Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2015-00380-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Pliegos de condiciones: deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2015-00380-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2015-00380-02
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
21 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 730012333005201500380 01 (68902)
Actor: UNIÓN TEMPORAL FUERZA TOLIMENSE
Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO (LEY 1437 DE 2011)
Temas: FACULTAD DE INCORPORAR CAUSALES DE RECHAZO EN LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES – deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y
concretar el principio de selección objetiva / APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE
RECHAZO DE LAS OFERTAS – observancia del principio de prevalencia de la
sustancia sobre la forma / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – deber
demostrar que la del demandante era la mejor propuesta
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
el 31 de marzo de 2022, mediante la cual se resolvió negar las pretensiones de la
demanda y condenar en costas a la parte actora.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la declaratoria de nulidad del acto por el
cual el departamento del Tolima adjudicó el contrato producto de la Licitación 17 de
2014 a la unión temporal MT Seguridad, negocio que tuvo por objeto la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas en las instituciones
educativas de los municipios no certificados de ese departamento. Por esta vía, la
demandante aspira a que, consecuencialmente, se le restablezca su derecho al
considerar que su propuesta debió ser favorecida con la adjudicación, luego de que
su propuesta fuera rechazada.
Se discute que su oferta debió ser valorada, pues, a pesar de allegar un anexo
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
explicativo del anexo 6 contentivo del precio ofrecido, tal circunstancia no era causal
de rechazo por cuanto el pliego así lo permitía, al paso que se sostiene que la unión
temporal adjudicataria sí incurrió en la causal de rechazo de ofertas, por haber
presentado información no coincidente con la realidad y haber actuado de mala fe.
2. La demanda
La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 17 de junio de 2015
por los miembros de la unión temporal Fuerza Tolimense, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del departamento del
Tolima y la unión temporal MT Seguridad, con el fin de que:
• Se declarara la nulidad de la Resolución 8606 del 22 de diciembre de 2014,
por la cual el departamento del Tolima adjudicó la Licitación Pública 17 a la
unión temporal MT Seguridad.
• Como consecuencia, que se declarara que la unión temporal Fuerza
Tolimense estaba llamada a ocupar el primer lugar en el orden de
elegibilidad en el referido procedimiento de selección.
• Que se condenara al departamento del Tolima a reconocer y pagar a la unión
temporal Fuerza Tolimense la suma de $454’894.840 por concepto de AYS
(administración – supervisión), así como al reconocimiento de intereses
moratorios.
2.1. Los hechos
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos
relevantes:
2.1.1. El departamento del Tolima abrió1 la Licitación Pública 17, con el objeto de
escoger al contratista para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad
privada sin arma en las instituciones educativas de los municipios no certificados de
ese departamento.
2.1.2. Al procedimiento de selección se presentaron cuatro propuestas, entre ellas,
la de la unión temporal Fuerza Tolimense conformada por la sociedad Aguiarlarmas
Ltda. y Seguridad Las Américas.
1 No se indica en la demanda la fecha en que ese hecho tuvo ocurrencia.
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Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
2.1.3. El departamento de Tolima rechazó las propuestas presentadas por las
uniones temporales Fuerza Tolimense, Tolima Grande y Educación Tolima Segura
2014, por considerar que se encontraban incursas en la causal de rechazo
contemplada en el literal m, numeral 4.1 del pliego de condiciones, consistente en
“cuando no presente, no diligencie o modifique las especificaciones previstas en el
Anexo 6 (oferta económica)”, debido a que, según la entidad, se presentaron
modificaciones al anexo 6 de la oferta económica al que se le debía dar fiel
observancia.
2.1.4. Sostuvo el demandante que su propuesta no debió ser rechazada, por cuanto
no se modificó el anexo 6 contentivo de la oferta económica, sino que, con
fundamento en el numeral 1.12 del pliego de condiciones, procedió a complementar
las especificaciones de ese anexo 6, sin modificarlas.
2.1.5. Se advirtió que el resto de las propuestas sí ameritaban rechazo, en
consideración a que:
• La unión temporal Educación Tolima Segura sí modificó la oferta económica
al incluir una columna denominada “tiempo de prestación de servicios cinco
días y AIU”.
• La unión temporal Tolima Grande incluyó en el anexo 6 la descripción de
“controladores de ronda”, lo cual no se hallaba dentro de las especificaciones
técnicas.
• A la unión temporal MT Seguridad no se le podía asignar puntaje por la
formación adicional de los supervisores, ya que la escuela que certificó los
estudios no tenía el curso de profundización de supervisores en entidades
oficiales.
2.1.6. El 17 de diciembre de 2014, la unión temporal demandante presentó
observaciones al informe de evaluación, en las cuales explicó que no había
introducido modificaciones en el anexo 6, puesto que no se afectó la oferta
económica. La entidad insistió en el rechazo de su oferta.
2.1.7. El 22 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia en la que se adjudicó
la Licitación 17 a la unión temporal MT Seguridad, decisión que violó flagrantemente
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Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
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los principios de selección objetiva, transparencia, debido proceso e igualdad,
porque se favoreció a una propuesta que no se ajustaba a los pliegos de condiciones
y se rechazó la de la demandante, que estaba llamada ocupar el primer lugar en el
orden de elegibilidad.
2.1.8. Se afirma que la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, siendo rechazado el primero y el segundo fue concedido ante un
funcionario de menor jerarquía.
2.2. Normas violadas y concepto de la violación
Indicó que la Resolución acusada transgredió los artículos 2 y 3 de la Constitución
Política; los artículos 3, 23, 24, 25, 28, 29 y 52 de la Ley 80 de 1993; los artículos 5
y 9 de la Ley 1150 de 2007; y los artículos 26 y 27 del Decreto 1510 de 2013.
Adujo que se vulneraron los principios de selección objetiva, igualdad, transparencia
y debido proceso que rigen la contratación estatal.
Como sustento de lo anterior, afirmó que el comité evaluador no realizó su labor de
manera imparcial con apego exclusivamente a los pliegos de condiciones, dado que
los interpretó amañadamente al rechazar la oferta de la unión temporal actora y no
rechazar la de la adjudicataria que sí incumplió las reglas del documento
precontractual y, además, adelantó actuaciones temerarias y de mala fe al presentar
documentos que no reunían los requisitos para ser apreciados, a sabiendas de que
en otro proceso licitatorio de la Fiscalía habían sido desestimados.
Explicó que la unión temporal demandante no modificó la información del anexo 6
como lo prohibió el pliego; simplemente agregó información explicativa adicional en
la que se apreciaba el valor del servicio unitario y la base del IVA.
2.3. Contestación de la demanda
2.3.1. Departamento del Tolima
La entidad contestó la demanda dentro del término legal. En esa oportunidad
manifestó que el procedimiento de selección se adelantó con arreglo a las normas
que lo regían.
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Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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Como razones de su defensa, esgrimió que en la propuesta de la UT Fuerza
Tolimense, en el anexo 6 contentivo de la oferta económica, no se incluyó la
columna correspondiente al IVA e incorporó, en un documento complementario,
información no relacionada con los datos exigidos en aludido anexo, impidiendo de
esta manera que la entidad contara con los elementos necesarios para la
comparación de las propuestas. Agregó que, al ser el precio del servicio un factor
puntuable, no era viable su subsanación, por lo que se incurrió en la causal de
rechazo prevista en el numeral 4.1 del literal m) del pliego de condiciones.
En cuanto a la valoración de la propuesta presentada por la UT MT Seguridad, la
que, según la demandante, debió rechazarse por fraude en la presentación de
certificados de profundización de entidades oficiales, explicó que al consultar el
proceso de la Fiscalía de Caquetá se evidenció en el SECOP que la persona
involucrada en el tema de los certificados era el integrante Cosequín de la unión
temporal demandante y que la Fiscalía tomó la misma determinación de restarle los
puntos conferidos por los certificados que acreditaban cursos no avalados por la
academia, por carecer de pruebas sobre la mala fe.
Añadió que en el pliego de condiciones se estableció que el tiempo para intervenir
durante la audiencia de adjudicación sería de cinco minutos, aspecto que el
demandante pretendía desconocer argumentando que se violó el debido proceso
por otorgarle diez minutos para hablar y no 45 minutos como había solicitado.
Precisó que contra el acto de adjudicación no procedía ningún recurso.
2.3.2. Unión temporal MT Seguridad
Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que su oferta cumplió
con todos los requerimientos del documento precontractual y que, luego de ser
evaluada, a pesar de sustraerle 200 puntos, resultó vencedora en el procedimiento
de selección.
Indicó que no tuvo participación en la decisión de rechazar la propuesta de la UT
actora, ya que esta fue adoptada por la administración pre-contratante.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
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Adicionalmente, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas
Confianza S.A., con fundamento en la póliza de seriedad de la oferta GU034013,
vinculación que fue admitida por el Tribunal de primera instancia en auto del 27 de
abril de 2016.
2.3.3. Confianza S.A.
La compañía aseguradora contestó la demanda oportunamente. Manifestó que
algunos hechos eran ciertos y otros eran apreciaciones subjetivas.
Como razones de su defensa manifestó que no se encontraba configurado un
siniestro con cargo al amparo de seriedad de la oferta. Así mismo, propuso las
excepciones de “falta de legitimación en la causa por parte de la unión temporal MT
seguridad para llamar en garantía a Confianza S.A.”, “cobertura de las pretensiones
de la demanda y el llamamiento en garantía / los riesgos amparados con la póliza
de seriedad de la oferta son limitados y taxativos”, y “cumplimiento de obligaciones
por parte del garantizado- consecuente inexigibilidad del seguro”.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Luego de referirse brevemente al principio de selección objetiva y a la facultad de
las entidades para rechazar las propuestas, abordó el análisis de fondo del caso
con apoyo en los hechos acreditados.
En ese examen se pronunció sobre la exigencia contemplada en el pliego respecto
de la forma en que debía diligenciarse el anexo 6, contentivo de la oferta económica,
y a la manera en que cada uno de los proponentes lo presentó.
Consideró que el departamento del Tolima obró de conformidad con las reglas del
pliego, al haber rechazado la propuesta de la unión temporal Fuerza Tolimense, en
tanto, si bien se indicó en el numeral 1.12 del documento precontractual que se
podría anexar información adicional a la solicitada por la entidad en los formularios,
lo cierto es que la entidad fue clara al señalar que la modificación del anexo 6
constituía causal de rechazo.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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Advirtió el tribunal que en el anexo 6 presentado por la demandante no se incluyó
el valor del IVA como se exigía en el formulario y, además, que presentó un anexo
“complementario” en el que incorporó una columna no solicitada por la entidad,
correspondiente al “valor del servicio unitario”, e introdujo otra columna con la base
del IVA al 10%, lo cual constituyó otra modificación al anexo 6.
En ese sentido explicó que el AYS (administración y supervisión) no es el
equivalente al AIU en los contratos de obra, habida cuenta de que, de acuerdo con
el Decreto 4950 de 2007, los factores de administración y supervisión obedecen a
un porcentaje adicional que se cobra a la tarifa del servicio de vigilancia
dependiendo de la modalidad en la que este se preste que, para el caso, al ser una
vigilancia sin armas, era del 8%.
