Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00519-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00519-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2016-00519-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si hay derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez por la incapacidad
adquirida cuando se desempeñó mientras prestaba el
servicio militar.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección
de 27 de octubre de 20211, después de surtidas a cabalidad las demás etapas
procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades
procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 11 de febrero de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Frank Fernando Nieto
Mancilla contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
I. ANTECEDENTES2
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Frank Fernando Nieto Mancilla, por intermedio de apoderado judicial3, en ejercicio
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -Ley 1437 de
2011-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Acto Ficto o
Presunto derivado del silencio administrativo negativo de la petición que presentó
el 9 de julio de 2014 al Ministro de Defensa en la que solicitó el reconocimiento de
pensión de invalidez y la reliquidación de la indemnización4 por la pérdida de la
capacidad laboral.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en los
1
Informe visible a folio 376 del expediente.
2
Demanda visible a folios 82 a 90 del expediente.
3
El abogado Luis Herneyder Arévalo.
4
En audiencia inicial llevada a cabo el 6 de diciembre de 2017 fue declarada de oficio la excepción de
caducidad respecto de las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y reajuste de la indemnización
por la pérdida de la capacidad laboral.
2
Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
términos establecidos del artículo 90 del Decreto 94 de 19895, reglamentado por
el artículo 32 del Decreto 4433 de 20046 o, en su defecto, en aplicación del
principio de favorabilidad la Ley 100 de 1993 7; el reajuste de la indemnización
conforme a los parámetros que por incapacidad psicofísica determine el Decreto
94 de 19898; el pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por
concepto de los perjuicios causados; y, (ii) dar aplicación a la sentencia en los
términos de los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la
situación fáctica, así:
El señor Frank Fernando Nieto Mancilla prestó sus servicios en el Ejército Nacional
como Soldado Regular, del 15 de diciembre de 1995 al 1º de diciembre de 1998.
Como consecuencia de la prestación de sus servicios, el 30 de septiembre de 1998
fue valorado por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar, quien le dictaminó
una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 13% y, posteriormente, el 24
de mayo de 2016 fue examinado por la Junta Regional de Invalidez del Cesar,
quien lo calificó con una disminución del 67.72%.
El 9 de julio de 2014 solicitó al Ministro de Defensa el reconocimiento y pago del
reajuste de la indemnización y la pensión de invalidez con fundamento en el
numeral 5º del artículo 3 de la Ley 923 de 20049, reglamentado por el artículo 32
5
“(…) Artículo 90. Pensión de invalidez del personal de soldados y Grumetes. Partir de la vigencia del
presente Decreto, cuando el personal de soldados Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad sicofísica
tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público
liquidada así:
a) El 75% del sueldo básico de un Cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado
determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75 % y no alcance al 95%.
b) El 100 % del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado
determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
(…).
6
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
7
“(…) Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. (…)”.
8
En audiencia inicial llevada a cabo el 6 de diciembre de 2017 fue declarada de oficio la excepción de
caducidad respecto de las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y reajuste de la indemnización
por la pérdida de la capacidad laboral.
9
“(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta
el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por
los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
del Decreto 4433 de 200410, sin embargo, a la fecha de la presentación de la
demanda no se había efectuado pronunciamiento alguno, lo cual generó el silencio
administrativo negativo.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 29, 53 y 228; Código Contencioso
Administrativo, artículos 2 y 3; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 9; Leyes 100
de 1993, artículo 40; 48 de 1993, artículo 40; y, Decreto 1496 de 2000, artículos
15, 37, 44 y 45.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto
demandado está afectado por las razones que se pasan a exponer:
Para cuando ingresó al Ejército Nacional se encontraba en óptimas condiciones
de salud, en tal sentido, la alteración que sufrió sucedió en la prestación del
servicio y, por ello, no solo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez sino también el reajuste de la indemnización por la pérdida de la
capacidad laboral.
En el Acta de la Junta Médico Laboral realizada no fueron consignadas todas las
lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado, de manera
ostensible, su estado de salud.
Tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con
fundamento en la Ley 100 de 1993, ya que, si bien es cierto resulta inaplicable por
tratarse la fuerza pública de un régimen exceptuado, no es menos, que la
jurisprudencia ha permitido la regulación de situaciones pensionales a su luz,
atendiendo el principio de favorabilidad.
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de
la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una
disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en
ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de
retiro. (…)”.
10
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
1.3 Contestación de la demanda.
El Ministerio de Defensa Nacional, a través de su apoderada, solicitó negar las
súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos11:
El señor Frank Fernando Nieto Mancilla no convocó al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, quien es la última instancia para conocer acerca de las
reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico-laborales,
con lo cual se entiende que el lesionado quedó conforme con el porcentaje que le
fue concedido; además que fue evaluado por personal idóneo de conformidad con
las normas legales vigentes, quien no ha incurrido en desconocimiento alguno de
éstas, así como tampoco, ha incurrido en alguna causal de nulidad de los actos
administrativos.
El régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública, es diferente en su
aplicación para el reconocimiento y pago de los dispuesto por el legislador en el
Sistema General de Seguridad Social previsto por la ley 100 de 1993 y demás
normas que lo aclaren, adiciones o lo modifiquen, pues así lo ha señalado en
diversos pronunciamientos la Corte Constitucional12, máxime cuando el artículo
279 ibídem los exceptuó de su aplicación.
Se debió demandar el Acta de Junta Médica Laboral por medio del cual se le
determinó una incapacidad “permanente y relativa” por una disminución de la
capacidad laboral del 13%, y no, el Acto Ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo de la petición que presentó el 9 de julio de 2014 al Ministro
de Defensa, por lo mismo, se debe negar el reconocimiento de pensión de
invalidez.
Pero en caso de que no se tenga en cuenta lo anterior, para que el actor pueda
tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez debe acreditar
una incapacidad “absoluta y permanente” igual o superior al 75% de conformidad
con el artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, lo cual no se acreditó, como quiera
que a través del Acta de Junta Médica Laboral se estableció que solamente
ostentaba una disminución de la capacidad laboral del 13%.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: (i) ineptitud por no haber
demandado el acto administrativo complejo, esto es, el Acta de Junta Médica
Laboral; (ii) presunción de legalidad del acto acusado, dado que es necesario
demostrar que se haya proferido desconociendo la Constitución y la ley, lo cual no
se evidencia; e, (iii) improcedencia de la pensión reclamada, puesto que la
disminución de la pérdida de la capacidad laboral que ostenta el demandante es
11
Visibles a folio 113 a 142 del expediente.
12
Ver sentencias C-
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
inferior a la señalada en el numeral 5º del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 13,
reglamentado por el artículo 32 del Decreto 4433 de 200414.
1.4 La sentencia apelada15.
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11 de febrero de 2021
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Lo anterior, por las razones que a continuación se pasan a exponer:
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente es dable concluir que el
señor Frank Fernando Nieto Mancilla, en calidad de Soldado Regular, fue
evaluado por la Junta Médico Laboral Militar con una disminución de la capacidad
laboral del 13%, decisión que no fue impugnada ante el Tribunal Médico Laboral
de Revisión. Lo anterior lleva a la conclusión que el demandante no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de invalidez por cuanto en la actualidad padece
una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%, porcentaje que establece la
norma para determinar la procedencia de esta prestación.
Ahora, si bien fue aportado un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral
realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar «prueba
aportada por el demandante», resulta que éste no tiene la virtualidad de conferírsele
el valor de dictamen pericial, por cuanto no emitió las razones para apartarse del
que efectuó la Junta Médico Laboral Militar el 30 de septiembre de 1998 y el 21 de
diciembre de 2018 y, variar considerablemente, la disminución de la capacidad
laboral.
Si bien los diferentes dictámenes se basaron en la historia clínica del demandante,
la efectuada por la junta médica laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército
tuvo en cuenta los diversos exámenes y análisis respecto de las patologías que
tenía el evaluado y, además, fueron llevados a cabo por médicos especialistas, lo
que le otorga credibilidad y aporta elementos de convicción respecto al porcentaje
13
“(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en
cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública,
determinado por los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales
hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la
disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la
pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro. (…)”.
