Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2014-00308-02
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 73001-23-33-000-2014-00308-02
Interno : 3668-2021
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP - Colpensiones
(vinculada y coadyuvante)
Demandada : Julián Eduardo Cuenca Flórez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437
de 2011
ASUNTO: LESIVIDAD - INCOMPATIBILIDAD PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Y VEJEZ - TIEMPOS PÚBLICOS- MÉDICO GENERAL -.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 1 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
La Ugpp mediante apoderado judicial acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
Resoluciones 626 de 22 de septiembre de 2003 y 04430 de 2008, por medio
de las cuales el ISS le reconoció una pensión de jubilación al accionado con
1
Folio 143 a 157.
2
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
tiempos laborados y cotizados en Cajanal y en el ISS, afectando gravemente
el orden económico, conforme al artículo 128 de la Constitución Política.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
de previsión social suspender definitivamente el pago de la pensión de
jubilación que goza el demandado, y se unifique una sola prestación.
Que todas las sumas que resulten reconocidas a favor de la demandante se
cancelen en forma retroactiva e indexada, y se condene en costas al
demandado.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
El señor Cuenca Flórez nació el 8 de abril de 1946.
Prestó sus servicios en calidad de jefe de División Salud de Cajanal
Seccional Tolima.
El demandado aportó tiempos laborados al Seguro Social – Seccional Tolima
entre 01/10/1971 y el 21/12/1993, y a Cajanal desde 30/04/1974 y el
30/12/1993; esto es, por más de 20 años de servicios2.
Por consiguiente, Cajanal por Resolución 9224 de 25 de octubre de 2004,
reconoció a favor de Julián Eduardo Cuenca Flórez una pensión vitalicia de
jubilación en cuantía de $1.473.231.10, efectiva a partir del 8 de abril de 2001
previo retiro definitivo del servicio.
Adujo que, la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal por Resolución
PAP 035722 de 28 de enero de 2011 negó la reliquidación de la prestación
pensional pedida por el accionado.
Indicó que, al revisar la ficha técnica y jurídica se evidenció que el
demandado laboró con Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales al mismo
tiempo, al parecer ejerciendo funciones públicas o administrativas.
Que el 23 de abril de 2003, Julián Eduardo Cuenca Flórez solicitó al ISS el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez (como su último empleador el
2
Tiempos laborales que fueron señalados en los hechos de la demandad y en la audiencia inicial folio 424 a 427.
3
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
ISS en el cargo de Médico General Grado 36 Horas) según Resolución 626
de 2003.
Pedimento anterior que fue otorgado por el ISS mediante Resolución 626 de
2003 en cuantía de $1.191.836 a partir del 9 de abril de 2001, por cumplir
más de 20 años de servicios laborados en el Tolima.
También, que el Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución
04430 de 2008 le reconoció la pensión de vejez al demandado teniendo en
cuenta los aportes ISS- Patrono y otros empleadores.
Precisó que, CAJANAL carece de competencia para efectuar el
reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor Cuenca Flórez
por cuanto su último patrono fue el Instituto de Seguros Sociales (ejerció
junciones de empleado público con dicha entidad).
Señaló que, CAJANAL EICE hoy liquidada y el Instituto de Seguros Sociales
en Liquidación (entidades del orden del sector público), simultáneamente le
reconocieron pensión al accionado.
Concluyó que, el demandado desempeñó simultáneamente un cargo público
con CAJANAL EICE hoy liquidada y el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación, afectado el tesoro público, contraviniendo el artículo 128 de la
C.P.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política los artículos 13, 48, 53 y 128. Legales: artículo 19
de la Ley 4 de 1992; Leyes 33 y 62 de 1985; 734 de 2002, y los Decretos
1653 de 1977, y 758 de 1990.
Como concepto de violación adujo que, “Si bien de modo excepcional se
ha admitido legalmente la posibilidad de compatibilidad de pensiones de
jubilación oficiales con las del seguro social, lo que jamás ha permitido la ley,
(…), es que una entidad pública quede con la pesada carga pensional de
pago de dos pensiones, y muchísimo más grave, si ambas se generan en el
mismo hecho, porque esa duplicidad no solamente es ilegal, sino excesiva y
en ocasiones ha producido la liquidación de entidades.
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Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
CAJANAL EICE hoy liquidada y el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación entidades del orden del sector público, simultáneamente
reconocieron pensión. En consecuencia, no son compatibles con la pensión
reconocida por Cajanal.
(…) Luego, el demandado CUENCA FLÓREZ JULIÁN EDUARDO
desempeño simultáneamente un cargo público con CAJANAL EICE hoy
liquidada y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, afectado el tesoro
público, contraviniendo el artículo 128 de la C.P”.
