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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2016-00209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00209-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 75 Núm. único de radicación: 730012333000201600209-01 SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2016-00209-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 730012333000201600209-01
Actor: Julio Cesar Montañez Roa
Demandados: Municipio de Cajamarca – Tolima; Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI; Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Sociedad
APP Girardot – Ibagué- Cajamarca – GICA; Consultores Técnicos y Económicos S.A.
– CONSULTÉCNICOS S.A.; y la Personería Municipal de Cajamarca

Tema: Derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y utilización y
defensa de los bienes; al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución; a la
seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; y a la realización de construcciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Cesar Montañez
Roa, contra la sentencia del 29 de enero de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Julio Cesar Montañez Roa1, en adelante la parte actora, presentó2
demanda en ejercicio del respectivo medio de control en contra del Municipio de

1 En nombre propio.
2 La demanda fue presentada el 9 de marzo de 2016.

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Núm. único de radicación: 730012333000201600209-01

Cajamarca – Tolima, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Sociedad APP Girardot – Ibagué-
Cajamarca – GICA, la sociedad Consultores Técnicos y Económicos S.A. –
CONSULTÉCNICOS S.A. y la Personería Municipal de Cajamarca, con el objeto de
lograr la protección de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público
y utilización y defensa de los bienes; al goce de un ambiente sano; a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución; a la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; y a la realización de construcciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que declare vulnerados y/o amenazados los derechos e intereses colectivos
que relaciono a continuación:

1.1. Derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso
público.
1.2. Derecho al goce de un ambiente sano.
1.3. Derecho a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución.
1.4. Derecho a la seguridad y salubridad públicas,
1.5. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
y,
1.6. Derecho a la realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

2. Que ordene a las instituciones y personas demandadas que ejecuten las
actividades necesarias, de acuerdo con su competencia, respetando los derechos
colectivos antes relacionados y los demás que el señor Juez considere amenazados
o vulnerados, así:

2.1. A la Agencia Nacional de Infraestructura: Que en los estudios y diseños de la
doble calzada Ibagué-Cajamarca, paso por la zona urbana de Cajamarca, se incluyan
las zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración y desaceleración,
elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra de semillas y
arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes peatonales y en
general, todos los elementos que la ley y la técnica ordenan para este tipo de vías.

2.2. A la Agencia Nacional de Infraestructura: Que se abstenga de aprobar y autorizar
los estudios definitivos de la doble calzada Ibagué-Cajamarca, paso por la zona
urbana de Cajamarca, hasta tanto no se acredite que estos se ajustan al Esquema
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajamarca (en adelante Plan de
Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el parágrafo del artículo 9° de la ley
388 de 1997).

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2.3. A la Agencia Nacional de Licencias Ambientales: Que proceda a adecuar la
licencia ambiental otorgada para la construcción de la doble calzada Ibagué-
Cajamarca, paso urbano por Cajamarca, a las disposiciones legales que se indican
en esta demanda y ordene la suspensión de la ejecución del proyecto hasta tanto los
estudios y diseños no se ajusten a dichas normas.

2.4. A la Agencia Nacional de Licencias Ambientales: Que proceda adecuar la
licencia ambiental otorgada para la construcción de la doble calzada Ibagué-
Cajamarca, paso urbano por Cajamarca, a las condiciones de uso del suelo
contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajamarca.

2.5. A la Sociedad APP-GICA: Que se abstenga de iniciar los procesos de adquisición
o compra de predios y construcción de la doble calzada Ibagué-Cajamarca, paso
urbano por Cajamarca, hasta tanto no cuente con estudios y diseños en los que se
contemple las zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración y
desaceleración, elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra
de semillas y arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes
peatonales y en general, todos los elementos que la ley y la técnica ordenan para
este tipo de vías.

2.6. A la sociedad APP-GICA: Que se abstenga de iniciar los procesos de adquisición
de predios y construcción de la doble calzada Ibagué-Cajamarca, paso urbano por
Cajamarca, hasta tanto no acredite que los estudios y diseños del proyecto se ajustan
al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajamarca.

2.7. A la firma Consultores Técnicos Económicos "CONSULTÉCNICOS S.A.": Que
se abstenga de aprobar los estudios y diseños del proyecto doble calzada Ibagué-
Cajamarca, paso por la zona urbana de Cajamarca, hasta tanto no tenga
suficientemente acreditado que estos contemplan las zonas de retiro, vías de
servicios, carriles de aceleración y desaceleración, elementos físicos de separación
de las vías, espacios para siembra de semillas y arbustos para conservación del
medio ambiente, bermas y andenes peatonales y en general, todos los elementos
que la ley y la técnica ordenan para este tipo de vías.

2.8. A la firma Consultores Técnicos y Económicos S.A. "CONSULTÉCNICOS S.A.":
Que se abstenga de aprobar los estudios y diseños del proyecto doble calzada
Ibagué-Cajamarca, paso por la zona urbana de Cajamarca, hasta tanto no tenga
acreditado que estos se ajustan al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Cajamarca.

2.9. Al Municipio de Cajamarca: Que con la intervención del Concejo Municipal, el
Alcalde Municipal y la Secretaría de Planeación Municipal y previos los estudios
técnicos necesarios, apruebe y expida los actos en los que defina el lugar por donde
podrá construirse la doble calzada Ibagué-Cajamarca, paso por la zona urbana de
Cajamarca, junto con las especificaciones técnicas que de acuerdo a la ley, la
reglamentación y la técnica debe tener esta obra, incluyendo el Plan de
Ordenamiento Territorial.

2.10. Al Personero Municipal de Cajamarca: Que en ejercicio de las funciones propias
de su cargo ejerza especial vigilancia respecto de la conducta de los funcionarios
públicos municipales responsables de la elaboración, modificación y reglamentación
del Plan de Ordenamiento Territorial de Cajamarca, a fin de hacer cumplir las normas
de ordenamiento del espacio público y el medio ambiente, especialmente las
referentes a zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración y
desaceleración, elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra
de semillas y arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes
peatonales y en general, todos los elementos que la ley y la técnica ordenan para
este tipo de vías.

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3. Que se condene en costas a las demandadas [...]”3.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1 Señaló que les corresponde a los municipios ordenar el desarrollo de su
territorio, adoptar los planes de desarrollo y reglamentar los usos del suelo de
acuerdo con los artículos 311, 313 y 315 de la Constitución Nacional.

3.2 Mencionó que a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI se
encuentra la planeación, coordinación, estructuración, contratación y ejecución de
los proyectos de concesión y de asociación público – privada, para el diseño,
construcción, mantenimiento, operación, administración y explotación de la
infraestructura pública de transporte en sus diferentes modos, todo en el marco de
sus competencias y con el respeto de las normas que lo regulan.

3.3 Indicó que el artículo 2.° de la Ley 1450 de 16 de junio de 20114 aprobó como
parte integrante de la misma ley el documento denominado “Bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014”, en el que se determinó el esquema de asociaciones
público privadas como estrategia para impulsar la infraestructura como uno de los
pilares de crecimiento de Colombia.

3.4 En consonancia, el Gobierno Nacional expidió el documento Conpes 3760 de
2013, para proyectos viales de esquemas de asociación público privada de cuarta
generación de concesiones viales, entre los cuales se encuentra el proyecto segunda
calzada Ibagué – Cajamarca.

3.5 Refirió que la sociedad APP GICA S.A. presentó ante la Agencia Nacional de
Infraestructura la propuesta de un proyecto de asociación público privada de
iniciativa privada, el cual no requiere desembolso de recursos públicos y que tiene
por objeto la realización de los estudios, diseños, construcción, operación,
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la segunda calzada de la vía
Ibagué – Cajamarca.

3.6 Mencionó que el Consejo de Ministros emitió concepto favorable sobre la
propuesta indicada al igual que el Consejo Nacional de Planeación.

3 Cfr. folios 64 a 67 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.
4 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”

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3.7 Indicó que mediante la Resolución núm. 151 de 2015, la Agencia Nacional de
Infraestructura adjudicó a la sociedad APP GICA S.A. el contrato de concesión bajo
el esquema de asociación público privada de iniciativa privada, para la ejecución del
proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca, lo que incluía el paso por
Cajamarca del kilómetro 32+170 a 35+078.

3.8 Adujo que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante la Resolución núm.
378 del 10 de febrero de 2015, declaró de utilidad pública e interés social el proyecto
de segunda calzada Ibagué – Cajamarca.

3.9 Mencionó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidió la
Resolución 1945 del 20 de noviembre de 2015, mediante la cual otorgó a la sociedad
APP GICA la licencia ambiental para la ejecución del proyecto denominado
“construcción del tramo 5 – Paso urbano por Cajamarca”, localizado en el municipio
de Cajamarca.

Hechos relacionados con la violación y/o amenaza de los derechos colectivos

4. Manifestó que el representante legal de la Sociedad APP- GICA afirmó en el
periódico El Nuevo Día de Ibagué que para la construcción de la doble calzada, “[…]
se comprará solo una franja de 12 metros para hacer una segunda calzada […]” lo
que conduciría a que la obra se ejecute desconociendo las normas de ordenamiento
territorial del Municipio de Cajamarca, las disposiciones que establecen las
dimensiones mínimas que consagra la ley y la técnica para este tipo de vías y las
normas ambientales.

4.1. Indicó que requirió a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre las
condiciones técnicas y ambientales del proyecto, respecto de lo cual le fue
manifestado que le correspondía elaborarlos al concesionario y todavía no estaban
listos.

4.2. Resaltó que la obra que da lugar a la presente acción es una vía de doble
calzada en cuya construcción se utilizan tanto la vía antigua existente como la vía
nueva por construir. Ello implica que no es necesario distinguir si la construcción es
nueva en su totalidad o si se utiliza la vía existente para su construcción. En ese
sentido, de acuerdo con el artículo 5.° del Decreto 2976 de 2010, los proyectos de
infraestructura a operar en doble calzada deben considerase e incluir en los diseños
la construcción de vías de servicios y su mantenimiento estará a cargo de la entidad
territorial.

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Contestaciones de la demanda

5. El Municipio de Cajamarca - Tolima fundamentó su contestación con base
en los siguientes argumentos:

5.1. Manifestó que los hechos descritos por la parte accionante no se pueden
considerar como hechos sino como “meras afirmaciones o enunciados”. En relación
con la responsabilidad del Municipio expresó que el actor popular pretende por medio
de una petición que este ente territorial intervenga por una presunta vulneración o
afectación de los derechos colectivos generados por la construcción de la doble
calzada por parte de asociación público privada GICA y la interrupción de un proyecto
de orden nacional que no ha iniciado su proceso de construcción.

5.2. Expresó que el municipio de manera reiterada se ha reunido con los miembros
de la asociación público privada GICA para informarse y clarificar cómo sería el paso
por la zona urbana del Municipio de Cajamarca. Resaltó que, para la fecha de
presentación del medio de control no se había iniciado oficialmente la construcción
ni la intervención de compra de predios u obra civil en el municipio que requieran de
la participación de la autoridad municipal.

5.3. Precisó que los esquemas de ordenamiento territorial pierden aplicación
cuando se tratan de obras de interés público a nivel nacional.

5.4. Señaló que no es posible intervenir en un proyecto vial de orden nacional
cuando a la fecha no se tiene certeza sobre las dimensiones reales, los pasos, y los
cruces viales porque en los tramos 5 y 6 que son los que corresponden el casco
urbano de la obra, se pueden presentar miles de desafíos de ingeniería que no
pueden incumplir los lineamientos legales para este tipo de vía doble calzada
y no es permitido que el municipio intervenga por especulaciones o afirmaciones que
no están demostradas o que ni siquiera se tiene certeza sobre su ocurrencia.

5.5. Se opuso a la declaración que pretende el actor popular “[…] que con la
intervención de la alcaldía municipal, el concejo municipal y la Secretaría de
planeación previo estudios técnicos aprueba y expida que defina el lugar por donde
podrá construirse la doble calzada Ibagué – Cajamarca paso por la zona urbana de
Cajamarca, junto con las especificaciones técnicas que debe tener la obra, en el plan
de ordenamiento territorial […]”.

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5.6. Mencionó que el esquema de ordenamiento territorial señala el manejo y
aplicación que deben tener las vías públicas y diferencia especialmente a las vías de
orden nacional como es la que cruzaría al municipio en doble calzada. El artículo 73
del Esquema de Ordenamiento Territorial ordena la entrega de la competencia al
Gobierno Nacional en relación con la vía que se construye en lo que tiene que ver
con su dotación, señalización, construcción, adecuación, miradores, senderos,
arborización, vegetación y zonas aledañas a la vía.

5.7. Los artículos 75 y 76 del esquema, describen las normas locales que se deben
cumplir en obras de construcción vial. Recordó lo manifestado por el decreto 2201
de 2003 que reglamentó el artículo 10 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, así:

“[…] Artículo 1°. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador
de utilidad e interés social cuya ejecución correspondan a la Nación, podrán ser
adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a
través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva
licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control
ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente.

Parágrafo. De igual manera, se podrán ejecutar los proyectos, obras o actividades
que sean considerados de utilidad pública e interés social que no requieran de la
obtención previa de licencias o demás instrumentos administrativos de manejo y
control ambiental.

Artículo 2°. Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial
de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de
proyectos, obras o actividades a los que se refiere el artículo primero del
presente decreto.

Artículo 3°. La decisión sobre la ejecución de los proyectos, obras o actividades a las
que se refiere el artículo primero, deberán ser informados por la autoridad
correspondiente al municipio o distrito en cuya jurisdicción se pretenda realizar […]”.

5.8. Manifestó que los interesados en los proyectos, obras o actividades deberán
entregar a los municipios y distritos la información pertinente sobre tales actividades,
con el fin de que sea incorporada en el proceso de formulación, concertación,
adopción, revisión y ajuste de los planes, planes básicos o esquemas de
ordenamiento territorial de los municipios y distritos. Reiteró que es clara la
imposibilidad de oponer los esquemas de ordenamiento territorial respecto de los
proyectos de interés general.

5.9. Concluyó que no se han afectado ni amenazado los derechos colectivos por
la asociación público privada GICA ni por el municipio porque han actuado dentro de
sus deberes constitucionales y legales5.

5 Cfr. folios 174 a 186 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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6. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA presentó escrito
en el que se pronunció en relación con los hechos y argumentó su oposición con
base en los siguientes fundamentos de defensa:

6.1. Indicó que revisada la información presentada por la Concesionaria APP
GIGA contenida en el expediente LAV0067-00-2015 y realizada la visita técnica por
el Grupo Técnico del Sector de Infraestructura de la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento, emitió concepto técnico núm. 6216 del 20 de noviembre de 2015, en el
cual se evaluó la viabilidad del proyecto desde los componentes físico, biótico y
social, en lo relacionado con el Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad,
socialización a la comunidad, valoración económica de los impactos ambientales e
información geográfica presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.

6.2. Precisó que con la licencia ambiental otorgada se autorizó la construcción de
una segunda calzada por el paso urbano del Municipio de Cajamarca, adosada a la
vía existente. El tramo inicia al final del puente vehicular sobre el Río Anaime en el
Municipio de Cajamarca a la altura del K32+170 y finaliza en el K34+918 para
empalmar con las obras existentes de doble calzada que llegan al Túnel de la Línea
portal Cajamarca, a la altura del K35+078, con una longitud total de 2.748 km. Dentro
de esta línea de trazado se encuentra el área urbana de Cajamarca y la zona rural
correspondiente a la Vereda Cajamarquita.

6.3. Resaltó que el proceso de licenciamiento ambiental se desarrolló con estudios
en etapa de factibilidad y anotó que la fase 3 será objeto de control y seguimiento
ambiental por su parte y que el proyecto es catalogado como de interés nacional y la
licencia se otorgó en el marco de sus competencias.

6.4. Indicó que el actor popular hace referencia a una manifestación realizada en
un medio de comunicación social al cual no puede dársele el valor probatorio.

6.5. Propuso las excepciones que denominó: “Ausencia de vulneración de
derechos colectivos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA”; “Inexistencia de responsabilidad y nexo de causalidad”; “Insuficiencia
probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante”; “Falta de legitimación por
pasiva”; “El otorgamiento de licencias no solidariza a la ANLA”; y “Excepción
genérica” 6.