14
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
15
Visible a folios 207 a 223 del expediente.
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
de la disminución de la capacidad laboral, en tanto, el análisis efectuado con la
Junta Regional de Invalidez del Cesar no resulta conducente para determinar tal
supuesto.
1.5 El recurso de apelación.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia con
fundamento en los siguientes argumentos16:
Expresó estar en desacuerdo con la decisión del a-quo, por cuanto el demandante
ingresó a la entidad demandada como conscripto en inmejorables condiciones de
salud, al punto, que fue declarado apto para la prestación del servicio militar
obligatorio; sin embargo, durante esta la prestación, su condición se desmejoró
ostensiblemente y ha cobrado mayor gravedad durante el tiempo, tanto es así, que
la Junta Regional de Invalidez del Cesar lo dictaminó con el 67.72% de la pérdida
de la capacidad laboral; así las cosas, no es posible desconocer la citada
valoración, como quiera que tuvieron en cuenta los mismos conceptos que habían
sido analizados por Sanidad Militar en la Junta Médico Laboral.
II. CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con el argumento que obra en el recurso de apelación, le corresponde
a la Sala:
Establecer si el señor Frank Fernando Nieto Mancilla tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en los términos
establecidos en el numeral 5º del artículo 3 de la Ley 923 de 200417,
reglamentado por el artículo 32 del Decreto 4433 de 200418 o, en su defecto,
16
Visible a folios 226 a 239 del expediente.
17
“(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en
cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública,
determinado por los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales
hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la
disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la
pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro. (…)”.
18
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
en aplicación del principio de favorabilidad la Ley 100 de 199319, aun cuando
en el plenario existen divergencias en los dictámenes que calificaron la
pérdida de la capacidad laboral.
Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) normas
que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas
Militares; ii) sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad
Social contenido en la Ley 100 de 1993; iii) de la situación de invalidez frente al
Sistema General de Pensiones; iv) de la inaplicación de los regímenes
exceptuados en materia de seguridad social; y, v) del caso en concreto.
i) Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de
las Fuerzas Militares.
El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales
por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”,
estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las
aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes
quedaban sometidos al “(r)reglamento General de Incapacidades, Invalideces e
Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional”.
Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular
la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio
de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos
cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus
artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto
de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución
en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.
La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se
reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas
de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se
establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de
invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del
procedimiento.
Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión
de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el
artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:
“(…) A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y
Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que
implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público
y liquidada así:
19
“(…) Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. (…)”.
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de
lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance
al 95%.
b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice
de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al
95% (…)”.
Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000 20, determinó una pensión de invalidez
para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación
y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio
de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función
de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:
“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL
PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL
EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o
Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio,
el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en
las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance
el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance
el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual
o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
PARÁGRAFO 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente
a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 1989 21
(…) ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL
VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y
PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente
artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o
superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a
continuación se señala:
(…)
20
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral,
y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por
lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes
en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993.”
21
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03
del 21 de octubre del 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
9
Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
PARÁGRAFO 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual
o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez. (…)”. (Lo subrayado
es de la Sala).
Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de las
facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el
14 de septiembre del 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un
porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya función se
determina el monto pensional, que pasó del 50% al 75% de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia.
Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación
correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto,
dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios de
disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el
Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta forma lo previó el
artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:
“(…) ARTICULO 48. ARTICULO TRANSITORIO. Hasta tanto el Gobierno Nacional
determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el
presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución
de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto
el artículo 70 de la misma norma (…)”.
Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la cual se
señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º numeral 3.5 se dispuso lo
siguiente:
“(…) Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de
Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la
capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas computables para la asignación de retiro. (…)”
Igualmente, en el artículo 6º se estableció los efectos temporales de dicha norma
en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez; al
respecto manifestó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos
ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos
para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte
Constitucional en sentencia C – 924 del 2005, providencia en la cual se estudió
10
Radicado No. 730012333000201600519 01.
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una acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la
vulneración del derecho a la igualdad.
En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo 6º de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no
vulneraba el derecho a la igualdad en tanto “la retroactividad prevista por el legislador,
no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de
ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de
las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus
circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las
condiciones previstas en el nuevo régimen”.