2. Contestación de la demanda
Julián Eduardo Cuenca Flórez, se opuso a las súplicas de la demanda al
considerar que3:
Por Resolución 626 de 22 de septiembre de 2003, el ISS le reconoció
pensión de jubilación, conforme al régimen de transición de la Ley 100 de
1993.
Posteriormente, el ISS le otorgó la prestación pensional de vejez mediante
Resolución 04430 de 16 de mayo de 2008, por haber cotizado al ISS como
trabajador y por las cotizaciones realizadas por el ISS patrono y con otros
empleadores.
Señaló que, la pensión de jubilación y vejez reconocidas por el ISS son
compartidas, de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 626 de 2003
expedida por el Instituto de Seguros Sociales.
Colpensiones4, como entidad vinculada y coadyuvante respecto de la
demanda indicó que:
Coadyuva a las pretensiones de la demanda; dado que, no es posible
disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, pues
amparan igual riesgo.
Señaló que; si bien, el accionado alegó en la contestación de la demanda
que en cada una de las entidades en cuestión laboró 4 horas diarias; lo cierto
3
Folio 228 a 235 Tomo II.
4
Folio 317 a 324 Tomo II.
5
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
es que, es cuestionable y se deben observar los soportes documentales
habida cuenta que conforme a la Resolución 626 de 2003 se indica que
Julián Eduardo Cuenca Flórez ejerció el cargo de médico general grado 36
horas en la CAA del Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual no podía
recibir otra asignación como empleado público porque ya lo era en el ISS.
Luego, no es posible reconocer una pensión a una persona “cuando el origen
del reclamo está fundamentado en una sola relación laboral”. Luego, y pese
a que el cargo ocupado en el ISS por el demandado fue anterior al ingreso en
CAJANAL “este no podía desempeñar otro cargo remunerado por el Tesoro y
cuya jornada diaria, sumada a la del que se aspiraba a ejercer (o en su caso
estaba ejerciendo), excediera de ocho horas diarias, salvo actividad
docente”.
Iteró que, “si bien hay excepciones, estas deben ser corroboradas en caso de
que el demandado esté seguro de tener derecho a las mismas, pero por
ahora solo se ha señalado que laboraba 4 horas para CAJANAL y 4 horas
para el ISS”. Empero, eso no es lo que se observa “en la historia laboral 4.29
semanas por mes lo que da lugar a estar seguros de que no laboraba solo
cuatro horas en la semana”.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima por sentencia de 1 de julio de 2021,
accedió a las súplicas de la demanda, y declaró la nulidad de los actos
administrativos acusados5.
Precisó que, está acreditado que Julián Eduardo Cuenca Flórez prestó sus
servicios como Médico General en el ISS - Seccional Tolima -, entre el 10 de
octubre de 1971 y el 21 de diciembre de 1993 (jornada de 4 horas); esto es,
por espacio de 22 años y 22 días; por lo que, el extinto Instituto de Seguro
Social (como empleador) le reconoció pensión de jubilación por Resolución
0626 de 22 de septiembre de 2003 en cuantía de $1.191.886 a partir del 9 de
abril de 2001, bajo el amparo de lo normado en el artículo 19 del Decreto
1653 de 1977.
5
Folio 549 a 558.
6
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
También que, por Resolución 04430 de 16 de mayo de 2008 el Instituto de
Seguros Sociales (en condición de asegurador) modificó la anterior
prestación, y le reconoció pensión de vejez compartida (sumó tiempos de
servicios con dicho instituto y con otros empleadores particulares), de
formidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año.
Refirió que, el señor Cuenca Flórez laboró simultáneamente como Médico
para la Caja Nacional de Previsión Social - Seccional Tolima desde el (20 de
agosto de 1973 hasta el 30 de abril de 1994); es decir, por espacio de 20
años, 8 meses y 9 días; y que, producto de dicha vinculación, junto con
aquella que tuvo con el Departamento del Tolima entre (1970 y 1973), la Caja
Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión de vejez por
Resolución 9224 de 25 de octubre de 2004, en cuantía de $1.473.231.30
efectiva a partir del 8 de abril de 2001, conforme la Ley 100 de 1993 en
concordancia con la Ley 33 de 1985.
En suma, que desde el 8 de abril de 2001 y hasta la fecha, el demandado ha
devengado simultáneamente dos mesadas pensionales, una convencional
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y otra ordinaria reconocida
por la Caja Nacional de Previsión Social; las cuales, sin embargo, resultan
incompatibles, en razón a que tuvieron su origen en los tiempos de servicio
prestados al Estado; esto es, al Departamento del Tolima, Instituto de
Seguros Sociales y Caja Nacional de Previsión Social; respectivamente.
