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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00424-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00424-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 27 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte actora. 23 Expediente: 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00424-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017)
Demandante : Ovier Antonio Tapia Díaz
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general por diez (10) años

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 27 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del
proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 185 a 193). El señor Ovier Antonio Tapia Díaz, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: (i) la decisión administrativa de primera
instancia de 2 de septiembre de 20131, proferida por el jefe del grupo de
control disciplinario interno del departamento de policía del Tolima (Detol)
dentro del expediente DETOL-2012-157, a través de la cual sancionó al
accionante disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por diez
(10) años; y (ii) el acto administrativo de segundo grado de 21 de enero de
2014, con el que el inspector delegado de la región de policía dos (2) de la
Policía Nacional confirmó aquella determinación2.

1
Y no «2012», como lo anota el actor en las pretensiones de la demanda.
2
Cabe precisar que aunque la parte accionante también demandó la nulidad de la Resolución 882 de 6 de
marzo de 2014 (f. 182), por cuyo conducto el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción,
mediante auto de 3 de mayo de 2016, dictado dentro de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del
CPACA, el a quo declaró de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de
ese acto administrativo, al concluir que «[…] no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna al
disciplinado, por lo que no es susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción, y el único efecto que la

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) su reintegro «[…] al cargo que venía
desempeñando en el nivel ejecutivo-Grado Patrullero o a otro equivalente, o
de mayor jerarquía» (sic), sin solución de continuidad; (ii) pagar los
emolumentos dejados de devengar desde la fecha de expedición del acto de
ejecución de la sanción hasta cuando sea reincorporado, debidamente
indexados; (iii) sufragar intereses moratorios, (iv) cancelar los antecedentes
disciplinarios y (v) dar cumplimiento al fallo en los términos del CPACA. Por
último, se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que mientras se
desempeñaba como patrullero (nivel ejecutivo) al servicio de la Policía
Nacional, a la que ingresó el 13 de julio de 2010 (Resolución 2155), fue
destituido e inhabilitado por diez (10) años, en atención al «[…] informe de
novedad de fecha 2 de mayo de 2011 […] en la cual da cuenta de la presunta
novedad generada […], en relación con [su] presentación […] en la base
COR [comando de operaciones rurales] el día 2 de mayo de 2011, cuando […]
debía presentarse el 28 de abril del mismo año».

Que en el trámite disciplinario se dictó decisión de primera instancia el 2 de
septiembre de 2013, en el sentido de destituirlo e inhabilitarlo por diez (10)
años, confirmada por el inspector delegado de la región de policía dos (2) de
la Policía Nacional, quien no tuvo en cuenta las irregularidades acaecidas en
dicha actuación ni su compartimiento ejemplar en el desempeño del cargo.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Policía Nacional, en primera y segunda
instancias, sancionó con destitución e inhabilidad general por diez (10) años al
actor, patrullero de esa institución, adscrito al departamento de policía del
Valle del Cauca.

Lo anterior, por cuanto, luego de recibir la orden del comandante del referido
departamento de policía de presentarse el 28 de abril de 2011, a las 7:00 a. m.,
en la escuela nacional de operaciones de la Policía Nacional, ubicada en el
municipio de San Luis (Tolima), para recibir una capacitación, solo acudió el
2 de mayo del mismo año, es decir, luego de cuatro (4) días, sin justificar o
acreditar las razones por las cuales ello ocurrió.
jurisprudencia le ha otorgado a […] es el orientado a servir como punto de partida para la contabilización
del término de caducidad» (ff. 311 a 315).
2

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Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

La accionada lo halló responsable de la falta gravísima, a título de dolo,
prevista en el artículo 34 (numeral 23) de la Ley 1015 de 2006, esto es, «Dejar
de asistir al servicio o ausentarse durante un término superior a tres días, en
forma continua sin justificación alguna».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos acusados los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 25, 29, 83, 85,
89, 95, 121, 209, 228, 230 y 237 de la Constitución Política; 4º, 6º, 9º, 14, 15,
17, 20, 28, 42, 48, 66, 92, 129 y 175 de la Ley 734 de 2002 o Código
Disciplinario Único (CDU); 27, 33, 34, 41, 42 y 58 de la Ley 1015 de 2006 y
57 y 58 de la Ley 1474 de 2011; y el CPACA.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, las acusa de violatorias de la normativa superior en que
debían fundarse.

Dice que la Administración vulneró el debido proceso que le asiste y el
principio de legalidad, pues, a pesar de que la normativa aplicable le imponía
adelantar la investigación bajo los lineamientos del procedimiento verbal, lo
hizo «[…] por las ritualidades del […] ordinario, que duró aproximadamente
21 meses […]».

