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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00407-01

Silencio administrativo negativo: no configuración

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00407-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Fernando Aguirre López en contra del Departamento del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima condenó en costas a la parte demandante. En su lugar, se dispone: NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00407-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

26 de agosto de 2021

SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO – No configuración

[I]ndependientemente de lo resuelto por la entidad sea favorable o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe enunciar el marco jurídico que regula el tema sobre el cual se está cuestionando y contar con un análisis minucioso de lo pretendido, el cual debe ser suficiente, efectivo y congruente. Esta contestación debe estar sujeta a los requerimientos establecidos en la ley, sobre ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la respuesta debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido; y, iii) debe darse a conocer al peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, ha reiterado que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que si transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de su petición, sin que se haya notificado decisión alguna que la resuelva, se entenderá que es negativa y, en consecuencia, se configura la existencia del acto administrativo ficto negativo.(…) Bajo ese contexto, no es dable el argumento que propuso el recurrente, según el cual, se configuró el silencio administrativo negativo, pues, se insiste, a través del Oficio del 1º de febrero de 2016 se le comunicó la determinación que había adoptado la Directora de Asuntos Jurídicos de la entidad demanda en relación con la petición que había efectuado [el 12 de enero de 2016]; en tal virtud, se confirmará lo dispuesto por el a-quo en relación con la excepción de ineptitud parcial de la demanda respecto de la existencia y consiguiente invalidación del acto administrativo de carácter negativo. NOTA DE RELATORIA: Referente al término para contestar las peticiones presentadas conforme a la Ley 1755 de 2015, ver: Corte Constitucional, sentencias T-608 de 2013.

FUENTE FORMAL: LEY 1755 DE 2015 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 83

COMPETENCIA PARA FIJAR LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL - Asambleas Departamentales atendiendo límites del Gobierno Nacional / COMPETENTE PARA FIJAR SALARIOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE NIVEL TERRITORIAL – Gobierno Nacional

[L]a facultad constitucional conferida a las Asambleas Departamentales para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos (en los niveles departamental y municipal), debe enmarcarse en el límite máximo fijado por el Gobierno Nacional en los respectivos decretos anuales de fijación de salarios para los empleados públicos del nivel territorial y, asimismo, la competencia que le corresponde a los gobernadores para la fijación de los emolumentos dentro de los límites establecidos en los artículos 300 y 305 constitucional.(…) [E]l artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 confirió al Gobierno Nacional la facultad de señalar el límite máximo salarial de los servidores de entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos otorgados por el Congreso para este fin y guardando las Equivalencias con cargos similares en las entidades de orden nacional; por su parte las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales establecen las escalas de remuneración de cada cargo en las entidades territoriales.(…) Bajo ese contexto, los límites máximos de la asignación básica fijados por el Gobierno Nacional dentro de la competencia que fue otorgada a través de la Ley 4ª de 1992 fueron concebidos para que las entidades territoriales de una manera armónica, con un estudio previo de sus finanzas, determinaran la escala de remuneración correspondiente a cada una de las categorías de empleo. Esto obedece a lo pronunciado por esta Corporación en donde existe la necesidad de dar cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro (…)” . NOTA DE RELATORIA: Sobre la competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-510 de 1999, M. P Alfredo Beltrán Sierra.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 269 / LEY 87 DE 1994 / LEY 489 DE 1998 / LEY 734 DE 2002 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 150 – NUMERAL 19 - LITERAL E / LEY 4 DE 1992 / LEY 909 DE 2004 / DECRETO 785 DE 2005 / DECRETO 128 DE 2015 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 300 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 305

REAJUSTE DE LA REUMUNERACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ENTIDAD TERRITORIAL / PRINCIPIO DEL TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL / CARGA DE LA PRUEBA

