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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2014-00506-01

Fecha
18 de marzo de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2014-00506-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 25 de septiembre de 2015, para en su lugar: “1. DECLARAR que el municipio de Honda, departamento del Tolima, incumplió el contrato de obra del 9 de febrero de 2011 suscrito con el Consorcio Puentes Tolima por no haber realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para garantizar los recursos del proyecto, por las razones y en los términos señalados en esta providencia. 2. DECLARAR que el municipio de Honda, departamento del Tolima, incumplió el contrato de obra del 9 de febrero de 2011 suscrito con el Consorcio Puentes Tolima por no haberle pagado al contratista las actas parciales de obra Nos. 2 a 5, por las razones señaladas en esta providencia. 3. DECLARAR que las causas que condujeron a la suspensión de la ejecución del contrato de obra del 9 de febrero de 2011 son atribuibles al municipio de Honda, departamento del Tolima, lo cual le causó perjuicios al Consorcio, por las razones desarrolladas en esta providencia. 4. DECLARAR que el contrato de obra pública suscrito el 9 de febrero de 2011 entre el municipio de Honda, departamento del Tolima y el Consorcio Puentes Tolima terminó el 1º de julio de 2012, por las razones esgrimidas en esta providencia. 5. DECLARAR liquidado el contrato de obra pública suscrito el 9 de febrero de 2011 entre el municipio de Honda, departamento del Tolima y el Consorcio Puentes Tolima, en los siguientes términos: 60 Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864) Demandante: Consorcio Puentes Tolima Demandada: Municipio de Honda Acción: Controversias contractuales VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $2.563’677.133 VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO: $2.775’437.648 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1º de julio de 2012 VALORES EJECUTADOS POR EL CONSORCIO ACTA VALOR TOTAL DEL ACTA Acta parcial de obra No. 1 $342’193.505,95 Acta parcial de obra No. 2 $205’162.397,76 Acta parcial de obra No. 3 $196’233.011,22 Acta parcial de obra No. 4 $537’962.593,26 Acta parcial de obra No. 5 $106’946.431,86 TOTAL EJECUTADO $1.388.497.940,05 VALORES PAGADOS POR EL MUNICIPIO Anticipo $1.281’838.566 Acta parcial No. 1 $171’096.753 TOTAL PAGADO $1.452’935.319 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2014-00506-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandado: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La controversia versa sobre los incumplimientos que el Consorcio Puentes Tolima
le imputa al municipio de Honda en relación con las obligaciones derivadas del
contrato de obra pública suscrito el 9 de febrero de 2011, consistentes en la falta de
apropiación de las recursos presupuestales necesarios para respaldar la ejecución
del contrato, así como en el retardo del pago de cuatro actas parciales de obra
suscritas como contraprestación por la elaboración de los diseños y la ejecución de
las obras de rehabilitación sobre unos puentes ubicados en el municipio de Honda.
Además, el demandante solicita que se declare que la suspensión del contrato
acordada por las partes fue causada por hechos ajenos a él y que estuvieron
relacionados con la falta de obtención de los recursos que prometió el INVIAS al
municipio para ejecutarlo, en cumplimiento del convenio No. 1696 de 2010. Como
consecuencia de dichas declaraciones, pretende que se le indemnicen los daños
causados por los incumplimientos imputables al demandado. Por último, solicita que
se declare la terminación del contrato y que se realice su liquidación.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 25 de septiembre de 2015,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el
CONSORCIO PUENTES TOLIMA por intermedio de apoderado judicial,
relacionadas con la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública
por parte del Municipio de Honda cuyo objeto era la elaboración de los diseños
y la construcción de las obras de protección marginal del Puente López y los
diseños y las obras de rehabilitación del Puente Negro y Agudelo sobre el Río
Gualí del Municipio de Honda — Departamento del Tolima del 9 de febrero de
2011 y el consecuente pago de los perjuicios materiales (daño emergente y
lucro cesante), reclamados por la accionante, conforme lo expuesto en [sic]
parte motiva de esta providencia.

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato de obra pública celebrado
el 9 de febrero de 2011 entre el Municipio de Honda — Tolima y el Consorcio
Puentes Tolima, ordenando al contratista cancelar a favor de la entidad
territorial la suma correspondiente ochenta [sic] y cuatro millones cuatrocientos
treinta y siete mil trescientos ochenta pesos ($84.437.380) debidamente
actualizada al momento del pago, por concepto de saldo a su favor, la cual
deberá ser reintegrada al Instituto Nacional de Vías, por ser el titular de los
recursos con los cuales se financiaron las obras.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora, conforme lo dispone el
artículo 188 del C.P.A.C.A., para lo cual se fija un (1) salario mínimo legal
mensual vigente por concepto de agencias en derecho y se ordena que por
Secretaría se realice la correspondiente liquidación de los gastos procesales,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: ORDÉNASE la devolución de los remanentes que por gastos del
proceso consignó la parte demandante, si los hubiere.

QUINTO: Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente, previa [sic] las
anotaciones de rigor.”1

2. El anterior proveído decidió la demanda2 presentada el 22 de agosto de
20143 por el Consorcio Puentes Tolima —integrado por H.M Ingeniería S.A.S. y el
ingeniero William Correa Sarmiento— (en adelante, el Consorcio, el contratista o,
simplemente, el demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos jurídicos se desarrollan, a continuación:

Pretensiones

3. La demandante formuló las siguientes pretensiones declarativas y de
condena4:

“PRETENSIONES DECLARATIVAS.

PRIMERA: Que se declare el incumplimiento del municipio de Honda frente a
las obligaciones emanadas del contrato de obra pública para la elaboración de
los diseños y la construcción de las obras de protección marginal del Puente
López y los diseños y las obras de rehabilitación del puente Negro sobre el Río
Gualí del Municipio de Honda – departamento del Tolima, celebrado el día
nueve (9) de febrero de 2011, particularmente aquellas vinculadas con el deber
de constituir las disponibilidades, reservas, situaciones de fondo y demás
compromisos presupuestales necesarios para atender las contraprestaciones
económicas a su cargo dentro del contrato celebrado y las demás que llegaren
a ser probadas durante el proceso.

SEGUNDA: Que se declare el incumplimiento del municipio de Honda frente a
las obligaciones emanadas del contrato de obra pública […]5, en virtud del
incumplimiento en que incurrió la entidad demandada en la cancelación de las
actas parciales de obra y las demás obligaciones insolutas que llegaren a ser
probadas durante el proceso.

1 Folios 383 y 384, cuaderno del Consejo de Estado.
2 Folios 5 a 47, cuaderno 1.
3 De conformidad con el acta de recibo suscrita por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima, la

demanda fue presentada el 22 de agosto de 2014 (folio 49, cuaderno 1).
4 Folios 14 a 18, cuaderno 1.
5 La Sala anota que, en honor a la brevedad, cuando en una parte de una pretensión se incluyan puntos

suspensivos dentro de corchetes —“[…]”— es porque la parte demandante transcribió se refiere, en extenso, a
la identificación del contrato de obra pública en los términos ya empleados en la pretensión primera transcrita.

2

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

TERCERA: Que se declare que la suspensión de la ejecución del contrato de
obra pública […] se produjo por eventos imputables a la entidad demandada y
que los mismos generaron daños y perjuicios al consorcio demandante, y en
ese sentido, se lesionó su patrimonio.

CUARTA: Que se declare la terminación y/o resolución del contrato de obra
pública […]

QUINTA: Que se declare que el contrato de obra pública […] no ha sido
liquidado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la ley 1150 de
2007 y 60 de la ley 80 de 1993, éste último artículo vigente a la fecha de
celebración del contrato, actualmente modificado por el artículo 217 del decreto
019 de 2012.

PRETENSIONES DE CONDENA.

PRIMERA: Que se ordene el pago de todos los perjuicios materiales o
patrimoniales, que en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, se
produjeron al Consorcio demandante, en razón del incumplimiento del municipio
de Honda frente a las obligaciones emanadas del contrato de obra pública
vinculadas con el deber de constituir disponibilidades, reservas, situaciones de
fondo y demás compromisos presupuestales necesarios para atender las
contraprestaciones económicas a su cargo dentro del contrato celebrado y las
demás causas que llegaren a ser probadas durante el proceso.

SEGUNDA: Que se ordene el pago de todos los perjuicios materiales o
patrimoniales, que en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, se
produjeron al consorcio demandante, en razón del incumplimiento del municipio
de Honda frente a las obligaciones emanadas del contrato de obra pública
relacionadas con la no cancelación de las actas parciales de obra y las demás
obligaciones insolutas que llegaren a ser probadas durante el proceso.

TERCERA: Que se ordene el pago de todos los perjuicios materiales o
patrimoniales, que en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, se
produjeron al consorcio demandante, en razón de la suspensión de la ejecución
del contrato de obra pública […].

CUARTA: Que se ordene la indemnización de perjuicios a favor del
demandante por el mayor valor pagado por impuestos para la legalización del
contrato de obra […], disponiendo la devolución de los mismos, teniendo en
cuenta los valores no ejecutados durante la realización del acuerdo de
voluntades con comento [sic].

QUINTA: Que se ordene la indemnización de perjuicios a favor del demandante,
por el mayor valor pagado por la prima para la constitución de la garantía única
de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual,
disponiendo la devolución de los mismos, teniendo en cuenta los valores
finalmente no ejecutados y por ende no amparados durante la realización del
acuerdo de voluntades con comento [sic].

SEXTA: Que se ordene la indemnización de todos los perjuicios materiales o
patrimoniales, que en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, se
produjeron al demandante por la imposibilidad de obtener la totalidad de las
utilidades o ganancia cierta prevista en el contrato, con ocasión al no pago de
las actividades de obra ejecutadas y la imposibilidad de poder ejecutar la
totalidad de actividades contratadas como resultado de las conductas
adoptadas por la entidad demandada.

SÉPTIMA: Que se ordene cancelar los intereses moratorios causados por la
mora en el pago de las actas parciales de obra No. 002, 003, 004 y 005 desde
los treinta (30) días siguientes la presentación de estas hasta la fecha de
presentación de la presente demanda por parte de la entidad demandante, así

3

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

como los que se llegaren a generar por el mismo concepto, desde el momento
en que se inicie el trámite judicial pertinente, hasta la fecha en que la entidad
efectivamente cancele los valores correspondientes a estas actas.

OCTAVA: Que se ordene la indemnización de todos los perjuicios materiales o
patrimoniales, que en las modalidades de Daño Emergente y Lucro Cesante, se
produjeron al demandante, en razón de las inversiones en materiales de
construcción dirigidos para la obra que no pudieron ser instalados con ocasión
a la imposibilidad de poder ejecutar la totalidad de actividades contratadas como
resultado de las conductas adoptadas por la entidad demandada.

NOVENA: Que se realice por su despacho la liquidación del contrato de obra,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, este último artículo vigente a la fecha de
celebración del contrato, actualmente modificado por el artículo 217 del decreto
019 de 2012.

DÉCIMA: Que, en todo caso, se repare [sic] integralmente los perjuicios sufridos
conforme lo indica el artículo 16 de la ley 446 de 1998, así como bajo los
cánones que la Jurisprudencia Contencioso Administrativa de la Sección 3ª del
Consejo de Estado ha establecido para el efecto.

DÉCIMA PRIMERA: Que el valor de las pretensiones aquí señaladas, sean
actualizadas al ejecutarse la sentencia con base en la variación porcentual del
I.P.C y la fórmula actuarial prevista por la Jurisprudencia del Consejo de Estado,
para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (Art.
187 de la ley 1437 de 2011).

DÉCIMA SEGUNDA: Que la entidad demandada, asuma el pago de las costas
y agencias en derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes
al momento de proferir la sentencia que ponga fin al presente proceso.

DÉCIMA TERCERA: Que el mérito favorable de las pretensiones de la
demanda, se le dé el cumplimiento en los términos del artículo 189 de la ley
1437 de 2011.”

Hechos

4. En apoyo de sus peticiones, el Consorcio relató, en síntesis, los siguientes
hechos:

4.1. Señaló que a través del Decreto No. 95 del 6 de noviembre de 2010, el
Alcalde del municipio de Honda, departamento del Tolima, declaró la urgencia
manifiesta con fundamento en que el río Gualí aumentó su caudal producto de las
incesantes lluvias que cayeron en la zona, lo que generó su desbordamiento con
los consecuentes daños a las edificaciones, viviendas e infraestructura situadas en
el municipio, incluyendo el debilitamiento de las estructuras de los puentes López,
Agudelo, Piragua y Negro.

4.2. Indicó que, producto de la prolongación de la ola invernal, el Alcalde expidió
el Decreto 104 del 23 de noviembre de 2010 a través del cual se prorrogó la
declaración de urgencia y se suscribió con el Instituto Nacional de Vías (en adelante,
INVIAS) el convenio interadministrativo No. 1696 del 31 de diciembre de 2010 que
tuvo por objeto la consecución de recursos necesarios para ejecutar las obras
encaminadas a conjurar los daños causados por la ola invernal sobre los puentes
López, Agudelo y Negro.

4

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

4.3. Manifestó que, al amparo de la declaratoria de urgencia manifiesta, el 4 de
febrero de 2011, el municipio de Honda (en adelante, el Municipio o el demandado)
le remitió una invitación a H.M. Ingeniería Ltda. —hoy S.A.S—, para que presentara
su oferta para la ejecución de los diseños y de las obras de construcción de
protección marginal del puente López, así como para la elaboración de los diseños
y la ejecución de las obras de rehabilitación del puente Negro, ubicado sobre el río
Gualí.

4.4. Relató que, en respuesta a dicha invitación, el 7 de febrero de 2011, el
Consorcio Puentes Tolima presentó al Municipio oferta técnica y económica para la
ejecución de las labores arriba señaladas, la cual fue aceptada por el Municipio el 9
de febrero de 2011 mediante la celebración del contrato de obra pública que tuvo el
objeto ya descrito, por un valor convenido en $2.563’677.133 y cuyo plazo de
ejecución fue de 5 meses —1 mes destinado a la elaboración y presentación de los
diseños, 1 mes para su aprobación y 3 meses para la entrega de las obras—.

4.5. Afirmó que el mismo 9 de febrero de 2011, las partes suscribieron un otrosí
a través del cual aclararon la cláusula vigésima sexta del contrato de obra pública
en el sentido de precisar que la ejecución del contrato se financiaría con cargo a los
recursos del presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2011 del Municipio,
instrumentados en los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 68—por
$2.308’342.842— y 69—por $255’334.308—, ambos del 9 de febrero de 2011.

4.6. Aseveró que, en atención a que el Fondo de Calamidades de la Dirección
General del Riesgo asignó una partida adicional para atender la emergencia, las
partes del contrato de obra suscribieron el otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2011, a
través del cual incluyeron en el objeto contractual la elaboración de diseños y la
ejecución de las obras de rehabilitación del puente Agudelo.

4.7. Expuso que el 12 de abril de 2011, el Consorcio y la interventoría suscribieron
el acta de inicio del contrato. Agregó que, durante su ejecución, las partes
celebraron los siguientes acuerdos modificatorios: (i) otrosí No. 3 del 23 de mayo de
2011 a través del cual se ampliaron los amparos y garantías originalmente
aprobados por el Municipio; (ii) otrosí No. 4 del 9 de septiembre de 2011 mediante
el cual se amplió el plazo de ejecución contractual en dos meses y medio; y (iii)
otrosí No. 5 del 24 de noviembre de 2011 mediante el cual se adicionó el valor del
contrato en $211’760.515,80 para un valor total de $2.755’437.648,80 producto de
la ampliación de las actividades del objeto contractual.

4.8. Precisó que, del valor inicial del contrato —$2.563’677.133—, se destinarían
$1.794’573.993 para atender los costos directos del proyecto y $769’103.139 para
remunerar el AIU, el cual estaba compuesto por un 5% de utilidad para el contratista
—$128’183.856,65— más 20% para gastos administrativos —$512’735.426,06—6.

4.9. Señaló que el Municipio le pagó al Consorcio el valor del anticipo previsto en
la cláusula séptima del contrato —que se pactó en el 50% del valor inicial del
contrato, esto es, $1.281’838.556—, así como el valor total del acta parcial de obra

6 En la demanda no se hizo referencia al componente de imprevistos.

5

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

No. 1 por valor de $330’993.506, de los cuales $171’096.753 fueron destinados a
amortizar el anticipo.

4.10. Afirmó que el Municipio no le pagó al Consorcio las actas de obra parciales
Nos. 2 a 5, cuyos valores eran $205’162.398 —acta No. 2—, $187’433.011 —acta
No. 3—, $537’962.593 —acta No. 4— y $106’946.437,86 —acta No. 5—, para lo
cual alegó razones de insuficiencia presupuestal imputables al INVIAS.

4.11. Indicó que el 18 de mayo de 2012, las partes convinieron una suspensión del
plazo de ejecución del contrato con fundamento en que, según el Municipio, el
INVIAS no giró los recursos que eran indispensables para continuar con la ejecución
del objeto contractual. El demandante señaló que, producto de la suspensión, no
pudo utilizar los materiales que adquirió para ejecutar el objeto contractual, por valor
de $125’436.886,96 y que dejó inconclusas algunas obras que parcialmente ejecutó
y cuyo valor ascendió a $32’167.0957.
4.12. Narró que el 15 de noviembre de 2012, el Consorcio le remitió al Municipio
una comunicación en la que le solicitó adoptar las medidas para terminar y liquidar
el contrato de obra, sin que a la fecha de presentación de la demanda esa solicitud
hubiera sido atendida. Afirmó que la suspensión indefinida del contrato y los
incumplimientos imputables al Municipio le han causado daños al Consorcio, que
deben serle resarcidos plenamente.

Los fundamentos de derecho de la demanda

5. En el acápite de fundamentos de derecho, el demandante desarrolló los
siguientes argumentos jurídicos en que soportan sus pretensiones:

5.1. Señaló que el Municipio vulneró el artículo 71 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto y los numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los cuales
establecen la obligación a cargo de las entidades contratantes de garantizar la real
existencia de los recursos para cumplir con las obligaciones emanadas de los
contratos estatales. En este caso, el Municipio vulneró dichas normas porque, al
suscribir el acta de suspensión del 18 de mayo de 2012, reconoció que los recursos
comprometidos para la ejecución del contrato eran insuficientes para pagarle al
Consorcio las contraprestaciones por la ejecución de sus obligaciones.

5.2. Manifestó que el hecho de que el Consorcio haya suscrito con el Municipio el
acta de suspensión del contrato del 18 de mayo de 2012 en modo alguno lo priva
de recibir una indemnización por los perjuicios que se le causaron.

7 En la demanda, el Consorcio no hizo referencia a todos los acuerdos a través de los cuales las partes

prorrogaron el plazo de ejecución del contrato de obra, por lo cual, para mayor claridad, la Sala precisa que, de
conformidad con la cláusula décima tercera del contrato de obra se estipuló que el plazo de ejecución del
contrato sería de 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio —1 mes para la entrega de los
diseños, 1 mes para su aprobación y 3 meses para la construcción de la obra— (Folio 65, cuaderno 5). El acta
de inicio se suscribió el 12 de abril de 2011 (Folio 43, cuaderno 2), por lo cual el plazo de ejecución vencía
originalmente el 12 de septiembre de 2011. Sin embargo, durante la ejecución del contrato se suscribieron 6
otrosíes modificatorios a través de los cuales se amplió el plazo de ejecución del contrato por 8 meses y medio,
por lo cual, el contrato vencería el 27 de mayo de 2012. Ciertamente: (i) mediante otrosí No. 4 del 9 de
septiembre de 2011, las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución en dos meses y medio, esto es, hasta
el 27 de noviembre de 2011 (Folio 37, cuaderno 2); (ii) posteriormente, el 24 de noviembre de 2011, mediante
acuerdo modificatorio No. 5, las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución en 4 meses, por lo cual el
plazo vencía el 27 de marzo de 2012 (Folio 40, cuaderno 2); y (iii) mediante otrosí No. 6 del 26 de marzo de
2012, las partes acordaron prorrogar nuevamente el plazo en dos meses más, esto es, hasta el 27 de mayo de
2012 (Folio 42, cuaderno 2).

6

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

5.3. Señaló que como ejecutó cumplidamente sus obligaciones, pero la entidad
contratante impidió la realización del objeto, tiene derecho a que se le reconozca el
mayor valor pagado por concepto de impuestos y pólizas de cumplimiento y de
responsabilidad civil extracontractual, tomando como base la diferencia entre el
valor inicial del contrato y lo realmente pagado por el Municipio.

5.4. Indicó que la jurisprudencia8 ha reconocido que el contratista tiene derecho
a recibir la utilidad esperada con la ejecución del objeto contractual en aquellos
casos en los que, por hechos imputables a la entidad contratante, se hace imposible
completarlo.

5.5. En relación con la compra de materiales destinados a la ejecución de las
obras, afirmó que en una bodega suya tiene en custodia inventario por $125’436.886
que no pudo emplear en la obra por cuenta de la suspensión de la ejecución y que
le restituirá al Municipio, previo pago.

Los argumentos de defensa del demandado

6. El 14 de enero de 20159, el Municipio contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones declarativas primera a tercera y a todas las de condena. Manifestó que
no se opone a la prosperidad de las pretensiones declarativas cuarta y quinta
relativas a la terminación del contrato y a su liquidación. En su defensa, planteó la
excepción de falta de legitimación en la causa del demandante, cuyo fundamento
central consistió en negar la responsabilidad contractual del Municipio frente a los
reproches formulados por el Consorcio. Además, desarrolló las siguientes razones
de defensa:

6.1. Negó que las disponibilidades presupuestales para ejecutar el objeto del
contrato no se hubieran expedido y dijo que de ello dan cuenta los certificados de
disponibilidad presupuestal. Además, reconoció que, aunque se tuvieron
inconvenientes administrativos con el INVIAS para el pago de las actas parciales de
obra Nos. 2 a 5, lo cierto es que el contratista tan solo ejecutó el 46,35% de las
obras por lo que el valor del anticipo desembolsado al Consorcio, al compensarse
con el valor agregado de dichas actas, es mayor.