Que no se le concedió el tiempo prudencial para conocer las razones que
dieron lugar a la apertura de la indagación preliminar y preparar sus
argumentos de defensa en la versión libre a la que fue citado, que por demás
se surtió a las 10:00 p. m. del 25 de octubre de 2012, amén de que no se le
notificó el auto de apertura de la investigación.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 228 a 244 vuelto). La Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por conducto de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros
parcialmente y los demás no.

Asevera que en el trámite disciplinario el accionante contó con todas las
prerrogativas procesales y sustanciales que la normativa le ofrece, sin que sea
dable ahora, en sede judicial, cuestionar su validez, por cuanto este medio no
puede convertirse en un nuevo examen de las pruebas, como si se tratara de
una tercera instancia.
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Expediente: 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

Que (i) el demandante, una vez se le informó de los derechos que le asistían en
su condición de investigado, solicitó se le escuchara en versión libre, la cual se
recibió a altas horas de la noche, toda vez que «[…] previamente analizo lo
que militaba en el libelo, así mismo pudo determinar si nombraba o no un
apoderado […] o si ejercia su defensa de manera directa […]» (sic); (ii) le
fueron notificadas todas las actuaciones emitidas, (iii) contó con la posibilidad
de solicitar pruebas y controvertirlas y (iv) los medios de convicción fueron
valorados en forma adecuada y bajo las reglas de la sana crítica.

1.6 La providencia apelada (ff. 329 a 341). El Tribunal Administrativo del
Tolima, en sentencia de 27 de junio de 2017, negó las súplicas de la demanda
(con condena en costas), al considerar que (i) aunque la demandada le explicó
al actor que podía rendir versión libre en cualquier momento precedente a la
decisión administrativa de primera instancia, este hizo uso libre y voluntario
de tal derecho, luego de conocer los pormenores de las diligencias iniciadas en
su contra; (ii) se le permitió controvertir las pruebas e intervenir en su
práctica; (iii) «[…] el procedimiento verbal contemplado en el C.D.U., es
aplicable entre otros casos, cuando se trate de algunas faltas gravísimas
expresamente consagradas por el Legislador, dentro de las cuales no se
encuentra […] la que fue reprochada al [accionante], ni se aprecia que la
misma conducta se encuentre regulada en dicha codificación»; (iv) de haberse
impartido un trámite errado (el ordinario y no el verbal), no da lugar a anular
los actos atacados, dado que no fue un asunto cuestionado ni analizado en sede
administrativa, además de que, en todo caso, se respetaron las garantías del
disciplinado; y (v) el demandante conocía que su comportamiento era típico.

1.7 El recurso de apelación (ff. 350 a 357). Inconforme con el anterior fallo,
el actor interpuso recurso de apelación, al estimar que la sanción disciplinaria
se fundó en un informe, que según la normativa procesal no constituye medio
de prueba; asimismo, no se le permitió intervenir en la práctica de las pruebas,
habida cuenta de que no se le notificaron los autos que las decretaron.

Que el patrullero Gilberto García Correa, al ratificar el mencionado informe,
expresa «[…] que no le consta si llego tarde o no a su presentación, debido a
que no reposa prueba por el cual le otorgaron el permiso y por ende orden de
llegada del disciplinado, solo hace algunas conjeturas no tiene el
convencimiento total o integral […]» (sic), sin que obre evidencia, «[…] como
la orden administrativa emitida por el superior competente que concede

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Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
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permiso y por ende la hora de llegada, que demuestre si […] incurrió o no en
una conducta disciplinaria contemplada en la Ley 1015 de 2006» (sic).

Aduce que el a quo cometió un «[…] error craso […]», al no observar que fue
«[…] sancionado e inhabilitado, con fundamento al art 34 numeral 23, falta
clasificada como gravísima […] en la Ley 1015 de 2006, ahora bien dicha
tipificación también se encuentra en la Ley 734 de 2002 art 48 numeral 55,
discusión que se centra en la naturaleza del procedimiento que debió ser el
verbal, con fundameto y conforme a la constitución y la ley y no al capricho
[…] del operador disciplinario […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 27 de julio de 2017 (f. 391)
y admitido por esta Corporación a través de proveído de 25 de septiembre de
2019 (f. 396), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 15 de febrero de 2021 (f. 402), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que
guardaron silencio (f. 403).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 2 de septiembre de
2013, proferida por el jefe del grupo de control disciplinario interno del
departamento de policía del Tolima dentro del expediente DETOL-2012-157,
a través de la cual sancionó disciplinariamente al accionante con destitución e
inhabilidad general por diez (10) años (ff. 3 a 15).

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3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 21 de enero de 2014, con el
que el inspector delegado de la región de policía dos (2) de la Policía Nacional
confirmó la determinación atrás anotada (ff. 16 a 18).

3.3 Problema jurídico. La Sala debe establecer si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las
pretensiones de la demanda. Para tal propósito, examinará si los actos
acusados fueron expedidos a través de un procedimiento que no correspondía,
sin medios de convicción suficientes para imponer la sanción y con violación
del debido proceso, conforme a las acusaciones de la demanda, o si fueron
legales, como lo concluyó el a quo.

