Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00260-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00260-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2016-00260-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
22 de enero de 2026
.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 73 001 23 33 000 2016 00260 01
Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: El revisor fiscal no ejerce gestión fiscal
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de
los actos acusados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General de la
República en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., actuando por conducto de apoderado,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por
el artículo 138 del CPACA interpuso demanda en contra de la Contraloría General de la
República y, para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
«[…] 1. Que se suspendan provisionalmente y de manera inmediata el el (sic) Fallo 19 del
24 de septiembre de 2014, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima-
Contraloría General de la República, el Auto 327 del 6 de marzo de 2015 proferido por la
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima - Contraloría General de la República y el
Auto 1146 del 7 de octubre de 2015 de la Dirección de juicios Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva-Contraloría
General de la República.
2. Que se declaren nulos el Fallo 19 del 24 de septiembre de 2014, proferido por la
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima - Contraloría General de la República, el
Auto 327 del 6 de marzo de 2015, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del
Tolima - Contraloría General de la República, y el Auto 1146 del 7 de octubre de 2015 de
la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
1 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001
23 33 000 2016 00260 01. Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO I (…)”, pág. 148.
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Radicado: 73 001 23 33 000 2016 00260 01
Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y cía Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
Fiscales y Jurisdicción Coactiva - Contraloría General de la República, por violación a las
normas constitucionales y legales a las que han debido sujetarse.
3. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho a
SAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ Y CIA LTDA. NIT (…), declarando que no es
fiscalmente responsable y que, por ende, no hay lugar a fallo condenatorio alguno de esa
naturaleza.
4. Que, consecuencialmente, se ordene a la Contraloría General de la República retirar
de sus bases de datos cualquier anotación que haga referencia a mi representada,
derivada o relacionada con los actos administrativos cuya declaratoria de nulidad se
solicita.
5. Que se condene a la Contraloría General de la República a pagar a título de
indemnización por daño emergente por gastos de abogado distintos de sus honorarios,
en cuantía de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MONEDA CORRIENTE,
acreditados con las facturas que se relacionan en el acápite de pruebas.
6. Que se condene a la Contraloría General de la República a pagar a título de
indemnización por daño emergente por honorarios de abogado, en cuantía de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE, acreditados con el
contrato que se relaciona en el acápite de pruebas.
7. Que se condene en costas a la demandada.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales).
Concepto de violación
La parte demandante expuso como cargos de violación los siguientes:
Primer cargo. «Violación al debido proceso, por violación al principio de legalidad»
Citó lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política y expuso que «(…) desde
un principio esta defensa precisó a la Contraloría General de [l]a República que la
responsabilidad fiscal solo puede reclamarse de quienes han ejercido gestión fiscal y que
dicho ejercicio no se circunscribe a una simple disponibilidad material sobre el patrimonio
público (que dicho sea de paso jamás tuvo mi prohijada), sino, que exige una
disponibilidad o titularidad jurídica, es decir, que la persona o sujeto tenga la capacidad
funcional o contractual de ejercer actos de gestión fiscal sobre el patrimonio público; a
punto que si dicha titularidad jurídica no existe o no se tiene mando o decisión de
disponibilidad sobre fondos o bienes públicos (como en el presente caso) no habría
responsabilidad fiscal, sino meramente patrimonial y, en consecuencia, la vía de
reparación que pudiere perseguirse sería la de una acción patrimonial ordinaria o
contractual, a través de la acción civil o a través de una acción penal, pero por fuera de
un proceso de responsabilidad fiscal (…)».
Afirmó que de las pruebas allegadas al proceso se evidenció que la sociedad demandante
«nunca ejerció gestión fiscal», pues no estuvo bajo su titularidad jurídica ni material
recurso alguno de la sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A.
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Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y cía Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
Refirió la jurisprudencia de esta Corporación2 e indicó que el ente de control vulneró el
debido proceso por no aplicar las leyes que regulan la materia al pretender hacer
extensivo el régimen de responsabilidad fiscal a quien, por razón de sus funciones y de
imposibilidad legal y material de ejercer gestión fiscal no puede ser sujeto pasivo de la
responsabilidad fiscal.
Segundo cargo. «Violación al debido proceso por falta de competencia de la
Contraloría General de la República»
Señaló que al no tener la calidad de gestor fiscal la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y
Cía. Ltda. no podía ser sujeto pasivo de responsabilidad fiscal en razón a que no ejerció
bajo ningún supuesto, en ninguna época, de ninguna forma y bajo ninguna modalidad
gestión fiscal.
Citó lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política y señaló que «(…) por
sustracción de materia resulta ostensible la falta de competencia de la Contraloría
General de la República para juzgar a SAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.
(…)».
Acudió a jurisprudencia de esta Corporación3 y concluyó que del pronunciamiento citado
se desprendía que el revisor fiscal no es sujeto pasivo de responsabilidad fiscal; por
consiguiente, el ente de control carecía de competencia para su juzgamiento.
Tercer cargo. «Violación al debido proceso, por apreciación incompleta de las
pruebas»
Manifestó que, sin perjuicio de lo expuesto, las pruebas arrimadas al proceso y
relacionadas por la Contraloría en el fallo controvertido daban cuenta de la existencia de
medios de convicción que fueron parcialmente valorados y otros que ni siquiera se
tuvieron en cuenta.
Alegó que los testimonios de defensa de la gerente de la época de la terminal de
transportes de Ibagué fueron unívocos al precisar que existieron controles permanentes
en la organización, incluidos las conciliaciones bancarias y que se logró demostrar que
el tesorero falsificó información sometida a la supervisión de la revisoría fiscal; que el
tesorero confesó ser el único artífice y ejecutor del desfalco.
Dijo que el ente de control obvió la certificación expedida por el nuevo representante legal
de la Terminal de Transporte de Ibagué en la que constaba que el acá demandante nunca
tuvo bajo su control funcionario alguno de la terminal, no estaba facultado para impartir
órdenes, ni tuvo bajo su responsabilidad autorizaciones previas o funciones similares de
las que pudiese colegirse que su incumplimiento hubiere permitido de alguna forma el
desfalco y, por lo tanto, no ejerció gestión fiscal.
Afirmó que no se valoró en debida forma el contrato de prestación de servicios de
revisoría fiscal suscrito por las partes, por cuanto éste daba cuenta de la inexistencia de
obligaciones de resultado al no estar previstas dentro de su objeto.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de febrero
de 2011. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación nro. 66001 23 31 000 2004 00307 01.
3 Ibidem.
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Demandado: Contraloría General de la República
Indicó que no se apreciaron los memorandos de la revisoría fiscal en los que se sugirió a
la Terminal modificar la asignación de la función de elaborar las condiciones bancarias,
entre otros.
Sostuvo que el solo reconocimiento de la indemnización por parte de las aseguradoras
«(…) constituye plena prueba de que el hurto urdido y ejecutado por el Tesorero de la
TERMINAL, no se logró por dolo o por culpa grave de dicha sociedad, lo que quiere decir
que las controles que la misma desplegó y mantuvo para el amparo de sus recursos
dinerarios, resultaron suficientes para acreditar su diligencia en el desarrollo de sus
actividades (…)».
Cuarto cargo. Violación al debido proceso, por apreciación errada de las pruebas
Adujo que estaba acreditado en el proceso que la firma del revisor fiscal fue la que detectó
la debilidad de los controles internos de la Terminal, al estar previsto en los manuales de
funciones que el tesorero era el responsable de elaborar las conciliaciones bancarias,
pese a que tenía bajo su responsabilidad el manejo de los recursos dinerarios bancarios
y en efectivo.
Señaló que no entendía como concluyó la Contraloría que hubo un comportamiento
permisivo por parte de la sociedad revisor fiscal de la Terminal cuando fue ésta la que
sugirió eliminar de las funciones del tesorero la elaboración de las conciliaciones
bancarias «(…) mecanismo a través del cual logró el confeso delincuente mantener oculta
la sustracción ilegal de los dineros de la Terminal (…)».
Quinto cargo. «Violación al debido proceso por falsa motivación»
Alegó que la Contraloría motivó falsamente su decisión al obviar la inexistencia del
presupuesto de la gestión fiscal y desconoció el artículo 27 del código civil, según el cual,
cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal.
Argumentó que tampoco se probó el nexo causal entre la conducta de la sociedad
revisora fiscal y el detrimento patrimonial de la Terminal, «toda vez que la Contraloría
General de la República adelantó de manera reiterada aseveraciones generales y
abstractas, vulnerando los dispositivos legales que reglan el juicio de responsabilidad
fiscal».
Añadió que, aunque era incontrovertible la existencia del daño por estar plenamente
probado por múltiples medios, como la confesión del autor del desfalco, el reconocimiento
de la indemnización por parte del tercero civilmente responsable y la falsificación de la
documental con la que se hicieron aparecer consignaciones en los libros de bancos por
el tesorero, cosa distinta es que el daño pudiera atribuírsele a la conducta del hoy
demandante.
Adujo que llamaba poderosamente la atención que la Contraloría haya iniciado sus
disertaciones sobre la conducta, al analizar los elementos de la responsabilidad,
precisando que solo las personas que ejercen gestión fiscal son las destinatarias de una
responsabilidad fiscal, pero sustentó el concepto con una sentencia del año 1993
(sentencia C- 529 de 1993), esto es, con un pronunciamiento jurisprudencial proferido 7
años antes de la definición y que en los fundamentos de la decisión debieron traerse a
colación pronunciamientos emitidos con posterioridad a la disposición que se empleó en
el análisis del caso.
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Cuestionó que la Contraloría sustentara la decisión en la sentencia C- 619 de 2002 de la
Corte Constitucional, ignorando que dicha sentencia no tenía la menor posibilidad de ser
aplicada, por cuanto allí se decidió sobre la exequibilidad del grado de culpa inicialmente
previsto en los artículos 4 y 53 de la Ley 610 de 2000.
Indicó que resultaba inaceptable por flagrante violación al principio de legalidad que se
pretendiera sustentar la decisión en la Ley 678 de 2001 que no tenía aplicación en el
caso, en la medida que reglamenta la responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.
Aseveró que la Contraloría no especificó qué actividades adicionales se debieron realizar
por la revisoría fiscal y que solo conceptuó que la revisoría fiscal omitió realizar todos los
controles necesarios para detectar el faltante sin identificar qué controles se omitieron o
en qué consistían.
Añadió que se demostró que la revisoría fiscal al igual que los demás funcionarios de la
Terminal fue víctima de un engaño urdido por el tesorero, quien falsificó la información
en que soportó las conciliaciones bancarias y los informes de tesorería que revisó la
revisoría fiscal, y que la información que se audita es la que pone el usuario de los
servicios de la revisoría fiscal, razón por la que era de su exclusiva garantizar y velar por
la seguridad de tales informes.
