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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00428-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00428-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Ad ministrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso de la referencia. En su lugar, se ACCEDE a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia y en los siguientes términos: i. DECLA RA R la nu l i dad del O f icio 2 01 4RE1870 d e 12 de f ebr er o de 2014, expedido por la Secr et ar í a de Educación Depar t am ent al del Tolim a, por medio del cual negó el r econocim ient o y pago de la sanc i ón m or at or ia por la no consignac ión opor t una de las cesant í as def init ivas de l docent e Alber t o Cast ib lanco M or ales. ii. CO NDENA R a l M in is t er io de Educac ión y Fondo Nac iona l de Pr est aciones Soc ial es del M agist er io a r econocer y pagar la sanció n m or at or ia a f avor del acá dem andant e, consist ent e en un dí a de salar io por dí a de m or a en el r econoci m ient o de las cesant í as def init iva s, causada ent r e 17 de m ayo de 2012 hast a el 27 de f ebr er o de 2013 . Teniendo en c uent a el últ im o salar i o deve ngado por el dem andant e e n la Secr et ar í a de E ducación Depar t am ent al de l Tolim a. 30Consejo de Estado. Sección Segunda. S entencia de 14 de julio de 2016, Radicado 2013-00270-03 (3869-2014). www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01 Demandante: Alberto Castiblanco Morales SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia la Nación – Ministe rio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , las cuales se liquidarán de acuerdo con lo est ablecido en el artí culo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2014-00428-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01 (3417–2017)
Demandante: Alberto Castiblanco Morales .
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Departamento del Tolima .

Temas: Prestaciones sociales de docentes. Sanción
moratoria por la consignación tardía de cesantías
definitivas. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 3 de julio de 2015 , proferida por
el Tribunal Administrativo de l Tolima, que negó las pretensiones de
la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES. 1

1.1. Pretensiones de la demanda.

Alberto Castiblanco Morales , por inte rmedio de apoderad o judicial,
demandó la nulidad del Oficio 2014RE1870 de 12 de febrero de
2014, expedido por la Secretaría de Educación Departamental del
Tolima, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías definitivas.

1 Folios 19 a 22 del cuaderno principal.

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

Como consecuencia de lo anterior, reclamó el recono cimiento y
pago de la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías d e acuerdo con lo establecido por la Ley 24 4 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, desde el 17 de mayo de 2012,
momento en que se hizo exigible la obligación, hasta el 23 de enero
de 2014, momento en el que se realizó el pago efectivo. De igual
manera, pidió realizar los ajustes de valor de las sumas a cancelar,
así como el pago de intereses moratorios y la condena en costas a
la entidad demandada.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda.

Alberto Castiblanco Morales radicó el 9 de febrero de 2012 una
petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio Region al Tolima , esto con el fin de que le fueran
reconocidas y canceladas las cesantías definitivas. En respuesta a
ello, la Gobernación del Tolima – Secretaría de Educación
Departamental , a través de la Resolución 03470 de 28 de agosto de
2012, le reconoció las cesantías definitivas correspondientes al
periodo laborado entre 1990 y 2010, por valor de $24.367.867 , sin
embargo, estas fueron pagadas el 27 de febrero de 2013 .

El 8 de abril de 2013 , radicó solicitud nuevamente ante el
mencionado fondo , pues no le fueron liquidadas las cesantías
correspondientes al año 2011 ; consecuencia de ello, la entidad
demandada expidió la Resolución 05241 de 1 de noviembre de
2012, por medio de la cual ajustó la resolución anterior,
reconociendo y ordenando pagar las cesantías correspondientes al
año 2011.

Finalmente, afirmó que a travé s de solicitud radicada el 28 de enero
de 2014, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
la cual fue resuelta de manera negativa por medio de la Resolución
2014RE1870 de 25 de febrero de 2014.

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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vuln eración.

Al respecto, realizó un análisis norm ativo de l derecho que posee a
reclamar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas, pues no fueron canceladas dentro del término
establecido por la ley , mencionando los artículos 2º de la Ley 244
de 1995 y 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 ; además puso de presente
apartes jurispr ude nciales del Consejo de Es tado, específicamente
la sentencia de 8 de abril de 2010 con radicado 73001 -23-31-000-
2004-01302-02, como precedente aplicable al caso en concreto.

1.4. Contestación de la demanda.

El Departamento del Tolima 2 allegó contestación a la demanda,
oponiéndose a las pretensiones ; indicó que la entidad encargada
de realizar el reconocimiento y pago de cesantías a los docentes es
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A .; de igual manera, sostuvo que el personal
docente goza de un régimen especial en el que no se tiene prevista
la sanción por el pago tardío de las cesantías.

Por su parte , la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 se
opuso a las súplicas de la demanda. Aseguró que la Ley 1071 de
2006 estableció una sanción económica en caso de que se incumpla
el término perentorio para el pago de las cesantías; sin embargo,
esa sanción no se hace extensiva al término en que se demore la
expedición del acto de reconocimiento de la prestación.