6.2. Señaló que nunca conoció ni autorizó la compra de materiales y la ejecución
de obras parciales, por lo que los costos asociados a estos conceptos no deben ser
reconocidos por el Municipio. Insistió en que las partes y el interventor acordaron
libremente la suspensión del plazo de ejecución del contrato mediante acta No. 2
del 18 de mayo de 2012, por lo cual el plazo no había expirado y, por lo mismo, no
podía afirmarse incumplimiento alguno imputable al Municipio.

6.3. Afirmó que el Municipio citó al Consorcio a liquidar bilateralmente el contrato
de obra a través de oficios Nos. 3109 del 20 de noviembre de 2012, 4751 del 30 de
abril de 2013 y 7971 del 6 de febrero de 2014, intentos que fueron infructuosos

8 Citó las sentencias del 27 de noviembre de 2002 (Exp. 13.792, C.P. María Elena Giraldo) y 28 de septiembre

de 2006 (Exp. 15.307, C.P. Ramiro Saavedra Becerra) de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
9 Folios 62 a 67, cuaderno 1. La constancia de recepción por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo

obra al reverso del folio 67 del cuaderno 1.

7

Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

porque el contratista le adeuda un saldo de $64’437.379,43 que resulta de la
diferencia entre el anticipo pagado —$1.452’935.319,47— y el valor de las obras
ejecutadas instrumentadas a través de las 5 actas de obra parcial —
$1.388’497.940,05—.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

7. Como fundamento de su decisión, el Tribunal10 consignó las siguientes
razones:

7.1. El contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011 estuvo precedido del
convenio No. 1696 de 2010 celebrado entre el INVIAS y el Municipio. A través de
este último, el INVIAS garantizó el financiamiento para la elaboración de los diseños
y las obras de protección marginal y de rehabilitación de los puentes, dado que esa
entidad territorial estaba en una difícil situación financiera, lo que le impedía atender
directamente el pago de las obras. Agregó que, mediante el mismo convenio, el
INVIAS delegó en el Municipio ciertas funciones administrativas, en los términos del
artículo 209 de la Constitución Política y del artículo 14 de la Ley 489 de 1998.

7.2. Encontró probado que el Municipio, en coordinación con el INVIAS, le
desembolsó al Consorcio el anticipo pactado en el contrato de obra pública por
$1.281’838.566; que el Consorcio y el interventor suscribieron el acta parcial de obra
No. 1 en septiembre de 2011, lo que dio lugar a que, previa la amortización del
anticipo, se le desembolsaran $171’096.753, y que el Consorcio y el interventor, con
el visto bueno del Municipio, suscribieron las actas parciales de obra Nos. 2 a 5
entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, pese a no obrar prueba de su pago
efectivo por parte del demandado.

7.3. Además, concluyó que el plazo de ejecución del contrato de obra pública fue
suspendido por acuerdo de las partes del 18 de mayo de 2012, el cual, a la fecha
de la sentencia, no se había reanudado dado que el Municipio no podía seguir con
el pago de las actas parciales de obra porque el INVIAS no giró los recursos
comprometidos en el convenio; agregó que, a esa fecha, el porcentaje de ejecución
del objeto del contrato era del orden de 46,35%.

7.4. Con base en lo anterior, afirmó que el Municipio actuó frente al contratista
como delegatario del INVIAS en el ejercicio de las funciones de administración y
vigilancia del contrato —para lo cual elaboró minutas, llevó a cabo los actos
necesarios para celebrar y ejecutar el contrato, entregó documentos y planos
relacionados con las obras, exigió pólizas al Consorcio, entre otras actividades—,
pero, en lo que atañe al giro de los recursos necesarios para el desarrollo de las
obras, se trataba de una competencia que se reservó el INVIAS, tal y como se
estableció en la cláusula quinta del convenio suscrito entre el Instituto y el Municipio.

7.5. De esta manera, aseveró que, aunque el Municipio suscribió el contrato de
obra pública con el Consorcio, en materia presupuestaria, la relación se regía por
las directrices del INVIAS, circunstancia que le fue puesta de presente al
demandante con ocasión de la celebración del contrato cuando se le indicó que el

10 Ver folios 432 a 466, cuaderno del Consejo de Estado.

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Municipio no contaba con los recursos para financiar las labores; a pesar de esta
prevención, el Consorcio aceptó ejecutar el objeto contractual.

7.6. Concluyó que el Municipio cumplió con las funciones encomendadas porque
adelantó todas las gestiones necesarias para que el contrato se ejecutara sin
contratiempos, para lo cual suscribió las adiciones y prórrogas al plazo, exigió las
pólizas de seguros para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato,
giró el pago del anticipo y el acta parcial de obra No. 1 con los recursos entregados
por el INVIAS.

7.7. Señaló que el INVIAS es el responsable por la omisión en el pago de los
valores adeudados al Consorcio por concepto de la suscripción de las actas
parciales de obra, de la compra de materiales y demás erogaciones a favor de la
demandante, en la medida en que el mantenimiento del flujo de caja estaba a cargo
de ese Instituto, y no del Municipio y, por lo mismo, concluyó que el Consorcio debió
formular sus pretensiones contra el INVIAS y no contra el demandado, pero, como
no lo hizo, se imponía negar las relacionadas con las declaraciones de
incumplimiento, en la medida en que no era procedente declarar de oficio la
responsabilidad del Instituto, porque no era parte del proceso.

7.8. En cuanto a la pretensión de liquidación, señaló que como ese acto no se
había llevado a cabo, era procedente hacer el finiquito de cuentas por vía judicial,
para lo cual tuvo en cuenta, que: (i) el valor total del contrato fue $2.775’437.648,80;
(ii) que el valor ejecutado por el Consorcio, instrumentado a través de las cinco actas
parciales de obra, fue de $1.368.497’939, y (iii) que el valor pagado fue de
$1.452’935.319, de donde resulta un saldo a favor del Municipio de $84’437.380,
suma que, actualizada, ordenó al demandante pagar al demandado y a, este último,
a su turno, reintegrar al INVIAS.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

8. El 15 de octubre de 2015, el Consorcio interpuso recurso de apelación11
contra la sentencia de primera instancia con el objeto de que sea revocada en su
integridad y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Fundó su
impugnación en los siguientes argumentos:

8.1. Afirmó que, contrario a lo señalado por el Tribunal, el convenio No. 1696 de
2010 no comportó una delegación de funciones del INVIAS en el Municipio. Señaló
que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 establece como requisitos de la delegación
administrativa que el delegante y delegatario establezcan con claridad las
obligaciones, derechos y demás condiciones que regirán el acuerdo de voluntades.
Además, precisó que la Corte Constitucional, en sentencia C-727 de 2000, declaró
la exequibilidad condicionada del artículo 14 ibídem en el entendido de que el

11 La sentencia del 25 de septiembre de 2015 fue notificada mediante la remisión, el 30 de septiembre de 2015,

de sendos mensajes de datos a las partes y al Ministerio Público y de conformidad con el artículo 203 del
CPACA. De la recepción de los respectivos mensajes dejó constancia la Secretaría del Tribunal (folios 386 a
391, cuaderno del Consejo de Estado). De la misma manera, según constancia secretarial del 30 de septiembre
de 2015, se dejó constancia de que en esa fecha se surtió la notificación de la sentencia (folio 392, cuaderno
del Consejo de Estado.). La parte demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito del 15 de
octubre de 2015, dentro del término de 10 días establecido en el artículo 247 CPACA (los días 3, 4, 10, 11 y 12
de octubre fueron inhábiles.

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instrumento a través del cual se realice la delegación debe establecer un plazo
definido para el ejercicio de las funciones administrativas objeto del acuerdo.

8.2. Afirmó que el negocio jurídico suscrito entre el INVIAS y el Municipio es, por
su naturaleza, un convenio interadministrativo de cooperación, el cual no implicó
una delegación de funciones pues tuvo por objeto únicamente que el Instituto
aportara al Municipio unos recursos para ejecutar las obras encaminadas a conjurar
los daños ocasionados por la ola invernal, mas no delegar función administrativa
alguna, tal y como se desprende de las consideraciones del acuerdo y de su objeto.
Manifestó que este entendimiento se corrobora a partir de las cláusulas séptima y
octava del convenio, las cuales establecen las obligaciones a cargo de las partes,
que consistieron en que el INVIAS giraría los recursos para ejecutar las obras
mientras que el Municipio adelantaría la contratación de las obras y velaría por su
cumplida ejecución.

8.3. Señaló que, incluso si se considerara que el convenio No. 1696 de 2010
comportó la delegación de funciones administrativas, de esa afirmación no se sigue
que el Municipio esté exonerado de responsabilidad en su calidad de entidad
contratante por el incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de
obra, que es un acuerdo autónomo e independiente del convenio. Como
fundamento, invocó el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 que establece que el
delegatario es responsable por el ejercicio de las funciones, por lo cual, aseveró, el
a quo se equivocó al eximir al demandado. Señaló que la posición del Tribunal
atenta contra los principios de normatividad de los contratos y de buena fe
contractual consagrados en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil y 864 y 871
del Código de Comercio, respectivamente.

8.4. Afirmó que el a quo erró en la forma en la que liquidó judicialmente el contrato
porque descartó todos los elementos probatorios recabados en el proceso y se limitó
a hacer un cruce de cuentas entre lo pagado por el Municipio respecto de lo
ejecutado por el Consorcio, ejercicio que juzgó superficial y que no tiene en cuenta
los graves incumplimientos en que incurrió el demandado.

8.5. Señaló que en el proceso se probó que el Municipio incurrió en
incumplimientos contractuales que consistieron: (i) en la omisión de disponer las
apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar la ejecución del contrato;
y (ii) en la omisión de pagar el valor convenido en el contrato, especialmente las
actas parciales de obra Nos. 2 a 5. Indicó que, además de los perjuicios causados
como consecuencia de dichos incumplimientos, durante la ejecución del contrato
ocurrieron hechos ajenos al Consorcio que incidieron en la necesidad de suscribir
el acta de suspensión No. 2 del 18 de mayo de 2012 dada la falta de giro de los
recursos por parte del INVIAS para garantizar el pago de las obligaciones a cargo
del Municipio.

8.6. Aseveró que el hecho de que el Municipio no tuviera los recursos para cumplir
con sus obligaciones derivadas del contrato de obra pública no es una excusa para
eximirlo de responsabilidad contractual, por lo cual solicitó que se le concedieran
los daños solicitados en la demanda.

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8.7. Manifestó que todos los hechos planteados en la demanda, así como los
perjuicios reclamados están probados. Señaló que en las 5 actas parciales de obra
se probó lo ejecutado por el Consorcio; precisó que el acta parcial de obra No. 5 no
fue suscrita por culpa del Municipio, que adujo que el contrato se encontraba
suspendido —lo que se corrobora en el testimonio del secretario de obras del
Municipio que se practicó en el proceso—, pese a que dicha acta reflejaba obras
ejecutadas con anterioridad a la suspensión, por lo que pidió que se evaluara esta
circunstancia a la luz de las demás pruebas.

9. Mediante auto del 20 de octubre de 2015, el Tribunal concedió el recurso de
apelación12 y a través de auto del 2 de noviembre de 2016 se admitió 13. El 15 de
junio de 201614, se les corrió a las partes y al Ministerio Público el traslado por el
término de 10 días para alegar de conclusión15. En sus alegatos16, el Consorcio
ratificó los planteamientos de su apelación. Tanto el Municipio como el Ministerio
Público guardaron silencio17.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

10. A la Sala le corresponde definir si, contrario a lo concluido por el Tribunal: (i)
el Municipio era responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011. En caso afirmativo, corresponde
estudiar si: (ii) el Municipio incumplió el referido contrato porque: (a) omitió realizar
las apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar su ejecución; (b) omitió
pagar las actas parciales de obra Nos. 2 a 5. Además de lo anterior, se deberá
analizar si: (iii) las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de
suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio.

11. Si se concluye que el Municipio incumplió sus obligaciones contractuales o
que las causas de la suspensión le son imputables, la Sala determinará si: (iv) debe
indemnizar al Consorcio por los daños sufridos como consecuencia de dichos
incumplimientos, particularmente, los daños y perjuicios asociados a: (a) la compra
de materiales que no pudieron emplearse en la obra; (b) la ejecución de obras
parciales que debieron ser interrumpidas con ocasión de la suspensión del contrato;
(c) el lucro cesante consistente en la utilidad esperada por la ejecución del objeto
contractual que no fue obtenida por la imposibilidad de ejecutar el contrato; (d) el
mayor valor que el Consorcio pagó por concepto de impuestos y pólizas de
cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, y (e) los intereses
moratorios causados a partir del día 30 después de las respectivas presentaciones
de las actas de obra parcial Nos. 2 a 5.

12 Folio 410, cuaderno del Consejo de Estado.
13 Folio 415, cuaderno del Consejo de Estado.
14 Folio 438, cuaderno del Consejo de Estado.
15 El cual se hizo efectivo el 20 de junio de 2016 (reverso del folio 438, cuaderno del Consejo de Estado), por lo

que el término para presentar los alegatos venció el 5 de julio de 2016.
16 La parte actora presentó sus alegatos de segunda instancia mediante escrito del 8 de abril de 2016 (folios

158 a 176, cuaderno del Consejo de Estado) —el 21 de junio presentó solicitud de aclaración sobre una
constancia secretarial, argumentando que la etapa de alegatos de conclusión ya se había superado, la cual fue
negada mediante auto del 4 de octubre de 2016 (Folio 444, cuaderno del Consejo de Estado)—.
17 Ver constancia secretarial que obra a folio 443 del cuaderno del Consejo de Estado.

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12. La Sala también estudiará si el Tribunal se equivocó al realizar la liquidación
del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011, porque: (v) omitió valorar las
pruebas practicadas en el proceso y se limitó a hacer un cruce de cuentas entre lo
pagado por el Municipio al Consorcio y lo ejecutado por este, sin tener en cuenta
los incumplimientos que se atribuyen al demandado.

Aspecto preliminar – la terminación del contrato de obra pública

13. Antes de pasar al análisis del caso, vale advertir que, para efectos de
proceder a la liquidación del contrato, el Tribunal concluyó que terminó el 27 de
mayo de 2012 por expiración del plazo convenido, de conformidad con la prórroga
acordada mediante otrosí No. 6 del 26 de marzo de 2012; por ello, no accedió a
declarar judicialmente la terminación como fue solicitado por la parte actora en la
pretensión cuarta de la demanda. Sin embargo, observa la Sala que el a quo no
desarrolló las razones por las cuales arribó a esa conclusión, a pesar de que el 18
de mayo de 2012 —esto es, faltando 9 días para que supuestamente feneciera el
plazo de ejecución del contrato— las partes acordaron suspender el plazo de
ejecución del contrato, sin precisar una fecha cierta de reanudación.

14. La parte actora no formuló expresamente un reparo en contra de la
afirmación del a quo en cuanto a que el contrato terminó el 27 de mayo de 2012 por
expiración del plazo; sin embargo, sí planteó reproches que comprometen de
manera imprescindible el análisis sobre las causas y duración de la suspensión y
sus efectos de cara a la terminación del contrato, asociados, por ejemplo, con la
exigibilidad de obligaciones dinerarias que alega incumplidas y los aspectos que, a
juicio del demandante, el Tribunal obvió a la hora de liquidar el negocio jurídico.

15. En este orden de ideas, dado que los aspectos sobre la suspensión y la
terminación del contrato de obra pública están íntimamente ligados a puntos que se
deben resolver en esta apelación, la Sala se pronunciará sobre ellos, de
conformidad con lo establecido en los términos del artículo 328 del CGP 18 y según
el entendimiento que sobre la competencia del ad quem se señaló en la sentencia
de unificación del 6 de abril de 2018 de la Sección Tercera (Exp. 46.005)19.

Análisis del caso

Las partes del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011

16. El Consorcio afirma que el Municipio es la parte responsable del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública del 9 de
febrero de 2011 y que el Tribunal se equivocó al concluir que el convenio No. 1696
del 2010 suscrito entre el INVIAS y esa entidad territorial comportó la delegación de
funciones administrativas de aquel a este y que, por ello, las pretensiones debieron

18 Artículo 328, CGP: “[…] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que

en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.”
19 En sentencia del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Bethancourt), la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el ámbito competencial del ad quem y dijo “Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez
adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único […]”

12

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dirigirse contra el Instituto. En ese contexto, a la Sala corresponde desentrañar
cuáles fueron las partes vinculadas jurídicamente como consecuencia de la
suscripción del contrato; o, lo que es lo mismo, si el Municipio manifestó su
consentimiento de celebrar y verse vinculado por dicho negocio jurídico o si actuó
en nombre y representación o como delegatario del INVIAS.

17. De conformidad con el principio de normatividad de los negocios jurídicos,
“todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (artículo 1602
del Código Civil). Al lado del principio de normatividad se ubica el de relatividad de
los contratos20 — res inter alios acta— según el cual, aquellos solo obligan a quienes
expresan su consentimiento —directamente o a través de un representante
facultado para el efecto21— en el sentido de vincularse al negocio jurídico22. En
concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado ha dicho que “salvo los
supuestos admitidos por el ordenamiento, nadie puede comprometer a otro sin su
consentimiento”23.

18. En el caso concreto, a partir de la lectura conjunta del contrato de obra
pública del 9 de febrero de 2011 y del convenio No. 1696 del 31 de diciembre de
2010 suscrito entre el INVIAS y el Municipio, la Sala advierte que, de los elementos
que obran en el expediente, no es posible afirmar que el Instituto delegó en la
entidad territorial alguna función administrativa. Por el contrario, del contenido del
contrato de obra pública se puede inferir que el Alcalde lo celebró en nombre y
representación del Municipio, sin que este último actuara como delegatario del
INVIAS.

19. En efecto, si bien en el contrato de obra pública se hizo referencia al convenio
No. 1696 del 31 de diciembre de 2010 y se señaló que dicho acuerdo se celebró
acudiendo a las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley 489 de 199824 que
permite la delegación de funciones de organismos nacionales en entidades
territoriales, lo que sirvió de fundamento para que el a quo concluyera que era el
INVIAS —y no el Municipio— el que se vinculó al contrato de obra pública, lo cierto
es que estas referencias no son suficientes para concluir que el Municipio celebró
el contrato de obra pública en nombre de ese Instituto o que actuó como delegatario
de este en dicho negocio jurídico, por las razones que se pasan a exponer:

20 Sobre este principio, se puede consultar la sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del 23 de

octubre de 2020 (Exp. 45.190, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
21 Artículo 832, Código de Comercio: “Habrá representación voluntaria cuando una persona faculta a otra para

celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por medio del cual se otorga dicha facultad se
llama apoderar y puede ir acompañado de otros negocios jurídicos.”; Artículo 1505, Código Civil “Lo que una
persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto
del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo”.
22 Sobre este principio, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de

2012, Exp. 22.828. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reflexionado
sobre este principio de la siguiente manera, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
del 9 de agosto de 2018, SC-3201-2018, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de julio de 2014. Exp. 26.550. C.P

Enrique Gil Botero.
24 En la quinta consideración del contrato de obra pública se señaló: “Que el Ministerio de Transporte – Instituto

Nacional de Vías – Oficina de Prevención y Atención de Emergencias y el Municipio de Honda suscribieron el
Convenio Interadministrativo No. 1696 del 31 de diciembre de 2010, acudiendo a las facultades previstas en el
artículo 14 de la ley 489 de 1998, que permite la delegación de funciones de los organismos nacionales en
entidades territoriales siempre que se suscriban convenios interadministrativos de acuerdo con la interpretación
de la Corte Constitucional en la sentencia C-727 de 2000 […]” (Folio 24, cuaderno 2).

13

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19.1. El 31 de diciembre de 2010, el INVIAS celebró con el Municipio el convenio
No. 1696 cuyo objeto consistió en que “EL MUNICIPIO se compromete a realizar el
CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS PUENTES
NEGRO Y LÓPEZ SOBRE EL RÍO GUALÍ MUNICIPIO DE HONDA –
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, de acuerdo con las estipulaciones del presente
Convenio”25.

19.2. En las consideraciones que precedieron a las cláusulas del convenio, las
partes hicieron referencia: (i) al principio de coordinación entre las autoridades del
estado —artículo 6º de la Ley 489 de 1998—; (ii) a la figura de la delegación de
funciones administrativas prevista en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998; (iii)
señalaron que la ola invernal produjo daños en la infraestructura vial del Municipio,
lo que dio lugar a la declaración de urgencia; (iv) que el Alcalde del Municipio,
mediante oficio del 28 de diciembre de 2010, solicitó al gobierno nacional un “apoyo
financiero para sufragar los costos que demanda la reparación”26 de los puentes
afectados por la ola invernal, y (v) que el gobierno nacional estaba interesado en
“aportar recursos”27 para atender la emergencia.

19.3. En la cláusula séptima del convenio28, el Instituto se obligó con el Municipio
a: (i) girar los recursos para la ejecución del convenio, cuyo valor fue fijado en
$2.800’000.000; (ii) apoyarlo en la definición del pliego de condiciones; (iii) aprobar
el presupuesto para la ejecución de los trabajos; (iv) apoyar al Municipio en los
aspectos técnicos y legales, si así lo solicitaba el ente territorial, y (iv) hacer parte
del comité operativo. Por su parte, de conformidad con la cláusula octava 29, el
Municipio se obligó con el INVIAS a: (i) obtener los permisos y diseños necesarios
para ejecutar las obras; (ii) elaborar los pliegos de condiciones y “celebrar los
respectivos contratos de obra”30; (iii) vigilar la ejecución de los contratos de obra, y
a (iv) rendir al comité operativo informes financieros y de gestión mensuales sobre
la ejecución de las obras. En el parágrafo de dicha cláusula octava se precisó que
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con ocasión
de la ejecución de las obras del objeto contratado sería responsabilidad exclusiva
del Municipio31.

19.4. Del contenido del negocio jurídico se colige que se trató de un convenio
interadministrativo32 suscrito entre dos entidades públicas para financiar la
ejecución de unas obras de rehabilitación y de protección de la infraestructura del
Municipio golpeado por los efectos de la prolongada ola invernal que arreció en el
país en el año 2010; con tal fin, el INVIAS se obligó a aportar unos recursos mientras
que el Municipio se obligó a celebrar los contratos necesarios para ejecutar las
obras. De los elementos de juicio que obran en el expediente, no se evidencia de
manera clara y expresa que, en virtud de dicho convenio, y pese a lo manifestado

25 Folio 9, cuaderno 2.
26 Folio 9, cuaderno 2.
27 Folio 9, cuaderno 2.
28 Folio 10, cuaderno 2.
29 Folio 11, cuaderno 2.
30 Folio 11, cuaderno 1.
31 Folio 218, cuaderno 1. La Sala advierte que el convenio que aportó el demandante está incompleto pues no

incluye el contenido de las cláusulas novena a décima tercera, por lo que se valora el contenido del convenio
aportado por el demandado como parte de los antecedentes administrativos.
32 Sobre la naturaleza de los convenios interadministrativos, ver Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección A, Sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 57822.

