Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2016-00451-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá DC, veintisiete (27) de enero de dos mil vein tidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2016-00451-01 (3918 -2017)
Demandante: JOSÉ HENRY OTAVO CAPERA
Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓ N
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO , DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
Temas: RECONOCI MIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN
DOCENTE
SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A/LE Y 1437 DE 2011
I. AS UNTO
La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por
la entidad accionada en contra de la sentencia de 4 de julio de 2017 ,
prof erida por el Tribunal Administrativo del Tolima 1, que accedió a las
súplicas de la de manda instaurada por el señor José Henry Ota vo
Capera, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento del Tolima.
II. ANTECEDE NTE S
2.1. La demanda 2.
2.1.1. Pretensiones.
El señor José Henry Otavo Capera , po r intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3 solicit ó
declarar la nulidad de los actos administrativo s contenido s en los of icios
Nos. SAC 2013EE19316 23 de octubre de 2013 y SAC 2016EE1600 del
1
Con ponencia del magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez
2
Folios 13 a 18.
3
«Por la cual se expi de el Códi go de Procedi m iento Adm inistrativo y de lo Contencioso
Administrativo».
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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00451-01
Número interno: 3918-2017
Demandante : José Henry Otavo Capera
9 de f ebrero de 2016 por medio de los cuales la Secretaría de Educación
del Tolima negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación .
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, pidió que se reconozca y pague la
pensión de veje z con inclusión de to do lo deven gado en el último año
de servicios , con e f ectividad a partir del 13 de agosto de 2013 f echa en
que adquirió su estatus pensional , además pago del retroactivo y los
intereses moratorios, sumas debidamente indexadas.
Dar cumplimiento a la sentencia en los términos pre vistos del art ículo
192 del CPACA y que se condene en costas a la s entidades
demandadas.
2.1.2. Hechos.
Señaló como fundamentos f ácticos relevantes los siguie ntes:
1. Nació el 13 de agosto de 1958 y prestó sus servicios durante más de
20 años al servicio of icial , en el que como último cargo desempeño el
de Docente en el departamento del Tolima.
2. El 23 de septiembre de 2013 bajo radicado 2013 -PENS-015696
solicitó ante la Secretaría de Educación del Tolima el re conocimiento y
pago de la pensión de veje z, petición que f ue desatada
desfavorablemente, mediante la Resolución No. SAC 2016EE1600 del
23 de octubre de 2013 , al estimar que su régimen aplicable era el
contemplado en la Ley 812 de 2003 .
3. Con posteriorid ad, esto es, el 18 de agosto de 2015 bajo radicado
2015-PENS-039794 , requirió nuevamente a la Secretaria de Educación
de la Gobernación del Tolima el reconocimiento y pago de la mesada
pensional, solicitud que fue negada mediante el of icio SAC 2016EE1600
de 9 de f ebrero de 2016 , al señalar que la prestación había sido negada
por la Fiduciaria la Previsora.
2.1.3. Normas vi oladas y concep to de la vi olación.
Como normas vul neradas citó el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; 27
del Decreto 3135 de 1968; 73 del Decreto 1848 de 1969 ; 45 del Decreto
1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989.
En el concepto de violación e xp licó que la entidad accionada
desconoció la normatividad en cita, al no reconocer la pensión de
jubilación en atención a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de
1985, es decir, con un monto de 75 % del promedio de todos los f actores
salariales de venga dos en el último año de servicios .
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Demandante : José Henry Otavo Capera
2.2. Contestación de la demanda.
El departamento del Tolima 4 por intermedio de apoderado judicial, se
opuso a todas y ca da una de las súplicas de la demanda, al considerar
que el ente territorial es solo un administrad or de los recursos del
sistema general de participación en la educación , por en de no es la
entidad llamada a responder por la prestación reclamada , pues era
competencia del Ministerio de Educación Nacional - Fon do Nacional de
Prestaciones Sociales del Magi sterio .
La Nación – Minis terio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio 5 mediante apoderado judicial,
se opuso a la s pretensiones, al estimar que la Ley 812 de 2003 y sus
decretos reglamentarios modif icaron el concepto de aportes para los
docentes af iliados al Fomag, en el sentido de in cluir solamente como
base de cotizació n la asignación básica , sobresueldo y horas e xtras
siempre que estos dos últimos los hubiere dev engado y sobre los cuales
hubiere realizado las respectivas cotizaciones. En ese sentido, indicó
no había lugar a in cluir los f actores solicitados por el demandante .
Por otra parte, sostuvo que los actos administrativo s censurado s no
contenía n la manifestación de su voluntad por cuanto no fue expedido
por la entidad , sino por la Secretaría de Educación del ente territorial .
Adujo, que el f ondo era una cuenta especial de la Nación sin personería
Jurica, cu yos recu rsos estaban destinados atende r las prestaciones que
los entes territoria les reconozca n a su la planta de docentes .
2.3. Trámite en primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Tolima , en la audiencia inicial del artículo
180 de la Ley 1437 de 2011, instalada el 20 de f ebrero de 2017 6, advirtió
que (i) no exist ían irre gularidades o vicios y, por tanto, declaró saneado
el proceso; (ii) en cuanto a las excepciones de previas de f alta de
integración de litisconsorcio necesario, caducidad y f alta de
legit imación en la causa por pasiva las declaró no probadas ; y (iii) f ijó
el litigio en los siguientes términos:
«[ …] consist e en det er m inar si el s eñor J O SÉ HEN RY O T AVO CAPE RA,
t iene der echo a q ue las ent ida des dem a ndadas, r econo zcan y pag uen
la pensi ón de j ubi la ción con inc lus ión d e t odos los f act or es salar ia les
deve ng ados dur ant e el año ant er ior a la adq uisic ión d e su st at us
pensiona l; es dec i r , se est ablecer á si los act os a dm i nist r at ivos
acusados, cont enido s en los of icios 201 3EE 19316 d el 23 d e oct ubr e
4
Folios 69 a 95.
5
Folio 68 a 79
6
Folio 97 a 102.
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de 2013 y 2016E E 1600 del 09 d e f ebrer o de 2016, expe di dos por el
Fondo Nac iona l de Pr est aciones S oci ales de l Mag ist er io Reg iona l
T olim a, se encuent ran o no aj ust ados a der echo . »
La decisión se notif icó en estrados y no se interpusieron recu rsos.
2.4. La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 4 de julio
de 2017 7 i) declaró la nulidad de los of icios Nos. 2013EE19 316 del 23
de octubre de 2013 y 2016EE1600 del 9 de f ebrero de 2016 por medio
de los cuales la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación . ii) A título de
restablecimiento del derecho ordenó reconocer la prestación, a partir
23 de septiembre de 2010 por prescripción trienal iii) Autorizó a la
entidad para que efectuara los descuentos de los aportes
correspondientes a los f actores salariales cu ya inclu sión dispuso y
sobre los cuales no efectuó la deducción legal i v) Sumas debidamente
indexadas en atención al art ículo del 187 del CPACA; v) Estableció que
la providencia se debía cumplir en atención al artículo 192 y por último
vi) Condenó en costas a la al Fomag.