1.2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de apoderado, contestó
la demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones, por considerar que carecían
de fundamento fáctico y jurídico y que los actos acusados fueron expedidos con arreglo
a las normas y procedimientos relativos al proceso de responsabilidad fiscal4.
En relación con los cargos invocados indicó lo siguiente:
(i) «En cuanto el actor no es sujeto de responsabilidad fiscal»
Sostuvo que de las diferentes obligaciones como contratista se extrae que a la sociedad
Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., le correspondía establecer controles con el fin de
robustecer el control interno de la Terminal de Transportes de Ibagué, los cuales acorde
con el informe de auditoría presentaron falencias detectadas por el gerente de la terminal.
Aclaró que « (…) el vehículo mediante el cual la instancia de conocimiento vinculó al
proceso de responsabilidad fiscal (…) no es otro distinto que el contrato de prestación de
servicios No. 11 del 01 de abril de 2011, y que como la vinculación del implicado al
presente asunto es a título de contribución como así lo establece el inciso segundo del
artículo 6 de la Ley 610 de 2000, (…) ‘dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público’ (…)».
Alegó que las personas de derecho público y privado al momento de la gestión fiscal
pueden ocasionar un detrimento bajo la esfera de la contribución como lo ha sostenido el
4Ibidem, Archivo PDF “CUADERNO TRIBUNAL TOMO II (…)”, pág. 31.
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Consejo de Estado5, como en este caso, dado que, el Contrato 11 de 2011 estableció
varias obligaciones, entre ellas, implementar mecanismos o controles que no fueron
observados.
Expuso que si se siguiera el argumento del actor se estaría evadiendo la competencia
del ente de control en la revisión de la gestión fiscal de los contratistas que manejan
recursos del Estado, como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia T- 1012 de
2008 y que donde haya recursos del Estado el ente de control tiene la competencia para
auditarlo y el contratista no es ajeno a ello.
• «Del daño»
Precisó que en el auto 707 del 18 de octubre de 2012, de apertura e imputación, se
planteó el daño como el faltante de fondos de tesorería de la sociedad, causada por
violación del principio de registro, devengo o causación y revelación del régimen de
Contabilidad Pública, conforme al numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008, mediante
la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte de
Información Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación; el manual de
funciones de la entidad en los cargos de Tesorero, Jefe Financiero y Contable y Asistente
Administrativa y Financiera; el memorando 147 del 3 de noviembre de 2010 de la gerencia
del Terminal de Transportes de Ibagué S.A., de conformidad con Hallazgo Fiscal 38-06-
19, determinado por la auditoría de la Contraloría General de la República.
• De la conducta
Destacó que las personas que ejercen gestión fiscal son las destinatarias de la
responsabilidad fiscal en caso de la comisión u omisión de sus funciones en procura del
daño patrimonial al Estado, para la cual citó lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 610
de 2000.
Citó en extenso las sentencias C-529 del 11 de noviembre de 1993 y C-619 del 8 de
agosto de 2002 e indicó que como se expresa en ellas, no solo hay que ejercer la gestión
fiscal sino desplegar la conducta activa u omisiva tendiente a un resultado con los
recursos del Estado.
Enunció las consideraciones del auto de apertura e imputación y sostuvo que el Código
de Comercio en su artículo 207 estableció las funciones del revisor fiscal y que una de
ellas es velar porque la empresa cumpla con todas las normas que regulan los actos y
negocios que a diario ejecuta en desarrollo de su objeto social.
Agregó que el artículo 7 de la Ley 1474 de 2011 le impuso al revisor fiscal la obligación
de denunciar actos de corrupción que conozca o que por sus funciones deba conocer,
tanto a la sociedad como a los entes de control.
Relató que «(…) el Revisor Fiscal, en su versión libre expuso, que cumplió con las normas
de auditoria normalmente aceptada; que se realizaron las pruebas selectivas del caso sin
que arrojaran irregularidades en el manejo de los recursos de la empresa; que los
dictámenes realizados fueron fundamentados en los documentos aportados por la
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 27 de marzo
de 2003. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 1996 08485
01.
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entidad; que luego de desaparecido el Tesorero se evidenció que las conciliaciones
bancarias fueron modificadas, porque al hacer la revisión se dejaron marcas que luego
no aparecieron, por ello se realizó una auditoría de fraude que arrojó los resultados que
se comunicaron a la administración (…)».
Consideró que la revisoría fiscal hizo un trabajo a medias porque le corresponde vigilar
que los recursos de la empresa se manejen acorde con el objeto social y las buenas
prácticas.
(ii) «En cuanto a la falta de competencia de la Contraloría General de la República»
Sostuvo que a la Contraloría le corresponde el ejercicio del control fiscal, acorde con los
artículos 267 y 268 de la Constitución Política, y que para las sociedades de economía
mixta está determinado por el artículo 21 de la Ley 42 de 1993 y según se estableció en
el auto 351 del 16 de mayo de 2016, el porcentaje que tiene el Estado en la sociedad
Terminal de Transporte de Ibagué es de 69,63 %, por lo que a la Contraloría le
correspondía ejercer el control fiscal de dicha sociedad.
Advirtió que «(…) en virtud del ejercicio auditor adelantado por la Delegada para el Sector
de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Regional y las
pruebas obrantes en el proceso de responsabilidad fiscal, se estableció que por la
carencia de controles por parte del contratista SAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ y CÍA.
LTDA, se originó la apropiación de unos recursos importantes de la Sociedad Terminal
de Transporte de Ibagué (…)».
(iii) «En cuanto a la apreciación errada e incompleta de las pruebas»
Afirmó que, tal como se evidencia del expediente administrativo, todas las pruebas
solicitadas fueron decretadas y analizadas en conjunto y se extractó lo pertinente de cada
una.
Respecto de la revisoría fiscal, afirmó que como se sustentó en el fallo, no se debía
establecer si existían manuales de procedimiento y de funciones, sino que estuvieran
siendo aplicados y en materia financiera debió realizar las pruebas necesarias para
establecer que los controles y la información que cursaba en el área financiera y en la
tesorería fuera fidedigna para evitar los engaños que a la postre sucedieron.
(iv) «Frente a la falsa motivación»
Manifestó que, los hechos que fundamentaron la decisión fueron reales y están
debidamente probados en el proceso administrativo, que se determinó el daño
patrimonial y quiénes con la gestión fiscal irregular causaron y/o contribuyeron con el
daño.
Que también se probó la existencia de controles previamente determinados y que éstos
fallaron porque las personas encargadas de aplicarlos no los evitaron.
Propuso como excepciones, ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad y la innominada.
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II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 22 de agosto de 2019 dispuso6:
«[…] Primero. DECLÁRESE la nulidad parcial del fallo No. 019 del 24 de septiembre de
2014 y del Auto 327 del 6 de marzo de 2015 proferidos por la Gerencia Departamental
Tolima de la Contraloría General de la República, así como del Auto No. 001146 del 7 de
octubre de 2015 expedido por la Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo que tiene que ver
únicamente con la responsabilidad endilgada a la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y
Compañía Limitada, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
sentencia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Contraloría General
de la República a retirar de sus bases de datos cualquier anotación que repose de la
sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Compañía Limitada en sus bases de datos, con
ocasión de las anteriores decisiones administrativas.
Tercero. CONDENASE en costas a la Contraloría General de la República conforme lo
dispone el artículo 188 del CPACA en concordancia con el Acuerdo No. 1887 del 26 de
junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para lo cual se fija la
suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de agencias en derecho y se ordena que por Secretaría se realice la respectiva liquidación
de los gastos procesales en los términos del artículo 366 del C.G.P. atendiendo
igualmente las precisiones realizadas en (sic) parte considerativa de esta providencia.
Cuarto. DENIÉGUENSE las demás pretensiones demandatorias.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales).
En el análisis sustancial de asunto, se refirió a los hechos probados y a los sujetos
pasivos de control fiscal en los términos del artículo 267 de la Constitución Política, la Ley
42 de 1993, el Decreto 267 de 2000 y la Ley 610 de 2000, así como al alcance de la
gestión fiscal según lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C- 840 de
2001 y C- 832 de 2002.
Destacó que revisado el contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal 011 del 1
de abril de 2011 suscrito entre la sociedad Terminal de Transporte S.A. y Saúl Fernando
Rodríguez Cía. Ltda., se desprendía que el contratista se obligó a realizar las funciones
asignadas por las leyes y los estatutos de la sociedad, en especial las consagradas en
los artículos 207 del Código de Comercio, 38 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 51
de los estatutos de la sociedad.
Sostuvo que las labores establecidas en el marco legal y contractual para la revisoría
fiscal adelantada por Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda. estaban destinadas a velar
por el adecuado desarrollo de las operaciones de la entidad, advertir situaciones
irregulares y presentar informes, las cuales diferían de aquellas que define el artículo 3
de la Ley 610 de 2000 como gestión fiscal y que comprenden verbos rectores tales como
adquirir, planear, conservar, administrar, custodiar, explotar, enajenar, consumir,
adjudicar, gastar, invertir, recaudar.
6 Ibidem.
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Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y cía Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
Trajo a colación la definición de los verbos adquirir, planear, conservar, administrar,
custodiar, explotar, enajenar, consumir, adjudicar, gastar, invertir, recaudar, definidos por
la Real Academia Española y concluyó que el demandante con ocasión de la revisoría
fiscal no tuvo dentro de sus competencias el manejo o administración de recursos y, por
ende, el ejercicio de gestión fiscal.
Adujo que, si bien correspondía a la sociedad demandante hacer el seguimiento a los
movimientos y desarrollo del objeto de la sociedad Terminal de Transporte de Ibagué,
también lo era que nunca administró o tuvo bajo su custodia algún recurso público, pues
estos fueron manejados directamente por los empleados de la Terminal, de acuerdo con
el manual de funciones y asignación de competencias de la entidad.
Resaltó que «(…) no puede desconocer el Tribunal que se presentaron serias
deficiencias en el desarrollo del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal por
parte de la empresa Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., sin embargo, ello no lo ubica
inmediatamente en el plano de la responsabilidad fiscal como lo consideró el ente de
control, en la medida en que no cumplió con uno de los requisitos fundamentales para
ello, pues nunca asumió la titularidad jurídica en el manejo de los fondo[s] o bienes de la
entidad contratante, lo cual además fue ampliamente revelado y reconocido en el curso
del proceso fiscal, donde el propio gerente de la Terminal señaló que no se le entregaron
bienes, manejo de dineros, cajas fuertes, asignación o manejo de claves ante bancos
(…)».