3.4 Marco normativo – régimen disciplinario de la Policía Nacional. En
virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos
217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Carta Política, facultó al
legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales
servidores.

En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario
de la Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «[…]
el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo»; el
artículo 58 prevé que el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del
régimen disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de
2002, o la norma que la modifique.

Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta
normativa en lo concerniente a la parte sustancial y el CDU o Ley 734 de
2002 en el campo procedimental, como ocurrió en el caso sub examine.

3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en el
escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

i) Oficio 929 COMAN-ARTAH 29 de 25 de abril de 2011, por el que el
comandante del departamento de policía del Valle del Cauca hace
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«Presentación Personal» ante el director de la escuela nacional de
operaciones de la accionada de un grupo de uniformados, entre ellos el
demandante, «[…] quienes asistirán a las capacitaciones programadas por la
dirección nacional de carabineros a partir del día 27042011 […]» (sic) y
deben acudir a esas instalaciones el «[…] 28 04 2011 a las 07:00 horas» (sic;
ff. 26 y 27).

ii) Oficio de 2 de mayo de 2011 (f. 25), mediante el cual el patrullero Gilberto
García Correa, adscrito al grupo de instructores COR, reporta al oficial de
coordinación del grupo de operaciones especiales rurales del centro nacional
de entrenamiento y operaciones policiales una novedad, así:

[…] me permito informar a mi Capitán, la novedad ocurrida el día 02-05-
2011, cuando me encontraba de régimen interno de la base C.O.R. donde
siendo aproximadamente las 09:05 horas del día 02-05-2011 hace
presentación a la base COR el señor patrullero TAPIA DIAZ OVIER
ANTONIO […], quien debía presentarse el día 28-04-2011 a las 07:00
horas, para asistir a las capacitaciones programadas por la DIRECCIÓN
NACIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL, por lo que
manifestó a mi capitán […] que las vías de acceso se encontraban
cerradas por tal motivo se hizo llamar al comandante encargado para
conocer la veracidad de la información suministrada por patrullero el
cual nos informo que a los patrulleros se les habían dado unos días
demás para evitar estos contratiempos, se realiza la anotación en el libro
de régimen interno en el folio 496. Que lleva el grupo de instructores
COR en el momento en que el señor patrullero antes mencionado hace su
presentación. De igual forma no proporciono el oficio de presentación
correspondiente [sic para toda la cita].

iii) Dentro de la actuación disciplinaria se decretaron y practicaron las
siguientes pruebas con antelación al pliego de cargos:

Prueba decretada Auto que ordenó la prueba Fecha de práctica
Ampliación y ratificación de Auto de apertura de indagación 25/10/2012 a las
informe por el patrullero preliminar de 30 de abril de 2012 15:00 horas (3:00 p.
Gilberto García Correa (ff. 29 a 31). Notificado al m.) [ff. 51 y 52]
«[…] todas las pruebas disciplinado el 25 de octubre
testimoniales a que haya siguiente, a las 9:00 a. m. (ff. 46 y
lugar y en general quienes 48)
pudieren tener conocimiento
de los mismos»
Auto de 5 de septiembre de 2012 (f. 25/10/2012 a las
Versión libre del actor 34). Notificado al investigado el 25 22:00 horas (10:00 p.
de octubre siguiente (f. 46) m.) [f. 47]
Documental: informe sobre Auto de apertura de investigación 06/06/2013 (ff. 70 a
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los beneficiarios del actor de 29 de octubre de 2012 (ff. 58 a 74)
«Todas las testimoniales 60). Notificado al disciplinado el 18
que para el desarrollo de la de abril de 2013 (ff. 47 y 48
presente investigación sean archivo «DETOL-2012-157 PARTE
necesarias» 1» del expediente administrativo,
contenido en CD obrante en el folio
256)

iv) Reposa en el expediente copia de la actuación disciplinaria adelantada por
la Policía Nacional contra el actor, desde la apertura de indagación preliminar
hasta la expedición de los actos censurados.

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del
debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias,
en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen,
entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir
pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el
sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en
demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios
administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en los trámites de naturaleza disciplinaria,
los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera rigurosa el
derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de aquellas
garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico aplicable en
todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias de este
tipo de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado
desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido
proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación
disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad
disciplinaria, son los siguientes3:

3
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
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“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal
o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y
precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas
conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas
como faltas disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas
que fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y
aplicables a todas las actuaciones disciplinarias4: “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de
publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la
doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de
cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 5.