Después de hacer un recuento normativo y jurisp rudencia l respecto del
régimen prestacion al de los docentes indicó , que si bien el demandante
no estaba vinculado a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 , lo
cierto era que desde el 13 de m ayo de 1981 hasta el 18 de agosto de
1998 se desempeñ ó como docente nacionalizado, lo cual lo hacía
benef iciario de las dis posiciones de la Ley 91 de 1989 .
En ese orden, la normatividad vigente en materia de pensiones
aplicable al actor era la contemplada en la Ley 33 de 1985 , de modo
que, acreditó más de veinte (20) años de servicios el 5 de noviembre
2010 y cumplió cincuenta y cinco años (55) de edad del 13 de agosto
de 2013, por lo que su estatus pensional lo adquirió en atención a esta
última fecha.
Así las cosas, al reunir los requ isito s de edad y tiempo de servicio s
declaró la nulidad de los actos administrativos recurridos y en
consecuencia ordenó a l Fomag para que, a tra vés de la Secretaria de
Educación del departamento del Tolima reconociera la mesada
pensional equiva lente al 75 % del promedio de todos los f actores
salariales de venga dos por el accionante en último año de servicios de
conformidad con lo establecido en el precedente judicial contenido en
la sentencia del 4 de agosto de 2010 , igualmente, autorizó a la entidad
para realizar los descuentos de los aportes correspondientes a los
7
Folios 151 a 155.
4
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f actores salariales cuya inclusión dispuso y sobre los cuales no se
ef ectuó la deducción legal, sumas debidamente indexadas .
En cuanto a la prescripción, indicó, que el señor Otavo Capera adquirió
su estatus pensional el 13 de agosto de 2013 en atención al
cumplimiento del requisito de la edad y la solicitud del reconocimiento
pensional f ue radicada el 23 de septiembre de 2013 y d enegada por la
entidad accionada mediante Of icio No. 2013EE 19316 del 23 de octubre
de 2013; luego el 18 de agosto de 2015 insistió nuevamente en el
reconocimiento y pago de la prestación , petición que f ue desatada
desfavorablemente por la administración , a través d e l Of icio No.
2016EE1600 del 9 de f ebrero de 2016.
Por lo anterior, indicó que el f enómeno prescriptivo se in terrumpió el 23
de septiembre de 2013 y la demanda la presentó el 13 de mayo de 2016 ,
es decir, que no dejó transcurrir t res (3) años para inco ar la demanda ,
por ende no había lugar a declarar la prescripción . Ahora bien, respecto
de la segunda petición del 18 de a gosto 2015, señaló que esta se
presentó dentro del término de los tres (3) años .
Sin embargo pese a lo manif estado por el a quo concluyó que había
lugar a decla rar la prescripción trienal , a partir del 23 de septiembre de
2010, aun cuando su estatus pensional lo adquirió a partir del 2013 .
Por último, condenó en costas al Fomag, con f undamento en el artículo
188 del CPACA
2.5 Recurso de apelación.
La Nación – Minis terio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de apoderado judicial
interpuso recurso de apelación 8 al considerar que los servidores
públicos que son benef iciarios del ré gimen de transición de que trata el
artícu lo 36 de la Ley 100 de 1993 , les resultaba aplicable la
normatividad anterior, esto es, de las leyes 33 y 6 5 de 1985 los
requisitos de edad, tiempo de servicio s y el monto , pero no en relación
con el IBL, dado que no f ue un aspecto de transición, por lo tanto debía
liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 último s años de
servicios y teniendo en cuanta los f actores salariales sobre los que se
hayan ef ectuado los aportes .
Lo anterior, de conf ormidad con el artículo 15 de la Le y 91 de 1989 que
estableció que los docentes nacionalizados vinculados con anteriorida d
al 31 de diciembre de 1989 para efectos de la s prestaciones sociales y
económicas mantendrían su régimen anterior a dicha normativa, esto
8
Folio 121 a 145.
5
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es, lo preceptuado en la Ley 33 de 1985 .
Por otro parte, indicó que los actos administrativos recurrido s no f ueron
expedidos por la e ntidad, por ende no contenían la manif estación de su
voluntad , pues, tanto el reconocimiento de la prestación como la
negación las realizaba la Secre taría de Educación . Ello, en
consideración que el f ondo era una cuenta especial de la Nación sin
personería jurídica que consistía en un patrimonio autónomo cuyos
recursos estaba destinados atender las prestaciones que los entes
territoriales recon ozcan a su planta de docentes, por lo que el
reconocimiento de la prestación no estaba a su cargo.
2.6. Trámite en segunda instancia.
Por autos de 28 de f ebrero de 2018 9 y 6 de julio de la misma anualidad 10,
este Despacho admitió el recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada y ordenó correr tra slado a las partes para alegar de
conclusión y al a gente del Ministe rio Público para conceptuar en
segunda instancia, respectivamente.
El demandante 11 presentó los alegatos de conclusión de manera
extemporánea .
La entidad demandada y el Ministerio Público 12 guard aron silencio.
Como no se observa causal que inva lide lo actuado, la Sala de
Subsección procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDER ACI ONES
3.1. Competencia
Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la
ref erencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 13 de la
Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
De conf ormidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de se gunda instancia está circunscrita a los
9
Folio 168.
10
Folio 176.
11
Folio184
12
Folio 184
13
« El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Adm inistrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
adm inistrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este m edio de impugnación, así com o
de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinari os de revisión
o de unificación de jurisprudencia. […]».
6
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argumentos e xpuestos por la apelante. No obstante, en caso de que
ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones .
En el asunto objeto de estudio el señor la entidad demand ada es
apelante único, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se
encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación.
3.4. Problema Jurídico.
Corresponde a la Sala de Subsección abordar lo siguie nte:
1. ¿si el demandante tiene o no derecho, al reconocimiento de la
pensión de jubilación en atención a lo preceptuado en la Ley 33 de
1985, esto es, con una tasa de remplazo del 75 % del promedio de lo
devengado en los 10 últimos años y con inclusión de los f ac tores
salariales sobre los cuales ef ectuó los aportes a pensión , ello, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , o si en efecto el a
quo incurrió en alguna imprecisión?
2. De ser af irmativo el anterior interrogante, corresponderá determinar
¿sí ha y luga r a decretar de of icio la prescripción de las mesadas
pensionales?
3. Asimismo ¿Qué entidad debe responder por las sumas reclamadas
en la demanda?
3.5. Marco normati vo y jurisprudencial aplicable al caso.
3.5.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales.
Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019.