Expuso que en parte alguna del expediente se advierte que la responsabilidad fiscal que
se le atribuyó a la sociedad demandante hubiera sido consecuencia del manejo o
administración irregular frente a los recursos o fondos públicos o del despliegue de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas relacionadas con la gestión fiscal que
se tradujera en una inadecuada conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos
o indebida o irregular recaudación, manejo e inversión de sus rentas, sino que se hizo
descansar en su labor como revisor fiscal, actividad a la que el ente de control dio un
alcance que no correspondía.
Aseguró que, en los términos dispuestos por la jurisprudencia del Consejo de Estado7, el
revisor fiscal «(…) no tiene capacidad decisoria alguna o la posibilidad de vetar las
determinaciones de los responsables frente a los fondos o bienes del erario o puestos a
cargo de la empresa para la cual realiza su labor y por ende de no ejerce gestión fiscal
(…)». (destacado original)
Concluyó que, frente a las deficiencias presentadas por la sociedad Saúl Fernando
Rodríguez y Cía. Ltda. en el desarrollo del objeto contractual con la sociedad Terminal
de Transporte de Ibagué S.A., la Contraloría General de la República pudo acudir a otro
tipo de acciones, pero no al juicio de responsabilidad fiscal, por cuanto, no ejerció gestión
fiscal.
Por lo expuesto, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandada.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de febrero
de 2011. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación nro. 66001 23 31 000 2004 00307 01.
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III. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el demandado interpuso recurso de apelación
que sustentó así8:
(i) «La labor de revisoría fiscal no puede ser objeto de juicio de responsabilidad
fiscal»
Cuestionó que el tribunal considerara que la empresa contratada para realizar la revisoría
fiscal a los procesos de la sociedad Terminal de Transporte de Ibagué no haya hecho
actos de gestión fiscal.
Afirmó que de las diferentes obligaciones del contratista se puede extraer que a la
sociedad Saúl Rodríguez y Cía. Ltda., le correspondía establecer controles con el fin de
robustecer el control interno de la Terminal de Transporte de Ibagué, los cuales acorde
con el informe de auditoría presentaron falencias que fueron detectadas por el gerente
de la Terminal e investigadas en el proceso fiscal.
Agregó que dicha sociedad fue vinculada al proceso en virtud del contrato de prestación
de servicios de revisoría fiscal celebrado el 1 de abril de 2011 y que la responsabilidad
fiscal fue a título de contribución, de conformidad con lo estipulado por el artículo 6 de la
Ley 610 de 2000.
Señaló que no resulta procedente argumentar que solamente se causa daño al
patrimonio público cuando los servidores públicos y las personas de derecho privado
tengan a su disposición la titularidad del manejo de recursos públicos, ya que «(…) en
principio ese puede ser el derrotero que marca la responsabilidad fiscal, pero aunado a
eso también puede darse que las personas de derecho público y privado al momento de
la gestión fiscal puedan ocasionar un detrimento bajo la esfera de la contribución (…)»,
lo que en el caso ocurrió.
Citó lo resuelto en la sentencia 27 de marzo de 20039 y concluyó que la responsabilidad
de los contratistas también es posible a título de contribución, pues el Contrato 11 de
2011 estableció varias obligaciones entre las cuales estaba la de implementar
mecanismos o controles al interior de la entidad.
Argumentó que acoger la postura de la demandante sería evadir la competencia del ente
de control en la revisión de la gestión fiscal de los contratistas que de alguna manera se
involucran con los recursos del Estado como lo ha sostenido la Corte Constitucional10.
Aseveró que, respecto de la calidad de destinatario del proceso fiscal del particular
contratista con el Estado, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado ha sido enfática en sostener no sólo que los contratistas son sujetos
de vigilancia fiscal, sino también que el control sobre la gestión adelantada por las
autoridades públicas y los particulares en la contratación pública se justifica por la
naturaleza misma del control fiscal que fue diseñado para defender el erario y garantizar
8 Archivo PDF “CUADERNO TRIBUNAL”.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 27 de marzo
de 2003. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 1996 08485
01.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-1012 de 2008. C.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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la eficiencia y eficacia los recursos públicos y, para el efecto, citó las sentencias C- 167
de 1995 y C-648 de 2002.
• Del daño
Aludiendo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indicó que «(…) [e]n el Auto 707 del 18 de
octubre de 2012, de apertura e Imputación, se planteó el daño dentro del presente
proceso, como el faltante de fondos de tesorería de la sociedad, causada por violación
del principio de registro, devengo o causación y revelación del régimen de Contabilidad
Pública; conforme al numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2.008, mediante la cual se
adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte de Información Anual
de Evaluación a la Contaduría General de la Nación; las características de la información
contable pública, confiabilidad y razonabilidad, del Régimen de Contabilidad Pública; el
manual de funciones de la entidad en los cargos de Tesorero, jefe financiero y contable
y asistente administrativa y financiera; el memorando 147 del 3 de noviembre de 2010 de
la gerencia del Terminal de Transportes de Ibagué S.A.., de conformidad con Hallazgo
Fiscal No. 38-06-19, determinado por la auditoría de la Contraloría General de la
República (…)».
Anotó que, para determinar el valor actual del faltante de fondos se deben descontar los
valores abonados y probados, es decir, los $80.000.000 de la aseguradora Chartis
Seguros Colombia S.A., las prestaciones sociales por valor de $1`571.342, el ahorro en
el Fondo de empleados por valor de $1`360.114, que sumados arrojan la suma de
$82`931.456, a la que se le debe extraer el valor de las acciones que el Estado posee en
la empresa, es decir, el 69.63 %, lo que arroja la suma de $57`745.173.
Precisó que a los $372`.166.630 por el cual se dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal se le debe descontar el valor abonado en el porcentaje del recurso del Estado, o
sea la suma de $57.745.173, por lo que el valor del daño ajustado es de $314.421.457,
que debe actualizarse.
• De la conducta
Insistió en que las personas que ejercen gestión fiscal son las destinatarias de la
responsabilidad fiscal en caso de la comisión u omisión de sus funciones en procura del
daño patrimonial al Estado, para ello refirió lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 610 de
2000.
Citó en extenso la sentencia C-529 del 11 de noviembre de 1993 y C-619 del 8 de agosto
de 2002 y concluyó que, en este caso, la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda.,
hizo la revisoría fiscal de la sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A. en
cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios 11 de 2011 y que si bien era de
carácter privado sus funciones eran públicas y recaía sobre recursos públicos, al ser una
empresa mayoritariamente estatal.
Insistió en que, el artículo 307 del Código de Comercio contiene las funciones del revisor
fiscal y una de ellas es velar porque la empresa para la que trabaja cumpla con las normas
que regulan los actos y negocios que ejecuta en el desarrollo de su objeto social y que el
artículo 7 de la Ley 1474 de 2011 le impuso al revisor fiscal la obligación de denunciar
actos de corrupción que conozca o que por sus funciones deba conocer.
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Cuestionó que la parte demandante manifestara que hizo la tarea de revisoría, pero que
la información que auditaron no era la correcta porque el tesorero los engañó, y que se
dieron cuenta cuando éste desapareció. Al respecto dijo «(…) entonces para qué se
realiza la auditoría si se confía en la información suministrada, si se basa únicamente en
la información del auditado (…)», reiterando que eso sería un trabajo hecho a medias
porque quien vigila que los recursos de la empresa se estén manejando acorde con el
objeto social y las buenas prácticas es la revisoría fiscal.
Afirmó que «(…) la gestión fiscal no debe ser interpretada como lo manifiesta el Tribunal
Administrativo del Tolima, ya que la misma denota un sentido gramatical y dogmático de
quien contribuye al detrimento patrimonial ya sea por omisión del debido cumplimiento
de las funciones contractuales como es el caso de la demandante (…)».
Argumentó que en el caso no era dable analizar las funciones contractuales en función
de los verbos rectores de la gestión fiscal, ya que como se manifestó en el proceso
administrativo el demandante fue declarado solidariamente responsable fiscal a título de
contribución.
Concluyó que la sociedad demandante sí era pasible del juicio de responsabilidad fiscal
por cuanto para la época del detrimento patrimonial la sociedad Terminal de Transporte
de Ibagué era la revisora fiscal en virtud del Contrato 011 de 2011, cuyas funciones tenían
una relación de conexidad próxima y necesaria para el desarrollo de la gestión fiscal a
manera de contribución del daño al omitir desarrollar correctamente la totalidad de las
funciones contractuales.
(ii) Respecto de la condena en costas
Argumentó que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado 11, al
tasar la condena deben estar acreditados los gastos de representación judicial y que si
bien es cierto reposa un contrato de prestación de servicios, en el proceso administrativo
obra prueba que parte de la labor la ejerció otro abogado distinto al que suscribió el
contrato de prestación de servicios y que tampoco se acreditó que efectivamente se le
hiciera el pago.
Insistió en que, el contrato de prestación de servicios sin la respectiva constancia que
acredite sumariamente el pago efectivo no constituye una verdadera prueba y que por
ello es desproporcional la suma fijada en la condena.
Por lo anotado, solicitó fuera revocado lo decidido por el tribunal de instancia y se
denegaran las pretensiones de la demanda.
El recurso de apelación fue concedido en la audiencia de conciliación a que se refiere el
inciso cuarto del artículo 192 del CPACA, celebrada el 1 de octubre de 2019 por el
magistrado ponente de la decisión de primera instancia, ante la declaración de fallida 12.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 2012-00430 del 5
de abril de 2018.
12Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001
23 33 000 2016 00260 01. Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO III (…)”, pág. 66.
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IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto del 11 de
octubre de 201913 y admitido en proveído del 22 de octubre de 201914.
4.2. Por auto del 24 de enero de 2020, por considerarse innecesaria la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto15.
4.2.1. El apoderado de la Contraloría General de la República al descorrer el traslado
solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia, para lo cual reafirmó los
argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación16.
4.2.2. El apoderado de la parte demandante pidió que se confirme la sentencia de primera
instancia17.
4.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
4.3. El expediente ingresó para fallo el 9 de marzo de 202018.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, atendiendo lo previsto por
los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201919, este último,
modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre 2024 expedido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El fallo 19 del 24 de septiembre de 2014, proferido por la Gerencia Colegiada del
Tolima de la Contraloría General de la República, que dispuso20:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal Solidaria, de
conformidad con el Art[í]culo 53 de la Ley 610 de 2000, contra Arcesio Ceballos Valencia,
identificado con la c.c. No. (…), en su calidad de Tesorero de la Sociedad Terminal de
13 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 3.
14 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 5.
15 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 13.
16 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 20.
17 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 46.