Aseveró que esta última no era la base gravable del IVA, porque el artículo 462-1
del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012, ya establecía una base
especial del IVA respecto de los servicios de aseo, cafetería y vigilancia en los que
el IVA de 16% en ese entonces se calculaba sobre el AIU, precisando que el AIU
no podía ser inferior al 10% del valor del contrato, razón por la cual consideró que
no debía eliminarse la columna del IVA en el formato 6, porque era la que sustentaba
la siguiente ecuación:
Total antes de IVA (servicio + AYS) + IVA = TOTAL CON IVA.
Con base en lo anotado indicó que los ítems introducidos por la accionante en nada
contribuyeron al procedimiento de selección y, por el contrario, obstaculizaron la
concreción del referido principio.
Agregó que, con apego al numeral 1.3 del pliego de condiciones, el presupuesto
oficial del proceso ascendía a $6.521’800.378 IVA, incluido AYS, razón por la cual
el tribunal encontró justificada la prohibición de modificar el anexo 6.
Razonó que en las propuestas de las uniones temporales Tolima Segura, Tolima
Grande y Fuerza Tolimense se introdujeron modificaciones al anexo 6 que las hizo
merecedoras de su rechazo, por cuanto recaían sobre un aspecto susceptible de
puntaje y, por ende, insubsanable.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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4. El recurso de apelación
La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que fuera revocada y se accediera a las pretensiones de la
demanda.
Como sustento de su discrepancia, adujo que una cosa era modificar y otra muy
distinta era complementar, siendo esto último lo que la unión temporal Fuerza
Tolimense hizo respecto del anexo 6, cuestión que, según enfatizó, además de
haberla anunciado en el título del formulario, era perfectamente viable de acuerdo
con lo dispuesto en el numeral 1.12 del pliego de condiciones. Con fundamento en
esa misma previsión, advirtió que no era cierto que estuviera prohibido modificar el
anexo 6.
Explicó que, si bien en el anexo 6 no estaba incluida la columna correspondiente al
IVA, tal situación se aclaró al incluirla en el anexo complementario al anexo 6.
Advirtió que la información registrada en el anexo complementario en nada afectaba
o alteraba la columna principal contentiva del precio total de la oferta.
Sostuvo que el “anexo No. 6 si se podía modificar, lo que no se podía modificar eran
las especificaciones”.
Manifestó que las columnas que se agregaron en el anexo complementario no
impedían la comparación de las ofertas, ya que a través de ellas simplemente se
estaba explicando la base del cálculo del IVA y el valor unitario del servicio, dato
que era de suma relevancia por tener tarifas reguladas por la Supervigilancia.
Precisó que, si bien era cierto, como lo decía el tribunal, el AYS no es la base
gravable para el cálculo del IVA, esa circunstancia fue precisamente la que justificó
el hecho de que se agregara una columna informativa sobre cuál era la base real
para el cálculo del IVA en la que se denominó “BASE DEL IVA 10%”, el cual, en
todo caso, está calculado de acuerdo con la ecuación referida por el tribunal de
primera instancia.
Indicó que en la contratación estatal lo sustancial debía primar sobre lo formal. En
este caso lo formal eran las columnas y casillas y lo sustancial eran las
especificaciones que en ellas estaban contenidas.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Señaló que su propuesta no debió haber sido rechazada y que de haber sido
evaluada habría obtenido el mayor puntaje.
En cuanto a la oferta de la unión temporal MT Seguridad, insistió en que había
obrado de mala fe, por lo que no era suficiente con restarle 200 puntos a su
calificación, siendo necesario rechazarla, puesto que estaba demostrado que en la
licitación presentada ante la Fiscalía, en la que participó la UT favorecida con la
adjudicación, se pretendieron hacer valer las mismas certificaciones que no tenían
la entidad de acreditar lo exigido, lo que llevó a que en ese procedimiento de
selección se sustrajera puntaje. De esta situación, para el recurrente, se desprendía
el actuar doloso y con intención de engaño por parte de la unión temporal
adjudicataria, la que de antemano conocía que esas certificaciones contenían
información que no podía ser apreciada.
5. Actuación en segunda instancia
Mediante providencia del 23 de septiembre de 2022, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demandante. En atención a lo dispuesto en la Ley 2080
de 2021, en esa providencia se corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
En el término otorgado, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) procedencia y oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho; 2) objeto de la apelación: 2.2) la facultad de las
entidades precontratantes para incorporar en los pliegos causales de rechazo de
las propuestas; 2.3) la posibilidad de allegar anexos complementarios y explicativos
a los formularios requeridos por los pliegos de condiciones de la Licitación 17 de
2014; 2.4) la valoración del anexo 6 contentivo de la oferta económica presentado
por la demandante; 2.5) la valoración de la formación adicional de los supervisores
de la UT MT Seguridad; 2.6) la acreditación de que la propuesta de la demandante
era la más favorable para el departamento del Tolima: 2.6.1) en cuanto a la calidad
del servicio; 2.6.2) no tener multas en contratos; 2.6.3) apoyo a la industria nacional;
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
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del derecho
2.6.4) precio de la oferta; 2.7) la nulidad del acto de adjudicación contenido en la
Resolución 8606 del 22 de diciembre de 2014 y el restablecimiento del derecho de
la demandante y 3) costas.
1. Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual
Se pretende la nulidad de la Resolución 8606 del 22 de diciembre de 2014, por
medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública 017, y consecuencialmente el
restablecimiento del derecho, aspectos que corresponden ventilarse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado, al tenor de
los dictados del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 que orientan a que: “Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”.
A su turno, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) dispone que el
cómputo de la caducidad en este evento atiende a la siguiente regla “c) Cuando se
pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos
a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso”.
La demandada resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su
expedición, 22 de diciembre de 2014, lo que sitúa el conteo inicial en el día siguiente,
23 de diciembre de 2014; de ahí que los cuatro meses de caducidad se cumplirían
el 23 de abril de 2015.
En este punto, es imperativo señalar que el 27 de marzo de 2015, faltando
veintiocho2 días para vencerse el plazo, la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 27 Judicial II para Asuntos
Administrativos, trámite que culminó el 10 de junio de 2015, tras expedirse la
constancia en la cual daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por
ausencia de ánimo conciliatorio. A partir del día siguiente se reanudó el término de
veintiocho días restantes para completar los cuatro meses, los cuales vencían el 8
de julio de 2015.
2 Folio 1.129 cuaderno 5.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
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Al haberse interpuesto la demanda el 17 de junio de 2015, se concluye que su
presentación se produjo dentro del término legalmente establecido.
2. Objeto de la apelación
La argumentación del recurso gravita sobre tres ejes temáticos que se concentran
de la siguiente manera: i) de acuerdo con las reglas de selección, los proponentes
estaban en la posibilidad de allegar documentos complementarios y explicativos de
los anexos exigidos en el pliego de condiciones, lo que imponía a la entidad a valorar
el anexo complementario 6 aportado por la demandante para explicar su oferta
económica; ii) la proponente unión temporal Fuerza Tolimense no incurrió en la
causal de rechazo prevista en el pliego de condiciones, por cuanto no modificó las
especificaciones de la oferta económica, dado que simplemente complementó la
información con el anexo explicativo; iii) la propuesta de la unión temporal MT
Seguridad debió ser rechazada, por cuanto actuó de mala fe y de manera
fraudulenta, al presentar certificaciones que de entrada sabía que no se podían
apreciar.
En el orden expuesto la Sala procede a resolverlos, no sin antes referirse
brevemente a la facultad de las entidades precontratantes para introducir causales
de rechazo en los pliegos de condiciones y a su contenido, por ser un aspecto
transversal al debate que se pone en consideración de esta instancia.
Igualmente, se pone de presente que el punto tres será pasible de ser analizado
siempre que se acredite que la propuesta de la accionante no estaba llamada a ser
rechazada.
2.2. La facultad de las entidades precontratantes para incorporar en los
pliegos causales de rechazo de las propuestas
La jurisprudencia del Consejo de Estado, de tiempo atrás, se ha encargado de
destacar que la potestad configuradora de los pliegos de condiciones por parte de
la entidad pre contratante, lejos de comportar un poder ilimitado, encuentra su
lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden constitucional y legal
que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición de
requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución
del fin público que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
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del derecho
contrato.
Por oposición, su facultad no puede emplearse para la fijación de requisitos inanes,
superfluos, caprichosos o arbitrarios que en nada contribuyan al logro de los fines
de la contratación y, por el contrario, obstaculicen la selección objetiva de la
propuesta más favorable para la entidad.
Las reflexiones que se plasman hallan su respaldo normativo en el numeral 6 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual prevé que las propuestas deben acatar las
exigencias contempladas en el pliego de condiciones, sin perjuicio de lo cual dicha
disposición necesariamente debe acompasarse con lo dispuesto en el parágrafo 1°
del artículo 5 de la Ley 1150 de 20073, que establece que la ausencia de requisitos
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no
necesarios para la comparación de propuestas, no servirán de título suficiente para
el rechazo.
En esos mismos términos ha sido entendido por la jurisprudencia de esta
Subsección, al manifestar que para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad
pública debe actuar de conformidad con reglas concebidas para que las causales
que determinen esa consecuencia se hallen previamente establecidas en la ley o la
desarrollen4.
De ahí que la incorporación de una causal de rechazo que justifique la exclusión de
alguna propuesta del procedimiento de selección debe encontrar apoyo normativo
que la dote de sustento jurídico, al tiempo que debe referirse a la ausencia de
requisitos o documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas
y, a la luz de la Ley 1150 de 2007, debe aludir a aspectos que afecten la asignación
de puntaje.
Se precisa igualmente que, además de aquellas causales de rechazo que, a la luz
de estos dictados inserte la entidad pública en el texto precontractual, también se
entenderán agregadas las que se desprendan directamente de la normativa
constitucional y legal, en cuanto resulten aplicables al procedimiento de selección
3 “Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en
cualquier momento, hasta la adjudicación”.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 21 de
noviembre de 2013, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
que corresponda, al margen de que no se hubieren vertido expresamente en el
catálogo negocial.
Con base en lo expuesto, la Sala estima que una causal dirigida a sancionar con el
rechazo a una propuesta que suministre información que no concuerde con la
realidad resultará válida en la medida en que comporta un desarrollo del principio
constitucional de buena fe que impone a las partes el deber de actuar con rectitud,
lealtad y honestidad en su gestión negocial.
También entraña una expresión del principio de selección objetiva, puesto que solo
será posible la escogencia de la oferta más favorable a partir de la verificación de
datos verdaderos, confiables y fidedignos que reflejen la real sujeción de la
propuesta al interés que se pretende satisfacer con la celebración del contrato que
se aspira a adjudicar.
