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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00778-02

Recurso de apelación

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2014-00778-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP y en la que fue vinculado el señor José Augusto Ayala Peña. Segundo: No condenar en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa Justicia Siglo XXI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2014-00778-02

Consejero ponente: William Hernández Gómez

14 de febrero de 2019

RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Resuelta en audiencia inicial

La competencia del fallador de segunda instancia tiene unos límites temporales y de fondo, pues solo puede estudiar la providencia que fue objeto de apelación y no aquellas decisiones que fueron tomadas en otras etapas del proceso como en la audiencia inicial y que se encuentran debidamente ejecutoriadas.(..) En el presente caso no es procedente un nuevo pronunciamiento acerca de la excepción denominada cosa juzgada, toda vez que fue decidida por el a quo en la audiencia inicial, decisión que se encuentra ejecutoriada, pues no se interpuso recurso alguno. Por tanto, no es competencia de este fallador de segunda instancia analizarla de nuevo.

CONTROL JUDICIAL DE ACTO EXPEDIDO EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA- Procedencia

El acto administrativo a través del cual se da cumplimiento a una orden de tutela, si bien es cierto que en principio es un acto de ejecución, también lo es, que esta jurisdicción ha admitido como subregla, la procedencia del control de legalidad ante el juez natural, basado en la diferencia de la naturaleza del objeto de las acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho, y que es este último el llamado a verificar si el acto se ajusta al ordenamiento jurídico y efectuar un pronunciamiento con efectos ex tunc.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS – Es factor de liquidación pensional en una doceava

Para efectos pensionales el cómputo de bonificación por servicios debe realizarse como se computan los demás rubros, esto es, en una doceava, por tanto, los factores salariales devengados, son calculados en esta misma proporción.

NOTA DE RELATORÍA: Del cómputo para efecto pensionales de la bonificación por prestación de servicios en un a doceava, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo sección segunda, sentencia de 7 de febrero de 2013, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación: 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12).

DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS EN EXCESO / MALA FE - Prueba

Para que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que el señor José Augusto Ayala Peña al solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación mediante la acción de tutela, obró de mala fe.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 247 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 320 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 328 / DECRETO LEY 1042 DE 1978 / DECRETO 247 DE 1997 / DECRETO 717 DE 1978/ CONSTITUCIÓN POLÍTICA- ARTÍCULO 83 / LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO164

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00778-02(3096-16)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Demandado: JOSÉ AUGUSTO AYALA PEÑA

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Ley 1437 de 2011
Sentencia O-017-2019

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide los recursos de apelación formulados por la parte demandante y la parte demandada contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la modalidad de lesividad.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso de folios 300 vuelto a 302 y cd visible a folio 299 del cuaderno principal, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:

«[…] 4.1 INEPTA DEMANDA POR FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL PREVIAMENTE A DEMANDAR.

[…]

Consideraciones del Despacho

Es pertinente destacar de manera preliminar, que es criterio reiterado del suscrito Magistrado ponente exigir el consentimiento previo como requisito de procedibilidad en aquellos asuntos donde la administración demanda su propio acto administrativo, conforme lo dispuesto en numeral 1° del artículo 161 del C.P.A.C.A., en concordancia con el Art. 97 ibidem, conllevando su omisión a que como juez unitario declarara la terminación anticipada del proceso en la audiencia inicial.

No obstante lo anterior, en pronunciamientos recientes y reiterados del Honorable Consejo de Estado precisó que dicha decisión debe proferirse en Sala de decisión, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 125 del C.P.A.C.A., y no solo por el Magistrado ponente, motivo por el cual tal postura fue sometida a consideración de la Sala que finalmente no la acompañó, en atención a que, a su juicio, no es necesario agotar dicha gestión y en consecuencia, lo procedente es abordar el fondo del asunto.

Los argumentos que sustentan la decisión de la Sala Mayoritaria se condensan en el hecho que se trata de un derecho de carácter pensional que por expresa disposición legal no es susceptible de conciliación entre las partes. De igual forma, trae a colación el artículo 613 del Código General del Proceso que señala que no será necesario agotar requisito de procedibilidad relacionado con la audiencia de conciliación extrajudicial cuando quien demanda es una entidad pública, como ocurre en el asunto de autos.