Ello, en consideración a que los aportes para pensión se realizaron con
recursos obtenidos en el desempeño de dos cargos públicos y; por ende,
involucran dineros que provienen del tesoro público y amparan el mismo
riesgo, la vejez. En suma, se presentó una superposición de doble tiempo,
pues en cada uno de los reconocimientos pensionales se tuvo en cuenta de
manera independiente pero concomitante los servicios prestados tanto al
instituto de Seguros Sociales como a la Caja Nacional de Previsión Social
entre 1973 y 1993, quedando incurso en la prohibición constitucional de
percibir doble asignación del erario público.
Destacó que; si bien, el actor acreditó unos tiempos de servicios prestados a
patronos particulares (entre mayo de 1995 a junio de 1996 con vinculación
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
laboral en Crear Salud S.A.; octubre de 1999 a enero de 2000 vinculación a
AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES; abril de 2000 a marzo de 2002 en
nombre propio; abril de 2002 a julio de 2003 a la Sociedad Médico Quirúrgica
del Tolima); lo cierto es que, los mismos resultan insuficientes para el
reconocimiento y pago la pensión de vejez de conformidad con el régimen
ordinario, pues no cumple con el mínimo de semanas cotizadas6; por lo que,
la pensión convencional reconocida por el ISS por Resolución 0626 de 22 de
septiembre de 2003, modificada por la Resolución 04430 de 16 de mayo de
2008, no tiene vocación de permanencia en el mundo jurídico, pues, al igual
que la ordinaria reconocida por Caja Nacional de Previsión Social, involucra
dineros que provienen de las arcas públicas.
Por lo anterior, indicó que las súplicas de la demanda tienen vocación de
amparo, comoquiera que con la expedición de los actos administrativos
demandados se adjudicó un derecho económico de carácter laboral
generando una afectación significativa al patrimonio público, como interés
general y por haberse encontrado una notable contrariedad entre lo ordenado
por la resolución demandada y lo preceptuado en las normas superiores y
legales que se invocaron como vulneradas en la demanda.
Y, declaró la nulidad de las Resoluciones 626 de 22 de septiembre de 2003 y
04430 del 16 de mayo de 2008, por medio de las cuales el extinto ISS
reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia al accionado;
por lo que, tendrá derecho al pago única y exclusivamente de la mesada
pensional reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social por
Resolución 9224 de 25 de octubre de 2004, con las modificaciones que haya
presentado.
Negó el reintegro de dineros, al considerar que dentro del expediente no se
advierte ningún tipo de actividad desleal desplegada por el accionado para
lograr el reconocimiento de la pensión por parte del Instituto de Seguros
6
Ley 100 de 1993 "ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. <Artículo modificado por
el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el
afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de
2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
Sociales; ya que, en su momento presentó los soportes documentales
requeridos e informó los tiempos de servicios con los que contaba y que
dieron lugar al pago de la pensión convencional, sin que se advierta que
hubiera omitido información o faltado a la verdad, por lo que no se logra
desvirtuar la buena fe que pesa bajo su cabeza.
No condenó a la parte demandada en costas.
4. Recurso de apelación
La parte demandada mediante apoderado pidió que se revoque la sentencia
de primera instancia al considerar que7:
Las asignaciones pensionales reconocidas a su poderdante no comparten la
misma relación jurídica, “toda vez que la reconocida por el ISS es de orden
convencional (en virtud de la convención colectiva suscrita entre dicha
entidad y Sintraseguridadsocial), la cual fue aprobada por Decreto 1750 de
2003, mientras que la segunda, reconocida por la Caja Nacional de Previsión
Social – Seccional Tolima, es de carácter legal conforme a la Ley de
Seguridad Social Integral, imperante al momento de reconocimiento de la
pensión, por lo cual son- sustancialmente diferentes y compatibles entre sí
(…)”.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto de 17 de marzo de 20228, se prescindió del período para
correr traslado a las partes conforme al numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, por lo que una vez surtido el término de notificación del auto a
través del cual se admitió el recurso de apelación conforme a lo establecido
en el artículo 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, el expediente ingresó
para proferir decisión de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
7
Folio 586.
8
Folio 200.
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Demandante: Ugpp
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proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que
accedió a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se determinará si la pensión de vejez reconocida al señor
Cuenca Flórez por el extinto ISS de orden convencional debe anularse, pues
devenga simultáneamente una pensión de jubilación concedida por Cajanal,
debido a que ambas provienen del tesoro público y; en tal sentido, se
contraviene lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política.
Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2 Hechos relevantes probados; y 2.3
Caso concreto.
2.2.1. De la prohibición de percibir dos asignaciones del tesoro público
y el sector salud
La Constitución Nacional de 1986, estableció en su artículo 64 que:
“Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes.”
Como se observa desde la Constitución Nacional de 1886 existe la
prohibición de recibir dos asignaciones del tesoro público, salvo algunas
excepciones o casos especiales regulados por la Ley.
La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1713 de 1960, que
dispuso en sus artículos 1° y 3° que:
“Artículo 1°. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del
Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal
el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de
carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo
completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título
universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal
permita el ejercicio regular de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos
públicos, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
disfruten por el cargo, no exceda de mil doscientos pesos ($1.200.oo)
mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los
miembros de las Fuerzas Armadas.
Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente
Decreto, se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8)
horas”.
En el caso particular de los profesionales médicos se señaló:
“Artículo 3° Los médicos graduados que desempeñen cargos públicos
relacionados con su profesión, y que tengan como residencia permanente
un Municipio, en donde no ejerzan esa misma profesión otros facultativos,
no estarán sujetos a las limitaciones establecidas por el artículo 64 de la
Constitución Nacional.”
Así mismo en el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969 se estableció:
“Artículo 77.- El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la
percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho
público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de
economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el
pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y
la Ley 1a. de 1963.”
Posteriormente el 32 del Decreto 1042 de 1978. Así:
“
Artículo 32.- De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún
empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del
tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el
Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las
asignaciones que a continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en
los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de
profesorado de tiempo completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título
universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal
de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor
conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de
los ministros del despacho.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos
de ministro del despacho, jefe de departamento administrativo,
viceministro, subjefe de departamento administrativo, superintendente,
secretario general de ministerio, departamento administrativo o
superintendencia, director general de establecimiento público o de
empresa industrial o comercial del Estado, secretario general de
establecimiento público, miembro de misiones diplomáticas no
comprendidas en la respectiva carrera y secretario privado de los
despachos de los funcionarios de que trata este ordinal, siempre que el
valor conjunto de la pensión y del sueldo percibido en el cargo no exceda
la remuneración fijada por la ley para los ministros del despacho.”
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Demandante: Ugpp
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Ahora bien, la Constitución Política de 1991 en el artículo 128 también
contempló la mencionada prohibición de percibir doble asignación con cargo
al tesoro público, al señalar lo siguiente:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas.”.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la prohibición constitucional de
percibir doble asignación proveniente del tesoro público viene desde la
constitución de 1886, siendo reiterada en la Carta Política de 1991 que
explícitamente impide: i) desempeñar más de un empleo en forma
simultánea, y ii) recibir más de una asignación del tesoro público, salvo las
excepciones que expresamente previstas en la ley.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-133 del 1° de
abril de 1993, definió el alcance de la expresión “asignación” como:
“(…) El término "asignación" comprende toda clase de remuneración
que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer
dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar
mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere
concluído que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el
artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto
el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. (…)” (Destacado
fuera de texto).
Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado9: “(…) Como se indicó
anteriormente, la Constitución Política establece la prohibición de recibir más
de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que
configura la incompatibilidad de salarios y pensiones, reconocida
pacíficamente en el ordenamiento jurídico. (…)”
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número:
08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16).
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Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
Pues bien, dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la
percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos
públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la
misma fuente, tales como las pensiones.
2.2.2. Compatibilidad de asignaciones salariales del personal de la
salud
El artículo 19 de la Ley 4ª de 199210, dispuso:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar
o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales
de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de
dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados
correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias
entidades”. (Subrayado y destacado fuera de texto)
En tal sentido, se observa que, entre las excepciones a la prohibición del
desempeño de más de un empleo público en el caso concreto de los
profesionales de salud, se encuentra prevista en el literal e) anterior el cual
hace referencia a los honorarios percibidos por concepto de servicios
profesionales en salud.
La Ley 269 de 199611 reguló parcialmente el artículo 128 de la Constitución
Política, y respecto de las personas que prestan servicios de salud en las
entidades de derecho público, dijo:
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“Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la
Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.”
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Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios
de salud en las entidades de derecho público.
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
“ARTÍCULO 2o. GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE SALUD. Corresponde al Estado garantizar la atención en
salud como un servicio público esencial, y en tal carácter el acceso
permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el
personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá
desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público.