[L]a Sala considera que el legislador al momento en que estableció la jerarquía a la Oficina de Control Interno, fue con el único propósito de que actuara con autonomía a la hora de evaluar, auditar y revisar los procesos y procedimientos dentro de la entidad, mas no para que se entendiera como una libertad económica, pues no hay orden expresa en donde se determine que la remuneración del Jefe de esta dependencia deba ser superior a la fijada dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de las entidades territoriales expedido por el Decreto 785 de 2005, máxime cuando es una dependencia independiente, en este caso, a las demás secretarías que conforman el gabinete departamental.(…) Nótese que el demandante pretende que le sea aplicada el grado de remuneración 04, el cual es propio para los Secretarios de Despacho, sin embargo, se encuentra probado que la remuneración estipulada para el Jefe de la Oficina de Control Interno se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en la nomenclatura y clasificación del nivel directivo de las entidades públicas, además, porque entre otras, si bien el artículo 10 de la Ley 87 de 1993 dispuso que los miembros de esta dependencia estarían escritos al nivel jerárquico más alto de la correspondiente entidad, lo cierto fue que no expresó claro sí tal exigencia debía ser extensible al concepto de categorización de los grados de remuneración determinados para cada uno de los cargos de la correspondiente entidad. Es evidente que la Constitución Política protege el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración acorde con las funciones que realiza, pues ello deviene de la aplicación del principio de la realidad frente a las formas, al igual que el derecho a la igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el principio de remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; sin embargo, se insiste, no hay lugar a un grado de remuneración mayor cuando la ley, ni la estructura administrativa del Departamento del Tolima así lo establece. Así las cosas, se puntualiza que correspondía a la demandante probar, de manera fehaciente e inequívoca que los cargos endilgados en contra del acto acusado son ciertos y que, por lo tanto, procede su retiro del mundo jurídico, dado que la presunción de validez que lo cobija se ha desvirtuado. Empero, tal situación en el caso de autos no ocurrió, toda vez que no existen elementos de juicio que permitan así establecerlo y, por ello, la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda deberá confirmarse.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 73001-23-33-000-2016-00407-01(2396-18)

Actor: FERNANDO AGUIRRE LÓPEZ

Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Trámite: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.

Asunto: Establecer si el Director de la Oficina de Control Interno código 09 grado 02 puede recibir la remuneración del grado 04.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 15 de marzo de 2019, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Fernando Aguirre López en contra del Departamento del Tolima.

ANTECEDENTES.

1.1 La demanda y sus fundamentos.

Fernando Aguirre López, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley 1437 de 2011- presentó demanda con el fin que declare la existencia de los siguientes actos administrativos:

Acto Ficto o Presunto derivado del silencio administrativo negativo respecto de la petición que efectuó el 12 de enero de 2016 en la cual solicitó: (i) la inaplicación del Decreto 644 de 29 de mayo de 2015, por medio del cual se estableció la planta global de empleos de la administración central; (ii) el reconocimiento del grado de remuneración 04, dado el nivel jerárquico que desempeñaba, propio del Director de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993; y, en consecuencia, (iii) la diferencia salarial con el correspondiente reajuste de las prestaciones salariales y prestacionales;

Oficio 145 del 1º de febrero de 2016 a través del cual el Secretario Administrativo del Departamento del Tolima le informó que la Secretaría de Asuntos Jurídicos del mismo departamento que había emitido un Concepto el 28 de enero de 2016, en el cual se le había negado la nivelación salarial.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reconocimiento de la escala salarial más alta del nivel jerárquico prevista, esto es, grado de remuneración 04; (ii) pagar la diferencia salarial causada entre el grado de remuneración 04 y 02 desde el momento de su posesión y hasta cuando finalice su periodo legal; (iii) reliquidar sus prestaciones salariales y prestacionales; y, (iv) dar aplicación a la sentencia en los términos previstos en los artículos 187, 188 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para una mejor comprensión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica del demandante, así:

El señor Fernando Aguirre López prestó sus servicios como Director de Control Interno código 09 grado 02 en el Departamento del Tolima desde el 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, conforme lo establecido por el artículo 8 del la Ley 1474 de 2011.

A su juicio, el Director de Control Interno se encuentra adscrito al nivel jerárquico superior de la entidad territorial, esto es, al Despacho del Gobernador, por ello, su remuneración no corresponde a la posición organizacional que ocupó al serle asignado el grado 02 de remuneración y no el grado 04.

El 12 de enero de 2016 el señor Fernando Aguirre López le solicitó al Gobernador del Departamento del Tolima la nivelación salarial con el correspondiente ajuste de las prestaciones salariales y prestacionales de acuerdo con el grado de remuneración que, a su juicio, le correspondía «grado 04»; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Pese a ello, el 28 de enero de 2016 el Secretario Administrativo le indicó a la Directora de Asuntos Jurídicos del Departamento del Tolima que la Dirección de Control Interno se encuentra adscrita como un organismo independiente, sin que con ello se pueda equiparar o superar a los miembros de las Secretarías Departamentales y, además, porque el grado 04 no se encuentra dentro de la estructura departamental.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53, 58; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Leyes 87 de 1993, 1774 de 2011; y, Decreto 785 de 2005.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto demandado está afectado por los siguientes cargos:

Desconocimiento de las normas en que debería fundarse. Por cuanto la Ley 87 de 1993 impuso el deber de que el Jefe de Control Interno estuviera adscrito a un nivel jerárquico superior en la escala organizacional, de manera entonces que se le debe reconocer al señor Fernando Aguirre López su salario de acuerdo con el grado de remuneración que devenguen los demás empleos del más alto nivel directivo, en aras a que no se vea afectada su independencia. Ahora bien, si las reglas en relación con el empleo no fueran claras, la interpretación favorable sería la remuneración mas alta.

