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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00536-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00536-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 1° de septiembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Gilberto Quiroga Álvarez contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y Porvenir SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º. Revócase el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo de primera instancia, que condenó en costas al accionante, de acuerdo con la motivación. 14 Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00536-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Demandante : Gilberto Quiroga Álvarez
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y Porvenir SA
Tema : Traslado de régimen pensional; pérdida de los
beneficios de la transición prevista en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia de 1° de septiembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 51 a 70 y 176 a 194 c.1). El señor Gilberto
Quiroga Álvarez, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo1 a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) y Porvenir SA, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad (i) «[…] del acto administrativo ficto
o presunto nacido del silencio administrativo negativo producto del
agotamiento de la vía gubernativa radicada ante la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, el día 14 de octubre de
2014»; y (ii) del oficio de 23 de julio de 2014, mediante el cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

1
Se deja constancia de que, mediante providencia de 4 de abril de 2019, la sala jurisdiccional disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de jurisdicción entre el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Quinto Laboral del circuito de Ibagué y determinó que el
conocimiento del presente proceso estaba en cabeza de esta jurisdicción (ff. 13 a 24 c. conflicto de
jurisdicción).

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

de la Protección Social trasladó la petición a Colpensiones por considerar que
carecía de competencia para resolverla.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a las accionadas UGPP y Colpensiones «aceptar el traslado» del
Fondo de Pensiones Porvenir SA a la administradora correspondiente y
reconocer la «pensión de vejez de conformidad al régimen aplicable para los
empleados públicos del régimen de transición», cancelar las diferencias
adeudadas debidamente actualizadas con el índice de precios al consumidor y
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos «173, 176 a
177 del Código Contencioso Administrativo» (sic); por último, condenar en
costas a la parte demandada.

Como pretensión subsidiaria, pide que Colpensiones acepte el traslado de
fondo a esa entidad y le conceda la «pensión de vejez de conformidad al
régimen aplicable para los empleados públicos del régimen de transición».

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que nació el 27 de abril de 1951, al
1° de abril de 1994 (cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993) tenía más de
40 años de edad y 750 semanas cotizadas, laboró para la Rama judicial y
aportó para pensión por más de 1300 semanas al extinguido Instituto de
Seguros Sociales, la desaparecida Caja Nacional de Previsión Social y
Porvenir SA.

Que, a través de oficio UGPP 20145142055642 de 23 de julio de 2014, la
UGPP envió su reclamación de traslado de régimen y reconocimiento
pensional a Colpensiones, por considerar que carecía de competencia para
resolverla.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 36 de la Ley
100 de 1993 y 12 del Decreto 3995 de 2008.

Aduce que su traslado de régimen es reversible conforme al Decreto 3995 de
2008, puesto que antes de afiliarse a Porvenir SA cotizaba al extinguido
Instituto de Seguros Sociales, por lo que tiene derecho a regresar al de prima
media con prestación definida que administra en la actualidad Colpensiones,
pues para el 1° de abril de 1994 alcanzaba más de 40 años de edad y más de
750 semanas de aportes.

2

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

1.5 Contestación de la demanda:

1.5.1 Colpensiones (ff. 101 a 144 c.1 y 202 a 242 c.2). A través de
apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda y plantea las
excepciones denominadas «falta de los requisitos legales para efectuar
traslado de régimen» e «inaplicabilidad del régimen de transición». Expresa
que conforme al Acto legislativo 1 de 2005, el régimen de transición no puede
extenderse más allá del 31 de diciembre de 2014, además de existir
prohibición expresa para trasladarse de régimen cunado falten menos de 10
años para adquirir el derecho prestacional.

1.5.4 UGPP (ff. 145 a 151 c.1 y 243 a 249 c.2). Mediante apoderada, se opone
a las súplicas del medio de control y frente a los hechos aduce que algunos son
ciertos y otros no le constan. Propone las excepciones que denominó falta de
legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales, inexistencia del derecho reclamado, buena fe, inexistencia
de vulneración de principios constitucionales y legales y prescripción de
mesadas pensionales.

Como argumentos de defensa, señala que antes de la supresión de la Caja
Nacional de Previsión Social, el demandante «cotizó desde diciembre de 2007
hasta el 31 de julio de 2010 al ISS y posteriormente se trasladó al régimen de
ahorro individual al afiliarse a PORVENIR, lo que […] permite inferir que [la
UGPP] no es la llamada a responder por el reconocimiento pensional […]
dado que las obligaciones adquiridas con la liquidación de CAJANAL se
limitan […] al reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones de
sus afiliados, causados hasta la cesación de sus actividades […]» (sic).