Así mismo, manifestó que, en todo caso, el artículo 88 de la Ley
1328 de 2009 señaló que los intereses a cargo de la Nación no
pueden exceder el doble del interés banca rio; por lo tanto, frente a
cualquier suma que se cobre, en caso de retardo en su pago, la

2 Folios 41 a 46 del cuaderno principal.
3 Folios 53 al 57 del cuaderno principal.

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consecuencia sancionatoria debe estar delimitada por tal
disposición. Agreg ó que la orden orientada al reconocimiento de la
indemnización moratoria reclamada es cont raria a derecho, máxime
cuando ni el acto acusado ni el de reconocimiento de las cesantías
contienen la manifestación de la voluntad del ministerio, ni del
fondo demandado, pues este es una cuenta de la Nación sin
personería jurídica.

1.5. Audiencia inicial. 4

El 30 de enero de 2015 , en acatamiento al artículo 180 del CPACA,
el Tribunal Administrativo de l Tolima desarrolló la audiencia inicial,
en la cual se fijó el litigio de la siguie nte manera:

«[ …] se t r at a de est ablecer si, ¿hay si hay lugar a
r econocim ient o y pago de la sanción m or a est ablecida en l as
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , a f avor del act or , por el no
pago opor t uno de sus cesant í as, equivalent e a un dí a de
salar io por cada dí a de r et ar do? » ( sic)

1.6. Decisión de primera instanc ia. 5

En sentencia de 3 de julio de 2015 , el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandante.

Como sustento de la decisión indicó, que respecto de las
prestaciones de los docentes existe un régimen especial, en el cual
no se cont empla la sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías a que tienen derecho, pues dentro de la enunciación
que hace el artículo 2 de la Ley 1071 de 2006 no se encuentra la
labor docente, razón suficiente para determinar que no es
procedente el reconocimiento solicitado en la demanda.

4 Folios 73 a 81 y en el CD anexado a folio 82 del cuaderno principal .
5 Folios 128 a 137 del cuaderno principal.

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Demandante: Alberto Castiblanco Morales

1.7. Recurso de apelación.

Alberto Castiblanco Morales 6 prese ntó recurso de alzada , en el
que indicó que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, pues el objeto de la norma es la igualdad de
todos los servidores públicos en lo referente a las cesantías,
además de que se le debe aplicar la norma más favorable al
trabajador.

1.8. Alegatos en segunda instancia.

La parte deman dante 7 allegó escrit o en el que insistió en los
argumentos del recurso de apelación y examinó los posibles
derechos vulnerados con la decisión apelada.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 8 allegó
concepto , sin embargo, la situación jurídica allí p lanteada resulta
ajena a este proceso, pues realizó un análisis normativo y
jurisprudencial respecto de los regímenes y factores a tener en
cuenta para el reconocimiento pensional en docentes.

La parte demandada y la Procuraduría Tercera Deleg ada ante el
Consejo de Estado guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación

6 Folios 144 a 152 del cuaderno principal.
7 Folios 181 a 191 del cuaderno principal.
8Documento disponible en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial del
Consejo de Estado – SAMAI.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General d el Proceso 10, la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante, no obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado la senten cia el superio r resolverá sin
limitaciones ; en el caso de la referencia, se observa que
únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, razón
por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos
expuestos en el mencionado recurso .

2.2. Cuestión previa.

En escrito allegado por el apo derado de Alberto Castiblanco
Morales 11, se solicitó dar aplicación al artículo 121 del Código
General del Pro ceso , es decir, declarar la pérd ida de la
competencia para conocer del proceso por haber transcurrido más
del tiempo establecido para dictar sentencia.

Al respecto, vale la pena recordar que dicha circunstancia procesal
ya ha sido puesta de presente ante esta Corporación, siendo
negada bajo los siguientes argumentos:

«[ …] el pr ecept o cit ado no r esult a apl ic able en l a Jur isdicc i ón
Cont enciosa A dm ini st r at iva, t oda vez que t ant o el C. C. A. com o
el CPA CA cont ie nen nor m as especiales sobr e la dur ación d e
los pr ocesos or d ina r ios y espec iales q ue se ade lant an an t e
est a j ur isdicción; po r consiguient e, el ar t í culo 121 del C. G . P.
se t r at a de una r eproducción de la dispo sición cont eni da en el
ar t í culo 9 de la ley 1395 de 201 0 que er a única y
exclusiv am ent e apli cable a la Jur isdicc ión O r dinar ia Civi l. A
cont r ar io sensu, se it er a, los ar tí culos 179 y siguient es del
CPAC A est abl ecen las et apas, lo s t ér m inos, y las
com pet encias par a sur t ir el pr oceso or dinar io cont enci oso
adm inist r at ivo, cir cunst ancia por la que no puede ser

10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
11Documento disponible en el índice 3 5 del Sistema de Gestión Judicial del
Consejo de Estado – SAMAI.