Falsa motivación. La Ley 87 de 1993 dispuso que el Jefe de la Oficina de Control Interno es “(…) un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente ley (…)” esto con el fin de brindarle autonomía e independencia organizacional para cumplir las finalidades del empleo. Bajo ese contexto, el Departamento del Tolima al establecer la estructura de la planta de empleos estableció que la Dirección de Control Interno estaría adscrita Despacho del Gobernador, lo cual conllevaría a recibir el grado de remuneración más alta que existiera en la entidad, en este caso, los Secretarios de Despacho, sin embargo, ello no se ve reflejado con la remuneración asignada.

1.3 Contestación de la demanda.

El Departamento del Tolima, a través de su apoderado, solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos:

Por medio del Decreto Departamental 0327 de 2013 se realizó el proceso de restructuración de la administración central, en donde se dispuso que el máximo grado de remuneración sería el 02, al cual pertenece el señor Fernando Aguirre López, quien además es el único directivo con ese grado de asignación dentro de la entidad, adicionalmente no se puede desconocer que no existe dentro de la estructura departamental el grado de remuneración 04.

Asimismo, los argumentos expuestos en la demanda debieron ser generados a partir de los estudios previos de los procesos de adopción de la estructura orgánica departamental o en el establecimiento de la planta global de empleados de la administración central departamental, por lo cual, el escenario para la reclamación debió realizarse al momento en que se produjeron las modificaciones de la planta de personal a nivel territorial y además central.

Para finalizar, propuso las siguientes excepciones: (i) excepción de legalidad de los actos administrativos, esto dada la presunción de legalidad que se presumen de estos; (ii) cobro de lo no debido; por no existir causa jurídica alguna para la obligación.

1.4 La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 27 de febrero de 2018 declaró probada de oficio la ineptitud parcial de la demanda respecto de la existencia y consiguiente invalidación del acto administrativo negativo en relación con la reclamación efectuada por el demandante el 12 de enero de 2016; negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Lo anterior, con fundamento en los argumentos que se pasan a exponer:

El derecho fundamental de petición tiene como esencia una pronta y oportuna resolución de la cuestión solicitada, por ende, la respuesta que generó el 29 de enero de 2016 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Departamento a la solicitud que presentó el demandante el 12 de enero de 2016 fue una respuesta de fondo, por cuanto, puso en conocimiento del demandante el concepto jurídico por medio del cual se había considerado inviable la petición de nivelación salarial, con fundamento en la estructura orgánica de la administración central y departamental en la cual no existe el código 009 grado 04 que pretende como remuneración.

De otro lado, al examinar material probatorio que obra en el expediente, concluyó, que el cargo ostentado por el demandante, esto es, Director de Control Interno, se encuentra adscrito al Despacho del Gobernador, es decir que se encuentra dentro del nivel de jerarquía más alto del Departamento, por lo mismo, se ciñe a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 87 de 1993.

En otras palabras, la obligación legal de adscripción del Jefe de la Oficina de Control Interno, contenida en la citada normativa, fue cumplida a cabalidad por el ente demandado, pues a través de la Ordenanza 019 de 2012 se aprobó la estructura orgánica del Departamento, la cual “(…) desde el punto de vista organizacional quedó adscrito al nivel jerárquico más alto, sin que dicha normativa determinará tal exigencia para establecer el grado de remuneración. (…)”.

No se puede desconocer que para efectos de remuneración o de régimen salarial aplicable los funcionarios públicos de las entidades territoriales existen disposiciones específicas que lo regulan, en tal sentido, les corresponde a las entidades territoriales, ya sean del orden departamental o municipal, determinar el grado de remuneración de los cargos que conforman su estructura orgánica, ciñéndose a los parámetros establecidos por la Ley y el Gobierno Nacional.

Finalmente, si bien es cierto es imposible para el funcionario judicial modificar los grados salariales de las entidades públicas, en el evento de que el demandante hubiese demostrado que al momento de determinarse el cargo de Director de la Oficina de Control Interno en el grado de remuneración 02 se hubiese vulnerado algunos de los principios orientadores que rigen el sistema salarial de los empleados públicos o que no se hubiesen acatado las tablas de remuneración establecidas por el Gobierno Nacional, habría que haberse accedido a las pretensiones de la demanda, lo cual no es posible en el presente caso, como quiera que no fue probado.