6 Cfr. folios 193 a 206 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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7. La Sociedad APP GICA S.A. presentó escrito en el que se pronunció en
relación con los hechos y se opuso a todas y cada una de las pretensiones,
argumentó su oposición con base en los siguientes fundamentos de defensa:

7.1. Adujo que, en relación con el relato que hace el actor relacionado con el
contenido de la publicación hecha por el periódico el Nuevo Día de Ibagué el día 14
de abril de 2015, que no le consta y que no es un hecho sino a una interpretación
que el actor hace sobre el contenido de los apartes de una publicación periodística.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, dichas publicaciones no constituyen
prueba de lo que allí se afirma.

7.2. Manifestó que la acción popular está llamada a fracasar debido a que el actor
popular no cumplió con la carga probatoria al no allegar una sola prueba que brinde
los elementos necesarios para inferir la presenta amenaza y/o vulneración de los
derechos colectivos. Las pruebas aportadas con la demanda dan cuenta de las
peticiones realizadas y de sus respuestas.

7.3. Indicó que ninguno de los relatos contenidos en el capítulo de “hechos” de la
demanda da cuenta de la existencia de amenaza y/o vulneración de los derechos
colectivos enlistados en el acápite de pretensiones, el actor popular trajo a colación
unos extractos normativos para posteriormente comentar como se celebró el
Contrato de Concesión núm. 002 de 2015 entre la ANI y la APP GICA y como la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó licencia para la ejecución del
proyecto en el tramo que corresponde al paso urbano por el municipio de Cajamarca.

7.4. Precisó que no entiende como el actuar de las demandadas podrían afectar
el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
porque las obras se llevarán a cabo en una zona que actualmente se encuentra
totalmente “urbanizada” amén de que la vía que se pretende construir será
simplemente adosada a la existente y no afectará ningún ecosistema. En ese
sentido, aclaró que la autoridad ambiental estará vigilando el cumplimiento de todas
las obligaciones derivadas de la licencia concedida.

7.5. Resaltó que contrario a lo sugerido por el actor popular, la ejecución del
proyecto beneficiará el espacio público del Municipio de Cajamarca, es decir, dentro
de las obras que se ejecutaran se establecen una serie de mejoras en los puentes
peatonales, aceras y otros elementos de amueblamiento urbano.

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7.6. Manifestó que es nula la amenaza o vulneración del derecho a la seguridad y
salubridad pública porque no hay manera que la obra incida en la comisión de delitos
y/o contravenciones o en la ocurrencia de accidentes naturales o en la afectación de
la salud de los ciudadanos.

7.7. Indicó que no se vulnera o amenaza el derecho colectivo al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, en efecto las obras
proyectadas no tienen relación alguna con la infraestructura sanitaria u hospitalaria.

7.8. Precisó que las obras fueron diseñadas tomando en cuenta el esquema de
ordenamiento territorial del Municipio de Cajamarca y que, en todo caso, tratándose
de la ejecución de obras de interés social y utilidad pública, los planes, planes
básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios o distritos no
resultan oponibles por disposición expresa del artículo 10 del Decreto 2201 de 2003
y del artículo 2.2.2.1.2.8.2 del Decreto 1077 de 2015.

7.9. Indicó que lo pretendido por el actor popular no es el amparo de derechos
colectivos sino la censura de una presunta inobservancia de normas de carácter legal
por parte de las demandadas, lo que apareja sin duda que la acción escogida fue la
equivocada pues para exigir el cumplimiento de normas por la vía judicial es
procedente la acción de cumplimiento.

7.10. Explicó que todas las demandadas han actuado hasta la fecha en la esfera de
sus competencias y con apego a la legislación vigente y no han amenazado y/o
vulnerado los derechos colectivos. En ese sentido, las etapas de prefactibilidad y
factibilidad fueron surtidas por la Agencia Nacional de Infraestructura y el originador
mediante la acreditación y evaluación de todos y cada uno de los componentes
técnicos jurídicos y financieros exigidos por la Ley 1508 de 2012 y demás normas.

7.11. Refirió que la vía diseñada para ser construida en el paso urbano del Municipio
de Cajamarca cumple con lo establecido en la Ley 1228 de 2008 y el Decreto 2976
de 2010, así como en las disposiciones de naturaleza técnica consagradas en el
Manual de Diseño Geométrico del Instituto Nacional de Vías. La vía tendrá un ancho
que oscilará entre los 22 y 32 metros.

7.12. En síntesis, propuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de
vulneración o amenaza de derechos colectivos. Ausencia de prueba”; “Indebida
escogencia de la acción”; Legalidad de las actuaciones adelantadas por APP GICA

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S.A.; la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales”; y la “Excepción genérica”7.

8. La sociedad Consultores Técnicos y Económicos S.A. –
CONSULTÉCNICOS S.A. presentó escrito en el que se pronunció en relación con
los hechos y pretensiones de la demanda y se opuso a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, argumentó su oposición con base en los siguientes
argumentos de defensa:

8.1. Refirió que se ha dado cumplimiento a las estipulaciones del contrato de
concesión núm. 002 de 2015, así como también a las normas de carácter nacional.
En ese sentido aclaró que el proyecto concesionado es a cuenta y riesgo de la
sociedad APP GICA S.A. sin contar con presupuesto o recursos públicos, solamente
capital privado.

8.2. Mencionó que en el contrato de concesión núm. 002 de 2015, Parte General,
Capítulo VI- Etapa Preoperativa – Estudios y Diseños ha quedado claramente que
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los Estudios de Detalle, serían objeto
de análisis por la Interventoría quien advertirá y comunicará al Concesionario y a la
Agencia Nacional de Infraestructura cualquier inconsistencia entre dichos estudios y
la posibilidad de obtener los resultados requeridos en el contrato. Quiere decir lo
anterior, que la interventoría en la revisión se ciñe estrictamente a lo convenido en el
contrato sin que sea de su resorte y competencia cambiar las condiciones
contractuales establecidas.

8.3. Argumentó que es clara la improcedencia de la acción popular en cuanto
pretende involucrar a la interventoría cuando su deber está determinado en el
contrato de interventoría y se ciñe al contrato de concesión.

8.4. Por último, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en
la causa por pasiva” ; “Inexistencia del daño”; “Inexistencia del nexo causal”;
“Inexistencia de responsabilidad de consultores técnicos y económicos S.A.
Consultécnicos por las presuntas acciones u omisiones que amenazan o vulnerar los
derechos e intereses colectivos”; y “Falta de requisitos sustanciales para la
prosperidad de la pretensión”8.

9. La Personería Municipal de Cajamarca presentó escrito en el que aclaró sus
competencias y facultades teniendo en cuenta la ley y que no le asiste razón al actor

7 Cfr. folios 653 a 671 del cuaderno núm. 3 del expediente físico.
8 Cfr. folios 680 a 691 del cuaderno núm. 3 del expediente físico.

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popular al indicar que ese ente vulneró los derechos colectivos invocados por no
haber otorgado respuesta a la petición formulada.

9.1. Indicó que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI expidió la Resolución
378 de 2015, por la cual se declaró de utilidad pública e interés social el proyecto
segunda calzada Ibagué – Cajamarca; es decir, le es aplicable el Decreto 1077 de
2015, de manera que los esquemas o planes de ordenamiento territorial no son
oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades de utilidad pública. En ese
entendido, la revisión o ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial no le es
oponible al proyecto u obra declarado de utilidad pública.

9.2. Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación
con la personería, teniendo en cuenta que el contrato cuenta con la respectiva
interventoría por parte de la firma CONSULTÉCNICOS, a quienes le correspondió la
revisión y aprobación de los estudios de trazado y diseño de las características
geométricas de la vía. Igualmente, el proyecto cuenta con licencia ambiental que
goza de presunción de legalidad y la existencia previa de otros conceptos.

9.3. Concluyó que no le asiste responsabilidad por omisión en la violación de los
derechos colectivos alegados por el actor, el cual materializa la vulneración o
amenaza en la no inclusión en los diseños de las áreas, zonas y vías9.

10. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, presentó escrito en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos de defensa:

10.1. Precisó que el contrato de concesión cumple con las cláusulas acordadas
tanto en la parte general como en la parte especial; y agregó que sus anexos
consultan la normativa contractual, técnica, ambiental, social, predial y fiscal vigente.
Por lo cual, es una apreciación subjetiva del actor popular la interpretación realizada
a una manifestación expuesta en un medio de comunicación periodístico que no
constituye prueba de lo que allí se afirma.

10.2. Refirió que el concesionario no ha finalizado los estudios de trazado y diseño
de la vía, teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el 14 de abril de 2016,
por ello es una mera especulación indicar que los mismos no cumplen con los
requisitos establecidos por la norma.

9Cfr. folios 673 a 677 del cuaderno núm. 3 del expediente físico.

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10.3. Señaló que para el caso del paso urbano la norma aplicable es el Decreto
2976 de 2010, reglamentario de la Ley 1228 de 2008. Con base en la norma, la faja
que fue declarada de utilidad pública se encuentra dentro de las dimensiones
indicadas en lo que se refiere a la construcción de la calzada nueva (la Segunda
Calzada Ibagué – Cajamarca), pues de la rehabilitación de la vía existente no se
deriva modificación alguna a su geometría.

10.4. Argumentó que se debe tener claro el tipo de intervención a desarrollar en los
tramos viales y no confundirlos o asimilarlos como lo hace el actor popular.
Determinó que no le asiste obligación legal para adelantar labores de arborización
en las zonas de retiro correspondientes al paso urbano por el Municipio de
Cajamarca, salvo las exigencias particulares establecidas por la autoridad de
licencias ambientales.

10.5. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; “Inexistencia de amenaza o vulneración de los derechos colectivos por
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura”; “Indebida escogencia de la acción.
Impedimento de elevar pretensiones tendientes a modificar situaciones jurídico –
contractuales”; “De la carga de la prueba” y la “Excepción genérica”. 10

La audiencia de pacto de cumplimiento

11. El Tribunal, mediante audiencia de 8 de septiembre de 2016, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes11.

Sentencia proferida, en primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 29 de enero de 2018,
en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NIEGANSE las pretensiones formuladas a través de la acción
popular propuesta por el señor JULIO CESAR MONTAÑEZ.

SEGUNDO: ABSTENERSE la Sala de condenar en costas por las razones señaladas
en la parte motiva.

En firme esta decisión, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 80 de la Ley
472 de 1998, remítase copia autentica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo
[…]”12.

10 Cfr. folios 724 a 743 del cuaderno núm. 3 del expediente físico.
11 Cfr. folios 1012 a 1015 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.
12 Cfr. folios 1224 a 1242 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.

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Consideraciones del Tribunal

13. El Tribunal consideró que lo que solicita el actor popular “[…] es la adecuación
de los diseños para la construcción de la doble calzada Ibagué- Cajamarca,
incluyendo zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración u
desaceleración, elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra
de semillas y arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes
peatonales; que los diseños se adecuen al Plan de Ordenamiento del Municipio de
Cajamarca, adecuación de la licencia ambiental, suspensión de la ejecución del
proyecto de la doble calzada, abstenerse aprobar los estudios definitivos de la doble
calzada Ibagué- Cajamarca y los procesos de compra de bienes […]”.

13.1. El Tribunal estableció el marco normativo del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos como herramienta de protección cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.
Destacó los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares
y el marco normativo de los derechos colectivos invocados a saber: el derecho al
goce de un espacio público; salubridad y seguridad pública; el goce de un ambiente
sano; el goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes.

13.2. El Tribunal trajo a colación un glosario de términos, dentro de los que se
destacan: concesiones de cuarta generación; asociación público- privada; Fase 1.
Prefactibilidad; Fase 2. Factibilidad; Fase 3. Diseños Definitivos; estudio de impacto
ambiental; berma; unidades funcionales; amueblamiento urbano; fajas de retiro; la
vía de servicio; carril de aceleración; carril de desaceleración; rehabilitación;
mejoramiento y construcción.

13.3. A partir del análisis probatorio concluyó que: i) la sociedad APP GICA S.A. y
la Agencia Nacional de Infraestructura se suscribió el contrato de concesión No. 002
de 2015 para la ejecución del proyecto de segunda calzada Ibagué – Cajamarca; ii)
el objeto del contrato es que el Concesionario por su cuenta y riesgo lleve a cabo el
proyecto; iii) por medio de la Resolución 1495 de 2015 se otorgó licencia ambiental
para la ejecución del proyecto denominado “construcción del tramo 5 Paso urbano

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por Cajamarca” localizado en el municipio de Cajamarca, iv) el proyecto se divide en
tres unidades funcionales; v) se ejecuta en varias etapas: etapa preoperativa, etapa
de operación y mantenimiento y etapa de reversión; vi) a la fecha el contrato de
concesión núm. 002 de 2015 se encuentra en fase II de factibilidad, lo que indica que
los diseños geométricos de las unidades funcionales no contienen el 100% de los
detalles de las obras a construir y no se ha realizado la negociación u oferta para la
compra de predios; vii) el concesionario tiene plazo para presentar los diseños
geométricos Fase III o de construcción hasta el año 2020, es decir a la fecha no se
puede saber con certeza como van a quedar los diseños definitivos en el tramo 5 y
6 de la vía Ibagué – Cajamarca; y viii) a la fecha no se ha adelantado ninguna obra
en el tramo 5 paso urbano por Cajamarca.

13.4. El Tribunal consideró que dentro del proceso no obra prueba que acredite la
afectación al medio ambiente. Considerar una amenaza o vulneración de los
derechos colectivos basados en los diseños fase II, sería una mera especulación, a
un evento hipotético que desbordaría el alcance y protección de la acción popular
por no tener certeza de que los diseños definitivos vayan a incumplir la ley o atentar
contra el desarrollo sostenible de la región.

13.5. Determinó que de los testimonios se puede establecer que la construcción de
la nueva calzada incluirá en sus diseños definitivos las normas y parámetros que se
establecieron en el Apéndice técnico del Contrato de Concesión núm. 002 de 2015.

13.6. El Tribunal consideró que contrario a lo afirmado por el actor popular, es el
municipio quien debe adecuarse a los proyectos de utilidad pública e interés social,
de acuerdo con la declaratoria de utilidad pública e interés social realizada por la
Agencia Nacional de Infraestructura mediante la Resolución núm. 378 del 10 de
febrero de 2015. No obstante, ni el Concejo Municipal, ni el alcalde del municipio
tienen porqué estar adelantando gestiones administrativas o verificando que la
adquisición de predios se ajuste a la ley, pues a la fecha la APP GICA S.A. no está
realizando ninguna compra de predios y ni siquiera se tiene conocimiento de la
compra de predios y de su cantidad para la ejecución del proyecto.

13.7. El Tribunal consideró que los diseños puestos en consideración del actor y los
cuales aporta con la demanda se encuentran en fase II, como quiera que aún no se
tienen los diseños definitivos y que los mismos debieron ser entregados hasta el año
2020, la amenaza se convierte en una mera expectativa e hipótesis. Sin embargo,
esta situación no significa que se está incumpliendo con la norma porque el contrato

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tiene unos apéndices técnicos de obligatorio cumplimiento respecto de los cuales la
Agencia Nacional de Infraestructura ejerce supervisión por medio de la interventoría.

13.8. El Tribunal concluyó que no existe amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda y que el actor popular tiene la carga
de determinar de manera clara y precisa los hechos de los cuales acusa la
vulneración de los derechos colectivos invocados. Tampoco se demostró que las
entidades demandadas por su acción u omisión hayan contribuido a la vulneración o
amenaza de los derechos indicados como vulnerados.

Recurso de apelación presentado por el actor popular

14. El señor Julio Cesar Montañez Roa presentó escrito por medio del cual
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

14.1. Manifestó que fueron ignorados sus alegatos de conclusión, en los cuales
expuso las razones por las que considera se configura la vulneración y amenaza de
los derechos colectivos invocados. Reiteró que el proyecto ya contaba con estudios
y diseños que incluían la totalidad del área que se vería afectada, conociendo la
forma de construcción, las especificaciones, el costo, la duración y el impacto
ambiental, económico, predial y jurídico.

14.2. En ese mismo sentido, que al haberse otorgado la licencia ambiental la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales da fe de que el proyecto cuenta con
estudios y diseños. Que teniendo en cuenta el artículo 2.2.2.3.13 del Decreto 1076
de 2015, la licencia ambiental se otorga respecto de obras que puedan producir
deterioro grave a los recursos o introducir modificaciones considerables al paisaje.
En suma, indica el actor popular que, al estar probada la expedición de la licencia
ambiental, está necesariamente probada la existencia de los hechos que supone, es
decir, si la autoridad ambiental no hubiera asumido como ciertos y determinantes los
planos y diseños del proyecto, no hubiera podido estudiar la posibilidad de conferir o
no la licencia ambiental.