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 del 200422, el cual en su artículo 30
consignó los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión de invalidez así:
“(…) Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)
ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del
vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio,
mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables
que correspondan según lo previsto en el presente decreto (…)”
El Decreto 4433 del 2004 contempló, en sus artículos 30 y 33, dos hipótesis
respecto de este tipo de pensión, en las que se exige un 75% de pérdida de la
capacidad laboral siempre que la afectación haya ocurrido durante el servicio, sin
especificar que debiera ser por causa y razón de este. La principal diferencia entre
el uno y el otro, además de la liquidación del monto en algunos casos, es el
personal al que se encuentran dirigidas, puesto que el artículo 30 cobija a
Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y a Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional; mientras que la del
artículo 33 ampara a los Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, y de Oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional.
Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento pensional aludido no solo era
menester que el afectado presentara una pérdida de la capacidad superior al
porcentaje mencionado en párrafos anteriores sino que además, las lesiones o la
22
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”
11
Radicado No. 730012333000201600519 01.
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incapacidad debió ser causada en servicio activo y con ocasión del mismo; si bien
el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 consagró el reconocimiento prestacional
referido originado en misión del servicio en simple actividad, solo aplicaba a
situaciones consolidadas a partir del 7 de agosto del 2002.
El referido artículo 30 fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación
en sentencia del 28 de febrero del 201323 a través de la cual lo declaró nulo al
considerar que el Gobierno Nacional excedió la facultad de regulación que le
otorgó el legislador en la Ley 923 del 2004. Al respecto:
“(…) Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea
igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de
la misma. De tal manera que, si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser
variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en
tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que, en desarrollo de los
dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley.
(…)
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de
nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita
competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923
de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y
carente de validez (…)”
Finalmente, se expidió el Decreto Reglamentario 1157 del 201424, a través del cual
se consignaron nuevamente los requisitos para que los miembros de las Fuerzas
Militares y de Policía accedan a la pensión de invalidez. En esta oportunidad se
estableció que con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior
al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía podrán ser acreedores
del derecho a la pensión de invalidez, así:
“(…) ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos
médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales,
miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación
del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en
servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento
de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238-07), Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
24
“Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión
de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública.”
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en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:
(…)”.
Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, estableció la
pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y entre ellos, a los
miembros que prestaran el servicio militar, cuando por las autoridades médico-
laborales propias se les determine una pérdida de su capacidad laboral igual o
superior al 50%.
En cuanto al monto, estableció la norma que:
Rango % pérdida cap. Monto - partidas
Laboral computables
50 - 75 50
75 - 85 75
85 - 95 85
más de 95 95
Es pertinente señalar, que una de las características notorias de la regulación de
la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a partir de los
conceptos científicos de las autoridades médico-laborales propias que tiene por
ministerio de la ley, lo cual tiene pleno sustento en que dicho sector está excluido
del régimen general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 199325.
Así las cosas, nota la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez en la fuerza
pública está a tono con la dispuesta en el régimen general de pensiones, al que
se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al principio de
favorabilidad.
ii) Sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad
Social contenido en la Ley 100 de 1993.
El Sistema General de Pensiones es, en principio, de aplicación general, así se
desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma Ley en su artículo 279
dispuso que: “(…) El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule
a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas (…).”.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a los sectores excluidos
expresamente por la Ley 100 de 1993 de la aplicación de todo el Sistema Integral
de Seguridad Social, no se les aplica ninguno de los sistemas originados en dicha
ley, esto es, pensiones, salud y riesgos profesionales. Dentro de los sectores
enunciados en la norma se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
25
Artículo 279.
13
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Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
De tal manera que la situación particular del demandante, en principio, se
encuentra excluida de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social
previsto en la Ley 100 de 1993.
iii) De la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones.
La Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 del 2003,
y sus reglamentaciones, regula la noción jurídica de invalidez, y los criterios para
establecerla. Define los requisitos y el monto de la pensión de invalidez y señala
las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los regímenes del
sistema.