El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación con los argumentos que se exponen a continuación:

Expresó estar inconforme con el a quo al momento en que consideró que se resolvió de fondo su petición a través de un acto simple de comunicación que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica y particular. Bajo ese escenario, sólo habían dos maneras de entender la naturaleza de la respuesta, las cuales son: (i) hay un acto administrativo que es producto de la voluntad de la administración y está integrado por la comunicación y el concepto, que de manera aislada no producen efecto alguno, pero juntos forman la voluntad de la entidad demandada; (ii) si la voluntad de la administración no está contenida en el oficio ni en el concepto, surgió un acto administrativo ficto negativo, como fin de garantizar el acceso a la administración de justicia.

A su turno, el empleo ocupado por el señor Fernando Aguirre López es un empleado del nivel directivo que tiene que desempeñar la formulación de políticas institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos al igual que los secretarios de despacho que también pertenecen a este nivel, luego, si la ley 87 de 1993 estableció el deber de adscripción al nivel jerárquico más alto, tal situación no sólo es desde el punto de vista funcional sino desde la remuneración.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa.

Antes de formular el problema jurídico es necesario examinar si el Oficio del 1º de febrero de 2016 suscrito por Secretario Administrativo de la Gobernación, a través del cual adjuntó el Concepto del 28 de enero de 2016 emitido por la Directora de Asuntos Jurídicos de la misma entidad, constituye un acto administrativo que creó, modificó o extinguió la situación jurídica y particular del demandante en relación con la solicitud de nivelación salarial; y si en virtud de lo anterior, si la petición que efectuó el 12 de enero de 2016 puede constituirse un acto ficto presunto negativo. Veamos:

El 12 de enero de 2016 el señor Fernando Aguirre López solicitó al Departamento del Tolima:

“(…) inaplicar la norma general, contenida en el Decreto No. 649 del 29 de mayo de 2015, por medio del cual se establece la planta global de empleos de la administración central departamental y se establece la planta global de empleos de la administración central departamental y se establecen los cargos por nivel y grado de asignación existentes en la administración central departamental durante la vigencia 2014, 2015 y los que posteriormente sean expedidos con este mismo fin.
2. Solicito al señor gobernador reconocer que la escala de remuneración que le corresponde al señor Fernando Aguirre López debe ser asignada al grado de remuneración 04 y no la del 02 como actualmente está asignada. Lo anterior por cuanto el grado de remuneración solicitado en este escrito es el correspondiente al nivel jerárquico superior al cual pertenece el cargo de director de control interno de conformidad con la ley 87 de 1993 (…)
3. Solicito se reconozca y pague la diferencia salarial del periodo correspondiente entre la fecha de posesión del cargo como director de control interno, esto es, desde el 1 de enero de 2014 y hasta el momento de conclusión del periodo legal.
4. Solicito al señor gobernador se sirva ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales tales como prima de navidad, bonificaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses de las cesantías y demás emolumentos a los cuales tenía derecho el señor Fernando Aguirre López.
(…)”.

El 1º de febrero de 2016 el Secretario Administrativo del Departamento del Tolima, adjuntó el concepto jurídico emitido e 28 de enero de 2016 por la Directora de Asuntos Jurídicos del Departamento en el cual le contesta a aquel de la siguiente manera:

“(…) Doctor
Oscar Iván Arias Buitrago
Secretario Administrativo Departamental
E. S. D.
Asunto: Concepto relacionado con la Dirección de Control Interno
Respetado Doctor:
Esta Dirección recibió la comunicación del asunto, mediante la cual realiza consulta sobre la petición realizada por el doctor Wilson leal Echeverry en nombre y representación del doctor Fernando Aguirre López director de control interno del departamento la cual se resuelve los siguientes términos:
(…) considera este despacho que no es procedente atender favorablemente la petición teniendo en cuenta que el Decreto Departamental 327 de 2013 al establecer la estructura orgánica de la administración central del Departamento del Tolima estableció que la Dirección del Control Interno quedaría adscrita al Despacho del Gobernador, es más, desde la misma creación de dicha dirección y luego de varios procesos de restructuración por los cuales ha pasado la administración central esta condición ha sido inmodificada, de igual forma no es procedente acceder a lo peticionado por cuanto no existe dentro de la estructura departamental el código 009° 04, el máximo grado es 02 al cual pertenece el peticionario siendo el único directivo con este grado de asignación. (…)”.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha afirmado que las peticiones presentadas conforme a la Ley 1755 de 2015 deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción y que el ejercicio de este no se limita a la posibilidad de elevar solicitudes respetuosas a las autoridades, sino también a recibir una respuesta a la solicitud realizada.