14

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Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

por las partes en las consideraciones, el INVIAS delegara función administrativa
alguna y, menos, que el Instituto delegara en el Municipio la función administrativa
de celebrar contratos en nombre y representación suya. Tampoco es posible hacer
esta inferencia a partir de las pruebas allegadas al proceso pues no se evidencia,
por ejemplo, que los puentes Agudelo, Negro y López hagan parte de la Red Vial
Nacional que está a su cargo de conformidad con el Decreto 2056 de 2003 33 —
vigente para la época de los hechos—.

19.5. En este punto, es necesario advertir que la delegación es un mecanismo de
racionalización del ejercicio de la función administrativa mediante la cual un
delegante transfiere a un delegatario, mediante un acto escrito, de manera temporal
o permanente, el ejercicio de una competencia para que este la ejerza con el control
y vigilancia del delegante34. En la delegación propiamente dicha, el funcionario
competente por ley o reglamento para ejercer la función la transfiere mediante acto
motivado a un funcionario del nivel directivo o asesor de la misma entidad, a una
autoridad administrativa con funciones afines. En tratándose de delegación de
funciones entre entidades públicas, también llamada delegación impropia —que es
una especie de la figura general de la delegación—, el artículo 14 de la Ley 489 de
199835 —en concordancia con la sentencia C-727 de 2000 proferida por la Corte
Constitucional—, establece que la transferencia de la función administrativa debe
hacerse mediante convenio interadministrativo en aras de salvaguardar la
autonomía de las entidades descentralizadas frente a las autoridades del orden
nacional.

19.6. Pese a esta diferencia, en ambos casos, es necesario que el delegante
establezca expresamente cuál será la función delegada, quién la ejercerá, cuál será
su duración y cuáles son sus limitaciones36. Así lo precisa el artículo 10 de la Ley
489 de 1998 que establece que “[e]n el acto de delegación, que siempre será escrito,
se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya
atención y decisión se transfieren”.

19.7. En este caso, no se evidencia que las partes precisaran cuáles serían las
funciones que el INVIAS delegaría en el Municipio, pues el Instituto solo se obligó a
entregar $2.800’000.000 para financiar la ejecución de obras en el Municipio en el
marco de la emergencia por grave calamidad pública, mientras que este se
encargaría de celebrar los contratos y adelantar la ejecución de las obras. El hecho
de que el INVIAS tuviese la función de vigilar el desarrollo del convenio solicitando
informes, evaluando el cronograma de actividades, entre otras, a través de un
comité operativo —cláusulas décima y undécima37—, no es indicio suficiente para

33 Artículo 1º, Decreto 2056 de 2003: “El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de

las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la
Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo
con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.” (énfasis agregado)
34 Sobre la figura de la delegación, ver Corte Constitucional, sentencia C-693 de 2008, M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 2008, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio, Rad. 2005-0240.
35 Artículo 14, Ley 489 de 1998 “La delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos

del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales deberá
acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades
delegante y delegataria. […].”
36 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 2008, C.P. Ruth Stella Correa

Palacio, Rad. 2005-0240.
37 En la cláusula décima y undécima, las partes acordaron que el INVIAS realizaría la vigilancia de la ejecución

del convenio, para lo cual se integraría un Comité Operativo de Seguimiento Contractual, que tendría las

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afirmar que se haya hecho delegación de función alguna, pues este tipo de medidas
están relacionadas con el seguimiento de la ejecución del convenio y con la correcta
inversión de los recursos desembolsados por el Instituto.

20. Con fundamento en los anterior, no puede afirmarse que el convenio No.
1696 de 2010 significó que el INVIAS delegó en el Municipio la función de celebrar
contratos —o siquiera el contrato de obra específicamente— en su nombre. Vale
recordar que la función administrativa de celebrar contratos en representación de
una entidad estatal está prevista en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, conforme al
cual, en el caso de los establecimientos públicos, como lo es el INVIAS38, está en
cabeza de su representante legal —ordinal c) del numeral 3º del artículo ibídem—.
Sin embargo, en el convenio No. 1696, el INVIAS no manifestó que delegaría en el
Municipio la facultad de celebrar contrato alguno en su nombre. Esta afirmación se
refrenda a partir de lo establecido en los ordinales d) y e) de la cláusula octava
relativas a las obligaciones a cargo del Municipio, en las que se precisó que este
era responsable por “d) proyectar y elaborar los Pliegos de Condiciones para la
contratación de las obras para llevar a cabo el proyecto; e) adelantar los procesos
de contratación requeridos, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y celebrar los respectivos contratos de obra” (énfasis
agregado)39. En virtud de esta estipulación, para la Sala resulta claro que el
Municipio era el que debía, en nombre propio, celebrar los contratos de obra,
mientras que el INVIAS tenía solamente la obligación de girar los recursos
comprometidos en dicho convenio para ejecutar las obras, sin que esta obligación
comportara delegación de función alguna, pues se trató del mero surgimiento de un
débito en cabeza de él.

21. Adicionalmente, el texto del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011
muestra que el Municipio celebró ese negocio jurídico en nombre propio y no como
delegatario del INVÍAS; por tanto, en virtud de dicho consentimiento, solo en él y en
el Consorcio recayeron los derechos y obligaciones surgidas en virtud de ese
negocio jurídico.

22. La anterior conclusión se refrenda a partir del hecho de que, tanto en el
encabezado del contrato —al identificarse las partes que lo celebraban— y al final
de su clausulado, el Alcalde del Municipio manifestó que suscribía el contrato en
calidad de representante legal del Municipio, sin afirmar, en parte alguna, que el
ente territorial demandado concurría como delegatario del INVIAS40. Lo propio se
concluye a partir del hecho de que las obligaciones a cargo de las partes, —
consagradas en las cláusulas octava y décima— estuvieron radicadas
exclusivamente del Municipio y del Consorcio y en virtud de este contrato, no
surgieron derechos u obligaciones que fueran trasladables a un tercero.

funciones de: (i) aprobar el cronograma de actividades desarrolladas por el Municipio, (ii) supervisar la ejecución
de las actividades y (iii) solicitar informes al Municipio o al contratista, cuando fuera necesario (Folio 219,
cuaderno 1).
38 El INVIAS (antes Fondo Vial Nacional) fue restructurado en virtud del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992

“[…] establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
propio y adscrito al Ministerio de Transporte.”
39 Folio 11, cuaderno 2.
40 Folio 24, cuaderno 2.

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23. Sin perjuicio de lo anterior, si en gracia de discusión, y solo de ella, se
interpretara —en contra de lo que dispone la ley porque señala claramente que uno
de los requisitos de la delegación es que se indiquen las funciones específicas que
se transfieren— que el Municipio actuó como delegatario del INVIAS en el ejercicio
de la función administrativa de celebrar contratos o de cualquier otra, en todo caso
la conclusión que se seguiría, en contra de lo concluido por el a quo, es que el ente
territorial es responsable por el incumplimiento de las funciones delegadas, tal y
como lo establecen los incisos segundos de los artículos 211 de la Constitución y
12 de la Ley 489 de 199841, a cuyo tenor del primero “[l]a delegación exime de
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario,
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo
la responsabilidad consiguiente”. En este orden de ideas, si el delegatario del
INVIAS —el Municipio— incumplió alguna de las funciones delegadas, ello sería
exclusiva responsabilidad del Municipio, de manera que la tesis del Tribunal según
la cual el Consorcio debió dirigir las pretensiones contra el delegante resulta
insostenible.

24. Con base en lo anterior, se colige que le asiste razón al apelante en cuanto
a que el Municipio sí era la parte vinculada al contrato de obra pública del 9 de
febrero de 2011; sin embargo de esta conclusión no se sigue que la sentencia de
primera instancia deba revocarse porque, para que este sea el caso, es menester
no solo concluir que el Municipio era el responsable por la ejecución de las
obligaciones del contrato de obra sino, en los términos de las pretensiones primera
a tercera de la demanda, que dicho ente territorial las incumplió.

Los presuntos incumplimientos en que incurrió el Municipio

25. El demandante afirma que el Municipio incumplió sus obligaciones
contractuales porque: (i) omitió constituir las disponibilidades y reservas
presupuestales para atender el pago de las actividades ejecutadas por el Consorcio,
y (ii) no pagó las actas parciales de obra Nos. 2 a 5 a través de las cuales se
recibieron las cantidades de obra que ejecutó el Consorcio antes de la suspensión
del plazo de ejecución del contrato.

1. El incumplimiento relacionado con la omisión en la reserva y
apropiación de los recursos para ejecutar las obras del contrato

26. El principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993
les impone a las entidades estatales deberes legales concretos que propenden por
la racionalización de la actividad contractual en procura de la realización de los fines
que esta persigue. En esencia, el principio de economía busca que la actividad

41 Inciso segundo, artículo 12 de la Ley 489 de 1998: “La delegación exime de responsabilidad al delegante, la

cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo
211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y
revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo.” Cabe señalar que, aunque el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 también es aplicable respecto
de la delegación entre entidades estatales, llamada delegación impropia, en tanto “Tal convenio [el que da lugar
a la delegación impropia], cuando es requerido, si es temporal se erige en una garantía de la autonomía de las
entidades funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una delegación,
siempre y cuando estén presentes los demás elementos que, según la Constitución, definen este mecanismo
de transferencia de funciones, a saber: previa autorización legal, fijación también legal de las condiciones bajo
las que operará la delegación, asunción de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del delegante
para reasumir la competencia.” Corte Constitucional, sentencia C-727 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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contractual “no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que
obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la
comunidad”42. Uno de los deberes que dicho principio les impone a las entidades
estatales es que garanticen la existencia suficiente de recursos para poder atender
las actividades contratadas, tal y como lo establecen los numerales 6º, 13 y 14 del
artículo 25 ibídem:

“6. Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de
suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o
disponibilidades presupuestales.

13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales
necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de
celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de
la cláusula de actualización de precios.

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global
destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los
pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por
razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos
por ellas celebrados.”

27. Por su parte, el artículo 41 de la Ley 80 de 199343 precisa que la
disponibilidad de los recursos presupuestales para atender las obligaciones
derivadas del contrato es un requisito para ejecutar el negocio jurídico estatal, salvo
que, de manera excepcional, y conforme a las normas del Estatuto Orgánico del
Presupuesto —Decreto 111 de 1996— se pueda ejecutar con cargo a vigencias
futuras44. El principio conforme al cual la ejecución de las obligaciones requiere de
la existencia previa de la disponibilidad equivalente a su valor se denomina principio
de legalidad del gasto, “cuyo fundamento es que no se pueden efectuar erogaciones
con cargo al Tesoro que no se hallen incluidas en el presupuesto -artículo 345, 346
y 347 CP, y artículo 18 y 49 de la Ley 179 de 1994, que modificó la Ley 38 de
1989”45.

28. El principio de legalidad del gasto se garantiza a través de los instrumentos
de la disponibilidad presupuestal y de su registro, pues como lo señala el doctrinante
Juan Camilo Restrepo: “[l]a Disponibilidad se concibe como un elemento mediante
el cual se busca prevenir o evitar que el Gasto sea realizado por encima del monto
máximo autorizado por la correspondiente Ley Anual de Presupuesto durante su
ejecución”46. Por su parte, el decreto 568 de 1996 que reglamentó el Estatuto
Orgánico del Presupuesto define los referidos instrumentos en los siguientes
términos:

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2007, C.P. Mauricio

Fajardo Gómez, Exp. 15.324.
43 Artículo 41, Ley 80 de 1993: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia

de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de
vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto […]”
44 Artículo 71, Decreto 111 de 1996: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones

presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de
apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo
de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos. […]”
45 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
46 Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Bogotá, Editorial Legis, segunda edición, páginas

290 y 291.

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“ARTÍCULO 19.- El certificado de disponibilidad es el documento expedido
por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza
la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación
para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente
el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el
correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán
llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación
disponible para expedir nuevas disponibilidades;

ARTÍCULO 20.- El registro presupuestal es la operación mediante la cual
se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta
operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a
las que haya lugar.” (énfasis agregado)

29. Así las cosas, a la entidad estatal le corresponde garantizar los recursos
necesarios para ejecutar el respectivo contrato a través de la expedición de los
certificados de disponibilidad presupuestal y su registro respectivo, antes de iniciar
su ejecución. Lo anterior significa que los referidos trámites no constituyen
parámetros de validez del negocio jurídico47, sino que se trata de obligaciones
emanadas de la ley cuyo cumplimiento puede tener incidencia de cara a la ejecución
de las obligaciones contractuales porque, de no existir recursos, es apenas lógico
que la entidad demandante no podrá atender el pago de los bienes y servicios
contratados.

30. En el caso concreto, la Sala encuentra que el Municipio no incumplió con
estos deberes legales en relación con el objeto original del contrato —diseños y
obras de protección marginal del Puente López y diseños y obras de rehabilitación
del puente Negro—, pero sí los incumplió en relación con las actividades de
elaboración de diseños y obras de rehabilitación del Puente Agudelo, que fueron
adicionadas a través de acuerdos modificatorios Nos. 2 y 5 al contrato de obra, por
las razones que se pasan a desarrollar:

30.1. Mediante Acuerdo No. 2 del 20 de enero de 2011, el Concejo del Municipio
autorizó la incorporación de $3.055’334.308 en el presupuesto de rentas e ingresos
de 2011 con el fin de atender la emergencia y ejecutar las obras sobre los puentes
López, Negro y Agudelo. En dicho acuerdo se precisó que los recursos provenían
de transferencias del sector central, de una parte, del convenio No. 1696 de 2010
$2.800’000.000 y, de otra, del Fondo Nacional de Calamidades48 $255’33430849.

30.2. El valor estimado del contrato de obra pública —que fue pactado en la
modalidad de precios unitarios— suscrito entre el Municipio y el Consorcio fue

47 Sobre este particular, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre

de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 34.324.
48 Cabe mencionar que el convenio entre el INVIAS y el Municipio se suscribió en el marco de la emergencia

económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública declarada por el Gobierno Nacional a través
del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 como consecuencia de la ola invernal sufrida por el país. Pese a
que en el convenio no se precisa de dónde provinieron la fuente de los recursos para ejecutarlo, vale señalar
que con el fin de conjurar la calamidad pública debido a la ola invernal, el Gobierno creó el programa
denominado “Colombia Humanitaria” y, en ejecución de este, se modificó el Fondo Nacional de Calamidades
Públicas con el fin de permitir la transferencia de recursos directamente a las entidades públicas del orden
nacional y territorial para llevar a cabo, entre otras, actividades de rehabilitación de infraestructura averiada, en
los términos del artículo 1º del Decreto 4830 del 29 de diciembre de 2010.
49 Folios 80 y 81, documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.

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inicialmente de $2.563’677.133. En la cláusula vigésima sexta se precisó que “la
presente contratación se financia con recursos del presupuesto de rentas y gastos
de la vigencia fiscal de 2011 de fecha 9 de febrero de 2011”50. Mediante acuerdo
modificatorio No. 1 de esa misma fecha, las partes precisaron dicha cláusula en el
sentido de señalar que los recursos con cargo a los cuales se pagarían las obras
estaban instrumentados en los certificados de disponibilidad presupuestal “Nos.
0068 de febrero 09 de 2011 por valor de ($2.308.342.825) y disponibilidad
presupuestal 0069 del 09 de febrero de 2011, por valor de ($255.334.308)” 51; en el
expediente obran los anotados certificados de disponibilidad52. Dichas
disponibilidades se registraron mediante certificados Nos. 150 y 152 del 2 de marzo
de 2011 suscritas por la Jefe de Presupuesto del Municipio53.

30.3. Mediante otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2011, las partes acordaron ampliar
el objeto del contrato para incluir las obras de rehabilitación del puente Agudelo; en
los considerandos se señaló que el Fondo Nacional de Calamidades a cargo del
Ministerio del Interior y de Justicia asignó $255’334.308 para acometer dichas
obras54. A través del acuerdo modificatorio No. 5 del 24 de noviembre de 2011, las
partes adicionaron el valor original del contrato en $211’760.515,80 para ejecutar
las actividades adicionales, por lo que el valor final fue calculado en
$2.775’437.64855. En la cláusula segunda del anotado acuerdo modificatorio se
precisó que “la presente modificación se financia con los recursos del presupuesto
de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2011, según disponibilidad presupuestal
expedida para tal fin”56.

30.4. En el expediente obra una comunicación del 20 de diciembre de 2011 dirigida
por la Secretaría de Planeación del Municipio a la Secretaría de Hacienda en la que
se le solicita el registro presupuestal de los $211’760.515,80 necesarios para
soportar la ejecución del objeto adicional. Sin embargo, en dicha comunicación se
hizo referencia a la disponibilidad presupuestal No. 68 del 9 de febrero de 2011, que
ya había sido comprometida para atender el valor original del contrato 57. No
obstante, a través de certificado No. 935 del 21 de diciembre de 2011, la Jefe de
Presupuesto registró los $211’760.515,80 con cargo a la referida disponibilidad
presupuestal instrumentada en el certificado No. 6858.

31. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el Municipio sí llevó a
cabo los trámites para garantizar las disponibilidades presupuestales necesarias
para soportar el pago de las obligaciones derivadas del objeto originalmente
contratado porque expidió los certificados Nos. 68 y 69 del 9 de febrero de 2011 que
acreditaban la apropiación de $2.563’677.133 con cargo al presupuesto de rentas e
ingresos del Municipio. Además, a través de los certificados de registro Nos. 150 y
152 del 2 de marzo de 2011 el Municipio perfeccionó el compromiso y afectó la

50 Folio 31, cuaderno 2.
51 Folio 33, cuaderno 2.
52 Folios 99 y 100 del cuaderno 5.
53 Folios 101 y 102 del cuaderno 5.
54 Folio 34, cuaderno 2.
55 Folios 39 a 41, cuaderno 2.
56 Folio 40, cuaderno 2.
57 Folio 340 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del

cuaderno 1.
58 Folio 341 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del

cuaderno 1.

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apropiación presupuestal, como lo ordena el principio de economía consagrado en
el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

32. No ocurrió lo mismo en relación con los $211’760.515,80 adicionados
mediante modificatorio No. 5 para atender las obras sobre el puente Agudelo. En
este caso, la Sala encuentra que el Municipio incumplió con sus deberes legales
emanados del principio de economía —numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993— porque no constituyó “las reservas y compromisos presupuestales
necesarios” para ejecutar dichas obras. Lo anterior en la medida en que el Municipio
dijo garantizar los recursos para dichas obras adicionales con cargo al certificado
de disponibilidad No. 68, cuya apropiación presupuestal fue comprometida a través
de la expedición del certificado No. 935 del 21 de diciembre de 2011, pero no reparó
en que dicha apropiación presupuestal no era suficiente para atender los
compromisos derivados de los acuerdos modificatorios Nos. 2 y 5 a través de los
cuales se adicionaron las obras a cargo del Consorcio y el valor total del contrato,
respectivamente.

33. De lo anterior se concluye que aunque se contaba con $3.055’334.308
provenientes del convenio No. 1696 con el INVIAS y $255’334308 del Fondo
Nacional de Calamidades, recursos que eran suficientes para atender la ejecución
de las obras sobre los puentes López, Negro y Agudelo —esto es, el objeto
adicionado—, el Municipio apropió tan solo $2.563’677.133 —valor inicial— del
presupuesto de rentas e ingresos a través de los certificados de disponibilidad
presupuestal Nos. 68 y 69 del 9 de febrero de 2011. Luego, registró nuevamente el
compromiso presupuestal de $211’760.515,80 asociado al certificado No. 68 pese
a que estos recursos ya estaban comprometidos para ejecutar el objeto inicialmente
contratado y no eran suficientes para atender las obras sobre el puente Agudelo. En
conclusión, el Municipio sí incumplió sus deberes legales, emanados del principio
de economía y de las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto por lo que hace
al valor adicionado al contrato de obra mediante modificatorio No. 5 del 24 de
noviembre de 2011.

2. El incumplimiento relacionado con el pago de las actas de obra
parciales Nos. 2 a 5

34. En las condiciones del contrato que le remitió el Municipio al Consorcio
mediante comunicación del 4 de febrero de 2011, las cuales, de conformidad con
su cláusula cuarta59, hacen parte integral de aquel, el demandado fijó las
condiciones económicas y su forma de pago en los siguientes términos:

“III. CONDICIONES DEL CONTRATO

3. FORMA DE PAGO

El Municipio pagará al ejecutor del contrato el valor del mismo mediante actas
parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula [sic] de reajustes,
previo el cumplimiento de los requisitos legales.

59 Folio 25, cuaderno 2.

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El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa
presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes
y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud, pensión y riesgos.

Si pasados treinta (30) días calendario no se ha realizado el respectivo
desembolso por parte del MUNICIPIO, este reconocerá un interés moratorio al
CONTRATISTA equivalente al doble del interés legal civil por cada mes de
atraso o proporcionalmente, según el caso.

3.1. ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato, el Municipio concederá un anticipo del cincuenta
por ciento (50%) del valor del contrato.

La amortización de los anticipos se efectuará mediante deducciones de las
actas parciales de pago, la cuota de amortización será equivalente al porcentaje
de anticipo entregado aplicado al valor de la respectiva acta, hasta amortizar la
totalidad del anticipo.

La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables
previos para la entrega del anticipo.”60.

35. Por su parte, en la cláusula séptima del contrato, que no se varió en razón
de los otrosíes modificatorios, las partes acordaron que el valor del negocio jurídico
—tanto original como adicionado— sería pagado de la siguiente forma:

“CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se
cancelará por parte del MUNICIPIO a EL CONTRATISTA de la siguiente forma:
a) el cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato se cancelará a título de
anticipo, el cual se pagará una vez perfeccionado y legalizado el contrato y
proferida la resolución aprobatoria de las garantías aportadas por el contratista;
b) el saldo restante se cancelará mediante actas mensuales parciales
amortizables, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste,
previo el cumplimiento de los requisitos legales.

PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo se amortizará en cada uno de los pagos
en forma proporcional […]”61.

36. De conformidad con la cláusula décima del contrato, el Municipio contrajo las
siguientes obligaciones:

“CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El MUNICIPIO se
obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1. Cumplir con todas las
previsiones necesarias para la iniciación de los trabajos y para que su ejecución
prosiga sin interrupciones; 2. Entregar la información, documentos y planos
relacionados con la obra a ejecutar por EL CONTRATISTA. 3. Pagar el valor
de la misma [sic], dentro de los plazos y porcentajes acordados. 4. Las
demás a que haya lugar”62 (énfasis agregado)

37. Como se observa, las partes no definieron los requisitos que debieran cumplir
las “actas mensuales parciales” de obra en que se soportaría el pago del 50%
restante del valor del contrato, pero acordaron que debían ser los “requisitos
legales”. Al respecto, vale resaltar que las actas de avance o actas parciales de obra
son instrumentos a través de los cuales se hace un corte parcial sobre la ejecución

60 Folio 45, cuaderno 5.
61 Folio 26, cuaderno 2.
62 Folio 27, cuaderno 2.

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del objeto contractual y “cuya finalidad primordial es permitir calcular el avance de
la obra y el monto de valor para cobro en la respectiva cuenta mensual”63. Sin
embargo, los requisitos para su elaboración, sus elementos y demás componentes
no está tipificado o regulado en la ley, sino que está dentro del marco de la
negociación entre las partes. Sobre las actas parciales de obra ha discurrido la
jurisprudencia de esta Corporación de la siguiente manera:

“A lo largo de la ejecución de los contratos celebrados por las entidades
estatales, suelen presentarse diversas situaciones cuya documentación se lleva
a cabo a través de actas suscritas por las partes. […] Entre las que se suelen
levantar durante la ejecución de los contratos, se hallan i) las actas parciales
de avance, que se suscriben periódicamente para registrar en ellas el
progreso en la ejecución de las prestaciones y ii) el acta de recibo final. […]

22. Es usual que en contratos de tracto sucesivo, en los que se pactan
entregas periódicas de obras, bienes o servicios, se acuerde la
elaboración de actas parciales de recibo cada cierto tiempo, que servirán
como soporte para la elaboración de las respectivas cuentas de cobro y
por lo tanto, constituyen uno de los requisitos acordados para su
presentación, de tal manera que, dichas actas, representan cortes parciales de
la ejecución del objeto contractual, que va avanzando conforme transcurre el
plazo acordado y su finalidad básicamente es la de permitir el cálculo del avance
de la ejecución en relación con lo pactado así como el valor de lo que se ejecutó
en ese periodo de tiempo, para efectos de realizar el respectivo cobro parcial.”64
(énfasis agregado)

38. En el caso del contrato de obra sub judice, las partes no regularon cómo el
Consorcio debía presentar las actas parciales de obra al Municipio para soportar el
pago de las actividades ejecutadas. Sin embargo, el contenido y requisitos de dichas
actas se puede integrar a partir de la cláusula vigésima cuarta en la que se
establecieron las funciones de la interventoría. En dicha cláusula se estableció que:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- INTERVENTORÍA. EL MUNICIPIO
verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL
CONTRATISTA por medio del interventor. EL INTERVENTOR no podrá
exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes
contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de EL MUNICIPIO
ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor
del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de
las obras. EL INTERVENTOR rechazará todos aquellos trabajos o materiales
que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este
documento”65.

39. En este punto es pertinente mencionar que las funciones que le fueron
asignadas al interventor del contrato de obra pública —el ingeniero Fabio Salazar
Tamayo— coinciden con las que, de tiempo atrás, esta Corporación 66 ha señalado
que corresponde realizar a quienes colaboren con la administración pública en la

63 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 6 de agosto de 2003, C.P. Augusto Trejos

Jaramillo, Rad. 1453.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de febrero de 2013, C.P. Danilo Rojas

Bethancourt, Exp. 25.199
65 Folios 30 y 31, cuaderno 2.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre

de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 2 de julio de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 51.067.

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tarea de seguimiento de los contratos, pues, según lo ha dicho, en ejercicio de esa
labor, entre otras cosas, deben pedir informes, hacer requerimientos, sugerencias,
solicitar cambios, aprobar o rechazar bienes, obras o servicios, según sea el caso,
entre otras. Con base en estas funciones67, se colige que si bien las partes no
precisaron cuáles serían los requisitos para la elaboración y presentación de las
actas parciales de obra, era un requisito que la interventoría las suscribiera en señal
de que recibía las cantidades de obra ejecutadas y de que daba su visto bueno en
relación con la calidad de los trabajos.

40. Aparte del mencionado requisito, la Sala no encuentra fundamento para
afirmar la exigencia de alguno adicional para la elaboración y presentación de las
actas parciales de obra a las que hizo alusión la cláusula séptima del contrato de
obra. En esencia, el Consorcio debía enlistar los ítems de obra y las cantidades
ejecutadas a los precios unitarios pactados —los cuales no obran en el expediente
dado que la oferta económica no fue allegada por el Consorcio—, debidamente
avaladas por el interventor del contrato.

41. En todo caso, se advierte que la sola presentación del acta parcial de obra,
debidamente avalada por el interventor, no era suficiente para que el Municipio
pudiera y debiera proceder al pago de las cantidades de obra ejecutadas por el
contratista en tanto, para que este fuera el caso, era menester que el Consorcio le
presentara la factura de venta representativa de los bienes y servicios prestados,
en cumplimiento de la obligación de facturar establecida en el artículo 615 del
Estatuto Tributario68. Ciertamente, la factura es el soporte contable de los bienes
adquiridos o los servicios prestados y, en tal virtud, como lo precisa el artículo 18 de
la Ley 962 de 200569 —vigente al momento de los hechos—, las entidades estatales
solo pueden pagar las obligaciones contractuales contraídas previo cumplimiento
de la obligación de expedir factura. Así las cosas, salvo acuerdo especial, si el
Consorcio no presentaba la factura correspondiente, la obligación de pago
correlativa a la ejecución de las actividades del contrato, aunque existente, no podía
exigirse por faltar un requisito legal necesario para hacer el respectivo desembolso.

42. De las pruebas que obran en el expediente, se puede evidenciar que, tal y
como lo indicaron las partes, durante la ejecución del contrato de obra pública del 9
de febrero de 2011 se suscribieron un total de 5 actas parciales y se presentaron
las siguientes 4 facturas, así:

42.1. El 21 de septiembre de 2011, el Consorcio remitió al Municipio la
comunicación TOLI-057-2011 a través de la cual allegó: (i) la factura de venta No.

67 Las cuales fueron aclaradas en la Ley 1474 de 2011, que, si bien no resulta aplicable al caso concreto por

ser anterior a la fecha de celebración del contrato de obra pública, resulta ilustrativa sobre las funciones del
interventor. En este sentido, ver los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
68 Artículo 615, Estatuto Tributario: “Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la

calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes
producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar
copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales […]” Vale señalar que HM Ingeniería Ltda., que es la sociedad que participa en un 95% en el
Consorcio, es comerciante y, en tal virtud, tiene la obligación de expedir factura, lo que se extiende al Consorcio.
69 Artículo 18, Ley 962 de 2005: “Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades

públicas, o las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la
presentación de cuentas de cobro por parte del contratista. […]
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura o cualquier otro documento equivalente
cuando los Tratados Internacionales o las leyes así lo exijan"

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1 del 16 de septiembre de 201170 por valor de $171’096.753 que incluía el valor de
los estudios y diseños —por $70’000.000—, de los “servicios de construcción” —
por $260’993.506— y a cuyas sumas se le restaron $171’096.753 por concepto de
amortización del anticipo —el cual ascendió a $1.281’838.566, esto es, el 50% del
valor inicial del contrato71—; (ii) el acta parcial de obra No. 1 de septiembre de 2011,
suscrita por la interventoría, el Consorcio y el Alcalde del Municipio por
$342’193.505,9572; (iii) las memorias de cantidades de obra ejecutadas, suscritas
por la interventoría73, y (iv) el comprobante de pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social74. El Municipio recibió dicha factura el 21 de septiembre de 2011
como da cuenta la firma de recibido75.

42.2. El 18 de noviembre de 2011, el Consorcio remitió al Municipio la
comunicación TOLI-094-2011 a través de la cual allegó: (i) la factura de venta No.
2 del 15 de noviembre de 201176 por valor de $102’581.199 que incluía el valor los
“servicios de construcción” ejecutados —por valor de $205’162.398— menos
$102’581.199 por concepto de amortización del anticipo; (ii) el acta parcial de obra
No. 2 de noviembre de 2011, suscrita por la interventoría, el Consorcio y el Alcalde
del Municipio por $205’162.397,7677; (iii) las memorias de cantidades de obra
ejecutadas, suscritas por la interventoría78, y (iv) el comprobante de pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social79. El Municipio recibió dicha factura el 18 de
noviembre de 2011 como da cuenta la firma de recibido80.

42.3. Obra también en el expediente: (i) la factura de venta No. 3 del 19 de
diciembre de 201181 por valor de $98’116.505 a través de la cual se cobró el valor
de los estudios y diseños82 —por $55’000.000— y los “servicios de construcción”
ejecutados —por $132’433.011— menos $98’116.506 por concepto de amortización
del anticipo; (ii) el acta parcial de obra No. 3 de noviembre de 2011, suscrita por la
interventoría y el Consorcio por $196’233.011,2283, y (iii) las memorias de
cantidades de obra ejecutadas, suscritas por la interventoría84. El Municipio recibió
la factura el 22 de diciembre de 2011, como da cuenta la firma que le impuso.

70 Folio 236, cuaderno 5.
71 El anticipo fue pagado en dos pagos, uno por $255’334.308 y otro por $1.026’504.285 según dan cuenta los

certificados de egreso Nos. 573 del 6 de mayo de 2011 (folio 158, cuaderno 5) y 1412 del 6 de julio de 2011
(folio 206, cuaderno 5), respectivamente.
72 Folios 237 a 242, cuaderno 5.
73 Folios 245 a 252, cuaderno 5.
74
Folio 269 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del
cuaderno 1.
75 Folio 237 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del

cuaderno 1.
76 Folio 299 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del

cuaderno 1.
77 Folios 302 y 303 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
78 Folios 304 a 314 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
79 Folios 326 a 330 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
80 Folio 298 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303 del

cuaderno 1.
81 Folio 78, cuaderno 2.
82 Aunque en la factura no figuran cuáles fueron los estudios y diseños cobrados, en el acta parcial de obra No.

3 aparece la anotación de que este ítem corresponde a estudios topográficos, de nivelación, socavación e
hidráulicos (folio 79, cuaderno 2).
83 Folios 79 y 80, cuaderno 2.
84 Folios 81 a 85, cuaderno 2.

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42.4. Pese a que esta acta —no la factura, que sí firmó como acuso de recibo—
no fue suscrita por el Municipio, sí lo fue por el interventor, quien, como se señaló
en la cláusula vigésima cuarta del contrato, tenía la función de verificar la calidad y
cumplimiento de los trabajos relacionados con el objeto contractual, por lo cual
estaba facultado para firmar las anotadas actas de obra parciales en sentido de
aprobación de las obras que en ellas se referenciaran.

42.5. Asimismo, fueron aportadas: (i) la factura de venta No. 4 del 18 de mayo de
201285 por valor de $268’981.296 a través de la cual se cobró el valor de los
“servicios de construcción” ejecutados —por $537’981.297— menos $268’981.297
por concepto de amortización del anticipo; (ii) el acta parcial de obra No. 4 de mayo
de 2012, suscrita por la interventoría, el Consorcio y el secretario de planeación del
Municipio por $537’962.593,2686; (iii) las memorias de cantidades de obra
ejecutadas, suscritas por la interventoría87, y (iv) copia del pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social88. El Municipio recibió la factura, como da cuenta la
firma y sello que le impusieron el 25 de mayo de 2012.

42.6. El 12 de julio de 2013, el Consorcio le remitió una comunicación —sin número
de identificación— al Municipio a través de la cual le allegó89: (i) el acta parcial de
obra No. 5 de abril de 2012, suscrita por la interventoría y el Consorcio por
$106’946.431,8690, y (iii) las memorias de cantidades de obra ejecutadas, suscritas
por la interventoría91. En dicha comunicación, el Consorcio le solicitó al Municipio
suscribir el acta para dar trámite a su pago. Sin embargo, no hay evidencia de que
el Municipio haya suscrito el acta o que el Consorcio le haya presentado factura
soportada en aquella.

42.7. En su testimonio, el interventor del contrato de obra, el ingeniero Fabio
Salazar Tamayo, manifestó que suscribió el acta parcial de obra No. 5 porque
“validamos las memorias de cálculo y verificamos que eran de acuerdo a lo
ejecutado, desconozco por qué el Municipio no la firmó”92. Posteriormente, cuando
se le inquirió sobre las actividades ejecutadas por el Consorcio con ocasión de dicha
acta parcial, el interventor contestó que se trató de “actividades de excavación,
cuatro o cinco actividades que de memoria no tengo presentes” 93. Por su parte, el
secretario de desarrollo físico del Municipio que ocupó el cargo durante la ejecución
del contrato de obra, señor Juan Carlos Molano, manifestó que el Municipio no firmó
el acta parcial No. 5, “si mal no recuerdo por efectos de tiempo, porque nosotros ya
habíamos firmado la suspensión, por lo cual no podíamos suscribir el acta”94.

85 Folio 87, cuaderno 2.
86 Folios 375 y 376 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
87 Folios 1 a 10 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
88 Folios 88 y 89, cuaderno 2.
89 Folio 66 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.
90 Folios 67 a 69 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a

folio 303 del cuaderno 1.
91 Folios 71 a 74 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a

folio 303 del cuaderno 1.
92 Audiencia de pruebas del 7 de abril de 2015, CD 5, minutos 44 a 54.
93 Audiencia de pruebas del 7 de abril de 2015, CD 5, minutos 44 a 54.
94 Audiencia de pruebas del 7 de abril de 2015, CD 5, minutos 55 a 1:08.

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42.8. Valoradas en conjunto ambas pruebas testimoniales, y teniendo en cuenta la
fecha del acta parcial No. 5 —abril de 2012—, la Sala se decanta por concluir que
las obras recibidas por el interventor fueron ejecutadas por el Consorcio antes de la
suspensión del plazo de ejecución del contrato, lo que ocurrió a partir del 18 de
mayo de 2012 mediante la suscripción del acta No. 2 de esa fecha. Si bien el
Consorcio allegó al Municipio dicha acta parcial de obra apenas el 12 de julio de
2013, esto es, más de un año después de que se suspendiera el contrato, no lo es
menos que dicha acta, firmada por el Consorcio y el interventor, da fe de que las
cantidades de obra fueron ejecutadas antes de la fecha de suspensión.

42.9. En verdad, la Sala no encuentra irreconciliables los dichos de ambos testigos
porque mientras el primero dio fe, con apoyo en el acta firmada, de que las obras
se ejecutaron en abril de 2012, el secretario del Municipio señaló que no firmó el
acta porque ya se había suspendido el plazo de ejecución, sin referirse
concretamente a cuándo el Consorcio llevó a cabo las obras, que es lo relevante a
efectos de determinar si las podía adelantar y si, como contraprestación, el
Municipio estaba llamado a pagar la correlativa contraprestación.

42.10. Por todo lo anterior, y sin perjuicio de lo que abajo se señalará en relación
con los efectos derivados de la omisión de la presentación de una factura, la Sala
estima que el hecho de que el Municipio no suscribiera esta acta no es una razón
válida para afirmar que el demandado no debía pagarle su valor al Consorcio,
fundamentalmente porque las actividades fueron ejecutadas antes de la suspensión
del contrato y porque el interventor, quien era el encargado de certificar que las
obras se ejecutaron de conformidad con lo requerido en el contrato, dio su visto
bueno respecto de los trabajos realizados.

43. Ahora, para determinar el incumplimiento del Municipio respecto del pago de
las actas Nos. 2 a 5, no basta con afirmar que las actividades se ejecutaron y fueron
aprobadas por el interventor, hace falta también determinar que la obligación de
pago se hizo exigible en cabeza de la entidad territorial demandada y, pese a ello,
no la cumplió. En relación con estos aspectos se tiene que:

43.1. Respecto de las facturas de venta Nos. 2 del 15 de noviembre de 2011 y 3
del 19 de diciembre de 2011 —que se soportaron en las actas parciales de obra
Nos. 2 y 3— se entienden aceptadas por el Municipio después de que transcurrieron
10 días calendario desde su presentación —lo que ocurrió el 18 de noviembre y el
22 de diciembre de 2011, respectivamente— sin que las devolviera o presentara
reclamo escrito al Consorcio según lo prevé el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008,
por lo cual, los 30 días calendario previstos en la Sección III de las condiciones del
contrato como plazo para que la entidad pública hiciera el pago vencieron el 18 de
diciembre de 2011 y el 21 de enero de 2012, respectivamente, esto es, mucho antes
de la fecha en que las partes acordaron suspender el contrato a través de acta No.
2 del 18 de mayo de 2012. Por ende, se concluye que la obligación de pago respecto
de estas facturas surgió antes de que se suspendiera el contrato, lo cual, por tanto,
no afectó su exigibilidad95. La Sala abordará más adelante el tema de la suspensión

95 Se anticipa que la causación de los interese moratorios originados en el impago de esta obligación tampoco

se afectó con el acuerdo de suspensión, porque, además de que las partes así no lo pactaron, no puede
entenderse que, en razón de tal acuerdo, al caso resulte aplicable lo previsto en el parágrafo del artículo 829
del Código de Comercio que establece que “[l]os plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes,

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y su alcance respecto de las obligaciones de pago; por ahora, para no perder el hilo
conductor del punto que acá se analiza, se dejarán sentadas las conclusiones
respecto de la exigibilidad de tales deberes contractuales.

43.2. En relación con la factura de venta No. 4 del 18 de mayo de 2012, soportada
en el acta parcial No. 4 de mayo de 2012, se evidencia que fue presentada para su
pago el 25 de mayo de 2012, esto es, cuando ya se había suspendido el contrato.
Este hecho tuvo la virtualidad de afectar la exigibilidad de la obligación —como se
verá, la suspensión se dio respecto de todas las obligaciones del contrato y,
justamente, por falta de recursos de la entidad para pagar las actas de obra Nos. 2
a 4—, dado que impuso la suspensión del plazo pactado por las partes para su
cumplimiento; por tanto, durante el tiempo que dicha suspensión surtió efectos, no
puede predicarse el incumplimiento del Municipio.

43.3. En ese mismo orden de ideas, a partir de la cesación de los efectos de la
suspensión —lo que, por las razones que se expresarán en el siguiente acápite,
ocurrió el 1º de julio de 2012—, se reanudaron los términos pactados por las partes
para el pago —30 días calendario según la Sección Tercera de las condiciones del
contrato— que vencieron el 30 de julio de 201296.

43.4. En el expediente solo hay prueba de que el Municipio le pagó al Consorcio el
valor del acta parcial No. 1, mas no las otras 4 —esto es, las actas Nos. 2 a 5—. En
efecto, obra copia de la Resolución No. 201101332 del 22 de septiembre de 2011 a
través de la se cual ordenó el pago de $171’096.753 al Consorcio, el cual fue
efectivamente realizado el 27 de septiembre de 2011 según da cuenta el certificado
de egreso No. 196097. En lo que al impago de las actas Nos. 2 a 4 concierne, en las
consideraciones del acta de suspensión No. 2 del 18 de mayo de 2012 las partes
manifestaron que:

“4. En estricto cumplimiento de lo previsto [en el contrato], el Municipio hizo
efectivo el pago del anticipo, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula en cita
[la cláusula séptima], así como del Acta Parcial No. 001; sin embargo, no ha
podido cancelar las parciales No. 002, 003 y 004 a pesar de estar en la
obligación contractual de hacerlo, en razón a que el INVIAS no ha girado
valor [sic] restante del convenio suscrito con el municipio”98. (énfasis agregado)

43.5. Los testigos que rindieron declaraciones en el proceso corroboran ese mismo
hecho. En primer lugar, el testigo Ramiro Mendoza Arrieta, quien se desempeñó
como gerente de proyectos de H.M. Ingeniería Ltda., y que estuvo encargado de la
ejecución del contrato de obra pública manifestó que “se elaboraron 5 actas
parciales de obra, pero solo se canceló 1”99.

con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo”, porque dicho acuerdo
de voluntades se suscribió el 18 de mayo de 2012, tiempo después del vencimiento del plazo suspensivo
pactado para la exigibilidad de cada una de las facturas Nos. 2 y 3.
96 Advierte la Sala que la factura No. 4 se aceptó en los términos del artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, esto

es, el 4 de junio de 2012, en tanto el Municipio no la devolvió ni presentó reclamó por escrito al consorcio. Vale
señalar que el régimen de aceptación de la factura no se afecta por virtud de la suspensión del contrato en tanto
dicho régimen está asociado a los títulos valores, los cuales son independientes del contrato subyacente.
97 Folios 279 y 280 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
98 Folios 47 y 48, cuaderno 2.
99 Audiencia de pruebas del 7 de abril de 2015, CD 5, minutos 15 a 27.

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44. En consecuencia, verificada la exigibilidad de las obligaciones contenidas en
las actas Nos. 2 a 4 y la falta de pago por parte del Municipio, se debe concluir en
el incumplimiento del demandado de la cláusula décima, según la cual “El
MUNICIPIO se obliga para con EL CONTRATISTA a […] 3. Pagar el valor de la
misma [sic], dentro de los plazos y porcentajes acordados”100.