Esta Sección del Consejo de Estado 14 en sentencia de unif icación del
25 de abril de 2019 unif icó su criterio en torno a la f orma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de lo s docentes, previst a en la Ley 91
de 1989, oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales:
«a. Los docent es vi ncul ado s ant es de l a vi genci a de l a Le y 812 de
2003, g ozan del m is m o r ég im en de pensión or din ar ia de j ubi lació n de l o s
ser vi dor es públ icos del or den naciona l pr evist o en la Ley 3 3 de 1985, y
por t ant o l os f act ores en sus l i qui daci ones pensi onal es s on aquel l o s
sobre l os que ef ec t uaron l os respect i vos a port e s de acu erdo con el
art í cul o 1. º de l a Le y 62 de 198 5, y por lo t ant o, no se puede inc lui r
ning ún f act or dif er ent e a los señalados en el cit ado ar t ícul o.
14C o n s e j ode Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014-
C E - S 2 - 2 0 1 9 . E xp e d i e n t e : 6 8 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 5 0 0 5 6 9 - 0 1 ( 0 9 3 5 - 1 7 )
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b. En el caso de los docent es vi ncul ados a part i r de l a ent rada en
vi genci a d e l a Le y 81 2 de 200 3, af i l i ados al Fondo Naci onal de
Prest aci ones Soci a l es del M agi st eri o , se l es debe apl i car el régi men
pensi onal de pri ma medi a est abl eci do en l as Le yes 100 d e 1993 y 7 9 7
de 2003 , con los r equisit os pr e vist os en dicho r ég im en, con excepc ión d e
la edad q ue ser á de 57 años par a hom br es y m uj er es. Par a la l iq uidació n
pensiona l l os f act ores que se deben i ncl ui r en el i ngreso base de
l i qui daci ón son l os previ st os en el Decret o 1158 de 1994 sobre l os que
se ef ect uaron l as respect i va s cot i zaci ones. »
A las anteriores c o nclusiones arribó la Sección Segunda del Consejo de
Estado previo los siguientes ra zonamientos:
«[ …]
51. En cr it er io de la Sala, los f act or es q ue hacen part e de la base de
liq uidac ión y sobr e l os cuales se deben hacer los apor t es en el r ég im en
g ener al de pensiones de la Ley 33 de 1985, son úni cament e los señalad o s
de m aner a expr esa en el m encionado ar t ícu lo 1º de la Le y 6 2 de 1985.
52. Lueg o ent onces, los f act or es q ue deben incl uir se en la base de la
liq uidac ión de la pe nsión de j ubil ación de los docent es baj o el r ég im en
g ener al de la Ley 33 de 1985 son: asi gnaci ón bási ca, gast os de
represent aci ón; pri m as de ant i güedad, t écni ca, ascensi onal y de
capaci t aci ón; domini cal es y f eri ados; horas ext ras; bonif i caci ón por
servi ci os prest ad o s; y t raba jo supl e ment ari o o real i zado en jorn ada
noct urna o en dí a de descanso obl i gat ori o.
53. La Ley 91 de 1989 est ableci ó en el ar t ículo 8º un esq uem a de
cot izac iones o apor t es de la Nación como em pleador a, y de los docent es
com o t r abaj ador es, dist int o al de l os em pleados púb lic os del or den
naciona l. En el m encionado ar t ícu lo 8º , q ue cont iene los r ecur sos con los
q ue se f in ancia el Fom ag , se incluyer on en los num er ales 1 y 3, el 5% del
sueldo básico m ens ual del per sonal af ili ado al Fondo, y el 8 % eq uiva lent e
al apor t e de la Nación sobr e “ los f act ores salar iales q ue f orm an par t e del
r ubr o de pag o por ser vic ios per sona les d e los docent es” , r espect ivam ent e.
[ …]
62. La Sección Seg unda en su f unción unif icador a, salvag uar dando los
pr incip ios const it uc i onales de ig ualdad y seg ur idad j ur ídi ca, acog e el
cr it er io de int er pr et a ción sobr e l os f act ores salar ia les q ue se deben t ener
en cuent a par a la l iq uidac ión de la m esa da pension al en e l r ég im en de la
Ley 3 3 de 198 5 q ue f ij ó la Sala P lena de lo Cont enc ioso A d m inist r at ivo y
sient a j ur ispr udenci a f r ent e a los f act ores q ue se deben t ener en cuent a
par a la liq uidac ión de la pensi ón or din ar ia de j ubilac ión d e los docent es
del ser vic io púb lic o of icial af iliados a l Fondo Nac iona l de Pr est aciones
Socia les de l Mag ist er io vincu lados ant e s de la vig encia de l a Le y 812 de
2003, f ij ando la sig uient e r eg la:
En l a l i qui daci ón de l a pensi ón ordi nari a de jubi l aci ón de l os
docent es vi ncul ad os ant es de l a vi genci a de l a Le y 812 de 2003, que
gozan del mi smo régi men de pensi ón ordi nari a de jubi l aci ón para l os
servi dores públ i cos del orden naci on al previ st o en l a Le y 33 de 1985 ,
l os f act ores que se deben t ener en cuent a son sol o l os f act ores sobre
l os que se ha yan ef ect uado l os respect i vos aport es de ac uerdo con el
art í cul o 1º de l a Le y 62 de 1985, y por l o t ant o, no se puede i ncl ui r
ni ngún f act or di f erent e a l os enl i st ados en el menci onado art í cul o.
63. Con est a r eg la se sient a una post u r a int er pr et at iva dist int a a la q ue
sost en ía l a Secc ión Seg unda a par t ir de la sent enc ia de l 4 de ag ost o de
8
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Demandante : José Henry Otavo Capera
2010, seg ún la cual, en la base de l iq uid ación de l a pensió n de j ubilac ió n
or dinar ia de los docent es se inclu ía n t odos los f act ores salar iales
deve ng ados dur ant e el últ im o año de ser vicios.
64. De acuer do con el Act o Leg islat i vo 0 1 de 2005 “ Par a l a l i q ui dación de
las pensio nes sólo s e t endr án en cuent a los f act or es sobr e los cuales cada
per sona hubier e ef ect uado las cot izac iones” . Los docentes no est án
except ua dos de est a disposic ión par a e l g oce de la pensión or dinar ia de
j ubilac ión. Por lo q ue, en el in g r eso base de liq uidac ión de est a pensió n
solo pued en ser t eni dos en cuent a l os f act or es sobr e los q ue se apor t a y
q ue est án cont enidos en el ar t ícu lo 1º de la Ley 62 de 198 5.
65. La r eg la q ue r ige par a el ingr eso base de liq uidación en la pensión d e
j ubilac ión de los do cent es es la pr evist a en la Ley 33 de 1 985 en cuant o
a per iodo y f act or es. Lo q ue q uier e decir q ue el per iodo es el de un ( 1)
año y los f act or es son únicam ent e los q ue se señala n en el ar t ícu lo 1º d e
la Le y 62 de 1985 q ue m odif icó el ar t íc u lo 3º de la Ley 33 d e 1985.