No obstante lo anterior, en caso de que la información reportada que, en principio,
no concuerda con la realidad recaiga sobre un aspecto que no otorga puntaje, la
Sala considera que, en atención al mandato impuesto en el parágrafo primero del
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, aquella no podrá aplicarse de plano sin brindar
un espacio a los oferentes para que rindan las aclaraciones del caso, evento en el
cual la entidad, una vez escuchados, decidirá si las explicaciones se ajustan al
compendio constitucional, legal y reglamentario que sirve de base para el
procedimiento de selección.
2.3. Sobre la posibilidad de allegar anexos complementarios y explicativos a
los formularios requeridos por los pliegos de condiciones de la Licitación 17
de 2014
El tribunal de primera instancia consideró que el departamento de Tolima obró de
conformidad con las reglas del pliego al haber rechazado la propuesta de la unión
temporal Fuerza Tolimense, en tanto, si bien se indicó en el numeral 1.12 del
documento precontractual que se podría anexar información adicional a la solicitada
por la entidad en los formularios, lo cierto es que la entidad fue clara al señalar que
la modificación del anexo 6 constituía causal de rechazo.
Inconforme con esa decisión, el recurrente sostuvo que, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1.12 del pliego de condiciones, era perfectamente viable
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
modificar el anexo 6 en cuanto a su forma, lo que no se podía alterar eran sus
especificaciones.
En orden a resolver este cargo, la Sala parte de precisar que en el expediente está
demostrado que el departamento del Tolima abrió la Licitación Pública 017 de 2014
con el objeto de contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada
sin armas en las instituciones educativas de los municipios no certificados de ese
ente territorial.
De acuerdo con el numeral 5.5. del pliego de condiciones que rigió el procedimiento
de selección, se establecieron los factores de evaluación de las propuestas de la
siguiente manera:
FACTOR DE EVALUACIÓN Puntaje
1) PRECIO DEL SERVICIO 150
2) CALIDAD DEL SERVICIO 650
a) Tiempo de funcionamiento 150
b) Formación adicional de los supervisores 200
c) Formación adicional de los vigilantes 300
3) NO TENER MULTAS EN CONTRATOS 100
4) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
TOTAL 1.000
En el numeral 1.12 de ese mismo documento se determinó la forma en que debían
diligenciarse los formatos y los anexos de la propuesta, en los siguientes términos
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“1.12. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS
La información requerida que deba consignarse en los formatos o formularios
indicados en el pliego será diligenciada y presentada en forma impresa. Si el
proponente considera que es conveniente para complementar su
propuesta, anexar información adicional a la solicitada por LA ENTIDAD en los
formularios establecidos, podrá allegarla haciendo referencia al formulario que
complementa”.
Los anexos y formularios que, con arreglo al pliego de condiciones, debían
presentar los proponentes, fueron los siguientes:
Formularios y anexos Contenido
Anexo 1 Ficha técnica
Anexo 2 Carta remisoria de la propuesta
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
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del derecho
Anexo 3 Manifestación del oferente sobre inhabilidades e incompatibilidades
Anexo 4 Certificación aportes al sistema de seguridad social integral
Anexo 5 Apoyo a la industria nacional
Anexo 6 Oferta económica
Anexo 7 Minuta del contrato
Anexo 8 Compromiso anticorrupción
En consonancia con lo anterior, se observa que en el numeral 4.1 del pliego de
condiciones se consagraron las causales de rechazo de las propuestas, entre las
cuales se destaca la que interesa para la solución del caso (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):
“4.1. CAUSALES DE RECHAZO
Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de uno cualquiera de
los siguientes eventos:
(…).
m. Cuando no presente, no diligencie o modifique las especificaciones previstas
en el Anexo No. 6 (oferta económica) del presente pliego de condiciones.
El contenido del anexo 6, previsto en el pliego fue el siguiente (se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores):
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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En la propuesta presentada por la unión temporal Fuerza Tolimense, se incorporó
el anexo 6, contentivo de la oferta económica, el cual fue diligenciado de la siguiente
manera5:
Adicionalmente, el demandante adjuntó a su propuesta otro documento titulado
“Anexo 6 complementario de la propuesta económica”6:
5 Folio 290 de la carpeta titulada Licitación pública 017 -2014 unión temporal Fuerza Tolimense.
6 Folio 291 de la carpeta titulada Licitación pública 017 -2014 unión temporal Fuerza Tolimense.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
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El departamento del Tolima acogió el informe de evaluación en el que se conceptuó
que la oferta de la unión temporal Fuerza Tolimense debía ser rechazada por haber
incurrido en la causal de rechazo prevista en el literal m) del numeral 4.1 del pliego
de condiciones, al haber: i) modificado el anexo 6, del que se eliminó la columna del
IVA; ii) aportado un anexo complementario que no podía ser tenido en
consideración por tratarse de un aspecto puntuable.
De este breve recuento de las reglas que, en torno a la presentación de anexos
complementarios, disciplinaron la etapa de escogencia y de lo acontecido en punto
a esa cuestión en lo que concierne a la oferta de la demandante, la Sala considera
que, contrario a lo alegado por el recurrente, no resultaba viable la presentación de
un anexo complementario respecto de la oferta económica, por las razones que
pasan a explicarse:
Como se aprecia del contenido de los anexos exigidos en el pliego de condiciones,
se evidencia que solamente dos de los anexos en comento aludían a factores
puntuables de la oferta: los anexos correspondientes a la oferta económica y el
apoyo a la industria nacional. Los demás se referían a requisitos habilitantes que
debían cumplir los proponentes.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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La Sala estima que, si bien el numeral 1.12 del documento precontractual contuvo
una regla general permisiva sobre la presentación de anexos complementarios,
ciertamente su aplicación no podía interpretarse de manera aislada y desligada de
los demás postulados que rigieron el procedimiento de selección y menos aún de
las normas imperativas que lo gobernaron.
En efecto, debía tenerse en consideración que, al compás del marco normativo
referido en párrafos precedentes, no era jurídicamente procedente que, a través de
documentos adicionales se complementara información relativa a aspectos
ponderables, so pena de alterar o afectar cuestiones que incidieran en el
otorgamiento de puntaje y se vulnerara de esta manera el principio de selección
objetiva.
Es por ello que, no obstante haberse consagrado expresamente por la entidad
estatal la posibilidad de allegar información explicativa adicional, tal alternativa
podía ser empleada siempre que su ejercicio se circunscribiera a aquellos
formularios o anexos en los que se registrara información que no guardara directa
relación con los factores de evaluación.
De ahí que los formularios o anexos correspondientes a la oferta económica y el
apoyo a la industria nacional no eran susceptibles de ser complementados por vía
de la aplicación del numeral 1.12 del pliego de condiciones
Tal aserto se desprende no solo de la normativa que informó la etapa precontractual,
sino de la expresa prevención que en ese sentido, al menos en lo que concierne a
la oferta económica, se consagró en el literal m) del numeral 4.1, cuya lectura, lejos
de presentar una contradicción con el texto del numeral 1.12 del pliego de
condiciones, estaba llamada a integrarlo en su hermenéutica a título de excepción.
Por las anteriores razones, la Sala considera que no le asiste la razón al
demandante al sostener que debía valorarse la información contenida en el anexo
complementario 6, dado que, al recaer sobre la oferta económica, no resultaba
válido complementar los datos exigidos por el ente territorial.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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2.4. Sobre la valoración del anexo 6 contentivo de la oferta económica
presentado por la demandante
El tribunal de primera instancia advirtió que en el anexo 6 presentado por la
demandante no se incluyó el valor del IVA como se exigía en el formulario, a lo que
agregó que el AYS (administración y supervisión) no es el equivalente al AIU en los
contratos de obra, habida cuenta de que, de acuerdo con el Decreto 4950 de 2007,
los factores de administración y supervisión obedecen a un porcentaje adicional que
se cobra a la tarifa del servicio de vigilancia dependiendo de la modalidad en la que
este se preste que, para el caso, al ser una vigilancia sin armas, era del 8%.
En ese sentido, precisó que esta última no era la base gravable del IVA, porque el
artículo 462-1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012,
establecía una base especial del IVA respecto de los servicios de aseo, cafetería y
vigilancia, en el que el IVA del 16% en ese entonces se calculaba sobre el AIU,
precisando que el AIU no podía ser inferior al 10% del valor del contrato, razón por
la cual consideró que no debía eliminarse la columna del IVA en el formato 6, porque
era la que sustentaba la siguiente ecuación: total antes de IVA (servicio + AYS) +
IVA = TOTAL CON IVA.
En discrepancia con lo anterior, el apelante expresó que, aun cuando en el anexo 6
no estaba incluida la columna correspondiente al IVA, tal situación se esclareció al
incluirla en el anexo complementario al anexo 6. Precisó que el “anexo No. 6 si se
podía modificar, lo que no se podía modificar eran las especificaciones”.
Indicó que, si bien era cierto, como lo decía el tribunal, que el AYS no es la base
gravable para el cálculo IVA, esa circunstancia fue precisamente la que justificó el
hecho de que se agregara una columna informativa sobre cuál era la base real para
el cálculo del IVA en la que se denominó “BASE DEL IVA 10%”, el cual, en todo
caso, estaba calculado de acuerdo con la ecuación referida por el tribunal de
primera instancia, a lo que añadió que los datos consignados en el anexo 6 no
alteraban el precio ofrecido, porque el IVA estaba allí incorporado en la columna,
sin que se impidiera su valoración para efectos de la comparación objetiva de las
propuestas.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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Con el propósito de decidir este cargo de la impugnación, la Sala insiste en que,
según se consideró en el acápite que precede, no resultaba posible presentar
anexos complementarios de la propuesta económica, de tal suerte que este cargo
de censura se resolverá atendiendo a esa premisa y centrándose exclusivamente
en el diligenciamiento del anexo 6 -exigido en el pliego- por parte del demandante,
razón por lo que la Sala procede a graficarlo nuevamente para mayor comprensión
en su análisis:
Al respecto, se observa que, al diligenciar el anexo 6 de la oferta económica
presentada por la unión temporal Fuerza Tolimense, la proponente, en efecto y
como lo advirtió el tribunal, eliminó la columna destinada en el anexo para el cálculo
del IVA, que según el formulario debía anteceder a la del valor total.
Con todo, la Sala considera que tal situación no dio lugar a la causal de rechazo de
la propuesta por haber modificado las especificaciones previstas en el anexo 6, en
razón a que la supresión de esa casilla, en realidad, no contuvo una verdadera
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
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modificación de las especificaciones del aludido formulario, si se tiene en cuenta
que el valor correspondiente a ese gravamen, de cualquier manera, se incluyó en el
valor total del precio ofrecido y así fue indicado expresamente en la casilla final,
como lo exigía el pliego.
De ahí se desprende que el porcentaje y valor del IVA que se incluyó en el anexo 6
por parte de la unión temporal Fuerza Tolimense era perfectamente determinable a
través de una operación aritmética muy simple, por manera que en nada se
alteraron ni modificaron los componentes que habrían de integrar el precio ofrecido,
a diferencia de lo acontecido en el caso de las otras dos ofertas7 rechazadas por
haber introducido en el anexo 6 información distinta a la que se estaba requiriendo
en el pliego, lo que, en efecto, sí comportó una modificación de las especificaciones
de la oferta económica.