1.5.5 Porvenir SA (ff. 267 a 288 c.2). Por intermedio de apoderado, se opone
a las pretensiones del escrito introductorio en lo que concierne a esa sociedad
y formula los medios exceptivos denominados falta de jurisdicción, buena fe,
existencia del trámite previsto por la ley para que se conceda el cambio de
régimen pensional, no cumplimiento de los requisitos exigidos por las
sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y SU-130 de
2013, encontrarse incurso en prohibición de traslado de régimen, no
cumplimiento de las circulares 19 de 1998 y 6 de 2011 de la Superintendencia
Financiera de Colombia y prescripción. Afirma que el accionante de manera
voluntaria decidió afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad y
al firmar el respectivo formulario aceptó que había recibido una asesoría
completa y total de las consecuencias de su traslado, por lo que no hubo vicio
3

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

del consentimiento.

1.6 La providencia apelada (ff. 533 a 547 c.3). El Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante sentencia de 1° de septiembre de 2020, negó las súplicas
de la demanda (con condena en costas), al considerar que el actor «[…] no
contaba con el término de quince (15) años o más de servicios cotizados a 1°
de abril de 1994» y desde la fecha del traslado al régimen «de ahorro
individual(28 de abril de 1999 hasta la entrada en vigencia de la Ley 797 de
2003, cuando se concedió el término de un año para cerrar la puerta
definitivamente para su traslado al régimen de prima media con prestación
definida, tuvo tiempo suficiente para obtener información clara y precisa
respecto de las consecuencias de permanecer en uno u otro régimen, así como
cuál era el más beneficioso, sobre todo en la afectación de su edad de
pensión, y a la renuncia a la transición pensional» (sic).

1.7 El recurso de apelación (f. 564 vuelto c.1). Inconforme con la anterior
sentencia, el demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que la sentencia de primera instancia «[i]nterpretó
equivocadamente el Acto Legislativo número 1 de 2005, porque a pesar de
haberlo mencionado y haber trascrito el parágrafo transitorio 4, no encuadra
su regulación a[l] caso […]» y, por el hecho de tener más de 40 años para el
1° de abril de 1994, tenía derecho al régimen de transición, y para el 25 de
julio de 2005 ya completaba más de 15 años de cotizaciones para pensión, por
lo que era acreedor de la extensión que contempla el mencionado Acto
legislativo.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 27 de noviembre
de 2020 (ff. 566 a 568 c.3) y admitido por esta Corporación a través de auto de
28 de enero de 2022 (f. 585), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 28 de abril de 2022 (f. 581 c.3), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por la

4

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

UGPP2, para reiterar los argumentos de la contestación de la demanda y
agregar que «[…] el régimen solidario de prima media con prestación
definida es administrado por el Instituto de Seguros Sociales hoy
Colpensiones, y el trámite solicitado por la accionante debe adelantarlo esta
última entidad y/o la AFP en la que se encuentra el afiliado, aclarando que la
UGPP no tiene injerencia al momento de trasladarse de régimen» (sic).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en
esta oportunidad a la Sala (i) establecer si resulta procedente aceptar el retorno
del actor del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con
prestación definida; y (ii) determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento de una «pensión de vejez de conformidad al régimen aplicable
para los empleados públicos del régimen de transición» (sic); o, por el contrario,
perdió el beneficio del régimen de transición al haberse trasladado al régimen de
ahorro individual con solidaridad, pues no colmaba los 15 años de servicios a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente
análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.

El Decreto 3800 de 2003, «Por el cual se reglamenta el literal e) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797
de 2003», en lo atañedero al traslado entre los regímenes pensionales,
preceptuó:

Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de
diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de
2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10)
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, hasta dicha fecha.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índice 13.
5

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

[…]
Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que
una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de
servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que
estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones
exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y

b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el
riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en
el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se
hubieran obtenido en este último.

En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le
será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b)
anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional.