66. Los docent es, com o ya lo pr ecisó la Sala, est án except uados del
Sist em a G ener al de Pension es, por lo que no les aplica el ar t ícu lo 36 de
la Le y 100 de 1993 q ue est ablece un r é g im en de t r ansición y f ij a r eg las
pr opias par a el I ng reso Base de Liq uidación al disponer q ue: “ El ingr eso
base par a liq uidar l a pensión de ve je z de las per sonas r ef er idas en e l
inciso ant er ior que l es f alt ar e m enos de die z ( 10) años par a adquir ir el
der echo, ser á el pr o m edio de lo deven g ado en e l t iem po qu e les h icier e
f alt a par a ello, o el c ot i za do dur ant e t odo el t iem po si est e f uer e super ior ,
act uali zad o anua lm ent e con base en l a v ar iación del Í nd ice d e Pr ecios a l
consum idor según c er t if icación q ue exp i da el DAN E ” . Por la m ism a r azón,
t am poco les a plica l a r eg la sobr e I ng r eso Base de Liq uidaci ón pr evist a en
el ar t ícu lo 21 de la Ley 100 de 1993 q ue f ij a en 10 años el per iodo q ue se
debe t om ar par a la liq uidació n de la m esada pension al.
67. En r esum en, el der echo a la p ensió n de j ubilac ión d e l os do cent e s
vincul ados a par t ir del 1 de ener o de 1981 nacionales y naci onal i zados y
de los nom br ados a par t ir del 1 de ene r o de 1990, de acuer do con las
Leyes 91 de 198 9 y 33 de 1985, se r ig e por las sig uient es r eg las:
Edad: 55 años
T iem po de ser vicios : 20 añ os
T asa de r em plazo: 7 5%
I ng r eso Base de Liq uidación: Est e co m ponent e com pr ende i) el
per íodo del últ im o año de ser vicio doce nt e y ii) l os f act ores que ha ya n
servi do de base pa ra cal cul ar l os aport es previ st os en la Le y 62 de
1985, que son: asi gnaci ón bás i ca, ga st os de represent a ci ón; pri mas
de ant i güedad, t écni ca, ascensi onal y de capaci t aci ón; domi ni cal es y
f eri ados; horas ext ras; boni f i caci ón por servi ci os prest a dos; y t raba j o
supl ement ari o o real i zado en jornada noct urna o en dí a de descans o
obl i gat ori o. » Dest acado f uera del t exto ori gi nal .
A tra vés de la se ntencia citada, se precisó que segú n el parágraf o
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes
prestacionales que regulan el derech o a la pensión de jubilación para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriale s, vinculados al
servicio público educativo of icial, que dependerá de la fecha de
vinculación al servicio educativo of icial que acredite cada docente, para
tal ef ecto distinguió lo siguiente:
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Número interno: 3918-2017
Demandante : José Henry Otavo Capera
a) El der echo a la pens ión de j ubi lac ión de los docent es vi ncula dos a par t ir
del 1 de ener o de 1981 naciona les y naciona li zad os y de lo s nom br ados
a par t ir del 1 de en er o de 1990, de a cu er do con las Le yes 91 de 1989 y
33 de 1985, se r ig e por las sig uient es r eg las: 55 años de edad, 20 de
ser vic ios y 75% de los f act or es pr evist os en la Ley 62 de 19 85.
b) Los docent es vincu l ados a par t ir de la e nt r ada en vig enci a de la Le y 812
de 2003, af ili ados al Fondo Naciona l de Pr est aciones Socia les del
Mag ist er io, les aplic a el r ég im en pensional de pr im a m edia est ablecid o
en las Le yes 100 de 1993 y 797 d e 2003 , con los r eq uisit os pr evist os en
dicho r ég im en, con excepc ión de la e dad q ue ser á de 57 años p ar a
hom br es y m uj er es. Par a est e per sonal, el ing r eso base de liq uidación se
r ig e por lo pr evist o en la Ley 100 de 1993 , con los f act or es señalados por
el Decr et o 1158 de 1994, sobr e los q ue se ef ect uar on las r espect ivas
cot izac iones.
Ahora bien, por tratarse de una sentencia de unif icación, las re glas
f ijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento
en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicia l a tra vés de accio nes ordinarias; sa lvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad juríd ica, resultan inmodif icables. De tal manera, bajo dicha
posición jurisp rudencial se analizará el asunto de la referencia.
3.6. Caso concreto.
3.6.1. De las pruebas
Para resolve r el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección
advierte como rele vantes las siguient es pruebas:
El señor José Henry Ota vo Capera na ció el 13 de agosto de 1958 15, por
lo que en el año 20 13 contaba con 55 años y prestó sus servicios de
carácter of icial de manera interrumpida por más de 20 años, esto es,
entre 13 de mayo de 1981 hasta el 1º de marzo de 2016 16.
Según f ormato único para la expedición de certif icado de historial
laboral, suscrito por el Prof esional Especializado de la Secretaría de
Educación de la gobernación del Tolima del 4 de abril de 2016, el señor
Otavo Capera pres tó sus servicios co mo docente en el ente territorial
de la siguiente manera:
A C T O AD M I N I S T R AT I V O D E N O M B R AM I E N T O INICIA TERMINA T O T AL 17
dd/mm/aa
15
Folio 12.
16
Información que se extrae del formato único para la expedición de certificado laboral suscrito por la Secretaría
de Educación de la gobernación del Tolima.
17
La suma del tiempo de servicios certificado por la entidad arroja un total de 24 años y 14 días.
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Demandante : José Henry Otavo Capera
Decreto 603 del 13 de abril de 1981 13/05/1981 18/08/1998 5-1-17
Decreto 230 del 26 de marzo de 2004 5/04/2004 21/06/2006 17-2-2
Decreto 513 del 25 de abril de 2011 05/05/2011 27/07/2015 25-2-4
Resolución 5476 del 26 de agosto de 2015 28/08/2015 01/03/2016 3-6-0
En atención al certif icado de inf ormación laboral expedido por el
Prof esional Esp ecializado de la Secretaría de Educación de la
Gobernación del Tolima d el 10 de f ebrero de 2016 , el Otavo Capera
entre el 20 11 al 20 15 devengó los siguientes emolumentos salariales :
asignación básica, prima de na vidad , prima de vacaciones y
subsidio de alimentación.
Por lo anterior, el 23 de septiembre de 2013 bajo radicado No. 2013 -
PENS-015696 el actor solicitó ante la Secretaría de E ducación de la
gobernación del Tolima el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación , petición que f ue desatada desf avorablemente, a través del
Of icio SAC 2013EE19316 de 23 de octubre de 2013 , por lo siguiente:
«Con t oda at enció n m e per m it o inf or mar q ue r evisadas do cum ent ación
pr esent ada con r adi cado No. 2013 - PEN S- 015696 de l 23 de sept iem br e de
2013, se const at ó que su últ im a vinc ula ción , se ef ect uó el d ía 5 de abr il
de 2004, por lo q ue el r ég im en leg al apli cable , es la Le y 812 de 2003 Le y
100 de 1993, Ley 797 de 2003 la cual est ablece haber cot i zad o un m ínim a
de 1. 000 sem anas e n cualq uier t iem po, a par t ir del 01 - 01- 200 5, el num er o
de las sem anas se incr em ent ar an en 50 y a par t ir de l 1° de ener o de
2006, se incr em ent a r á en 25 cada año h ast a lleg ar a 1. 300 sem anas en
el año 2015. Asim is m o la edad es de 57 años, par a hom br es y m uj er es.