18 Ibidem, Archivo PDF “019CUADERNO PRINCIPAL (…)”, pág. 72.
19 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
20Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001
23 33 000 2016 00260 01. CD FOLIO 225, Documento denominado “20140924_Fallo 019 de 2014(2399-
2420)”, de la carpeta denominada “CARPETA PRINCIPAL 12”, pág. 1.
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Demandado: Contraloría General de la República
Transporte de Ibagué S.A., Augusto C[é]sar Oyuela Zambrano, identificado con c.c. (…),
en su calidad de Jefe Administrativo y Financiero de la Sociedad Terminal de Transporte
de Ibagué S.A.; Melba Amparo Molina, identificada con c.c. (…), en calidad de Gerente
de la Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A.; y Saúl Fernando Rodríguez y
Compañía Limitada, quien realizaba la Revisoría Fiscal de la Sociedad Terminal de
Transporte de Ibagué S.A.; para la época de los hechos, en cuantía de TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($333′463.523), por el daño patrimonial al Estado,
producido como daño emergente ejercido a la Sociedad Terminal de Transporte de
Ibagué S.A., con ocasión de los hechos que son objeto del proceso deProceso (sic) de
Responsabilidad Fiscal verbal No. PRF 2013-00199_2012IN01296/1105, adelantado en
las dependencias administrativas de la Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A.,
según se expuso en la parte motiva de esta providencia.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.2. El Auto 327 del 6 de marzo de 2015, proferido por la Gerencia Colegiada del Tolima
de la Contraloría General de la República “por el cual se resuelve recursos de reposición”,
que resolvió21:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO No reponer, ni modificar y en consecuencia confirmar el
Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 019 del 24 del mes de septiembre de 2014, dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 2013-00199_20121N01296/1105,
adelantado en las dependencias administrativas de la de la (sic) Sociedad Terminal de
Transporte de Ibagué S.A., contra los señores Arcesio Ceballos Valencia, identificado
con la c.c. (…), en su calidad de Tesorero; Augusto Cesar Oyuela Zambrano, identificado
con c.c. (…) como Jefe Administrativo y Financiero de la Sociedad; Saúl Fernando
Rodríguez y Compañía Limitada, con nit (…), como Revisor Fiscal de la Sociedad; y
Melba Amparo Molina, identificada con c.c. (…), en su calidad de Gerente de la Sociedad
Terminal de Transporte de Ibagué S.A., de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: No decretar ninguna prueba dentro del presente recurso,
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en el acápite
correspondiente al desarrollo de los argumentos de la sociedad Saúl Fernando
Rodríguez y Compañía Limitada.
ARTÍCULO TERCERO: Rechazar por improcedente la Nulidad presentada como
argumento del recurso de reposición por parte de [la] sociedad Saúl Fernando Rodríguez
y Compañía Limitada.
ARTÍCULO CUARTO Ejecutar lo ordenado en el artículo cuarto del fallo 019 de 2.014,
enviando el expediente, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, a la
Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República a fin que se
surta el Grado de Consulta, sobre la decisión tomada en el artículo primero de la presente
providencia, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.
ARTÍCULO QUINTO: Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo, con el
objeto que la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República se pronuncie al respecto.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
21 Ibidem, Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO I (…)”, pág. 58.
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Demandado: Contraloría General de la República
5.2.3. El Auto 001146 emitido el 7 de octubre de 2015 proferido por la directora de juicios
fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría General de la República, que en lo pertinente dispuso22:
«[…]ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo No. 019 de fecha
24 de septiembre de 2014 y el Auto No. 327 del 6 de marzo de 2015, proferidos por la
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima dentro del Proceso de Responsabilidad
Fiscal N° 1105, SAE 2013-00199, en relación con los recursos de apelación Interpuestos
por Augusto César Oyuela Zambrano, Saúl Fernando Rodríguez y Compañía Ltda., y
Melba Amparo Molina, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.3. Lo probado en el proceso
5.3.1. El Contrato de Prestación de Servicios de revisoría fiscal
El 1 de abril de 2011 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios de Revisoría Fiscal
011-2011 entre la gerente de la sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A. y el
gerente de la sociedad Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda., allí se consignó lo
siguiente frente a la naturaleza, objeto y obligaciones del contratante y del contratista23:
«[…] PRIMERA.- OBJETO: Por medio del presente contrato el CONTRATISTA se obliga
con la SOCIEDAD a realizar las funciones asignadas por las leyes y los estatutos de la
Sociedad, en especial las consagradas en los artículos 207 del Código de Comercio, 38
de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 51 de los Estatutos de la Sociedad, que comprende
el examen de todas las áreas, operaciones, actos, documentos, registro y bienes de la
SOCIEDAD, con el enfoque y alcance necesarios para emitir la totalidad de las
certificaciones, dictámenes, informes y comunicaciones que del revisor fiscal exige las
normas jurídicas vigentes y los estatutos sociales. SEGUNDA. OBLIGACIONES
ESPECIALES: Mientras esté vigente este contrato la SOCIEDAD se obliga a inscribir y
publicar su nombramiento en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
correspondiente y a su vez el CONTRATISTA se obliga a designar tres contadores
públicos para que, como principal y suplentes, desempeñen el cargo con sujeción a las
normas legales y estatutarias. EL CONTRATISTA podrá cambiar dichas designaciones,
para lo cual avisará oportunamente a la SOCIEDAD. TERCERA. - AUSENCIA DE
SUBORDINACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA tiene el carácter de contratista
independiente y son de su exclusiva responsabilidad los salarios, prestaciones,
indemnizaciones, retenciones en la fuente, aportes parafiscales o cualquier otro pago
similar que se cause o deba hacerse a las personas que emplee para el cumplimiento
de sus obligaciones. CUARTA. - AUTONOMÍA DE GESTIÓN: EL CONTRATISTA
desarrollará su trabajo de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, y teniendo en
cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas, con libertad, autonomía técnica
y administrativa, a las instrucciones compatibles con la naturaleza del cargo que le
imparta el máximo órgano de la SOCIEDAD. EL CONTRATISTA pondrá en conocimiento
de la sociedad un calendario en el que consten las fechas con que esta habrá de
presentarle los documentos que de acuerdo con las normas jurídicas aquel deba
certificar, dictaminar o remitir a terceros. Forman parte de las funciones del
CONTRATISTA, además de las establecidas por la ley y los estatutos sociales, las
concernientes al establecimiento de mecanismos de control operativo eficaz que
22 Ibidem, Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO I (…)”, pág. 76.
23 Ibidem, CD FOLIO 229, Documento denominado “20110101_Contrato_prestación de servicios (folios
172-174)”, de la carpeta denominada “CARPETA PRINCIPAL 1”, pág. 1.
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Demandado: Contraloría General de la República
garanticen el cumplimiento de obligaciones legales y tributarias en forma oportuna y el
adecuado manejo de los negocios sociales en los términos de la ley, los estatutos, las
instrucciones de la asamblea general y de la junta directiva de la SOCIEDAD, incluyendo
su participación en los Comités de Auditoría o Control.
(…)
OCTAVA. OBLIGACIONES DEL REVISOR FISCAL: Además de las funciones previstas
en la ley, los estatutos, la oferta de servicios y el presente contrato, son funciones del
CONTRATISTA, las siguientes: 1. Velar por el adecuado desarrollo de las operaciones
de la sociedad, el cumplimiento de la ley, los estatutos y las instrucciones de la asamblea
de accionistas y la junta directiva de la sociedad. 2. Velar para que los procedimientos y
políticas se ajusten a las necesidades de manejo y control de la información y para estos
propósitos presentar sus recomendaciones sobre los procedimientos de control interno.
3. Informar oportunamente a la SOCIEDAD, a su junta directiva, y a la asamblea de
accionistas de situaciones que esta deba conocer o de irregularidades que puedan
afectar el patrimonio social. 4. Advertir oportunamente a la SOCIEDAD o a quién
competa dentro de la organización las situaciones que puedan afectar su gestión o que
puedan derivar en contravenciones o responsabilidades para la sociedad. 5. Velar por la
adecuada planificación fiscal, y mantener un adecuado control sobre los impuestos
nacionales y municipales que permita el cumplimiento estricto y oportuno de tales
obligaciones, revisar las declaraciones de impuestos nacionales o municipales y, velar
por el cumplimiento de las normas laborales y cambiarias, todo lo anterior con el
propósito de evitar contingencias en estas materias. 6. Velar porque los informes de
gestión de la empresa permitan un adecuado análisis de la situación del negocio, y la
oportuna toma de decisiones. 7. Velar para que se implementen dentro de la
organización las decisiones adoptadas por la asamblea general y que la información que
se presente a consideración de la empresa se realice de acuerdo con los parámetros
establecidos por la misma. 8. Elaborar un plan de trabajo anual en el cual se involucren
todas las actividades propias de la revisoría, coordinando previamente los programas de
control interno con el fin de cubrir las diferentes áreas buscando hacer eficiente el control.
9. Presentar los informes que se requieran cuatrimestrales, individuales, consolidados y
certificados de la empresa y enviar copia de los memorandos de control a la junta
directiva para su información, junto con la respuesta dada por la administración.
(…)
Para constancia se firma el presente contrato en Ibagué, el 1 de abril de 2011.
[…]» (Mayúsculas y negrillas originales)
5.3.2. El proceso de responsabilidad fiscal
Del expediente de responsabilidad fiscal 2012IN01296/1105 se desprenden las
siguientes actuaciones que son relevantes para el caso24:
5.3.2.1. Según el Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular,
2012IN01296 del 13 de junio de 2012, la Contraloría delegada para el Sector
Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Regional de la
Contraloría General de la República practicó auditoria a la Sociedad Terminal de
Transporte de Ibagué S.A., vigencia 2011, y los hallazgos encontrados fueron25:
24 Ibidem.Testigo Documental Cds. Fls. 226-228-230-278.
25 Ibidem, CD FOLIO 229, Documento denominado “20120606_Formato_entrega hallazgo (folios 2-6), de
la carpeta denominado “CARPETA PRINCIPAL 1”, pág. 1.
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«[…] VI. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
¿Qué ocurrió? LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE DE
(Hechos): IBAGUÉ S.A., DURANTE LA VIGENCIA 2011,
PRESENTÓ FALTANTE DE TESORERÍA, REFLEJADO
EN DIFERENCIAS ENTRE SALDOS DE EXTRACTOS
BANCARIOS Y CONTABILIDAD EN CUANTÍA DE
$405.239.433 EVIDENCIADO EN CONSIGNACIONES
FICTICIAS Y CHEQUES NO INCLUIDOS EN LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
¿Cuándo? VIGENCIA 2011
(Fechas) :
¿Dónde? TESORERÍA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE
(Entidad, IBAGUÉ S.A.