En los anteriores términos, el medio exceptivo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

4.2 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

Consideraciones del Despacho

En el presunto asunto se pretende la nulidad de la Resolución N°. UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, por medio de la cual, la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, reliquidó la pensión de vejez del accionado en cumplimiento de un fallo de tutela emanado del Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, con inclusión del cien por ciento (100%) de la bonificación por servicios.

De la lectura del acto administrativo objeto de reproche, se advierte claramente que con él fue modificada la situación jurídica del señor JOSÉ AUGUSTO AYALA PEÑA, en tanto le incrementaron el porcentaje de uno de los factores salariales reconocidos en su pensión de vejez y en este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que pese a que existen actos administrativos emitidos en cumplimiento de un fallo de tutela, no lo es menos, que estos pueden ser objeto de control de legalidad por el juez natural, que no es otro que el contencioso administrativo.
[…]

Por lo anterior, pese a que la resolución enjuiciada tiene connotación de ser de ejecución, pueden ser objeto de examen de legalidad por esta Jurisdicción, toda vez que fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela en la que se ampararon algunos derechos fundamentales del señor AYALA PEÑA, sin que éste sea el juez natural del asunto, siendo procedente su revisión por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que por orden constitucional y legal es la especializada para resolver estos temas.

En los anteriores términos, es menester negar la prosperidad del medio exceptivo propuesto. […]» (Mayúsculas, negrillas y cursiva del texto).

Se concedió el uso de la palabra a las partes y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite de folios 302 a 303 y cd visible a folio 299 del cuaderno principal, en la audiencia inicial se fijó el litigio respecto de los hechos relevantes, las pretensiones de la demanda y el problema jurídico, así:

Hechos relevantes según la fijación del litigio.

«[…] 5.1.1. El demandado laboró en la Fiscalía General de la Nación, entre el 09 de septiembre de 1976 y el 30 de junio de 1978 y para la Rama Jurisdiccional entre el 01 de septiembre de 1979 y el 28 de febrero de 2004 (Hecho 1).

5.1.2. Mediante Resolución 23066 del 28 de noviembre de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE- hoy liquidada, le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $1.220.789,39 mensuales, efectiva a partir del 1° de octubre de 2002.

5.1.3. No obstante, el pago de la primera mesada pensional quedó condicionado al retiro efectivo y definitivo del servicio.

5.1.4. Mediante Resolución No. 11428 del 3 de junio de 2004, se reliquidó la pensión de vejez en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, donde laboraba, elevando la cuantía de la mesada a la suma de $1.494.347,88, desde el 1° de enero de 2003 o desde cuando acreditara el retiro definitivo del servicio.

5.1.5. Posteriormente, el accionado tramita una nueva acción de tutela en el mismo Despacho judicial en el que laboraba, y obtienen un fallo favorable a sus intereses, por lo que CAJANAL EICE expidió la Resolución N°. 27501 del 3 de diciembre de 2004 elevándose la mesada pensional del accionado, ante lo cual el demandado interpuso el recurso de reposición, siendo resuelto mediante Resolución N°. 26676 del 17 de junio de 2008 que confirmó la resolución recurrida.

5.1.6. Mediante Resolución N° 27229 del 17 de junio de 2008, CAJANAL reliquidó la pensión del demandado elevando la cuantía a la suma de $1.696.772,06, a partir del 1° de marzo de 2004.

5.1.7. Mediante acción de tutela en el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, se ordenó a CAJANAL EICE a través de fallo del 16 de mayo de 2008, tener en cuenta el 100% de la bonificación por servicios prestados como factor salarial para calcular la pensión de vejez del demandado.

5.1.8. Por lo anterior, CAJANAL EICE, mediante Resolución N°. 2934 del 2 de agosto de 2004, reliquidó la pensión de vejez del señor AYALA PEÑA en los términos del fallo de tutela en cita, elevando la cuantía de la prestación a la suma de $2.314.556,01, a partir del 1° de marzo de 2004.

5.1.9. Que CAJANAL EICE canceló en septiembre de 2011 la suma de $80.541.411,86, correspondiente al retroactivo total del incremento ordenado por el Juzgado Segundo de Familia, y actualmente el accionado viene disfrutando del beneficio que le fuera otorgado en sede de tutela. […]» (Mayúsculas del texto).

Pretensiones según la fijación del litigio.