3.7 Caso concreto relativo al problema jurídico derivado de las causales
de anulación invocadas en la demanda. De antemano, reitera esta
Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso abarca un conjunto de
principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las
autoridades, que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables,
tampoco se puede desconocer que los actos de la Administración gozan de la
presunción de legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 del
CPACA6, indemnidad que adquiere mayor connotación cuando se trata de

Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
4
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
5
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
6
«Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras
no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]».
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decisiones sancionatorias de carácter disciplinario, en virtud de que su
formación estuvo precedida de la participación activa del investigado y de su
apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de
contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial se realice un juicio de
validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier
defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que
ampara dichos actos administrativos.

3.7.1 No se configura violación al debido proceso cuando la actuación
disciplinaria se tramita por el procedimiento ordinario, si al momento de
valorar la apertura de la investigación no estuvieren dados los requisitos
sustanciales para adelantarlo por el verbal. El accionante considera que la
investigación disciplinaria debió adelantarse por el procedimiento verbal y no
el ordinario, en razón a que la conducta por la cual se le sancionó, descrita en
el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, es análoga a la prevista
en el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que según el artículo
175 ibidem debe adelantarse bajo los lineamientos del primero de los
mencionados trámites, por consiguiente, dice, se desconoció esa normativa, en
detrimento del derecho de defensa y de los principios de legalidad y
presunción de inocencia, que vicia de nulidad los actos demandados.

Cabe recordar que el procedimiento disciplinario debe ceñirse
inexorablemente al principio constitucional del debido proceso administrativo,
en virtud del cual «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante jueces o tribunal competente y con
observancia de las formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Carta
Política), garantía reiterada en el artículo 6º del CDU, al consignar que «El
sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con
observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del
proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la
estructura y organización del Ministerio Público».

En este Código el Congreso de la República, en su libertad de configuración
legislativa, concibió tres procedimientos disciplinarios: (i) ordinario, (ii)
verbal y (iii) mixto o ecléctico. El primero se encuentra estructurado en el
título IX, capítulos primero a cuarto (artículos 150 a 171); el segundo (citación
a audiencia), regulado en el título XI, capítulo primero; y el mixto, de que
trata el último párrafo del artículo 175, que permite la posibilidad de que aquel
iniciado como ordinario pueda mutar al verbal si se cumplen los supuestos de
10

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hecho y de derecho allí establecidos (requisitos sustanciales para proferir
pliego de cargos), sin desconocer, claro está, las demás garantías del debido
proceso y los derechos contradicción y defensa del investigado.

El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, cuya infracción alega el demandante,
preceptúa:

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. <Artículo
modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011>. El
procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en
los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando
haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 59 y 62 de esta ley.

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a
audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de
proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de
cargos se citará a audiencia [se destaca].

De la norma trascrita se extrae que el procedimiento verbal se aplica no solo
contra los servidores públicos sorprendidos en el momento de la comisión de
la falta, o con elementos o efectos que den cuenta de la ejecución de la
conducta, o cuando hayan confesado o se trate de faltas leves y los demás
casos allí previstos, sino que estableció, además, una cláusula general de
procedimiento, en virtud de la cual, en todo caso, se citará a audiencia (propia
del verbal) si al valorar sobre la apertura de investigación disciplinaria,
iniciada o no por el procedimiento ordinario, se dan los requisitos sustanciales
para proferir pliego de cargos, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable.

En el caso que ahora nos ocupa, el actor alega que la falta gravísima por la que
fue sancionado, consistente en «Dejar de asistir al servicio o ausentarse
durante un término superior a tres días, en forma continua sin justificación
alguna» (numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006), «[…] también
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se encuentra […]» tipificada en el artículo 48 (numeral 55) del CDU, referente
al «[…] abandono injustificado del cargo, función o servicio».

En tal sentido, la subsección advierte, como ya se explicó, que de conformidad
con el artículo 23 de la citada Ley 1015 de 2006, «Son [sus] destinatarios […]
el personal uniformado escalafonado […] en la Policía Nacional […]», al
paso que la Ley 734 de 2002 aplica a «[…] los servidores públicos aunque se
encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el
artículo 53 del Libro Tercero de este código» (artículo 25).

La primera de dichas disposiciones, como se observa, prevé el régimen
disciplinario especial dirigido a los miembros de la Policía Nacional7, por lo
que, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 57 de 15 de abril de 18878, se
«[…] prefiere a la que tenga carácter general», esto es, a la Ley 734, cuyas
normas, en todo caso, pueden ser aplicadas de manera supletoria en aquellos
aspectos no regulados en la Ley 1015 de 2006. Al respecto, esta última
normativa dispone:

ARTÍCULO 20. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E
INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y
en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán los
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Unico,
Contencioso Administrativo, Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y
de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza del
derecho disciplinario.
[…]

ARTÍCULO 32. Las Causales de Extinción de la Acción Disciplinaria,
al igual que la Prescripción de la Acción y de la sanción, se regularán,
por lo contemplado en la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Unico”.
[…]

ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO. El procedimiento aplicable a los
destinatarios de la presente ley, será el contemplado en el Código
Disciplinario Unico, o normas que lo modifiquen o adicionen [se
subraya].