De conf orm idad con el r eg ist r o civi l de nacim ient o su edad par a el 2013,
es de 55 años de edad [ …] »
Con posterioridad, esto es, el 18 de agosto de 2015 bajo radicado No.
2015-PENS-039794 el accionante requirió nuevamente a la entidad
para que le recon ociera y paga ra la mesa da pensional, solicitud que
f ue negada mediante Of icio 2016EE1600 del 9 de f ebrero de 2016 , por
las siguientes consideraciones:
« Con t oda at ención m e per m it o inf orm arle q ue el e xped ient e de pensió n
de j ubilaci ón r adica do baj o el No. 2015 - PENS- 03979 4 del 1 8 de ag osto
de 2015, ha s ido n e g ada por la Fi duciar ia La Pr evisor a, en r azón a q ue
debe r adicar se com o una pens ión de j ubilac ión p or apor t es, adem ás se
evidenc ia baj o el est udio de est a pr est ación q ue el Docent e no t iene
cer t if icación de hab er cot izad o en CO L PENSI O NES , por l o t ant o no es
una pensión de j ubilació n por apor t es la r adicación en el NURF I I se
encuent r a er r ada ver if icar par a cont inuar con el t r ám it e de la pr est ación
[ …] »
3.6.2. Análisis de la Sala
Del reconocimiento pensional
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Demandante : José Henry Otavo Capera
Una ve z analizado el acervo probato rio, resulta evidente que el señor
José Henry Ota vo Capera fue nombrado el 13 de mayo de 1981 como
docente nacionalizado , por lo que su régimen es el previsto en la Ley
33 de 1985, toda vez que se vincu ló a la docencia antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, y por estar exceptuad o de la aplicación de la
Ley 100 de 1993, confo rme con lo previsto en el artículo 279 de esta
Ley.
De ahí que , a la lu z de las pre vision es de la Ley 33 de 1985 se tiene
que el accionante prestó sus servicio s en el sector público de manera
interrumpida , esto es, desde el 13 de mayo de 1981 hasta el 18 de
agosto de 1998 y con posterioridad a partir del 5 de abril de 2004 al 21
de junio de 2006; asimismo de 5 de mayo de 2011 al 27 de julio de 2015
y f inalmente desde el 28 de agosto de 2015 hasta el 1º de m arzo de
2016 para un total de 24 años y 14 días , no obstante los 20 años de
servicios los acredit ó el 13 de enero de 2012 y 55 años de edad en el
año 2013, por lo que su estatus pensional lo adquirió e l 13 de agosto
de 2013 en atención al cumplimiento del requisito de edad.
Ahora bien, en atención a la posición adoptada por esta Corporación en
la sentencia de unif icación SUJ-014-CE-S2 -2019 de 25 de abril de
2019, citada en párraf os precedentes, los f actores salariales que se
deben incluir en la liquidación son únicamente aquellos que se
encuentran descritos en la Ley 62 de 1985 18 y sobre los cuales se
hubiesen efectuado cotizaciones , sentencia que constituye precedente
obligatorio para los casos que gua rdan identidad f áctic a y que se
encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como
judicial.
Lo anterior implica que para el in greso base de liquidación de la
prestación periódica, los f actores que deben ser incluidos son los
contemplados en el art ículo 1° de la Ley 62 de 1985 siempre que
respecto de estos se hayan realizados los aportes que a sab er son los
sigu ientes : i) asignación básica mensual; ii) gastos de representación;
iii) prima técnica , cuando sea factor de salario; iv) primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean f actor de salario;
v) remuneración por trabajo dominical o festivo; vi) bonif icación por
servicios prestados; y vii) remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o re alizado en jornada nocturna devengados durante el
último año efectivamente laborado y sobre los cuale s se hubiesen
realizado cotizaci o nes.
Es de advertir que el a quo en la sentencia recurrid a reconoció la
pensión de jubilación con inclusión de todos los f actores salaria les
devengados por el accionante en el último año de servicios, esto es,
18 i) asignación básica mensual; ii) gastos de representación; iii) prima técnica; iv) primas de antigüedad, ascensional de
capacitación; v) remuneración por trabajo dominical o festivo; vi) bonificación por servicios prestados; y vii) remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
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asignación básica, prima de navidad , prima de vacacio nes y subsidio
de alimentación, lo cual no se ajusta a los parámetros establecidos por
la sentencia de unif icación del 25 de abril de 2019 , pues resulta
evidente para la Sala según lo certif icado por la entidad accionada que
el único f actor salarial pre visto en la Ley 62 de 1985 que se puede
incluir en el in greso base de liquidación es la asignación básica.
Por lo tanto, se modif icará el numeral 3º de la sentencia 4 de julio de
2017 prof erida por el Tribunal Administrativo del Tolima , que accedió a
las súplicas de la demanda, en el sentido de precisar que el único factor
a incluir en el ingreso base de liquidación es la asignación básica, por
las consideraciones anteriormente expuestas.
3.6.3 De la prescripción de las mesadas pensionales
Ahora bien, observa la Sala que en e l curso de la apela ción el Fomag
no hizo ref erencia a la prescripción de las mesadas pensionales que
ordenó el a quo, no obstante, la Sala se ref erirá de of icio en atención a
lo dispuesto por el art. 187 del CPACA según el cual el juez de
conocimiento está f acultado para pronunciarse sobre la excepción que
encuentre probada, aunque las partes no la hayan solicitado.
Sobre el particular se advie rte que el estatus pensional del accionante
se consolidó el 13 de agosto de 2013 , por lo que tenía hasta el 13 de
agosto de 2016 para reclamar su derecho, no obstante, en principio
acudió ante la administración el 23 de septiembre de 2013 y con
posterioridad lo hizo nuevamente el 9 de febrero de 2016 e interpuso la
demanda el 13 de ma yo de 2016 . De manera que las re clamaciones se
presentaron en tiempo, y en ra zón de ello no operaría la prescripción
trienal de las mesadas causadas , pues es e vidente que no transcurrió
más de tres (3) añ os desde el momento que el derecho se hizo e xigible
y por lo tanto no le asiste la ra zón a la primera instancia cuando declaró
el f enómeno prescriptivo, a partir del 23 de septiembre de 2010, toda
ve z que ni siquiera para la f echa en mención el demandante había
consolidado su estatus pensional .
De conf ormidad con l o anterior, es necesario re vocar el numeral 2º que
declaró la prescripción de las mesadas con anterioridad a l 23 de
septiembre de 2010 , puesto que de mantener dicha decisión se estaría
ordenando a la entidad a que asuma el pago de mesadas pensionales
para una f echa en la que el deman dante ni siquiera ostentaba el
derecho pensional. La Sala aclara qu e esta decisión no se desf avorece
a la entidad en su condición de apelante único , por el contrario le es
más f avorable ya que el pago corre spondiente comenzará a correr a
partir del 13 de agosto de 2013, en consonancia con el análisis
realizado en la presente providen cia. En igual sentido, deberá
realizarse la modif icación del numeral 3º de la parte resolutiva a f in de
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aclarar la f echa que se tendrá en cuenta para los ef ectos f iscales.