La Sala considera que, aun cuando no desconoce que le asiste la razón al tribunal
de primera instancia al enfatizar en la importancia de discriminar el valor
correspondiente al IVA del precio, en aras de identificar la base gravable para su
cálculo y su sujeción a los dictados del Estatuto Tributario8, lo cierto es que en el
contenido del anexo 6 ni siquiera se estaba solicitando identificar la base gravable
de ese impuesto, ni su porcentaje. Lo que se exigía era registrar su valor, nada más,
el que, se reitera, bien podía deducirse de la suma total de la oferta, mediante la
sustracción del valor correspondiente a la columna titulada “TOTAL ANTES DE IVA
(servicio + AYS)”.
En línea con lo anterior, ha de destacarse que en el diligenciamiento del anexo 6
por parte de la unión temporal Fuerza Tolimense no se desconoció lo dispuesto en
7 Tal fue el caso de las ofertas de las uniones temporales Educación Tolima Segura 2014 y Tolima
Grande. En el primer caso se destinó una casilla para el AIU que no se estaba solicitando en el anexo
6 e introdujo otros conceptos como “tiempo del servicio 5 días” y en el segundo evento, en el cálculo
del valor de la oferta se introdujo un ítem denominado “Controladores de ronda durante la vigencia
del contrato” que ninguna relación guardaba con los datos y especificaciones.
8 ARTÍCULO 462-1 DEL DECRETO 624 DE 1989. BASE GRAVABLE ESPECIAL. Artículo
modificado por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012: “Para los servicios integrales de aseo y
cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios
temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por
las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere,
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les
haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo
asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con
personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el
Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16%* en la parte correspondiente al AIU (Administración,
Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato”.
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el artículo 462-1 del Decreto 624 de 1989, modificado por la Ley 1607 de 2012, que
establecía la base gravable especial en la prestación del servicio de vigilancia, ni lo
consagrado en el Decreto 4950 de 20079, por el cual se fijan las tarifas para el cobro
del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Frente a ese punto se pone de presente que, en cuanto a la observancia del Decreto
4950 de 2007, fue el mismo texto original del formato del anexo 6 el que demandó
que en la quinta columna se consignara el valor de administración y supervisión
(AYS), correspondiente a un 8% sobre el monto calculado y de una lectura sencilla
se evidencia que así procedió la demandante al depositar allí los datos requeridos.
A la par con lo expuesto, se advierte que el importe incluido por concepto de IVA en
el precio total de la oferta de la actora igualmente consultó los preceptos del artículo
462-1 del Decreto 624 de 1989, modificado por la Ley 1607 de 2012, en la medida
en que, ciertamente el valor de ese impuesto ascendió al 16% calculado sobre el
10% del precio del contrato, tal y como lo estipulaba la norma en comento10.
La Sala considera que, a diferencia de lo estimado por la primera instancia, la
supresión de la columna concerniente al IVA no disipó o trastocó el resultado que
se habría de obtener de la ecuación: total antes de IVA (servicio + AYS) + IVA =
TOTAL CON IVA, debido a que el registro de todos esos datos fue atendido en el
anexo 6 de la oferta económica presentada por la unión temporal Fuerza Tolimense,
solo que, en vez de designar una casilla para enlistar el impuesto, su valor fue
sumado directamente en el monto total de la propuesta, sin que en su esencia se
hubiera eliminado.
9 “ARTÍCULO 2 del DECRETO 4950 DE 2007. Tarifas. Establécese como tarifas mínimas para el
cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes,
las siguientes:
(…).
2. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 8% sobre el monto calculado,
para cubrir gastos administrativos y de supervisión.
10 En relación con el recuadro correspondiente a 2014, se tiene que, según la columna “Total antes
de IVA (SERVICIO + AYS)”, el valor del contrato era de $136’896.883, cuyo 10% equivale a
$13’689.688, al tiempo que el 16% de esta última cifra corresponde a $2’190.350, que es
exactamente la suma que corresponde al IVA calculado en esa columna e incluido en el valor total,
conclusión de sustraer el valor de la penúltima columna al de la columna final.
El mismo escenario se presenta respecto del recuadro concerniente a 2015, en el que el valor
consignado en la columna “Total antes de IVA (SERVICIO + AYS)” asciende a $5.996’083.484 y su
10% equivale a $599’608.348 y el 16% respecto de esta suma por concepto de IVA corresponde a
$95’937.336, valor que fue incluido en la columna final del valor total.
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Lo dicho hasta ahora es suficiente para advertir que la supresión de la columna
destinada a la discriminación de IVA no llevaba a aplicar, sin más, la causal de
rechazo alusiva a la modificación de la oferta económica, toda vez que, como se
vio, la ausencia de esa columna en manera alguna constituía un obstáculo para la
comparación objetiva de las propuestas.
Lo anterior se debe a que todas las especificaciones exigidas por el pliego de
condiciones para diligenciar la oferta económica fueron incorporadas en el anexo 6
presentado por la demandante, al paso que el precio ofrecido fue el resultado de
conjugar todos esos factores.
Debe tenerse en cuenta, además, que la asignación de puntaje para la oferta
económica recaía exclusivamente en la cifra que cobijaba la totalidad del precio
calculado con inclusión de todos los elementos que lo conformaban, entre ellos, el
IVA. Por contera, surge con claridad que nada se oponía a que la propuesta
económica de la demandante fuera valorada a efectos de ser evaluada de
conformidad con los criterios de ponderación.
Ante este panorama, la Sala considera que, pese a haberse incorporado la causal
de rechazo relativa a la modificación de las especificaciones del anexo 6, su
aplicación necesariamente debía acompasarse con los principios que informan la
contratación estatal y evitar que en el cumplimiento de los fines de la actividad
negocial del Estado se vieran truncados por el concurso de talanqueras que en
manera alguna desarrollaran el principio constitucional que impone la prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal y, por el contrario, lo burlaran.
En otras palabras, las causales de rechazo que en ejercicio de la potestad de
configuración de los pliegos de condiciones11 las entidades estatales contratantes
11 Sección Tercera, Consejo de Estado, 30 de julio de 2008, Expediente: 23.003, Actor: Constructora
Sego Ltda. y otro, Demandado: Municipio de Santiago de Tolú: “Acerca de la segunda cuestión antes
enunciada, relacionada con la amplitud de facultades que la ley otorga a las propias Entidades
Estatales para que puedan configurar, de manera proporcional y razonable, consultando sus propias
necesidades y las circunstancias existentes, las exigencias, los requisitos y las características de los
contratos en los cuales ellas han de actuar como partes, mediante el diseño de los correspondientes
pliegos de condiciones o términos de referencia los cuales, además de constituir la base fundamental
de los contratos respectivos, se han de incorporar a dichos vínculos contractuales con posterioridad
a la respectiva adjudicación.”
“Las normas legales que se ocupan de esta materia -en particular el numeral 5 del artículo 24 de la
Ley 80-, se limitan a señalar los parámetros generales a los cuales deben someterse las Entidades
Estatales para integrar los pliegos de condiciones en cada procedimiento administrativo de selección
en concreto, sin que el contenido de los mismos se determine de forma exhaustiva y detallada, toda
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pueden incorporar, indefectiblemente deben encaminarse a materializar su
cometido misional, por lo que deben resultar coherentes, pertinentes y necesarias
para la consecución del fin público que envuelve y justifica la celebración del
respectivo contrato. En defecto, la aplicación de las causales de rechazo no puede
comportar la fijación de requisitos inanes, superfluos o caprichosos que en nada
favorezcan la selección objetiva del contratista.
Esto último fue lo que aconteció en el sublite, en consideración a que el
departamento del Tolima rechazó la propuesta de la unión temporal Fuerza
Tolimense con fundamento en la supuesta configuración de una causal de exclusión
que en realidad no se oponía a la comparación objetiva de las ofertas.
Como consecuencia de lo anotado, la Sala encuentra fundado el cargo del recurso
de apelación que se estudia, en razón a que no se halló justificado el rechazo de la
oferta de la unión temporal Fuerza Tolimense, a la luz de las normas y principios
que regentan la actividad contractual del Estado, motivo por el que la Sala concluye
que su propuesta no debió ser desestimada.
2.5. Sobre la valoración de la formación adicional de los supervisores de la UT
MT Seguridad
Tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la parte actora alegó que la
propuesta de la unión temporal MT Seguridad debió ser rechazada, por cuanto
actuó de mala fe y de manera fraudulenta.
El a quo no se refirió a este aspecto de la demanda en razón a que consideró que
el demandante no demostró que su propuesta debió ser admitida y valorada. Por
tanto, al haberse insistido en la apelación sobre este punto de debate, corresponde
a la Sala pronunciarse sobre el particular.
Se recuerda que, según el demandante, no era suficiente con restarle 200 puntos a
la calificación de la oferta de la unión temporal MT Seguridad, siendo necesario
vez que ello resulta imposible en abstracto y sólo es viable realizarlo atendiendo a las circunstancias
propias de cada supuesto específico; de este modo, en la medida en que las normas recién referidas
confieren un amplio margen de libertad de valoración a la Administración para que, en cada caso
concreto, establezca el contenido del pliego de condiciones, dichos preceptos consagran una
facultad de amplia configuración, que habrá de concretarse en el señalamiento de las reglas, los
procedimientos, las exigencias y los criterios, objetivos y razonables, con base en los cuales habrá
de adelantarse el respectivo procedimiento administrativo de selección del contratista.”
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Expediente: 730012333000201500380 02
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rechazarla, de cara al hecho de que obró de mala fe y de forma fraudulenta, puesto
que en la licitación presentada ante la Fiscalía, en la que participó una de las
sociedades que integró la referida agrupación, se pretendieron hacer valer las
mismas certificaciones que no tenían la entidad de acreditar lo exigido en relación
con la formación adicional de los supervisores, situación que ya era conocida por la
ahora adjudicataria. Agregó que era necesario rechazarla por no haber cumplido los
requisitos técnicos mínimos.
Sobre el particular, se encuentra demostrado que:
Uno de los factores de calificación correspondía a la calidad del servicio, entre ellos
la formación adicional de los supervisores, por la que se otorgaría un puntaje
máximo de 200 puntos.
En el numeral 5.5.2.2 del pliego de condiciones, modificado mediante adenda No. 1
del 14 de noviembre de 2014, se determinó la manera en que se acreditaría la
formación adicional de los supervisores, como sigue (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores de forma):
“Al proponente que acredite la formación adicional de los supervisores presentados
dentro del equipo de trabajo para la prestación del servicio a la entidad en las siguientes
condiciones se le otorgarán hasta (200) puntos así:
Formación adicional de los supervisores Puntaje
Profundización sobre los cursos de especialización 50 puntos
educativas o entidades oficiales impartida por por
Academia certificada y avalada por la supervisor
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada
Especialización educativas o entidades oficiales, 40 puntos
impartida por academia certificada y avalada por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada con una antelación no menor a dos meses
Nota: Para acreditar la información adicional de los supervisores el proponente deberá
anexar en el sobre único de la propuesta las certificaciones expedidas por academia
certificada y avalada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.