En efecto, independientemente de lo resuelto por la entidad sea favorable o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe enunciar el marco jurídico que regula el tema sobre el cual se está cuestionando y contar con un análisis minucioso de lo pretendido, el cual debe ser suficiente, efectivo y congruente. Esta contestación debe estar sujeta a los requerimientos establecidos en la ley, sobre ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la respuesta debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido; y, iii) debe darse a conocer al peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, ha reiterado que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que si transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de su petición, sin que se haya notificado decisión alguna que la resuelva, se entenderá que es negativa y, en consecuencia, se configura la existencia del acto administrativo ficto negativo.

Respecto al caso de estudio y de conformidad con el material obrante dentro del proceso dicho fenómeno jurídico no ha de configurarse en razón a que la entidad demandada le contestó a su petición el 1º de febrero de 2016 junto con el Concepto que había emitido la Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Departamento del Tolima.

Bajo ese contexto, no es dable el argumento que propuso el recurrente, según el cual, se configuró el silencio administrativo negativo, pues, se insiste, a través del Oficio del 1º de febrero de 2016 se le comunicó la determinación que había adoptado la Directora de Asuntos Jurídicos de la entidad demanda en relación con la petición que había efectuado; en tal virtud, se confirmará lo dispuesto por el a-quo en relación con la excepción de ineptitud parcial de la demanda respecto de la existencia y consiguiente invalidación del acto administrativo de carácter negativo.

Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar:

Si el señor Fernando Aguirre López, quien ostentó el cargo de Director de la Oficina de Control Interno código 09 grado 02 de remuneración en el Departamento del Tolima, puede obtener el grado 04 de remuneración.

Para los efectos de desarrollar el anterior problema jurídico, es necesario para la Sala precisar sobre sobre los siguientes aspectos: (i) del Director de la Oficina de Control Interno; (ii) de la remuneración del citado cargo; y, (iii) del caso en concreto.

(i) Del Director de la Oficina de Control Interno.

La Constitución Política en su artículo 209 determinó que la Administración Pública en todos sus órdenes tendría un control interno que sería ejercido en los términos que dispusiera la ley; adicionalmente el artículo 269 ibídem estableció que las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de control interno, por lo que dispuso:

“(…) ARTÍCULO 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas (...)”.

En desarrollo del precepto constitucional, la Ley 87 de 1994 dispuso que el control interno en las entidades y organismos del Estado estaría integrado por un sistema de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por cada entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones de la administración se realizaran de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.

El artículo 8 ibídem estableció que el ejercicio del Control Interno en cada entidad debería regirse por un sistema de evaluación y control de gestión propio de cada entidad según sus características funcionales; por lo que el diseño de los métodos y procedimientos de esta dependencia debían ser independientes a la entidad administrativa a la cual se encuentre adscrita, por tratarse de una obligación de orden constitucional para la administración pública.

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarían como jefe de aquella dependencia a un funcionario público que estaría adscrito al nivel jerárquico superior y elegido por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador, veamos:

“(…) ARTÍCULO 10º. Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley”.
(…)
“ARTÍCULO 11. Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. (modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011)
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador (…)”

En atención a esta normativa, la oficina asesora de control interno juega un papel importante en la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, desde un control estratégico de gestión para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales; además, porque entre otras, es elegido por la máxima autoridad administrativa de la entidad territorial y se encontrará adscrito al nivel jerárquico superior de esta misma, esto con el fin de brindarle independencia funcional-organizacional a ésta, quien es la encargada de auditar y revisar los procesos y procedimientos de las dependencias dentro de la entidad por medio del ejercicio de funciones de auditoría interna.

Por su parte, la Ley 489 de 1998 creó el Sistema Nacional de Control Interno, con el fin de integrar de forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente el funcionamiento del control interno de las instituciones públicas mediante la aplicación de instrumentos de gerencia que contribuyan al cumplimiento de las funciones del Estado.

Finalmente, la Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, dispuso dentro de los deberes de los servidores públicos, lo siguiente:

“(…) 31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen (…)”.

Dicho Sistema de Control Interno encuentra su aplicación en la unidad de coordinación del control interno, que es la encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles; además, asesora a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Dentro de la estructura central administrativa debe representarse de manera gráfica la estructura departamental en la cual se refleja las relaciones jerárquicas y competencias de cada dependencia, la oficina de control interno es el instrumento a través del cual se implementan las políticas y herramientas suficientes para la eficiencia institucional, es por ello que la persona a cargo del control interno dentro de las entidades públicas se encuentra adscrita al nivel superior jerárquico con el fin de otorgarle autonomía a la hora de evaluar, auditar y revisar los procesos y procedimientos dentro de la entidad.