45. Advierte la Sala que las defensas expuestas por el Municipio en relación con
el incumplimiento de estas obligaciones no están llamadas a prosperar. El
demandado alegó que “el contratista solo ejecuto [sic] el 46,35% del total de obra
del contrato” por lo que, sumadas todas las actas, el anticipo correspondiente al
50% del valor del contrato que fue pagado al Consorcio alcanzó a cubrir el valor de
las actas insolutas. Esta posición fue refrendada en el testimonio rendido por el
secretario del Municipio, Juan Carlos Molano, quien contestó frente a la pregunta
sobre las gestiones que se adelantaron para pagar las actas parciales de obra que
“el contratista recibió el valor del anticipo más el pago del acta 1, ese valor sumaba
una cifra que debía ser cruzada con la cifra que sumaran las cifras de las actas
parciales”, de lo cual se puede colegir que el Municipio no pagó las actas porque
estimaba que a través del pago del anticipo, su valor sumado ya estaba cubierto. La
Sala estima que la posición no es atendible y no excusa sus sendos incumplimientos
porque no se aviene a lo que pactaron las partes en relación con la forma del pago
del valor del contrato101. De aceptarse, se entendería que el municipio varió
unilateralmente los términos de ejecución del contrato, reduciendo su objeto al 50%
del valor inicialmente pactado, aspecto que no sería jurídicamente atendible como
fundamento de legitimidad de su conducta.

46. En efecto, en la Sección III de las condiciones del contrato, así como en la
cláusula séptima del contrato de obra, se acordó que el Municipio pagaría al
Consorcio el valor de las actas parciales de obra y de ellas se descontarían las
sumas relacionadas con la amortización del anticipo, de modo que “[l]a amortización
de los anticipos se efectuará mediante deducciones de las actas parciales de pago,
la cuota de amortización será equivalente al porcentaje de anticipo entregado
aplicado al valor de la respectiva acta, hasta amortizar la totalidad del anticipo”102
—Sección 3.1 de las condiciones del contrato—.

47. Al tenor de dicha disposición, el Consorcio presentó las facturas de venta con
base en las que hizo el cobro de las actividades ejecutadas y soportadas en las
actas parciales Nos. 2 a 4, restando del valor total el 50% con cargo a la
amortización del anticipo, cuyo resultado era la suma que debía pagar el Municipio
de conformidad con el numeral tercero de la cláusula décima del contrato que
estableció que “El MUNICIPIO se obliga para con EL CONTRATISTA a […] 3. Pagar
el valor de la misma [sic], dentro de los plazos y porcentajes acordados”103.

48. Es cierto que las obligaciones recíprocas que podrían tener las partes, de un
lado, el Municipio de pagar las actas parciales de obra Nos. 2 a 5 y, del otro, la
obligación del Consorcio de amortizar el anticipo han de extinguirse mediante la

100 Folio 27, cuaderno 2.
101 Audiencia de pruebas del 7 de abril de 2015, CD 5, minutos 55 a 1:08.
102 Folio 45, cuaderno 5.
103 Folio 27, cuaderno 2.

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compensación de conformidad con el artículo 1714 del Código Civil104 a partir de
esta sentencia y a través de la liquidación judicial a la que se procederá —según
pretensión formulada por la demandante a la que no se opuso la demandada— en
aras de determinar cuánto se adeudan una a otra, pues es solo desde este momento
y a través de dicho ejercicio que se determinará con certeza los montos que se
adeudan entre ellas, es decir, que las obligaciones se tornan líquidas, lo que,
además de la exigibilidad y de que se trate de sumas de dinero, constituye requisito
para que proceda la compensación de conformidad con el artículo 1715 ibídem105.
Sin embargo, esta compensación no excusa al demandado del incumplimiento de
las obligaciones en que incurrió durante la ejecución del contrato. En otras palabras,
el hecho de que en este momento se haga un cruce de cuentas sobre cuánto se
adeudan recíprocamente las partes —que atiende al finiquito de cuentas que se
realiza en la liquidación— no significa, ni es una defensa válida, para eximir al
Municipio de su responsabilidad por haber incumplido con su obligación de pagar,
en los términos del contrato, las actas parciales de obra que remuneraban las
actividades ejecutadas por el Consorcio.

49. En verdad, de conformidad con los términos del contrato, el Municipio estaba
obligado al pago de las actas parciales de obra que le presentara el Consorcio en
función del objeto contractual en su integridad; no podía, por lo mismo, pretender
que sus obligaciones se limitaban al pago de las referidas actas en función de una
modificación unilateral de hecho del objeto contractual que quiso hacer consistente
en una reducción de cerca del 50% del presupuesto del contrato, con independencia
del hecho de que, al finalizar el contrato, el saldo final que arrojara la liquidación
fuera a favor de una u otra parte.

50. Por otra parte, aunque en sentido análogo, la Sala no estima procedente la
defensa del Municipio conforme a la cual la falta de pago del INVIAS del segundo
50% del valor del convenio No. 1696 de 2010 la excusó de hacer el pago de las
actas parciales de obra presentadas por el Consorcio. Al respecto, basta señalar
que la obligación a cargo del Municipio establecida en el numeral tercero de la
cláusula décima no fue sometida a una condición suspensiva106 que consistiera en
el hecho futuro de que el INVIAS girara los recursos comprometidos en el convenio
No. 1696 de 2010. En verdad, la obligación a cargo del Municipio de pagar las
referidas actas tan solo pendía de que el Consorcio ejecutara las actividades y
presentara las actas parciales de obra con el visto bueno del interventor,
condiciones que sí cumplió. Además, el contrato de obra pública suscrito entre el
Municipio y el Consorcio es un contrato totalmente autónomo respecto del convenio
No. 1696 de 2010 suscrito entre aquel y el INVIAS, como lo evidencia, entre otros
elementos, el hecho de que, en la cláusula cuarta del contrato de obra, relativo a los

104 Código Civil, artículo 1714: “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una

compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse”.
105 Código Civil, artículo 1714: “La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento

de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el
momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: 1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o
indeterminadas de igual género y calidad. 2.) Que ambas deudas sean líquidas; y 3.) Que ambas sean
actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no
se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.”
106 Código Civil, artículo 1530: “Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un

acontecimiento futuro, que puede suceder o no.”

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documentos que hacen parte del contrato, no se mencionó que el convenio No. 1696
hacía parte integral de aquel107.

51. Con base en lo anterior, se refrenda la conclusión de que el Municipio
incumplió su obligación contenida en el numeral tercero de la cláusula décima
conforme a la cual “El MUNICIPIO se obliga para con EL CONTRATISTA a […] 3.
Pagar el valor de la misma [sic], dentro de los plazos y porcentajes acordados”108,
en la medida en que dejó de pagarle al Consorcio las actas de obra parciales Nos.
2 a 4 que fueron debidamente suscritas por el interventor del contrato, en señal de
que las cantidades de obra y demás actividades fueron debidamente ejecutadas por
el contratista.

52. Por último, en relación con el acta parcial de obra No. 5 de abril de 2012,
dado que las cantidades de obra fueron ejecutadas por el Consorcio y aceptadas
por el interventor antes de la suscripción del acta No. 2 del 18 de mayo de 2012 —
pues el acta tiene fecha de abril de 2012109—, surgió en cabeza del Municipio la
obligación de pagarlas. Sin embargo, la obligación de pago se hizo exigible para el
Municipio a partir de la reconvención judicial porque no hay evidencia de que el
Consorcio expidiera o presentara una factura soportada en el acta parcial No. 5,
como era su deber hacerlo de conformidad con el artículo 615 del Estatuto
Tributario; vale resaltar que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 962 de
2005, el Municipio no podía hacer el pago de la obligación dineraria emanada del
acta parcial No. 5 sin que el contratista le presentara una factura, dado que este
documento constituye el soporte obligatorio que las entidades requieren de modo
de proceder a hacer la liquidación y el pago de la respectiva obligación.

53. En este orden de ideas, pese a que la obligación de pagar las cantidades de
obra consignadas en el acta parcial No. 5 surgió, el Municipio no se constituyó en
mora sino solo a partir de la reconvención judicial,—numeral tercero del artículo
1608 del Código Civil—, lo que ocurrió a partir del 30 de septiembre de 2014, fecha
en la que se le notificó el auto admisorio de la demanda110, tal y como lo establece
el inciso segundo del artículo 94 del CGP111. Así las cosas, el demandado solo
incumplió su obligación en relación con el acta parcial No. 5 concomitantemente al
momento en que se le reconvino judicialmente.

54. Por todo lo anterior, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia de
primera instancia para, en su lugar, declarar que el Municipio incumplió el contrato

107 En la cláusula cuarta se precisó que los documentos del contrato que hacían parte integral de su clausulado

eran: (i) la invitación dirigida al Consorcio para presentar su propuesta —y su anexo—; (ii) los documentos
allegados por el Consorcio con su oferta; (iii) el certificado de registro presupuestal del contrato al que hace
referencia la cláusula vigésima sexta del contrato y que, por disposición del otrosí No. 1 del 9 de febrero de
2011 se aclaró, y (iv) las “cartas y comunicaciones que se crucen las partes firmantes en desarrollo del presente
contrato” (Folio 25, cuaderno 2).
108 Folio 27, cuaderno 2.
109 Folios 67 a 69 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a

folio 303 del cuaderno 1.
110 El auto del 17 de septiembre de 2014 mediante el cual el Tribunal admitió la demanda del Consorcio Puentes

Tolima les fue notificado personalmente al Director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado,
a la Procuraduría 27 y al Municipio mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2014 dirigido al buzón
de notificaciones judiciales de que trata el artículo 197 del CPACA, en los términos del artículo 199 del CPACA
(folio 26, cuaderno 54 a 61).
111 Inciso segundo, artículo 94, CGP: “La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento

ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija
para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora
solo se producirán a partir de la notificación.”

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de obra del 9 de febrero de 2011 porque: (i) no realizó las apropiaciones
presupuestales necesarias para soportar el pago de la elaboración de los diseños y
la ejecución de las obras de rehabilitación sobre el puente Agudelo, que se
convinieron mediante acuerdos modificatorios Nos. 2 y 5 del 10 de febrero del 2011
y del 24 de noviembre de 2011, respectivamente; y (ii) no pagó las cantidades de
obra y las actividades que fueron instrumentadas a través de las actas parciales de
obra Nos. 2 a 5 y de las 4 facturas de venta, a pesar de que tenía la obligación de
hacerlo —ello sin perjuicio de lo que se dirá en el acápite sobre liquidación del
contrato de obra en relación con la compensación que operará a partir de la
liquidación entre el valor entregado a título de anticipo por el Municipio y el valor
agregado de las actas parciales de obra—.

Las causas que motivaron la suspensión del contrato de obra pública

55. El Consorcio pretende que se declare que las causas que condujeron a la
suscripción del acta de suspensión No. 2 son imputables al Municipio y que, en tal
virtud, se lo condene al pago de los daños y perjuicios —pretensiones terceras,
declarativas y de condena—. Concretamente, afirmó que la suspensión indefinida
del contrato significó la imposibilidad de obtener las utilidades originalmente
proyectadas, impidió emplear en la obra los materiales previamente adquiridos y
comportó la imposibilidad de culminar las obras parciales que comenzó a ejecutar
antes de la suspensión del contrato112. Afirmó que dichos perjuicios económicos
deben serle indemnizados, en la medida en que la falta de recursos para atender el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública que
condujo a la necesidad de suspenderlo es atribuible al demandado.

56. Para resolver este punto de la apelación, es pertinente detenerse en el
contexto en el que se suscribió el acta de suspensión No. 2 y los alcances que este
acuerdo tuvo, y en aspectos tales como el carácter vinculante de este tipo de
convenciones, en el principio de buena fe que debe guiar las negociaciones entre
las partes y las consecuencias que de ellas se derivan, aspectos sobre los cuales
esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse113, en los términos que a
continuación se reiteran.

57. El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las
partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio,
artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no
sometidos a la Ley 80 de 1993. Con fundamento en esos postulados, la
jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que son improcedentes las
reclamaciones que se fundan en acuerdos contractuales relacionados con
prórrogas y suspensiones del plazo de ejecución del negocio jurídico estatal si, al
tiempo de suscribirlos, el contratista no manifestó salvedades para conservar su
derecho a pedir el pago de los costos y gastos que la ampliación o suspensión
pudieron representarle.

58. Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección ha precisado que no se trata de
“[…] incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad,
112 Folios 28 a 35, cuaderno 1.
113 La más reciente que puede consultarse es la sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P. José Roberto

Sáchica Méndez, Exp. 47.779.

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sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y
de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes
correspondientes”114. En reciente oportunidad115, esta Subsección señaló que, en
definitiva, el hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las
partes suscriben para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez
del estudio de fondo de la reclamación. Así, para determinar si es procedente
ordenar el pago de la indemnización o compensación, se debe analizar cuál fue el
motivo que indujo la suscripción de la suspensión o del acuerdo modificatorio —
como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la materialización de
riesgos asumidos por una parte— y el contenido de los arreglos que las partes
alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones
y con su objeto. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los
contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan imprósperas, ya porque
desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon
los asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación
tenía el deber de hablar —expresar reservas o salvedades— pues la ley, el contrato
o el principio de buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de
la ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas116.

59. Sobre la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, adicionales,
de suspensión o prórroga de los contratos, como expresión del criterio de
oportunidad, esta Subsección precisó que cuando la reclamación de perjuicios tiene
sustento en el incumplimiento contractual de la contraparte, la ausencia de salvedad
no tiene la virtualidad de purgar el desconocimiento del contenido obligacional que
se atribuye a la parte incumplida, a menos que, en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así se manifieste de manera expresa, a través de renuncias a las futuras
reclamaciones117. En todo caso, se puntualizó que sea cual fuere la causa de la
suscripción del acuerdo de prórroga, suspensión o adición ya sea que se hubiere
sustentado en un incumplimiento o en hechos exógenos a las partes, resultará
necesario revisar el alcance de tales acuerdos, en tanto pueden contener
verdaderas negociaciones vinculantes sobre sus efectos económicos, por lo que,
en virtud del principio de buena fe, se impondría dejar salvedades al respecto118.

60. En síntesis, aun si las causas que condujeron a la suspensión o prórroga del
plazo de ejecución del contrato son atribuibles a la entidad contratante119, el juez
debe analizar si las partes llegaron a acuerdos en relación con los efectos
económicos que dichas suspensiones o prórrogas pudieron tener de cara a sus
derechos patrimoniales pues, de ser este el caso, están en el deber de atenerse a
estos acuerdos, salvo que hayan introducido salvedades. En ausencia de tales
salvedades, y previo análisis del contexto de las negociaciones y de los deberes
emanados de la buena fe, tales reclamos devienen en improcedentes.

114 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2020. Exp. 64.701. C.P

Marta Nubia Velásquez Rico. Fundamento jurídico 5.2.3.
115 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Exp. 47.779.

C.P José Roberto Sáchica Méndez.
116 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Exp. 54.004.

C.P José Roberto Sáchica Méndez.
117 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 5 de febrero de

2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 4 de marzo de

2022, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (aprobada, pendiente de notificación).
119 En ese sentido ver: sentencia proferida por esta Subsección el 7 de mayo de 2021, Exp. 43.055.

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61. Por lo anterior, en salvaguarda del principio de normatividad de los contratos
y de la buena fe, se hace necesario analizar cuál fue el contenido de las
negociaciones que desembocaron en la suscripción del acta de suspensión No. 2,
de modo de dilucidar si las partes ya regularon los efectos económicos que se
derivaron de dicha suspensión y, por ende, resolvieron la procedencia del
reconocimiento de las reclamaciones que ahora se hacen por vía judicial.

62. El 18 de mayo de 2012, las partes suscribieron el acta No. 2 mediante la cual
suspendieron el contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011. En el documento
se consignaron las siguientes consideraciones:

62.1. Invocaron la celebración del convenio No. 1696 del 2010 suscrito entre el
INVIAS y el Municipio y del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011 entre
el Municipio y el Consorcio —consideraciones primera y segunda—; destacaron
que, en la cláusula séptima del contrato de obra, las partes pactaron que su valor
se pagaría en dos partes iguales, un primer 50% del valor a título de anticipo y el
segundo 50% con cargo a las actas parciales que se suscribieran a medida que se
avanzara en la ejecución —consideración tercera—120.

62.2. En el punto cuarto de las consideraciones manifestaron que:

“4. En estricto cumplimiento de lo previsto [en el contrato], el Municipio hizo
efectivo el pago del anticipo, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula en cita
[la cláusula séptima], así como del Acta Parcial No. 001; sin embargo, no ha
podido cancelar las parciales No. 002, 003 y 004 a pesar de estar en la
obligación contractual de hacerlo, en razón a que el INVIAS no ha girado
valor [sic] restante del convenio suscrito con el municipio”121. (énfasis agregado)

62.3. En las consideraciones quinta y sexta, las partes manifestaron que, a esa
fecha, el contrato se había ejecutado en un 46,35% pero que “el municipio está en
la imposibilidad temporal de generar el pago de las actas facturadas, hasta tanto no
se concrete el giro de los recursos por parte del INVIAS”122. Agregaron que:

“el incumplimiento del INVIAS ha imposibilitado que la administración
municipal pueda atender los compromisos económicos adquiridos con el
contratista, situación que afecta notoriamente la continuidad de la
ejecución del objeto contractual, ante la ausencia de flujo de caja para
atender el pago de las obras ejecutadas y las restantes por realizar, de ahí
que sea necesario, en vista de no observarse una solución pronta a esta
situación, que las partes adoptemos de común acuerdo medidas que
permitan garantizar la debida ejecución del contrato y no profundizar la
afectación del equilibrio económico del mismo”123 (énfasis agregado).

62.4. Además, que “continuar con la ejecución del contrato en estos momentos no
solo haría más gravosa la situación para las partes, sino que hará más cuantioso el
desequilibrio contractual que se está configurando ante la imposibilidad de pago en
que se encuentra el municipio […]”124 —consideración séptima—. En mérito de lo

120 Folio 47, cuaderno 2.
121 Folios 47 y 48, cuaderno 2.
122 Folio 48, cuaderno 2.
123 Folio 48, cuaderno 2.
124 Folio 48, cuaderno 2.

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anterior, las partes convinieron en la “suspensión del contrato”125 que “regirá a
partir de la fecha de suscripción de este documento y se extenderá hasta tanto
el Municipio de Honda, en calidad de entidad contratante, supere la
problemática con el INVIAS que ha provocado la desfinanciación del proyecto”126
(énfasis agregado).

62.5. En señal de aprobación, los representantes legales del Municipio y del
Consorcio, así como el interventor, suscribieron el acta sin modificar aspecto alguno
del contrato de obra y sin introducir salvedad o medida adicional.

63. Del análisis del contenido del acta de suspensión No. 2 la Sala puede inferir
que:

(i) El alcance de este acuerdo no se refirió únicamente al plazo de ejecución o a una
determinada obligación emanada del contrato, sino que las cobijó a todas,
incluyendo las de pago que no estuvieran vencidas. En este punto, resulta necesario
precisar que, si bien la suspensión se justificó en la falta de recursos para pagar las
actas Nos. 2 a 4 y todas las demás que se generaran si el negocio jurídico se
continuaba ejecutado, lo cierto es que las partes no acordaron que, respecto de las
obligaciones que ya se habían hecho exigibles, esto es, las referidas a las actas
Nos. 2 y 3, no se seguirían causando intereses de mora. Como se verá, en este
acuerdo las partes no negociaron los efectos económicos derivados de la
suspensión. Además, en lo que a estas actas concierne, no puede aplicarse lo
dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 829 del Código de Comercio respecto
del plazo de gracia que se pueden conceder las partes y que se entiende como
prórroga del término pactado para el cumplimiento de la obligación, en la medida
que, según esa norma, esos acuerdos se predican respecto de obligaciones cuyo
plazo suspensivo aún no ha fenecido. Se reitera que frente al acta No. 4 la situación
es diferente, porque al haberse presentado en vigencia de la suspensión, el plazo
pactado para el pago no empezó a correr.

(ii) Las partes acordaron suspender el contrato de obra hasta tanto el Municipio
lograra que el INVIAS girara los recursos del convenio No. 1696 de 2010, debido a
que el proyecto se vio gravemente afectado por la falta de esos recursos.

(iii) Las partes adoptaron la decisión de suspender el contrato para impedir el
agravamiento de la situación en la que se encontraban —particularmente el
Consorcio— por la falta de recursos asociados a la ejecución del objeto contractual.

(iv) Las partes acordaron adoptar medidas para evitar la profundización del
“desequilibrio económico” pero en este acuerdo no precisaron cuáles serían dichas
medidas.

(v) El levantamiento de la suspensión pendía de que el Municipio “superara la
problemática con el INVIAS”.

125 Folio 48, cuaderno 2.
126 Folio 48, cuaderno 2.

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64. Con base en lo anterior, la Sala concluye que en la referida acta no se
regularon los efectos económicos que se seguirían de la suspensión, en la medida
en que las partes defirieron esta negociación a un momento ulterior cuando
acordaran las medidas para conjurar la afectación causada por la falta de recursos
provenientes del INVIAS. En este contexto, el acuerdo tan solo versó sobre la
suspensión del contrato en tanto medida de mitigación ante la ausencia de
desembolso de los recursos del INVIAS, pero no acordaron cuáles serían sus
efectos de cara a sus derechos patrimoniales. En tal virtud, el hecho de que el
Consorcio no formulara salvedades frente a lo acordado en dicha suspensión no
puede tenerse como un elemento relevante que haga improcedente su reclamo de
ser indemnizado por los perjuicios que este pudo sufrir.