¿Corresponde al Departamento del Tolima o al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio responder por las sumas
reclamadas en la demanda ?
En ef ecto, el legislador mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989,
dispuso la creació n del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadíst ica, sin person ería jurídica, cuya
f inalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a sus
af iliados, esto es, de los docentes. Así se ad vierte e n el artícu lo 5
ibidem:
«ART Í CULO 5o. El Fondo Nacion al de Pr est aciones S ocial es del
Mag ist er io, t endr á los s ig uient es obj et ivo s:
1. Ef ect uar el pago de l as prest aci ones soci al es del personal af il i ado.
2. G ar ant izar la pr est ación de los ser vicios m édic o - asist e ncial es, q ue
cont r at ar á con ent idades de acuer do c on inst r ucciones q u e im par t a el
Consej o Dir ect i vo d el Fondo.
3. Llevar los r eg ist r os cont ables y est adíst icos nece sar ios par a
det er m inar el est ad o de los apor t es y g ar ant izar un est r ict o cont r ol de l
uso de los r ecur sos y const it uir una bas e de dat os de l per s onal af ili ado,
con el f in de cum plir t odas las oblig acio nes q ue en m at er ia pr est acional
deba at ender el Fondo, q ue adem ás pueda ser ut ili zab le par a consolidar
la nóm ina y pr epar ar el pr esupuest o en el Mi nist er io de Hac i enda.
4. Velar par a q ue l a Nació n cum pla en f orm a opor t una con los ap or t es
q ue le cor r esp onden e ig ualm ent e t r ansf ier a los descuent os de los
docent es.
5. Velar par a q ue todas las ent idad es deudor as del Fond o Naciona l de
Pr est aciones del Ma g ist er io, cum plan opor t unam ent e con el pag o de sus
oblig acio nes. »
En ese sentido, sobre los docentes af il iados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio la citada norma, teniendo en
cuenta el proceso de nacionalización de la educación of icial lle vado a
cabo en el país mediante la Ley 43 de 1975, señaló que quedarían
automáticamente af iliados a l Fondo los docentes nacionales o
nacionalizados vin culados a la f echa de promulgación de la citada ley,
esto es, 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado
con posterioridad, siempre que cumplieran los re quisitos de af iliación
de naturale za f ormal o normativa y económica.
Ahora bien, en lo que concierne a lo s recursos económicos que hacen
parte del citado Fondo, el artículo 8 ibídem indicó que los mismos
estarían inte grados, principalmente por los aportes d e los docentes
af iliados, en cuantía del 5% del sueldo básico mensual.
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En lo que se ref iere al manejo de los recursos que inte gran el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artícu lo 3 de la
Ley 91 de 1989, dispuso que para tal ef ecto el Gobierno Nacional
suscribiría un contrato de f iducia mercantil con una entidad f iduciaria
de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su
administración. Nótese a continuación:
«[ …] El G obier no Nacion al suscr ibir á el cor r espondient e cont r at o de
f iducia m er cant il, que cont endr á las e st ipulac iones nec es ar ias par a el
debido cum plim i ent o de la pr esent e Ley y f ij ar á la Com isión q ue, en
desar r ollo de l m ism o, deber á cancelar se a la sociedad f iduciar ia, la cual
ser á una sum a f ij a, o var iable det er m inada con en los cost os
adm inist r at i vos q ue se g ener en. La celebr ación del cont r at o podr á ser
deleg ada en el Mini st r o de Educación N aciona l. »
Posteriormente, el Presidente de la República mediante Decreto 1775
de 3 de agosto de 1990, artículos 5 a 8, reglamentó el funcionamiento
del Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio precisando,
en relación con el trámite de las solicitudes de reconocimiento y pa go
de prestaciones económicas de los docentes, que las mismas debían
ser radicadas ante la Of icina de Pre staciones Sociales del respectivo
Fondo Educativo Regional, qu ien procedería a reali zar e l estudio de la
documentación, con el visto bueno de la entidad f iduciaria, para luego
expedir la corresp ondiente resolución de reconocimiento.
Sin embargo, en relación con este mismo punto, el Congreso de la
República mediante el artículo 56 d e la Ley 962 de 2005, dispuso que
las prestaciones sociales pagaderas a los docentes of iciales serían
reconocidas y pagadas por el Fon do del Magisterio , mediante la
aprobación del proyecto de resolució n por parte de qu ien administre el
Fondo, el cual en to do caso debía ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial certif icada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. De este modo quedó expresado en
la norma:
«ART Í CULO 56. RACI O NALI ZACI Ó N D E T RÁ MI T ES EN MAT ERI A D EL
FO NDO DE PREST ACI O NES SO CIALES DEL MAG I ST ERI O . Las
prest aci ones soci al es que pagará el Fondo Naci onal de Prest aci ones
Soci al es del M agist eri o serán reconoci das por el cit ado Fondo,
m ediant e la apr oba ción del pr o yect o d e r esolución por pa r t e de q uien
adm inist r e el Fond o, el cual debe se r elabor ado por el Secr et ar io de
Educació n de la Ent idad T er r it or ial cer t if icada cor r espondient e, a la q ue
se encuent r e vin culado el docent e. El act o adm inist r at ivo de
r econocim ient o se har á m ediant e r eso lució n q ue lle var á la f ir m a del
Secr et ar io de Educa ción de la ent id ad t er r it or ial. »
El anterior trámite f ue reglamentado por los artícu los 2, 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005 19, los cua les a la letra señalan:
19 Compilado por el Decreto 1075 de 2015 « por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación.»
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« Art í cul o 2°. Ra di caci ón de sol i ci t udes. Las sol icit udes d e
r econocim ient o de pr est aciones socia l es, deber án ser r adicadas en la
secr et ar ía d e educa ción, o la de penden cia o ent ida d q ue hag a sus veces,
de la r espect iva e nt idad t er r it or ial cer t if icada a cuya pl ant a docent e
per t enezca o haya p er t enecido el solic it ant e o causahabient e, de acuer do
con el f or m ular io adopt ado par a el ef ect o por la sociedad f iduciar ia
encar g ada de adm inist r ar los r ecur sos del Fondo Nacio nal de Pr est aci ones
Socia les del Mag ist er io. La socied ad f iduciar ia encar g ada de l m anej o de los r ecur sos del F ondo,
im plem ent ar á un sis t em a de r adicación único, q ue r eg ist r e las solic it udes
de r econocim ient o de pr est aciones económ icas q ue deba pag ar el Fondo
Nacion al de Pr est aci ones Soci ales d el M ag ist er io, en f or m a sim ult ánea en
la r espect iva ent id ad t err it or ial cer t if icada y en la sociedad f iduciar ia y q ue
per m it a a los solicit ant es conocer elect r ónicam ent e el est ado de su
t r ám it e. Ar t í cul o 3°. G est i ón a cargo de l as sec ret arí as de educaci ón. De
acuer do con lo est ablec ido en el ar t íc ulo 3° de la Ley 9 1 de1989 y el
ar t ícu lo 56 de l a Ley 96 2 de 2005, l a at enci ón de l as sol i ci t udes
rel aci onadas con l as prest aci ones soci al es que paga rá el Fondo
Naci onal de Prest a ci ones Soci al es de l M agi st eri o, será ef ect uada a
t ravés de l as secre t arí as de educaci ó n de l as ent i dades t erri t ori al es
cert i f i cadas, o l a dependenci a que ha ga sus ve ces . Par a t al ef ect o, l a secret arí a de educaci ón de l a ent i dad t errit ori al
cert i f i cada correspondi ent e, a l a que se encuent re vi ncul ado el
docent e, deberá : 1. Recibir y r adic ar , en est r ict o orden cr onológ ico, l as solic it udes
r elacion adas con e l r econocim ient o de p r est aciones socia les a car g o del
Fondo Naci onal de Pr est aciones Soc ial es del Mag ist er io, de acue r do con
los f orm ular ios q ue adopt e la socied ad f iduci ar ia encar g ada del m anej o de
los r ecur sos de dich o Fondo. 2. Expedir , con dest ino a la sociedad f iduciar ia encar g ada del m anej o de
los r ecur sos del F ondo y c onf or m e a los f or m at os únicos por est a
adopt ad os, cer t if icación de t iem po de ser vic io y r ég im en salar ia l y
pr est acional, de l do cent e pet icionar io o causahabi ent e, de acuer do con la
nor m at ivi dad vig ent e. 3. Elabor ar y r em it ir el pr o yect o de act o adm inist r at i vo de r e conocim ient o,
dent r o de los q uince ( 1 5) días hábi les sig uient es a la r adicació n de la
solic it ud, a la soc ie dad f iduciar ia enc ar g ada del m anej o y adm inist r ació n
de los r ecur sos d el Fond o Nac iona l de Pr est aciones Socia les de l
Mag ist er io par a su apr obación, j unt o con la cer t if icación descr it a en el
num er al ant er ior del pr esent e ar t ículo. 4. Pr evia apr o bació n por par t e de la sociedad f iduciar i a e ncar g ada del
m anej o y adm in ist r ación de los r ec ur sos del Fondo Nacion al d e
Pr est aciones Soc ia l es del Mag ist er io s uscr ibir el act o ad m inist r at ivo de
r econo cim ient o de pr est aciones económ icas a car g o de dicho Fondo, de
acuer do con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las nor m as q ue las
adici onen o m odif iq uen, y sur t ir los t r á m it es adm inist r at i vo s a q ue haya
lug ar , en los t érm inos y con las f or m alidades y ef ec t os pr evist os en la le y. 5.
Rem it ir , a la soc i edad f iduciar ia e nca r g ada del m anej o de los r ecur sos
del Fondo N acion al de Pr est aciones Soc iales de l Mag ist er io, copia de los
act os adm inist r at i vo s de r econocim ient o de pr est aciones so ciales a car g o
de est e, j u nt o con la r espect iva co nst ancia de ej ecut or ia p ar a ef ect os de
pag o y dent r o de los t r es días sig uie nt es a q ue est os se encuent r en en
f irm e. Par ág r af o 1°. Ig ual tr ám it e se sur t ir á par a r esol ver los r ecur sos q ue sean
int er puest os cont r a las decisione s adopt adas de conf orm idad con el
pr ocedim ient o aq u í est ablecid o y aq uell as q ue m odif iq uen decisio nes q ue
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con ant er ior idad s e hayan ado pt ado r espect o del r econocim ient o de
pr est aciones a car go del Fondo Nacio n al de Pr est aciones Socia les del
Mag ist er io.
Par ág r af o 2°. Sin per j uicio de l a r esponsabi lida d adm inist r at i va,
discip li nar ia, f iscal y penal a q ue pueda haber lug ar , las r esoluci ones q ue
se exp ida n por p ar t e de la aut or idad t er r it or ial, q ue r econozcan
pr est aciones socia le s q ue deba pag ar el Fondo Naci onal d e Pr est acione s
Socia les de l Mag ist er io, sin l a pr e via ap r obación de la soc ie dad f iduciar ia
encar g ada del m an ej o y adm i nist r ació n de los r ecur sos de t al Fon do,
car ecer án de ef ect os leg ales y no pr est ar án m ér it o ej ecut ivo.
Ar t í cul o 4°. Trámi t e de sol i ci t udes. El p r oyect o de act o adm inist r at i vo de
r econocim ient o de p r est aciones q ue ela bor e la secr et ar ía d e educaci ón, o
la ent ida d q ue hag a sus veces, d e la en t idad t er r it or ial cer t i f icada a cuya
plant a docent e per t enezca o haya per t en ecido el solic it ant e, ser á r em it ido
a la soc iedad f iduci ar ia q ue se encar g ue del m anej o de los r ecur sos del
Fondo par a su apr obación.
Dent r o de los q uince ( 15) días hábi les s i g uient es al r ecibo d el pr o yect o de
r esolució n, la socie dad f iduciar ia deber á im par t ir su apr obación o indicar
de m aner a pr ecisa las r azones de su decisión de no hacer lo, e inf orm ar de
ello a la r espect i va secr et ar ía de educa ción.
Ar t í cul o 5°. Recon o ci mi e nt o. Apr obado el pr o yect o de r es oluci ón por la
sociedad f iduciar ia encar g ada del m anej o de los r ecur sos del Fondo,
deber á ser suscr it o por el secr et ar io de educac ión de l e nt e t er r it or ial
cer t if icado y not if icado en los t ér m inos y con las f orm alida des y ef ect os
pr evist os en la le y. »
Según las normas transcritas, las resoluciones por las cuales se
dispone el reconocimiento y pa go de prestaciones económicas a f avor
de los af iliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio son actos en los que in terviene tanto la Secretaría de
Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios la docente
peticionaria, a tra vés de la elaboración del proyecto de resolución de
reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de
administrar los r ecursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto
de resolución, de acuerdo con la documentación que para tal ef ecto le
haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certif icación de tiempo
de servicio y régimen salarial y prest acional de la docente interesada,
según la normatividad vigente 20.
En ese orden de ideas, si bien la Secretaría de Educación del ente
territorial intervien e, lo cie rto es qu e en el caso de reconocimiento
pensional, actúa en nombre y representación del Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magiste rio,
como la encargada de elaborar el proyecto de resolució n que reconoce
o niega la prestación social, resolución que con posterioridad d ebe ser
aprobada o no por la sociedad f iduciaria, quien administ ra los recursos
del Fondo de Prestaciones.
20 En este mismo sentido puede verse la sentencia de 18 de agosto de 2011. Rad. 1887-2008. M.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
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En consecuencia, le asiste la razó n al Tribunal Administrativo del
Tolima al considerar que la entidad responsable del reconocimiento
pensional deprecado es el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y no el ente territoria l, por lo que se conf irmará la decisión
del a quo en la sentencia recurrida por las ra zones expuestas en los
párraf os precedentes.