14.3. Explicó que se omitió referirse a las excepciones de inconstitucionalidad e
ilegalidad propuestas en la demanda. En relación con la excepción de
inconstitucionalidad, el actor popular solicitó inaplicar el Decreto 2201 de 2003,
teniendo en cuenta que es contraria al artículo 288 de la Constitución de acuerdo
con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. También

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desconoce esta norma la función del municipio para ordenar el desarrollo de su
territorio y de los concejos para reglamentar los usos del suelo.

14.4. En relación con la excepción de ilegalidad, el actor popular argumentó que el
Decreto 2201 de 2003 y el artículo 2.2.2.1.2.8.2 del Decreto 1077 de 2015 deben
inaplicarse por ser contrarios a la ley, fundamenta su solicitud en lo que dispone la
Ley 388 sobre el ordenamiento del territorio y el acceso a las vías públicas y demás
espacios públicos, la planificación económica y social con el fin de racionalizar las
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible. Resalta que el plan de ordenamiento territorial es el instrumento básico
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Lo anterior
implica que no podrá ejecutarse proyecto u obra alguna que afecte la organización
territorial del Municipio o el espacio público del mismo sin que se cuente con la
aquiescencia de la autoridad municipal13.

Actuaciones en segunda instancia

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 201814, admitió el
recurso de apelación presentado por el actor popular. Por medio de auto de 5 de
junio de 2018 se ordenó la presentación de alegatos, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, la sociedad Consultores Técnicos y Económicos S.A.
Consultécnicos, la sociedad APP GICA S.A., y la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI allegaron alegaciones en las que reiteraron lo expuesto en el transcurso del
proceso; y la Procuraduría Delegada emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso
público; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental
como garantía de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho a la seguridad y la salubridad pública en relación con la infraestructura

13 Cfr. folios 1261 a 1274 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.
14 Cfr. folio 1287 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.

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pública vial o de transporte terrestre; vii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios y a
que su prestación sea eficiente y oportuna; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera
ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; ix) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de inconstitucionalidad; x) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de ilegalidad; y xi) el
análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199815, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15017 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201118, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

18. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 29 de enero de 2018, de conformidad con los artículos 32019 y 32820 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, norma aplicable al presente caso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos de
apelación, determinar si se encuentra o no probada la vulneración o amenaza de los

15 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
16 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
17Modificado por del artículo 615 de la Ley 1564.
18 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
19 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo […]”.
20 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y utilización y defensa de
los bienes de uso público; el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución; a la
seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; y a la realización de construcciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes en relación con los estudios y diseños para la
construcción de la doble calzada Ibagué – Cajamarca, específicamente en el paso
urbano por la zona de Cajamarca por no incluir, según el actor popular, las zonas de
retiro, vías de servicios, carriles de aceleración y desaceleración, elementos físicos
de separación de las vías, espacios para siembra de semillas y arbustos para
conservación del medio ambiente, bermas y andenes peatonales y, en general, todos
los elementos que la ley y la técnica ordenan para este tipo de vías.

20. Si es procedente o no aplicar las excepciones de inconstitucionalidad e
ilegalidad propuestas por el actor en relación con el Decreto 2201 de 2003 y el
artículo 2.2.2.1.2.8.2 del Decreto 1077 de 2015.

21. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 29 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

22. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

23. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que
se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

24. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e

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intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

25. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii)
un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

26. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia
discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora
quien en la demanda, fija el litigio […]”22.

27. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

28. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198923 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200224; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de 199825
y el Decreto 1538 de 17 de mayo 200526, compilados en el Decreto 1077 de 26 de
mayo de 201527, sobre el uso y goce del espacio público.

29. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes de
uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los bienes
de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.

29.1. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación,
tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva,
para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones
sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las
necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para
la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas
sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".

23 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes

y se dictan otras disposiciones […]”.
24 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
25 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
26 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
27
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

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29.2. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional28 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de una
serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el
aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano
(artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).

29.3. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

29.4. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho al
goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular […]”.

29.5. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.

29.6. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.

29.7. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar la
circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea

28 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda

Espinosa.

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que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación29 […]”.

29.8. Las calles y vías públicas hacen parte de los elementos constitutivos
artificiales o construidos del espacio público; son aquellos que facilitan las
actividades propias de los territorios porque permiten la integración de los sistemas
de circulación peatonal y vehicular. Lo que quiere decir que genera afectación o
vulneración del mencionado derecho colectivo su mal uso o descuido

29.9. En consecuencia, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de convivencia
libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales

30. En el orden internacional30 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten
los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial.

30.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García

González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
30 Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación 270012331000201100179-
02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199331.

30.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro
de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

30.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"32, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199633 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200134, estableció:

“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado fuera de texto).

31. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional35 ha denominado
la “Constitución Ecológica”; esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

31.1. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a

31 “Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
32 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en

su artículo 21, numeral 3.
33 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988”.
34 “Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988”.
35 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de

22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

31.2. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales en
relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe desde
tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio público;
y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado
que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

31.3. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional36 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por
el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene derecho a que se
le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del
hombre como sujeto universal del derecho […]”.

31.4. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199937 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

36 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015; M.P. Diana Fajardo Rivera.
37 M.P. Hernando Herrera Vergara.

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31.5. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197338 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197439, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación
de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la
conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de
la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

31.6. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

32. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la Corte
Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201940, en los siguientes términos:

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un

38 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.
39 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.
40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de

2019, C.P. Roberto AU9usto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01 (AP).

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derecho multidimensional fundamental y colectivo41. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…]Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para
garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y, iv)
de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de
los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]42

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, etc.;
y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer la
correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a
la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la
existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres
y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho
al medio ambiente es un derecho fundamental”43.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas

41
Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)
43 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.

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culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución recoge
en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las pautas
generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Estas
disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de proteger
la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado de
prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto).
[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente44. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201245, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica
tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El
riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del
territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de
sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres
[…]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia Internacional
sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual reconoce
que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el beneficio de las
generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe ser sostenible,
prudente y racional; y, iii) las consideraciones medioambientales deben ser
parte de los planes de desarrollo.

44 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia de

17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
45 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".

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En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de París,
adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844 de 2017,
en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de armonizar
el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera que el medio
ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de 2001,
recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este sea
sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”46.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”47.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201448, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar
la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para
la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado de la Sala).

33. Vistos los artículos 49, 50 y 57 de la Ley 99, que materializa el principio de
desarrollo sostenible con la exigibilidad y la necesidad de la licencia ambiental para
proceder con la intervención de los recursos naturales a partir de la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra
o actividad autorizada.

34. El alcance de la licencia ambiental lleva implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del
proyecto, obra o actividad. De ahí la importancia de obtenerse previamente a la
iniciación del proyecto y cumpliendo con todos los estándares requeridos. En ese
sentido, el Estudio de Impacto Ambiental debe contener la información sobre la

46 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
47 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): Maria

Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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30

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localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del
medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya
ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre

35. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican entre
otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al uso y
goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.

36. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199349 dispone como principio el de la
seguridad50 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de
la Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los
todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.

37. La Ley 769 de 6 de agosto de 200051 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)

38. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.

49 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre

la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones”.
50 Artículo 2.°, literal e.
51 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

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Núm. único de radicación: 730012333000201600209-01

39. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:

“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.

En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo
de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del
sector, debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas
velocidades.

La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en cuanto
se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.

Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber
de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que
resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la
mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su
importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado
las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de
apelación […]”52 (Destacado fuera de texto).

40. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:

“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007,

C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.

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Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por el
sector.

Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]

[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.

Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones
que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar
plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes,
teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su
mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”53 (Destacado fuera de texto).

41. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201054, aludió a
las obligaciones que le corresponden al Invías en materia de señalización de vías del
orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar el
derecho colectivo a la seguridad pública:

“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda forma
parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la cual el
mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices de
accidentalidad en las vías del orden nacional. […]

Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008;

C.P. Camilo Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010,

C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.

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que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).

42. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo 24
ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de verificaciones técnicas
y socialización con la comunidad, se traducen en una medida idónea para la
protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en que impactan en
el bienestar general, el logro de los fines sociales del Estado55.

43. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
hasta la atención a las víctimas […]”. (Destacado fuera de texto). Se puede concluir,
que la finalidad de la seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de
accidentes que ocurran sobre las vías.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

44. Vistos los artículos 365.° y 366.° de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.

45. De conformidad con el artículo 365.° de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la

55 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-

01, C.P. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de
2024, NUR 080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-01,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.

46. Adicionalmente, el artículo 366.° ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

47. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia C-
172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la dignidad,
la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta, por
intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un asunto
de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la obligación que
recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”56 (Destacado fuera de texto).

48. La Sección Primera recientemente57 consideró que la vulneración del derecho
colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna
implica acciones u omisiones concretas de la demandada que pongan en evidencia
la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia en la
administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.

49. En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a la
finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la participación
del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 24° de la
constitución política, según el cual todo colombiano puede circular libremente por el
territorio nacional, define este servicio como “[…] una industria encaminada a
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a

56 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
57 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés,

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cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y
terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios
sujeto a una contraprestación económica […]”.

50. Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de
servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y
la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas residentes en Colombia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes

51. Visto el literal “m” del artículo 4 de la Ley 472, sobre el derecho a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

51.1. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de
ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que
estén fuera de su marco normativo […]”58.

51.2. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 201159,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de 2008;

C.P. Mauricio Fajardo Gómez; NUR 250002324000200500901-01.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011,
NUR 630012331000200400688-01.

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Núm. único de radicación: 730012333000201600209-01

comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad60; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii)
respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio61; y iv) atención de
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible62.

51.3. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal “m” del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar los preceptos jurídicos que
rigen la materia urbanística; es decir, la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras
a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

51.4. En efecto, esta Sección63 en relación con el derecho colectivo mencionado ha
manifestado que:

“[…] abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad
de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio
público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto de
los derechos ajenos y el acatamiento de la ley de ordenamiento territorial, planes de
ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del
suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan
las autoridades para construir […]”.

51.5. En suma, el desconocimiento por parte de las autoridades públicas y/o los
particulares de la normativa que regula las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos vulnera el derecho colectivo mencionado.

51.6. Adicionalmente, el precedente de la Corporación indica que para que se
entienda vulnerado o amenazado el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, no es suficiente con que se
incumplan las normas urbanísticas, sino que es necesario demostrar el daño o la
amenaza de daño al interés general 64.

60 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
61 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
62 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
63 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 19 de noviembre de 2009, NUR 170012331000200401492-01(AP).
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Vellilla

Moreno, providencia de 29 de noviembre de 2010, NUR 250002326000200401474-01(AP).

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51.7. Ahora bien, el artículo 2.° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 65 define
los principios rectores del transporte y en específico el de la seguridad como “[…] [l]a
seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte […]”.

51.8. De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley define la constitución de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación como “[…] aquella de su propiedad
que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción
y de consumo del país […]”. Incluye en la red nacional de carreteras aquellas que
“[…] unen las capitales de departamento con la red […]”.

51.9. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de garantizar la infraestructura de
transporte para otorgar la seguridad de las personas y ello es una prioridad para el
transporte e integración de las zonas de producción.

51.10. Los capítulos 1, 2, 3 y 6 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras66 del
Instituto Nacional de Vías, regulan los aspectos generales, controles para el diseño
geométrico, diseño en planta del eje de la carretera y las intersecciones a nivel y
desnivel.

52. El capítulo 1 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras indica la
clasificación de las carreteras según su funcionalidad, determinando que las
primarias son “[…] aquellas troncales, transversales y acceso a capitales del
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas
de producción y consumo del país […]”.

52.1. El capítulo 1 del mencionado manual, establece los aspectos generales
relacionados con el proyecto de carreteras nuevas, las cuales se realizan por fases
o etapas, así:

“[…] Fase 1. Pre – Factibilidad. En esta Fase se identifican uno ó varios corredores
de ruta posibles, se realiza el prediseño aproximado de la carretera a lo largo de cada
corredor y, recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares,
se realiza la evaluación económica preliminar, generalmente utilizando el modelo de
simulación HDM – 4. En términos simples, la evaluación económica consiste en
comparar, a lo largo de un periodo de análisis económico, la suma del costo inicial
de construcción, el costo del mantenimiento rutinario y el costo del mantenimiento

65
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre
la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones”.
66 Adoptado por la Resolución 744 de 2009 “Por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico para
Carreteras” y adicionado por la Resolución 20213040041135 del 13 de septiembre de 2021, “Por el cual se
adiciona un numeral al capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante
Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte”.

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periódico con los beneficios que se obtendrían, representados mayoritariamente en
los ahorros en el costo de la operación vehicular.

El objetivo concreto de la Fase 1 es establecer si el proyecto ofrece posibilidades de
ser viable económicamente, es decir, si supera umbrales preestablecidos para
indicadores como la relación Beneficio / Costo ó la Tasa Interna de Retorno. Si la
evaluación económica no es satisfactoria en ninguno de los corredores estudiados
se archiva el proyecto. En caso contrario, se debe continuar afinando los estudios a
nivel de Fase 2 en el corredor que presente la mayor rentabilidad.

Fase 2. Factibilidad. En el corredor seleccionado se debe diseñar en forma definitiva
el eje en planta de la carretera. La posición de dicho eje deberá ser compatible con
el cumplimiento de las especificaciones geométricas tanto del perfil como de las
secciones transversales y de todas las estructuras y obras complementarias que se
requieran.

Con la trayectoria definitiva en planta del eje de la vía y con los prediseños del eje en
perfil, de las secciones transversales, de las obras de drenaje superficial y
subterráneo, de las estructuras como puentes y muros de contención, del pavimento,
etc, se procede a la evaluación económica final, generalmente mediante la simulación
con el modelo HDM – 4. Esta evaluación se realiza con un mayor grado de
confiabilidad por cuanto en ésta Fase ya se cuenta con elementos suficientes tanto
para elaborar el presupuesto con menor incertidumbre como para cuantificar los
costos de la operación vehicular.

El objetivo concreto de la Fase 2 es la decisión final de continuar ó no con el proyecto
dependiendo de su rentabilidad. Si éste resulta rentable se debe continuar con la
elaboración de los diseños definitivos de la carretera a partir del eje ya definido. Tales
diseños constituyen la Fase 3 del proyecto.

Fase 3. Diseños Definitivos. Como se acaba de mencionar, en ésta Fase se elaboran
los diseños detallados, tanto geométricos como de todas las estructuras y obras
complementarias que se requieran, de tal forma que un constructor pueda
materializar la carretera […]”.

52.2. En el capítulo 5 se establece el diseño de la sección transversal de la carretera
y sus componentes, así:

“[…] 5.9. ANDENES Y SENDEROS PEATONALES

Son de uso restringido en áreas rurales, dado su escaso número de peatones. El
ancho requerido por una persona es de setenta y cinco centímetros (0.75 m) y para
garantizar el cruce de las personas su ancho total debe ser mínimo de un metro con
cincuenta centímetros (1.50 m). La elevación respecto de la corona adyacente debe
estar entre diez y veinticinco centímetros (0.10 – 0.25 m). Los sitios donde
generalmente se deben localizar los andenes son zonas escolares, áreas de servicio,
áreas de estacionamiento de buses, etc.
[…]

5.10. SEPARADORES DE CALZADA

Los separadores son por lo general zonas verdes o zonas duras colocadas
paralelamente al eje de la carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito
(separador central o mediana) o para separar calzadas destinadas al mismo sentido
del tránsito (calzadas laterales). El separador está comprendido entre las cunetas
interiores de ambas calzadas. Aparte de su objeto principal, independizar la

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circulación de las calzadas, el separador central puede contribuir a disminuir
cualquier tipo de interferencia como el deslumbramiento nocturno. Cuando los
separadores son muy anchos pueden resultar demasiado costosos, pero
convenientes para ampliación futura de las calzadas o por razones estéticas y de
circulación. En terreno plano el separador central suele ser constante en su ancho,
con lo que se mantienen paralelas las dos calzadas. En terreno montañoso, si se
independizan las calzadas, el ancho del separador central es variable. Si el ancho
del separador varía entre cuatro metros y diez metros (4 m -10 m), puede ser
necesario instalar barreras de seguridad si el volumen de tránsito así lo demanda.

Si el ancho del separador es aún menor, puede ser necesario pavimentar toda la
zona entre ambas, prolongando las bermas interiores y colocando una barrera en el
centro. Se debe dar al separador el cuidado requerido y en todos los casos descritos
estudiar e implantar un apropiado sistema de desagüe superficial. Los separadores
laterales deben ser, como mínimo, de ancho menor que el separador central o
mediana, a menos que sobre ellos se instalen postes de alumbrado, en cuyo caso su
ancho debe ser mayor de cuatro metros (4.0 m) […]”.

