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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00471-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00471-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. Segundo. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por el tribunal. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones respectivas en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00471-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)
Demandante: Teresa Castellanos Murcia
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional— y Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Tema: Procedencia de la condena en costas y agencias en derecho.
Criterio objetivo-valorativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Teresa Castellanos Murcia, por medio de
apoderado, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad i) del memorando 00116 de febrero 28 de 2005,
mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional declaró extinta
la sustitución de la asignación de retiro reconocida al agente (r) Miguel Antonio

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)
Demandante: Teresa Castellanos Murcia

Castillo Clavijo; y ii) del Oficio 16915 del 15 de septiembre de 2015, suscrito por el
subdirector de prestaciones sociales de dicha entidad, mediante el cual negó la
solicitud de sustitución de la asignación de retiro a su favor, en calidad de
compañera permanente del extinto agente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro en
calidad de compañera permanente supérstite del señor Miguel Antonio Castillo
Clavijo, desde el momento en que se declaró extinta la prestación; ii) indexar las
sumas que resulten a su favor, conforme al índice de precios al consumidor; iii)
incluirla en nómina pensional en calidad de compañera permanente del señor
Miguel Antonio Castillo Clavijo; iv) reconocer y liquidar el retroactivo pensional, a
partir del 23 de noviembre del año 2003 hasta la fecha de su inclusión en nómina;
v) dar cumplimiento a lo sentencia conforme a lo establecido en el artículo 192 del
CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante expuso los que se
resumen a continuación:

i) El señor Miguel Antonio Castillo Clavijo se casó con la señora Victoria González
de Castillo, por el rito católico. Después de convivir 10 años, sin procrear hijos, se
separaron de hecho. Posteriormente, conoció a la señora Teresa Castellanos
Murcia, con quien conformaron una unión marital de hecho desde inicios del año
1971, dentro de la cual procrearon tres hijos. Durante este periodo le fue reconocida
la asignación de retiro, por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. El señor Castillo Clavijo falleció el 6 de junio de 1989.

ii) Mediante Resolución 3687 del 5 de septiembre de 1990, CASUR reconoció el 50%
de la asignación de retiro que percibía el causante a favor de la señora Victoria
González de Castillo, en su condición de conyugue supérstite. El restante porcentaje

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

fue reconocido a sus menores hijos, Miguel Eduardo, María Liliana Y Jairo Antonio
Castillo Castellanos, representados por su señora madre Teresa Castellanos
Murcia. Esta, pese a que convivió con el pensionado por más de 18 años antes de
su muerte, no reclamó el derecho pensional debido a que, para la época del deceso,
las disposiciones que regulaban la situación no admitían que la compañera
permanente tuviera acceso a tal prerrogativa.

iii) A través del Memorando 00116 del 28 de febrero de 2005, el subdirector de
prestaciones sociales de CASUR informó al área de nómina y embargo de esta
entidad que, debido al fallecimiento de la señora Victoria González de Castillo, el 23
de noviembre de 2003, y a que la joven María Liliana Castillo Castellanos no acreditó
la condición de estudiante, se declararía la extinción de la sustitución de la
asignación de retiro del agente Miguel Antonio Castillo Clavijo, con efectos a partir
del 23 de noviembre de 2003 y del 12 de agosto de 2004, respectivamente.

iv) El 3 de julio de 2015, la señora Teresa Castellanos Murcia compareció ante
CASUR a reclamar el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de

retiro del señor Castillo Clavijo (q.e.p.d.), alegando que fue su compañera
permanente por aproximadamente 18 años antes de su deceso.

v) La mencionada entidad, a través del Oficio 16915 del 15 de septiembre de 2015,
negó la solicitud, con el argumento de que la prestación reclamada se declaró
extinta de manera definitiva.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como disposiciones violadas se señalaron los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 42 y 48 de la
Constitución Política; 3, numerales 1 y 3 de la Ley 71 de 1998; 13 de la Ley 797 de
2003; 1 y 2 de la Ley 54 de 1990; los Decretos 0690 de 1977, 2063 de 1984, 0097
de 1989 y 1213 de 1990.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

siguientes argumentos:

i) Si bien para la fecha del fallecimiento del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo la
legislación vigente no contemplaba la posibilidad de que la compañera permanente
accediera al derecho a la sustitución pensional o asignación de retiro, a partir de la
Constitución Política de 1991 tomó especial importancia la familia constituida por
vínculos naturales, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación, y recayó
en el conyugue o compañera permanente supérstite la legitimación para reclamar
el derecho a la sustitución pensional.

ii) Los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción a lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 71 de 1998, por medio del cual se extendieron
las previsiones sobre sustitución pensional contempladas en las Leyes 33 de 1973,
12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, entre otros, a la compañera permanente
supérstite.