7
Recuérdese que, conforme al artículo 218 de la Carta Política, «[…] la ley determinará [el] régimen de
carrera, prestacional y disciplinario» de los integrantes de la Policía Nacional.
8
«Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional».
12

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En tal virtud, comoquiera que el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 incluye el
catálogo de faltas disciplinarias gravísimas susceptibles de ser cometidas por
los uniformados al servicio de la Policía Nacional, diferenciación que resulta
razonable dada su especialísima y reservada labor orientada a asegurar la paz
y convivencia social9, con una disciplina propia10, no es dable contrastarla, en
principio, con aquellas conductas dirigidas a los demás servidores públicos.

En conclusión, en la medida en que la falta gravísima por la que fue
investigado y sancionado el accionante no es de aquellas mencionadas en el
artículo 175 del CDU, no resulta acertado aseverar, como lo hace él, que el
respectivo trámite debió adelantarse con los lineamientos del procedimiento
verbal de que trata la Ley 734 de 2002, reparo que, por demás, no fue
planteado en sede administrativa y, por tanto, no se le dio oportunidad a la
demandada de dilucidar.

Agrégase a lo anotado que, en gracia de discusión11, tampoco se configura el
supuesto del inciso 4º del artículo 175 del CDU, puesto que, a juzgar por lo
dicho en el auto de apertura de la investigación disciplinaria12, para entonces
no estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos13,
motivo por el cual no había lugar a convocar a la audiencia propia del trámite
verbal.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que, en últimas, haber adelantado la
investigación por la cuerda ordinaria ofreció al disciplinado mayores garantías
para ejercer sus derechos de contradicción y defensa, pues, entre otras

9
Inciso 2º del artículo 218 de la Constitución Política: «La Policía Nacional es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz».
10
Artículo 25 de la Ley 1015 de 2006: «La disciplina es una de las condiciones esenciales para el
funcionamiento de la Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales,
legales y reglamentarias que consagran el deber profesional».
Artículo 27 ibidem: «Medios para encauzarla. Los medios para encauzar la disciplina son preventivos y
correctivos.
[…]
Los medios correctivos hacen referencia a la aplicación del procedimiento disciplinario en caso de
ocurrencia de falta definida como tal en la presente ley» (se subraya).
11
Si bien no constituye argumento de la apelación, se anota a guisa de pedagogía judicial.
12
Expedido el 29 de octubre de 2012: «ARTÍCULO CUARTO: Para el esclarecimiento de los hechos
puestos en conocimiento se practicarán las siguientes pruebas y diligencias […] con el fin de dar total
claridad al comportamiento desplegado por los policiales investigados» (sic; ff. 58 a 60).
13
Artículo 162 del CDU: «Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará
pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la
responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno».
13

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diferencias, cuenta con plazos superiores para la práctica pruebas14 y presentar
alegaciones15, entre otras.

En suma, son las particulares circunstancias relacionadas con el caso en
estudio las que llevan a esta Corporación a colegir que no existe mérito
suficiente para anular la actuación disciplinaria. Como se observó, no
comportó para la parte demandante violación material o sustancial de los
derechos de defensa y debido proceso, presupuestos de fondo que exige el
artículo 143 (numerales 2 y 3) de la Ley 734 de 2002 para adoptar una
determinación anulatoria de tal trascendencia.

Esta normativa también hace remisión a los principios que orientan la nulidad
y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal (Ley
906 de 2004), en cuyo artículo 457 reitera que «Es causal de nulidad la
violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos
sustanciales» (negrilla de la Sala), es decir, que se afecten gravemente los
derechos del disciplinado, supuestos que en el asunto sub examine no
acontecieron, máxime cuando no se pretermitió la segunda instancia.

3.7.2 Las pruebas se apreciaron en forma integral, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. Advierte la Sala que como no se trata de repetir en
sede judicial la valoración probatoria que realizó la demandada en el
procedimiento administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad
disciplinaria, el examen integral de legalidad recae en el contenido de los actos
acusados frente al orden jurídico superior al que estaban sometidos y los
supuestos de hecho en que se fundaron.

14
Para el procedimiento ordinario, según el artículo 168 del CDU, «[…] Las pruebas ordenadas se
practicarán en un término no mayor de noventa días».
Por su parte, el artículo 177 ibidem preceptúa que «Calificado el procedimiento a seguir conforme a las
normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará
adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable», en la cual «[…] podrá dar su propia
versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia,
dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por
el término máximo de cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas
pendientes».
15
Artículo 169 idem.: «Término para fallar. Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las
señaladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación
notificable ordenará traslado común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar
alegatos de conclusión» (procedimiento ordinario).
Artículo 177 ib.: «[…] El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que estime
indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cual será de mínimo tres (3) días y
máximo de diez (10) días. De la misma manera podrá proceder en aquellos eventos que no estén previstos y
que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso».
14

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Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptúa:

ARTÍCULO 141. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS
PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica.