53. Mediante Resolución núm. 4561 de 29 de noviembre de 2022 expedida por el
Instituto Nacional de Vías, se deroga la Resolución núm. 1524 de 6 de mayo de 2022
y se adoptan las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, como
Norma Técnica para los proyectos de la Red Vial Nacional, para la construcción,
rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y conservación de las carreteras
primarias y terciarias administradas por el Instituto Nacional de Vías.

54. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación67 en
relación con la importancia de que las vías cumplan con las especificaciones técnicas
de los elementos que las componen, con la finalidad de garantizar la seguridad de
las personas, se resalta que:

“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la Autopista Oriental,
en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico) no cumple con las
especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad de los usuarios de
la misma.

En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable, la
cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30
metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas
de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos
a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su
recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector,
debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.

La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta, providencia de 26 de julio de 2007, NUR 080012331000199902940-01(AP).

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retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.

Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el municipio
de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y verticales en los que
se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber de disminuir la velocidad
en su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan, en criterio de la Sala,
insuficientes, cuando se trata de una vía como la mencionada, calificada por el
INVIAS como de primera categoría debido a su importancia, no estando acreditado
debidamente, de otro lado, que haya adoptado las medidas para la regulación del
tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de apelación. […]” (Destacado fuera
de texto).

54.1. La jurisprudencia de esta Sección, ha considerado igualmente que:

“[…] es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que
resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que
son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de
situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando
ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la
realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la
efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros.
Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues
mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de
cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales [...]”68 (Destacado
fuera de texto).

54.2. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir, por
un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de
inconstitucionalidad

55. La Sala procederá a analizar la excepción de inconstitucionalidad como
instrumento del control constitucional mixto, que garantiza la protección de los
derechos fundamentales y el principio de la supremacía de la Constitución.

68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de marzo de

2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. NUR 150012331000201100031- 01. Reiterada en sentencia del 18 de mayo
de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. NUR 130012331-000201100315-01.

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55.1. Visto el artículo 4.° de la Constitución Política de 1991, dispone lo siguiente:
“[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]” (Destacado fuera de texto).

55.2. La Corte Constitucional69 consideró sobre la excepción de
inconstitucionalidad:

“[…] la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere,
una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto
las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten
una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas
constitucionales […]”.

55.3. En consecuencia, esta herramienta tiene como propósito, proteger y
garantizar el ejercicio, en un caso concreto y con efecto inter partes, de los derechos
fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior
jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro
de la Constitución Política.

55.4. La Sección Primera de esta Corporación70 señaló sobre el alcance de la
excepción de inconstitucionalidad, lo siguiente:

“[…] [E]s así como, entre las numerosos y repetidos pronunciamientos que en ese
sentido ha proferido esta jurisdicción, la Sala71 tiene señalado que “La excepción de
inconstitucionalidad consiste en dejar de aplicar en un caso concreto una norma
jurídica por ser contraria a la Constitución Política,” y que “Ello supone necesariamente
que la norma en cuestión sea la aplicable al caso controvertido y se busca
precisamente a través de tal excepción que la autoridad judicial o administrativa deje
de aplicarla, en aras de salvaguardar la supremacía de la Constitución y el orden
jurídico”.

A su vez, la Sección Quinta de la Corporación la ha precisado de igual forma, a saber:

La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la
existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues mientras que a
la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el
control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la
Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto tiene lugar en
desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma
legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e
indudable oposición a mandatos constitucionales.

En efecto, el fundamento de la llamada excepción de inconstitucionalidad, se
encuentra en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual "En todo caso de

69 “[…] Corte Constitucional; sentencia T-389 de 2009; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto […]”.
70 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1 de noviembre

de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400019990000401 […]”.
71 Sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 4860, Sección Primera, consejero ponente doctor

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ. Citada en el texto de la sentencia.

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incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales". Y se le califica como control de constitucionalidad
concreto porque carece de la nota de generalidad que es propia del control en
abstracto, puesto que la definición acerca de si existe o no incompatibilidad entre la
norma inferior y las constitucionales debe producirse en el caso específico, singular,
concreto, y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda
exceder ese marco jurídico preciso. Se habla, por tanto, en este caso de un efecto
inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en el caso.72

La Corte Constitucional también lo ha puesto de presente, v. gr. en sentencia C-600
de 1998 al decir que "El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud
que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las
reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos
concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se
establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva
constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste
de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que adopte el
tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción
pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular […]”73
(Destacado original del texto).

55.5. En ese orden de ideas, la excepción de inconstitucionalidad: i) puede ser
ejercida a solicitud de parte o ex officio por la autoridad judicial; ii) requiere para su
configuración que se demuestre que la norma jurídica aplicable al caso concreto sea
manifiestamente contraria a la Constitución Política; y iii) tiene efectos inter partes74.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de ilegalidad

56. Visto el artículo 12 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 75, sobre la
aplicación de los actos ejecutivos del gobierno, el cual prevé que estos tienen fuerza
obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución y las
leyes.

56.1. La Sala Especial Veintiséis (26) de Decisión de la Corporación76, respecto a
la excepción de ilegalidad, ha señalado:

“[…] 19. El artículo 12 de la Ley 153 de 1887 establece que los actos ejecutivos del
gobierno tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la
Constitución y las leyes. La excepción de ilegalidad prevista en este precepto faculta,

72 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 14 de diciembre

de 2006; C.P. Darío Quiñonez; número único de radicación 3975-4032 […]”.
73 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-600 de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo […]”.
74 Excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la aplicación de la excepción de

inconstitucionalidad al caso concreto, puede tener efectos inter pares. En el auto 071 de 27 de febrero de
2001, la Corte Constitucional consideró que: “[…] Dentro de las diversas alternativas disponibles para determinar
los efectos de las providencias - efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter pares, etc.-, la que mejor
protege en este caso los derechos constitucionales fundamentales y respeta las atribuciones del Consejo de
Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de los efectos inter pares, es
decir, entre los casos semejantes. La doctrina convencional según la cual la excepción de
inconstitucionalidad sólo tiene efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue
inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger los derechos
constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios fundamentales […]”.
75 “[…] Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.

76Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 Especial de Decisión, expediente
11001031500020200180500, Control Inmediato de Legalidad, MP Guillermo Sánchez Luque.

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pues, a inaplicar en un caso concreto un acto administrativo por violación flagrante
de la ley. Como la convivencia social exige la obligatoriedad y la vigencia efectiva del
ordenamiento jurídico (art. 4 inc. 2º CN, art, 6 CN, art. 9 CC y art. 56 CRPM), la Sala
reitera que para que proceda esta figura es necesario que se presente una oposición
manifiesta u ostensible entre el acto administrativo y la norma legal correspondiente.
Y ello debe ser así porque en la práctica supone la suspensión de los efectos de un
acto para un caso concreto […]”.

56.2. La Corte Constitucional77, respecto a la excepción de ilegalidad, ha
considerado:

“[…] De todo lo anterior, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se
circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de
inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto
administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede
llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional
formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por
el demandado, o aún puede ser pronunciada de oficio. Pero, en virtud de lo dispuesto
por la norma sub exámine tal y como ha sido interpretado en la presente decisión, tal
inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas, las cuales, en
caso de asumir tal conducta, podrían ser demandadas a través de la acción de
cumplimiento, que busca, justamente, hacer efectivo el principio de obligatoriedad y
de presunción de legalidad de los actos administrativos. Al respecto, destaca la Corte
que cuando, con posterioridad a la expedición del Código Contencioso
Administrativo, el h. Consejo de Estado ha invocado el artículo 12 de la ley 153 de
1887, lo ha hecho dentro del trámite de un proceso judicial, para efectos de inaplicar
un acto administrativo en razón de su ilegalidad. Así, la postura jurisprudencial de
esa Corporación que aboga por la vigencia de la norma mencionada, la ha aplicado
dentro de este contexto procesal judicial, y no con el alcance de cláusula general de
inaplicabilidad de los actos administrativos por cualquier autoridad que los estime
ilegales […]”.

56.3. La excepción de ilegalidad consiste en la facultad que tienen los jueces
administrativos de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su
conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior;
dicha inaplicación puede llevarse a cabo a solicitud de parte o ex officio.

Análisis del caso concreto

57. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

58. El Tribunal consideró que el actor popular persigue con la demanda
presentada la protección de los derechos colectivos invocados como consecuencia
de la no inclusión de zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración u

77 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, MP Vladimiro Naranjo Mesa.

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desaceleración, elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra
de semillas y arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes
peatonales en los diseños de la doble calzada Ibagué – Cajamarca. Lo que solicita
es la adecuación de los diseños para la construcción del proyecto, la adecuación de
la licencia ambiental, la suspensión de la ejecución del proyecto y la abstención de
la aprobación de los estudios definitivos y el proceso de compra de bienes.

59. En ese sentido, el Tribunal consideró que en este caso no se aportó prueba
que acredite la afectación al medio ambiente, teniendo en cuenta que a la fecha no
se cuenta con los diseños definitivos o los llamados diseños de construcción, por lo
que pronosticar una amenaza o vulneración de los derechos colectivos basados en
los diseños Fase II se estaría frente a una “mera especulación”. Tampoco existen
elementos de juicio que posibiliten predicar respecto a la forma como se amenaza la
utilización racional de los recursos naturales ubicados en los alrededores de la vía,
ni una base clara para afirmar que a futuro la construcción de la vía atente contra el
desarrollo sostenible de la región.

60. El Tribunal determinó que no se puede tener certeza de que los planos
definitivos no incluyan los elementos a los que hace referencia el actor popular pues
hasta el año 2020 la concesionaria tenía plazo para presentar los diseños con la
inclusión de ese tipo de detalles, lo cual quedó probado con la recepción de los
testimonios.

61. El Tribunal precisó que en las acciones populares el actor tiene la carga de
determinar de manera clara y precisa los hechos de los cuales acusa la vulneración
de los derechos colectivos cuyo amparo invoca, en consecuencia, en el proceso no
se acreditaron los hechos planteados y no se demostró que las entidades
demandadas por su acción u omisión hayan vulnerado o amenazado los derechos
colectivos.

62. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes78:

62.1. Copia del oficio núm. 2015-704-015149-1 de fecha 10 de julio de 2015,
suscrito por el vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura, con
asunto: “Su derecho de petición del 25 de junio de 2015, doble calzada en el
municipio de Cajamarca”, el cual determinó:

78 Cfr. cuadernos físicos núm. 1, 2, 3, 4, 5,

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“[…] En cuanto al Ordinal (i) que tiene que ver con su solicitud de intervención del
Vicepresidente Jurídico en el proceso de aprobación de diseños, debemos indicarle
que en los términos del Contrato de Concesión No. APP 002 del 12 de febrero de
2015, los Estudios de Trazado y Diseño, corresponden a aquellos relacionados con
el diseño de las características geométricas de la vía en cuanto a velocidad, diseño
horizontal, diseño vertical, sección transversal y demás aspectos técnicos. Ahora
bien estos estudios deben ser presentados al Interventor de la Concesión que para
el proyecto es la firma Consultores Técnicos y Económicos S.A.
CONSULTECNICOS, que los analizará de manera integral, es decir a través de la
interventoría técnica, económico, financiera, contable, jurídica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial; sociedad que advertirá al Concesionario y a la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, sobre cualquier inconsistencia, y podrá
objetar los estudios si no se ajustan a lo previsto en el Contrato.

En ese mismo sentido debemos indicarle que orgánicamente la Vicepresidencia
Jurídica de la ANI, cuenta con dos (2) Gerencias de Gestión Contractual, a las cuales
se les ha asignado, entre otras, la función de orientar a la Vicepresidencia de Gestión
Contractual en materia jurídica en la supervisión de los contratos de Concesión
suscritos por la Entidad, que para el caso concreto le corresponde a la Gerencia de
Gestión Contractual 2. Como puede observar si bien no es competencia de la
Vicepresidencia Jurídica intervenir en la revisión de aspectos técnicos como el
estudio de diseños, no lo es menos que por medio de la respectiva Gerencia de
Gestión Contractual debe procurar el cumplimiento del régimen jurídico aplicable a
las Concesiones.

2.- En lo que se refiere al Ordinal (ii) se hace necesario indicarle que tanto la
Interventoría, como la ANI, exigen al Concesionario el cumplimiento normativo, así
como del Contrato de Concesión y sus Apéndices.

3.- En lo que respecta al Ordinal (iii) relacionado con una copia digital del Proyecto,
particularmente de la zona urbana del municipio de Cajamarca, detallando las
dimensiones de los espacios, es pertinente señalar que dichas especificaciones
obedecen a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, que contractualmente
debe elaborar y entregar el Concesionario al Interventor, dentro de los doscientos
diez días (210) siguientes a la fecha de inicio, plazo que actualmente se encuentra
en curso toda vez que el Acta de Inicio fue suscrita el 14 de abril del presente año;
razón por la cual no es materialmente posible hacer entrega de la copia solicitada
hasta tanto no se surtan los términos y procedimientos de verificación señalados en
el Contrato de Concesión No. 002 de 2015 […]”79.

62.2. Copia del oficio núm. APP-IB-2015-0093 de fecha 8 de julio de 2015, suscrito
por el gerente de la Asociación Público Privada Girardot – Ibagué – Cajamarca –
GICA, con asunto: “Respuesta Oficio del 25 de junio con radicado número APP
GICA-0259 de fecha 01 de julio de 2015”, por medio del cual se indicó80:

“[…] Señala usted, que en la publicación del periódico el Nuevo Día de Ibagué, de
fecha 14 de abril de 2015, el doctor EZEQUIEL ROMERO representante legal de la
firma APP GICA, encargada de la construcción de la obra, manifiesta que para la
construcción de esta "se comprará solo una franja de 12 metros para hacer una
segunda calzada..."

79 Cfr. folios 31 y 32 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.
80 Cfr. folios 33 a 55 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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En este punto es importante aclarar, que la franja que quedó establecida de manera
oficial, está determinada por las coordenadas georreferenciadas en el sistema Magna
Sirgas origen Bogotá, que constituye el anexo 1 de la resolución No. 378 del 10 de
febrero de 2015 "por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social un
proyecto de infraestructura vial" expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura-
ANI, en donde su ámbito de influencia quedó determinada en el shape de diseño del
proyecto vial Ibagué Cajamarca, el cual comporta el anexo 2 del referido acto
administrativo.

Así las cosas y en gracia de discusión, al parecer la publicación del periódico se debió
a una errada interpretación, pues nuca (sic) el representante legal de esta firma quiso
decir tal cosa, antes bien, es claro para esta firma concesionaria quien está trabajando
en los diseños desde el año 2013 donde ha contemplado la adquisición predial dentro
de la demarcación establecida y cumpliendo a cabalidad con la normativa aplicable en
las diferentes unidades funcionales del proyecto.

En consecuencia, la Sociedad APP GICA a través del presente pronunciamiento
reitera que para el proyecto de la Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, se tiene
preestablecida una franja de adquisición predial que oscila entre los 22 y 32 metros
adicionales a los 12 metros de la vía existente, donde se contempla ejecución de la
construcción de una Segunda Calzada y la rehabilitación de la calzada existente.

En los esquemas ilustrados en los cuatro siguientes folios se ilustra a manera de
ejemplo lo contemplado para la adquisición de los predios comprendidos entre la calle
cuarta y carrera octava donde se puede comprobar que los predios contemplados en
la lista evaluada por la ANI dan una longitud que corrobora la anterior información.

Adicionalmente en los cuadros achurados con rojo se esquematizan las áreas en la
resolución 378 de 2015 antes comentada.
[…]

2. COMPROMISOS CONTRACTUALES

2.1. Aspectos Técnicos

Entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Concesionario APP GICA S.A.,
se suscribió el contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2015, el
cual se encuentra debidamente publicado en los términos de las normas de
contratación vigentes, cuyo objeto es: "El otorgamiento de una concesión para que de
conformidad con lo previsto en el contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo,
lleve a cabo el Proyecto".

En el apéndice técnico I se describe el alcance del proyecto. El paso por Cajamarca
hace parte de la unidad funcional Dos que comienza desde el kilómetro 15+100 y
termina en el 35+078 que incluye el paso por Cajamarca; en la tabla 10 se tiene que
para los tramos 5 y 6 que corresponden a la (sic) obras del paso por Cajamarca se
describe que el cinco corresponde a la rehabilitación de la vía existente y el seis a la
construcción de una segunda calzada. Un extracto de dicha tabla se ilustra a
continuación.