3.7. De la s ucesión Procesal
El artículo 68 del CGP indica sobre esta f igura juríd ica lo sigu iente:
« [ …] Art í cul o 68 . Sucesi ón proces al . Fallec ido un l it ig ant e o
declar ado ause nt e o en int er dicci ón, el pr oceso cont inu ar á con el
cónyug e, el a lbace a con t enencia d e bienes, los her ed er os o el
cor r espondient e cur ador [ …] »
A su ve z el ar t íc ul o 70 ib idem ad vier t e «[ …] Los i nt ervi ni ent es y
sucesores de que t rat a est e códi go t omarán el proceso en el est ado
en que se hal l e en el moment o de su int ervenci ón [ …] ».
La sucesión procesal citada permite la alteración o sustitución de las
personas que integran, ya sea la parte pasiva o activa del proceso,
cuando se produzca la muerte de una de las partes o se declare ausente
o en interdicción. En virtud de esta figura el sucesor p rocesal asume
iguales derechos, cargas y obligacio nes procesales de su antecesor,
por lo que no cambia la relación jurídica procesal iniciada, de suerte
que es pertinente emitir pronunciamiento sobre el f ondo de la Litis 21.
De conf ormidad con la normativa enunciada, la existencia de la
sucesión procesal cuando se produce la muerte de una de las partes
requiere que: i) E xista un proceso, ii) que en el curso del mismo
sobreven ga la muerte de una de las partes y, iii) que h aya un sucesor
del derecho debatido que acredite la condición de heredero o sucesor
de quien era parte en el respectivo ju icio.
En este caso la se ñora Betulia María Capera Ospina , solicit ó continuar
el trámite del proceso, en su nombre y representación, en condición de
madre del señor José Henry Ota vo Capera , quien f alleció el 20 de
septiembre de 20 18, para lo cual aportó el regist ro civil de defunción
del causante 22; acta de bautismo 23 y la declaració n ext raproceso del
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Bogotá, D.C. 22 de
junio de 2017. Radicación: 17001-23-31-000-2011-00117-02 (53719). Actor: Claudia Viviana Morales. Demandado:
Central Hidroeléctrica de Caldas y otro.
22 Folio 223.
23
Folio 224.
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vínculo que ten ía con el causante re ndida el 12 de abril de 2019 ante
la Única del Círculo del Guamo 24.
Por lo anterior, mediante auto del 16 de julio de 2021 se reconoció como
sucesora procesal del demandante a la señora Bertulia María Capera
Ospina identif icada con cedula de ciudadanía No. 28.753.080 del
Guamo (Tolima) al acreditarse los re quisitos e xigidos para ello.
Por otra parte , una ve z re visad as las últimas actuaciones surtidas
dentro del proceso se tiene que el 2 de noviembre de la presente
anualidad 25, el doctor Jaime Andrés Losada Sánchez presentó registro
civil de def unción de la señora Bertulia María Capera Ospina reconocida
como sucesora procesal dentro de la litis , quien f alleció el 2 9 de
septiembre de 2021 .
Aunado a ello , solicitó que se recono zca a los señores Gustavo Ota vo
Capera identif icado con C.C. 93.080.812 del Guamo , José Nelson Ota vo
Capera identif icado con C.C. 93.080.142 del Guamo , María Doris Elena
Otavo Capera identif icada con C.C. 28.757.982 del Guamo , Luisa
Alberta Otavo Capera identif icada con C.C. 65.550.463 del Guamo , Luis
Alberto Otavo Capera identif icado con C.C. 93.083. 519 del Guamo , Olga
Piedad Otavo Capera identif icada con C.C. 65.552.743 del Guamo y Lu z
Stella Otavo Capera identif icada con C.C. 28.756.081 del Guamo en
calidad de sucesores procesales atendiendo a la condición de hijos de
la señora Bertulia María Capera Ospina .
Sobre este particular la Sala considera pertinente acceder al citado
reconocimiento como quiera que una ve z ve rif icados los re gist rados
civiles que reposan en el índice 37 del aplicativo Samai, logró
acreditarse la alegada consanguinidad en primer grado.
3.8. De la condena en costas en segunda instancia.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los
gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y
comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los
honorarios de abogado o agencias del derecho , los llamados en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ga stos ordinarios del proceso , y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la p rueba
pericial, los honorarios de auxiliare s de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.
24
Folio 226.
25
Ver índice 37
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Así las cosas, en atención con lo se ñalado en recientes pro videncias
de esta Subsección y en atención al cr ite rio objetivo valo rativo de
causación de costas procesales, previsto en el artículo 188 del CPACA
se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada,
pues si bien se cumple lo previsto en el numeral 5º. del artícu lo 365 del
Código General d el Proceso, es decir que prosperó parcialmente las
súplicas de la demanda, lo cierto es que se demostró su causación,
toda vez que intervino la parte contraria, presentó alegatos de
conclusión en esta instancia.
Decisión de segunda instancia
De conf ormidad con todo lo dicho se conf irmará la decisión de acceder
a las pretensiones de la demanda, y se revoca rá lo pertin ente a la f echa
a partir de la cual se ordenará el reconocimiento pensional de
conformidad con lo expresado en el acápite 3.6.2
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F ALL A
PRIMERO: REVOCAR numeral 2º de la sentencia de 4 de julio de 2017
prof erida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual
declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales anteriores al 23 de septiembre de 2010. Para en su lugar
no declarar probada la prescripción trienal, por las ra zones expuestas
en la presente providencia.
SEGUNDO: MODIFIC AR el numeral 3º de la sentencia de 4 de julio de
2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima , que accedió a
las súplicas de la demanda instaurada por el señor José Henry Ota vo
Capera, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento del Tolima . El cual quedará de la siguiente manera:
TERCERO. como consecuencia de la anterior declaración y a t ítulo
de restablecimiento del derecho, ORDEN AR al FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO reconocer y
pagar la pensión de jubilación a favor de los señores GUST AVO
OT AVO C APER A, JOSÉ NELSON OTAV O C APER A, M ARÍ A DO RIS
ELEN A OT AV O C APER A, LUIS A ALBERT A O T AVO C AP ER A, LUIS
ALBERTO OT AVO C APER A, OLG A PIEDAD OT AVO C APER A Y
LUZ STE LL A OT AVO C APER A en ap licación de la Le y 33 de 1985,
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año
de servicio s, con la inclusión del factor salarial de la asignación
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básica, con efectos f iscales a partir del 13 de agosto de 2013 , la
cual deberá ser re ajusta da como se indicó en la parte motiva y sin
perjuicio de los rea justes anuales de Ley.
TERCERO: CONFI RM AR en lo demás la sentencia de primera instancia
por las ra zones expuestas en la presente providencia .
CU ARTO: CONDE N AR en costas de segunda instancia a la entidad
accionada .
QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el e xpediente al Tribunal
de origen, pre vias las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue estudiada y ap robada por la Sala en sesión de l
veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
21
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