En cumplimiento de esa previsión precontractual, la unión temporal MT Seguridad
adjuntó a su propuesta los siguientes documentos12:
12 Folios 217 a 221 del cuaderno 2.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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Entidad que Fecha de Contenido
expide el expedición
certificado
La Ciencia de la 1 de agosto Hace constar que Edinson Urieta Russo aprobó
Seguridad de 2014 satisfactoriamente el curso de “Profundización Supervisores
Entidades Oficiales”, con una intensidad de 30 horas.
La Ciencia de la 12 de junio de Hace constar que Fabio Augusto Suárez aprobó
Seguridad 2014 satisfactoriamente el curso de “Profundización Supervisores
Entidades Oficiales”, con una intensidad de 30 horas.
La Ciencia de la 22 de agosto Hace constar que Jhon Eferson Céspedes aprobó
Seguridad de 2104 satisfactoriamente el curso de “Profundización Supervisores
Entidades Oficiales”, con una intensidad de 30 horas.
La Ciencia de la 21 de abril de Hace constar que Rubén Darío Pérez Morales aprobó
Seguridad 2014 satisfactoriamente el curso de “Profundización Supervisores
Entidades Oficiales”, con una intensidad de 30 horas.
En escrito del 17 de diciembre de 2014, la unión temporal Fuerza Tolimense
presentó observaciones al informe de evaluación de las propuestas, en el que se
puso de presente lo siguiente en relación con la oferta de la UT MT Seguridad (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de forma):
“A folios 283, 284, 285 y 286 se aportan Diplomas expedidos por la Escuela de
Capacitación CIENCIA DE LA SEGURIDAD, certificando la aprobación del
Curso de profundización Supervisores Entidades Oficiales, consultando la
página de la superintendencia y seguridad Privada en el ítem de Servicios
Vigentes Escuela de Capacitación se observa que la ACADEMIA LA CIENCIA
DE LA SEGURIDAD a corte Octubre 31 de 2.014, en el Plan Educativo
Autorizado PEIS, para el ciclo del supervisor no tiene aprobado NINGÚN
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN por parte de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada y los cursos aportados son expedidos en los mes de abril,
junio y agosto de 2.014 cuando la escuela no tiene autorización para expedir
dichos diplomas o certificaciones”13.
A su observación, la unión temporal demandante acompañó copia de la Resolución
20131400087577 del 12 de diciembre de 2013, por la cual la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada autorizó a la escuela de enseñanza y capacitación
“La Ciencia de la Seguridad” para que brindara varios programas académicos, entre
ellos las profundizaciones de Seguridad Educativa, Eventos Públicos, Minera,
Portuaria, Transporte Masivo y Turística para el ciclo de VIGILANTE, y las
especializaciones de Seguridad Aeroportuaria, Comercial, Educativa, Entidades
Oficiales, Eventos Públicos, Grandes Superficies, Hospitalaria, Industrial, Medios
Tecnológicos, Minera, Petrolera, Portuaria, Residencial, Sector Financiero,
Transporte Masivo y Turística para el ciclo de SUPERVISOR.
13 Folios 60 a 70 de la carpeta 7.
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Sin embargo, no se evidencia del contenido de esa resolución que estuviera
autorizada para dictar el curso de profundización de supervisores en entidades
oficiales.
El departamento del Tolima, en documento mediante el cual dio respuesta a las
observaciones presentadas frente al informe de evaluación, determinó (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de forma):
Observa usted también, que la Escuela que certificó los estudios de los
supervisores no tiene dentro del PEIS el curso de profundización de
supervisores en Entidades oficiales que acredita el proponente para el personal'
propuesto a folios 283-286, el Comité da lugar a su observación teniendo en
cuenta que al revisar la Resolución por usted aportada (20131400087577 del
12 de diciembre de 2013) la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada
autorizó a la Escuela de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y
Seguridad privada denominada LA CIENCIA DE LA SEGURIDAD LTDA. para
dictar una serie de profundizaciones, dentro de las cuales no se evidencia, la
correspondiente a Entidades Oficiales, razón esta por la que el Comité
procederá a no asignarle puntaje por la formación adicional de los supervisores
que se encuentren bajo esta circunstancia14.
Con base en lo anterior, en la evaluación final, el ente estatal asignó 0 puntos al
factor de calidad del servicio: formación adicional de supervisores de la propuesta
de la unión temporal MT Seguridad y procedió a asignar puntaje en el resto de los
criterios de selección, otorgándole al final una calificación de 800 puntos.
Seguidamente, ante la ausencia de otras propuestas que pudieran considerarse en
la etapa de evaluación -se recuerda que todas las demás fueron rechazadas-, el
departamento del Tolima adjudicó la Licitación 017 de 2014 a la unión temporal MT
Seguridad, conformada por las sociedades M&O Seguridad Ltda., Seguridad Trébol
Ltda. y Cosequín Ltda.
En consideración al recuento que se deja expuesto, la Sala estima que no le asiste
la razón al recurrente al afirmar que el departamento del Tolima ha debido rechazar
la propuesta de la UT MT Seguridad en lugar de restarle el puntaje concedido por
factor de calidad del servicio: formación adicional de supervisores.
Para fundamentar esta conclusión, la Sala parte de señalar que, con apego al
numeral 4.1 del pliego de condiciones, uno de los eventos en que la propuesta debía
ser rechazada, y cuya correspondencia con el ordenamiento jurídico ya fue materia
14 Folios 90 de la carpeta 7.
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del derecho
de explicación en párrafos precedentes, fue aquel según la cual: “c) cuando los
documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier
manera no corresponda a la realidad, imprecisa, o que no permiten su verificación
por parte del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, caso en el cual iniciarán las acciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar”.
Sin embargo, ese no fue el supuesto que tuvo ocurrencia en el sublite respecto de
la oferta de la unión temporal MT Seguridad.
Los documentos aportados por aquella para acreditar la formación adicional de sus
supervisores, si bien daban cuenta de la asistencia a un curso que la empresa que
certificaba no estaba autorizada para impartir por la autoridad competente, lo cierto
es que su contenido no era discordante con la realidad, debido a que, en manera
alguna, se puso en entredicho la cabal asistencia del personal a esos programas de
enseñanza.
De ahí que la información que reposaba en esas certificaciones era verdadera en
cuanto a los hechos que allí se hacían constar y que aludían a la persona que asistió
al curso, al programa de enseñanza que presenció, a las fechas en que se llevó a
cabo esa instrucción y al ente educativo que la brindó.
Cuestión distinta es que la escuela de enseñanza no estuviera avalada para impartir
los cursos de formación que certificaba, situación que no riñe con la veracidad del
contenido de los certificados, sino que se oponía al cumplimiento de la exigencia
del pliego en cuanto demandaba que la certificación proviniera de una academia
autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que fue lo
que no ocurrió.
La circunstancia descrita es la que explica y dota de sustento el hecho de que el
departamento del Tolima no hubiera rechazado la propuesta de la unión temporal
MT Seguridad, puesto que no era esa la consecuencia dispuesta por el documento
precontractual para el evento acontecido.
Por lo mismo, la Sala estima ajustado el proceder de la entidad en cuanto se abstuvo
de otorgar puntaje por ese factor de evaluación a la adjudicataria, ya que la
exigencia no se cumplía satisfactoriamente.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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del derecho
En relación con el cargo aducido por el impugnante, con apoyo en el cual en otro
proceso de selección en el que participó la ahora adjudicataria se pretendió acreditar
experiencia con las mismas certificaciones, por lo que la UT MT conocía de
antemano que su contenido no podía apreciarse, revelando así su mala fe y su
intención fraudulenta, la Sala advierte que:
Está acreditado que en el mismo año en que se llevó a cabo la licitación que ocupa
la atención de la Sala, la Fiscalía adelantó un procedimiento de selección en el que
presentó oferta el consorcio Gobernación 2014, conformado, entre otros, por la
sociedad Cosequín Ltda., la cual igualmente fue integrante de la unión temporal MT
Seguridad15.
Entre las observaciones presentadas por ese consorcio en el procedimiento de
selección LP-FGN-001-2014, dirigido por la Fiscalía General de la Nación a la
propuesta del consorcio Caquetá Segura, se presentó la siguiente (se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores de forma):
“Con respecto a los señores Harold Angarita Mora y Jorge Armando Carrillo
García presentan diploma del curso de profundización de supervisor en
entidades oficiales, a folio 527 a 5432 el consorcio presenta la licencia de
funcionamiento de la academia de seguridad la Ciencia de la Seguridad,
academia que expide dichos diplomas a los señores antes mencionados,
revisada dicha licencia no está autorizada para dictar cursos ni expedir diplomas
en profundización para supervisores en el sector oficial, razón por la cual
solicitamos a la administración de manera respetuosa se rechace la propuesta
del consorcio en mención..”16.
En esa oportunidad, la Fiscalía dio respuesta a la observación del proponente, bajo
el siguiente tenor (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de
forma):
Con respecto a los diplomas que expide la escuela de Capacitación La Ciencia
de la Seguridad al señor Harold Angarita, revisada la propuesta presentada por
el CONSORCIO CAQUETÁ SEGURO a folios 527-532 se encuentra la
resolución No. 5061 del 23 de agosto de 2012 por medio de la cual se autoriza
15 Se precisa que los documentos que dan cuenta de esta circunstancia fueron aportados a la
Licitación 17 de 2014, por uno de los proponentes como prueba de sus observaciones presentadas
en contra de la propuesta de la UT MT Seguridad, por lo que hacen parte del cúmulo documental
que se ventiló en desarrollo del procedimiento de selección que ocupa la atención de la Sala. Es
importante anotar que aun cuando lo sucedido a instancia del procedimiento de selección adelantado
por la Fiscalía no es vinculante frente a las gestiones desplegadas por el departamento del Tolima,
por tratarse de lo acontecido en el desarrollo de esa licitación en lo que se sustenta el cargo de la
apelación, la Sala apreciará su contenido en orden a decidir el aspecto de discrepancia.
16 Folios 1.264 del cuaderno 2.
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del derecho
el PEISS esta escuela de capacitación dentro del cual no se le autoriza a dicha
empresa dictar el curso de profundización en entidades oficiales, se verifica
igualmente el listado de las escuelas de capacitación autorizadas por la
supervigilancia disponible en la página web de dicha entidad con corte a 30 de
septiembre de 2014 y encontramos que dentro del Plan Educativo Autorizado
PEISS a esa escuela, esta no cuenta con autorización para dictar y certificar el
curso de profundización supervisores entidades oficiales. (…).