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito
de las pruebas en que ésta se fundamenta.

ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá
proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado.

En el asunto sub judice, el accionante alega que el a quo no se percató de que
(i) el informe presentado por el patrullero Gilberto García Correa no
constituye un medio probatorio (invoca el artículo 175 del Código de
Procedimiento Civil y la sentencia C-1315 de 2000 de la Corte
Constitucional16), (ii) no se le notificaron los autos que decretaron pruebas
para ejercer su derecho de contradicción, (iii) rindió versión libre el 25 de
octubre de 2012, a las 10:00 p. m., «[…] viol[á]ndole el debido proceso, ya
que no son horas hábiles […]»; y (iv) ese día, pero a las 3:00 p. m., el aludido
policial «[…] amplio o ratifico lo que esta contemplado en el informe,
diligencia que no [le] fue informado o notificado […]» (sic).

En lo atinente al primero de los citados reparos, carece de asidero, toda vez
que la acción disciplinaria cuestionada en el sub lite se inició17 con
fundamento en el oficio (informe) que el patrullero García Correa presentó
ante su superior18 (en el que daba cuenta de la posible conducta indebida por
parte del disciplinado), quien a su vez le dio traslado a los comandantes dentro
de la respectiva línea jerárquica y funcional19, por así exigirlo los artículos
3420, 69 y 7021 del CDU, atinentes a los deberes de todo servidor público de

16
C. P. Álvaro Tafur Galvis.
17
Artículo 69 de la Ley 734 de 2002: «OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La acción disciplinaria se
iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que
amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona […]» (subraya la Sala).
18
Coordinador del grupo de operaciones especiales rurales del centro nacional de entrenamiento y
operaciones policiales (f. 25).
19
Coordinador de escuadrones móviles de carabineros y subcomandante del departamento de policía del Valle
del Cauca (Deval), y jefe de control disciplinario interno del departamento de policía del Tolima (ff. 21 a 24).
20
«DEBERES. Son deberes de todo servidor público:
[…]
24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las
excepciones de ley.
15

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reportar situaciones que puedan afectar el buen servicio o los intereses del
Estado, sin que se denote algún interés o beneficio en las resultas de la
actuación.

En consecuencia, dicho reporte no constituye prueba dentro de las diligencias
administrativas, sino que es el medio por el cual se activó la función
disciplinaria a cargo de la demandada, momento a partir del cual le
correspondía, ahí sí, adelantar las diligencias tendientes a verificar la
ocurrencia de las conductas reprochadas, desde luego, con la aducción de las
pruebas conducentes, pertinentes y necesarias para establecer la «[…] verdad
real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias
que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del
investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de
responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de
oficio» (artículo 129 del CDU).

Por otra parte, el demandante asegura que no fue notificado de los autos que
decretaron pruebas dentro de la actuación disciplinaria. Sin embargo, como se
registró en líneas precedentes, esa afirmación deviene errada, dado que el
disciplinado fue enterado de todas las decisiones emitidas por las autoridades
disciplinarias, en las cuales se le indicaron los derechos que le asistían en su
condición de investigado.

De igual modo, en lo que atañe a la versión libre rendida por el actor el 25 de
octubre de 2012, a las 10:00 p. m., cabe advertir que, aunque en efecto, no es
una hora que se entienda apropiada para una diligencia de tal naturaleza, lo
cierto es que aquel omitió demostrar que fuera fundada en el capricho o
negligencia de la Administración o que fuera coaccionado u obligado a su
práctica.

Recuérdese que el servicio de policía está sujeto a horarios que permiten su
disponibilidad permanente e ininterrumpida (24 horas al día y 7 días a la
semana), de manera que no sería irrazonable entender que dicha diligencia se

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la
administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.
[…]».
21
«OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El servidor público que tenga conocimiento
de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción
correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las
pruebas que tuviere» (subraya la subsección).
16

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practicó mientras el accionante se encontraba activo y en desarrollo del
denominado «cuarto turno» (entre las 7:00 p. m. y la 1 a. m.) en la estación de
policía de Tumaco, donde se encontraba en comisión para esa fecha (f. 45),
tiempo que resultaba suficiente para preparar las explicaciones o argumentos
de defensa, dado que ese día fue notificado del auto de apertura de la
indagación preliminar (a las 9:00 a. m.), por lo que tuvo poco más de doce
(12) horas para ese fin.

Además, al rendir la versión libre, cuya práctica solicitó el demandante
expresamente, no hizo alusión a su inconformidad o malestar por la hora en
que se realizó, ni mucho menos hizo referencia a esa circunstancia en las
actuaciones posteriores, en las que, por demás, fue asistido por un profesional
del derecho.