La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter
asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá
ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana exceda de 66
horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos salariales
y no salariales establecidos en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, con
el fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores oficiales y
empleados públicos de la salud y su localización en las regiones con
mayores necesidades, facilitar la consecución del recurso humano en
aquellos sitios apartados de la geografía nacional o definidos como zonas
de orden público, donde no se disponga de personal de salud para la
prestación del servicio”. (Destacado fuera de Texto)
Tal garantía, conforme a la previsión del legislador, se mantiene siempre y
cuando no exista concurrencia de horarios, salvo la excepción de las
actividades docente en las mismas instituciones en las cuales se encuentre
vinculado, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3o. CONCURRENCIA DE HORARIOS. Prohíbase la
concurrencia de horarios, con excepción de las actividades de carácter
docente asistencial que se realicen en las mismas instituciones en las cuales
se encuentre vinculado el profesional de la salud, y que por la naturaleza de
sus funciones, ejerza la docencia y la prestación directa de servicios de
salud”.
Es pertinente señalar, que el interrogante planteado por el Ministro de Salud
y Seguridad Social ante el Consejo de Estado, alrededor de la situación de
los médicos a quienes el artículo 2º de la Ley 269 de 1996 les permite
desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público frente a la
prohibición constitucional de la doble asignación (art. 128 C.N.), fue resuelto
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitiendo
Concepto 880 del 27 de agosto de 199612, en el que indicó:
“Con respecto a los médicos se presenta una situación semejante a la de
los profesores de cátedra: ya se afirmó que el artículo 128 de la
Constitución prohíbe el desempeño simultáneo de más de un empleo
público; igualmente "recibir más de una asignación del tesoro público";
pero la misma disposición constitucional faculta al legislador para que en
12
C.P. Dr. Roberto Suarez Franco.
14
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
casos especiales se disponga otra cosa. Y es precisamente lo que ocurre
con lo previsto en la ley 269 de 1996, "por la cual se regula parcialmente el
artículo 128 de la Constitución Política", en relación con quienes prestan
sus servicios de salud en las entidades de derecho público. En efecto, en
su artículo 2o. se permite al "personal asistencial que preste directamente
servicios de salud" para que pueda "desempeñar más de un empleo en
entidades de derecho público”.
(…)
Los médicos que presten servicio de salud podrán desempeñar más de un
empleo de su especialidad en diversas entidades de derecho público, con
derecho a las correspondientes prestaciones sociales, ciñéndose a las
prescripciones legales que rigen la materia (artículo 1o. Ley 269 de 1996).”
Así las cosas, la ley citada desarrolla la excepción que permite a un médico
tener más de un empleo público y recibir más de una asignación proveniente
del tesoro, con el fin de prestar sus servicios medico asistenciales de forma
directa, lo cual ayuda al Estado a garantizar la cobertura de dicho servicio
esencial.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-206 de 2003, se pronunció
sobre el artículo 2º de la Ley 269 de 1996 y explicó la aplicación de la
excepción de la prestación del servicio médico asistencial frente a la
prohibición dispuesta en el artículo 128 constitucional, bajo el siguiente tenor:
“5.- Para establecer cuál es el alcance del segundo inciso del artículo 2° de
la Ley 269 de 1996, comienza este Tribunal por interpretar el mismo de
acuerdo con una visión sistemática que permita analizar el texto de
acuerdo con su ubicación en el cuerpo de la ley. El inciso demandado está
ubicado en el artículo 2°, titulado “garantía de la prestación del servicio
público de salud” cuyo primer inciso se refiere a que, debido a que el
Estado debe garantizar la prestación del servicio de salud de manera
permanente, “el personal asistencial que preste directamente servicios de
salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho
público”. Así, el sentido del artículo es explicar que en virtud de la
necesidad de garantizar el servicio de salud, el Estado acude a la
posibilidad de permitir el desempeño de más de un empleo en entidades
de derecho público en el caso del personal asistencial que preste
directamente el servicio de salud. La interpretación del texto completo del
artículo lleva a concluir que la disposición -en su integridad y por tanto
también el inciso segundo demandado- establece una de las excepciones
a la prohibición constitucional de tener más de un empleo en entidades de
derecho público.
6.- Lo anterior es reforzado por un análisis de la totalidad de la ley y del
título de la misma. La ley 269 de 1996 consta de siete artículos en los
cuales establece el ámbito de aplicación, la garantía de prestación del
servicio público de salud, la concurrencia de horarios, la incompatibilidad
de los miembros de una junta directiva u organismo directivo y los
representantes legales de las instituciones prestadoras de servicio de
salud, la adecuación de la jornada laboral, la inspección, vigilancia y
15
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
control, y la vigencia del cuerpo normativo. Este estudio del conjunto de
la ley de la cual, obviamente, forma parte la disposición acusada
muestra que ese cuerpo normativo se refiere al personal asistencial
que presta servicios de salud y que labora en más de una entidad
pública.