Así se establece en los artículos 38 y 39, ibídem, en su texto original:
“(…) ARTICULO. 38.- Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se
considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
ARTÍCULO 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley.
(…)”.
iv) De la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad
social.
Sobre este particular, estima la Sala que el derecho a la igualdad material no sufre
en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de
seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger
los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones
prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se
aplican.
No obstante, ello excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón
justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales
generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se
encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una
evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por
desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política.
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C - 461 del 12 de octubre
del 2005, M. P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
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Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
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"(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes
pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que
garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior,
resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos
de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina
que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento
inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente
al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es
razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el
artículo 13 de la Carta.".
Posteriormente, en sentencia T-348 de 24 de julio de 1997 reiteró:
"En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de regímenes
especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente,
en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí
señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria,
las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente
a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general.". (Lo
resaltado en negrilla es de la Sala).
Bajo estos supuestos, advierte la Sala26 la posibilidad de que, por vía de
excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad
social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido
por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993.
En otras palabras, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable que el
régimen especial de la Fuerza Pública, es preciso atender a la interpretación
armónica que requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar las
disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues precisamente en
virtud del referido principio el operador jurídico en caso de duda en la aplicación o
interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma
situación de hecho debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador
o sus beneficiarios27.
v) Del caso en concreto
En el sub-lite, el señor Frank Fernando Nieto Mancilla pretende el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez por considerar que cuenta con el porcentaje
requerido para el reconocimiento de esta prestación «artículo 32 del Decreto 4433
de 200428», sin embargo, en el expediente obran dos dictámenes en los cuales se
26
En este mismo sentido pueden verse los siguientes pronunciamiento: sentencias de 23 de julio de 2009,
Rad. 1925-2007. Actor: William Tapiero Mejía. M. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia 13 de febrero
de 2003. Rad. 1251-2002. M.P. Alberto Arango Mantilla.
27
Ver sentencia T-248 de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
28
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
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calificó la pérdida de la capacidad laboral que, en cuanto a su calificación, son
diferentes entre si.
Para efectos de resolver el punto objeto de controversia, la Sala cuenta con los
siguientes elementos probatorios:
a) El 30 de septiembre de 1998 la Junta Médica Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército calificó al señor Frank Fernando Nieto Mancilla con una
pérdida de la capacidad laboral equivalente al 13%29.
b) El 9 de julio de 2014 el señor Frank Fernando Nieto Mancilla solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por la
pérdida de la capacidad laboral, dado que, a su juicio, acreditaba con los requisitos
necesario para el efecto30.
c) El 10 de julio de 2014 el Jefe de Atención al Usuario de la Dirección de
Personal del Ejército Nacional certificó que el señor Frank Fernando Nieto Mancilla
había prestado sus servicios como Soldado Regular del 12 de junio de 1995 al 1º
de diciembre de 1997 para un toral de 2 años, 11 meses, 15 días de tiempo
servicios31.
d) El 24 de mayo de 2016 la Junta de Invalidez del Cesar valoró al señor Frank
Fernando Nieto Mancilla con una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
67.72% en razón a un “(…) LUMBAGO NO ESPECIFICADO, HIPOACUSIA –
BILATERAL, TRASTORNO DE DOLOR PERSISTENTE SOMOTOMORFO (…)”32.
e) El 21 de diciembre de 2018 la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad
del Ejército valoró, nuevamente «en cumplimiento de la orden judicial», al señor
Frank Fernando Nieto Mancilla con una pérdida de la capacidad laboral
equivalente al 13%33.
Con fundamento en lo anterior es dable concluir que el señor Frank Fernando
Nieto Mancilla (i) prestó sus servicios como Soldado Regular del 12 de junio de
1995 al 1º de diciembre de 1997; (ii) el 30 de septiembre de 1998 la Junta Médica
Laboral de Sanidad Militar lo valoró y dictaminó que tenía una disminución de la
capacidad laboral equivalente al 13%; (iv) el 24 de mayo de 2016 también fue
valorado por la Junta Médica Laboral del Cesar, quien consideró que ostentaba
una pérdida de la capacidad laboral del 67.72%; y v) finalmente, por orden judicial,
fue valorado nuevamente fue valorado por la Junta Médica Laboral de Sanidad
Militar, quien le calificó une pérdida de la capacidad laboral equivalente del 13%.