Frente a la presunta imposibilidad a la que quedó sometido de asistir a la
diligencia de ratificación del informe por parte del patrullero García Correa,
que dio pábulo a la investigación, rendida en la ciudad de Ibagué (Tolima) el
25 de octubre de 2012, a las 3:00 p. m., si bien no cabe duda de que no era
posible que en cinco (5) horas pudiera gestionar los permisos y desplazarse
desde Tumaco (dado que tuvo conocimiento a las 9:50 a. m.)22, tampoco pidió
de las autoridades disciplinarias su cancelación, aplazamiento o adelantarla
por algún medio tecnológico (de ser posible) o gestionó el envío de algún
cuestionario para que fuera respondido por tal uniformado23.

Asimismo, el actor arguye que no se aportó al expediente administrativo
prueba en cuanto a que su arribo al centro nacional de entrenamiento y
operaciones policiales fue extemporáneo, al paso que el informe y declaración
rendidos por el patrullero García Correa se basan en conjeturas que no generan
certeza de la conducta enrostrada, pues «[…] debería de existir […] la orden
[…] emitida por el superior competente que concede el permiso y la hora de
llegada […]» (f. 353).

No obstante, la Sala encuentra desacertada e, incluso, sorprendente tal
apreciación, comoquiera que en las diligencias disciplinarias figura el oficio
929 COMAN-ARTAH 29 de 25 de abril de 2011, por el que el comandante
22
Si se tiene en cuenta que la distancia entre Tumaco e Ibagué es de 490 kilómetros y no hay vuelos directos.
23
Artículo 219 del Código General del Proceso: «REQUISITOS DEL INTERROGATORIO. Las preguntas
se formularán oralmente en la audiencia. Sin embargo, si la prueba se practica por comisionado las partes
podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia.
[…]».
17

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del departamento de policía del Valle del Cauca informa al director de la
escuela nacional de operaciones que el accionante, entre otros patrulleros bajo
su mando, se presentarían el 28 de abril de 2011, a las 7:00 a. m., con el
propósito de recibir capacitaciones por parte de la dirección nacional de
carabineros, lo que revela que como el demandante solo acató la orden el 2 de
mayo siguiente, a las 9:05 a. m., cometió la falta gravísima prevista en el
numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en «Dejar de
asistir al servicio o ausentarse durante un término superior a tres días, en
forma continua sin justificación alguna».

En tal virtud, no encuentra la subsección evidencia de que en la etapa
probatoria de la investigación disciplinaria se haya incurrido en yerros con la
entidad suficiente para dar al traste con las decisiones demandadas, máxime
cuando de la revisión integral del expediente no observa que el disciplinado
haya negado su ausencia por más de tres (3) del lugar al que fue enviado, sino
que lo intenta justificar al invocar razones de salud de su progenitora, que, en
últimas, no demostró, por lo menos para fecha de ocurrencia de los hechos.

Sobre el particular, el inspector delegado de la región de policía dos (2) de la
Policía Nacional, en la decisión disciplinaria de segunda instancia acusada,
coligió:

Misma forma se tiene que contrario a lo plasmado por el recurrente
obra copia del oficio No. 0929 COMAN-ARTAH29 del 25/04/2011
signado por el […] comandante departamento de policía Valle […],
documento público que no adolece de tacha alguna y en el que se
relaciona al patrullero TAPIA DIAZ OVIER ANTONIO para que
realice presentación el día 28/04/2011 a las 07:00 horas en las
instalaciones de la escuela nacional de operaciones de la Policía
Nacional ubicado en la vereda la laguna, hacienda pijaos de San
Luis Tolima.

Disposición […] y actividad que conocía claramente el patrullero
[…], lo que involucro que dejara de asistir al servicio por un
término de cuatro (04) días.

Sobre la exculpación que se dio por tal inasistencia se presenta una
dicotomía, ya que en un inicio el patrullero GILBERTO GARCIA
CORREA en documento público (ver folio 04) y diligencia jurada
(ver folio 29 al 30) cito que TAPIA DIAZ menciono que no había
podido hacer presentación por que las vías se encontraban cerradas,
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diligencia que se practicó con su conocimiento […] y no
controvirtió, ulteriormente se tiene que ya en la injurada (ver folio
25) cambio la exculpación y en remplazo de la primera adujo haber
atendido unas dolencias de su progenitura, pero cuando el a-quo le
cuestiona por los documentos que certifiquen sus dichos, este cito
no tener tales escritos y menos haber enterado a sus superiores de la
contingencia que alego haber padecido.

Por la futilidad de las exculpaciones y ante su disonancia no se
puede llamar a prosperar las pretensiones del recurrente, al no
mostrar credibilidad alguna y menos soporte probatorio que nos
conduzca a establecer la existencia de causal de justificación frente
a la inasistencia al servicio por más de tres días, por lo que el
recurso se torna exiguo, meramente subjetivo y especulativo,
ausente de objetividad alguna, siendo claro para esta instancia que
fue voluntad de TAPIA DIAZ dejar de asistir al servicio por más de
tres días sin que mediara autorización legal y por tal conocía que
ello comprometía una responsabilidad disciplinaria […] (sic para
toda la cita).