En fallos C-789 de 20023, C-754 de 20044 y C-1024 de 20045, la Corte
Constitucional precisó que aquellas personas que se trasladaron del régimen
de prima media con prestación definida al de ahorro individual con
solidaridad, podrán retornar al que inicialmente estaban afiliados y, por ende,
hacer efectivo su derecho a pensionarse bajo la normativa pensional anterior,
por ser beneficiarios del régimen de transición, en la medida en que a la fecha
de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 hubiesen tenido 15 años de
servicios cotizados, en razón a que solo a las personas en esta condición se les
violarían sus derechos al trabajo y a la seguridad social si se les excluyera del
régimen de transición, puesto que ya han cumplido con el 75% o más del
tiempo de trabajo para acceder a una pensión a la entrada en vigor del sistema
general de seguridad social en pensiones.

Por su parte, en sentencias T-818 de 20076 y T-1014 de 20087, hubo un
cambio radical en la regla jurisprudencial desbrozada en las anteriores, toda

3
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
4
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
5
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
6
M. P. Jaime Araújo Rentería.
6

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

vez que en atención a una interpretación favorable al trabajador, concluyó la
Corte Constitucional que siempre que la persona cumpla alguno de los
requisitos del régimen de transición, se hará beneficiario de este y tendrá
derecho a pensionarse con la norma anterior a la Ley 100, independientemente
de que se hubiese cambiado al régimen de ahorro individual, por lo que podrá
retornar al de prima media con prestación definida. Derrotero que también
reiteró el Consejo de Estado en auto de 5 de marzo de 20098, al estimar que no
se pueden exigir más requisitos para el regreso del régimen de ahorro
individual con solidaridad al de prima media con prestación definida (y, por
consiguiente, para hacer efectivo su derecho a la aplicación del régimen de
transición), que el de trasladar lo que se tenía en el fondo privado.

En el año 2010, la Corte Constitucional con el propósito de unificar su
jurisprudencia, en sentencia SU-629, acogió el criterio fijado en las sentencias
C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, en el sentido de que para realizar el retorno
al régimen de prima media, y, por tanto, conservar el beneficio del régimen de
transición, resulta necesario tener 15 años cotizados a la entrada en vigor de la
Ley 100, además de que se traslade todo el ahorro que hayan efectuado en el
régimen de ahorro individual, sin que este sea inferior al monto total del aporte
legal correspondiente en caso que hubiere permanecido en el primer régimen,
pero, en el evento contrario, el afiliado podrá pagar el respectivo dinero a lo
que le faltare en un plazo razonable10.

Por otro lado, el Consejo de Estado, en sentencia de 25 de noviembre de
201011, sostuvo que en la medida en que una persona colmara uno de los
requisitos para la aplicación del régimen de transición, tiene derecho a
pensionarse con las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100, pese a
haberse trasladado del régimen de prima media con prestación definida al de
ahorro individual con solidaridad y retornar a aquel, por cuanto se está en
presencia de expectativas legítimas. Mientras que, en fallo de 6 de abril de
201112, se siguió el criterio trazado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010, bajo el
entendido de que, para trasladarse nuevamente al régimen de prima media con

7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, auto de 5 de marzo de 2009, expediente 11001-03-25-
000-2008-00070-00 (1975-08).
9
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Derrotero reiterado en fallo SU-130 de 2013.
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000232500020070075401 (0489-09),
consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Criterio reiterado en providencia de 11 de agosto de
2016, expediente 25000-23-25-000-2010-00937-01 (4417-2014), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
12
Consejo de Estado, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-2007-00054-00(1095-07), consejero
ponente Gerardo Arenas Monsalve.
7

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

prestación definida, sin perder el beneficio del régimen de transición, se debe
tener a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100, 15 años de servicios
cotizados.

En este orden de ideas, resulta evidente que la regla jurisprudencial vigente
acerca del tema es la fijada por las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004
y SU-62 de 2010, esto es, que pese a que la persona haya retornado del
régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación
definida (para cuyo efecto debió haber trasladado la totalidad del ahorro
depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podría ser inferior al
monto total del aporte legal correspondiente si hubiere permanecido en el
régimen de prima media, y en caso contrario, aportar el dinero que haga falta
para cumplir dicha exigencia), no perderá los beneficios del régimen de
transición solo si al 1° de abril de 1994 hubiese tenido 15 o más años de
servicios cotizados, por lo que no basta colmar el requisito de edad.