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
29
Visible a folios 13 y 14 del expediente.
30
Visible a folios 4 y 5 del expediente.
31
Visible a folio 15 del expediente.
32
Visible a folios 9 a 12 del expediente.
33
Visible a folios 328 y 329 del expediente.
16
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
Pues bien, como se puede evidenciar, existen dos dictámenes que fueron
realizados, de un lado, por la Junta Médica Laboral de Sanidad Militar; y de otro,
por Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, que determinaron que
el señor Frank Fernando Nieto Mancilla ostentaba una disminución de la
capacidad laboral del 13% y 67.72%, respectivamente. En virtud de lo anterior,
resulta necesario establecer cuál es la razón por la que, con fundamento en la
misma causa, esto es, lesiones que adquirió durante la prestación del servicio
militar, existen dos puntos de vista casi tan diametralmente opuestos; por ende, la
Sala relacionará los diversos conceptos que fueron tenidos en cuenta por los
especialistas para luego determinar en donde se generó la diferencia, veamos:
Dictamen de la Junta Médica Laboral de la Dictamen Junta Regional de Calificación
Dirección de Sanidad del Ejército. de Invalidez del Cesar.
10 de junio de 1998 – Ortopedia: “(…) Cuadro 10 de junio de 1998 – Ortopedia: “(…)
de dos años de evolución y ciática derecho Cuadro de más de dos años devolución y
resistente al tratamiento médico (caída altura ciática derecha, resistente al tratamiento
2 mts) manejado con AINES y rehabilitación. médico (caída de altura de 2 m) manejado con
Diagnóstico: por fijación artrodesis L5 S1. AINES y rehabilitación. Diagnóstico ubicación
Etiología: Espondilólisis + trauma. artrodesis L5-S1. Etiología: Espondilolistesis *
Tratamiento de edificados: fijación y artrodesis trauma. Tratamientos verificados, fijación y
L5 S1. Estado Actual. Ambulatorio utiliza artrodesis L5-S1. (…)”.
corsé ortopédico herida cirugía en buen
estado refiere dolor nivel medio a nivel de
pantorrilla. Pronóstico: reservado. Conducta a
seguir: no se puede dar concepto definitivo
puesto que aún no lleva todavía seis meses de
cirugía. (…)”.
9 de septiembre de 1998 – Neurocirugía: 1 de julio de 2014 – Psiquiatría: “(…) Se le
“(…) Día 26 de mayo de 1996 durante el realiza valoración por psiquiatría por el Dr.
patrullaje sufrió caída de 2 m con trauma en la Oswaldo Martha Santa Cruz médico, la cual
región lumbar. Diagnóstico Espondilólisis L5 dice: ingresó voluntariamente al ejército
S1. Etiología: traumática. Tratamientos nacional de 1995 a 1997. Recibió
verificados: tratamiento quirúrgico conjunto entrenamiento inicial en honda (Tolima) y
con ortopedia, neurocirugía, resección arco posteriormente en Armero Guayabal (Tolima)
posterior L5 + Foraminotomía bilateral L5 por para cumplir funciones de radio operador el
ortopedia, artrodesis e instrumentación Líbano (Tolima) finalmente.
posterior L5 S1 Estado Actual: Bueno (…)”. (…)
Al examen mental: pensamiento de curso
lento, y aunque disperso, lógico, coherente en
el relato hay desorganización cronológica.
Lenguaje pobre, limitado y de bajo volumen.
En la entrevista se capta una memoria
afectada, tanto en la fijación como en la
evocación. Durante la consulta se nota un
afecto de fondo ansioso, con sudoración e
inquietud de manos. Inteligencia promedio
baja. Nuestras tornos descenso-percepción.
Al examen me doy cuenta de una fracción
conservada y una prospección incierta
observándolo se percibe una monstruosidad
normal aunque se observa onicofagia (…)”.