«[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución N°. UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, expedida por CAJANAL EICE, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez del demandado, en cumplimiento del fallo de tutela expedido el 16 de mayo de 2008 por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, que ordenó la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados como factor salarial de su pensión de vejez.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaratoria, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene:

Que la demandante expida un nuevo acto administrativo en el que se liquide el monto de la pensión de vejez del demandado desde la fecha que se hizo efectiva, teniendo en cuenta solamente la doceava (1/12) parte de la bonificación por servicios como factor salarial y sobre la base salarial realmente correspondiente a la demandada.
Que la parte demandada REINTEGRE a la U.G.P.P., las sumas de dinero que de manera ilegítima e ilegal, percibió en exceso a su mesada pensional.
Que todas las sumas que resulten reconocidas a favor de la demandante se cancelen en forma retroactiva e indexada.
Que se condene en costas al demandado. […]» (Negrillas y mayúsculas del texto).

Problema jurídico según la fijación del litigio

«[…] determinar en qué proporción debe ser incluida la bonificación por servicios prestados dentro de la liquidación de la pensión de vejez reconocida al señor AYALA PEÑA, es decir, si en una doceava parte o teniendo en cuenta el 100% devengado; en otros términos, se establecerá la legalidad de la Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, expedida por la extinta Caja nacional de Previsión Social-CAJANAL. […]» (Mayúsculas del texto).

Se concedió el uso de la palabra a las partes y no se interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia de forma escrita, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial de la bonificación por servicios prestados, indicó que para la liquidación de la pensión de jubilación de los empleados de la Rama Judicial debe tenerse en cuenta solamente una doceava parte de dicha bonificación y no el 100%, dado que se devenga anualmente, motivo por el cual, se debía ordenar una nueva liquidación de la pensión del señor José Augusto Ayala Peña en una doceava parte.

De otra parte, señaló que no es procedente ordenar la devolución de los dineros recibidos por el demandado, toda vez que su mesada la percibió de buena fe, bajo el entendido de que la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados se realizó en cumplimiento de una orden judicial. Aunado a ello, la entidad demandante no logró desvirtuar la buena fe que se presume por parte del señor Ayala Peña.

Acorde con el anterior razonamiento, el juez de primera instancia: i) declaró la nulidad parcial de la Resolución UGM 002934 del 2 de agosto de 2011, por medio de la cual se reliquidó la pensión del demandado, con la inclusión como factor salarial del 100% de la bonificación por servicios prestados; ii) ordenó a la UGPP realizar una nueva liquidación de la pensión del señor José Augusto Ayala Peña, en la cual se incluya la bonificación por servicios en una doceava parte; iii) denegó las demás pretensiones de la demanda y iv) condenó en costas a la parte demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandada: solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por considerar que tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios, según lo ordenado en el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué.

En efecto, indicó que conforme a providencias del Consejo de Estado, quedó claro que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué fue de carácter definitivo, motivo por el cual no quedó supeditada a una demanda ordinaria, motivo por el cual la resolución aquí enjuiciada es acto de ejecución que no puede ser objeto de pronunciamiento alguno por parte de esta jurisdicción, que consecuentemente configura la excepción de inepta demanda.

Reiteró que la sentencia de primera instancia no puede anular ni total ni parcialmente el acto administrativo mediante el cual se le reliquidó la pensión con el 100% de la bonificación por servicios a la que tiene derecho, pues con ello se deja sin efectos la sentencia de tutela la cual ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Arguyó que la reliquidación con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios se ordenó por parte del juez constitucional en virtud de providencias que habían sido proferidas por el Consejo de Estado, por lo que el acto demandado no trasgrede el ordenamiento jurídico vigente al momento de la expedición.

Parte demandante: Afirmó que los dineros pagados en exceso, en virtud de los actos administrativos enjuiciados, deben ser devueltos a la entidad, pues se cancelaron en contravía de los postulados legales, en perjuicio de los demás ciudadanos y con el compromiso de los recursos públicos que deben ser destinados al pago de otras pensiones.

Igualmente sostuvo que las sumas percibidas por el demandado fueron de mala fe, puesto que en vez de acudir a la jurisdicción, prefirió instaurar acción de tutela para acceder al 100% de la bonificación por servicios, cuando como se ha visto no le asistía el derecho, situación que desvirtúa la presunción de buena fe.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

Problemas jurídicos

1. ¿En esta instancia se puede estudiar nuevamente la excepción de cosa juzgada constitucional, la cual fue resuelta en la audiencia inicial y no fue objeto de recurso de apelación en dicha oportunidad?