iii) El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993, contempla como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al
compañero o compañera permanente que haya convivido con el causante no menos
de 5 años antes del deceso.

iv) Conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1035 de 2008,
si entre el causante y su cónyuge existe separación de hecho, el compañero o
compañera permanente podrá reclamar en proporción al tiempo de convivencia,
siempre y cuando haya sido superior a los 5 años anteriores al deceso, una cuota
parte de la pensión, presupuesto que se cumple en el presente caso.

v) La Corte Constitucional en sede de tutela ha aceptado la aplicación retrospectiva
de la ley a situaciones jurídicas no consolidadas bajo la legislación anterior, lo cual
ocurre en el caso bajo estudio, en el cual, si bien, el causante falleció antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, también lo es que solo hasta su expedición las
compañeras permanentes adquirieron derecho a la pensión de sobrevivientes, por

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tanto, es el momento a partir del cual debe entenderse consolidado el derecho a la
reclamación prestacional y no antes.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. La Nación —Ministerio de Defensa Nacional— se opuso a las pretensiones
de la demanda y presentó como argumento de defensa la excepción de falta de
legitimación en la causa pasiva,1 por cuanto las prestaciones relacionadas con
miembros retirados de la entidad son competencia de las cajas de retiro, en este
caso, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

1.2.2. CASUR no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la actora, con
sustento en las siguientes consideraciones:

i) El régimen legal aplicable para la resolución del presente asunto se encuentra
contenido en el Decreto 2063 de 19842, vigente al momento del fallecimiento del
agente retirado de la Policía Nacional Miguel Antonio Castillo Clavijo, ocurrido el 6
de junio de 1989, el cual no enlista dentro del orden de beneficiarios de la sustitución
de la asignación de retiro, a la compañera permanente del pensionado fallecido. Sin
embargo, el Consejo de Estado ha dicho que esta debe entenderse incluida en dicho
orden, por mandato del artículo 42 de la Constitución Política.

Asimismo, frente a la aplicación e interpretación del Decreto 2063 de 1984 se ha
precisado que se debe tener en cuenta lo previsto en la Constitución Política de
1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad

1 Folios 135 al 141
2 De ello se dejó constancia en la audiencia inicial (folios 165 al 167)
3 Folios 197 al 204

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

jurídica y social, la familia constituida por vínculos naturales y se protegió y
reconoció como beneficiarias de las sustituciones de las asignaciones de retiro por
derecho a la igualdad a las compañeras permanentes siempre y cuando se
demuestre la convivencia, es decir, la vida en común, la comprensión, el auxilio y
apoyo mutuo con el causante.

ii) Los elementos probatorios allegados al proceso, analizados en conjunto, dan
cuenta de que la demandante convivió en calidad de compañera permanente con el
señor Miguel Antonio Castillo Clavijo desde el año 1971, aproximadamente, fecha
que coincide con la de su separación de hecho con quien fuera la cónyuge y de la
concepción de su primer hijo con la señora Teresa Castellanos Murcia.

Además, resulta dable sentar que la referida convivencia fue estable y permanente
hasta la fecha en que se produjo el deceso del señor Castillo Clavijo, toda vez que
se trató de un hecho en el que concordaron los testigos, respecto a las condiciones
de tiempo, modo y lugar.

iii) La señora Teresa Castellanos Murcia hizo vida marital con el agente Miguel
Antonio Castillo Clavijo por espacio de 18 años, anteriores al fallecimiento de aquel
(6 de junio de 1989), por lo que tiene derecho a que CASUR le reconozca y pague la
pensión de sobrevivientes, en su condición de beneficiaria, en cuanto el obstáculo
que existía para acceder al derecho en el régimen especial consagrado en el
Decreto 2063 de 1984, desapareció con la expedición de la Constitución Política de
1991.

iv) La causación del derecho pensional surgió con el deceso del causante, ocurrida
el 6 de junio de 1989, no obstante, la reclamación en sede administrativa data del 3
de julio de 2015, mientras que la demanda se formuló el 7 de junio de 2016; es decir,
que operó la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales anteriores al 3 de
julio de 2011.

Por lo expuesto, el a quo decidió: declarar la nulidad parcial del Memorando 00116

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

del 28 de febrero de 2005, en cuanto declaró extinta la asignación de retiro del señor
Miguel Antonio Castillo Clavijo; declarar la nulidad del Oficio 16915 del 15 de
septiembre de 2015, que negó a la demandante el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor Castillo Clavijo; ordenar
a CASUR el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro que
percibía el agente fallecido a favor de la actora, en calidad de compañera
permanente supérstite; declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa pasiva de la Nación —Ministerio de Defensa Nacional—; y declarar probada
la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas del 3 de julio
de 2011 hacia atrás.