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Demandante: Alberto Castiblanco Morales

t r anspolado ese t érm ino de un año y seis m eses de pr ór r oga a
la Jur isd icció n de lo Cont enc ioso A dm inist r at ivo que, se
insist e, t iene sus pr opias nor m as sobr e dur ación y com pet encia
dent r o del pr oceso. » 12

Adicional a lo t ranscrito, se debe t ener en cuenta que para el
momento en que el expediente pasó al despacho para profe rir
sentencia, este entró en turno para dictar decisión de fondo, el cual
se vio afectado por la pandemia global del COVI D 19 , tanto así, que
el Gobierno Nacion al expidió el Decre to 564 de 15 de abril de 2020
por medio del cual se suspendieron algunos términos judiciales.

Por las razones expuestas , se niega la solicitud de declarar la
pérdida de la competencia para conocer del proceso .

2.3. Problema jurídico.

¿Alberto Castiblan co Morales , en su condición de docente , tiene
derecho a ser beneficiario de la sanció n moratoria por el pago tardío
de sus cesantías definitivas, de conformidad con lo previsto en las
Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990, y el Decreto 1582 de 1998 ?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.4.1. Del auxilio de cesantías en la labor docente.

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre
otras, disposicione s referentes a la jurisdicción especial de trabajo,
y en sus artículos 12 13 y 17 14 dispuso que los empleados y obreros

12 C o n s e j o
de Estado. Sección Tercera. Providencia de 6 de agosto de 2014.
Radicado: 88001-23-33-000-2014-00003-01 (50408).
13 «Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio,
corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para
con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por
cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso
de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del
contrato.»
14 « A r t í c u l o
17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un

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nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras
prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría
en cuenta el tiempo de servicio prest ado con posterioridad al 1º de
enero de 1942 , cuya liquidación se reglamentó a través del artículo
6º del Decreto 1160 de 1947 .

Hasta este momento las prestaciones sociales de los empleados
públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer
una referencia expresa al personal docente; no obstante, con la
expedición de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta
entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales
reconocidas a favor de los docentes. Precisamente el numeral 3º
del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de
cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a
saber:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior ida d al 1º de ener o de 19 90 ser á r egido p or l as
sigui ent es dispos ici ones: [ …]
3. Cesant í as:
A . Par a los docent es nacional izados v in culados hast a el 31 de
diciem br e de 1989, el Fondo Nacio nal de Pr est aciones Soci al es
del M agist er io pag ar á un auxili o equi valent e a un m es de
salar io por cada a ño de ser vicio o p r opor cionalm ent e p or
f r acción de año labo r ado, sobr e el últ im o salar io de vengado, si
no ha sido m odif icado en los últ im os tres m eses, o en caso
cont r ar io sobr e el salar io pr om edio de l úl t im o año.
B. Par a los docent es que se vinculen a par t ir del 1. De enero
de 1990 y par a los docent es nacio nales vincu lados c on
ant er ior idad a d ich a f echa, per o sólo con r espect o a l as
cesant í as gener ada s a par t ir del 1º . de ener o de 1990, el
Fondo Naci onal de Prest aci ones Soci al es del M agi st erio
reconocerá y pa gar á un i nt erés anual sobre sal do de est as
cesant í as ex i st ent es al 31 de di ci e mbre de cada añ o ,

mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con
posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)».

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liqu idad as anua lm ent e y sin r et r oact ivi dad, equiva lent e a la
sum a que r esult e de aplicar la t asa de int er és, que de acuer do
con cer t if icación de l a Super int endenc ia Bancar ia, haya sido la
com er cial pr om edio de capt a ción del sist em a f inancier o
dur ant e el m ism o per í odo. Las cesant í as del per sonal n acion a l
docent e, acum uladas hast a el 31 de diciem br e de 1989, que
pasan al Fondo Nacion al de Pr est aciones Soc ia les de l
M agist er io, cont inu ar án som et idas a las nor m as gener ale s
vigent es par a los em pleados púb licos del or den naci ona l. »
( Resal t ado de l a Sal a )

La condición de los docentes como servidores públicos fue
reforzada jurisprud encialmente por la Corte Constitucional en las
sentencias C – 741 de 2012 15 y C – 486 de 2016 16, en las que se
determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta
como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto
docente (Decreto 2277 de 1979 ) y por la ley general de educación
(Ley 115 de 1994 ), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva
al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de
educación territoriales.

En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un ra zonamiento
específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las
cesantías a favor de l os docentes oficiales, indicando que es un
régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es
aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en
la Ley 244 de 1995 y su posterior refo rma, la Ley 1071 de 2006.

Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los
términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las
sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en
sus primeros artículos se señalaron unos tiempos perentorios para
el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de
los servidores públicos , a saber:

15 C o r t e Constitucional. Sentencia de 26 de septiembre de 2012.
16 C o r t e Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016.

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«A rt í cul o 1º . ( Subrogado por el art í cul o 4º . de l a Ley 1071
de 2006) . T érmi nos: Dent r o de los qu ince ( 15) dí as háb il es
sigui ent es a la pr esent ación de la so lic it ud de l iqu idac ión de
las cesant í as def init ivas o par cia les , por part e de los
pet icionar ios, la ent i dad em plead or a o a quel la que t eng a a s u
car go el r econoc im ient o y pago de l as cesant í a s, deber á
expedir la r esoluci ón cor r espondient e, si r eúne t odos los
r equisit os det er m ina dos en la ley.
Par ágr af o . En caso de que la ent idad o bser ve que la sol icit ud
est á incom plet a deber á inf or m ár sele al pet icionar io dent r o de
los diez ( 10) dí as hábil es si guient es al r ecibo de la solicit u d,
señalánd ole expr es am ent e los document os y/ o r equisit os
pendient es.
Una vez apor t ados l os docum ent os y/ o requis it os pendie nt es,
la sol icit ud deber á ser r esuelt a en los t ér m inos señalados en
el inc iso pr im er o de est e ar t í c ulo.
A rt í cul o 2º . ( Subrogado por el art í culo 5º de l a Ley 1071 de
2006) . M ora en el pago: La ent idad públic a pagador a t endr á
un plazo m áxim o de cuar ent a y cinco ( 45) dí as hábiles, a par tir
de la cual qued e en f ir m e el act o adm inist r at ivo que or dena la
liqu idac ión de las ce sant í as def init ivas o par ciales de l ser vido r
públ ico, par a cancel ar est a pr est ación social, sin per j uic io d e
lo est ablec ido par a el Fondo Nac iona l d e Ahor r o.
Par ágr af o . En caso de m or a en el p ago de l as cesant í as
def init iva s o par cial es de los ser vidor es públicos, la ent id ad
obli gada r econocer á y cancelar á de sus pr opios r ecur sos, al
benef iciar io, un dí a de salar io por cada dí a de r et ar do hast a
que se haga ef ect ivo el pago de las m ism as, par a lo cual solo
bast ar á acr edit ar la no cancelaci ón dent r o del t ér m ino pr evist o
en est e ar tí culo. Sin em bar go, la ent idad podr á r epet ir contr a
el f uncion ar io, cuan do se dem uest r e que la m or a en el pag o se
pr oduj o por culpa im put able a est e. »

Como puede observarse, estas disposiciones legales no solo
impusieron unos términos específicos para el reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías, sino que también indicaron una
sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor
de los trabajadores públicos, tal y co mo lo señala el artículo 2º de
la Ley 1071 de 2006 . 17

17«Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley
los miembros de las Corporaciones Públicas , empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los
particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o trans itoria,

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

En conclusión, la cesantía como prestación social reconocida a los
servidores público s, dentro de los que se encuentran los docentes
oficiales, cuenta con unos términos perentorios, que de no ser
cumplidos generan una sanción por mora en el pago oportuno,
situación que le es aplicable al perso nal docente como servidores
del Estado.

2.4.2. Sentencia de Unificación 098 de 2018. 18

La Corte Constit ucional se pronunció respecto del pago de
cesantías y mora en el pago a docentes oficiales ; en dicha decisión,
se llegó a las siguientes conclusiones:

«Est e m andat o const it uciona l 19 est ablece una ser ie d e
der echos y gar ant í as m í nim as f undam ent ales en f avor de los
t r abaj ador es, que no pueden ser desconocidos. Ent r e est os, se
encuent r a el pr incip i o de f avor abilidad e n la aplicac ión de la s
nor m as j ur í dicas labor ales o en la int erpr et aci ón de ést as, lo
cual supone que el f uncionar io público deber á opt ar por dar
aplic ación a la sit uación m ás f avor able par a el t r abaj ador
cuando exist a un conf lict o de nor m as j ur í dicas o dudas en la
int er pr et ación de un a det er m inada nor ma j ur í dica.
Aunado a l o a nt er ior , l a Cort e Const i t uci onal ha reconoci do
que el hecho de que l os docent es se encuent ren amparados
por un régi men especi al , no i mpl i ca el desconoci mi ent o de
su cal i dad de t rabaj adores del Est ad o, y menos aún si se
t rat a de l a apl i cación de una norm a de caráct er l aboral que
comport a un benef i ci o, caso en el cual preval ece l a
i nt erpret aci ón que report e el mayor benef i ci o para el
empl eado, pues ésta será l a que se aj ust e a l os post ul ados
del art í cul o 53 de la Cart a Pol í t i ca .
En el caso obj et o de est udi o se evi denci a que exi st e una
post ura más f avorabl e respect o de l os derechos l aboral es
de l os docent es of i ci al es, est o es, aquel l a que recono ce
que est e grupo de t rabaj adores del Est ado t i ene derecho a
l a sanci ón por mora en el pago del auxi l i o de cesant í a .
A pesar de que l os j ueces adopt aron u na post ura razonab l e
y se encuent ra j ust i f i cada desde el punt o de vi st a l egal ,

los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores
particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. »
18 C o r t e Constitucional. Sentencia de 17 de octubre de 2018.
19 S e refiere al artículo 53 de la Constitución Política.