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El mencionado contrato establece las características Geométricas y Técnicas de cada
subsector y los estándares mínimos a cumplir dependiendo el tipo constructivo,
indicando para el subsector 6 referente a la construcción nueva del paso urbano lo
siguiente:

Longitud mínima (Km): 2908
Número de calzadas mínimo (un): 1
Número de carriles por calzada mínimo: 2
Sentido de carriles (uni o bidireccional): Unidireccional
Ancho de carril mínimo (m): 3.65
Ancho de calzada mínimo (m): 7.3
Ancho de berma (m): 1.80
Tipo de berma: Pavimentada
Velocidad de diseño mínimo (km/h): 30
Radio mínimo (m): 40.7
Pendiente máxima (%): 12%
Ancho mínimo de separador central (1): 1

En el folio siguiente se esquematiza una sección típica en la que se incluye las obras
de rehabilitación de la vía existente y la construcción de la segunda calzada. Como se
puede observar el ancho total de la estructura que se planea construir supera los 30
metros y por lo tanto no es cierto que la vía propuesta no cumpla con las condiciones
mínimas como lo expresa usted en el objetivo de su preocupación.

Con la relación a la calzada existente como se puede ver el contrato solo contempla
su rehabilitación y según las normas del INVIAS las actividades de Rehabilitación
difieren de aquellas relacionadas con la construcción. Así las cosas, no es
completamente cierto que el alcance del presente contrato sea la construcción de una
doble calzada nueva.

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[…] Hemos resaltado todo el proceso anterior porque resulta de todas formas
desenfocada su insinuación en el sentido que puede existir “un posible afán del
ejecutor de ahorrar costos” como si existiera la posibilidad de actuaciones
escondidas cuando la realidad es que venimos trabajando en un proceso respetuoso
de altísimo nivel entre muchas instituciones del estado y los inversionistas de la
Sociedad Concesionaria APP CIGA que han dado muestras a lo largo y ancho de la
geografía nacional de la seriedad y pulcritud en la construcción de infraestructura y
todas las actividades previas conexas como la adquisición predial.

[…] Sin embargo, dado que su oficio incluye interpretaciones de algunos postulados
que no son del todo compartidos por los profesionales de la Concesionario APP CIGA,
queremos referirnos a cada uno de los puntos siguientes

3.1. Ancho – ley 1228

“En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de excusión se
entenderá mínimo de veinte (20) metros…” ley 1228

En primer lugar es de aclarar que la norma que usted cita, no es aplicable a pasos
urbanos, precisamente esta disposición en su artículo tercero, previó que el Gobierno
Nacional adoptaría a través de un decreto reglamentario medidas especiales para dar
cumplimiento en lo previsto por esta ley, respecto a fajas de retiro en pasos urbanos.

Por ello, a través del Decreto 2976 de 2010 fue reglamentada la Ley 1228 de 2008, en
tal virtud no es de recibo su apreciación en este punto, dado que esta norma no rige
para pasos urbanos y en tal sentido no es coherente con el objeto de su petición.

3.2. Ancho de vías nuevas

Del texto del artículo quinto del Decreto 2976 de 2010, “según el cual cuando la
entidad que administra la vía a cargo de la nación requiera realizar la ampliación
y/o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro obligatorio
o área de reserva o de exclusión, no podrá ser inferior al ancho de la vía y cinco
(5) meros (sic) más medidos al lado y lado de la vía…”

Es de indicar que como se anotó anteriormente dentro de la faja que fue declarada de
utilidad pública nos encontramos dentro de las dimensiones a tener en cuenta y por
ende dentro de los previsto en el decreto 2976 de 2010, obviamente en el entendido
de que se va a adelantar obras de construcción de una calzada nueva en los términos
el contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 215 de 2015, que corresponde
a la Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca y la rehabilitación de la vía existente, es

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decir que la rehabilitación de la vía que está comprende solamente obras de
mejoramiento más no de modificación alguna a la vía.

No obstante, se debe tener en cuenta lo expresado por el parágrafo primero del
mencionado artículo 5, el cual establece de manera literal lo siguiente: “parágrafo 1°.
la ejecución de todo proyecto de infraestructura o mobiliario urbano, de carácter
público o privado que se desarrollen a partir de las fajas de retiro obligatorio o área de
reserva o exclusión, de que se trata este artículo, se sujetarán a la normatividad del
respectivo ente territorial”. (subrayas fuera del texto).

Lo anterior en concordancia con la obligación que estableció el mismo decreto 2976
de 2010, en el artículo 11, que se transcribe: “La reglamentación sobre las fajas de
retiro obligatorio o áreas de reserva o de excusión en pasos urbanos de la Red
Nacional de Carreteras a cargo de los Departamentos, Distritos Especiales y
Municipios, será establecida por las respectivas Entidades Territoriales…”.

Remitiéndonos al Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del Municipio de
Cajamarca, se puede observar que dicho ente territorial no ha reglamentado su
sistema frente a este aspecto, en tal virtud, se acatarán los preceptos del nivel nación
previstos en el decreto mencionado líneas arriba.

3.3. Carril de servicio

En lo que respecta al parágrafo segundo del artículo 5º, el cual usted transcribe es de
indicar que se ha considerado en el diseño la construcción de una vía de servicio
paralela a la vía a cargo de la Nación en acatamiento a lo dispuesto en la norma, que
trae el peticionario la definición de vías de servicio, que establece el artículo tercero
del Decreto 2976 de 2010, el cual dice de manera literal: "Vías de servicio:
Corresponde a aquellas vías construidas sensiblemente paralelas a la vía a cargo de
la Nación, que sirven para el acceso a los predios colindantes a la vía con el fin de no
interrumpir el flujo vehicular.

Estas vías estarán separadas de la vía a cargo de la Nación mediante elementos
físicos y estarán conectadas a ella a través de carriles de aceleración o desaceleración
los cuales serán definidos por los estudios técnicos con base en el Manual de Diseño
Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto Técnico Nacional de Vías,
o aquel que lo adicione y/o sustituya”.

Si bien es cierto que todas las interpretaciones literales del carril de servicio son ciertas,
también resulta de verdad absoluta que antes y después de la construcción del paso
por Cajamarca todos los predios tienen construcciones existentes. No solo existen las
construcciones si no que ya existen las vías de acceso a la vía nacional a través de
todas las calles de Cajamarca las cuales confluyen en la carrera séptima que es el
paso por Cajamarca.

En el oficio siguiente se ilustra cómo funcionan en la actualidad los carriles de
aceleración y desaceleración que permiten la conexión de los usuarios de las calles
hacia la carrera séptima. Por la densificación urbana existente el traslapo existente
entre los carriles de aceleración y desaceleración seguirá funcionando de la misma
forma que hoy, lo que hace imposible la construcción de un separador entre el carril
de servicio y la berma de la vía nacional.

Todo lo anterior quiere decir que la franja comprendida entre la berma de la vía
nacional de 1.8 metros de ancho y el carril del servicio propuesto por la Sociedad APP
GICA de 2.00 metros de ancho funcionaran como un solo sobre ancho donde
consideran los carrieles de aceleración y desaceleración y la berma de la vía que es
la zona de seguridad de la vía nacional tal como se ilustro en el grafico anexado en el
numeral 2.1 rotulado como Sección Típica.

3.4. Franja de Retiro o Exclusión

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Usted copia el parágrafo segundo del artículo primero de Ley 1228 de 2008, que indica:
“el ancho de la franja o retiro constituyen zonas de reserva o de exclusión para
carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en
las mencionadas zonas"

En primera instancia cabe anotar, que dicho parágrafo fue modificado por el artículo
55 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedó del siguiente tenor: "El ancho de la franja o
retiro que en el artículo 2° de la Ley 1228 de 2008 se determina para cada una de las
anteriores categorías de vías, constituye zonas de reserva o de exclusión para
carreteras, y por lo tanto se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción o mejora en
las mencionadas tones, salvo aquellos que se encuentren concebidas integralmente
en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de servidos
públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del
petróleo, o que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el
correspondiente plan de desarrollo.

La entidad estructuradora del proyecto de infraestructura de transporte responsable
del corredor vial, previa solicitud del competente, revisará la conveniencia técnica,
tecnológica, legal y financiera de la instalación en estas redes y aprobará las
condiciones de su instalación (…).

En tal sentido esta firma guarda estricto apego a dicha disposición legal para el diseño
y ejecución de la obra en cuanto a las ajas de retiro o zonas de exclusión en las
unidades funcionales que corresponde, no obstante, no guarda relación con el objeto
de su petición, que se refiere al paso urbano por Cajamarca.

3.5. Infraestructura de Transporte

Menciona usted lo previsto en el artículo tercero de la Ley 1682 de 2013, en cuanto
indica que "la infraestructura de transporte se caracteriza por ser inteligente, eficiente,
multimodal, segura, de acceso a todas las personas..."

Con la construcción del proyecto segunda Calzada Ibagué Cajamarca se propende por
cumplir con lo establecido en el articulado de la Ley 1682 de 2013, precisamente desde
los estudios de factibilidad donde se estudia la necesidad y conveniencia del proyecto
se verifica el cumplimiento de las normas jurídica, técnicas y ambientales, que guarda
relación con las características de proyectos de esta envergadura.

3.6. Adquisición de Predios Franja de Retiro

Hace relación usted al parágrafo segundo del artículo cuarto ibídem, en cuanto
expresa lo siguiente: "Las zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio deberán ser
previamente adquiridas por el responsable del proyecto de infraestructura de
transporte, cuando se requiera su utilización".

Frente a este punto se le informa que aún no se ha dado inicio a la adquisición predial,
dado que en primer lugar de sebe contar con la aprobación de la licencia ambiental
por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y en segundo lugar se está
adelantando toda la investigación jurídica y catastral de los predios que van a ser
objeto de adquisición, una vez se cuente con los insumos técnicos, ambientales y
jurídicos se procederá con la adquisición de los predios requeridos, lo cual en todo
caso se adelantará en los términos de la normatividad vigente y acatando el debido
proceso.

3.7. Accesibilidad

Menciona usted lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley 1682 de 2013, en el sentido
que: “La infraestructura de Transporte en Colombia deberá tener en cuenta las normas
de accesibilidad a los modos de transporte en general y en especial de las personas
con discapacidad, así como el desarrollo urbano integral y sostenible”.

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En la elaboración en los diseños fase tres previos a la construcción se tendrán en
cuenta todas las normas relativas a la accesibilidad las cuales se verán plasmadas en
rampas, bahías, andes (sic), pues (sic) peatonales y en general todas las obras que
hagan parte de la vía nacional y del amueblamiento urbano.

3.8. Normatividad Ambiental

Señala usted que en el artículo 39 ibídem, según el cual, "Los proyectos de
infraestructura transporte deberán incluir la variable ambiental en sus diferentes fases
de estudio, prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, para aplicarla en su
ejecución…”.

Para las diferentes etapas propias del proyecto, fueron observados los requerimientos
ambientales de acuerdo con los (sic) previsto en las normas vigentes para la época de
la estructuración del proyecto y presentado ante la Agencia Nacional de Infraestructura
y la autoridad nacional en materia ambiental.

A través de los estudios se identificaron y evaluaron cada uno de los impactos
ambientales por cada tramo del proyecto, contemplándose también las estrategias
para el manejo y la generación del menor impacto en cada uno de los elementos
ambientales, tales como agua superficial, geomorfológico, atmosférico, suelo, paisaje,
fauna, flora, etc.

En este momento podemos afirmar que todos los cinco tramos que hacen parte de la
construcción han sido auditados previamente por la Agencia Nacional de
licenciamientos Ambientales. De no haberse surtido esta etapa no hubiera sido posible
la suscripción del contrato de concesión por cuanto estos estudios técnicos hacen
parte de la prefactibilidad como se explicó en el numeral 2.2 del presente oficio.

3.9. Recuperación Forestal

Referente a lo planteado por usted en los numerales 10 y 11, que se relaciona con el
parágrafo y el artículo 13 del decreto 2976 de 2010, el cual prevé: "En los nuevos
proyectos de construcción las entidades incluirán actividades de siembra de gramilla y
de arbustos de especies nativas adecuadas a las condiciones de cada región, en las
fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión y las franjas centrales
(separadores) de la Red Vial no urbana a cargo de la Nación..." (subrayo).

Claramente como la misma disposición legal lo establece, estas actividades de
arborización no corresponden para pasos urbanos, sino para tener en cuenta en red
vial no urbana. Que de ser procedentes dichas acciones y si así lo estima la Autoridad
Nacional encargada del proyecto, para el efecto la Agencia Nacional de Infraestructura
• ANI, adelantará dichas actividades una vez se culminé la etapa de construcción y sea
entregado el proyecto por parte del concesionario APP GICA a la ANI, en tal virtud, no
es de recibo lo manifestado por usted, en cuanto a una presunta violación de este
precepto.

Como un referente del compromiso ambiental de los inversionistas que hacen parte de
la APP GICA presentamos como ejemplo lo que estos mismos empresarios hicieron
en el cumplimiento de la (sic) obligaciones contractuales en el contrato 07-07 suscrito
entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria San Rafael
donde se sembraron más de 230.000 árboles como lo certificó la Corporación
Autónoma Regional de Tolima.

3.10. Otros Puntos

Con relación a lo enunciado por su oficio en los numerales No. 12, 13, 14 y 15, no se
entiende la pertinencia de traer esta norma, pues para los fines de la petición no es de
aplicación, en el entendido que el decreto 798 de 2010 es una norma de carácter
restrictivo, el cual reglamentó parcialmente la Ley 1083 de 2006, a través de esta

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disposición, se establecieron normas sobre planeación urbana, el decreto referido
anuncia en el ámbito de aplicación lo siguiente:

"Las disposiciones contenidas en el presente decreto reglamentan los estándares
urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios
públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de movilidad, principalmente
con la red peatonal y de ciclo rutas que complementen el sistema de transporte y se
establecen las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro
urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento
territorial, en los términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 1997.

Las disposiciones contenidas en el presente decreto solo se aplicarán a las zonas y
predios urbanizables no urbanizados sujetos a las actuaciones de urbanización a los
que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o
de expansión urbana. Las disposiciones del presente decreto también se aplicarán
para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de las vías del perímetro
urbano del respectivo municipio o distrito”. (Subrayas son nuestras)

Así las cosas, a la luz del texto del decreto 798 de 2010, sus preceptos están dados
para los distritos y municipios que hayan adoptado Planes de Ordenamiento Territorial,
de acuerdo con los parámetros del literal a) del artículo 9 de la Ley 388 de 1997, esto
es. adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior
a los 100.000 habitantes, que para el caso que nos ocupa, no cumple con tal
característica el municipio de Cajamarca, en tanto que lo que existe actualmente es
una Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, por tratarse de un municipio con
población inferior a los 30.000 habitantes. Adicionalmente esta ley regula el diseño,
construcción y/o adaptación de los carriles de las vías del perímetro urbano de
municipios o distritos.

Conviene precisar que en lo que respecta a las especificaciones de esta segunda
calzada que se va a desarrollar, se proyectó acorde con las características
geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto,
teniendo en cuenta los requisitos técnicos establecidos en el contrato de concesión
bajo el esquema de APP No. 002 de 2015, en virtud del cual esta obra se debe ajustar
a los parámetros preestablecidos a una velocidad de diseño mínimo (km/H) de 30, con
un radio mínimo (m) de 40.7 y una pendiente máxima (%) de 12 %.

Así mismo es de indicarle, que el proyecto cumple con los estándares de las
disposiciones establecidas en el manual de diseño geométrico de carreteras vigente
del INVIAS el cual es acorde con lo establecido en el mencionado contrato de APP,
donde se establece que el ancho de carril mínimo corresponde a 3.65 metros y un
ancho de berma mínimo de 1.80 metros.

3.11. Corona de la Vía

En el numeral 16 de su oficio indica, "Las normas internas del antiguo INVIAS consagra
las siguientes definiciones: CORONA: conjunto formado por la calzada (zona de la vía
pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado) y las bermas
(fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas). Los anchos varían
según los siguientes rangos: ...".

Para ninguno de los profesionales que participan en el diseño en la Sociedad
Concesionaria APP GICA es un secreto que la entidad que nos rige es el manual de
diseño de vías del Instituto Nacional de Vías y todas las normas de construcción
vigentes.