¿Es susceptible de control jurisdiccional la Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, expedida por la extinta Cajanal EICE en cumplimiento de una sentencia de tutela?

¿El demandado tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con la inclusión del 100% de lo devengado por bonificación por servicios prestados?

¿Es procedente ordenar el reintegro del dinero percibido por el demandante, en virtud del acto administrativo enjuiciado, que le incluyó el 100% de la bonificación por servicios, con ocasión de una orden de un fallo de tutela?

Primer problema jurídico

¿En esta instancia se puede estudiar nuevamente la excepción de cosa juzgada constitucional, la cual fue resuelta en la audiencia inicial y no fue objeto de recurso de apelación en dicha oportunidad?

Al respecto la subsección sostendrá la siguiente tesis: No es procedente el estudio de la excepción de cosa juzgada constitucional, con base en los siguientes argumentos.

Esta subsección, en asuntos similares respecto a la procedencia del recurso de apelación ha señalado que el artículo 247 del CPACA, trae como uno de sus requisitos, la sustentación de este, es decir, la indicación de los motivos de inconformidad que pretende le sean estudiados en segunda instancia, a través de los cuales busca llevar al convencimiento del ad quem, que los argumentos esgrimidos por el fallador de primera instancia deben ser modificados o revocados, bajo unas premisas fácticas y jurídicas.

Ahora bien, lo anterior va en concordancia con los artículos 320 y 328 del CGP, los cuales consagran la finalidad del recurso de apelación y la competencia del ad quem, bajo los siguientes términos:

“[…]
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […]»

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

[…]

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia […]»

Conforme a lo transcrito, se reitera en esta oportunidad que la competencia del fallador de segunda instancia tiene unos límites temporales y de fondo, pues solo puede estudiar la providencia que fue objeto de apelación y no aquellas decisiones que fueron tomadas en otras etapas del proceso como en la audiencia inicial y que se encuentran debidamente ejecutoriadas.

En el caso bajo estudio, se observa que, en el recurso de apelación, uno de los argumentos esbozados por la parte demandada, es que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, frente al acto administrativo que fue declarado nulo; lo que de entrada torna improcedente el estudio de fondo del recurso de alzada, dada la competencia que tiene el ad quem.

En efecto, observa la Sala que el demandado dentro de la contestación de la demanda (folios 250 y 251), propuso la excepción de cosa juzgada, la cual fue declarada no probada en la audiencia inicial llevada a cabo el 15 de febrero de 2016 (folios 301 y 302), decisión contra la cual el demandado no interpuso recurso alguno, según consta en el acta de dicha diligencia a folio 302.

De lo anterior, salta a la vista que la cosa juzgada constitucional alegada como excepción por el señor José Augusto Ayala Peña, fue resuelta en la audiencia inicial, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada y que no es competencia de este fallador de segunda instancia estudiarla nuevamente.

Frente a este punto, es necesario reiterar que las decisiones proferidas en la audiencia inicial, concretamente en este caso, en la etapa de excepciones previas (artículo 180-6 CPACA) se notifican en estrados como lo ordena el artículo 202 del CPACA, es decir, al declararse no probada la excepción de cosa juzgada, dicha providencia se notificó en estrados a las partes. Luego es en esta oportunidad procesal que se deben presentar los recursos procedentes, en caso de reparo contra la decisión. De lo contrario, el auto queda ejecutoriado y en firme, como ocurrió en el sub lite.

De allí que no sea posible un nuevo estudio posterior de dicho medio exceptivo, porque se entiende que ya fue resuelto mediante providencia debidamente ejecutoriada, contra la cual no se presentaron recursos.

Es decir, las decisiones tomadas en la audiencia inicial y en general, en la parte oral del proceso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 tienen la misma validez y efectos de las providencias proferidas por escrito. Por ello, tanto el juez, como las partes, deben respetar el debido proceso, en la medida que las providencias dictadas en audiencia, se contradicen en esa etapa procesal y si las partes guardan silencio, se entiende que están conformes.

Lo precedente adquiere relevancia para no sorprender al juez, a la contraparte en otra etapa del proceso o al ad quem, en el trámite del recurso de apelación, con debates o nuevos cuestionamientos respecto de decisiones ejecutoriadas y en firme en etapas procesales anteriores, cuyo objeto ya no es el estudio de estas.