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

est e ent endim ient o excluyó ot r a posib l e int er pr et ación de la
nor m at iva gener al q ue consagr a l a sanci ón m or at or ia por la no
consignac ión d e cesant í as de conf or m idad con lo dispuest o en
el num er al 3° del ar t í culo 99 de la Ley 50 de 1990.
Est o, por cuant o el ám bit o de apl ic ación de l a sanci ón
m or at or ia de la Ley 50 de 1990 se ext iende a t odos los
empl eados públ i cos . Así lo est ablece el Decr et o 1252 d e
2000: [ se t r anscr ibe la nor m a]
[ …]
De est a m aner a, la Sala no com par t e el ant er ior r azonam ient o,
puest o que pr ecisa m ent e las nor m as que se encuent r an e n l a
dispos ición, en par t icular , el art í cul o 13 de l a Ley 344 de
1996, ext endi ó l a l iqui daci ón anual de l as cesant í as a t odas
l as personas q ue se vi ncul en a l os órganos y ent i dades del
Est ado a part i r del 31 de di ci embre de 1996 . Al r espect o, las
aut or idades j udic ial es int er pr et ar on el apar t e “ sin per juic io de
( …) lo est ipulado en la Ley 91 de 1989 ” b aj o un ent endi mi ent o
rest ri ct i vo, en el sen t i do de que l os docent es est aba n
excl ui dos de est e cont eni do de manera cat egóri ca .
[ …]
Una vez r ealizada l a ant er ior aclar ació n, encuent r a la Cor t e
que exi st e una i nt erpret aci ón f avorable al act or que no se
t uvo en cuent a por el despacho ni l a Corporaci ón Judi ci al ,
y que se encue nt ra en el mi smo cont eni do de l a di sposi ci ón
en coment o, pues al l í se est abl ece, en l o pert i nent e, que
l os empl eados públ i cos que se vi ncul en al servi ci o del
Est ado a part i r de la vi genci a del Decret o 1252 de 2000 –el
act or se vinc uló el 31 de m ar zo de 2003 - t ienen der echo al
pago de las cesant í as en los t ér m inos est ablecid os en la L ey
50 de 1990 y que l o al l í di spuest o se apl i ca aún en el evento
en que el servi dor públ i co se ri j a por un régi men especi al
que regul e l as cesant í as.
Adem ás, el par ágr af o del ar t í culo 1° del Decr et o 1252 de 2000
consagr a que los f ondos que adm inist r an y pagan las cesant í as
a los ser vidor es r ef er idos segu ir án hac iéndo lo, dent r o de l os
cuales est á incl uid o el f ondo del F O M AG. Por t ant o, la
int er pr et ación qu e per m it a concluir que dicha sanción
m or at or ia no es apli cable a l act or baj o el ar gum ent o de que no
cum ple la condició n de pert enecer a la cat egor í a de ser vidor
públ ico t er r it or ial n i la d e encont r ar se af ili ado a un f ond o
pr ivado, t am bién puede ent ender se de m aner a dist int a a la luz
de lo dispuest o en e l par ágr af o pr ecit ado.
Agr egado a lo ant er ior , com o ya se m encionó, el r égim en
anual izado q ue est ablece la Ley 50 d e 1990 se ext en dió al
sect or público. Esp ecí f icam ent e, el ar tículo 13 de la Ley 3 44
de 1996 est ablec ió un nuevo r égim en d e cesant í as anualiza do
y sist em a aplicab le a las per sonas qu e se vincular an co n el