“Con el ánimo de verificar esta situación se solicitó a la escuela de capacitación
La Ciencia de la Seguridad certificación en la que conste que cuentan con
autorización de la Superintendencia de la Vigilancia y Seguridad Privada para
dictar y certificar el curso de profundización para supervisores entidades
oficiales a lo cual esta empresa suministró copia de las resoluciones No. 5941
de 2012 y 20131400087577 de 2013 en las cuales se aprueba el PEISS de
dicha escuela y en estas resoluciones no se encuentra autorización para dictar
y certificar este curso.
“Como consecuencia de lo anterior, a esta empresa le serán retirados los 75
puntos obtenidos por el curso de profundización de vigilancia en seguridad a
entidades oficiales”17.
Al respecto, la Sala considera que de las pruebas en comento se desprende que,
en el escenario precontractual adelantado por la Fiscalía, uno de los integrantes de
la UT MT Seguridad adujo en desfavor de su contrincante la improcedencia de
valorar los diplomas suscritos por la academia La Ciencia de la Seguridad, para
acreditar la realización de los cursos de profundización para supervisores en el
sector oficial, por no estar autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, y de manera simultánea, en el procedimiento de selección
materia de debate, allegó certificados expedidos por la misma academia con un
contenido idéntico al criticado, a sabiendas de que, como esa misma organización
lo informó, tal escuela no estaba facultada para impartir esas enseñanzas.
En ese sentido, no obstante que está demostrado el dicho del apelante en cuanto a
que la actuación de la UT MT Seguridad es merecedora de reproche en los términos
antes expuestos, ello no equivale a afirmar que por esa circunstancia operara la
causal de rechazo de su propuesta en la Licitación 17 de 2014, aludida por el
recurrente, ante la ausencia de los supuestos fácticos que viabilizaran su
configuración.
17 Folios 1.267 a 1.268 del cuaderno 2.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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De otro lado, tampoco observa la Sala que la circunstancia anotada hubiera dado
lugar a la configuración de la otra causal de rechazo alegada por la parte actora,
prevista en el literal s) del numeral 4.1, al tenor de la cual la propuesta sería
rechazada “cuando no se cumpla con los requisitos técnicos mínimos descritos en
el presente pliego de condiciones”.
Cabe anotar que los requisitos técnicos mínimos a los que se refiere la cláusula en
comento eran aquellos contemplados en el numeral 2.4 del pliego, concernientes a
la propuesta técnica conformada por el equipo de trabajo ofrecido y la experiencia
acreditada respecto de su personal, exigencias que eran de orden habilitante y no
puntuable.
A diferencia de lo anterior, la formación adicional de los supervisores era un aspecto
que otorgaba un valor agregado a la oferta técnica y que, al tiempo, era susceptible
de puntuación, de tal suerte que su cumplimiento se habría de verificar una vez se
constatara que estuvieran reunidos los requisitos habilitantes, entre ellos los
requisitos mínimos técnicos.
El recuento emprendido basta para concluir que la oferta de la unión temporal MT
Seguridad no incurrió en las aludidas causales de rechazo previstas en la Licitación
Pública 17 de 2014, por lo que en los términos expuestos el cargo de la apelación
que se examina no tiene vocación de prosperidad.
2.6. La acreditación de que la propuesta de la demandante era la más favorable
para el departamento del Tolima
En consideración a que, por las razones que quedaron sentadas, la propuesta de
Fuerza Tolimense no debió ser rechazada, procede la Sala a realizar la evaluación
de su contenido, de conformidad con los factores de calificación previstos en el
pliego de condiciones.
2.6.1. En cuanto a la calidad del servicio
De conformidad con el numeral 5.5.2 del pliego de condiciones, se estableció que
ese factor tendría un puntaje máximo de 650 puntos, que se discriminaría de la
siguiente manera:
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a) Tiempo de funcionamiento: 150 puntos, b) formación adicional de los
supervisores: 200 puntos; c) formación adicional de los vigilantes: 300 puntos.
• Para acreditar el tiempo de funcionamiento se estipuló el siguiente sistema
de calificación:
AÑOS DE SERVICIO PUNTAJE
El proponente que lleve 15 años o más de servicio 150
El proponente que lleve entre 11 y 14 años de servicio 100
El proponente que lleve entre 5 y 10 años de servicio 50
Se precisó que ese requisito se demostraría con el certificado de existencia y
representación legal del proponente expedido por la Cámara de Comercio y la
licencia de funcionamiento.
Para satisfacer esa exigencia, la unión temporal Fuerza Tolimense adjuntó los
certificados de existencia y representación de sus integrantes, entre ellos el de la
sociedad Seguridad las Américas, en el que consta que esa sociedad fue
matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 9 de abril de 198418.
Adjuntó a ese documento la licencia de funcionamiento 7334 del 30 de octubre de
1986 y aquellas que en adelante la prorrogaron19, lo cual demuestra que desde que
empezó a funcionar -30 de octubre de 1986- a la fecha del cierre de la licitación -4
de diciembre de 2014- habían transcurrido más de 15 años. Por lo anterior, su
puntaje por este factor correspondería a 150 puntos.
• En cuanto a la formación adicional de los supervisores (200 puntos)
En el numeral 5.5.2.2 del pliego de condiciones, modificado mediante adenda No. 1
del 14 de noviembre de 2014, se determinó la manera en que se acreditaría la
formación adicional de los supervisores, como sigue (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores de forma):
“Al proponente que acredite la formación adicional de los supervisores presentados
dentro del equipo de trabajo para la prestación del servicio a la entidad en las siguientes
condiciones se le otorgarán hasta (200) puntos así:
18 Folios 206 a 211 del tomo I.
19 Folios 296 a 332 del tomo II.
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Formación adicional de los supervisores Puntaje
Profundización sobre los cursos de especialización 50 puntos
educativas o entidades oficiales impartida por por
Academia certificada y avalada por la supervisor
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada
Especialización educativas o entidades oficiales, 40 puntos
impartida por academia certificada y avalada por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada con una antelación no menor a dos meses
Nota: Para acreditar la información adicional de los supervisores el proponente deberá
anexar en el sobre único de la propuesta las certificaciones expedidas por academia
certificada y avalada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.
En orden a demostrar el cumplimiento de este requisito, la unión temporal
demandante allegó la siguiente documentación:
Entidad que Fecha de Contenido Puntaje
expide el expedición
certificado
Instituto 8 de agosto Hace constar que William Tocora Palomino 40
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral ”Especialización en supervisión educativa”, con
una intensidad de 30 horas20.
Instituto 4 de julio de Hace constar que Juan Darío Soto Prada aprobó 40
Internacional de 2014 satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral en supervisión educativa”, con una intensidad de
30 horas21.
Instituto 4 de julio de Hace constar que James Sánchez Quiroga 40
Internacional de 2104 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en supervisión en entidades
oficiales”, con una intensidad de 30 horas22.
Se adjuntó la Resolución No. 20141406604187 del 5 de noviembre de 2014, por la
cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada renovó la licencia
concedida al Instituto Internacional de Seguridad Integral para prestar programas
académicos, entre ellos, el de especialización en seguridad educativa para
supervisores23.
Se precisa que para efectos de valorar las certificaciones aportadas se tuvieron en
cuenta por esta Sala únicamente aquellas expedidas por la academia que, según
se acreditó, está avalada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
20 Folio 295 del Tomo II
21 Folios 535 del Tomo II
22 Folio 551 del Tomo II
23 Folios 1094 a 1101 del Tomo V
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y cuyo contenido diera cuenta de las modalidades de formación exigida por el
pliego24.
Por lo anterior, el puntaje que habría de asignarse por este factor sería de 120
puntos.
• Formación adicional de los vigilantes
En relación con este factor de ponderación, el pliego de condiciones, con la
modificación introducida por la adenda 1 del 14 de noviembre de 2014, indicó (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de forma):
Al proponente que acredite formación adicional de los vigilantes que presente
dentro del equipo de trabajo para la prestación del servicio a la entidad en las
siguientes condiciones se le otorgarán hasta 300 puntos, así:
Formación adicional de los vigilantes PUNTAJE
Especialización educativa impartida por academia certificada y avalada por la 10 puntos
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por
vigilantes
Especialización en entidades oficiales impartida por academia certificada y avalada por la 8 puntos
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Nota: Para acreditar la información adicional de los vigilantes el proponente deberá
anexar en el sobre único de la propuesta las certificaciones expedidas por academia
certificada y avalada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con una
antelación no menor a (2) meses contados a partir de la fecha del cierre”.
Con el propósito de demostrar el acatamiento de este requisito, la UT Fuerza
Tolimense allegó junto con su propuesta la siguiente documentación.
Entidad que Fecha de Contenido puntaje
expide el expedición
certificado
Instituto 12 de Hace constar que Danilo Aguirre Velásquez 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 ”Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas25.
Instituto 12 de Hace constar que Freddy Martínez Castañeda 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014
24 Solo se relacionó en el índice de la propuesta presentada la resolución expedida por la
Superintendencia respecto de la academia Instituto Internacional de Seguridad Integral, pero no la
de la academia AESS.
25 Folio 578 del Tomo III
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”Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas26.
Instituto 12 de Hace constar que José Darío Nazarith Escobar 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 ”Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas27.
Instituto 6 de junio de Hace constar que Jorge Enrique Andrade Trujillo 10
Internacional de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral ”Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas28.
Instituto 12 de Hace constar que Wilson Barrero Mendoza 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 ”Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas29.
Instituto 6 de junio de Hace constar que José Yezid Aguilar Prada 10
Internacional de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas30.
Instituto 12 de Hace constar que Rubén Darío Montiel aprobó 10
Internacional de noviembre de satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral 2014 en vigilancia educativa”, con una intensidad de
30 horas31.
Instituto 18 de julio de Hace constar que Rafael Reyes Vargas aprobó 10
Internacional de 2104 satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas32.
Instituto 25 de julio de Hace constar que Cristian Yordi Torres Martínez 10
Internacional de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas33.
Instituto 22 de agosto Hace constar que Luis Enrique Vera Pinzón 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas34.
Instituto 12 de Hace constar que Diego Barreto Ribas aprobó 10
Internacional de noviembre de satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral 2014 en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas35.
Instituto 12 de Hace constar que Oscar Javier Moreno Bernal 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas36.
Instituto 19 de Hace constar que Lizandro Pinilla Duarte aprobó 10
Internacional de septiembre de satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral 2014 en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas37.
Instituto 22 de agosto Hace constar que Genaro Ochoa González 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas38.
26 Folio 609 del Tomo III.
27 Folio 624 del Tomo III.
28 Folio 641 del Tomo III..
29 Folio 657 del Tomo III.
30 Folios 672 del Tomo II.
31 Folios 687 del Tomo III.
32 Folio 705 del Tomo III.
33 Folio 720 del Tomo III.
34 Folio 735 del Tomo III.
35 Folio 748 del Tomo III.
36 Folio 766 del Tomo III.
37 Folio 783 del Tomo III.
38 Folio 799 del Tomo III.
35
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Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Instituto 12 de Hace constar que Jhon Ángel Carillo Martínez 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas39.