(ii) Remuneración del cargo.

A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos lo establece el Gobierno de conformidad con la ley. Para el efecto, el artículo 150, numeral 19, literal e) señaló que le corresponde al Congreso dictar normas generales y marcar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

Por su parte, el numeral 7º del artículo 300 ibídem dispuso que es función de la Asamblea Departamental fijar las escalas de remuneración de los empleados públicos del departamento y, el artículo 305 numeral 7 ídem, dispuso que es función del Gobernador fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias con arreglo a los acuerdos correspondientes.

A su turno, la Ley 4ª de 1992, respecto del régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial previó lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 2º.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b. El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c. La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d. La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e. La utilización eficiente del recurso humano;
f. La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales;
g. La obligación del Estado de propiciar una capacitación contínua del personal a su servicio;
h. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, su responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k. El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l. La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll. El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa
(…)
Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. (Subrayado de la Sala)”.

Así pues, la facultad constitucional conferida a las Asambleas Departamentales para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos (en los niveles departamental y municipal), debe enmarcarse en el límite máximo fijado por el Gobierno Nacional en los respectivos decretos anuales de fijación de salarios para los empleados públicos del nivel territorial y, asimismo, la competencia que le corresponde a los gobernadores para la fijación de los emolumentos dentro de los límites establecidos en los artículos 300 y 305 constitucional.

Por su parte, el Decreto 785 de 2005 al establecer el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de las entidades territoriales que son regulados por la Ley 909 de 2004 dispuso lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los niveles señalados en el artículo 3º del presente decreto, le corresponde una nomenclatura y clasificación específica de empleo.
Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se identifica con un código de tres dígitos. El primero señala el nivel al cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la denominación del cargo.
Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los grados de asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes denominaciones de empleos”
(…)
ARTÍCULO  16. Nivel Directivo. El nivel Directivo está integrado por la siguiente nomenclatura y clasificación específica de empleos:
Cód.
Denominación
005
Alcalde
030
Alcalde Local
032
Consejero de Justicia
036
Auditor Fiscal de Contraloría
010
Contralor
035
Contralor Auxiliar
003
Decano de Escuela o Institución Tecnológica
007
Decano de Institución Universitaria
008
Decano de Universidad
009
Director Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo
060
Director de Área Metropolitana
055
Director de Departamento Administrativo
028
Director de Escuela o de Instituto o de Centro de Universidad
065
Director de Hospital
016
Director Ejecutivo de Asociación de Municipios
050
Director o Gerente General de Entidad Descentralizada
080
Director Local de Salud
024
Director o Gerente Regional o Provincial
039
Gerente
085
Gerente Empresa Social del Estado
001
Gobernador
027
Jefe de Departamento de Universidad
006
Jefe de Oficina
015
Personero
017
Personero Auxiliar
040
Personero Delegado
043
Personero Local de Bogotá
071
Presidente Consejo de Justicia
042
Rector de Institución Técnica Profesional
(…)”

(iii) Análisis del caso en concreto.

En el sub-lite el recurrente solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial causada por el grado de remuneración que debe tener el Director de la Oficina de Control Interno el cual es, a su juicio, el 04; sin embargo, el a-quo consideró que ello no es viable porque existen normas que regulan el grado de remuneración de los cargos que conforman su estructura orgánica, las cuales se encuentran alineadas a los parámetros establecidos por la Ley y el Gobierno Nacional.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala relacionará el material probatorio que obra en el expediente y luego abordará el planteamiento expuesto por el recurrente.

Por medio de la Ordenanza 019 del 11 de diciembre de 2012 la Asamblea del Departamento del Tolima aprobó la estructura de la administración central, la cual quedó fijada de la siguiente manera:

“(…)

(…)” (Lo resaltado en negrilla fuera del texto).

A través del Decreto 0327 de 4 de marzo de 2013, el Gobernador del Departamento del Tolima, adoptó la estructura orgánica de la administración central, así:

“(…) ARTÍCULO 21. CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. La administración Central del Departamento del Tolima está conformada por las siguientes dependencias.
DESPACHO DEL GOBERNADOR
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS.
2.1. DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
3.1. DIRECCIÓN OPERATIVA
SECRETARIA GENERAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
(…)”

Mediante Decreto 3316 de 31 de diciembre de 2013 el Gobernador del Departamento del Tolima nombró al señor Fernando Aguirre López en el cargo de “(…) DIRECTOR ADMINISTRATIVO, NIVEL DIRECTIVO, CÓDIGO 009 GRADO DE REMUNERACIÓN 02 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, adscrito a la planta de global de empleos de la administración Central Departamental (…)”; cargo del cual tomó posesión el mismo día.