En conclusión: En el presente caso no es procedente un nuevo pronunciamiento acerca de la excepción denominada cosa juzgada, toda vez que fue decidida por el a quo en la audiencia inicial, decisión que se encuentra ejecutoriada, pues no se interpuso recurso alguno. Por tanto, no es competencia de este fallador de segunda instancia analizarla de nuevo.

Segundo problema jurídico

¿Es susceptible de control jurisdiccional la Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, expedida por la extinta Cajanal EICE en cumplimiento de una sentencia de tutela?

Al respecto la subsección sostendrá que sí es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo demandado por medio el cual se reliquidó la pensión del demandado, tal y como pasa a explicarse.

De los actos de ejecución

La parte demandada, en el recurso de alzada señaló que el acto administrativo demandado no podía ser objeto de estudio por parte de esta jurisdicción, toda vez que este constituye un acto de ejecución al dar cumplimiento a una orden judicial.

En efecto, los actos administrativos que la doctrina ha denominado como de cumplimiento o ejecución, en los cuales, no se contiene una expresión de voluntad proveniente de la administración, sino la orden concreta de un juez que para cobrar ejecución requiere de su puesta en práctica por la autoridad que está obligada a cumplirla. Es entonces este acto, el instrumento jurídico a través del cual la administración materialmente cumple la orden dada por un funcionario judicial dentro de una providencia.

De manera que el acto administrativo definitivo produce efectos jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas, en tanto que el de ejecución da cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de aquel surgen situaciones jurídicas diferentes a las ordenadas en la sentencia.

Empero, sobre este punto es importante señalar que la jurisprudencia ha establecido que procede el estudio judicial de los actos de ejecución, en forma excepcional, cuando la decisión de la administración: i) excede lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial.

Ahora bien, frente a los actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, es importante recordar que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales, mientras que la competencia para conocer de la legalidad de los actos administrativos es el juez de lo contencioso administrativo, en consideración a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el hecho de que el acto demandado hubiera sido expedido en cumplimiento de una orden emitida por un juez de tutela no es un obstáculo para que el juez natural emita un pronunciamiento de fondo. Al respecto, esta subsección, manifestó:

«[…]
Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable, vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió […]»

Más adelante, esta misma subsección, reiteró dicha posición y la subsección B, agregó lo siguiente:

«[…]
Aunque resulta probado que la resolución objeto de controversia tiene la connotación de un acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los actos administrativos.

Adicional a lo anterior, debe decirse que una interpretación en contrario, esto es, la imposibilidad de controvertir la legalidad de la Resolución No. 41503 de 18 de agosto de 2006 prohijaría abiertamente la imposibilidad de que la administración, acuda al juez natural para cuestionar la legalidad de un acto administrativo que compromete recursos de naturaleza pública, lo que la situaría en una posición de orfandad jurídica ante la ausencia de un mecanismo judicial para controvertir sus propios actos.»

De lo anterior se colige que el acto administrativo a través del cual se da cumplimiento a una orden de tutela, si bien es cierto que en principio es un acto de ejecución, también lo es, que esta jurisdicción ha admitido como subregla, la procedencia del control de legalidad ante el juez natural, basado en la diferencia de la naturaleza del objeto de las acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho, y que es este último el llamado a verificar si el acto se ajusta al ordenamiento jurídico y efectuar un pronunciamiento con efectos ex tunc.

En virtud del anterior hilo argumentativo, en el caso objeto de estudio, se observa que por medio de la Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor José Augusto Ayala Peña en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, con la inclusión del 100% de lo devengado por la bonificación por servicios, elevando la cuantía a la suma de $2.314.556,01, efectiva a partir del 1.º de marzo de 2004 (folios 134 a 137).

En dicho acto administrativo, además de efectuarse la liquidación de la bonificación por servicios prestados en un 100%, se indicó: «[…] Que en dicho acto administrativo, la extinta Cajanal señaló:: Que de conformidad con lo anterior se ordenará el envío del expediente al Área Jurídica de CAJANAL EICE EN LIQUIDACION (sic), con el fin de que se inicie la acción de revisión correspondiente respecto del Fallo de Tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Ibagué –Tolima, Sentencia del 196 de mayo de 2018 con radicado No. 2008-424 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. […]» (página 135 vuelto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala colige que en principio el acto administrativo a través del cual la administración ordenó la reliquidación de la pensión del señor Ayala Peña con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios, al ser expedido con ocasión de la orden judicial adoptada el 16 de mayo de 2008 por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, tiene la connotación de acto de ejecución.