65. Así, dado que, de una parte, el acuerdo no versó sobre los efectos
económicos de la suspensión y, de otra, el Consorcio lo suscribió con la esperanza
de que el contrato se siguiera ejecutando si el Municipio conseguía los recursos del
INVIAS —lo cual era completamente ajeno a su voluntad pues este era un hecho
del resorte exclusivo del Municipio, que era la parte del convenio No. 1696 de
2010—, se concluye que el hecho de que el demandante no hubiera consignado
ninguna manifestación en relación con los efectos económicos de ese acuerdo de
cara a sus intereses patrimoniales no puede leerse como una afrenta al deber de
conducta emanado de la buena fe. En este mismo sentido, se precisa que fue solo
después de varios meses que el Consorcio, al tener noticia sobre la terminación del
referido convenio, le solicitó al Municipio, a través de comunicación del 15 de
noviembre de 2012 —recibida por el 21 de noviembre— que se terminara el contrato
por mutuo acuerdo, dado que el negocio jurídico no podía quedar indefinidamente
suspendido. En dicha comunicación, se indicó:

“[el] Consorcio siempre ha actuado como un colaborador de la administración
[…] de ahí que este requerimiento no se efectúa con el ánimo de entablar un
contencioso de orden contractual, sino con el exclusivo propósito de instar a la
entidad a que valore las circunstancias que impiden a esta poder continuar con
la ejecución del proyecto, habida cuenta que el mismo no puede permanecer
suspendido indefinidamente […]

Las partes suscribimos en el mes de mayo un acta de suspensión como
consecuencia del no pago de las obligaciones contempladas en las actas
parciales de obra No. 002, 003 y 004 argumentando que la imposibilidad del
municipio de honrar las obligaciones económicas causadas por la ejecución
contractual devenía por el no giro de los recursos por parte del INVIAS […]

Sin embargo, ante la terminación del convenio interadministrativo en cita
con ocasión del vencimiento del plazo del mismo el día 30 de junio del año
en curso, la situación impide pagar las actas de avance de obra
presentadas al municipio, así como aquellas que surgirían como
consecuencia de la continuación de las mismas, se ratifica, sin que esta
pueda ser resuelta por la administración municipal por mucho tiempo más
que el contrato continúe suspendido ante la inexorable extinción del
convenio que permitía financiar la ejecución de nuestro contrato,
situación que conduce al ente territorial a no poder con la ejecución del
contrato y por ende darlo por terminado de común acuerdo con el
contratista, previa definición los [sic] eventuales desequilibrios

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económicos que llegaren a existir como consecuencia de la suspensión
[…]”127 (énfasis agregado)

66. Como se evidencia, el Consorcio se mostró abierto a continuar con la
ejecución del contrato y estuvo a la espera de que el Municipio gestionara el giro de
los recursos ante el INVIAS para poder continuar con el proyecto. Sin embargo, ante
la noticia de que el convenio había terminado por expiración de su plazo, solicitó su
terminación de mutuo acuerdo, junto con el reconocimiento de los sobrecostos
relacionados con la suspensión del contrato, esto es, junto con los efectos
económicos que se derivaron de dicha suspensión, los cuales, se insiste, no fueron
negociados y convenidos en el acta de suspensión No. 2 del 18 de mayo de 2012.

67. Definido lo anterior, corresponde determinar si las causas de la suspensión
son imputables al Municipio, para establecer si debe correr con los efectos
económicos derivados de su ocurrencia, distinto a los regulados en el acto que se
acordó la suspensión. Para la Sala no hay duda de que la respuesta es afirmativa,
con fundamento en las razones que a continuación se desarrollan:

67.1. En primer lugar, y sin perjuicio de lo que se señalará en el siguiente acápite
en relación con la duración de la suspensión, se reitera que el contrato de obra
pública suscrito entre el Municipio y el Consorcio es un negocio jurídico autónomo
del convenio No. 1696 de 2010 suscrito ente el INVIAS y el Municipio. Entre ambos
negocios jurídicos, si bien pudo existir una relación genética en el sentido de que la
suscripción del convenio permitió la celebración del contrato de obra pública, no
puede deducirse que de esta relación el Consorcio tuviera que soportar los
eventuales incumplimientos del INVIAS o del Municipio relacionados con el
convenio No. 1696 de 2010. Por el contrario, el Municipio se obligó, en los términos
de las cláusulas séptima y décima del contrato, a pagar las actas parciales de obra
al Consorcio, sin que dicha obligación pendiera del giro efectivo de los recursos por
parte del INVIAS. En otras palabras, el contrato de obra pública es un contrato
principal y autónomo cuyas obligaciones no dependían para su nacimiento o
exigibilidad de lo que ocurriera con el cumplimiento del otro convenio, mucho menos
de uno en el que el Consorcio no era parte ni adquirió derechos u obligaciones por
convención o norma alguna.

67.2. En segundo lugar, el aspecto relacionado con la responsabilidad por la
apropiación suficiente de recursos para respaldar el pago de las obligaciones
contraídas por un contrato, está asociado con el principio de planeación —artículo
25.13 de la Ley 80 de 1993—. Conforme a este mandato, es la entidad contratante
la que está llamada a cumplir con las reglas sobre la suficiencia presupuestal para
respaldar el pago de sus obligaciones y no el contratista, que es ajeno a estos
trámites, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Subsección128. Dado
que en el caso sub judice ya se concluyó que el Municipio incumplió con sus
obligaciones relacionadas con la apropiación de recursos para atender cabalmente
sus obligaciones contractuales, es evidente que dicha entidad contratante es la que
está llamada a soportar los efectos derivados de su incumplimiento.

127 Folios 46 y 47 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a

folio 303 del cuaderno 1.
128 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 9 de abril de

2021, Exp. 50.371, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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67.3. En este orden de ideas, la Sala concluye que las causas que desembocaron
en la necesidad de suspender el contrato de obra por falta de recursos son
exclusivamente imputables al Municipio y no al Consorcio. Por ende, concederá la
pretensión tercera declarativa en la parte resolutiva.

La terminación del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011

68. Como se señaló al fijar el objeto de la apelación, de los antecedentes se
desprende que el Tribunal, antes de llevar a cabo la liquidación judicial del contrato
de obra, señaló que este terminó el 27 de mayo de 2012 por expiración del plazo
convenido en el otrosí No. 6 del 26 de marzo de 2012. Sin embargo, y pese a que
las partes no formularon razones de disenso contra este aspecto, la Sala debe
detenerse a revisar este aspecto en tanto la duración de la suspensión y la
terminación del contrato es un asunto íntimamente ligado al análisis de las
pretensiones que se estudiarán en el siguiente acápite.

69. De conformidad con la cláusula décima tercera del contrato, el plazo de
ejecución originalmente convenido fue de cinco meses contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, de los cuales un mes estuvo destinado a la
elaboración de los diseños, un mes para su aprobación por parte del Municipio y
tres meses para la ejecución de las obras129. Sin embargo, como las partes
ampliaron el objeto del contrato mediante la inclusión de obras de rehabilitación del
puente Agudelo, a través de otrosíes Nos. 2 del 10 de febrero de 2011, 4 del 9 de
septiembre de 2011, 5 del 24 de noviembre de 2011 y 6 del 26 de marzo de 2011,
acordaron prorrogar el plazo de ejecución en ocho meses y medio adicionales —un
mes para la elaboración de los diseños y el tiempo restante para la ejecución de las
obras—130. El acta de inicio se suscribió el 12 de abril de 2011131, por lo cual los
cinco meses originales más los ocho meses y medio adicionales para ejecutar el
objeto del contrato vencían el 27 de mayo de 2012.

70. Debe tenerse en cuenta también que el 22 de diciembre de 2010, las partes
suscribieron el acta No. 1 a través de la cual suspendieron el plazo de ejecución del
contrato de obra desde el 22 de diciembre de 2010 hasta el 10 de enero de 2011,
ambas fechas inclusive132. Así, con la anotada suspensión, el plazo de ejecución
del contrato vencía el 16 de junio de 2012.

71. El 18 de mayo de 2012 las partes suscribieron el acta No. 2 mediante la cual
suspendieron el contrato señalando que esa medida “regirá a partir de la fecha de
suscripción de este documento y se extenderá hasta tanto el Municipio de
Honda, en calidad de entidad contratante, supere la problemática con el
INVIAS que ha provocado la desfinanciación del proyecto”133 (énfasis agregado). El
alcance de este acuerdo debe interpretarse a la luz de la real intención de las partes
y revisarse de conformidad con las finalidades que se persiguen a través de la

129 Folio 27, cuaderno 2.
130 Folios 38 a 42, cuaderno 2.
131 Folio 43, cuaderno 2.
132 Folios 44 y 45, cuaderno 2.
133 Folio 48, cuaderno 2.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

suspensión del contrato estatal en concordancia con las normas que rigen las
obligaciones condicionales en el Código Civil.

72. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la suspensión es una
medida excepcional que las partes de un contrato estatal pueden adoptar ante la
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, de
circunstancias que impidan temporalmente ejecutar las obligaciones derivadas de
dicho contrato. Sin embargo, las suspensiones son, por antonomasia, medidas
temporales que no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo porque, de lo
contrario, se deja al contrato estatal en un limbo de inejecución sin la concreción de
las situaciones jurídicas. Por esto se ha exigido que las suspensiones del contrato
estatal estén sujetas a plazo o condición, de modo que se pueda determinar a
ciencia cierta cuándo se reanuda. En sentencia del 28 de abril de 2010 (Exp.
16.431), esta Corporación dijo:

“En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida
excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución
temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la
misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento
de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión
no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una
medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de
necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este
durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero
sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes.”134
(énfasis agregado)

73. En el caso del acta No. 2 del 18 de mayo de 2012, lo que se evidencia es
que la condición a la que se sujetó la reanudación del contrato fue mixta porque, en
los términos del artículo 1534 del Código Civil135, el hecho futuro e incierto de que
se aseguraran los recursos para financiar la ejecución del contrato de obra dependía
de la voluntad del Municipio, que debía gestionarlos ante el INVIAS, y de un tercero
—el INVIAS— que era la fuente de pago de los recursos.
74. Este tipo de condiciones mixtas son válidas en el derecho colombiano y su
ocurrencia debe ser analizada a la luz de los hechos y de la posibilidad de su
realización. En este caso, la condición debe tenerse por fallida porque, en los
términos de los artículos 1537 y 1539 del Código Civil136, el acontecimiento positivo
del que pendía la reanudación del contrato —la consecución de los recursos por
parte del INVIAS con cargo al convenio No. 1696 de 2010— se hizo imposible, en
la medida en que el convenio No. 1696 de 2019 terminó por expiración de su plazo,
por lo que los recursos para ejecutar el proyecto ya no podrían ser asegurados con
cargo a esta fuente.

134 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de abril de 2010, C.P. Enrique Gil

Botero, Exp. 16.431.
135 Artículo 1534, Código Civil: “Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del

deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso; mixta la que en parte depende de
la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.”
136 Artículo 1537, Código Civil: “Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la

misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles […]”
Artículo 1539, Código Civil: “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa,
cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado
el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado.”

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75. En efecto, según los documentos que obran en el expediente, el plazo de
ejecución del convenio No. 1696 del 31 de diciembre de 2010, tras sus tres
prórrogas y suspensiones137, venció el 30 de junio de 2012, en los términos de la
cláusula segunda de la prórroga No. 3 del 14 de diciembre de 2011138. En este orden
de ideas, a partir del 30 de junio de 2012, la relación jurídica entre el INVIAS y el
Municipio terminó, motivo por el cual los recursos necesarios para la ejecución del
contrato de obra pública ya no iban a encontrar su fuente en ese negocio fenecido.

76. Así, dado que la condición de la que pendía la reanudación del contrato falló
al vencer el 30 de junio de 2012 con la terminación del convenio No. 1696 de 2010,
surge la pregunta sobre si este hecho debe dar lugar a afirmar que la suspensión
del contrato de obra se prolongó indefinidamente. Para la Sala, la respuesta es
negativa, en la medida en que, por una parte, como ya se dijo, la suspensión del
contrato estatal es por definición temporal y, por la otra, la intención de las partes al
suscribir el acta No. 2 consistió en el reconocimiento de que, si no se lograban
conseguir los recursos con cargo al convenio del INVIAS, iba a ser imposible
continuar con la ejecución del contrato, por lo que, en ese evento, debe entenderse,
el contrato se terminaba por imposibilidad de su ejecución y se debía dar paso a su
liquidación.

77. En efecto, al suscribir el acta No. 2 del 18 de mayo de 2012, las partes
manifestaron que “el incumplimiento del INVIAS ha imposibilitado que la
administración municipal pueda atender los compromisos económicos adquiridos
con el contratista, situación que afecta notoriamente la continuidad de la ejecución
del objeto contractual, ante la ausencia de flujo de caja para atender el pago de las
obras ejecutadas y las restantes por realizar […]”139, de lo que se sigue que aun
cuando no expresaron literalmente que si el Municipio no lograba asegurar los
recursos con cargo al convenio suscrito con el INVIAS el contrato de obra se
terminaría debido a la imposibilidad de terminar el proyecto, esta fue su real
intención.

78. Al respecto, vale destacar que, de conformidad con el artículo 1618 del
Código Civil “[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a
ella más que a lo literal de las palabras”. En este caso la real intención de las partes
en ese sentido no solo se evidencia del propio texto del acta No. 2, sino que se
corrobora a partir de los siguientes elementos de juicio: (i) mediante comunicación
del 15 de noviembre de 2012 —documento ya citado en extenso en el acápite
anterior—, el Consorcio le manifestó al Municipio que procedieran a liquidar el
contrato en vista de que el objeto no se podría terminar; (ii) mediante oficio No. 4751
del 30 de abril de 2013, el Municipio citó al Consorcio para llevar a cabo la
liquidación del contrato140; y (iii) a través de oficio No. 7971 del 6 de febrero de 2014,
el Municipio le reiteró la misma solicitud al Consorcio141.

137 En el expediente solo obran dos prórrogas al convenio (las 2 y 3) pero las actas de suspensión a las que se

hace referencia en las consideraciones de dichos documentos, no fueron aportadas.
138 Folio 17, cuaderno 2.
139 Folio 48, cuaderno 2, énfasis agregado.
140 Folio 64 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
141 Folio 75 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.

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79. En verdad, de los anteriores documentos se colige que, ante la terminación
del convenio No. 1696 de 2010 y dada la imposibilidad de asegurar los recursos
para culminar el objeto contractual, ambas partes sabían que el contrato había
terminado por carencia de los recursos necesarios para culminar su ejecución; por
tanto, tan solo se limitaron a concentrarse en la liquidación del negocio jurídico. Así
las cosas, la Sala estima que ante la imposibilidad de la ocurrencia de la condición
fijada en el acta No. 2 y ante la verdadera extensión de la intención de las partes
vertida en ese mismo acuerdo, el contrato terminó el 1º de julio de 2012, esto es, al
día siguiente de la fecha en la que expiró por vencimiento del plazo el convenio
suscrito entre el INVIAS y el Municipio.

80. A manera de colofón, la Sala destaca que esta interpretación no solo se
aviene a la real intención de las partes sino que también se ciñe a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar a las suspensiones del contrato
estatal, porque una interpretación en sentido contrario, según la cual el fallo de la
condición significa la prolongación indefinida de la suspensión atenta contra la
finalidad de esta figura, que no es otra que la de procurar mitigar temporalmente los
efectos de la imposibilidad sobrevenida de ejecutar el contrato.

Análisis de las pretensiones de condena – indemnización de perjuicios a
cargo del Municipio

81. Tal y como se señaló al fijar el objeto de la apelación, el Consorcio pretende
que se condene al Municipio a pagarle todos los perjuicios relacionados con los
incumplimientos en que incurrió, en particular: (i) los intereses moratorios causados
a partir del vencimiento de los 30 días después de las respectivas presentaciones
de las actas de obra parcial Nos. 2 a 5; (ii) los costos asociados a la ejecución de
las obras parciales que debieron ser interrumpidas con ocasión de la suspensión
del contrato; (iii) el lucro cesante consistente en la utilidad esperada por la ejecución
del objeto contractual cuya obtención se frustró por la parálisis de la ejecución del
proyecto; (iv) los costos asociados al mayor valor que el Consorcio pagó por
concepto de impuestos y pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, y (v) la compra de materiales que no pudieron emplearse en la
obra.

82. Del análisis de estos reclamos, se evidencia que algunos de estos perjuicios
están asociados a incumplimientos en que incurrió el Municipio antes de la
suspensión del plazo de ejecución del contrato —como los intereses de mora que
pretende sobre los valores de las actas parciales de obra—, mientras que los demás
están asociados a la imposibilidad sobreviniente de seguir ejecutando el contrato
como consecuencia de la suspensión del contrato y la imposibilidad de su
reanudación. Por ende, para mayor claridad conceptual, se analizarán en ese
mismo orden.

1. Perjuicios asociados al incumplimiento en el pago de las actas
parciales de obra Nos. 2 a 5 – intereses moratorios.

83. Para abordar este aspecto de la apelación, la Sala debe retomar la distinción
entre exigibilidad y mora, pues son nociones diferentes. La primera se predica de
las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo,

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porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron 142. La mora,
en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la
obligación y para constituir en ella al deudor se requiere, como regla general, la
reconvención del acreedor, salvo las excepciones previstas en la ley.

84. El numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil exige una reconvención o
requerimiento judicial del acreedor para el cumplimiento de la obligación, que es
una interpelación judicial para que el deudor ejecute la prestación exigible que se
comprometió a dar o hacer. Los dos primeros numerales de esa disposición
establecen excepciones a la reconvención judicial para la constitución en mora: el
primero se refiere a la hipótesis de que se haya estipulado plazo para el
cumplimiento de la obligación y el segundo a que la obligación no haya podido ser
cumplida sino dentro de cierto tiempo que el deudor dejó pasar. El numeral segundo
del artículo 1617 ibídem, que regula los perjuicios por la mora en el cumplimiento
de obligaciones dinerarias, no contempla una regla diferente, aunque aclara que el
acreedor insatisfecho “no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra
intereses; basta el hecho del retardo [mora]”.

85. A partir de este horizonte conceptual, y como ya se concluyó en los párrafos
43, 52 y 53, que el Municipio incumplió con sus obligaciones dinerarias por el no
pago de las actas parciales Nos. 2 a 5, corresponde determinar si respecto de ellas
incurrió en mora.

86. Como se analizó en el párrafo 43 de esta providencia, el plazo de 30 días
calendario previsto en la Sección III de las condiciones del contrato en concordancia
con su cláusula séptima143, es un plazo suspensivo cuyo vencimiento dio lugar a la
exigibilidad de la obligación dineraria surgida en cabeza del Municipio con ocasión
de la presentación de las respectivas facturas soportadas en las actas parciales de
obra avaladas por la interventoría. Este plazo corrió contra la presentación de las
facturas Nos. 2 a 4 soportadas en las actas parciales de obra Nos. 2 a 4, sin que el
Municipio pagara ninguna de ellas, por lo cual se constituyó en mora al vencimiento
de los anotados 30 días calendario respecto de cada factura.
87. Por otra parte, como se señaló en los párrafos 52 y 53 de esta providencia,
en el caso de la obligación surgida con ocasión del acta parcial No. 5, los 30 días
referidos no corrieron para hacer exigible la obligación dineraria a cargo del
Municipio en tanto en cuanto el Consorcio no le presentó una factura como soporte
de las cantidades de obra ejecutadas, como era su deber hacerlo de conformidad
con el artículo 615 del Estatuto Tributario. De esta manera, la exigibilidad de la
obligación coincide con la constitución en mora del Municipio, la cual se hizo
efectiva a partir de la reconvención judicial, esto es, a partir de la notificación del
auto admisorio de la demanda el 30 de septiembre de 2014.

88. Las respectivas fechas de constitución en mora, a partir de la cual se
calcularán los intereses moratorios a favor del Consorcio se muestran en la
siguiente tabla resumen:

142 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de julio de 1995, Exp. 4540. M.P.

Pedro Lafont Pianetta.
143 Folio 26, cuaderno 2.

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Factura Valor de la Acta Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
(No. y factura144 parcial de presentación aceptación pago constitución
fecha) soporte al Municipio Municipio145 en mora
No. 1 del $171’096.753 Acta parcial 21 de 27 de 27 de N/A
16 de No. 1 de septiembre de septiembre septiembre
septiembre septiembre 2011148 de 2011 de 2011149
de 2011146 de 2011147
No. 2 del $102’581.199 Acta parcial 18 de 28 de No se pagó 18 de
15 de No. 2 de noviembre de noviembre diciembre de
noviembre noviembre 2011152 de 2011 2011
de 2011150 de 2011151
No. 3 del $98’116.505 Acta parcial 22 de 1º de enero No se pagó 21 de enero
19 de No. 3 de diciembre de de 2012 de 2012
diciembre noviembre 2011155
de 2011153 de 2011154
No. 4 del $268’981.296 Acta parcial 25 de mayo 4 de junio de No se pagó 30 de julio
18 de mayo No. 4 de de 2012 2012 de 2012
de 2012156 mayo de
2012157
No se N/A Acta parcial 12 de julio de N/A No se pagó 30 de
presentó No. 5 de 2013 septiembre
factura abril de de 2014
2012158

89. Vale resaltar que todas las facturas analizadas cumplen cabalmente con los
requisitos establecidos los artículos 3º de la Ley 1231 de 2008159 y 617 del Estatuto

144 Este valor es el resultado de la sumatoria de las actividades ejecutadas menos la suma por amortización del

anticipo.
145 El Municipio no devolvió ninguna de las facturas por no estar de acuerdo con su contenido, por lo que se

aplica el término de aceptación ficta establecido en el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, que establece que:
“[…] La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no
reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de
despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los
diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio
no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla,
deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento
[…]”
146 Folio 236, cuaderno 5.
147 Folios 237 a 242, cuaderno 5.
148 Folio 237 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.
149 Folio 280 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.
150 Folio 299 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.
151 Folios 302 y 303 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
152 Folio 298 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio 303

del cuaderno 1.
153
Folio 78, cuaderno 2.
154 Folios 79 y 80, cuaderno 2.
155 Folio 78, cuaderno 2.
156 Folio 87, cuaderno 2.
157 Folios 375 y 376 del documento titulado “CONTRATO OBRA P 201120150303_0517”, CD 3 que obra a folio

303 del cuaderno 1.
158 Folios 67 a 69 del documento titulado “CONTRATO OBRA P (2PARTE)20150303_0518”, CD 3 que obra a

folio 303 del cuaderno 1.
159 Artículo 3º, Ley 1231 de 2008: “Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos

señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en
la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario
siguientes a la emisión. 2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma
de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. 3. El emisor vendedor o prestador
del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración
y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya
transferido la factura. No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos,
no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura. […]”

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Tributario160, porque: (i) se denominaron expresamente “facturas de venta”; (ii)
incluyeron la identificación de quien presta el servicio —Consorcio Puentes
Tolima— y de quien los adquirió —el municipio de Honda—; (iii) se identificó con un
número y se precisó su fecha; (iv) se incluyó el valor de la operación, y (v) contiene
la fecha de recibo de la respectiva factura por parte del Municipio.