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

Est ado con post er io r idad a su ent r ada en vigenc ia. Por ot r a
par t e, el ar t í culo 1º del Decr et o 15 82 de 1998 acogió la sa nci ón
m or at or ia pr evist a en el ar t í culo 99 de la Ley 50 de 1990.
Real izada la ant er io r aclar ación, est a C or por ación cons ider a
que, en el r égim e n anual izado, apl ic able al cas o de l os
docent es vincula dos después de 1990 y 1996, es lógico que se
exij a la af il iaci ón y el pago opor t un o de l auxi lio de cesant í a s,
ya que l a consi gnac i ón es l a manera de garant i zar el acceso
a l a prest aci ón. Si n duda, est e si stema sol o puede ser
equi t at i vo si l as personas pueden cont ar con su pago de
f orma oport una para poder di sponer de l a prest aci ón en
cual qui era de l os event os en que se permi t e, est o es, ant e
el desempl eo, para f i nanci ar l a educaci ón propi a, de
compañeros perma nent es, de l os hi j os o depen di ent es y
para l a adqui si ci ón, const rucci ón, mej ora o li beraci ón de
bi enes raí ces dest i nados a su vi vi enda.
Adic iona lm ent e, cabe anot ar que, com o quedó vist o, una
i nt erpret aci ón restri ct i va de l a apli caci ón de l a sanción
morat ori a i ncurri ría en un trat o desigual de l os docent es
f rent e a ot ros t rabaj adores del Est ado que gozan de l a
sanci ón como gar ant í a de l a prest aci ón. Est a di st i nción
vi ol a el derecho a l a i gual dad t oda vez que l os docent es
t endrí an un derecho l i mi t ado por tener una cat egorí a
especí f i ca dent ro de l os t rabaj adores est at al es, l o cual no
const i t uye un moti vo val i do en sí mi smo par a negar su
acceso.
Si bi en se aj ust a a la Const it uc ión l a cr eación de r egí m enes
especia les, inclus iv e dent r o de los t r abaj ador es del Est ado, en
est e caso se t rat a d e una prest aci ón ex i gi bl e para t odos l os
t rabaj adores, por l o cual l a di scusi ón est á en su f orma de
garant í a . El derecho a l a i gual dad exi ge que no se haga n
di st i nci ones i nj usti f i cabl es ent re sujet os asi mi l abl es. Los
docent es hace n part e de l os empl eados públ i cos, a
qui enes, en general , l es apl i ca l a sanci ón morat ori a. En t al
m edida, se t r at a de un escenar io en el c ual t odos gozan de u na
pr est ación, el au xil io de cesa nt í as, que gar ant iza la
subsist encia ant e e l desem pleo y el ac ceso a la educaci ón y
vivien da. Por ello, un acercami ent o que di smi nuye la
prot ecci ón de l a garant í a a unos en perj ui ci o de l os otros
vi ol a el derecho a la i gual dad.
Como se advi rt i ó, l os docent es se encuent ran en l a
cat egorí a de l os empl eados públ i cos y no exi st e razón que
j ust i f i que que en su cal i dad de t rabaj adores no t engan
derecho, de l a misma f orma que l os demás serv i dores
públ i cos, a que sus prest aci ones soci al es sean cancel ada s
en t i empo. Una int er pr et ación cont r ar ia no pr ot eger í a a est as
per sonas en l a m is m a f or m a que a ot ros ser vidor es púb lic os,
lo cual t endr í a com o consecuencia la r est r icción de su

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

posib il idad de goza r de la gar ant í a d el pago opor t uno d el
auxil io de cesant í as y, a su vez, de las pr ot ecciones ya
m encionadas que se der ivan de esa pr est ación.
Para l a Sal a, l a ant eri or i nt erpret aci ón no result a
i ncompat i bl e con el régi men especi al que regul a l a f i gura
del auxi l i o de cesant í as de l os docent es porque no af ect a
l os requi si t os, t érmi nos y compet enci a para su
reconoci mi ent o ni af ect a el derecho de l os docent es a es t a
prest aci ón como tampoco genera excl usi ones ent re l os
docent es del magi st eri o, l o cual , al p arecer, si se deri varí a
de l a i nt erpret aci ón según l a cual sol o l os docent es del
sect or t erri t ori al tendrí an derecho a est a consecuenci a
l egal por el i ncumpl i mi ent o de l a consi gnaci ón de l a
prest aci ón soci al del auxi l i o de cesant í as.
Sum ado a lo ant er ior , el régimen especi al al que est á
somet i do el act or no cont empl a l a sanci ón que sol i ci t a,
si t uaci ón di st i nt a serí a que su régi m en l o cont empl ara o
que, en su l ugar, se est abl eci era ot ro t i po de benef i ci os o
sanci ones, l o cual , en est e caso no se ev i denci a. A l
respect o, l a j uri sprudenci a const i t uci onal ha sost eni do que
hi pót esi s como l as que ahora se encuent ran baj o est udi o
pueden desco nocer el derecho a l a i gual dad.
[ …]
En est e m ar co, la Sala advier t e que en est e caso no se
present a ant i nomi as l egal es que pueda n y deban resol vers e
a t ravés del pri nci pi o de especi al i dad, ya que no se t rat a de
el egi r l a apl i caci ón de una u ot ra no rmat i va, pues l o que
sucede es que l a norma especi al c arece de regul aci ón
respect o a una f i gura j urí di ca que sí est á present e en l a
norma general , por t ant o, l o que se evi denci a es un vací o.
Es deci r, l a normat i va que regul a el régi men especi al de
docent es no regul ó l a mat eri a de l a sanci ón morat ori a ni
sust raj o o excl uyó est á f i gura j urí di ca que sí est á regul ad a
en l a norma general , en consecuen ci a, no se t rat a de
normas excl uyent e s que exi gen apl i c ar una u ot ra si no de
di sposi ci ones que se compl ement an .
Baj o est a lí nea ar gum ent at iva es im por t ant e enf at izar que en
est e caso no se vulner a el pr inc ipio de inesci n dib il idad o
conglobam ent o, seg ún el cual “ E l t ext o legal así escogid o de be
( …) aplicar se de m aner a í nt egr a en su relaci ón con la t ot alid ad
del cuer po nor m at ivo al que per t enece, sin que sea adm isi b le
escisio nes o f r agm ent aciones t om ando l o m ás f avor able d e las
dispos icion es en conf lict o, o ut ilizando dispos icion es jur í dicas
cont enidas en un r égim en nor m at ivo dist int o al elegid o ” 20, en
r azón a que, al el egi rse l a norma más f avorabl e al
t rabaj ador, es apl i cabl e en su t otal i dad el cont enido