Por consiguiente, los medios probatorios que se recibieron durante la
actuación administrativa muestran en conjunto una realidad material que debe
ser apreciada como legalmente corresponde, es decir, que la finalidad de este
procedimiento «[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como
lo dispone el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener
en cuenta que la sanción disciplinaria «[…] tiene función preventiva y
correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en
la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en
el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.

Sobre las pruebas, «La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial
que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión
de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas
irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de
los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no
quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional» (sentencia
T-233 de 200724); también señaló en la misma providencia que «Valorar una
prueba no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la
24
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el
contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de
convicción y sustento de la consecuencia jurídica».

Así las cosas, se evidencia que la accionada efectuó en las decisiones un
amplio análisis y examen integral de los medios probatorios recaudados; en
ese contexto, explicó y justificó con suficiencia por qué dio credibilidad a
unas pruebas y se apartó de otras, y el hecho de que el actor esté en
desacuerdo con tal razonamiento, no implica que haya incurrido en violación
de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso o que no existieran
razones suficientes para sancionar.

En fin, para la Sala, la Administración articuló la apreciación de los medios de
convicción frente a todos los hechos y circunstancias que rodearon los
acontecimientos investigados, y desconocerlos equivaldría a darle la espalda a
la razón práctica y a las demás evidencias materiales, so pretexto de que no
existió prueba para sancionar.

De modo que la sanción impuesta al accionante no resultó injusta,
desproporcionada o arbitraria, por el contrario, está provista de justificación
legal; fue razonada y razonable, motivada en lo que objetivamente se
demostró durante la investigación administrativa, con sujeción a las
previsiones del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de que «el
fallo» disciplinario «debe ser motivado y contener el análisis de las pruebas
en que se basa y el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los
descargos y de las alegaciones», requisito formal y sustancial que fue
colmado a cabalidad, por consiguiente, el cargo de indebida valoración
probatoria carece de fundamento jurídico.

Destaca la Sala que la demandada utilizó adecuadamente sus atribuciones
legales para retirar del servicio a un miembro de la institución que, con su
comportamiento, desconoció que los integrantes de la fuerza pública tienen el
deber de observar mayor disciplina y pulcritud en el cumplimiento de sus
funciones, dada la responsabilidad constitucional a cargo de la Policía
Nacional, del «mantenimiento las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas» (artículo 218 superior).

En esta dirección, la Sala enfatiza que, tal como lo consagra la Ley 1015 de
2006 (artículo 25), «La disciplina es una de las condiciones esenciales para el
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funcionamiento de la Institución Policial e implica la observancia de las
disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el
deber profesional»; «Del mantenimiento de la disciplina son responsables
todos los servidores de la Institución. La disciplina se mantiene mediante el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, coadyuvando con
los demás a conservarla» (artículo 25).

Reitera esta Corporación que los servidores públicos, en general, y los
integrantes de la fuerza pública, en particular, son los representantes
inmediatos del Estado; expresan su imagen y a la vez su realidad ante el
conglomerado social, por consiguiente, deben actuar con mayor pulcritud y
respeto en el desenvolvimiento de su vida pública y privada.

Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular enrostrada al demandante
tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento del deber funcional imputado
en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de carácter
gravísima y dolosa, como se concluyó en las dos instancias.

En cuanto a los derechos del investigado, constata la Sala que durante el curso
de la actuación administrativa se le respetaron todas la garantías procesales y
sustanciales para ejercer las prerrogativas de contradicción y defensa, así,
desde la apertura de indagación y durante el curso de la investigación
disciplinaria fue escuchado, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas,
presentar descargos y alegaciones finales e interponer recursos, etc., por
mencionar algunas; es decir, que no se afectó su participación en el
procedimiento, ni las garantías sustanciales y procesales iusfundamentales,
cuanto más si contó con un profesional derecho de confianza, quien conoció y
se notificó de todas las actuaciones adelantadas en aras de ejercer la defensa
técnica.

Por último, dado que la parte actora en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este

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Expediente: 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de
201625, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española
como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el
litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución
(artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o
recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de
pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso;
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por
la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión
gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los
lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta subsección considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, análisis que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal
proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.

Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala
arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados conservan
su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad
que los ampara, por tanto, se confirmará parcialmente la sentencia apelada,
que negó las súplicas de la demanda; y se revocará la condena en costas, que
incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 27 de junio de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda en
el proceso instaurado por el señor Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por las razones
expuestas en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte actora.

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Expediente: 73001-23-33-000-2015-00424-01 (3776-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ovier Antonio Tapia Díaz contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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