90. En relación con la tasa de interés con base en la cual se calcularán los
intereses moratorios, la Sección III de las condiciones del contrato estableció lo
siguiente:

“Si pasados treinta (30) días calendario no se ha realizado el respectivo
desembolso por parte del MUNICIPIO, este reconocerá un interés moratorio al
CONTRATISTA equivalente al doble del interés legal civil por cada mes de
atraso o proporcionalmente, según el caso”161

91. Esta estipulación, por lo que atañe a la tasa de interés moratorio, coincide
con el texto de la norma consagrada en el numeral octavo del artículo 4º de la Ley
80 de 1993 conforme a la cual “[s]in perjuicio de la actualización o revisión de
precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”. De
conformidad con el artículo 1617 del Código Civil, el interés legal anual se fija en el
6%, por lo que la tasa de intereses moratorios pactada en el contrato —en línea
con la Ley 80 de 1993— fue del 12% anual calculado sobre el valor actualizado de
la obligación.

92. Con base en todo lo anterior, se concluye que el Municipio incurrió en mora
en el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en las facturas Nos. 2 y 3 que
le presentó el Consorcio para su pago, a partir del vencimiento de los 30 días
calendario siguientes a dicha presentación, por lo cual el demandado será
condenado a pagar los intereses moratorios sobre sus respectivos valores
actualizados a partir del 18 de diciembre de 2011 y 21 de enero de 2012,
respectivamente, en los términos que más abajo se detallan.

93. Se reitera que algunos de los intereses moratorios se causaron durante el
periodo en que permaneció suspendido el contrato por efecto del acta No. 2 del 18
de mayo de 2012 debido a que, a pesar de esta suspensión, las facturas Nos. 2 y 3
ya se encontraban vencidas por lo cual resulta inaplicable el parágrafo del artículo
829 del Código de Comercio a cuyo tenor “[l]os plazos de gracia concedidos
mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se
entenderán como prórroga del mismo”162.

160 Artículo 617, Estatuto Tributario: “Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo

615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: a. Estar denominada
expresamente como factura de venta. b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio. c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado. d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
de facturas de venta. e. Fecha de su expedición. f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos
o servicios prestados. g. Valor total de la operación. h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la
factura. i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. […].”
161 Folio 45, cuaderno 5.
162 De conformidad con el primer inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 “[l]os contratos que celebren las

entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.” Dado que los plazos asociados
al cumplimiento de las obligaciones dinerarias no están regulados en las leyes especiales, en esta materia
resulta aplicable el Código de Comercio.

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94. En el caso de la factura No. 4 del 18 de mayo de 2012, como se señaló en
los párrafos 43.2 y 43.3, la obligación de pago a cargo del Municipio surgió con
ocasión de la suscripción del acta parcial No. 4 en que se soportó dicha factura,
pero tan solo se hizo exigible a partir del 30 de julio de 2012, esto es, al vencimiento
de los 30 días calendario siguientes a la cesación de los efectos de la suspensión
del contrato acordada a través del acta No. 2. Por ende, a partir de esta fecha se
liquidarán y calcularán los intereses moratorios que deberá pagarle el Municipio al
Consorcio.

95. Por último, en el caso del acta parcial No. 5, ya se señaló que los intereses
moratorios serán calculados a partir del 30 de septiembre de 2014, esto es, a partir
de la notificación del auto admisorio de la demanda. Para liquidar el valor sobre el
cual se calculará la actualización monetaria y luego los intereses moratorios, vale
señalar que el valor del acta parcial de obra No. 5 fue de $106’946.431,86, por lo
cual, tras la amortización del anticipo —50% sobre su valor total—, la obligación de
pago a cargo del Municipio era del $53’473.215163.

96. Ahora bien, para liquidar los intereses moratorios, el demandante se valió del
dictamen pericial rendido el 7 de abril de 2015 por el perito contador Freddy
Mauricio, en el cual se calcularon los intereses moratorios causados con corte a esa
fecha. Según el perito, el valor de dichos intereses era $155’249.592,60 164, suma
que fue calculada solamente sobre el valor de las actas parciales de obra Nos. 2 a
4. Para llegar a esta conclusión, el perito actualizó el valor histórico del capital
consignado en cada acta y sobre este valor aplicó la tasa pactada equivalente al
doble del interés legal civil anual —12%—, o proporcional según el tiempo
transcurrido165. Sin embargo, el perito calculó el momento de la causación de los
intereses moratorios a partir de la presentación de la respectiva acta, lo cual, como
ya se anotó, no tiene asidero jurídico en la medida en que el contrato estableció un
plazo de 30 días para pagar las facturas soportadas en las respectivas actas
parciales de obra. Por ende, sus conclusiones no serán tenidas en cuenta a efectos
de establecer el valor de la condena.

97. En este caso, la condena por concepto de intereses moratorios, se calculará
de la siguiente manera: (i) el valor histórico de la respectiva obligación dineraria será
actualizada conforme la fórmula Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final
[diciembre 2011 a 2021 según el año a que corresponda el periodo para calcular
intereses] o [IPC final febrero 2022 que es el que corresponde al último dato de
inflación antes de la sentencia] / IPC inicial (fecha de constitución en mora)]; (ii)
sobre el valor actualizado de cada obligación dineraria se calculará el interés
moratorio conforme la tasa prevista en la Sección III de las condiciones del contrato,
esto es, el doble de la tasa de interés legal civil anual —o proporcional si es por un
periodo menor a un año—.

163 Ver también dictamen pericial rendido el 7 de abril de 2015 por el perito contador Freddy Mauricio Bastidas

Ortiz, folio 171, cuaderno 4.
164 Folio 170, cuaderno 4.
165 Ver ejercicio a folio 144, cuaderno 4.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

97.1. Respecto de la factura de venta No. 2 del 15 de noviembre de 2011 por
$102’581.199, los intereses moratorios ascienden a $155’166.620,39, como se
evidencia de la siguiente operación:

i. El valor actualizado de la factura conforme la fórmula señalada, arroja el
siguiente resultado:

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

97.2. Respecto de la factura de venta No. 3 del 19 de diciembre de 2011 por
$98’116.505, los intereses moratorios ascienden a $146’227.745,11, en función de
la siguiente operación:

i. El valor actualizado de la factura conforme la fórmula señalada, arroja el
siguiente resultado:

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

97.3. Respecto de la factura de venta No. 4 del 18 de mayo de 2012 por
$268’981.296, los intereses moratorios ascienden a $379’054.168,27, como se
evidencia de la siguiente operación:

i. El valor actualizado de la factura conforme la fórmula señalada, arroja el
siguiente resultado:

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

97.4. Por último, respecto del valor del acta parcial No. 5 de abril de 2012 por
$53’473.215, los intereses moratorios ascienden a $59’599.407,25, como se deriva
de la siguiente operación:

i. El valor actualizado del acta conforme la fórmula señalada, arroja el siguiente
resultado:

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

98. De conformidad con lo anterior, en la parte resolutiva, la Sala condenará al
Municipio a pagarle al Consorcio la suma de $740’047.941,02 a título de intereses
moratorios por el no pago de las actividades instrumentadas en las facturas de venta
Nos. 2 a 4 y en el acta parcial de obra No. 5, conforme el siguiente cuadro:

2. Perjuicios asociados a la imposibilidad de ejecutar el contrato
producto de la suspensión – lucro cesante

99. El Consorcio pretende que el Municipio le reconozca la utilidad proyectada
en la propuesta económica que no pudo obtenerse como consecuencia de la
imposibilidad de seguir ejecutando el contrato debido a la suspensión, en razón de
$61’466.886166. La Sala estima que este daño en la modalidad de lucro cesante es
cierto y personal y fue causado directamente como consecuencia de la frustración
de la posibilidad de continuar ejecutando el contrato atribuible al Municipio, por lo
que debe ser resarcido, por las razones que se pasan a desarrollar.

100. Como se anotó en el acápite anterior, las causas que condujeron a la
suscripción del acta No. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles a la conducta del
Municipio, el cual no se avino al cumplimiento de sus obligaciones, especialmente,
la de pagar las actividades ejecutadas por el Consorcio según las actas parciales
Nos. 2 a 5. Esta falta de recursos llegó al insostenible punto en el que el Consorcio,

166 Folio 34, cuaderno 1.

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Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

de manera concertada con el Municipio, tuvo que suspender la ejecución de las
actividades a la espera de que la entidad territorial gestionara el giro de los recursos
comprometidos por el INVIAS con cargo al convenio No. 1696 de 2010. Sin
embargo, la imposibilidad de obtener tales recursos terminó significando la
frustración absoluta y definitiva de la posibilidad de culminar el objeto contractual
dado que el convenio No. 1696 de 2010 terminó por expiración de su plazo sin que
el Municipio asegurara los recursos necesarios para terminar el proyecto.

101. Así las cosas, la Sala estima que se le debe reconocer al Consorcio las
utilidades dejadas de percibir por la ejecución del contrato, pues la imposibilidad de
continuar con su ejecución por el periodo que restaba para su terminación estuvo
determinada por la suspensión del contrato y, luego, porque con la terminación del
convenio No. 1696 de 2010 el 30 de junio de 2012 se frustró completamente la
posibilidad de terminar las obras contratadas.

102. Sin perjuicio del anterior aserto, el demandante no acreditó la cuantía de las
utilidades dejadas de percibir pues los elementos probatorios aportados para ese
efecto no brindan suficiente certeza. Se observa que el porcentaje de utilidad
pactado por las partes por la ejecución del contrato no está acreditado en el
expediente, esencialmente porque no se allegó la propuesta económica del
Consorcio. En efecto, como ya se señaló, el Municipio le remitió a HM Ingeniería
S.A.S, sociedad integrante del Consorcio, una invitación a presentar propuesta
técnica y económica el 4 de febrero de 2011, cuya respuesta no obra en el
expediente.

102.1. Además, ni en las condiciones del contrato que se anexaron a la invitación
del Municipio al Consorcio, ni en el propio contrato se hace alusión al porcentaje
que el Consorcio recibiría a título de utilidad por la ejecución del objeto contractual.
En la cláusula quinta del contrato de obra, tan solo se acordó el valor inicial del
contrato en $2.563’677.133167 pero no se señaló qué porcentaje de este valor era
atribuible al costo directo de la obra y cuál otro correspondía a AIU ni se señaló qué
porcentaje del costo directo de la obra estaba incluido como AIU.

102.2. A lo anterior se agrega que en ninguna de las actas parciales de obra —Nos.
1 a 5— se discrimina el porcentaje de AIU que le corresponde al valor consignado
en la respectiva acta, por lo cual, de los elementos que obran en el expediente no
es posible inferir cuál fue el porcentaje pactado a título de utilidad.

102.3. En el dictamen contable que rindió el perito contador Freddy Mauricio
Bastidas Ortiz el 7 de abril de 2015, se calculó la utilidad que el Consorcio dejó de
percibir por la suspensión indefinida del contrato en $105’978.371,11 168. Sin
embargo, esta conclusión no será adoptada por la Sala por las siguientes razones:

i. El perito calculó la utilidad proyectada del Consorcio aplicando el 5% al valor
total del costo directo para la ejecución, según los costos asociados a las
actividades para cada uno de los puentes —Negro, Agudelo y López—. Luego, con

167 Folio 25, cuaderno 2.
168 Folio 169, cuaderno 4.

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base en la operación aritmética descrita, se sumó el resultado de utilidad de las
obras sobre cada puente, que arrojó el resultado de $105’978.371,11169.

ii. El perito extrajo el porcentaje de 5% de utilidad de un documento titulado
“presupuesto oficial” que supuestamente elaboró la Oficina de Prevención y
Atención de Emergencias del INVIAS en noviembre de 2010170. En efecto, en dicho
documento se evidencia que para cada puente —Negro, Agudelo y López— se
calcularon unos presupuestos que incluyeron ítems de obra —excavaciones, acero
de refuerzo, demoliciones, etc.—, con sus cantidades proyectadas y sus respectivos
precios unitarios y agregados. Al final del presupuesto para cada puente, se señaló
que sobre el costo directo se agregaba un 20% por el rubro de administración, 5%
de imprevistos y 5% de utilidad.

iii. Este documento, empero, no puede tenerse como fundamento del cálculo de
la utilidad porque: (a) no está suscrito, motivo por el cual no existe certeza sobre su
autenticidad —máxime cuando el INVIAS no hace parte de este proceso y no puede
dar fe de este aspecto—; (b) el presupuesto preparado por el INVIAS, si bien pudo
servir como presupuesto para determinar los aportes que este Instituto debía
comprometer con cargo al convenio No. 1696 de 2010, no fue el presupuesto en
que se basó el acuerdo económico entre las partes del contrato de obra. En este
punto vale recordar que el convenio No. 1696 de 2010 es autónomo y diferente del
contrato de obra pública, motivo por el cual la Sala no puede presumir que el
presupuesto del convenio es el mismo que el del contrato, cuando no existe expresa
disposición en el contrato que remita a este presupuesto; y (c) aun si se le quisieran
dar efectos al presupuesto del INVIAS, lo cierto es que el valor unitario de los ítems
de obra allí consignados distan de los valores unitarios por los mismos ítems que
quedaron recogidos en las actas parciales de obra171, por lo que ante la
inconsistencia de cifras, o aún, ante la falta de una explicación que sustente tal
diferencia, no existe certeza de que el presupuesto del INVIAS se haya
correspondido con lo pactado en el contrato de obra, y que pueda servir como base
del cálculo de la utilidad derivada de la ejecución del contrato de obra.

iv. Además, aparte de que el fundamento porcentual a partir del cual el perito
hizo los cálculos de utilidad no resulta válido, el perito también incurrió en errores
conceptuales que minan la confianza sobre las conclusiones, principalmente porque
el perito calculó el 5% de utilidad sobre el total del costo directo que representaba
ejecutar las obras sobre cada puente, sin restar de dichos valores totales, los
valores que el Consorcio ya había recibido a título de utilidad producto del pago del
acta parcial No. 1. Debe recordarse que la indemnización de perjuicios tiene la
finalidad de dejar a la parte afectada por un incumplimiento en la situación en que
estaría si no se hubiera cometido dicho acto, pero no puede ser una fuente de
enriquecimiento del contratante. Por lo anterior, la conclusión a la que llegó el perito
no puede servir como base para la condena a título de lucro cesante.

169 La metodología de cálculo está desarrollada en el folio 155 del cuaderno 4.
170 Documento que obra a folios 156 a 158 del cuaderno 4. Este documento también obra en el expediente

administrativo del contrato de obra que lleva el Municipio, que obra a folios 28 a 31 del cuaderno 5.
171 Por ejemplo, en el caso del puente Negro, mientras que el valor unitario del “samblasting limpieza y pintura”

en el presupuesto oficial del INVIAS es de $52.000, en el acta parcial No. 1 ese ítem se cobra a $120.500; en
ese puente, mientras que el valor unitario del “obras de protección enrocado” en el presupuesto oficial del
INVIAS es de $360.000, en el acta parcial No. 1 ese ítem se cobra a $78.004. Así se pueden seguir haciendo
comparaciones en las que, en la mayoría, no hay coincidencia entre ambos valores unitarios.

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103. Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que el Consorcio no acreditó
la cuantía del lucro cesante que reclama porque no allegó los medios de prueba que
dieran fe de cuál era la utilidad esperada que se dejó de percibir como consecuencia
de la suspensión del contrato que se acordó por causas imputables al Municipio.
Sin embargo, dado que existe un perjuicio cierto que debe resarcirse, la Sala
adoptará y aplicará los lineamientos trazados por la jurisprudencia de esta
Corporación a efectos de calcular el valor de la utilidad en que consistirá la condena
del Municipio, en los siguientes términos:

103.1. Lo primero que se debe anotar es que, con fundamento en las reglas de la
sana crítica y de la experiencia, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta
Corporación ha llegado a la conclusión de que un parámetro razonable de utilidad
en los contratos de obra celebrados por contratistas con entidades estatales
sometidas a la Ley 80 de 1993, es el 5% del valor del costo directo, mientras que
es también usual que se pacte el 10% por gastos de administración y 5% por
imprevistos. En efecto, esta Subsección dijo en un caso en el que no se aportaron
elementos de juicio que sirvieran de base para el cálculo de la utilidad reclamada
que:

“Los demandantes alegan que la utilidad estaba proyectada en un veinte (20%)
sobre el valor total de la propuesta económica; sin embargo, dentro del proceso
no existe elemento de juicio que sustente esta afirmación y, además, por otra
parte, la Sala considera que el porcentaje de utilidad señalado por los actores
es desbordado, si se tiene en cuenta que, para estructurar la propuesta desde
el punto de vista económico, a éste se tendría que sumar el porcentaje de los
costos indirectos (administración y supervisión) y el de los imprevistos, lo cual
implica que, fuera de los costos directos había que sumar un 30 o 40% más.

Las reglas de la experiencia indican que quienes pretenden celebrar
contratos con el Estado calculan un 10% por concepto de gastos de
administración172, un 5% por imprevistos y un 5% por utilidad.

Por lo anterior, la Sala considera que debe acudir al principio consagrado en el
artículo 8 de la Ley 153 de 1887173 (plenitud hermética del orden jurídico) y a
los criterios de equidad y de justicia que prevé el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, para calcular el monto de la condena y, por consiguiente, reconocerá el
cinco por ciento (5%) del valor total de la propuesta a título de indemnización,
pues, como se dijo, es el porcentaje que, generalmente, se proyecta recibir
como utilidad en los contratos estatales.”174 (énfasis agregado).

103.2. Además, en un reciente caso en el que el oferente perjudicado por la no
adjudicación de un contrato reclamó la utilidad proyectada, esta Subsección adoptó
el parámetro del 5% del costo directo a título de utilidad, señalando que “la
jurisprudencia175 ha estimado el cinco por ciento (5%), por concepto de la utilidad

172 Nota original: “El Decreto 73 del 18 de enero de 2002 contempla el 10% sobre los costos directos, por

concepto de gastos de administración y de supervisión en los servicios de vigilancia y seguridad privada”.
173 Nota original: “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán” las leyes que

regulen casos ó (sic) materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho”.
174 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, Exp. 29855,

Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
175 Nota original: Mediante sentencia del 12 de mayo de 2016, radicación 25000-23-26-000-2010-00692-

02(49025), Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, esta Subsección reiteró el criterio planteado en el
sentencia del 12 de noviembre de 2014, radicación 25000232600020020160601 (29855), ya referenciada, al
reconocer un 5% como cifra de utilidad esperada. Vale aclarar que ambas sentencias tuvieron origen en objetos
contractuales disímiles, puesto que (i) el Exp. 29855 se fundamentó en una licitación pública, cuyo objeto era

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esperada, valor que se asume concordante con el presupuesto de la contratación,
por ser el porcentaje que normalmente se espera obtener por la ejecución de los
negocios jurídicos celebrados con el Estado”176.

103.3. Con base en los anteriores parámetros, la Sala estima que concederle al
Consorcio el 5% del costo directo del contrato a título de utilidad resulta un
porcentaje razonable y que corresponde a lo que usualmente se puede esperar
obtener de la ejecución en este tipo de contratos. El 5% deberá aplicarse al 54,65%
del valor total del contrato —incluyendo su adición—, en tanto ese era el porcentaje
que faltaba ejecutar del contrato de obra. A los costos directos deberán restarse el
15% relacionado con los también usuales porcentajes del 10% de administración y
del 5% de imprevistos, que no pueden incluirse como parte de la base para el cálculo
de la utilidad.

103.4. En efecto, en este caso se evidencia que, al momento de suscribirse el acta
de suspensión No. 2 del 18 de mayo de 2012, el Consorcio había ejecutado el
46,35% de las actividades contratadas, sin precisarse si este porcentaje se refería
al cronograma de obras o al aspecto financiero del contrato —ambos referentes los
cuales no fueron aportados al expediente—, por lo que el porcentaje deberá
entenderse referido al porcentaje de ejecución respecto del valor del contrato, en
tanto coincide de manera general con el valor total de las actas parciales de obra.

103.5. Si bien parecería curioso que faltando 29 días para que terminara el plazo de
ejecución del contrato al momento de la suscripción del acta No. 2, el contrato
llevaba un porcentaje de ejecución del 46,35%, esto no quiere significar que el
Consorcio hubiera incumplido el cronograma de obras porque, tal y como se señaló
en la certificación expedida el 22 de mayo de 2012 —cuatro días después de la
suspensión— por el Secretario de Planeación y Desarrollo Físico del Municipio,
señor Juan Carlos Molano, “en calidad de supervisor del contrato de obra […] se ha
desarrollado satisfactoriamente hasta la fecha, se encuentra vigente y no ha
incurrido [el Consorcio] en sanciones o multas”177. Así las cosas, esta certificación
da cuenta de que el Consorcio no había incumplido el contrato a la fecha en que se
suscribió el acta No. 2.

103.6. Tampoco puede inferirse que por el hecho de faltar 29 días para que
feneciera el contrato el contratista no habría podido culminar el 54,65% restante del
contrato porque no existen elementos que permitan llegar a esa conclusión. No es
inusual que, en este tipo de contratos, algunas actividades puedan tardar más
tiempo y tengan un efecto ponderado muy bajo en el avance de la ejecución y que,
en poco tiempo, un porcentaje mayor y significativo de avance se logre. Así las
cosas, la Sala no tiene fundamento alguno para desestimar que el Consorcio
tiene derecho a un porcentaje menor al 54,65% calculado en proporción de lo que
faltaba para que terminara el plazo.

seleccionar al contratista que prestaría los servicios de vigilancia y seguridad, (ii) mientras que el Exp. 49025
tuvo origen en un proceso de selección abreviada, adelantado con el propósito de contratar la adquisición de
caucho para vulcanizar cuero de corte antanino, gancho rápido, remache de amarre y vaqueta negra.
176 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2010, Exp. 51.412,

C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
177 Folio 50, cuaderno 2.

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104. Por lo anterior, la utilidad que deberá pagarle el Municipio al Consorcio será
calculada teniendo como base el 54,65% del valor total del costo directo del
contrato, este es, el valor total menos el 15% a título de costo indirecto, y a este
resultado se le aplicará el 5% a título de utilidad. El resultado de esta operación
arroja una utilidad de $64’463.008,67, como se evidencia del siguiente ejercicio:

105. La anterior suma debe ser actualizada a partir del momento en el que el
Consorcio habría recibido la utilidad, esto es, al vencimiento del plazo del contrato
de obra, o sea el 1º de julio de 2012, de conformidad con la fórmula “Valor
actualizado = [Valor histórico * (IPC final febrero 2022) / IPC inicial (junio de 2012)]”.
Luego de actualizarse, la utilidad actualizada dejada de percibir es $95’462.973 =
[64’463.008,67 * (115,11 / 77,70)].