Como se ha explicado anteriormente, la sección típica que hace parte del diseño
cumple con la normativa INVIAS y con los preceptos particulares del contrato 02/015
y en ningún caso va a ser objeto de trasgresión ninguna norma dentro de las que se
enmarque este proyecto, el cual se desarrolla por motivos de utilidad pública e interés

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social, declarado por medio de la resolución 378 del 10 de febrero de 2015 expedida
por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.

Como ya se expresó en el primer punto, en el anexo del citado acto administrativo se
encuentra el shape del diseño del proyecto de infraestructura vial Segunda Calzada
Ibagué- Cajamarca, donde se puede observar la delimitación de la franja que fue
declarada de utilidad pública, sobre la cual se va a realizar el proceso de adquisición
predial requerido para dar paso a la ejecución de la obra de infraestructura vial, de
conformidad con el diseño definitivo del proyecto.

Tampoco se comparte lo manifestado por el peticionario, con referencia a que se les
producirá daños graves en el evento de que no se cumplan con los requerimientos
técnicos, que la normatividad nacional contempla para este tipo de proyectos,
fundando su dicho en la posibilidad del afán del ejecutor en ahorrar costos, situación
que dista de la realidad y carece de veracidad desde todo punto de vista, lo cual se
desvirtúa con los análisis económicos y financieros que hacen parte del contrato.

Desde esta perspectiva, esta firma concesionaria cumple expresamente las
estipulaciones del contrato No. 002 de 2015, y las normas de carácter nacional que le
sean aplicables, por lo tanto se rechaza vehementemente su manifestación, en el
sentido que posiblemente se van a transgredir disposiciones legales, que por lo demás,
no todas las que usted cita expresamente son aplicables para el paso urbano por
Cajamarca, dado que algunos preceptos son aplicables a otros tramos del proyecto,
tal y como se explica en cada punto que usted plantea.

4. FRENTE A SU PETICION

Finalmente en cuanto a su petición de la expedición de una copia del archivo digital
del proyecto, en lo concerniente al paso urbano por Cajamarca, se le adjunta a la
presente respuesta lo siguiente:

(i) El Shape del diseño del proyecto, que hace parte de la Resolución 378 del 10 de
febrero de 2015 proferida pro (sic) la ANI, el cual comporta la franja delimitada y
declarada de utilidad pública para el proyecto.

(ii) La sección típica donde se puede ver claramente las dimensiones de las obras a
construir en la segunda calzada en el paso urbano por Cajamarca.

Por último, con relación al diseño geométrico definitivo debemos aclararle que este se
encuentra en elaboración, estando dentro del término contractual establecido para esta
actividad en concordancia con lo indicado en el Capítulo VI – Etapa Pre operativa –
Estudios y Diseños de la Parte General del contrato de concesión bajo el esquema de
APP No. 002 de 2015 y cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas para
ello, el cual deberá ser aprobado por la ANI y la Interventoría. […]”.

62.3. Copia del periódico digital “El nuevo día” del 6 de mayo de 2015, que contiene
el título: Arrancó en firme la construcción de la doble calzada Ibagué – Cajamarca.
Se resaltó el siguiente fragmento de noticia81:

“[…] Manifiesto que el municipio no va a desaparecer, se comprará solo una franja de
12 metros para hacer una segunda calzada, y Cajamarca tiene 800 metro de ancho y
siete cuadras a ambos lados y solo se adquirirán 10 metros […] “.

81 Cfr. folios 62 a 67 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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62.4. Copia de la Resolución núm. 378 de 10 de febrero de 2015 “Por medio de la
cual se declara de utilidad pública e interés social un Proyecto de Infraestructura Vial”
que consideró y resolvió82:

“[…] Que de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la
cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se aprobó como parte
integrante de dicha Ley, el documento: “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 – Prosperidad para Todos”; en cuyo capítulo III, se determinó el esquema de
Asociaciones Público Privadas como una estrategia para impulsar la infraestructura
como uno de los pilares de crecimiento en Colombia, así mismo, en el Plan Nacional
de Desarrollo el mejoramiento de la capacidad de infraestructura de transporte es un
importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo cual, el
Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soportan la
carga de comercio exterior y que conectan los principales centros de producción y
consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos y garantizan la
conectividad regional.

Que en concordancia con lo anterior se expidió el Documento Conpes 3760 del 20
de agosto de 2013, para Proyectos Viales bajo esquemas de Asociaciones Público
Privadas de Cuarta Generación de Concesiones Viales, donde se presentan los
lineamientos de política del programa de cuarta generación de concesiones viales
(4G), dirigido a reducir la brecha de infraestructura y consolidar la red vial nacional a
través de la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de
consumo, con las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera del País.
Que de conformidad con la Ley 1508 de 2012 la Promesa de Sociedad Futura APP
GICA S.A. sometió a consideración de la Agencia Nacional de Infraestructura bajo
radicado No. 2012-409-006597-2 del 7 de marzo de 2012, la propuesta en etapa de
factibilidad de un proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada que
no requiere desembolso de recursos públicos y que tiene por objeto: “Realización de
los Estudios, Diseños, Construcción, Operación, Mantenimiento, Gestión Social,
Predial y Ambiental de la Segunda Calzada de la Vía Ibagué – Cajamarca, así como
la Operación y Mantenimiento del Sistema Vial (Variante Chicoral, Variante
Gualanday – Ibagué, Gualanday – Espinal, Variante Picaleña, Ramal Norte y trazado
existente Ibagué – Cajamarca)”.

Que dicho tramo, hace parte del corredor vial Bogotá – Buenaventura, uno de los
principales corredores de comercio exterior del país, por lo cual este proyecto se
encuentra enfocado con el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, el cual hace
énfasis en la necesidad de mejorar la capacidad de infraestructura de transporte,
buscando mecanismos alternativos para la financiación de infraestructura. De igual
manera, se encuentra dentro de los proyectos identificados por el Gobierno Nacional
como eje fundamental de desarrollo, y priorizado por la Agencia Nacional de
Infraestructura dentro de su programa de Cuarta Generación de Concesiones.
[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. – Declárese de utilidad pública e interés social el proyecto
Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca. […]”.

62.5. Copia de la Resolución núm. 1495 de 20 de noviembre de 2015 “Por la cual
se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones” la cual consideró
y resolvió83:

82 Cfr. folios 56 a 59 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

83 Cfr. CD folios 206 cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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“[…] De las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las
carreteras del sistema vial nacional

La ley 1228 de julio 16 de 2008 determinó las fajas mínimas de retiro obligatorio o
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, y en su artículo
segundo determinó lo siguiente:

“Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establézcanse
las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las
carreteras que forman parte de la red vial nacional:

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.

(…) Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada
lado del eje de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se
medirán a partir del eje de cada calzada exterior”.

De las especies en Veda

[…] Para la ejecución del proyecto denominado Construcción del Tramo 5 – Paso
Urbano por Cajamarca – “Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca y Sistema Vial
Existente Girardot – Ibagué – Cajamarca” el cual está localizado en el municipio de
Cajamarca – departamento de Tolima, se requirió levantamiento de veda.

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, mediante la Resolución No. 1933 del 2
de septiembre de 2015 levantó de manera parcial la veda para todas las especies
pertenecientes a os grupos de Bromélias, Orquídeas, musgos, Hepáticas y Líquenes
que serán afectados por la remoción de cobertura vegetal para el desarrollo del
proyecto Construcción del Tramo 5 – Paso Urbano por Cajamarca – “Segunda
Calzada Ibagué – Cajamarca y Sistema Vial Existente Girardot – Ibagué –
Cajamarca” el cual está localizado en el municipio de Cajamarca – departamento de
Tolima.

De las reservas forestales
[…]

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, mediante la Resolución No. 2304 del 9
de noviembre de 2015, efectuó la sustracción definitiva de 2,046 hectáreas de la
reserva forestal para la Construcción del Tramo 5 – Paso Urbano por Cajamarca –
“Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca y Sistema Vial Existente Girardot – Ibagué –
Cajamarca” el cual está localizado en el municipio de Cajamarca – departamento de
Tolima.
[…]

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES
[…]

2.1.1. Objetivo del proyecto

El proyecto vial de APP GICA S.A., consiste en la construcción de una segunda
calzada adosada a la calzada existente que actualmente se desarrolla por el centro
urbano del municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima, correspondiente
al tramo 5 del proyecto denominado “doble Calzada Ibagué – Cajamarca”.

2.1.2 Localización

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El proyecto de paso vial por el municipio de Cajamarca se encuentra localizado en el
departamento del Tolima sobre la vía nacional 40 (Buenaventura-Puerto Carreño)
Tramo 03 (Calarcá-Ibagué) siendo un importante del corredor vial a nivel nacional.
[…]

El tramo inicial al final del puente sobre el rio Anaime en el municipio de Cajamarca
en el K32+170 y finaliza en el K34+918 para empalmar con las obras existentes de
doble calzada que llegan al Túnel de la Línea portal Cajamarca, a la altura del
K35+078, con una longitud total de 2.748 km. Dentro de esta línea de trazado se
encuentra el área urbana de Cajamarca y la zona rural correspondiente a la vereda
Cajamarquita.
[…]

La segunda calzada se ubicará de manera adosada a la vía existente en operación
dentro del casco urbano del municipio de Cajamarca, y la vereda Cajamarquita, en el
sentido Ibagué – Cajamarca. El tramo inicia en el puente vehicular sobre el rio Anaime
a la altura del K32+170, punto coincidente con el comienzo del área urbana de la
meseta del municipio de Cajamarca, la segunda calzada toma el costado izquierdo
de la calzada existente, realizando su recorrido por los barrios Centro y 20 de julio y
por la plaza principal hasta la altura del K32+700.
[…]

Finalizando el tramo de doble calzada, el diseño empata con las obras existentes del
túnel de la Línea, específicamente con las obras de segunda calzada ya realizadas
por Unión Temporal Segundo Centenario a la altura del K34+918 de la calzada
existente.
[…]

[…]

[…]

Área de Influencia Directa Biótica

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El Área de influencia Directa definida, corresponde al polígono de intervención del
proyecto en donde inciden directamente las actividades de construcción y operación.
Para el medio biótico en una extensión total de 10,01 ha, se prevé la intervención de
coberturas vegetales; constituidas por pastos, cultivos y vegetación secundaria en el
AID del proyecto en su “tramo rural” (mayor intervención área urbana y en menor
medida vegetación secundaria baja). No obstante se aclara que en este polígono de
intervención las coberturas de la tierra más representativa por ocupación de área
corresponden a Territorios Artificializados con Redes Viales, Tejido Urbano Continuo
y Tejido Urbano Discontinuo.

Área de Influencia Directa Socioeconómica

La intervención en el medio socioeconómico corresponde a la franja de compra o
adquisición predial para el adosamiento de calzada, la cual se distribuye tanto al
costado izquierdo como al derecho en sentido Ibagué – Armenia de la siguiente
manera: del K32+170 hasta el K32+640 (costado izquierdo), y del K32+640 hasta el
k34+918 (costado derecho). En el costado izquierdo, el área de influencia se
compone principalmente de edificaciones que abarcan un total de seis (6) manzanas
a lo largo de la carrera 7 entre calle 4 y 10 (barrio Centro).

En el costado derecho, el tejido urbano se transforma en un discontinuo de terrenos
urbanizados (sector Calle Larga) terrenos con edificaciones abandonadas tras
procesos de reubicación voluntaria por tratarse de una zona de riesgo y algunos
lugares comerciales que se han constituido en hitos de ubicación para la población.
[…]

Vale aclarar que las áreas correspondientes al Centro Urbano de Cajamarca y sus
áreas de expansión no son objeto de sustracción, lo anterior considerando lo
establecido en la Resolución 763 de 2004 “Por la cual se procede a sustraer de las
reservas forestales nacionales de que trata la Ley 2ª de 1959, las cabeceras
municipales y cascos corregimentales departamentales, incluyendo las
infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental
asociado a dichos desarrollos”, donde se entienden como sustraídos de la reserva
forestal los suelos urbanos y su equipamiento asociado y los suelos de expansión
urbana.

Por lo anterior, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
MADS emitió la Resolución 2304 del 9 de noviembre de 2015 por medio de la cual
se sustrae definitivamente un área de 2,046 hectáreas de Reserva Forestal Central
establecida en la Ley 2ª de 1959 para la construcción del Proyecto Vial Paso Urbano
por la población de Cajamarca – Tramo 5. La sociedad APP GICA S.A. deberá dar
total cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en ese acto
administrativo, principalmente en el sentido de adquirir un área igual a la sustraída,
para lo cual deberá desarrollar e implementar en el área adquirida un plan definitivo
de compensación y restauración que apruebe el MADS. De acuerdo a lo anterior, se
aclara que este plan de compensación será diferente a la que se establezca por
aprovechamiento forestal en el presente acto administrativo.
[…]

La visita de evaluación realizada por esta Autoridad permitió confirmar que el área
solicitada en sustracción presenta actualmente altos grados de intervención antrópica
y por esta situación no se considera que cause un efecto importante sobre las
coberturas vegetales actuales, y en general sobre los servicios ecosistémicos que
presta el área actualmente.
[…]

Conclusiones

En general los impactos que se pueden generar por las actividades del Proyecto, no
se consideran representativos en cuanto a la afectación del componente biótico,

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teniendo en cuenta que el área de afectación de interés forestal es de 1,15 hectáreas
en comparación con el área total de afectación del proyecto (9,82 ha). Por lo anterior,
se considera que los impactos identificados y valorados corresponden a las
características bióticas y su sensibilidad; en segundo lugar, se considera que dichos
impactos pueden ser mitigados a partir de las medidas del Plan de Manejo Ambiental
[…]”.

62.6. Copia del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajamarca
– Tolima, en el que se indican los retiros y las condiciones técnicas de diseño en las
vías nacionales, así: “[…] A partir del borde externo de la cuneta o berma, no se
permitirán construcciones de edificaciones sobre taludes con pendientes mayores al
40%; en lotes cuya pendiente sea menor del 40%, el retiro para la construcción de
nuevas edificaciones será de treinta (30) metros a partir del borde externo de la
cuneta o berma; la franja de retiro se destinará a zona verde84.

62.7. Copia del Contrato de Concesión núm. 002 del 12 de fecha 12 de febrero de
2015 entre el concedente: Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario:
APP GICA S.A. La parte especial contiene:

“[…] 3.2 Alcance del Proyecto

De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General el alcance
del Contrato corresponde a los Estudios, diseños, construcción, operación,
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la segunda calzada de la vía
Ibagué - Cajamarca; y la operación y mantenimiento del sistema vial Variante
Chicoral, Variante Gualanday, Gualanday -Ibagué, Gualanday - Espinal, Variante
Picaleña, Ramal Norte y trazado existente Ibagué-Cajamarca, de acuerdo con el
Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.

3.3 División del Proyecto

El proyecto se divide en tres (3) Unidades Funcionales así:

UF Sector Origen Destino Longitud Intervención prevista
(nombre- (nombre- aprox. Origen-
abcisa) abscisa) Destino
1 Combeima – K0+000 K15+100 15.1 Construcción Segunda calzada
Valle del
Cócora
2 Valle del K15+100 K30+078 20.0 Construcción Segunda Calzada.
Cócora – Refuerzo puente existente entre
Paso urbano Cajamarca y Rehabilitación Paso
Cajamarca Urbano Cajamarca
3 Vis existente PR50+00 o PR23+08 33 145.0 Operación y mantenimiento vial
Girardot – Ruta 4003 RUTA 4004 Variante chicoral, variante
Ibagué – B Gualanday, gualanday – Ibagué.
Cajamarca Gualanday – Espinal, Variante
(1) Picaleña, Ramal Norte y trazado
existente Ibagué Cajamarca

84 Cfr. folios 190 a 191 del cuaderno núm. 1 del expediente físico.

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[…]”

“[…] APENDICE TÉCNICO 1

ALCANCE DEL PROYECTO

“[…] APENDICE TÉCNICO 3
ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPÍTULO I Introducción

(a) De conformidad con lo previsto en las Secciones 1.59 y 1.60 de la Parte General
del Contrato, el presente Apéndice contiene las especificaciones generales que deberá
atender el Concesionario para el desarrollo y presentación de los Estudios de Traza y
Diseño Geométrico, los Estudios de Detalle, así como para el desarrollo de las
Intervenciones. En consecuencia, el Concesionario deberá cumplir con las
especificaciones y/o normas técnicas que se indican en el presente Apéndice al

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momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo previsto en la Sección
4.12 de la Parte General.

(b) El cumplimiento de las normas y parámetros que se establecen en este Apéndice
Técnico corresponden a las especificaciones mínimas exigidas, las cuales no excusan
al Concesionario de la obtención de los resultados establecidos en el Apéndice
Técnico 4 Indicadores.