Lo anterior es aún más claro cuando se analiza el título de la Ley 269 de
1996, pues éste señala expresamente que ella “regula parcialmente el
artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan
servicios de salud en las entidades de derecho público”. Ahora bien, el
artículo 128 constitucional establece que “nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la Ley”. Es pues evidente que la ley se
refiere a la regulación de una de las excepciones a la prohibición
constitucional para desempeñar más de un empleo público y recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público. Por tanto, normas como
la aquí demandada se ocupan de establecer las excepciones a la
prohibición del artículo 128 constitucional, y por ello no regulan en general
la jornada laboral del personal asistencial que labora en instituciones
públicas sino exclusivamente de aquellos que desempeñen más de un
empleo en entidades de derecho público”. (Resalta la Sala)
Así, la Corte señaló, que dicha disposición flexibiliza entonces las
condiciones laborales del personal asistencial que presta servicios de salud
en las entidades de derecho público, al permitirles más de una vinculación en
dicho sector, mientras no exista cruce de horarios, a fin de garantizar el
acceso permanente al servicio público de salud, indicando además, que así
fue expresado en los antecedentes legislativos de la Ley 269 de 1996, en la
Gaceta del Congreso No. 170 del 6 de octubre de 1994 que contiene la
exposición de motivos del proyecto que culminó con esta ley.
Puestas, así las cosas, no cabe duda que la excepción normativa permitida
para los profesionales de la salud, consistente en percibir doble erogación
con cargo al tesoro público, tiene que ver con la posibilidad de desempeñar
más de un empleo en instituciones prestadoras de servicios de salud
oficiales, y a devengar las remuneraciones correspondientes.
2.3. Hechos probados
Copia de la cedula de ciudadanía13 que evidencia que Julián Eduardo
Cuenca Flórez nació el 8 de abril de 1946.
13
Folio 71 tomo 1
16
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
Que laboró para el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Tolima del (1 de
octubre de 1971 al 21 de diciembre de 1993)14, en el cargo de Médico
General Grado 36, durante 4 horas; esto es, por 22 años y 22 días.
Por Resolución 00626 de 22 de septiembre de 200315 el ISS (Seccional
Tolima - en calidad de empleador), le reconoció a Julián Eduardo Cuenca
Flórez una pensión de jubilación a partir del 9 de abril de 2001, en cuantía de
$1.191.886, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
Que dicho acto consagró en el artículo 4 que “la percepción de la prestación
reconocida sería incompatible con otra asignación proveniente del tesoro
público”.
Que simultáneamente trabajó en la Caja Nacional de Previsión Social
(Seccional Tolima) del (20 de agosto de 1973 al 30 de abril de 1994); esto es,
por espacio de 20 años, 8 meses y 9 días, así: entre el (20 agosto de 1973 y
el 14 noviembre de 1978 desempeñando el cargo de Médico Coordinador en
Planta con dos horas de consulta diaria); entre el (14 noviembre de 1978 y el
31 de diciembre de 1993 desempeñando el cargo de Médico de planta medio
tiempo); y entre (enero y abril de 1994 desempeñando el cargo de Jefe de
División Salud); es decir, por tiempo completo16.
Que laboró para el Departamento del Tolima entre el (1 de julio de 1970 y el
21 de enero de 1972) y entre el (16 de mayo de 1972 y el 16 de abril de
1973), con cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social17.
Mediante Resolución 9224 de 25 de octubre de 200418, la Caja Nacional de
Previsión Social le reconoció una pensión mensual vitalicia producto de las
vinculaciones anteriores, en la suma de $1.473.231.30 efectiva a partir del 8
de abril de 2001, de conformidad con las previsiones de las Leyes 33 de
1985 y 100 de 1993, en cuyo artículo sexto precisó que la “pensión
reconocida estaba sujeta a todas las prohibiciones e incompatibilidades de
ley”.
Que cotizó para pensión entre (mayo de 1995 y junio de 1996 con
vinculación laboral en Crear Salud S.A); entre (junio de 1996 y febrero de
14
Folio 33 a 136.
15
Folio 15 a 18 expediente administrativo.
16
Folio 8 a 10 y 133 a 136 expediente administrativo.
17
Folio 62 a 66 expediente administrativo.
18
Folio 62 a 66 Expediente administrativo.