20 C i t a propia del texto transcrito «Sentencia T -832A de 2013.»

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

ref erent e a l a san ción morat ori a por l a no consi gnaci ón d el
auxi l i o de cesant í as en l os t érmi nos previ st os en l a Ley 50
de 1990 .
Est o es, no se elige par t e de su cont enid o, pues no se aplica n
de m aner a f r agm ent ada los cont enidos nor m at ivos que más
f avor ecen al tr abaj ador c on f undam ent o en dist int as f uent es
nor m at ivas, sino que com o quedó expuest o, en el r égi men
especi al hay una ausenci a de regul aci ón de l a f i gura de l a
sanci ón morat ori a por l a no consi gnaci ón de cesant ías
( vací o normat i vo) , mi ent ras que el régi men general si l a
cont empl a. A sí l as cosas, se apl i ca de manera compl et a la
norma especi al , except o en caso de vací o, en donde se
apl i ca el régimen general .
[ …]
De conf or m idad con t odo lo expuest o, en consonanci a con e l
pri nci pi o de f avorabi l i dad procede apl i car l o di spuest o en
el numeral 3° del art í cul o 99 de l a Ley 50 de 1990 ya q ue l a
Ley 91 de 1989 n o cont empl a de manera expresa sanci ó n
por l a no consi gnaci ón de l as cesant ías en el FO MAG . »

2.5. De lo probado en el proceso.

Revisado el exped iente, y de acuerdo con las pretensiones de la
demanda, se encuentra probado que Alberto Cast iblanco Morale s
prestó sus servicio s como docente oficial desde el 23 de diciembre
de 1983 hasta el 30 de septiembre de 2011 . 21

Con ocasión del r etiro del servicio, el 9 de febrero de 20 12 solicitó
ante la Secretaría de Educación Departamental del Tolima el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas ; dicha petición
fue resuelta de manera favorable a través de la Resolu ción 034 70
de 28 de agosto de 2012, por medio de la cual se reconoció y ordenó
pagar las cesantías correspondientes a los años 1990 a 2010 22. Sin
embargo, el pago o consignación de dich a prestación se realizó el
27 de febrero de 2013 . 23

El 8 de abril de 2013 , radicó nueva solicitud con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes al año
2011. En respuesta, por medio de la Resolución 05241 de 1º de

21 F o l i o s 7 y 8 del cuaderno de pruebas .
22 F o l i o s 9 y 8 del cuaderno principal.
23 C o m p r o b a n t e d e c o n s i g n a c i ó n d e l b a n c o B B V A , f o l i o 9 d e l c u a d e r n o p r i n c i p a l

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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

noviembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental del
Tolima – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio , ajustó la
Resolución 0340 de 28 de agosto de 2012 y reconoció y ordenó
pagar las cesantías correspondientes al año 2011 24, pago que se
realizó el 23 de ene ro de 2014. 25

Finalmente, el demandant e mediante petición de 28 de enero de
2014 solicitó ante la Secretaría de Educación Departamental del
Tolima, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías definitivas 26, el cual fue denegado
con la expedición del Oficio 2014RE1870 de 12 de febrero de
2014. 27

Consecuencia de lo anterior, se debe tener en cuenta que las
cesantías correspondientes al año 2011 fueron pagadas como
consecuencia de la actualización de la Resolución 03470 de 28 de
agosto de 2012 , acto que reconoció las cesantías definitivas por
retiro del servicio, es decir que este acto administrativo quedó
debidamente ejecutoriado, y el p ronunciamiento posterior no es
más que un reajuste del cual no se puede desprender la moratoria,
pues ésta únicamen te está contemplada para el pago o
consignación de cesantías definitivas o parciales. 28

Ahora bien, respecto de la sanción moratoria por el periodo 1990 -
2010, esta Sala observa lo siguiente:

1- Con el fin de reconocer las cesantías definitivas, la
administración contaba con 15 días para dar respuesta a la

24 F o l i o s 11 y 12 del cuaderno principal.
25 C o m p r o b a n t e
de consignación realizado en el banco BBVA visible a folio 13
del cuaderno principal.
26 F o l i o s 4 y 5 del expediente principal.
27 F o l i o 6 del expediente principal.
28Al respecto, téngase en cuenta la sentencia de unificación jurisprudencial
del Sección Segunda del Consejo de Estado - SUJ-012-S2 de 18 de julio de
2018 con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015); y véanse las
sentencias con radicados 73001 -23-33-000-2013-00327-01(3037-2014) de 9
de mayo de 2019 y 17001-23-33-000-2019-00135-01(0651-2020) de 6 de
agosto de 2020, entre otras.