[…]

2.1 Estudios y Diseños

En el desarrollo y presentación de los Estudios de Detalle y de los Estudios de Diseño
Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la construcción,
mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras, el Concesionario deberá cumplir con las
especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico I y los manuales y/o normas
técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentación
de la Oferta sean obligatorias para la ejecución de estas actividades, en particular,
pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante
Resolución No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS.

(ii) MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VÍAS CON MEDIOS Y
ALTOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO, adoptado mediante Resolución No. 002857 del
6 de julio de 1999 del INVIAS.

(iii) MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VÍAS CON BAJOS
VOLÚMENES DE TRÁNSITO adoptado mediante Resolución No. 003482 de 2007 del
INVIAS […]”.

62.8. Dictamen pericial realizado por el ingeniero civil Julio Cesar Arguelles Ochoa,
que respondió al siguiente cuestionario:

“[…] Informo al Despacho que hecha la inspección presencial de la vía descrita en la
pregunta anterior y cotejado su actual estado con la planimetría en Fase II elaborada
por APP GICA S.A. y representativa del proyecto de trazado de la segunda nueva
calzada que se construirá y de las actividades de rehabilitación de la ya existente (las
dos ubicadas en zonas correspondientes al casco urbano de Cajamarca), a la fecha
de visita presencial al sector ocurrida el día 18 de enero de 2017, para el suscrito
perito no hay evidencia de que alguna área correspondiente a la zona urbana de
Cajamarca haya sido intervenida en ejecución de los diseños en Fase Il existentes y
pertinentes a los que a la luz del Contrato 002 de 2015 se denominan Tramos 5
(rehabilitación) y 6 (construcción) y transcurren por la población de Cajamarca.

En apoyo de lo expresado adjunto los siguientes documentos:

• Fotografías del estado de la vía actual, que va desde el PR32+170 al
PR35+078.
• Planos presentados por APP GICA S.A., en cumplimiento de las exigencias
hechas por la Agencia Nacional de Infraestructura para la estructuración del
Proyecto en Etapa de Factibilidad.

Es útil advertir que los planos Fase Il que se aportan no corresponden a los planos
en Fase Ill o constructivos; los cuales, durante la ejecución de la etapa señalada
para que el Concesionario elabore los diseños definitivos de estos Tramos, podrán

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ser modificados. En este punto es preciso anotar que si aún no están los diseños
constructivos, no es posible que se intervenga los sub-sectores 5 y 6, objeto de este
peritaje. Anexo Programa Inversión anual por tramaos APP GICA.

c. LAS GESTIONES DE ORDEN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL QUE HA
ADELANTADO APP GICA S.A., EN LA ZONA URBANA DE CAJAMARCA A PARTIR
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 002 DE 2015.

Respuesta: Previamente a la suscripción del Contrato 002 de 2015, (FEBRERO 12
de 2015) y hasta la presente fecha, las gestiones de orden social, predial y ambiental
que han adelantado APP GICA S.A., son las que seguidamente se enlistan así:

I. Ejecución De la Gestión Social
[…]

8. Programa Acompañamiento A la Gestión Socio Predial

8.1. Objetivo General
[…]

Adicionalmente en el acompañamiento social durante toda la etapa del proceso de
adquisición predial de acuerdo con lo estipulado en la resolución expedida por la
Agencia Nacional de Infraestructura No. 545 de 2008, que dado que a la fecha no se
está adelantando adquisición predial, razón por la cual este programa no está en
ejecución.

d. QUE CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA Y LAS QUE SE
ADELANTARÁN EN ADELANTE NO SE HAN PUESTO NI SE PONDRÁN EN
AMENAZA NI SE HAN AFECTADO O AFECTARÁN LOS DERECHOS
COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD DE CAJAMARCA

[…]

Ahora bien, como lo respondí al absolver la pregunta identificada como literal b, APP
GICA S.A., no ha ejecutado ninguna actividad constructiva en la zona urbana del
Municipio de Cajamarca. Las únicas actividades que ha adelantado son las
puntualmente descritas al responder la pregunta formulada bajo el literal c que tienen
que ver con lo social, predial y ambiental.

En cuanto a aquellas que se adelantarán en el futuro mediato, no le es posible al
perito que suscribe este informe afectar que con las futuras actuaciones y/o
ejecuciones en que incurra APP GICA S.A., en desarrollo de las obligaciones que
asumió a términos del Contrato 002 de 2015 se vulnerarán o amenazarán uno, varios
o todos los derechos colectivos que el demandante afirma están en situación de
riesgo. Afirmar algo en tal sentido sería meramente hipotético.

Tal eventualidad sólo podrá ser establecida con certeza una vez en
aproximadamente tres (3) años APP GICA S.A., presente los diseños en FASE
III relativos a la construcción de una segunda calzada por el paso urbano de
Cajamarca y a la rehabilitación de la actualmente existente.

Es sabido que al perito le está expresamente prohibido hacer pronunciamientos en
derecho, por lo cual al suscrito no le es dable definir, desde el punto de vista de lo
jurídico, si los enunciados derechos colectivos han sido vulnerados o se encuentran
amenazados.

Sin embargo, desde el punto de vista puramente técnico haré los siguientes
comentarios en relación con cada uno de los derechos cuya protección se persigue
a través de la demanda, así:

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• Derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes
de uso público.

Respecto de éste, es claro que los diseños Fase II, a la fecha no impiden el goce del
espacio público, ni atentan contra algún bien ya existente.

• Derecho al goce de un ambiente sano y Derecho a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución.

Analizada la Licencia Ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, el suscrito perito no encuentra glosa alguna respecto de las
consideraciones y decisiones que incorpora la Resolución 1495 del 20 de noviembre
de 2015. Es decir, en mi profesional opinión no se está vulnerando o amenazando
los derechos aquí identificados.

• Derecho a la seguridad y salubridad pública

Del análisis de la planimetría que representan los sendos diseños en Fase II y del
pertinente a la construcción de la segunda calzada y a la rehabilitación de la
existente, se observa que todos los elementos que tienden a garantizar la seguridad
y salubridad públicas aparecen contemplados en los diseños que se ajustarán en
Fase III y ejecutará APP GICA S.A., cinco años después de ahora.

• El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la seguridad
pública, y

El análisis de la planimetría que representan los diseños en Fase II y pertinentes la
construcción de la segunda calzada y la rehabilitación de la existente, se observa que
todos los elementos que tienen a garantizar el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la seguridad pública se plasman en los diseños que se
ajustarán en Fase III y ejecutará APP GICA S.A. cinco años después de ahora.

• Derecho a la realización de construcciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes.

En el curso de la aprobación de la iniciativa privada presentada por la APP GICA S.A.
a la Agencia Nacional de Infraestructura; la firma externa Consulténicos que tuvo a
su cargo la revisión de los planos presentados; así como las autoridades ambientales
ANLA y CORTOLIMA efectuaron su propio análisis y emitieron su dictamen sobre las
construcciones a ejecutar. Teniendo en cuenta los estudios y diseños presentados
en Fase II relativas al paso urbano por Cajamarca (tramo 5 y 6) quienes en tal
función actuaron, encontraron que los estudios y diseños respetaban las
disposiciones jurídicas y potencialmente mejoraban la calidad de vida de los
habitantes del municipio de Cajamarca. El perito coincide con esa afirmación.

En suma, los diseños que tiene en elaboración la APP GICA para la construcción del
multicitado paso urbano, no pone en riesgo, ni amenaza y tampoco afectarán los
derechos colectivos al goce del espacio público, derecho al goce de un ambiente
sano - existencia del equilibrio ecológico- el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, derecho a la seguridad y salubridad pública, el acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública y el derecho a la
realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes,
amparos consagrados en la Ley 472 de 1998, los cuales fueron invocados por el actor
popular en la acción constitucional.

Ciertamente la Concesionaria ha tenido estricto apego y ha dado cumplimiento a las
normas técnicas y ambientales para el desarrollo de proyectos de esta envergadura,

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que se adelantan por motivos de utilidad pública e interés social aprobados
previamente por el Legislador, todos los estudios que comporta el proyecto han sido
ampliamente evaluados por las diferentes autoridades nacionales comprometidas,
por tal razón se unta con el licenciamiento ambiental aprobado.

e. EN EL CASO DE TARMA BAGUÉ - CAJAMARCA, PASO URBANO POR
CAJAMARCA ESERRA NAR SI LOS DISEÑOS NO CONTEMPLAN AS ZONAS DE
RESERVAA PARA LAS DOS CALZADAS, Y SI EXISTE 15 POSIBILIDAD QUE UNA
VEZ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA, EXISTAN SE LEVANTEN
CONSTRUCCIONES MENCIONADAS ZONAS, VULNERANDO EL PARÁGRAFO 2°
DEL ARTÍCULO 1RO DE LA LEY 1228 DE 2008.

RESPUESTA: Según el contrato 002; los planos que describen el proyecto objeto del
mismo; las manifestaciones de las autoridades ambientales: las de la ANI y de la
firma Consultécnicos; y, en aplicación de la ley de infraestructura, el perito ha
constatado que en relación con la nueva calzada se van a adquirir las franjas o zonas
de retiro que para construcciones nuevas impone la ley vigente, igual que el
tratamiento que la misma citada ley regula en relación con obras rehabilitadas.

En concreto, los planos muestran lo que escribo en la respuesta a la siguiente
pregunta, en relación con la nueva segunda calzada y con la calzada existente.

f. DETERMINAR SI EL PROYECTO CONTIENE LAS ZONAS DE RESERVA, LAS
VÍAS DE SERVICIOS, LOS SEPARADORES DE ESTAS, LOS CARRILES DE
ACELERACIÓN O DESACELERACIÓN Y LAS BERMAS, YA QUE ÉSTAS DEBEN
DISENARSE Y CONSTRUIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE DE
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIA NUEVA O DE LA AMPLIACIÓN DE LA
EXISTENTE.

Los diseños se encuentran a nivel de factibilidad, razón por la que no es posible
determinar este tipo de detalle constructivo, sin embargo en la respuesta enviada al
actor popular se muestra un esquema de la sección transversal típica, en esta
claramente se evidencia que para la construcción de la calzada nueva, se contempla
la adquisición de zonas de reserva, situación que garantiza que dentro de esta franja
que exige el Decreto de pasos urbanos no se levanten construcciones.

Así es claro, que para la obra de infraestructura vial nueva la Concesionaria tiene la
obligación que se desprende del contrato de garantizar las zonas de reserva tal y
como se puede evidenciar en la sección típica que hace parte de comunicación
expedida por la APP GICA como respuesta al accionante.

La Firma Concesionaria ha contemplado en la construcción de las obras de la
segunda calzada el cumplimiento a cabalidad de todas las especificaciones y
características que implica los pasos urbanos del Nivel Nacional, en ningún caso va
a ir en contravía de las normas propias y manuales técnicos que dirigen este tipo de
proyectos.

Ello en sintonía con el referido contrato de Concesión el cual establece ejecutar todas
las obras de urbanismo que comporta específicamente este tipo de construcciones.

Dicha situación se puede comprobar con la misma comunicación proferido la APP
GICA de fecha 8 de julio de 2015, (que hace parte del acervo probatorio de la
demanda inclusive al mismo actor popular quien previamente habla preguntado las
características para la ejecución del proyecto en la zona de Cajamarca, a través de
la cual la Concesionaria respondió con toda claridad las condiciones en que iba a
desarrollar el proyecto anexando las secciones típicas.

En el tramo del diseño en fase II que transcurre por el casco urbano de Cajamarca:
es preciso anotar que la segunda calzada se desarrollará paralela a la vía existente
y a su vez este interceptará las calles de municipio de Cajamarca, razón por la que
es necesario construir el carril de servicio que incorporen al usuario de las calles de

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Cajamarca a la vía segunda calzada Ibagué Cajamarca y de la segunda calzada a
las calles de municipio. Esta información se puede evidenciar de manera gráfica en
la sección típica y plano en planta adjuntos a la comunicación enviada por esta la
concesión APP GICA al actor popular bajo el radicado APP-IB-2015-009 de fecha 8
de julio de 2015, y recibida en dirección de correspondencia el 10 de julio de 2015.
[…]

El espacio donde desarrollará la Segunda Calzada según los diseños de factibilidad,
requieren las construcciones existentes y los terrenos que se encuentran en la parte
posterior de las misma, de estos terrenos (posteriores) vale la pena resaltar que son
áreas con depresiones importantes inclinada, situación por la que no es permitido
construcciones e infraestructura alguna; razón por la que en esta longitud (2.17km)
no se realizarán carriles de servicio.

El diseño de la Segunda Calzada en el paso urbano por Cajamarca, se encuentra a
nivel de elaboración de diseños para llegar al resultado final teniendo en cuenta la
licencia ambiental aprobada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA. Así las cosas, los diseño entregados por esa sociedad no muestra el detalle
constructivo de segunda calzada Ibagué Cajamarca, dado que para este tipo de
proyectos el perfeccionamiento de los diseños se realiza en fase III o bien llamada
en el gremio como diseños constructivos, información que al momento de esta
diligencia la sociedad APP GICA no ostenta, puesto que estos deben ser
entregados para año 2020, según lo que estipula el contrato bajo el Esquema de
Asociación Público Privada No. 002 del 12 de febrero de 2015 […]”85.

62.9. Testimonio de María Carolina Contreras Encinales, Gerente Técnica de la
Concesión APP GICA S.A., se le hicieron las preguntas de ley y se procedió a
practicar la prueba. Se refirió en términos generales sobre los siguientes aspectos:
i) sobre la diferencia entre los conceptos de mejoramiento, rehabilitación y
construcción; ii) sobre las fases o etapas contractuales en el trámite de una iniciativa
privada; iii) aclaró que los estudios fase III son los definitivos; iv) en relación con el
alcance del contrato, el cual es la construcción de una segunda calzada y no una
doble calzada; v) sobre la viabilidad del contrato y los conceptos de factibilidad; vi)
aclara la ubicación del paso urbano y el alcance del contrato; vii) la obligación de
llevar los estudios de factibilidad a un nivel de fase III; viii) los plazos de entrega en
los contratos de concesión; y ix) la unidad funcional 2 inicia en el año 2020, es decir
los estudios definitivos deben estar listos con anterioridad a esa fecha.

62.10. Se garantizó la contradicción del testimonio, y la testigo precisó sobre los
siguientes aspectos: i) los estudios y diseños que están listos son los de factibilidad,
que fue la información con la que se expidió la licencia ambiental; ii) los diseños fase
III se presentarán en el año 2020; iii) dentro de los estudios se debe presentar un
volumen de gestión social y predial aproximado en los estudios de factibilidad; iv) se
aclaró el objeto de licenciamiento, el cual es una calzada sencilla delimitada por un
contrato de concesión; v) es aplicable en la construcción de la vía el Decreto 2976

85 Cfr. folios 1 a 56 del cuaderno núm. 7 del expediente físico.

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de 2010; vi) los riesgos serán disminuidos con el proyecto, en cumplimiento del
contrato.

62.11. El Ministerio Público intervino y la testigo se refirió sobre los siguientes puntos:
i) la rehabilitación es la reconstrucción de lo existente de acuerdo con el alcance del
contrato; y ii) la APP es de iniciativa privada86.

62.12. El Testimonio de Fanny Consuelo Cañavera Espinosa, en su calidad de
Directora Ambiental de la Concesión APP GICA S.A. se le hicieron las preguntas de
ley. Se refirió en términos generales sobre los siguientes aspectos: i) la rehabilitación
y mejoramiento no requiere de licencia ambiental sino un documento que contiene
medidas de manejo; ii) en la construcción de vías nuevas si se requiere la licencia
ambiental; iii) para el paso urbano se hizo el trámite para otorgar la licencia
ambiental, Resolución 1495 de 2015; iv) ante algún cambio en los estudios
definitivos, se procederá a solicitar una modificación en la licencia; v) se presentó el
estudio de impacto ambiental del tramo objeto de la acción popular; vi) la vía es una
obra de infraestructura, el amueblamiento es la colocación de algunos elementos
que impactarán en el paisaje; y vii) el componente del amueblamiento urbano se
desarrollará con mayor detalle en los estudios definitivos87.

62.13. Interrogatorio realizado al actor popular Julio Cesar Montañez. Se le indagó
en relación con los estudios y diseños que tienen que ver con el tramo objeto de la
acción popular, tramo 5 unidad funcional 2 sub sector 5 y 6, y este mencionó que
desconocía si los diseños fueron cambiados y que si eso ocurriera, deberían ser
presentados en esta instancia, se aclaró por parte del apoderado de la APP GICA,
que el tramo 5 sólo cuenta con estudios de factibilidad o estudios preliminares y se
encuentran realizando los estudios de fase III que son los constructivos88.