17
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
1999 al Hospital San Juan de Dios); entre (octubre de 1999 y enero de 2000
a AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES); entre (abril de 2000 y marzo de
2002 efectuadas en nombre propio); entre (abril de 2002 y julio de 2003
estuvo vinculado a la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima); y entre
septiembre de 2003 y diciembre de 2008 estuvo vinculado laboralmente al
Instituto de Seguros Social19.
A través de la Resolución 04430 de 16 de mayo de 200820 el Seguro Social -
Seccional Risaralda - en calidad de asegurador- (hoy Colpensiones) le
reconoció una pensión de vejez compartida a Julián Eduardo Cuenca Flórez,
teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas por el ISS como patrono, así
como otros empleadores, de conformidad con lo normado en el artículo 12
del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en los
siguientes:
“Parágrafo 1: Con las cotizaciones efectuadas exclusivamente al Seguro
Social, el asegurado acredita en total 1319 semanas y un IBL de
$1.825.611 del cual corresponde el 90% o sea $1.643.050 a partir del 8 de
abril de 2006.
El retroactivo que asciende a la suma de $47.435.374 por concepto de las
mesadas comprendidas entre el 8 de abril de 2006 y junio de 2008 será
girado al ISS patrono a través de la Tesorería del ISS.
Parágrafo 2: Con las cotizaciones efectuadas con el ISS Patrono y con
otros empleadores, acredita en total 1629 semanas del cual le corresponde
un IBL de $3.101.671 del cual corresponden el 90% o sea $2.791.504 a
partir del 8 de abril de 2006.
El retroactivo que asciende a la suma de $33.156.209 debe ser girado al
asegurado JULIAN EDUARDO CUENCA FLÓREZ (...) con la Nómina de
JUNIO/08 pagadera a través actividad 97 (Tesorería ISS).”
Según certificado expedido por el FOPEP de 18 de septiembre de 2019 21, se
indica que al demandado “le fue reconocida una pensión de vejez por la
extinta Cajanal EICE, a través de la Resolución No. 9224 del 25 de octubre
de 2004 en cuantía de $1.473.231,30 a partir del 08 de abril de 2001. Que
actualmente devenga una mesada pensional de $3.405.157,41.” También
que, el demandado “es beneficiario de una pensión de jubilación reconocid[a]
por el extinto ISS en cuantía de $2.754.869.12”.
19
Folio 471 a 474.
20
Folio 27 a 28 tomo 1.
21
Folio 477 a 784 cuaderno principal.
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
2.3. Cas concreto
La Ugpp pidió la nulidad de las Resoluciones 626 de 22 de septiembre de
2003 y 04430 de 2008, por medio de las cuales el ISS le reconoció una
pensión de jubilación al accionado con tiempos laborados y cotizados en
Cajanal y en el ISS, afectando gravemente el orden económico, conforme al
artículo 128 de la Constitución Política.
El a quo accedió a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados al considerar que, desde el 8 de abril de 2001
y hasta la fecha, el demandado ha devengado simultáneamente dos
mesadas pensionales, una convencional reconocida por el Instituto de
Seguros Sociales, y otra ordinaria otorgada por la Caja Nacional de Previsión
Social, las cuales resultan incompatibles, en razón a que tuvieron su origen
en los tiempos de servicio prestados al Estado; esto es, al Departamento del
Tolima, Instituto de Seguros Sociales y Caja Nacional de Previsión Social;
respectivamente.
Inconforme el accionado replicó tal decisión, y adujo que las prestaciones
pensionales reconocidas a su poderdante no comparten la misma relación
jurídica, “toda vez que la reconocida por el ISS es de orden convencional y la
(…) otorgada por la Caja Nacional de Previsión Social – Seccional Tolima, es
de carácter legal”.
Visto lo anterior y de las pruebas avizoradas en el plenario se desprende que
(i) el accionado nació el 8 de abril de 1946 y prestó sus servicios, como
Médico General Grado 36, de manera ininterrumpida, al ISS desde el 1 de
octubre de 1971 hasta el 21 de diciembre de 1993 y, simultáneamente, a la
extinguida Caja Nacional de Previsión Social (Seccional Tolima) entre el 20
de agosto de 1973 y el 30 de abril de 1994; (ii) el ISS, en condición de
empleador, le concedió pensión convencional de jubilación al demandado
con Resolución 00626 de 22 de septiembre de 2003 (a partir del 9 de abril de
2001), prestación que pasó a ser compartida con la pensión de vejez que el
ISS (en calidad de asegurador ) reconoció mediante Resolución 04430 de 16
de mayo de 2008; y (iii) Cajanal otorgó pensión de vejez al accionado
mediante Resolución 9224 de 25 de octubre de 2004 a partir del 8 de abril de
19
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Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
2001, con fundamento en los tiempos laborados al ISS.