Lo anterior, por cuanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se
amparan son meras expectativas, mas no derechos adquiridos, por lo que el
legislador legítimamente puede limitar la edad y tiempo de servicios para
acceder a una pensión y por lo mismo establecer las reglas pertinentes, incluso
para la exclusión del régimen de transición, por lo que de manera clara dicha
Ley excluye de los beneficios del régimen de transición a aquellas personas
que pese a tener la edad para que les sea aplicable el mismo, se trasladen al
régimen de ahorro individual con solidaridad y a aquellos que habiendo
escogido este último régimen decidan cambiarse al de prima media con
prestación definida.

De igual modo, en la sentencia SU-130 de 201313 se incluyó, en su parte
decisoria, el criterio jurisprudencial vigente de la Corte Constitucional, con la
advertencia que «[…] de conformidad con lo previsto en los artículos 13,
literal e) y 36, incisos 4° y 5° de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron
interpretados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-789 de 2002 y
C-1024 de 2004, únicamente los afiliados con quince (15) años o más de
servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el
Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del
régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición».

13
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

Asimismo, en fallo T-892 de 201314, en el que se examinaron varios casos
acerca de reconocimientos pensionales de personas que retornaron al régimen
de prima media con prestación definida y algunas pese a tener la edad para ser
beneficiarias del régimen de transición, les fue negado el derecho a
pensionarse bajo la norma anterior a la Ley 100, la Corte Constitucional
reiteró la exigencia de que solo conservan los beneficios de la transición
aquellas personas que al 1° de abril de 1994 hubiesen tenido 15 años o más de
servicios cotizados; adicionalmente, exhortó «[…] por conducto de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los jueces de la
República para que en lo sucesivo, den estricto cumplimiento a los
lineamientos fijados por esta corporación, en materia del régimen de
transición, que se encuentran contenidos en las sentencias C-789 de 2002, C-
1024 de 2004, SU 062 de 2010, SU 130 de 2013 […]».

Ahora bien, la Ley 797 de 2003 introdujo, entre otras, la siguiente
modificación al artículo 13 de la Ley 100 de 1993:

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección
inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un
(1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse
de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la
edad para tener derecho a la pensión de vejez; [subrayas propias]

El aparte subrayado de la precitada modificación fue declarado exequible por
la Corte Constitucional, en sentencia C-1024 de 2004, reiterada con el fallo C-
625 de 2007, bajo el entendido que las personas que reunían las condiciones
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad y no habían
retornado al de prima media con prestación definida, podían regresar a este (en
cualquier tiempo), conforme a los términos señalados en la providencia C-
789 de 2002, esto es, se insiste, «únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró
en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en
cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios
del régimen de transición».

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la

14
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9

Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía del accionante, nació el 27 de abril de 1951 (f.
49).

b) Conforme a constancias de información laboral emitidas por la Rama
Judicial (ff. 13 a 25 c.1), el actor trabajó durante los siguientes períodos:

Desde Hasta
06/09/1977 07/04/1985
01/03/1991 Activo para el 20/09/2010

c) Certificado de información laboral para pensiones y bonos pensionales
emitido 20 de septiembre de 2010 por la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial del Tolima, en el cual se verifica que entre el 23 de
mayo de 1993 y el 30 de enero de 2001 el accionante efectuó aportes a
pensión a la desaparecida Cajanal y para el extinguido ISS (ff. 5 y 6) en los
siguientes lapsos:

Desde Hasta
05/12/2007 29/12/2007
01/02/2008 10/02/2008
26/06/2008 12/07/2008
19/08/2008 12/09/2008
01/08/2009 31/07/2010

d) De acuerdo con formato de solicitud de vinculación de 6 de abril de 1999 y
extractos del Horizonte SA, hoy Porvenir SA, generados el 16 de septiembre
de 2016, el demandante se encuentra afiliado a ese fondo desde mayo de 1999
(ff. 295 y 297 a 333 c.2).

e) Impresión generada del sistema de consulta SIAFP de la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías
(Asofondos), que indica que el traslado del demandante de Colpensiones a
Horizonte SA se produjo el 11 de mayo de 1999 (ff. 337 a 339 c.2).

f) Expediente administrativo del accionante, remitido en medio magnético por
Colpensiones el 20 de diciembre de 2017 (ff. 495 y 496 c.3, que contiene un
CD), dentro del cual, al revisar la información del afiliado a 25 de mayo de
2016, se observa la anotación «SIN REGISTRO HISTÓRICO» y en el archivo
no obra ningún documento que mencione cuántas semanas aporto al régimen
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Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Gilberto Quiroga Álvarez contra la UGPP y otros

de prima media o en qué períodos.