62.14. Copia del cuadernillo de información complementaria del proyecto paso vial
urbano por el Municipio de Cajamarca – Tolima de fecha enero de 2015, realizado
por la Concesionaria San Rafael S.A. en el que se determinó:

“[…] Para el paso por la población de Cajamarca, por el corredor occidental –
alternativa INVIAS, las obras necesarias para el cruce del Valle del Río Anime
afectarían el límite de la meseta de Cajamarca que se encuentra definida como una
zona de alto riesgo por su baja condición de estabilidad natural, necesariamente
realiza cortes en media ladera sobre el valle del Río Anaime exponiendo así un
macizo de rocas muy fracturadas que demandan obras continuas de estabilización
mediante anclajes.

86 Cfr. CD folio 1030 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.
87 Cfr. CD folio 1030 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.
88 Cfr. CD folio 1030 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.

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Corredor Central – Alternativa APP GICA

En el corredor central - Alternativa APP GICA, no hay ningún tipo de intervención
sobre elementos que exhiban un comportamiento litológico inestable. Todas las
adecuaciones se realizarán al borde de la vía existente y no se proponen taludes que
requieran tratamientos especiales desde el punto de vista de su estabilidad
geotécnica.

En el año 2000, el INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano, publicó un
estudio de amenaza sísmica en la zona de interés para el presente proyecto. Dicho
estudio concluyó que la meseta de Cajamarca es el único sitio con aptitud mediana
alta para el desarrollo de obras de infraestructura, al tiempo que confirmó la baja
condición de estabilidad identificada en los cañones de los ríos Bermellón y Anaime.

Esta condición de estabilidad fue uno de los insumos básicos para la concepción del
corredor central - Alternativa APP GICA, como la más conveniente para el paso por
el casco urbano de Cajamarca, pues si bien, al requerimiento de naturaleza predial,
no existen las limitaciones de orden geológico y geotécnico que están claramente
documentadas en los estudios de ordenamiento territorial y en el estudio publicado
por la autoridad geológica a nivel nacional. (Ver Mapa de Zonificación de Amenazas
Geológicas del Anexo 1 Planos Temáticos del documento radicado con Oficio GIC-
2014-2928 del 29 de diciembre, con radicado No. 2104072789-1-000).

Lo anterior permite concluir que desde el punto de vista geotécnico el corredor central
• Alternativa APP GICA, resulta conveniente, en la medida que tiene mínima o casi
nula susceptibilidad a los fenómenos de remoción e inestabilidad y por consiguiente
el riesgo de suspensión del servicio por eventos de carácter geotécnico es
prácticamente nulo si se compara con el corredor occidental.
[…]

Corredor Central - Alternativa APP GICA:
Este corredor se desarrolla en su totalidad sobre el territorio de la meseta de
Cajamarca, la cual ha sido considerada como el área de menor susceptibilidad al
deslizamiento y de mejor actitud para el desarrollo de edificaciones del municipio tal
y como lo muestra el mapa anterior.

La alternativa no afecta en ningún punto los cañones de los ríos Anaime y Bermellón
y se desarrolla enteramente en la zona que hoy en día corresponde al tejido urbano
consolidado. Dicha zona históricamente ha sido catalogada como el área de menor
riesgo desde el punto de vista de la actividad sísmica y geológica presente en la zona.

A diferencia del corredor occidental (Alternativa INVIAS), no genera modificaciones
en los estados tensiónales ni en las condiciones de confinamiento de materiales por
actividades como el corte para la adecuación de taludes.

Corredor Occidental - Alternativa INVIAS:

Este corredor se desarrolla principalmente en zonas con alta susceptibilidad a
procesos de remoción en masa, deslizamientos en Cárcavas y baja aptitud para el
desarrollo de edificaciones.

Estas áreas corresponden al cañón del río Anaime en donde se propone la
construcción de un nuevo viaducto, la zona de taludes en el costado sur del Cerro de
la virgen, en donde se proponen cortes de más de 30 m de altura, la zona del portal
del túnel que se propone en este mismo macizo, y zonas del casco urbano, todas

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ellas previamente declaradas como altamente susceptibles a fenómenos de
desestabilización […]”89.

63. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.

64. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo 30
de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”, sin
perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las deficiencias
probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios indispensables para
proferir sentencia de mérito.

65. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado90, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones
de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá
las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y
con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo
establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez
podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho

89 Cfr. Cuadernillo folio 1034 del cuaderno núm. 5 del expediente físico.
90
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.

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colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”91
(Destacado fuera de texto).

66. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y 30
de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167 de
la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta Sala
de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202092.

67. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los
requisitos que soportan su procedencia.

68. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la
señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo y no pueden ser hipotéticos en tanto la amenaza
y la vulneración debe ser real y probada.

69. Como cuestión previa, la Sala destaca que el juez de la acción popular no es
un juez de legalidad de los actos administrativos, pues esta competencia recae en el
juez de lo contencioso administrativo; ello, sin perjuicio de la posibilidad por parte de

91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010,

NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de

2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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la Sala de adoptar otras medidas tendientes a la superación de la amenaza o de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos en aquellos eventos en que se
constate que un acto administrativo es la fuente de vulneración o amenaza.

70. En relación con el interrogatorio al señor Julio Cesar Montañez, parte actora
en este proceso, la Sala aclara que este será valorado de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y teniendo en cuenta que, por tratarse de una acción pública, el actor
popular no tiene la disposición de derechos sobre la comunidad ni es competente
para confesar a nombre de ella.

71. El actor popular manifiesta que el juez de primera instancia ignoró sus
alegatos de conclusión en los que expuso las razones por las cuales se probaba la
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados y esa omisión llevo a
que el Tribunal llegara a la conclusión “[…] de que no existen planos y diseños que
le permitan al juez avizorar por lo menos una amenaza […]”; por el contrario, se probó
en el proceso que los diseños y estudios en relación con el paso urbano de
Cajamarca en el K15+100 y el K30+078 en donde se realizará la construcción de la
segunda calzada y la rehabilitación del paso urbano, se encuentran en etapa de
factibilidad, es decir, son estudios preliminares.

72. En consecuencia, entre el concedente Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI y el concesionario la Sociedad APP GICA S.A. se suscribió el contrato de
concesión núm. 002 de 2015 el cual tiene por objeto según su alcance, los Estudios,
diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental
de la segunda calzada de la vía Ibagué - Cajamarca; y la operación y mantenimiento
del sistema vial Variante Chicoral, Variante Gualanday, Gualanday -Ibagué,
Gualanday - Espinal, Variante Picaleña, Ramal Norte y trazado existente Ibagué-
Cajamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.

73. Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, la fase 2 de factibilidad
es la etapa previa a la elaboración de los diseños definitivos o de fase 3, quiere decir
que, el objetivo concreto de la fase 2 es la decisión final de continuar o no con el
proyecto, si ello es así se debe continuar a la siguiente fase para la elaboración de
los diseños de detalle definitivos del proyecto.

74. En efecto, de las pruebas recolectadas en el proceso se demostró que la
concesionaria tenía un plazo para presentar los diseños geométricos fase 3 o de
construcción hasta el año 2020; en ese sentido, a la fecha en que se presentó la
demanda no se tenía certeza del diseño definitivo y de detalle para derivar una

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amenaza a los derechos colectivos invocados en los términos solicitados por el actor
popular.

75. La Sala aclara, en relación con noticia de prensa allegada por el actor popular
como prueba, que estas solamente dan cuenta de la existencia de la noticia y no de
la certeza sobre la información en ella contenida93. Es por ello que arribar a la
conclusión de la no inclusión de los elementos de detalle de la vía sin tener los
estudios definitivos, indica la falta de acervo probatorio que acredite la afectación de
los derechos colectivos. En todo caso, la formulación del proyecto evidencia que los
elementos sin escala que tendrá la nueva calzada, según el proyecto son los
siguientes:

76. En consecuencia, se expidió la licencia ambiental en la cual se consignó el
trámite por medio de la cual se solicitó la sustracción del área de reserva forestal y
se impuso el deber de desarrollar un plan definitivo de compensación y restauración
además del aprovechamiento forestal, lo que no significa que se esté probando o
produciendo un daño ambiental el cual requiera de mitigación porque, se reitera, se
trata de un proyecto que, para la fecha en que se presentó la demanda, se
encontraba en fase de estudios de factibilidad, no definitivos.

77. Por lo anterior, le asiste razón al Tribunal cuando determinó la inexistencia de
prueba que acredite la afectación al medio ambiente, teniendo en cuenta que esta
acción no se orienta a controvertir los diseños definitivos sino diseños previos propio
de fases de estudio o de factibilidad, por lo que llegar a conclusiones frente a la

93 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, NUR

11001-03-15-000-2011-01378-00; C.P. Susana Buitrago.

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posible afectación ambiental o de otro tipo se enmarcaría en un escenario hipotético,
que extralimita el mecanismo de protección de los derechos colectivos.94

78. Ahora bien, en relación con la valoración de los testimonios se realizará según
las reglas de la sana crítica teniendo en cuenta lo establecido por esta Corporación95.
Tanto la Gerente Técnica como la Directora Ambiental de la concesión APP GICA
S.A. en su calidad de testigos técnicos, coinciden en que el proyecto tiene como
alcance la construcción de una segunda calzada y no de una doble calzada, que en
relación con los diseños estos se encontraban en fase 2 de factibilidad y como se
reitera estos no son los diseños definitivos y que fueron suficientes para la expedición
de la licencia ambiental; estos relatos fueron coherentes, no se contradijeron entre
sí, describieron el entorno espacial y temporal en el que se desarrollan los hechos y
los datos manifestados pueden ser corroborados por medio de otros elementos
probatorios. Respecto del interrogatorio de parte practicado al actor popular, se limitó
a realizar pronunciamientos a su favor.

79. Reafirma lo anterior, el dictamen pericial allegado al proceso en el que se
determinó que a la fecha no hay evidencia de intervención en la zona urbana de
Cajamarca para la ejecución de los diseños fase 2 y advirtió que estos no
corresponden a los planos constructivos sin los cuales no es posible intervenir los
subsectores que corresponden al paso urbano. Igualmente indicó que a la fecha no
se está adelantando adquisición predial.

80. En suma, el perito determinó en su informe que, “[…] el diseño de la Segunda
Calzada en el paso urbano por Cajamarca, se encuentra a nivel de elaboración de
diseños para llegar al resultado final teniendo en cuenta la licencia ambiental
aprobada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Así las cosas,
los diseños entregados por esa sociedad no muestra el detalle constructivo de
segunda calzada Ibagué – Cajamarca, dado que para este tipo de proyectos el
perfeccionamiento de los diseños se realiza en fase III o bien llamada en el gremio
como diseños constructivos, información que al momento de esta diligencia la
sociedad APP GICA no ostenta, puesto que estos deben ser entregados para
(sic) año 2020, según lo que estipula el contrato bajo el esquema de Asociación
Público Privada No. 002 del 12 de febrero de 2015 […]”.

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera, sentencia del 11 de abril de 2024,

NUR 11001-03-15-000-2011-01378-00; C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
95 Consejo de Estado; Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 2019, NUR 08001-23-33-000-2014-

01034-01(4422-16).

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81. Además, el cuadernillo de información complementaria del proyecto paso vial
urbano por el Municipio de Cajamarca – Tolima, determinó que el paso por el
corredor central ofrece condiciones de estabilidad como la alternativa más
conveniente por no existir limitaciones de orden geológico y geotécnico.

82. Por lo tanto, para la Sala, el actor no cumplió con la carga probatoria exigida
para determinar la existencia de vulneración o amenaza de los derechos e intereses
colectivos invocados y, por el contrario, verificada la solicitud inicial, lo que se
evidencia es que la fundamentación versa sobre una situación hipotética de
vulneración o amenaza derivada de una fase preliminar, no definitiva, de un proyecto
de construcción vial.

Respecto de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de
ilegalidad del artículo 2 del Decreto 2201 de 2003 compilado en el artículo
2.2.2.1.2.8.2. del Decreto 1077 de 2015

83. El actor popular expresó que el artículo 2 del Decreto núm. 2201 de 2003 es
contrario al artículo 288 de la Constitución Nacional, según el cual las competencias
atribuidas a las entidades territoriales serán ejercidas conforme con los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El decreto en mención fue objeto de
demanda de nulidad ante esta Sección96 y en la sentencia se determinó que: “[…]
[e]l Decreto no está señalando que los proyectos, obras y actividades de que él se
ocupa se ejecuten por fuera o en contravía de los planes de Ordenamiento Territorial,
sino que está dándole desarrollo al aludido artículo 10 en cuanto a la sujeción o
armonización que tales planes le deben a esos proyectos, obras y actividades que
se enmarcan en las determinantes que se fijan en la ley.

84. El artículo 288 de la Constitución Política es desarrollado por la Ley 388, la
cual tiene como objetivo “[…] [p]romover la armoniosa concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes […]”,
precisamente en el artículo 10° sobre las determinantes de ordenamiento territorial
los municipios y distritos en la adopción de sus planes de ordenamiento territorial
deben tener en cuenta el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas

96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de

2010, NUR 11001-03-24-000-2005-00185-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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relativas a la red vial nacional lo cual constituye una norma de superior jerarquía, lo
que implica sujeción a la norma nacional. En el caso concreto, las determinantes
relacionadas con la red vial nacional son aspectos de interés social y general y
comportan obras que son susceptibles de ser declaradas de utilidad pública o social,
lo cual se configura en el caso que se analiza, porque la Resolución núm. 378 de
2015 resolvió declarar de utilidad pública e interés social el proyecto de Segunda
Calzada Ibagué – Cajamarca con la finalidad de mejorar la capacidad de
infraestructura de transporte.

85. En suma, para la Sala resulta improcedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad solicitada por el actor popular de acuerdo con lo indicado en
líneas previas.

86. Ahora bien, en relación con la excepción de ilegalidad, como se estableció
previamente el juez de la acción popular no es el competente para analizar la
legalidad de los actos administrativos, más aun cuándo del decreto que solicita sea
inaplicado, ya fue objeto de pronunciamiento por esta Sección a través de la acción
de nulidad.

86.1. En esa oportunidad la pretensión iba dirigida a determinar la violación de los
artículos 189, numeral 11, y 287 de la Constitución Política, así como los artículos 10
y 20 de la Ley 388 por parte del Decreto 2201 de 2003 y se concluyó que “[…] se
evidencia que el decreto enjuiciado se enmarca en ese artículo 10, toda vez que en
lo referente a "Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de
utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación.", no hace
más que explicitar la primacía de la voluntad del legislador y la consecuente relación
de subordinación a ésta, así como la coordinación y previsión o planeación que el
ordenamiento jurídico, en especial el precitado artículo 10, le impone a los municipios
y distritos para la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento territorial.
En otras palabras, el Decreto le está dando desarrollo a las determinantes señaladas
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en cuanto se trate de los mencionados
asuntos, obras o actividades que correspondan a esas determinantes, cuya
ejecución le corresponda a la Nación, los cuales deben ser tenidos como norma de
superior jerarquía en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial por los
municipios en virtud de dicho artículo y no del decreto […]”.

86.2. En ese orden, se negó la pretensión de nulidad por no existir exceso en el
ejercicio de la facultad reglamentaria ni violación de la norma reglamentada por la
falta de correspondencia material.

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87. Por esta razón, la Sala considera, por un lado, que no se probó la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos; y, por el otro, que no es
procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad, de
acuerdo con los argumentos explicados en líneas precedentes. Por ende, se
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.

88. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones

89. La Sala considera que, en este caso concreto, no se encuentra probada la
existencia de vulneración o amenaza de los derechos colectivos al goce del espacio
público y utilización y defensa de los bienes de uso público; el goce de un ambiente
sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución; a la seguridad y salubridad pública, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y a la realización de
construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes en relación con los
estudios y diseños para la construcción de la doble calzada Ibagué – Cajamarca,
específicamente en el paso urbano por la zona de Cajamarca por no incluir según el
actor popular, las zonas de retiro, vías de servicios, carriles de aceleración y
desaceleración, elementos físicos de separación de las vías, espacios para siembra
de semillas y arbustos para conservación del medio ambiente, bermas y andenes
peatonales y en general, todos los elementos que la ley y la técnica ordenan para
este tipo de vías, razón por la cual se confirmará la sentencia de 29 de enero de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de enero de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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