No obstante, conforme a la tesis adoptada por esta Corporación y anteriormente analizada según la cual aquellos actos emitidos en cumplimiento de una tutela podrán demandarse ante esta jurisdicción, dadas las diferencias sustanciales que existen entre la acción de tutela y la ordinaria, debe concluirse que, contrario a lo señalado por la parte demandada en el escrito de apelación, para el caso concreto, si bien la Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011 fue expedida por la entidad demandante en cumplimiento de una orden judicial, tal circunstancia per se no impide que el juez natural, esto es, el contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho defina su legalidad por solicitud de la administración, motivo por el cual no puede hablarse de acto meramente de ejecución.

En conclusión: La Resolución UGM 2934 del 2 de agosto de 2011, expedida por Cajanal (hoy UGPP) es un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, que pese haberse proferido en cumplimiento de una orden judicial de tutela, ello por sí solo no impide que el juez de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, estudie su legalidad por solicitud de la administración.

Tercer problema jurídico
¿El demandado tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con la inclusión del 100% de lo devengado por bonificación por servicios prestados?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: El cálculo de la bonificación por servicios debe efectuarse en una doceava parte, con base en los argumentos que proceden a explicarse:

Bonificación por servicios prestados

El Decreto Ley 1042 de 1978 por medio del cual se fijó el régimen salarial de los empleados del orden nacional (Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales) creó la bonificación por servicios en los siguientes términos:

«[…]
Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.

Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. […]»

Por su parte, el Decreto 247 de 1997, consagró la bonificación por servicios para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los siguientes términos:

«[…]
Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones. […]»

Así mismo, respecto a la bonificación por servicios prestados para los funcionarios de la Rama Judicial, esta Corporación ha señalado:

i). La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales;

ii). Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial;

iii). Pero ello no quiere decir que sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en mesadas;

iv). Una vez se determinan los factores salariales devengados se calcula el valor mensual de cada uno (doceavas), a efectos de determinar la mesada pensional.

Conforme a la normativa que precede, es dable afirmar que para efectos pensionales el cómputo de bonificación por servicios debe realizarse como se computan los demás rubros, esto es, en una doceava, por tanto, los factores salariales devengados, son calculados en esta misma proporción.

Lo anterior, ha sido sostenido por el Consejo de Estado en la que se reafirmó el reconocimiento de la citada prestación en una doceava parte así :

«[…]
Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por servicios se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual. […]»

Dicha posición fue reiterada por esta Corporación en sentencia del 10 de mayo de 2018, en la que se sostuvo:

«[…]
En virtud de lo expuesto, se encuentra claramente establecido que la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto, en consideración a que su pago se hace de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el último año, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978. […]»

De acuerdo con lo anterior, es pacífica la jurisprudencia en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.

En este sentido, no es de recibo el argumento esgrimido por el demandado en el recurso de apelación, en tanto que en el acto enjuiciado no se advierten causales de nulidad, dado que por el contrario, se observa que el mismo adolece de ilegalidad por ser contrario a la ley.

En aplicación de la anterior sinopsis normativa y jurisprudencial entorno al tema, se encuentra probado lo siguiente en el sub lite:

• De folios 63 a 68 vuelto, se observa el fallo de tutela del 16 de mayo de 2008, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, en el cual se decidió:

«[…]
ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, representada legalmente por su Director, o por quien haga sus veces, para que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, profiera una resolución adicionando las ya proferidas y efectúe la Reliquidación de la Pensión con retroactividad al momento que se reconoció la misma al señor JOSE (sic) AUGUSTO AYALA PEÑA, teniendo en cuenta el 100% de la Bonificación por Servicio prestado y las Doceavas partes de la Prima de Vacaciones, Prima de Servicio y Prima de Navidad mas (sic) elevada. […]» (Negrillas y mayúsculas del texto).