En virtud de los Decretos 0385 del 7 de mayo de 2014 y 644 de 29 de mayo de 2015, la misma autoridad administrativa, estableció la planta global de empleos de la administración central departamental, en la cual se estableció, entre otros, que existiría un Director Administrativo código 009 grado 02 de la siguiente manera:

“(…)
No. DE CARGOS
DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO DE REMUNERACIÓN
DESPACHO GOBERNADOR
1
GOBERNADOR
001
05
2
ASESOR
105
04
1
ASESOR
105
03
5
ASESOR
106
02
2
ASESOR
107
01
1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
03
1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
02
PLANTA GLOBAL
12
SECRETARIO DE DESPACHO
020
04
2
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
055
03
1
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
02
1
DIRECTOR TÉCNICO
009
01
28
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
01
(…)”.

El 12 de enero de 2016 el señor Fernando Aguirre López solicitó al Gobernador del Departamento del Tolima inaplicar el Decreto 644 del 29 de mayo de 2015 y, en consecuencia, el reconocimiento del grado de remuneración 04, dado el nivel jerárquico que desempeñaba, propio del Director de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 con el correspondiente pago de la diferencia salarial y reajuste de las prestaciones salariales y prestacionales.

A través del Oficio 145 del 1 de febrero de 2016 el Secretario Administrativo del Departamento del Tolima adjuntó copia del Concepto emitido el 28 de enero de 2016 por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos del Departamento, en el cual se expresó, concretamente, que:

“(…) el Decreto Departamental 327 de 2013 al establecer la estructura orgánica de la administración central del Departamento del Tolima estableció que la Dirección de Control Interno quedaría adscrita al Despacho del Gobernador, es más desde la misma creación de dicha dirección y luego de varios procesos de reestructuración por los cuales ha pasado administración central esta condición ha sido inmodificada, de igual forma no es procedente acceder a lo peticionado por cuanto no existe dentro de la estructura departamental el código 009 grado 04, el máximo grado es el 02 al cual pertenece el peticionario siendo el único directivo con este grado de asignación. (…)”.

Pues bien, el demandante alegó en el recurso de apelación que si bien la ley ha establecido la necesidad de independencia organizacional para el desempeño correcto de la labor del control interno, el cual se materializa con su ubicación en el nivel jerárquico más alto, ello no debe limitarse a lo funcional, sino que debe reflejarse en la remuneración, es decir, debe percibir lo mismo que quienes se encuentran en el mismo nivel jerárquico.

Para efectos de despejar tal argumento, la Sala considera necesario precisar que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 785 de 2005 «por el cual se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004», otorgó la nomenclatura de código 009 al cargo de «Director Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo», el cual más tarde por medio de los Decretos 0385 de 2014 y 0644 de 2015 fue denominado dentro de la planta global de empleos del Departamento del Tolima.

Adicionalmente, al examinar la Ordenanza 019 de 2012 y el Decreto 0644 de 29 de mayo 2015, expedidos por la Asamblea del Departamento del Tolima y el Gobernador del Departamento del Tolima, respectivamente, es dable concluir que dentro de la planta de empleos del Departamento del Tolima, el cargo de Director de Control Interno se encuentra adscrito al Despacho del Gobernador, por lo mismo, se encuentra ajustado a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 87 de 1993, el cual señaló que el “(…) Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno (…) será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley (…)”.

Ahora, tal y como se mencionó en el anterior acápite, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 confirió al Gobierno Nacional la facultad de señalar el límite máximo salarial de los servidores de entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos otorgados por el Congreso para este fin y guardando las equivalencias con cargos similares en las entidades de orden nacional; por su parte las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales establecen las escalas de remuneración de cada cargo en las entidades territoriales. Así lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-510 de 1999 en los siguientes términos:

“(…) 4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional (…)”.

Bajo ese contexto, los límites máximos de la asignación básica fijados por el Gobierno Nacional dentro de la competencia que fue otorgada a través de la Ley 4ª de 1992 fueron concebidos para que las entidades territoriales de una manera armónica, con un estudio previo de sus finanzas, determinaran la escala de remuneración correspondiente a cada una de las categorías de empleo. Esto obedece a lo pronunciado por esta Corporación en donde existe la necesidad de dar cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro (…)”.

