo procedimental en
que incurrió la autoridad administrativa disciplinaria.
Otro reproche de la alzada consiste en que al momento de abrir la indagación
preliminar se relacionaron las situaciones fácticas «[…] en forma abstracta
[…]»17, con lo que, en su criterio, se trasgredió su derecho al debido proceso y
defensa, puesto que no tenía conocimiento claro sobre «[…] cuáles son los
hechos y cuál es la base documental o testimonial que existe para abrir una
17
F. 554 vuelto del cuaderno principal 3.
27
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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indagación […]»18. Esta afirmación resulta errónea, por cuanto el contenido del
auto de 29 de junio de 2010, proferido por el teniente coronel Juan Diego
Sepúlveda Palacios, comandante del batallón de comunicaciones 1, es claro en
establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar que motivaron iniciar la
indagación preliminar. Amén de ello, están los informes rendidos por el actor y
por el subteniente Aguilera Acosta, ampliamente conocidos por el primero de
ellos. Por consiguiente, esta acusación también carece de sustento.
En tales condiciones, el expediente administrativo da cuenta de varias pruebas
que, valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conllevaron que la
accionada adoptara la decisión de sancionar al demandante por la comisión de
las faltas disciplinarias, sin que se haya trasgredido los derechos al debido
proceso y defensa del actor, análisis que realizó el Tribunal de instancia, pues
no puede olvidarse que aún en el caso de que existan irregularidades de tipo
procedimental, los actos administrativos están amparados con la presunción de
legalidad y no cualquier defecto procesal tiene el poder de desvirtuarla.
Por su parte, en este proceso obran como pruebas: (i) las aportadas con la
demanda y su contestación, dentro de las que claramente están los antecedentes
administrativos, y (ii) las decretadas en la audiencia inicial celebrada el 11 de
septiembre de 201819.
Además, advierte la Sala que, revisado el expediente administrativo, el
demandante gozó durante la investigación disciplinaria de plenas garantías
constitucionales y legales de orden sustantivo y procesal para ejercer su
defensa, en particular, para controvertir las pruebas que soportaron el pliego de
cargos y la sanción.
En tales condiciones, constata la Sala que el Ejército Nacional efectuó en los
actos acusados un análisis y examen integral de las evidencias probatorias; en
ese contexto, explicó y justificó con suficiencia por qué dio credibilidad a unas
pruebas y se apartó de otras, y el hecho de que el accionante esté en desacuerdo
con ese razonamiento, no implica que se haya incurrido en violación de los
derechos de defensa y debido proceso o que no existieran razones suficientes
para sancionar.
En fin, observa esta Colegiatura que el ente estatal articuló la apreciación de las
pruebas frente a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon los
18
Ibidem.
19
Ff. 173 a 178 del cuaderno principal 3.
28
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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acontecimientos investigados, y desconocerlas equivaldría a darle la espalda a
la razón práctica y a las demás evidencias materiales, so pretexto de que no
existió prueba para sancionar.
De modo que la sanción impuesta no resultó injusta, desproporcionada o
arbitraria, por el contrario, está provista de justificación legal; fue razonada y
razonable, motivada en lo que objetivamente se demostró durante la
investigación administrativa, con sujeción a las previsiones del artículo 170 de
la Ley 734 de 2002, en el sentido de que «el fallo» disciplinario «debe ser
motivado y contener el análisis de las pruebas en que se basa y el análisis y
valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones»,
requisito formal y sustancial que fue colmado a cabalidad. De ahí que la entidad
actuó conforme a derecho al separar de manera absoluta de las fuerzas militares
e inhabilitar por 10 años al señor Jaime Arley Guerrero Fajardo.
3.9 Condena en costas. En relación con dicha condena, que corresponde a los
gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta Corporación, en
sentencia de 1º. de diciembre de 201620, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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Jaime Arley Guerrero Fajardo contra la Nación - Ministerio
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corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder del
accionante, se revocará la condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda; se adicionará para declarar de oficio probada la
excepción de inepta demanda, respecto de la Resolución 2124 de 21 de agosto de
2013, expedida por el comandante general del Ejército Nacional, al no comportar
un acto pasible de control judicial; y se revocará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
30
Expediente: 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)
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Jaime Arley Guerrero Fajardo contra la Nación - Ministerio
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administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 4 de septiembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso incoado
por el señor Jaime Arley Guerrero Fajardo contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, conforme a la parte motiva.
2º. Adiciónase la providencia impugnada, para declarar de oficio probada la
excepción de inepta demanda, respecto de la Resolución 2124 de 21 de agosto
de 2013, expedida por el comandante general del Ejército Nacional, al no
comportar un acto pasible de control judicial, por las razones expuestas.
3º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con la motivación del presente fallo.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
31
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