Lugares):
¿Cómo? CONSIGNACIONES FICTICIAS Y CHEQUES DEJADOS
(Método): DE REPORTAR EN CONCILIACIONES BANCARIAS
¿Por qué? DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES ESTABLECIDOS
(Causas): POR LA GERENCIA, FALTA DE CONTROL POR EL
JEFE FINANCIERO Y CONTABLE, FALTA DE CONTROL
DE PARTE DE LA REVISORÍA FISCAL DE LA ENTIDAD,
DEFICIENTE CONTROL INTERNO, NO CUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES DE PARTE DEL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(…)
VII. VALOR DEL PRESUNTO MONTO O DAÑO PATRIMONIAL
$405.239.433 CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS
OBSERVACIONES:
EL VALOR DE $405.239.433 CORRESPONDE AL 69,63%, QUE
REPRESENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA (APORTES DEL ORDEN
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL) EN LA COMPOSICIÓN
ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ
S.A.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.2.2. Por auto 707 del 18 de octubre de 2012, la Gerencia Colegiada del Tolima de la
Contraloría General de la República profirió auto de apertura e imputación de
responsabilidad, entre otros, en contra de la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Cía.
Ltda., allí se dispuso26:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aperturar el Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal de
Doble Instancia No. 2012IN01296/1105, adelantado en las dependencias administrativas
de [la] Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A., de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia y los Artículos 97 y 98 de la Ley 1474 del 2011.
26 Ibidem, CD FOLIO 227, Documento denominado “20121018_Auto_apertura imputación_# 707 (folios
970-983)”, de la carpeta denominado “CARPETA PRINCIPAL 5”, pág. 1.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imputar Responsabilidad Fiscal en forma solidaria, de
conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 de 2000 y el numeral a) del artículo 98 de
la Ley 1474 del 2011, por el Daño Patrimonial producido al erario público por la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SE[I]SCIENTOS TREINTA PESOS ($372′166.630), contra Arcesio Ceballos Valencia,
identificado con la c.c. No. (…), en su calidad de Tesorero; Augusto Cesar Oyuela
Zambrano, identificado con c.c. No. (…) como Jefe Administrativo y Financiero de la
Sociedad; Ana Rocío Sánchez Perdomo, identificada con c.c. No. (…) como Asistente
Administrativa y Financiera de la Sociedad; y la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y
Compañía Limitada, con nit (…), como Revisor Fiscal de la Sociedad Terminal de
Transporte de Ibagué S.A.; con ocasión de los hechos que son objeto del proceso de
responsabilidad fiscal No. 2012IN01296/1105, adelantado en las dependencias
administrativas de la Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A., según se expuso
en la parte motiva de esta providencia.
(…)
ARTÍCULO SEXTO: Notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la
Ley 1474 del 2011 y los artículos 67 a 69 del C. C. A., personalmente y/o por aviso el
presente Auto de Apertura e Imputación, haciéndoles saber que contra esta providencia
no procede recurso alguno, a los presuntos responsables fiscales:
(…)
Saúl Fernando Rodríguez y Compañía Limitada, con nit (…), como Revisor Fiscal de la
Sociedad, quien se puede localizar en la (…) de Ibagué.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
Del citado auto se destaca lo siguiente frente a las razones por las que se imputó
responsabilidad fiscal a la sociedad demandante:
«[…] FORMULACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CARGOS:
En relación con los Presupuestos Responsables Fiscales, se han tildado por el equipo
auditor como posibles implicados (…) y la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y
Compañía Limitada, con nit (…), representada legalmente por Saúl Fernando Rodríguez
Rodríguez, identificado con c.c. (…) realiza la Revisoría Fiscal de la Sociedad Terminal
de Transporte de Ibagué S.A. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios
No. 11 del 1 de abril de 2.011.
(…)
4.- SAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA:
Finalmente, se encuentra la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Compañía Limitada,
con nit (...), representada legalmente por Saúl Fernando Rodríguez Rodríguez,
identificado con c.c. no. (…), como aparece en el certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué (f. 211-215) quien realiza
la Revisoría Fiscal de la Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A. en
cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 11 del 1 de abril de 2.011 (f.
172-174), cuyo objeto es "realizar las funciones asignadas por las leyes y los estatutos
de la Sociedad, en especial las consagradas en los artículo[s] 207 del código de
comercio, 38 de la ley 222 de 1995 y en el artículo 51 de los estatutos de la Sociedad,
que comprende el examen de todas las áreas, operaciones, actos, documentos, registro
y bienes de la Sociedad, con el enfoque y alcance necesarios para emitir la totalidad de
las certificaciones, dictámenes, informes y comunicaciones que del Revisor Fiscal exige
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las normas jurídicas vigentes y los estatutos sociales". El contrato tiene un término de 2
años, contados a partir del 1 de abril de 2.011 y un valor de 5 SMLMV más IVA, mensual.
Este contrato no tiene póliza de cumplimiento que lo acompañe.
Si bien el contrato es de carácter privado, sus funciones son públicas y recaen sobre
recursos públicos, al ser empresa con mayoría de recurso estatal.
Se dice que la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la
comunidad, con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le
corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus
componentes y elementos que integran el control interno, en forma oportuna e
independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos
profesionales.
En cumplimiento de dicha labor, la empresa debe de realizar un examen crítico,
sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de
la sociedad, utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe
profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y
economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas
a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de
decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma.
De conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, la revisoría fiscal tiene las
siguientes funciones:
(…)
Lo que significa que tiene que realizar un examen de la información financiera del ente,
incluyendo conciliaciones bancarias, a fin de expresar una opinión profesional
independiente sobre los estados financieros y la evaluación y supervisión de los sistemas
de control con el propósito de que éstos permitan el cumplimiento de la normatividad del
ente; el funcionamiento normal de las operaciones sociales; la protección de los bienes
y valores de propiedad de la sociedad y los que tenga en custodia a cualquier título, entre
otras.
Respecto a las responsabilidades del revisor fiscal, el código de comercio en su artículo
211 contempla que:
"El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus
asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones".
Si en una empresa se comenten irregularidades, es natural que el revisor fiscal tiene la
obligación de tomar las medidas y diseñar los mecanismos que le permitan identificar
dichas irregularidades, por lo que en primer lugar el revisor es responsable de advertir
tales anomalías, y en consecuencia será responsable si no implementa los mecanismos
adecuados de control y vigilancia encaminados a detectar hechos y situaciones
irregulares.
Para el caso en estudio, la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Compañía Limitada, en
ejercicio de la revisoría fiscal omitió realizar todos los controles necesarios para detectar
el faltante, realizado en forma continuada como se reporta en el hallazgo fiscal y por toda
la vigencia de 2011, pues solo se dieron cuenta de dicha anomalía cuando por
memorando de la Gerente de la Sociedad, 022 del 21 de febrero de 2012 (f. 242), se
solicita la verificación y la realización de arqueos para verificar los faltantes de Tesorería,
detectados por la Gerencia el 20 de febrero de 2012. En cumplimiento de dicha orden,
el 12 de marzo de 2012 (f. 244) realizan la conciliación de las cuentas de caja, bancos y
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cartera para determinar un faltante de $452 893.221,18, es decir, que si hubiesen
cumplidos sus obligaciones legales, contractuales y estatutarias, se hubiesen dado
cuenta del faltante en un menor tiempo y con un menor valor, esta omisión, como lo
indica el artículo 6 de la ley 610 de 2000, contribuye a que se produzca el daño
investigado y hace que se enmarque su conducta en la culpa grave y como consecuencia
responda fiscalmente por el faltante en forma solidaria.
[…]». (mayúsculas, negrillas y subrayas originales)
5.3.2.3. Mediante fallo con responsabilidad fiscal 019 del 24 de septiembre de 2014
emitido por la Gerencia Colegiada Departamental del Tolima de la Contraloría General
de la República, se falló con responsabilidad fiscal solidaria en cuantía de trescientos
treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos veintitrés pesos
($333.463.523,00), entre otros, en contra de la sociedad Saúl Fernando Rodríguez y Cía.
Ltda.
5.3.2.4. Por Auto 1146 emitido el 7 de octubre de 2015 por la directora de juicios fiscales
de la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
de la Contraloría General de la República “por medio del cual se resuelve un grado de
consulta y se desatan unos recursos de apelación dentro del proceso de responsabilidad
fiscal No. 1105”, en lo pertinente analizó27:
«[…] 2.2.1. Del recurso de apelación interpuesto por Saúl Fernando Rodríguez y
CIA Ltda.
Solicita el apoderado revocar lo decidido y en su lugar proferir un fallo sin responsabilidad
fiscal a favor de la Sociedad Saúl Fernando Rodríguez y CIA Ltda.; en subsidio de lo
anterior, declarar la nulidad absoluta de lo actuado, por violación al debido proceso, en
los siguientes términos:
Señala que su prohijada, suscribió el 1 de abril de 2011, un contrato de prestación de
servicios profesionales Independientes con la Sociedad Terminal de Transporte de
Ibagué S.A. Así mismo, manifiesta que en virtud del contrato denominado de revisoría
fiscal, esta se comprometió al cumplimiento de las obligaciones de ley. Asignadas al
cargo de revisor fiscal, en ese orden de ideas, solo debería[n] sujetarse a la ley, a los
estatutos y a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, conforme lo previsto en
la cláusula 4ª del mencionado contrato. En consecuencia, no hubo subordinación laboral
entre los pactantes.
Argumenta, que en ejercicio de la revisoría fiscal, su poderdante envió a la Gerencia de
la Terminal, varias comunicaciones, entre las que se destacan la del 13 y 21 de octubre
de 2010 y la de diciembre 13 de 2011, en las que recomienda de manera clara que "Las
conciliaciones bancarias deben ser elaboradas por una persona que no prepare y firme
cheques o maneje dineros"; y. "Asignar la elaboración de las conciliaciones bancarias a
una persona ajena al manejo y contabilización de operaciones bancarias".
Igualmente, alega que en febrero de 2012, se adelantó por parte de la Jefatura
Administrativa y Financiera de la Terminal, una revisión de los certificados de depósitos
a término indefinido CDT constituidos, y que se revelaban en los estados financieros a
31 de diciembre de 2011; en la mencionada actuación, se estableció que el CDT había
sido constituido en los primeros días de enero de 2012 y no antes del 31 de diciembre
de 2011, como lo había documentado y consignado en el sistema de información
contable de la Terminal, el Tesorero, quien confesó el hecho.
27 Ibidem, Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO I (…)”, pág. 76.
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Aduce el censor, que los servicios prestados por Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda.,
fueron de revisoría fiscal, por lo mismo, nunca ejerció algún tipo de gestión administrativa
en la Terminal, ni tuvo bajo su cargo recursos, actividades y/o personal de esa Sociedad.