g) Oficios 2014510392371 de 23 de julio de 2014, por medio de los cuales la
UGPP remite por competencia a Colpensiones una solicitud de traslado al
régimen de prima media con prestación definida de 18 de los mismos mes y
año e informa al demandante del traslado de su reclamación (ff. 33 y 34 c.1).

h) Memorial de 14 de octubre de 2014, por el cual el actor pidió de
Colpensiones «[…] aceptar el traslado de fondo de pensiones […] al régimen
de prima media con prestación definida […]» (ff. 27 a 32 c.1). No hay prueba
de que esta solicitud haya sido atendida.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
nació el 27 de abril de 1951; (ii) laboró para la Rama Judicial del 6 de
septiembre de 1977 al 7 de abril de 1985, desde el 1° de marzo de 1991 y
seguía activo para el 20 de septiembre de 2010; (iii) según su empleador,
efectuó aportes para pensión a la extinguida Cajanal entre el 23 de mayo de
1993 y el 30 de enero de 2001 y para Colpensiones en varios lapsos del 5 de
mayo de 2007 al 31 de julio de 2010, sin que obre certificación por parte de
dichas administradoras de pensiones de las semanas que cotizó en esas
entidades; y (iv) el 11 de mayo de 1999 se trasladó al régimen de ahorro
individual con solidaridad, mediante afiliación al Fondo de Pensiones
Horizonte SA, hoy Porvenir SA.

El accionante solicitó el 18 de julio y el 14 de octubre de 2014 de la UGPP y
de Colpensiones, respectivamente, el traslado al régimen de prima media con
prestación definida, frente a lo cual la primera entidad remitió su petición a la
segunda y esta última guardó silencio.

Ahora bien, ha de advertirse que el accionante se encontraba amparado por el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 15,
puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad (nació el
27 de abril de 1951), no obstante, comoquiera que se trasladó del régimen de
prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad 16,
resulta oportuno determinar, en principio, si como consecuencia de tal
situación, perdió los beneficios de ese régimen de transición.
15
En dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la
pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, es decir, la pensión
de jubilación respecto a la edad, tiempo de servicio y monto de la misma se les aplicará el régimen anterior.
16
El 11 de mayo de 1999.
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No obstante, en el asunto sub examine lo único que se acredita es que prestó
servicios a la Rama Judicial del 6 de septiembre de 1977 al 7 de abril de 1985
(7 años, 7 meses y 1 día) y desde el 1° de marzo de 1991 (activo para el 1° de
abril de 1994, 3 años y 1 mes), por lo que no satisface la condición de los 15
años o más de servicios con el propósito de conservar los beneficios del
régimen de transición.

Además, aclárase que no existe prueba de que el accionante haya demandado
la nulidad de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad ante
la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual no es dable para esta
Corporación pronunciarse acerca de la legalidad de aquel. De igual modo,
cabe destacar que las gestiones para su retorno al régimen de prima media con
prestación definida no anulan el traslado inicial, que corresponde a la garantía
de libre escogencia establecida en la letra e) del artículo 13 de la Ley 100 de
1993.

Por otro lado, el actor cita, como sustento normativo para su solicitud de
«aceptar el traslado del fondo de pensiones al régimen de prima media», el
artículo 12 del Decreto 3995 de 200817, norma que preceptúa:

Artículo 12. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir
la edad para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a
las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión
de vejez del Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este
únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las Sentencias C-789
de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de transición. La
AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud
de traslado, deberá remitir toda la información necesaria para que el ISS
realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7º del
presente decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días
hábiles para manifestar si es viable el traslado.

Sin embargo, observa la Sala que el demandante no colma ninguna de las
previsiones de la precitada norma para acceder al traslado de régimen pues,
por una parte, se insiste, no tiene derecho a recuperar el régimen de transición
y, por otra, para el 2014, cuando presentó la respectiva petición ante la UGPP
y Colpensiones, completaba 63 años de edad, por ende, no le faltaban «menos
de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión».

Por último, dado que la demandante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en

17
«por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993».
12

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costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este
sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de
201618, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,

18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
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la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas impuesta al
actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 1° de septiembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de
la demanda en el proceso instaurado por el señor Gilberto Quiroga Álvarez
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) y Porvenir SA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2º. Revócase el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo de primera
instancia, que condenó en costas al accionante, de acuerdo con la motivación.
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Expediente: 73001-23-31-000-2015-00536-01 (600-2021)
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3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

15

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