Instituto 25 de julio de Hace constar que Carlos Alberto Mejía Ossa 10
Internacional de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas40.
Instituto 29 de agosto Hace constar que Diego Fernando León Parra 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas41.
Instituto 22 de agosto Hace constar que Guillermo Jiménez Casallas 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas42.
Instituto 29 de agosto Hace constar que Hernando Murcia Algarra 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas43.
Instituto 8 de agosto Hace constar que Germán Guarnizo Ascencio 10
Internacional de de 201 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas44.
Instituto 29 de agosto Hace constar que Jorge Gómez aprobó 10
Internacional de de 2014 satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas45.
Instituto 28 de marzo Hace constar que Leonel Eved Girón aprobó 10
Internacional de de 2014. satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas46.
Instituto 12 de Hace constar que Yudier Cabezas Bustamante 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas47.
Instituto 19 de Hace constar que Nelson Ducuara Gómez 10
Internacional de septiembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas48.
Instituto 10 de octubre Hace constar que Jesús Antonio Ducuara Cobo 10
Internacional de de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas49.
Instituto 11 de julio de Hace constar que Johan Arcesio Cruz Capera 10
Internacional de 2014 aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas50.
Instituto 12 de Hace constar que Henry Leonardo Acosta Tijaro 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014
39 Folio 805 del Tomo III.
40 Folio 830 del Tomo III.
41 Folio 845 del Tomo III.
42 Folio 861 del Tomo IV.
43 Folio 888 del Tomo IV.
44 Folio 903 del Tomo IV.
45 Folio 919 del Tomo IV.
46 Folio 935 del Tomo IV.
47 Folio 951 del Tomo IV.
48 Folio 967 del Tomo IV.
49 Folio 982 del Tomo IV.
50 Folio 997 del Tomo IV.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
“Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas51.
Instituto 12 de Hace constar que Jhon Edinson Buriticá Giraldo 10
Internacional de noviembre de aprobó satisfactoriamente el curso de puntos
Seguridad Integral 2014 “Especialización en vigilancia educativa”, con
una intensidad de 60 horas52.
Instituto 12 de Hace constar que José Elber Reinoso aprobó 10
Internacional de noviembre de satisfactoriamente el curso de “Especialización puntos
Seguridad Integral 2014 en vigilancia educativa”, con una intensidad de
60 horas53.
Total 290
puntos
Así pues la calificación que habría de otorgársele a la unión temporal Fuerza
Tolimense por el factor formación adicional de los vigilantes sería de 290 puntos.
2.6.2. No tener multas en contratos
De acuerdo con lo contemplado en el numeral 5.5.3 del pliego de condiciones “se
asignará un máximo de 100 puntos al proponente que certifique no habérsele
impuesto multas en contratos en el último año hacia atrás desde la fecha del cierre
del presente proceso”.
MULTA DE CONTRATOS PUNTAJE
Sin multas en contratos en el último año contado hacia atrás desde la fecha de cierre del presente proceso 100
De una a dos multas en contratos en el último año contado hacia atrás desde la fecha del cierre del presente 50
proceso
Con tres o más (3 o +) multas en contratos en el último año contado hacia atrás desde la fecha del cierre del 0
presente proceso
Nota 1:_ Para las multas se tomarán las que se encuentren inscritas en RUP.
Nota 2. Para los proponentes plurales (consorcios uniones temporales) las multas que registren cada
uno de sus integrantes sumarán para determinar el puntaje del proponente.
Revisado los registros únicos de proponentes54 correspondientes a las sociedades
Aguialarmas Ltda. y Las Américas Ltda., no figura la imposición en su contra de
multas en el último año anterior a la fecha del cierre del procedimiento de selección
por razón de los contratos en los fueron parte, razón por la cual el puntaje a asignar
por este factor asciende a 100.
2.6.3. Apoyo a la industria nacional
51 Folio 1.013 del Tomo IV.
52 Folio 1.027 del Tomo IV.
53 Folio 1.043 del Tomo IV.
54 Folios 228 a 271 del Tomo I.
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Expediente: 730012333000201500380 02
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del derecho
Respecto de este criterio de calificación, el numeral 5.5.4 del Pliego precisó lo
siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Proponente que oferte Proponente que acredite la incorporación de
servicios de origen componente colombiano en servicios profesionales,
nacional técnicos y operativos
100 puntos (ver nota 50 puntos (ver nota 2)
1)
NOTA 1: SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL: El proponente que acredite en
su propuesta que los servicios ofertados son de origen nacional, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, es decir, que su empresa fue
constituida de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales
colombianas o por residentes en Colombia, se le otorgaran los CIEN (100)
PUNTOS, establecidos en el criterio "Proponente que oferte servicios de origen
nacional".
NOTA 2: INCORPORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS
Y OPERATIVOS DE ORIGEN NACIONAL: En caso de que el proponente no
certifique la situación establecida en la "nota" precedente, pero acredite la
incorporación en su empresa de servicios profesionales, técnicos y operativos
de origen nacional, se le otorgará puntaje de conformidad con el criterio
"Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos
y operativos de origen nacional"; dicho puntaje se asignará en su totalidad, es
decir, cincuenta (50) PUNTOS, al proponente que acredite el MAYOR
PORCENTAJE de incorporación de personal nacional, los demás proponentes
recibirán puntaje en forma proporcional decreciente por medio de regla de tres
simple.
NOTA 3: Los proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales
EXTRANJEROS que acrediten LA RECIPROCIDAD señalada en el numeral
2.1.11 de presente pliego de condiciones, recibirán tratamiento de proponente
nacional, en tal sentido, dichos proponentes extranjeros, cuando acrediten la
incorporación de servicios profesionales, técnicos y operativos de origen
nacional, recibirán el puntaje total establecido en el criterio "Proponente que
oferte servicios de origen nacional", es CIEN (100) PUNTOS.
Para acreditar cualquiera de las situaciones antes citadas, y obtener el puntaje
correspondiente, EL PROPONENTE DEBERÁ manifestarlo en su propuesta de
conformidad con la información establecida en el ANEXO 5.
El anexo 5 del pliego de condiciones debía diligenciarse suministrando la siguiente
información:
Señores
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Ciudad
Referencia: Licitación Pública No. de 2014
Por medio de este documento (nombre o razón social del Proponente) en
adelante el "Proponente", manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el Artículo
2 de la Ley 816 de 2003, el personal que será puesto al servicio para la
ejecución del Contrato, en caso de que se me adjudique, será de origen
nacional (en caso de tener componente extranjero lo deberá manifestar).
38
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Nombre del Proponente Nombre del Representante Legal
C. C. No. de (Firma del Proponente o de su Representante Legal
Al diligenciar el anexo 5 antes indicado, la unión temporal Fuerza Tolimense
suministró cada uno de los datos allí señalados, manifestando que el personal que
sería puesto al servicio para la ejecución del contrato era de origen nacional, de
manera que, ante el cumplimiento del requisito, el puntaje que habría de otorgársele
sería de 100 puntos.
2.6.4. Precio de la oferta
El numeral 5.5.1. del pliego de condiciones estableció los siguientes lineamientos
para la asignación de puntaje de la propuesta económica:
39
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Como se aprecia, el método de asignación de puntaje se escogería en función de
los primeros decimales de la tasa representativa del tercer día hábil siguiente al
cierre del procedimiento de selección.
En desarrollo de lo anterior, la entidad territorial, en el informe final de evaluación,
valoró y calificó la propuesta de la unión temporal MT Seguridad, advirtiendo que,
en tanto la fecha del cierre del procedimiento fue el 1 de diciembre de 2014, la TRM
del 4 del mismo mes y año ascendió a 2.286,03, lo que conducía a que el método
seleccionado para la asignación de puntaje fue el No. 1.
Así lo sentó la entidad en el contenido del mencionado informe de evaluación final:
Fecha del cierre del proceso
01/12/2014
3 días hábiles del cierre del
04/12/2014
proceso
TRM 2,286.03
rango de 0.00 a 0.24 Método 1 / Media aritmética
presupuesto oficial $ 6,521,800,378.00
Media aritmética $6’505.248.649,00
En consideración a que, con sustento en las reflexiones que anteceden, la
propuesta de la unión temporal Fuerza Tolimense no podía ser rechazada, lo cual
implicaba la obligación de evaluarla, la Sala procederá a calificar la oferta
económica de las dos propuestas habilitadas que habrían de proseguir a la etapa
40
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
de evaluación -uniones temporales Fuerza Tolimense y MT Seguridad-, dada la
variación que la incorporación de la oferta de la demandante comporta frente al
cálculo de la media aritmética: $6.505’248,819.50.
Habida cuenta de que el precio de la oferta de la UT Fuerza Tolimense es mayor a
la media aritmética, la fórmula a implementar corresponde a la indicada para valores
superiores, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la oferta de UT MT Seguridad,
cuyo valor es inferior a la media, lo que lleva a que la fórmula a aplicar sea aquella
prevista para sumas menores o iguales.
Presupuesto oficial $ 6,521,800,378.00
MT Seguridad $ 6,505,248,649.00
Fuerza Tolimense $ 6,505,248,990.00
Media aritmética $ 6,505,248,819.50
Una vez aplicadas las fórmulas respectivas, el puntaje a asignar a las propuestas
económicas es el siguiente.
Puntaje MT Seguridad 149.9999960755
Puntaje Fuerza Tolimense 150.00000786
Calificación de las únicas dos propuestas habilitadas
Para asignar el puntaje respectivo a la propuesta de la unión temporal MT
Seguridad, la Sala otorgará el mismo puntaje concedido a esa oferta por el
departamento de Tolima en el informe final de evaluación, por cuanto ninguno de
esos aspectos fueron materia de debate por la demandante. Únicamente se
modificará lo referente a la evaluación de la oferta económica, por los motivos
explicados en precedencia, en punto a la variación de la media aritmética en función
de la habilitación de la propuesta de la demandante.
Propuesta/ criterio de Unión temporal Unión temporal MT
evaluación Fuerza Tolimense Seguridad
Propuesta económica 150 149, 99999607
55 De conformidad con el numeral 5.5.2. del pliego, “en todos los casos descritos se tendrá en cuenta
hasta el séptimo decimal del valor obtenido como puntaje”.
41
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Calidad del servicio
• Tiempo de 150 150
funcionamiento.
• Formación adicional
supervisores. 120 0
• Formación adicional 290 300
vigilantes.
No tener multas en contratos 100 100
Apoyo a la industria 100 100
nacional
Total 910 799,99999607
Lo anterior revela que la propuesta llamada a ocupar el primer lugar en el orden de
elegibilidad en la Licitación 17 de 2014, y de suyo la más favorable para el
departamento del Tolima, era la presentada por la unión temporal Fuerza
Tolimense.
2.7. La nulidad del acto de adjudicación contenido en la Resolución 8606 del
22 de diciembre de 2014 y el restablecimiento del derecho de la demandante
Se constató por esta instancia que, al no hallarse incursa en una causal de rechazo,
en observancia a las reglas prestablecidas en el pliego de condiciones, la propuesta
de la unión temporal Fuerza Tolimense debió apreciarse en la etapa de evaluación,
luego de lo cual resultaba imperativo concluir que era la más favorable para la
entidad.