Considera el apoderado de la revisoría fiscal, que el fallo con responsabilidad fiscal
proferido vulnera el ordenamiento legal colombiano aplicable a la materia, por los
siguientes motivos:
• Hay violación del debido proceso, por transgresión al principio de legalidad.
Sostiene que el artículo 29 de la Constitución Política consagra que toda autoridad
judicial o administrativa, debe respetar el debido proceso de tal manera que se debe
determinar con certeza el cumplimiento de los presupuestos de ley, sin que estos puedan
suponerse, darse por establecidos o aplicarse extensiva o analógicamente, como ocurrió
en el presente caso.
Aduce, que la defensa precisó al funcionario de conocimiento, que la responsabilidad
fiscal solo puede reclamarse a quienes han ejercido gestión fiscal y que dicha actuación
no se circunscribe a una simple disponibilidad material sobre el patrimonio público, sino
que exige una titularidad jurídica, esto es, que la persona o sujeto tenga la capacidad
funcional o contractual de ejercer esos actos de gestión fiscal sobre los bienes o recursos
públicos; a punto que si esta no existe, o no se tiene mando o decisión de disponibilidad
sobre ellos, como en el caso concreto, no habría responsabilidad fiscal, sino patrimonial
y la vía de reparación que pudiere perseguirse sería la una acción patrimonial ordinaria
o contractual a través de la acción civil o penal.
Sostiene que las pruebas arrimadas al plenario evidencian que Saúl Fernando Rodríguez
y CIA Ltda., nunca ejerció gestión fiscal, pues no estuvo bajo su titularidad jurídica, ni
disponibilidad material algún recurso de la Terminal, tal como lo certificó su Gerente en
la prueba que refiere el fallador de instancia dentro del acápite de pruebas, que sin
embargo, al parecer, no tuvo clara al momento de adoptar su decisión.
La primera instancia no probó que su prohijada hubiera adelantado gestión fiscal alguna,
por lo que Saúl Fernando Rodríguez y CIA Lida., no podía ser objeto de un juicio de
responsabilidad fiscal, por esa razón la presente actuación está viciada de manera
insubsanable porque se vulnera el debido proceso, al no aplicar las leyes que en verdad
reglan la materia, al pretender hacer extensivo el régimen de responsabilidad fiscal a
quien no puede ser sujeto pasivo de esa acción.
• Existe nulidad absoluta por falta de competencia de la Contraloría General de la
República respecto de la Sociedad Saúl Fernando Rodríguez y CIA Ltda.
(…)
• Violación del debido proceso, por apreciación incompleta de las pruebas
(…)
• Violación al debido proceso, por apreciación errada de las pruebas
(…)
• Violación al debido proceso por falsa motivación
De la respuesta a los argumentos
Este Despacho de segunda instancia, observa que muchos de los argumentos
presentados en el presente recurso de apelación, fueron los mismos esgrimidos en
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anterior oportunidad al momento de presentar un incidente de nulidad en contra del Auto
No. 351 del 16 de mayo de 2013, y que fueron decantados a través del Auto No. 000604
del 11 de julio de 2013, con el que se confirmó en todas sus partes esa providencia, no
obstante estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:
(…)
Ahora bien, observa este despacho que el apelante refiere en sus alegatos una sola
sentencia que, si bien en ella el Consejo de Estado señala que el revisor fiscal no es
gestor fiscal, no es de unificación jurisprudencial, es más, fue proferida en la oportunidad
de resolver un recurso de apelación en un caso concreto, en el que se pretende la nulidad
y el restablecimiento del derecho.
Ante este contexto y conforme lo expuesto, al no aplicar la Contraloría General de la
República al presente asunto, el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de
Estado, respecto a la no gestión fiscal de la revisoría fiscal, alegada por el recurrente, no
se establece falta de competencia por parte de este Ente de control, en consecuencia,
no se vislumbra violación del debido proceso por transgresión del principio de legalidad.
Se duele la defensa de la revisoría fiscal, de que hay violación del debido proceso porque
las pruebas fueron parcialmente valoradas, que su prohijada y la Gerente de la Terminal
para la época de los hechos, presunta responsable señora Melba Amparo Molina,
manifestaron que existieron controles permanentes, incluidas la[s] conciliaciones
bancarias, así mismo, que el único autor del ilícito fue el tesorero, que no se dimensionó
la certificación del actual Gerente de la Terminal de Ibagué, que no se valoró el contrato
de prestación de servicios de revisoría fiscal, pues en el mismo, no están previstas
obligaciones de resultado y las que se establecieron fueron cumplidas con todos los
alcances previstos en el pacto.
No son de recibo para este Despacho los anteriores alegatos, por cuanto, todas las
pruebas arrimadas al libelo, fueron apreciadas de manera integral, en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, demostraron que si
bien existían controles, debidamente instrumentalizados en manuales de funciones, a
través de memorandos, en la práctica no eran aplicados; basta con analizar lo señalado
por la auxiliar administrativa y financiera y el Jefe administrativo y financiero, los que en
sus respectivas versiones libres, son coincidentes en señalar que las conciliaciones
bancarias no se realizaban y signaban por ellos, sino por el tesorero, así mismo, que el
aspecto de honorabilidad y rectitud de éste, les generaba confianza y no les hacía pensar
que fuera capaz de cometer algún fraude.
Igualmente, no puede dársele a la certificación expedida por el Gerente de la Terminal,
la transcendencia que pretende el recurrente, en razón a que el carácter de gestión fiscal
o de contribución con ocasión de la misma, no lo determina un documento, si no que se
evidencia en el análisis de los hechos, de cara a las funciones, actividades y controles
que debieron desplegarse a fin de que el ilícito no se hubiera producido, o en caso de
presentarse el daño, el haber obrado conforme a las normas y estatutos, ello exime de
responsabilidad.
Es así como encuentra esta Dirección que en la propuesta presentada por la revisoría
fiscal, señala como objetivo de los servicios ofrecidos:
"Desarrollar una revisoría fiscal con el alcance de una auditoria integral, que comprende
dictamen sobre razonabilidad de cifras de estados financieros, evaluación del sistema
de control interno de la entidad, opinión sobre el cumplimiento de la normatividad interna
y externa que le es aplicable, opinión sobre la gestión en el manejo de los recursos en
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concordancia con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como sobre los
actos de los administradores en el logro de los objetivos."
En el alcance del trabajo, entre otros se indicó:
"Evaluar el sistema de control interno para determinar si los controles establecidos por
la entidad son adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en
las operaciones y una adecuada protección de su patrimonio
En el enfoque se contempló entre otros:
"Énfasis en la evaluación de los sistemas de control interno general de la organización."
Así mismo, observa que en el contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal se
pactó:
(…)
Es decir, que conforme a los documentos a los que se ha hecho mención, a la revisoría
le correspondía evaluar el sistema de control interno existente en la Terminal de
Transporte de Ibagué S.A, así como hacer que los mecanismos de control al interior de
la empresa fueran los adecuados para asegurar la mayor eficiencia de sus operaciones
y una adecuada protección de su patrimonio.
Se tiene que el daño fiscal que nos ocupa, fue evidenciado una vez que el Tesorero se
fuera de la Empresa y enviara una comunicación confesando su ilícito y ofreciéndole
disculpas a la Gerente de la Terminal, por lo que ésta, solicita a la revisoría fiscal y a la
jefe de control interno, se realicen los respectivos arqueos y conciliaciones, para
determinar el faltante. Situación que demuestra que si la revisoría Saúl Fernando
Rodríguez y Cía. Ltda., cumplió con sus funciones de control las desarrolló de manera
deficiente, en razón a que la sustracción de los dineros se produjo en forma continuada
a lo largo de todo el año 2011.
De otra parte, se encuentra también que la testigo Luz Aydee Peláez Machuca Jefe de
Control Interno, para la época de los hechos, manifiesta que el Tesorero dejaba unos
cheques en tránsito, duplicaba las conciliaciones bancarias, manipulaba el libro auxiliar
de bancos, hecho que demuestra la gravedad de la debilidad del control ejercido por la
revisoría fiscal, porque eso indica que se atenía únicamente a la información
suministrada por el Tesorero, sin confrontarla con los extractos del Banco, por lo que se
establece que esta deficiencia de control contribuyó a la defraudación del Estado en
cabeza de la terminal, toda vez que esta situación posibilitó el actuar doloso del señor
Luis Arcesio Ceballos.
Aduce también el apoderado de la revisoría fiscal, que resultan idénticas las alegaciones
de su prohijada, con las de la asistente administrativa del área financiera pero que en su
caso fueron desconocidas, en tanto que para la otra fueron acogidas, como si no
existiese identidad material y jurídica entre las dos. Así las cosas, además de una odiosa
e ilegal desigualdad ante la ley, que por si misma es causa eficiente de nulidad procesal,
por lo que se alega, se demuestra de forma incontrovertible la apreciación parcial de las
pruebas arrimadas al proceso, al evaluar la conducta de mi prohijada, la sociedad Saúl
Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., y adoptar la decisión por parte del juzgador del
Despacho."
Frente al anterior reparo, esta Dirección precisa que no es cierto que las alegaciones
sean idénticas, pero si en gracia de discusión se aceptara que lo fueran, no puede
dársele el tratamiento, en razón a que los roles y las responsabilidades en el desarrollo
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de sus funciones son diferentes, en esa misma medida, su contribución a la generación
del daño investigado es de distinta manera. Pero en el presente caso, todo apunta a
señalar que la personalidad del Tesorero infundió confianza en todas las instancias del
Terminal de Transporte de Ibagué, e hizo que se obviaran los controles
correspondientes.
Ahora bien, se encuentra que es cierto que a través de los oficios 179 del 13 de octubre
de 201012, 140910 del 21 de octubre de 2010 (folios 2.137 a 2.143) у 179 del 13 de
diciembre de 2011 (f. 2119-2125), la revisoría fiscal, recomienda asignar la elaboración
de las conciliaciones bancarias a una persona ajena al manejo y contabilización de
operaciones bancarias o a una persona que no prepare y firmen cheques o maneje
dineros, las mismas acreditan parte del cumplimiento de sus funciones, pero no
evidencian que se haya realizado un seguimiento al respecto de esta sugerencia, pues
de haberse hecho se hubiera informado a la Gerencia que el memorando impartido no
se estaba cumpliendo y en el mejor de los casos se hubieran detectado las
irregularidades que se descubrieron cuando se adelantó la auditoria forense, una vez
evadido tesorero.
(…)
Por los anteriores argumentos, no encuentra esta Dirección razones para revocar el fallo
con responsabilidad fiscal proferido, tampoco, para decretar nulidad absoluta de lo
actuado (…).