Por ende, la Sala considera que el legislador al momento en que estableció la jerarquía a la Oficina de Control Interno, fue con el único propósito de que actuara con autonomía a la hora de evaluar, auditar y revisar los procesos y procedimientos dentro de la entidad, mas no para que se entendiera como una libertad económica, pues no hay orden expresa en donde se determine que la remuneración del Jefe de esta dependencia deba ser superior a la fijada dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de las entidades territoriales expedido por el Decreto 785 de 2005, máxime cuando es una dependencia independiente, en este caso, a las demás secretarías que conforman el gabinete departamental.

Sobre el particular, el Decreto 128 de 2015, suscrito por el Gobernador del Tolima, al fijar el incremento salarial de acuerdo a las escalas de remuneración correspondiente dispuso:

GRADO
DIRECTIVO
01
4.985.303
02
6.023.025 «lo que devengaba el demandante»
03
6.675.083
04
8.499.729 «lo que pretende el demandante»

Nótese que el demandante pretende que le sea aplicada el grado de remuneración 04, el cual es propio para los Secretarios de Despacho, sin embargo, se encuentra probado que la remuneración estipulada para el Jefe de la Oficina de Control Interno se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en la nomenclatura y clasificación del nivel directivo de las entidades públicas, además, porque entre otras, si bien el artículo 10 de la Ley 87 de 1993 dispuso que los miembros de esta dependencia estarían escritos al nivel jerárquico más alto de la correspondiente entidad, lo cierto fue que no expresó claro sí tal exigencia debía ser extensible al concepto de categorización de los grados de remuneración determinados para cada uno de los cargos de la correspondiente entidad.

Es evidente que la Constitución Política protege el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración acorde con las funciones que realiza, pues ello deviene de la aplicación del principio de la realidad frente a las formas, al igual que el derecho a la igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el principio de remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; sin embargo, se insiste, no hay lugar a un grado de remuneración mayor cuando la ley, ni la estructura administrativa del Departamento del Tolima así lo establece.

Así las cosas, se puntualiza que correspondía a la demandante probar, de manera fehaciente e inequívoca que los cargos endilgados en contra del acto acusado son ciertos y que, por lo tanto, procede su retiro del mundo jurídico, dado que la presunción de validez que lo cobija se ha desvirtuado. Empero, tal situación en el caso de autos no ocurrió, toda vez que no existen elementos de juicio que permitan así establecerlo y, por ello, la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda deberá confirmarse.

Condena en costas.

El numeral tercero de la parte resolutiva del fallo controvertido condenó en costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a-quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la demandante, quien formuló sus pretensiones de manera seria desde el punto de vista jurídico. Por consiguiente, se revocará el numeral tercero que condena en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las consideraciones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Fernando Aguirre López en contra del Departamento del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima condenó en costas a la parte demandante.

En su lugar, se dispone:

NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Visible en el folio 285 del expediente. Visible a folios 2 al 114 del expediente. El abogado Wilson Leal Echeverry.
“(…) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones (…)”. La vinculación se efectuó en la administración central del Departamento del Tolima, código 009, grado de remuneración 02 mediante Decreto 3316 del 31 de diciembre de 2013.
“(…) Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
(…)
ARTÍCULO  8. Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción. Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.
(…)”. (Lo resaltado en negrilla y subrayado, fuera del texto).
“(…) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones (…)”. Ibídem. Artículo 10, Ley 87 de 1993
Visible a folios 62 a 71 del expediente. Decreto 0644 del 29 de mayo de 2015. Visible a folios 239 al 248 del expediente.
“(…) ARTÍCULO 10º. Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley. (…)”. Visible a folio 162 a 170 del expediente. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias T-608 de 2013, T-794 de 2013 y T-392 de 2017.
“(…) Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-114 de 2018, M. P. Dr. Carlos Bernal Pulido
“(…) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones (…)”.
“(…) Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. (…)”.
“(…) Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. (…)”.
“(…) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. (…)”. Visible a folio 15 a 16 del expediente. Visible a folios 83 a 96 del expediente. Visible a folios 12 y 13 del expediente. Visible a folio 14 del expediente. Visible a folios 18 a 20 y 28 a 30 del expediente, respectivamente.
“(…) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones (…)”. Visible a folios 5 a 10 del expediente. Visible en folio 2 a 4 del expediente.
“(…) Por medio del establece la planta global de empleos de la Administración Central Departamental (…)”.

Ibídem
Las Asambleas y Concejos municipales porque así lo autorizan lo ordinales 7 y 6 de los artículos 300 y 313 de la Constitución Política, respectivamente. Y los alcaldes y gobernadores tienen esa facultad por mandato de los ordinales 7 de los artículos 305 y 315 de la misma normativa. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-510 de 1999, M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección 'B', sentencia de 6 de diciembre de 2012, expediente. 2161-11, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve

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