El no haber procedido en esa dirección, a juicio de la Sala, comporta una
transgresión de las normas en que debió fundarse el acto acusado expedido por el
departamento del Tolima, específicamente en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007,
que regula el deber de selección objetiva.
Por lo anterior, se declarará la nulidad de la Resolución 8606 del 22 de diciembre
de 2014, mediante la cual el departamento del Tolima adjudicó la Licitación 017 de
2014 a la unión temporal MT Seguridad, con apoyo en la causal de nulidad de
transgresión de las normas en que debió fundarse.
Esta declaratoria apareja que al ser la propuesta de la unión temporal Fuerza
Tolimense la merecedora de resultar favorecida con la adjudicación, tal aserto abre
paso al restablecimiento del derecho pretendido en la demanda.
42
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
La parte actora solicitó el reconocimiento de la suma de $454’894.840 por concepto
de AYS (administración – supervisión), así como el reconocimiento de intereses
moratorios.
Se observa por esta instancia que, de conformidad con el Decreto 4950 de 2007,
por el cual se establecen las tarifas de los servicios de vigilancia y seguridad privada,
en el caso de las empresas sin armas con medio humano, la tarifa será el
equivalente a 8,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los
costos laborales; más un 8% sobre el monto calculado, para cubrir gastos
administrativos y de supervisión AYS.
En desarrollo de lo anterior, la unión temporal Fuerza Tolimense consignó en la
oferta económica que el AYS equivalente al 8% de la tarifa ascendía a
$454’294.842, a razón de $10’140.510 para 2014 y $444’154.332 para 2015.
Con todo, a juicio de esta Sala no procede el reconocimiento de ese monto, toda
vez que comporta los gastos en que se habría incurrido por la ejecución del contrato
adjudicado, lo cual no aconteció y por tanto no hubo erogación alguna por parte del
demandante. Aunado a lo dicho es menester indicar que dentro de ese concepto no
se encuentra cobijado el de utilidad, que ha sido el que, por regla general, se ha
reconocido por la jurisprudencia en casos en que se frustra la ejecución del negocio
jurídico por cuenta de un acto de adjudicación que deviene en ilegal.
Dado que no existen pruebas para establecer con certeza el porcentaje que habría
de corresponder a la utilidad esperada, la Sala acudirá a los criterios
jurisprudenciales establecidos para fijar tal emolumento.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que cuando
la Administración adjudica el contrato a un proponente que no formuló la oferta más
favorable, esas circunstancias generan un perjuicio al oferente que debió resultar
favorecido con la selección, daño que, por regla general, se concreta en la pérdida
de oportunidad de recibir la utilidad que esperaba obtener por la ejecución del
contrato56.
56Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2016.
Expediente 25000-23-26-000-2010-00692-02 (49.025).
43
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
En relación con la cuantificación del perjuicio anteriormente explicado, el Consejo
de Estado ha indicado que el mismo se debe tasar en la utilidad neta. El término de
utilidad neta se refiere a la ganancia final prevista para el contrato, sin incluir sumas
por costos directos e indirectos, ni los gastos de administración e imprevistos en los
que no tuvo que incurrir el proponente para ejecutar el contrato57.
Con apoyo en pronunciamientos jurisprudenciales en los que esta Subsección ha
afrontado la misma situación, se acudirá a las reglas de la experiencia y la sana
crítica para efectos de calcular la indemnización que se debe, según las cuales
quienes pretenden celebrar contratos con el Estado calculan un 10% por concepto
de gastos de administración, un 5% por imprevistos y un 5% por utilidad58. Aunque
podría pensarse que ello daría pie a concluir que en casos como el sub lite la utilidad
sería del 5%, lo cierto es que esta Colegiatura ha precisado que tal porcentaje
procede cuando hay equivalencia entre el presupuesto del proyecto de contratación
y el ofrecido en la propuesta, de modo que si el segundo es menor, ello conllevará
a una utilidad inferior59.
En el sub examine, se encuentra que el presupuesto estimado del proceso ascendió
a $6.521’800.378,0060, mientras que la propuesta de la unión temporal Fuerza
Tolimense fue de $6.505’248.990, lo que equivale al 99,7% del primer valor. Tales
apreciaciones permiten colegir que el proponente estimó unas sumas menores por
ingresos producto de la licitación y, teniendo en cuenta los criterios esbozados, ha
de entenderse que, en la medida en que la propuesta era menor, así mismo se
asume un margen de utilidad inferior.
En ese orden de ideas, la Sala considera que sobre la propuesta se debe calcular
el 4,9%61 por concepto de la utilidad esperada, cifra que corresponde a la proporción
entre el presupuesto oficial, la suma ofertada y la utilidad estimada.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2012. Radicado 05001-23-
24-000-1995-00935-01. C.P. Enrique Gil Botero.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de noviembre de 2014.
Radicado 25000-23-26-000-2002-01606-01 (29855). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2016. Expediente
25000-23-26-000-2010-00692-02 (49.025).
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias i) del 20 de noviembre de 2020.
Expediente 25000232600020110049601 (51.412). C.P. José Roberto Sáchica Méndez y ii) del 22
de octubre de 2021. Expediente 25000233600020150243101 (59.925). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
60 Folio 1303 de la carpeta 7.
61 Aplicando una regla de tres entre el presupuesto oficial estimado y la oferta de la unión temporal
Fuerza Tolimense y teniendo en cuenta que la utilidad frente al presupuesto oficial equivale al 5%.=
99,7% x 5% / 100 % = 4,9%.
44
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
Así pues, se tiene que el 4,9% del monto de la propuesta ($6.505’248.990)
corresponde a la suma de $318’757.200. Esta cifra será actualizada hasta la fecha
de la presente decisión, para cuyo efecto se debe tomar como índice inicial el
correspondiente al tiempo en que habría de finalizar la ejecución del contrato no
adjudicado –agosto de 201562-.
Va = Vh x Índice final
Índice inicial
En donde:
-Va: Valor actualizado a establecer.
-Vh: Valor histórico a traer a valor presente.
-Índice final: IPC vigente para la fecha de la presente decisión, octubre de 2022
(123,51)-teniendo en cuenta que se publica mes vencido-.
-Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que habría de finalizar el contrato no
adjudicado, agosto de 2015 (85,78).
Va = $318’757.200 x 123,51 Va = $458’961.316
85,78
No se reconocerán intereses moratorios sobre la suma señalada, habida
consideración de que el valor ordenado surge como consecuencia de esta decisión
en la que se declarará la nulidad del acto de adjudicación que hasta este momento
gozaba de presunción de legalidad.
Conclusión
Por las consideraciones expuestas, la Sala procederá a revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 31 de marzo de 2022 y, en su
lugar, se accederá a la pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la
nulidad de la Resolución 8606 del 22 de diciembre de 2014, por la cual el
departamento del Tolima adjudicó el contrato producto de la Licitación 17 de 2014
a la unión temporal MT Seguridad y, a título de restablecimiento del derecho, se
condenará al departamento del Tolima a pagar a la unión temporal Fuerza
Tolimense la suma de $458’961.316.
62 El contrato 1211 producto de la Licitación en controversia, se celebró el 23 de diciembre 2014 por
un plazo de 225 días calendario, por lo que se habría de vencer el 8 de agosto de 2015. Folio3
carpeta 10 del CD visible a folio 326 del cuaderno 6.
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
3. Costas
3.1. Procedencia de la condena en costas
De conformidad con lo consagrado en el artículo 18863 del CPACA64 y con la
disposición especial del artículo 36565 del CGP, se establece un criterio objetivo de
condena en costas, que impone condenar en este asunto a la parte vencida en este
litigio.
En el presente caso se observa que la parte demandante atendió el proceso
de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su
representación judicial; además, prosperó el recurso de apelación que
interpuso, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.
El artículo 365 ejusdem, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”66.
63 Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
64 Se reitera que con la expedición de la Ley 2080 de 2021 se introdujo una reforma al CPACA,
norma procesal aplicable al sub examine; no obstante, el inciso final del artículo 86 de dicha ley
contempló que los recursos interpuestos “se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos”.
Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de apelación se interpuso el 25 de abril de
2022, con posteridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-, le son
aplicables “las leyes vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del CPACA
con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021.
65 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación” (subrayado fuera del texto).
66 De acuerdo con la Corte Constitucional, “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
46
Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 366 del CGP.
3.2. Fijación de agencias en derecho
El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda67, estableció las tarifas de
agencias en derecho.
En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes.
En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de
primera instancia, resulta oportuno anotar que en los procesos ordinarios y que se
adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en primera
instancia deben fijarse hasta en un 20% -límite máximo- del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el numeral
3.1.268 del artículo 6º del mencionado Acuerdo 1887 de 2003.
Ahora, respecto de las agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse
hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo
67 La demanda se presentó el 17 de junio de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el
Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para los procesos
judiciales iniciados a partir de su publicación.
68 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…)
“3.1.2. Primera instancia. (…)
“Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.” (se destaca).
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
negadas en la sentencia, según lo dispuso el parágrafo del numeral 3.1.3 69 del
artículo 6º ejusdem.
A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias
que estarán a cargo del departamento del Tolima y a favor de la unión temporal
Fuerza Tolimense, teniendo en consideración la suma reconocida en el presente
proveído, que asciende a $455’691.250.
En relación con la primera instancia, se fija en el 2% de $458’961.316,
que equivale a $9’179.226.
Así mismo, en la segunda instancia, se fija en el 1% de $458’961.316, que
equivale a $4’589.613.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, con fundamento en las razones advertidas en la parte
considerativa de esta providencia, para en su lugar disponer:
1.- Declarar la nulidad de la Resolución 8606 del 22 de diciembre de 2014, por
la cual el departamento del Tolima adjudicó el contrato producto de la Licitación
017 de 2014 a la unión temporal MT Seguridad.
2.- Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se condenará
al departamento del Tolima a pagar a la unión temporal Fuerza Tolimense la
suma de $458’961.316.
3.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada -
departamento del Tolima-, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por
69 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…)
“3.1.3. Segunda instancia. (…)
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.” (se destaca).
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Expediente: 730012333000201500380 02
Actor: Unión temporal Fuerza Tolimense
Demandado Departamento de Tolima
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho
el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
Para el efecto, las agencias en derecho en primera instancia se fijan en la suma
de $9’179.226, cifra que deberá ser pagada por el departamento del Tolima, en
favor de la unión temporal Fuerza Tolimense.
Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de
$4’589.613, cifra que deberá ser pagada por el departamento del Tolima, en favor
de la unión temporal Fuerza Tolimense.
TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las
partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las
copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial
que ha venido actuando.
CUARTO: El cumplimiento de la presente sentencia deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dada la naturaleza de ente
territorial la parte demandada -departamento del Tolima-.
QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de la Sección, devolver el expediente
al Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
49
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