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.4. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen el a quo declaró la nulidad parcial de los actos acusados en
cuanto encontraron fiscalmente responsable a la sociedad demandante, por considerar
que, conforme al marco legal y contractual y, especialmente del Contrato de Prestación
de Servicios 11 de 2011 no se desprendía que las labores de revisoría fiscal estuvieran
enmarcadas en las definidas por el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 como gestión fiscal.
Consideró también, que, aunque dicha sociedad debió hacer el seguimiento a los
movimientos y desarrollo del objeto de la sociedad Terminal de Transportes de Ibagué,
no ejerció gestión fiscal, en la medida que nunca administró o tuvo bajo su custodia
ningún recurso público.
La Contraloría General de la República apeló la decisión indicando que: (i) la sociedad
Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal
a raíz del Contrato de Prestación de Servicios de Revisoría Fiscal y que de las
obligaciones contractuales se desprendía que debió establecer controles para fortalecer
el control interno de la Terminal de Transporte de Ibagué, que se le endilgó
responsabilidad fiscal a título de contribución porque aunque el contrato era de carácter
privado sus funciones eran públicas y recaía sobre recursos públicos y (ii) que no debió
ser condenada en costas.
Precisado lo anterior, la Sala circunscribirá el estudio de los reproches a lo que fue objeto
de apelación.
(i) En cuanto a las obligaciones a cargo del revisor fiscal
Para efectos de establecer si la sociedad demandante ejerció o no gestión fiscal, bajo la
esfera de contribución, la Sala verifica lo siguiente:
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Del Contrato de Prestación de Servicios de Revisoría Fiscal 011-2011 suscrito entre la
sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A. y la sociedad Saúl Fernando Rodríguez
& Cía. Ltda., se desprende que esta última se obligó a ejercer las funciones previstas en
los artículos 207 del Código de Comercio, 38 de la Ley 222 de 1995, y en el artículo 51
de los estatutos de la sociedad, y de manera especial las siguientes28:
«[…] OCTAVA. OBLIGACIONES DEL REVISOR FISCAL: Además de las funciones
previstas en la ley, los estatutos, la oferta de servicios y el presente contrato, son
funciones del CONTRATISTA, las siguientes: 1. Velar por el adecuado desarrollo de las
operaciones de la sociedad, el cumplimiento de la ley, los estatutos y las instrucciones
de la asamblea de accionistas y la junta directiva de la sociedad. 2. Velar para que los
procedimientos y políticas se ajusten a las necesidades de manejo y control de la
información y para estos propósitos presentar sus recomendaciones sobre los
procedimientos de control interno. 3. Informar oportunamente a la SOCIEDAD, a su junta
directiva, y a la asamblea de accionistas de situaciones que esta deba conocer o de
irregularidades que puedan afectar el patrimonio social. 4. Advertir oportunamente a la
SOCIEDAD o a quién competa dentro de la organización las situaciones que puedan
afectar su gestión o que puedan derivar en contravenciones o responsabilidades para la
sociedad. 5. Velar por la adecuada planificación fiscal, y mantener un adecuado control
sobre los impuestos nacionales y municipales que permita el cumplimiento estricto y
oportuno de tales obligaciones, revisar las declaraciones de impuestos nacionales o
municipales y, velar por el cumplimiento de las normas laborales y cambiarias, todo lo
anterior con el propósito de evitar contingencias en estas materias. 6. Velar porque los
informes de gestión de la empresa permitan un adecuado análisis de la situación del
negocio, y la oportuna toma de decisiones. 7. Velar para que se implementen dentro de
la organización las decisiones adoptadas por la asamblea general y que la información
que se presente a consideración de la empresa se realice de acuerdo con los parámetros
establecidos por la misma. 8. Elaborar un plan de trabajo anual en el cual se involucren
todas las actividades propias de la revisoría, coordinando previamente los programas de
control interno con el fin de cubrir las diferentes áreas buscando hacer eficiente el control.
9. Presentar los informes que se requieran cuatrimestrales, individuales, consolidados y
certificados de la empresa y enviar copia de los memorandos de control a la junta
directiva para su información, junto con la respuesta dada por la administración.
[…]» (Mayúsculas y negrillas originales)
Conforme con lo anterior, se destaca que a la sociedad demandante en calidad de
revisora fiscal, le correspondía velar por el adecuado desarrollo de las operaciones de la
sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A.; que los procedimientos y políticas se
ajustaran a las necesidades de manejo y control de la información y tenía la potestad de
presentar recomendaciones sobre los procedimientos de control interno o informar sobre
irregularidades que afectaran el patrimonio social o la gestión de la sociedad Terminal de
Transporte de Ibagué S.A.
De manera que, la Sala estima que le asiste razón al a quo, en que, contrario a lo
señalado por la parte recurrente, de las obligaciones contractuales no se desprende que
pudiera endilgársele responsabilidad fiscal a la sociedad Saúl Fernando Rodríguez & Cía.
Ltda., a título de contribución, pues no está demostrado que haya administrado o tenido
bajo su custodia algún recurso público o asumido la titularidad jurídica en el manejo de
los fondos o bienes de la entidad contratante.
28 Ibidem, CD FOLIO 229, Documento denominado “20110101_Contrato_prestación de servicios (folios
172-174)”, de la carpeta denominada “CARPETA PRINCIPAL 1”, pág. 1.
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En cuanto a las funciones legales, se tiene que, debía cumplir las señaladas por el artículo
207 del Código de Comercio que dispone:
«[…] ARTÍCULO 207. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor
fiscal:
1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la
asamblea general y de la junta directiva;
2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva
o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento
de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;
3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia
de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;
4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;
5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que
ella tenga en custodia a cualquier otro título;
6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales;
7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente;
8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario, y
9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.
[…]» (Mayúsculas y negrillas originales)
Por lo que, de tales deberes legales tampoco es posible concluir que la sociedad
demandante tuviera bajo su responsabilidad la administración de recursos públicos o que
haya asumido la titularidad jurídica en el manejo de los fondos o bienes de la entidad
contratante.
Adicionalmente, se advierte del auto 1146 del 7 de octubre de 201529 proferido por la
directora de juicios fiscales de la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, que 30«(…) a
través de los oficios 179 del 13 de octubre de 201012, 140910 del 21 de octubre de 2010
(folios 2.137 a 2.143) у 179 del 13 de diciembre de 2011 (f. 2119-2125)», la sociedad
Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda., recomendó en la labor de revisoría fiscal, asignar
la elaboración de las conciliaciones bancarias a una persona ajena al manejo y
contabilización de operaciones bancarias o a una persona que no preparara y firmara
cheques o manejara dineros, situación que no encarna responsabilidad fiscal, ni se
traduce en gestión fiscal, pues no se demostró que manejara o administrara recursos
públicos.
29 «por medio del cual se resuelve un grado de consulta y se desatan unos recursos de apelación dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. 1105».
30 Ibidem, Archivo PDF “020CUADERNO TRIBUNAL TOMO I (…)”, pág. 76.
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La Sala precisa que acorde con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, se entiende por
gestión fiscal, «el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales
del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales». (se destaca)
Ahora bien, para que pueda atribuirse responsabilidad fiscal, deben estar reunidos los
requisitos a que refiere el artículo 5 de la Ley 610 así: -) una conducta dolosa o culposa
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; -) un daño patrimonial causado al
Estado y -) el nexo causal entre los dos elementos anteriores. Al respecto, esta Sección
ha dicho31:
“[…] De lo anterior se coligen tres elementos de la responsabilidad fiscal: i) elemento
objetivo, consistente en que exista prueba que acredite con certeza, por un lado, la
existencia del daño al patrimonio público, y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento
subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado
al menos con culpa y iii) elemento de relación de causalidad, según el cual debe
acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
[…]” (Negrita de la providencia)
En cuanto al daño patrimonial, el artículo 6 de la Ley 610 precisa que debe tratarse de
una lesión al patrimonio público que se representa en el menoscabo, disminución,
pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente e inoportuna; este puede provenir de la acción u omisión de los servidores
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público.
En tal sentido, para endilgársele responsabilidad fiscal a la sociedad Saúl Fernando
Rodríguez & Cía. Ltda., en la labor de revisoría fiscal, debía estar probado que, su acción
u omisión hubiese sido determinante para la causación del daño patrimonial. Al efecto, la
Corte en la sentencia C-840 de 2001, al estudiar la exequibilidad de la expresión
“contribuyan”, título que precisamente la parte recurrente consideró daba lugar a la
imputación a la sociedad demandante, precisó lo siguiente:
“[…] En efecto, el talante descriptivo de la norma censurada no provoca duda alguna en
cuanto al fin primordial de su contenido: definir el daño patrimonial al Estado. Aclarando
que dicho daño puede ser ocasionado por los servidores públicos o los particulares
que causen una lesión a los bienes o recursos públicos en forma directa, o
contribuyendo a su realización. Se trata entonces de una simple definición del daño,
que es complementada por la forma como éste puede producirse. Donde además, no se
hace referencia alguna a las autoridades competentes para conocer y decidir sobre las
responsabilidades que puedan dimanar de unas tales conductas.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de
septiembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 17001-23-31-000-2010-00313-01.
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(…)
La definición del daño patrimonial al Estado no invalida ni distorsiona el bloque de
competencias administrativas o judiciales que la Constitución y la ley han previsto
taxativamente en desarrollo de los principios de legalidad y debido proceso. Por lo
mismo, cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que
tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de responsabilidad
fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa de contribución. En los
demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al patrimonio público no tiene
poder jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado afectados, el proceso atinente
al resarcimiento del perjuicio causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal.
Y la Sala reitera: la responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar respecto
de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para
ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes
del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo que esa especial responsabilidad
está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el
radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y
condiciones prescritos por la ley. Lo cual implica que si una persona que ejerce gestión
fiscal respecto de unos bienes o rentas estatales, causa daño a ciertos haberes públicos
que no se hallan a su cargo, el proceso a seguirle no será el de responsabilidad fiscal,
pues como bien se sabe, para que este proceso pueda darse en cabeza de un servidor
público o de un particular, necesaria es la existencia de un vínculo jurídico entre alguno
de éstos y unos bienes o fondos específicamente definidos. Es decir, la gestión fiscal
está ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados
bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un
particular, concretamente identificados.
[…]” (Subrayas y negrillas ajenas)
Por lo expuesto, se reitera que, no había lugar a establecer responsabilidad fiscal en
cabeza de la sociedad Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda., puesto que no se demostró
que contribuyó de manera directa en la pérdida de recursos públicos o que su acción u
omisión hubiera sido determinante para la causación del daño patrimonial.