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Demandante: Alberto Castiblanco Morales

solicitud radicada el 9 de febrero de 2012 , es decir, q ue el
término señalado venció el 1 de marzo de 2012 , fecha en la
cual comenzó a contar el término de 5 días, es decir 8 de
marzo siguiente , para que quedara ejecutoriado el act o 29 de
haberse expedido oportunamente.

2- A partir de esta ú ltima fecha, comenzó a contarse el pla zo de
45 días, hasta el 16 de mayo de 2012, para que el FOMAG
realizara e l respectivo pago de las cesantías a favor del
docente. Por lo tanto, a partir del día hábil siguiente, 17 de
mayo de 2012, se comenzó a causar la indemnización
moratoria.

3- Teniendo en cuenta que el pago de las cesant ías ocurrió el 27
de febrero de 2013, según lo indica do previamente en esta
providencia, es cla ro que la administración incurrió en mora
desde el 17 de mayo de 2012 hasta el 27 de febrero de 2013.

Debe tenerse en cuenta que la Resolución 03470 de 28 de agosto
de 2012 no fue objeto de recursos en sede administrativa, motivo
por el cual se pre sume ajustado a la legalidad, y por lo tanto no
podría alegarse una mora adicional respecto del reconocimiento allí
realizado.

Por lo anterior, la Sala considera que deberá revocarse la sentencia
apelada para que en su lugar se acceda a la nulidad solicitada y se
acceda al pago de la sanción moratoria a favor de Alberto
Castiblanco Morales, consistente en un día de salario por día de
mora en el reconocimiento de las cesantías definitivas, causada
entre 17 de mayo de 2012 hasta el 27 de febrero de 2013 ,
teniendo en cuenta el último salario d evengado en la Secretaría de
Educación Departamental del Tolima.

29 S e c o n t a b i l i z a n c i n c o d í a s , p u e s
la fecha en que se debió expedir el acto fue
cuando aún estaba en vigencia el Código Co ntencioso Administrativo, por eso
no aplica el término de 10 días consagrado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -entró a regir el 2 de julio
de 2012-, que es la única norma a que se refirió el precedente jurispr udencial
citado.
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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

3.6. De la condena en cos tas en segunda instancia.

En atención con lo señalado en recientes providencias de esta
Subsección 30 y al criterio objetivo valorativo de causación de costas
procesales, previst o en el artículo 188 del CPACA se condenará en
costas de segunda instancia a la part e vencida , comoquiera que se
demostró su causación en la medida que la alzada resultó favorable
al recurrente, quien además fue la única parte que participó en el
trámite de esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de julio de 2015, proferida
por el Tribunal Ad ministrativo del Tolima, que negó las súplicas de
la demanda dentro del proceso de la referencia. En su lugar, se
ACCEDE a las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en esta providencia y en los siguientes términos:

i. DECLA RA R la nu l i dad del O f icio 2 01 4RE1870 d e 12 de
f ebr er o de 2014, expedido por la Secr et ar í a de Educación
Depar t am ent al del Tolim a, por medio del cual negó el
r econocim ient o y pago de la sanc i ón m or at or ia por la no
consignac ión opor t una de las cesant í as def init ivas de l docent e
Alber t o Cast ib lanco M or ales.

ii. CO NDENA R a l M in is t er io de Educac ión y Fondo Nac iona l de
Pr est aciones Soc ial es del M agist er io a r econocer y pagar la sanció n
m or at or ia a f avor del acá dem andant e, consist ent e en un dí a de
salar io por dí a de m or a en el r econoci m ient o de las cesant í as
def init iva s, causada ent r e 17 de m ayo de 2012 hast a el 27 de
f ebr er o de 2013 . Teniendo en c uent a el últ im o salar i o deve ngado
por el dem andant e e n la Secr et ar í a de E ducación Depar t am ent al de l
Tolim a.

30Consejo de Estado. Sección Segunda. S entencia de 14 de julio de 2016,
Radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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Radicación: 73001 23 33 000 2014 00428 01
Demandante: Alberto Castiblanco Morales

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia la Nación
– Ministe rio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio , las cuales se liquidarán de
acuerdo con lo est ablecido en el artí culo 366 del Código General
del Proceso.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI” y
ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

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