• A través de la Resolución UGM 002934 del 2 de agosto de 2011 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, se decretó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor José Augusto Ayala Peña en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué el 16 de mayo de 2008, con la inclusión del 100% de lo devengado por la bonificación por servicios, elevando la cuantía a la suma de $2.314.556,01, efectiva a partir del 1.º de marzo de 2004 (folios 134 a 137). Acto administrativo que fue notificado personalmente el 5 de agosto de 2011 (folio 138).

De las pruebas aportadas se colige lo siguiente:

El acto administrativo demandado adolece de ilegalidad pues tanto la ley, la jurisprudencia vigente de esta Corporación y la exposición efectuada en las consideraciones anteriores, resulta ostensible que la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios va en contra del ordenamiento jurídico.

Ello obedece a lo señalado en acápites anteriores, se reitera, a que la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe ser en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto, en consideración a que su pago se realiza de manera anual, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el cálculo de la pensión de jubilación se efectúa sobre el promedio mensual de lo percibido.

De manera injustificada se ordenó la inclusión total de la bonificación por servicios prestados que había devengado el señor Ayala Peña, dentro de la asignación más alta percibida durante el último año de servicio, cuando por la naturaleza y causación de tal factor, debió fraccionarse en una doceava parte.

Finalmente, en consideración a que con la expedición del acto administrativo demandado se adjudicó un derecho económico de carácter pensional que genera una afectación significativa al patrimonio público, y por existir contradicción entre lo ordenado por la resolución demandada y lo preceptuado en las normas y jurisprudencia que se invocan como vulneradas en el libelo introductor, se confirmará la sentencia recurrida.

En conclusión: La bonificación por servicios a favor del señor José Augusto Ayala Peña debe ser reconocida en una doceava parte y no en un 100% como erradamente se ordenó en el acto administrativo demandado.

Cuarto problema jurídico

¿Es procedente ordenar el reintegro del dinero percibido por el demandado, en virtud del acto administrativo enjuiciado, que le incluyeron el 100% de la bonificación por servicios, con ocasión de una orden de un fallo de tutela?

Al respecto la subsección sostendrá la siguiente tesis: no debe ordenarse la devolución de las sumas percibidas por parte del señor Ayala Peña, por concepto del 100% de la bonificación por servicios, toda vez que la entidad demandante no demostró la mala fe de la conducta desplegada por el demandado, como se explicará a continuación.

Del principio de la buena fe para devolución de prestaciones periódicas

Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario.

Cabe resaltar, que el principio de buena fe no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros.

En cuanto al alcance del citado principio, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…]
La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”

Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. […]» (Cursiva del texto).

A su turno, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá ser presentada, en cualquier tiempo cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». (Subraya la Sala).

Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, la Sección Segunda de esta Corporación, ha manifestado:

«[…]
Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a el señor (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que el demandado cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”.

“No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”.

“Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para determinar que el demandado al recibir la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:

[…]

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos […]

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA.[…]» (Subraya la sala).

Acorde con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, esta subsección observa que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario o en este caso, el demandado, actuó de mala fe.

Bajo dicho entendido, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.

Pues bien, conforme al análisis hasta aquí efectuado, se concluye al igual que el a quo, que es ilegal la decisión que reliquidó la pensión del demandado en cumplimiento de una orden de tutela, con la inclusión en la base liquidatoria del 100% de la bonificación por servicios prestados efectivamente devengada durante el último año de servicio, debiendo dilucidarse si en consecuencia de la nulidad ya decretada por tal razón, procede el restablecimiento del derecho deprecado por la entidad demandante.

Frente a este punto cabe resaltar que, acorde con el estudio efectuado en apartes anteriores, para que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que el señor José Augusto Ayala Peña al solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación mediante la acción de tutela, obró de mala fe.

En efecto, no se acreditó que el señor Ayala Peña haya llevado a cabo comportamientos que comprometían la lealtad, rectitud y honestidad, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, de ahí que no resulte acertada la deducción que hace la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en el sentido de que el pensionado al acudir directamente a la acción constitucional y no al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra per se incurso en conductas de mala fe, lo cual es una apreciación subjetiva que carece de respaldo para desvirtuar la presunción de buena fe que rodea a los particulares y a las autoridades públicas.