En suma, es claro que prestó sus servicios en forma simultánea en el ISS
entre el 1 de octubre de 1971 hasta el 21 de diciembre de 1993, acumulando
un tiempo de servicio de 22 años, 2 meses y 20 días; y que, para efectos de
sus reconocimientos pensionales tanto del ISS como de Cajanal, le tuvieron
en cuenta los tiempos de servicios desempeñados de forma simultánea en
dos cargos públicos.
Con todo, es importante recordar la prohibición constitucional, según la cual,
no es posible desempeñar dos cargos públicos ni recibir doble erogación
proveniente del tesoro público, salvo las excepciones de manera expresa
estableció el legislador, dentro de las cuales se encuentran los honorarios o
salarios de los profesionales de la salud al servicio de entidades oficiales.
Alrededor de la situación de los servidores del sector salud, y la posibilidad
de percibir doble pensión, la jurisprudencia de la sección segunda del
Consejo de Estado22 ha señalado que:
“(…) no existe una norma expedida por el legislador que admita percibir
simultáneamente para el personal médico más de una pensión proveniente
de su labor en el servicio público, pues la Ley 269 de 1996, tiene como
finalidad la eventual falta de profesionales médicos para cubrir las
necesidades del servicio esencial de salud, pero no se puede inferir de
dicha normativa que ello le permita recibir dos pensiones por servicios
profesionales prestados por dos cargos públicos (….) La pensión
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en una
convención colectiva y la pensión de jubilación a cargo de Cajanal (hoy
UGPP), reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985 resultan
incompatibles”.
En tal sentido, para la Sala no hay duda de que, tal como lo determinó el a
quo y la accionante, ambas pensiones son pagadas con dineros del tesoro
público, por lo que en virtud de lo preceptuado en los artículos 128 de la
Constitución Política, 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de
1969, son incompatibles. Amén de que, tanto la Resolución 00626 de 22 de
septiembre de 2003 (que reconoció pensión de jubilación) como la 9224 de
25 de octubre 2004 (que otorgó la ordinaria de vejez) fueron claras en
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente:
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019), Radicación número:
08001-23-33-000-2014-00364-01(2623-16)
20
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
establecer que resultaban incompatibles con otra asignación que proviniera
del erario.
Empero, resulta relevante advertir que en el sub lite es dable anular los actos
acusados, sin que por ello se desconozca el derecho del beneficiario a optar
por la más beneficiosa económicamente; esto es, entre la pensión
compartida y la reconocida por Cajanal; dado que, según certificado
expedido por el FOPEP de 18 de septiembre de 201923, al demandado “le
fue reconocida una pensión de vejez por la extinta Cajanal EICE, a través de
la Resolución No. 9224 del 25 de octubre de 2004 en cuantía de
$1.473.231,30 a partir del 08 de abril de 2001. Que actualmente devenga una
mesada pensional de $3.405.157,41.” Sumado a que, “es beneficiario de
una pensión de jubilación reconocid[a] por el extinto ISS en cuantía de
$2.754.869.12”; por lo que, en atención de ello, es al demandado a quien le
corresponde escoger la prestación pensional que le sea más favorable.
Ahora bien, respecto al motivo de inconformidad, la Sala precisa que no es
de recibo lo aducido por el recurrente, al decir que la pensión convencional
otorgada por el ISS y la ordinaria por Cajanal son “diferentes y compatibles
entre sí”; dado que, en ambos reconocimientos pensionales se involucran
dineros que afectan el erario público, pues el demandado prestó sus
servicios en entidades públicas de la salud de manera simultánea en dos
entidades de naturaleza oficial; lo que, en modo alguno le supone la
posibilidad de que por tales circunstancias puede devengar doble pensión.
Ello, acorde con el marco normativo y jurisprudencial señalado en líneas
atrás, respecto de la prohibición de la doble asignación del tesoro púbico y su
excepción en relación con el servicio público de salud; por lo que, la
sentencia proferida por el a quo será confirmada.
Sobre la condena en costas
Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:
El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:
23
Folio 477 a 784 cuaderno principal.
21
Número interno:3668-2021
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Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables
en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes.” (Resaltado por la Sala).
Dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”
No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso24.
En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará
en costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte demandante; por ende, confirma la
sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Tolima que
accedió a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad de los actos
acusados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
24
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
22
Número interno:3668-2021
Demandante: Ugpp
Demandado: Julián Eduardo Cuenca Flórez
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 1 de
julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las
súplicas de la demanda y declaró la nulidad de los actos acusados.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
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