1.4. El recurso de apelación4

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación
contra la sentencia, únicamente «frente a la condena en costas impuesta».5 Lo
sustentó en los siguientes términos:

Lo que se pretende hacer ver con el recurso planteado es que si bien el artículo 188
del C.P.A.C.A. consagra que "...la sentencia dispondrá de la condena en costas...",
consideración que ha sido tomada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa
como un "Factor Objetivo", no menos cierto es que la misma disposición normativa
remite expresamente a lo reglado en el C.P.C. (hoy derogado dando aplicación a lo
dispuesto en el C.G.P.) para obtener las reglas de su imposición y liquidación, y es
de allí, justamente, de donde se solicita la aplicación del numeral 5 del artículo 365
que sugiere "...En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión. (...)", circunstancia que de ninguna forma iría en
contraposición del artículo 188 del C.P.A.C.A., puesto que, con la aplicación del
numeral 5 del artículo 365 del C.G.P., se haría un pronunciamiento acorde con la
realidad de la sentencia que prosperó de manera parcial, cambiando así el rígido
patrón de aplicar el numeral 1 de la norma ibidem sin que ello implique negarse a
manifestarse sobre la condena en costas. Simplemente, si la condena en costas
fuera de carácter objetivo, la norma sencillamente así lo señalaría, y en ningún caso,
habría necesidad de disponer de la remisión normativa aludida al C.P.C. (hoy al
C.G.P.) para la liquidación y ejecución de las mismas.

Conforme a lo anterior, solicito se tenga en cuenta que en el caso concreto que la
Entidad que represento no ha actuado de mala fe, ni temerariamente en el trámite

4 Folios 212 al 214
5 Folio 212

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

del proceso, pues su actuar siempre ha sido ajustado a los parámetros establecidos.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó confirmar la
sentencia.6 CASUR guardó silencio.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la apelación, la Sala debe establecer si en
primera instancia se debió condenar en costas a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional teniendo en cuenta los postulados del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 y del artículo 365 del Código General del Proceso.

2.2. Marco normativo

La condena en costas en vigencia de la Ley 1437 de 2011

Las costas del proceso se refieren a todas las erogaciones propias del trámite
contencioso y, de acuerdo con el artículo 361 del Código General del Proceso, las
integran la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y las agencias en derecho.

6 Memorial allegado por correo electrónico, visible en el índice 13 de SAMAI.
7 Constancia secretarial obrante a folio 237 del expediente.
8 Ibidem

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

Dentro de las primeras se pueden encontrar el costo del traslado de testigos, de la
práctica de pruebas periciales, los honorarios de auxiliares de la justicia, pólizas,
copias, etc., tal como lo prescribe el numeral 3.º del artículo 366 del Código General
del Proceso.9

En lo que concierne a las segundas, esto es, las agencias en derecho, estas se
refieren a los gastos en que se incurrió en la contratación del apoderado para la
representación dentro del proceso. El juez las reconoce discrecionalmente a favor
de la parte vencedora por un monto que no debe ser igual a los honorarios pactados
con su representado judicial,10 pues estos obedecen a la relación contractual
existente entre ambos, según lo dispone el artículo 28 numeral 8.º de la Ley 1123
de 2007.11 En ese sentido, y conforme con el numeral 4.º del artículo 366 del CGP,12
las agencias en derecho se deben establecer con las tarifas que determine el
Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, en relación con la condena en costas dentro de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el artículo 188 del CPACA señala que «Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».

9 El numeral 3.º de la norma mencionada señala lo siguiente: ««3. La liquidación incluirá el valor de los
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la
condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas
por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin
apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la
liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables…».
10 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999
11 De conformidad con la norma los abogados deben fijar sus honorarios con la aplicación de criterios

«…equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para
el efecto».
12 «4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior

de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas».

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el juicio,
puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos factores
como la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso
sobre los gastos en el curso de la actuación.13

Una segunda interpretación, que actualmente es la aceptada, se fijó a través de la
sentencia del 7 de abril de 2016.14 La posición acogió el criterio objetivo para la
imposición de las costas al concluir que para ello no se debe evaluar la conducta de
las partes, sino los aspectos objetivos de su causación, tal como lo prevé el Código
General del Proceso. En dicha oportunidad la Sala concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en
esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

13 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-

2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile
Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-
2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente:

William Hernández Gómez.