Es así, que sobre este aspecto la Sección Segunda del Consejo de Estado, consideró en sentencia del 23 de marzo de 2017, que acudir a la acción de tutela para «[…] obtener la reliquidación de la pensión gracia con todos los factores salariales, no puede hacer presumir un actuar ilegal, fraudulento o engañoso, pues en el ordenamiento jurídico existen diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote mala fe, es más, corresponde a la autoridad que conozca de cada una de ellas determinar si la vía judicial escogida es la adecuada para elevar determinada pretensión.[…]»

Aunado a lo anterior, tampoco actúa de mala fe a quien la administración ya le ha negado un derecho y demanda judicialmente para obtener su reconocimiento, aunque para aquella sea claro que el peticionario no puede acceder a este, puesto que se vulneraría el acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, y es la autoridad judicial de acuerdo con el acervo probatorio quien decide o no el reconocimiento del derecho en litigio. Tampoco se probó que el demandado haya aportado certificaciones falsas encaminadas a demostrar que debía concedérsele la bonificación por servicios en un 100%.

En ese orden de ideas, la sala reitera que teniendo la carga probatoria la entidad demandante para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, ésta no demostró que el señor José Augusto Ayala Peña actuó de mala fe en la acción de tutela para obtener el derecho que le fue reconocido en el acto administrativo declarado nulo en primera instancia. En consecuencia, no es posible ordenar el reintegro de dineros de manera indexada como se pretende en la demanda y en el recurso de apelación presentado por la UGPP.

En este sentido, en un caso de similares condiciones fácticas al presente, se pronunció la Sección Segunda en sentencia del 23 de marzo de 2017, en la cual se indicó:

«[…]
Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta […]».

Así las cosas, en lo que concierne al objeto del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, en el sentido de que se condene al señor José Augusto a reintegrar los dineros recibidos por la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, se concluye que no se probó la mala fe en su actuación, debido a que no se acreditó la existencia de una maniobra fraudulenta o engañosa de su parte, producto de la cual hubiese logrado a través de la acción de tutela que se le liquidara un mayor monto en la pensión de jubilación.

En conclusión: No se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara al demandado porque la entidad demandante no demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios, por lo tanto, no está obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la subsección confirmará sentencia de 3 de junio de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto administrativo demandado, toda vez que no prosperan los argumentos de los recursos de alzada interpuestos.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, la subsección resalta que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual se ordenó por orden judicial la reliquidación de una pensión de jubilación.

En ese sentido conforme al artículo 188 del CPACA, no es viable la condena en costas, toda vez que en este tipo de eventos en que se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte vencida en el litigio, cuando resulte afectado con la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP y en la que fue vinculado el señor José Augusto Ayala Peña.

Segundo: No condenar en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa Justicia Siglo XXI.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Folios 300 a 304. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 318 A 324 vuelto del cuaderno principal. Folios 330 a 336. Folios 337 a 339. Ver constancia secretarial obrante a folio 366. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de febrero de 2017, consejero ponente William Hernández Gómez, número interno: 1511-2014
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Providencia del 30 de marzo de 2006, expediente: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Corte Constitucional. Sentencia T- 923 de 7 de diciembre de 2011. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, expediente: 410012333000201200103-01 (3986-2013), demandante: Universidad Surcolombiana. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, expediente: 18001-23-33-000-2013-00054-01(2529-13). Ver Sentencia del 12 de diciembre de 2017. Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicación número: 25000-23-25-000-2011-00252-01(2708-15). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2011. Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicado 11001-03-15-000-2011-01385-00(AC). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2012, radicación: 41001233100020040161401 (6538-05), Actor: Gloria Lucia Cuellar Núñez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 4 de mayo de 2016. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. radicado: 25000-23-25-000-2011-00161-02 (3709-14). Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en un artículo denominado «Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2008, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 0640-2008; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2014, consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), número interno 1896-2013.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo sección segunda, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 7 de febrero de 2013, radicación: 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), Actor: Martha Lucía López Mora. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00767-02(2525-17). Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997. Ver Sentencia C-071 de 2004, Corte Constitucional. Sentencia del 3 de febrero de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis Referencia: expediente D-4692. Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 8 de mayo de 2008, con ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante, dentro del proceso radicado con el Nº 0949-2006. Sentencia T-437/12 del 12 de junio de 2012. Magistrada ponente: Adriana María Guillén Arango. Referencia: Expediente T-2809770. Sentencia C-131 de 2004, citado en la sentencia C-1094 de 2004. Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13). Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente No. 12.971. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación: 19001 23 31 000 2012 00251 01 (2036-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015). Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] »
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.».

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