Para ello se recuerda que, como lo ha señalado desde tiempo atrás esta Sección, las
actividades a cargo del revisor fiscal no comportan poder decisorio frente a los fondos de
los bienes del erario puestos a cargo de la empresa para la cual realizan la labor. Esto
ha dicho la Sección32:
«[…] son diferentes a las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas de quienes
tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados a la
gestión fiscal de los recursos y bienes públicos, ni tienen el alcance de atribuir al revisor
fiscal capacidad decisoria alguna o la posibilidad de vetar las determinaciones de los
responsables frente a los fondos o bienes del erario o puestos a cargo de la empresa
para la cual realiza su labor.
Adicionalmente la doctrina ha el consenso que existe en Colombia en sentido de que “...
el órgano fiscalizador carece del poder suficiente para oponerse a eventuales
actuaciones irregulares de los administradores...33”.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de febrero
de 2011. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación 66001233100020040030701.
33 Reyes Villamizar Francisco “Derecho Societario” Bogotá, Temis, 2006 Tomo I, pag 684
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Es claro entonces, tal como lo manifestó el Consejo de Estado en providencia del 5 de
noviembre de 1999 que “[s]i bien, de acuerdo a la anterior enumeración de las funciones
del revisor fiscal, se evidencian unas amplias atribuciones en la verificación del desarrollo
del objeto social de la persona en la cual se desempeña, dicho funcionario carece por
completo de facultades administrativas o de representación de la entidad misma, por lo
tanto su gestión integral no puede comprender aspectos ajenos a las funciones propias
de su cargo ni mucho menos a su profesión de contador público”34.
Esto implica que no pueden atribuirse al revisor fiscal responsabilidades fiscales que no
corresponden a la naturaleza de su cargo, lo cual no significa que sea inmune a cualquier
tipo de responsabilidad.
En efecto, el artículo 211 del Código de Comercio consagra la responsabilidad civil del
revisor fiscal al señalar que: “El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione
a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento
de sus funciones”.
Además el revisor fiscal puede incurrir, de hallarse debidamente probada, en
responsabilidad penal según lo previsto en el artículo 212 del Código de Comercio que
establece: “El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes
graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes,
incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos
privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal“.
(...)
Así las cosas, si la Contraloría consideraba que la conducta del actor era irregular bien
pudo acudir a la autoridad que impone las sanciones a los contadores e incluso si así lo
hubiese considerado a las autoridades judiciales, pero no le era dado endilgar
responsabilidad fiscal al actor en tanto su actividad no implica gestión por parte sobre
fondos o bienes del Estado […]».
En tal sentido, dado que no se probó que la sociedad demandante haya ejercido gestión
fiscal o manejado a cualquier título recurso alguno de la sociedad Terminal de Transporte
de Ibagué S.A., para que pudiera endilgársele responsabilidad a título de contribución,
en este punto será confirmada la decisión del a quo.
(ii) Respecto de la condena en costas en primera instancia
La parte recurrente cuestionó la condena por agencias en derecho, indicando que, como
lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado35, para la tasación de este
concepto deben estar acreditados los gastos de representación judicial y, aunque en el
plenario obra un contrato de prestación de servicios, lo cierto es que, en el proceso
administrativo se determinó que parte de la labor de defensa la ejerció un abogado
distinto al que suscribió el contrato y tampoco se acreditó el pago de honorarios.
En relación con este punto, la Sala advierte lo siguiente:
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Julio
Enrique Correa Restrepo. Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 1999. Radicación número: 11001-03-27-000-
1999-015-00(9531)
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 2012-00430 del 5
de abril de 2018.
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(i) En la demanda se formularon como pretensiones:
«[…] 5. Que se condene a la Contraloría General de la República a pagar a título de
indemnización por daño emergente por gastos de abogado distintos de sus honorarios,
en cuantía de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MONEDA CORRIENTE,
acreditados con las facturas que se relacionan en el acápite de pruebas.
6. Que se condene a la Contraloría General de la República a pagar a título de
indemnización por daño emergente por honorarios de abogado, en cuantía de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE, acreditados con el
contrato que se relaciona en el acápite de pruebas.
7. Que se condene en costas a la demandada.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales).
(ii) El a quo resolvió sobre tales pretensiones y explicó:
«[…] analizados los gastos en los que presuntamente incurrió el demandante por
concepto de honorarios para el abogado y gastos de traslado y alojamiento encuentra la
colegiatura que los mismos no corresponden al concepto de daño emergente sino al de
costas procesales, que también fueron solicitadas en la demanda (…).
(…) con el fin de acreditar tales rubros, la parte demandante allegó el contrato de
prestación de servicios de representación judicial Y extrajudicial suscrito con el Dr.
ALVARO HERNÁN TRUJILLO MAHECHA el 31 de mayo de 2013, cuyo objeto consistía
en:
"EL APODERADO se obliga para con la USUARIA, a adelantar la representación de la
misma ante la Contraloría General de la República en calidad de defensor, dentro del
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL DE DOBLE INSTANCIA 2013-
00199 2012IN1296 -1105 y hasta agotar vía gubernativa, adelantar la representación de
la USUARIA ante los jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de
Estado, según sea el caso, de ser requerido impetrar acción judicial en contra de
decisiones o fallos condenatorios dentro del referido proceso.
Y por concepto de honorarios se estableció en la cláusula décima del contrato:
«Honorarios. A título de honorarios, la USUARIA paga al APODERADO suma fija de
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MONEDA CORRIENTE, si el caso se
termina en vía gubernativa, o la suma fija de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000) MONEDA CORRIENTE, si el caso se tramita ante la jurisdicción
contenciosa administrativa (…).
No obstante lo anterior, para la Sala resulta extraño que pese a que el contrato de
prestación de servicios fue aparentemente suscrito entre las partes el 31 de mayo de
2013 cuando ya se encontraba en curso el proceso de responsabilidad fiscal No.
2012N01296/1105 contra Saúl Fernando Rodríguez y Cía. Ltda., la defensa no fue
asumida inmediatamente por el Dr. Álvaro Trujillo Mahecha sino que se adelantó por el
Dr. Francisco Yesid Forero González hasta el 14 de agosto de 201336, misma fecha en
la que el señor Saúl Fernando confirió nuevo poder al Dr. Ernesto Jesus Espinosa
Jiménez para que lo continuara representando y sólo hasta el 31 de octubre de 2013 le
confirió poder en el proceso al Dr. Trujillo Mahecha, quien vino a actuar hasta el 19 de
36 Ver solicitud de aplazamiento a la audiencia de descargos presentado por el Dr. Forero González, carpeta
7, folio 226.
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Radicado: 73 001 23 33 000 2016 00260 01
Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y cía Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
marzo de 2014 en la reanudación de la audiencia de descargos citada por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República.
Estas irregularidades sumadas al hecho que corresponde al fallador acudir para los
efectos de costas procesales a los criterios y tarifas señaladas por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura (Acuerdo No. 1887 del 26 de junio de 2003) y
teniendo en cuenta la naturaleza del litigio, la calidad de la labor adelantada y la duración
de la gestión profesional, llevan a la Corporación a reconocer a favor del extremo
demandante un valor equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de agencias en derecho […]».
(iii) De lo expuesto se observa que, pese a que la parte actora solicitó en la demanda el
reconocimiento, a título de daño emergente, de la suma correspondiente al pago de
honorarios profesionales y otros gastos diferentes de las costas procesales, en la
sentencia de primera instancia no se hizo distinción alguna entre dichos conceptos y
únicamente ordenó el pago de costas.
Esta decisión no fue apelada por la parte actora, de modo que no es posible revisar en
esta instancia pretensiones que no fueron reconocidas por el a quo ni recurridas
oportunamente.
Con todo, la Sala estima pertinente precisar como lo ha señalado esta Corporación que
«(…) sin lugar a duda, los gastos por los servicios profesionales en que se haya incurrido
para la defensa legal (…) constituye un daño emergente que debe ser reparado en la
medida en que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios
prestados»37.
De otro lado, respecto de los gastos reclamados como agencias en derecho causadas
en sede administrativa, la Sala considera que no procede su reconocimiento, por no estar
demostrado su pago, motivo por el cual se revocará lo decidido por el a quo en este
punto, máxime atendiendo lo advertido por el tribunal cuando dijo:
«(…) pese a que el contrato de prestación de servicios fue aparentemente suscrito entre
las partes el 31 de mayo de 2013 cuando ya se encontraba en curso el proceso de
responsabilidad fiscal No. 2012N01296/1105 contra Saúl Fernando Rodríguez y Cía.
Ltda., la defensa no fue asumida inmediatamente por el Dr. Álvaro Trujillo Mahecha sino
que se adelantó por el Dr. Francisco Yesid Forero González hasta el 14 de agosto de
201338, misma fecha en la que el señor Saúl Fernando confirió nuevo poder al Dr. Ernesto
Jesus Espinosa Jiménez para que lo continuara representando y sólo hasta el 31 de
octubre de 2013 le confirió poder en el proceso al Dr. Trujillo Mahecha, quien vino a actuar
hasta el 19 de marzo de 2014 en la reanudación de la audiencia de descargos citada por
la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la
República».
Por las razones explicadas, al no encontrarse acreditado el pago por concepto de
agencias en derecho, la Sala revocará el reconocimiento efectuado en primera instancia.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia
del 29 de agosto de 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente radicación
68001233100020030038701. Entre otras providencias que precisan la materia.
38 Ver solicitud de aplazamiento a la audiencia de descargos presentado por el Dr. Forero González, carpeta
7, folio 226.
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5.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no obstante, para la fecha en
que se profirió la sentencia de primera instancia, - 22 de agosto de 2019-, esta última
modificación no estaba vigente.
A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso, dispone que la condena en
costas está sujeta, entre otras, a las siguientes reglas: - se condenará a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; - debe
ordenarse en la sentencia o en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella,
y - solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
Como lo ha señalado esta Sección39, el criterio objetivo valorativo de la condena en
costas implica que es objetivo, por lo que, no resulta de un obrar temerario o de mala fe,
o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es el resultado de su derrota en el
proceso o en el recurso propuesto, y valorativo, porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro de éste.
Atendiendo lo señalado, la Sala no condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, dado que no se demostró su causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 22 de agosto de
2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima, y en su lugar, NEGAR la condena en
costas decretada en favor de la parte actora, según las razones explicadas en la parte
motiva.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo señalado en precedencia.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de
2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25000 23 41 000 2015 00180 01.
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Radicado: 73 001 23 33 000 2016 00260 01
Demandante: Saúl Fernando Rodríguez y cía Ltda.
Demandado: Contraloría General de la República
CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente
providencia.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de
enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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