106. Por todo lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia se concederá la
pretensión sexta de la demanda y se condenará al Municipio a pagarle al Consorcio
la suma de $95’462.973 a título de lucro cesante por las utilidades dejadas de
percibir.

3. Perjuicios asociados a la imposibilidad de ejecutar el contrato
producto de la suspensión – compra de materiales

107. El Consorcio sostiene que, debido a que para ejecutar las obras era
necesario adquirir anticipadamente materiales, la suspensión del contrato por
causas imputables al Municipio implicó la imposibilidad de disponer de ellos para
ejecutar las obras, lo que, a su juicio, debe dar lugar a que el demandado le
reconozca su valor, que en ese momento ascendía a $125’436.886. La Sala estima
que el valor de los materiales no es un sobrecosto que pueda serle trasladado al
Municipio por las siguientes razones:

107.1. En primer lugar, en el dictamen pericial rendido el 5 de abril de 2015 por el
ingeniero Maximiliano Mesa Rubio, el perito manifestó que luego de la visita al sitio
donde funcionaba el almacén “se examino [sic] el local donde funcionaban el
almacén de las mismas, el cual se encontraba completamente desocupado sin
encontrar material alguno en su interior. De la misma forma no se apreció en su
exterior depósitos de materiales áridas (arenas, gravillas, piedras, etc.)”178.

107.2. Sin perjuicio de lo anterior, en el dictamen pericial contable rendido por el
perito Freddy Mauricio Bastidas Ortiz el 7 de abril de 2015, dicho perito calculó que
los materiales adquiridos y dejados de emplear por el Consorcio para la confección

178 Folio 3, cuaderno 3.

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de las obras estaban avaluados en $128’536.199,10179. Como soporte de este
cálculo aportó una certificación emitida por el Jefe de Almacén de la sociedad H.M.
Ingeniería S.A.S —integrante del Consorcio— el 25 de marzo de 2015 en la que se
dio fe de que “se encuentran en las bodegas ubicadas en la vía Galapa Km 4 Centro
Industrial los Volcanes del municipio de Galapa, Departamento del Atlántico, los
siguientes materiales e insumos adquiridos para la ejecución del contrato de obra
pública”180. Entre los materiales que se relacionaron estaban: geoestructura Pavco,
Flexocreto 10000, mantos antisocavación, Sikatop 122 e inhibidor de corrosión, los
cuales, según la certificación, estaban avaluados en la suma que el perito consignó
en su experticia. A dicha certificación se adjuntaron fotografías de los materiales en
la referida bodega181.

107.3. La Sala estima que la certificación expedida por el Jefe de Almacén de la
sociedad integrante del Consorcio no es suficiente para acreditar la cuantía de los
perjuicios que se reclaman ni es suficiente para concluir que los materiales
adquiridos por el Consorcio iban a destinarse exclusivamente a cumplir con el objeto
contractual, principalmente en aplicación del principio de que nadie puede pre-
constituir las pruebas para soportar su propio dicho. En efecto, dado que la
certificación en que se basaron los cálculos del dictamen contable fue expedida por
un funcionario de la sociedad integrante del Consorcio y que no existen otros medios
de prueba que corroboren su dicho, la Sala no le concederá valor probatorio
respecto de los hechos a los que se refiere.

107.4. Se agrega a lo anterior que la sociedad H.M. Ingeniería S.A.S —antes Ltda.—
tiene dentro de su objeto social las actividades de “efectuar trabajos relacionados
con los estudios de diseño, consultoría, dirección, interventoría, asesoría y
construcciones de toda clase de obras civiles y metalmecánicas”182, de lo que se
infiere que si los materiales —que son típicos elementos para construcciones—
estaban ubicados en una bodega de su propiedad, ellos podían estar siendo
empleados en otra construcción y no en la confección de las obras objeto del
contrato.

108. Por todo lo anterior, la Sala no concederá la pretensión octava de condena
de la demanda relacionada con la indemnización del valor de los materiales no
empleados en las obras producto de la suspensión.

4. Perjuicios asociados a la imposibilidad de ejecutar el contrato
producto de la suspensión – obras parcialmente ejecutadas y no
recibidas

109. El Consorcio afirma que realizó “actividades de obras parcialmente
ejecutadas, es decir, ítems de obra cuya ejecución inició pero que no pudieron ser
terminadas en su totalidad a causa de la suspensión”183, las cuales valoró en
$32’167.095. La Sala no encuentra probado la causación de este perjuicio porque

179 Folio 172, cuaderno 4.
180 Folios 88 y 89, cuaderno 4.
181 Folios 90 y 91, cuaderno 4.
182 Folio 3, cuaderno 2.
183 Folio 34, cuaderno 1.

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no hay ningún elemento de prueba en el expediente que corrobore que el Consorcio
ejecutó cantidades de obra equivalentes a $32’167.095. En efecto, en el dictamen
pericial rendido por el ingeniero Maximiliano Mesa Rubio que tuvo por objeto, entre
otros aspectos, realizar una “inspección o visita especial al sitio de la obra y se
establezca su estado, procediendo a establecer las actividades y cantidades
ejecutadas parcialmente y el valor de las mismas”, el perito concluyó que, tras
realizar la visita al frente de obra, “no es posible adelantar una cuantificación
creíble”184 sobre los trabajos ejecutados debido a que por el paso del tiempo, la
creciente del río ha modificado los materiales instalados, sembrando dudas sobre
la posibilidad de calcular las cantidades de obra ejecutadas por el Consorcio185.

110. Por su parte, en el dictamen pericial contable rendido por el perito Freddy
Mauricio Bastidas Ortiz, el experto no respondió a la pregunta sobre el valor de las
obras parcialmente ejecutadas, pues se limitó a sumar el valor de todas las actas
parciales de obra suscritas por el Consorcio y la interventoría186. No hay en el
expediente evidencia que soporte la ejecución de tales obras parciales, por lo cual
el reclamo está basado en el solo dicho de la parte demandante.

111. Por ende, dado que el Consorcio no acreditó que hubiera ejecutado obras
parciales y no acreditó su cuantía, lo que era de su cargo, la Sala desestimará esta
pretensión.

5. Perjuicios asociados a la imposibilidad de ejecutar el contrato
producto de la suspensión – mayor valor pagado por pólizas e
impuestos

112. El Consorcio pretende que se le reconozcan los mayores valores pagados
por concepto de pólizas e impuestos en la medida en que estos gastos fueron
erogados “para la legalización de un contrato que posteriormente no se puede
ejecutar, bien sea de manera total o parcial”187. Para acreditar estos costos, el perito
contador estableció los mayores valores pagados por impuestos y pólizas teniendo
como base lo realmente pagado por el Municipio al Consorcio en comparación con
lo que originalmente se convino. De conformidad con sus cálculos, el Consorcio
pagó por mayor valor de impuestos la suma de $210’717.725 mientras que, por
mayor valor de pólizas, se pagó $34’337.098188.

113. Al respecto anota la Sala que aun si admitiera que el Consorcio incurrió en
mayores gastos por concepto de pago de pólizas e impuestos porque el 54,65% del
valor del contrato no fue cancelado, lo cierto es que estos son erogaciones en las
que, en principio, aunque no se esperara un retorno o rendimiento específico, debía
incurrir el contratista para la ejecución del contrato y, por tanto, para obtener la
utilidad que esperaba percibir por su ejecución total, utilidad que reclama sea
reconocida a título de lucro cesante, a cuyo reconocimiento se accedió por las
razones que en el acápite anterior se señalaron.

184 Folio 1, cuaderno 3.
185 Folio 1, cuaderno 3.
186 Folio 173, cuaderno 4.
187 Folio 31, cuaderno 1.
188 Folio 171, cuaderno 4.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

114. En otras palabras, no es compatible solicitar el pago de la utilidad total
proyectada que no pudo ser percibida por la frustración de la ejecución del contrato
y, al mismo tiempo, reclamar el pago de los gastos en que se incurrió para ejecutar
el contrato del cual se deriva la utilidad. Por ende, al haberse concedido el lucro
cesante —utilidad—, la pretensión cuarta de condena de la demanda se torna en
improcedente.

6. Otros perjuicios calculados en el dictamen pericial contable

115. En la pretensión décima de la demanda, el Consorcio solicitó que se le
repararan integralmente los perjuicios sufridos como consecuencia de los
incumplimientos imputables al Consorcio. Como parte de esta pretensión de
reparación integral, el perito contador, Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, calculó, a
petición del demandante, el valor de los sobrecostos asociados a gastos de
administración causados, por una parte, desde la presentación de la propuesta
económica y, de otra, desde la “fecha inicial del contrato” y durante el periodo en
que estuvo suspendido. La Sala estima que estos sobrecostos no fueron probados,
por lo que serán negados, conforme se pasa a señalar:

115.1. En relación con el primer escenario de cálculo, el perito contador Bastidas
Ortiz calculó los gastos administrativos causados desde la presentación de la oferta
en $529’892.855,54189, para lo cual les aplicó a los costos directos asociados a la
ejecución de cada uno de los puentes —Negro, Agudelo y López— el 20% a título
de componente de administración y 5% a título de imprevistos, y luego sumó ambos
rubros. Esta operación la hizo sobre la base de los porcentajes de AIU que figuran
en el mismo documento titulado “presupuesto oficial” que supuestamente elaboró la
Oficina de Prevención y Atención de Emergencias del INVIAS en noviembre de
2010190, respecto del cual la Sala ya concluyó que no puede ser tomado como base
para realizar cálculo alguno. Por este solo motivo, sería del caso desechar el
dictamen en este punto.

115.2. Sin embargo, hay razones adicionales para hacerlo: (i) el Consorcio pretende
cobrar los costos de administración en los que incurrió para preparar su propuesta
dentro del proceso de selección adelantado por el Municipio, sin reparar en que para
poder celebrar y ejecutar el contrato, el demandante debía, necesariamente, incurrir
en ellos y, por lo mismo, era un gasto en el que debía incurrir para obtener la utilidad
esperada que en este juicio reclama a título de lucro cesante al que se accederá;
(ii) en relación con el método aplicado por el perito, se observa que en el dictamen
no se señaló cuál fue el extremo final del cálculo que hizo, pues tan solo se dijo que
se trataba de los gastos administrativos desde la presentación de la oferta, sin
precisar hasta cuándo se hacía el cálculo; y (ii) el perito no explicó por qué sumó el
rubro de imprevistos a los gastos de administración, pese a que aquel no puede ser
subsumido como un gasto de administración en tanto en cuanto este está destinado
a salvaguardar la ejecución del contrato de aquellas circunstancias que las partes
no previeron originalmente al suscribir el contrato.

189 Folio 174, cuaderno 4.
190 Documento que obra a folios 156 a 158 del cuaderno 4. Este documento también obra en el expediente

administrativo del contrato de obra que lleva el Municipio, que obra a folios 28 a 31 del cuaderno 5.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

115.3. Por otra parte, en cuanto al segundo cálculo, esto es, los gastos de
administración causados durante el plazo inicial del contrato y durante el tiempo que
duró suspendido, el mismo perito los calculó en la cifra de $277’699.426 191, sin
explicar de dónde surgió dicho cálculo. Podría inferirse que esta suma es el
resultado de aplicar los porcentajes previstos para los gastos de administración e
imprevistos en el mismo documento utilizado en el primer escenario; sin embargo,
ya se dijo, ese documento no puede ser considerado por no estar suscrito, a lo que
se agrega que el perito no expuso cuál fue la metodología y los fundamentos de los
que partió, como era su deber hacerlo de conformidad con el numeral 6º del artículo
237 del CPC que establece que el dictamen “debe ser claro, preciso y detallado; en
él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo
mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

115.4. Además: (i) el perito no explicó la razón en la que se basaba el cálculo de
estos perjuicios, por lo que la Sala no acierta a determinar cuál sería su causa; (ii)
no existe certeza sobre cuáles fueron los extremos temporales para hacer sus
cálculos pues no precisó qué entendía por “fecha inicial del contrato” -la fecha de
celebración o la del acta de inicio- ni cuál fue el periodo de suspensión que tuvo en
consideración para el efecto. Así pues, esta conclusión no será tenida en cuenta.

115.5. Ahora bien, el perito consideró otras “erogaciones en que debió incurrir el
contratista para la ejecución del contrato”, que las calculó en $1.366’695.548192, sin
precisar cuál fue la metodología que aplicó para llegar a este número ni incluyó
soporte alguno para llegar a esta conclusión, por lo que tampoco será tenida en
cuenta. En este punto vale destacar que el Consorcio no aportó ninguna factura o
soporte en el que se comprobaran las erogaciones causadas durante el periodo en
que el contrato de obra estuvo suspendido por causas imputables al Municipio.
Dado que el Consorcio tenía la carga de acreditar los sobrecostos que se causaron
durante este periodo o, en fin, las erogaciones adicionales que son imputables a los
incumplimientos del Municipio, y como esta carga no se satisfizo, la Sala no
condenará al Municipio por este motivo.

116. Por todo lo anterior, la Sala denegará la pretensión décima de la demanda
en tanto no fueron acreditados perjuicios adicionales que puedan estar llamados a
ser resarcidos al Consorcio por el Municipio.

Liquidación del contrato de obra pública del 9 de febrero de 2011

117. Dado que en esta providencia se harán declaraciones y condenas a favor del
Consorcio y en contra del Municipio, le asiste razón al demandante cuando afirmó
en la apelación que el ejercicio de finiquito de cuentas del contrato de obra debe ser
revisado. En mérito de lo que antecede, la Sala declarará la liquidación judicial del
contrato en los siguientes términos:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $2.563’677.133
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO: $2.775’437.648
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1º de julio de 2012

191 Folio 174, cuaderno 4.
192 Folio 174, cuaderno 4.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

VALORES EJECUTADOS POR EL CONSORCIO
ACTA VALOR TOTAL DEL ACTA
Acta parcial de obra No. 1 $342’193.505,95
Acta parcial de obra No. 2 $205’162.397,76
Acta parcial de obra No. 3 $196’233.011,22
Acta parcial de obra No. 4 $537’962.593,26
Acta parcial de obra No. 5 $106’946.431,86
TOTAL EJECUTADO $1.388.497.940,05
VALORES PAGADOS POR EL MUNICIPIO
Anticipo $1.281’838.566
Acta parcial No. 1 $171’096.753
TOTAL PAGADO $1.452’935.319
DIFERENCIA A FAVOR DE MUNICIPIO $64’437.378,95
DIFERENCIA ACTUALIZADA 193
$95’437.297,59
CONDENAS A FAVOR DEL CONSORCIO
Intereses moratorios $740’047.941,02194
Utilidad proyectada no percibida $95’462.973
Total $835’510.914,50
DIFERENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO $740’073.617,91

118. Del finiquito de cuentas se advierte que el valor desembolsado por el
Municipio al Consorcio a título de anticipo es superior al valor total agregado de las
actas parciales de obra Nos. 1 a 5, por lo cual, el derecho del Consorcio a que el
demandado le pague el valor de las actas Nos. 2 a 5 en los términos señalados en
esta providencia, se compensa de conformidad con lo establecido en los artículos
1714 y 1715 del Código Civil195, con el saldo que, según esta liquidación judicial,
surge en favor del Municipio por concepto de los montos no amortizados del
anticipo.

119. Como se aprecia del cuadro anterior, el valor del anticipo y de lo pagado por
concepto de acta parcial No. 1 es superior al valor agregado de las actas parciales
de obra Nos. 1 a 5 en $64’437.378,95, suma que actualizada a la fecha de la
sentencia arroja un valor de $95’437.297,59. Este valor, que es un saldo a favor del
Municipio se compensa de igual forma con la suma a que tiene derecho el Consorcio
por concepto de intereses moratorios —$740’047.941,02, cuyo cálculo implica su
previa actualización— y de utilidad proyectada no percibida —por valor de
$95’462.973, cuya suma ya fue actualizada—. Así, al restar al resultado de la suma
de intereses moratorios y utilidad proyectada no percibida —$835’510.914,50— lo
correspondiente al valor actualizado del anticipo que queda por amortizar —

193 Es el valor de la diferencia actualizada desde la terminación del contrato, esto es, desde el 1º de julio hasta

la fecha, de la siguiente manera:
194 Este es el valor total de los intereses moratorios según lo resuelto en el acápite de las consideraciones, sin

que se le haya restado ningún concepto.
195 Artículo 1714, Código Civil: “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una

compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse”. Artículo 1715,
Código Civil: “La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores;
y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una
y otra reúnen las calidades siguientes:
1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad.
2.) Que ambas deudas sean líquidas; y
3.) Que ambas sean actualmente exigibles.
Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de
gracia concedido por un acreedor a su deudor.”

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

$95’437.297,59— se obtiene el resultado final de la liquidación, que es de
$740’073.617,91, valor al que corresponderá la condena.

120. En consecuencia, pese a que el Municipio no debe desembolsar suma alguna
por concepto del valor de las actas parciales de obra Nos. 2 a 5, sí será condenado
a pagar $740’073.617,91 por concepto de intereses moratorios que aún no han sido
saldados.

Costas

121. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, según el cual, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, la Sala procederá de
conformidad. En consecuencia, dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, numeral 4196, es decir, condenará al demandado a
pagar las costas de ambas instancias, en la medida en que la sentencia de primer
grado será revocada en su totalidad y se concederán las pretensiones de la
demanda. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas
no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a
la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

122. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

123. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que estas se
regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda197. De conformidad
con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil
de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y
demás circunstancias relevantes.

124. Según lo dispuesto en el artículo 3.1.2 del referido Acuerdo 1887 de 2003,
en procesos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho de
la primera instancia deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones
negadas o reconocidas en la sentencia. Así las cosas, como la labor procesal del
mandatario judicial de la parte actora fue continuada y consistente en el transcurso

196 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
197 Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que

fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que
“se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen
regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos
1887 de 2003”.

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

de la primera instancia, las agencias en derecho de aquella se fijarán en la suma de
$14’801.472,36 monto que deberá ser pagado a favor de la parte actora, con
fundamento en la relación porcentual del 2% del valor de las pretensiones
económicas que serán concedidas en esta sentencia.

125. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho en
segunda instancia, según el referido Acuerdo -artículo 3.1.3-, deben fijarse hasta el
5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia. Como la
gestión procesal del apoderado de la parte actora en esta instancia fue continuada,
coherente y consistente, al interponer recurso de apelación y al alegar de
conclusión, las agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma de
$7’400.736,18, en favor de la parte demandante, con fundamento en la relación
porcentual del 1% del valor de las pretensiones económicas que serán concedidas
en esta sentencia.

126. En consecuencia, las agencias en derecho que deberá el Municipio a los
demandantes por la gestión realizada en ambas instancias asciende a la suma de
$22’202.208,54.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 25 de septiembre de 2015, para en su lugar:

“1. DECLARAR que el municipio de Honda, departamento del Tolima, incumplió el
contrato de obra del 9 de febrero de 2011 suscrito con el Consorcio Puentes Tolima
por no haber realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para garantizar
los recursos del proyecto, por las razones y en los términos señalados en esta
providencia.

2. DECLARAR que el municipio de Honda, departamento del Tolima, incumplió el
contrato de obra del 9 de febrero de 2011 suscrito con el Consorcio Puentes Tolima
por no haberle pagado al contratista las actas parciales de obra Nos. 2 a 5, por las
razones señaladas en esta providencia.

3. DECLARAR que las causas que condujeron a la suspensión de la ejecución del
contrato de obra del 9 de febrero de 2011 son atribuibles al municipio de Honda,
departamento del Tolima, lo cual le causó perjuicios al Consorcio, por las razones
desarrolladas en esta providencia.

4. DECLARAR que el contrato de obra pública suscrito el 9 de febrero de 2011
entre el municipio de Honda, departamento del Tolima y el Consorcio Puentes
Tolima terminó el 1º de julio de 2012, por las razones esgrimidas en esta
providencia.

5. DECLARAR liquidado el contrato de obra pública suscrito el 9 de febrero de 2011
entre el municipio de Honda, departamento del Tolima y el Consorcio Puentes
Tolima, en los siguientes términos:

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $2.563’677.133
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO: $2.775’437.648
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1º de julio de 2012

VALORES EJECUTADOS POR EL CONSORCIO
ACTA VALOR TOTAL DEL ACTA
Acta parcial de obra No. 1 $342’193.505,95
Acta parcial de obra No. 2 $205’162.397,76
Acta parcial de obra No. 3 $196’233.011,22
Acta parcial de obra No. 4 $537’962.593,26
Acta parcial de obra No. 5 $106’946.431,86
TOTAL EJECUTADO $1.388.497.940,05
VALORES PAGADOS POR EL MUNICIPIO
Anticipo $1.281’838.566
Acta parcial No. 1 $171’096.753
TOTAL PAGADO $1.452’935.319
DIFERENCIA A FAVOR DE MUNICIPIO $64’437.378,95
DIFERENCIA ACTUALIZADA $95’437.297,59
CONDENAS A FAVOR DEL CONSORCIO
Intereses moratorios $740’047.941,02
Utilidad proyectada no percibida $95’462.973
Total $835’510.914,50
DIFERENCIA A FAVOR DEL
CONSORCIO $740’073.617,91

6. CONDENAR al municipio de Honda, departamento del Tolima a pagarle al
Consorcio Puentes Tolima, la suma de setecientos cuarenta millones setenta y tres
mil seiscientos diecisiete pesos con noventa y un centavos ($740’073.617,91) como
saldo a favor del contratista luego de la liquidación judicial, en los términos
señalados en esta providencia.

7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda del Consorcio Puentes Tolima,
por las razones señaladas en esta providencia.”

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la primera y segunda instancia al municipio
de Honda por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser
liquidadas de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en
primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del
Proceso.

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho de la primera y la segunda instancia en
veintidós millones doscientos dos mil doscientos ocho pesos con cincuenta y cuatro
centavos ($22’202.208,54) a favor del Consorcio Puentes Tolima, que corresponden
al 3% del valor de las pretensiones.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Expediente: 730012333000201400506 01 (55.864)
Demandante: Consorcio Puentes Tolima
Demandada: Municipio de Honda
Acción: Controversias contractuales

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador .

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