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo, para la imposición de la condena
en costas debe hacerse, en los términos utilizados en la providencia en cita, una
estimación objetivo-valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se
causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se
requiera un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las
partes.15

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:

i) La Escritura Pública número 913 del 24 de abril de 1978, otorgada en la Notaría
Segunda del Círculo de Ibagué, da cuenta de que el Instituto de Crédito Territorial
concedió un préstamo al señor Miguel Antonio Castillo Clavijo para invertir en su
totalidad en la construcción de una casa de habitación. En este documento el deudor
manifestó que se encontraba separado de su cónyuge desde hacía 8 años.16

ii) En la copia del certificado de ingresos y retenciones del año gravable 1988 del
señor Miguel Antonio Castillo Clavijo, se encuentran enlistados como sus
beneficiarios la señora Teresa Castellanos Murcia, en calidad de compañera
permanente, y sus hijos Jairo Antonio, Miguel Eduardo y María Liliana Castillo
Castellanos en condición de hijos.17

iii) Los registros civiles de nacimiento de Jairo Antonio, Miguel Eduardo y María
Liliana Castillo Castellanos, nacidos el 17 de mayo de 1972, el 9 de enero de 1974

15 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16).
Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William
Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Tema: reliquidación pensión jubilación.
16 Folios 24 al 28
17 Folio 29

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

y el 12 de agosto de 1983, respectivamente, dan cuenta de sus padres son el señor
Miguel Antonio Castillo Clavijo y la señora Teresa Castellanos Murcia.18

iv) Los señores Miguel Eduardo Castillo Castellanos, María Liliana Castillo
Castellanos, Jairo Antonio Castillo Castellanos, Marcelino Botero Borda y José Jair
González Ramírez, declararon, en la Notaría Primera del círculo de Ibagué, que el
señor Miguel Antonio Castillo Clavijo y la señora Teresa Castellanos Murcia
convivieron durante 18 años en la casa de su propiedad y que el causante, hasta el
día de su muerte, les prestó ayuda y que tanto su compañera como sus hijos
dependían económicamente de él.19

Por su parte, la señora Teresa Castellanos Murcia declaró que convivió con el señor
Castillo Clavijo desde el año 1970 hasta el día de su fallecimiento, el 6 de junio de
1989; que procrearon tres hijos; y que dependía económicamente y en todo sentido
de él.20

v) En el proceso se recibieron los testimonios de los señores María Liliana, Miguel
Eduardo y Jairo Antonio Castillo Castellanos, José Jair González Ramírez y Lucia
Amparo Almanza Ossa, quienes coincidieron en sostener que la actora y el
causante siempre vivieron juntos como pareja.

2.4. Análisis de la Sala

La entidad demandada solicitó, en el recurso de apelación, que se revoque la
condena en costas que se le impuso en primera instancia, por cuanto no ha actuado
de mala fe, ni temerariamente en el trámite del proceso.

Pues bien, como se señaló en el acápite de marco normativo, por mandato del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 la imposición de las costas obedece a un criterio

18 Folios 30 al 32
19 Folios 34 al 38
20 Folio 33

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Demandante: Teresa Castellanos Murcia

objetivo, sin que para ello deba evaluarse la conducta de las partes. De este modo,
al juez le corresponde efectuar una estimación objetiva valorativa para comprobar
que se causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 de la Ley 1564
de 2012, sin que se requiera un examen de la existencia de una actuación temeraria
o de mala fe de las partes.

Por otro lado, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas
del proceso están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó
vencida en el juicio.

En el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos por los cuales se declaró extinta la asignación de retiro que percibía
el señor Miguel Antonio Clavijo y la sustitución de dicha prestación a la actora, en
calidad de compañera permanente.

Comoquiera que en el proceso resultó vencida la entidad accionada, dado que en
primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda, no es de recibo el
argumento de la apelante según el cual no procedía la condena en costas porque
actuó de buena fe y sin temeridad y, por ende, el recurso no tiene vocación de
prosperidad.

En ese orden, bajo el mismo hilo argumentativo, habrá lugar a condenar en costas
de segunda instancia a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía (CASUR), en favor
de la actora, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del
Código General del Proceso, por haberse confirmado la sentencia del inferior y
encontrarse claramente acreditado que la parte demandante durante el trámite de
segunda instancia ejerció su derecho de defensa, a través del escrito de alegatos
de conclusión.

3. Conclusión

13

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)
Demandante: Teresa Castellanos Murcia

Con base en la normatividad aplicable al caso, la Sala considera que la decisión
relativa a la condena en costas de la entidad demandada se ajustó a los criterios
impartidos en la normatividad aplicable al caso y, por tanto, no hay lugar a revocar
la decisión emitida por tal concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

Segundo. Condenar en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas
por el tribunal.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones respectivas en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente. En comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

14

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