Septiembre de 1998 – Ortopedia: “(…) Sufre
trauma al caer de más o -2 m de altura acusan
entonces dolor en región de Colombia a
miembro inferior derecho. Diagnóstico:
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espondilosis espondilolistesis L5 S1 etiología:
postraumática tratan lentos verificados.
Cirugía consistente en disco presión fijación y
artrodesis posterior L5 ese uno. Rehabilitación
y corsé ortopédico(…)”.
Con fundamento en los citados conceptos, las Juntas Médico-laborales
concluyeron que:
Dictamen de la Junta Médica Laboral de la Dictamen Junta Regional de Calificación
Dirección de Sanidad del Ejército. de Invalidez del Cesar.
“(…) Trauma en columna con espondilólisis y “(…) - Lesión 1A: Lumbago postraumático
espondilolistesis L5 S1 tratado (espondilolistesis) que amerita tratamiento
quirúrgicamente que deja como secuela A. quirúrgico post laminectomía artrodesis L5 S1.
Lumbalgia Crónica (…)”. Sigue sintomático.
Lesión 2A: hipoacusia neurosensorial grado
leve a moderada de fecha 1 de julio de 2014
más acufenos por ORL.
Lesión 3A: trastorno de dolor persistente So
moto morfo secundario a su dolor crónico (1
de julio de 2014).
Se proceden a establecer índices de lesión:
-Lesión 1A: Lumbago post-traumático, con
repercusión funcional.
Numeral 1-062, Literal C, Índice 15
DLT=53.50%
-Lesión 2A: Hipoacusia sensorial bilateral de
leve a moderada:
Numeral 6-034, literal B, índice 9. DLT=22.00%
-Lesión 3A: Ansiedad reactiva, dolor
somotomorfo:
Numeral 3-040, Literal A, Índice 5 DLT=11.0%
(…)”.
Nótese que, en principio, ambos dictámenes contaron con los mismos elementos
de juicio para establecer la pérdida de la capacidad laboral del señor Frank
Fernando Nieto Mancilla; sin embargo, llama la atención de la Sala tres aspectos
en particular, el primero, que la Junta Médico Laboral del Cesar calificó la lesión o
afección de la columna lumbar con el índice más alto sin explicar porque adoptó
tal determinación y/o se apartó de la valoración realizada por la Junta Médica
Laboral de Sanidad Militar; el segundo, que impuso una calificación a una lesión
causada por hipoacusia sensorial bilateral sin existir examen de especialista que
respalde tal evaluación; y finalmente, no existe nexo causal de la presunta lesión
de psiquiatría con la prestación del servicio.
En ese orden de ideas, la génesis de la diferencia de la pérdida de la capacidad
laboral es, justamente, lo que la ocasionó; pues, si bien ambos dictámenes
tuvieron en cuenta el examen de ortopedia en el cual se describió el accidente que
sufrió el demandante el 26 de mayo de 1996, la Junta Regional de Calificación del
Cesar agregó componentes o hechos que, por lo menos, en todo el material
probatorio que obra en el expediente, no se evidencian.
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Radicado No. 730012333000201600519 01.
No. interno: 2470-2021.
Actor: Frank Fernando Nieto Mancilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
Adicionalmente es necesario afirmar que, solo es posible tener en cuenta los
dictámenes emitidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez cuando
se practica atendiendo una orden judicial, pues así lo dispuso el artículo 1º del
Decreto 1352 de 2013, veamos:
“(…) ARTÍCULO 1°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a las
siguientes personas y entidades:
1. De conformidad con los dictámenes que se requieran producto de las calificaciones
realizadas en la primera oportunidad:
a) Afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales o sus beneficiarios;
b) Trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y
privado;
c) Trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral;
d) Empleadores;
e) Pensionados por invalidez;
f) Personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares;
g) Personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993;
h) Personas no afiliadas al Sistema de Seguridad Social, que hayan estado afiliados al
Sistema General de Riesgos Laborales;
i) Personas no activas del Sistema General de Pensiones;
j) Administradoras de Riesgos Laborales (ARL);
k) Empresas Promotoras de Salud (EPS);
l) Administradoras del Sistema General de Pensiones;
m) Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte;
n) Afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República;
o) El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que
aquel está imposibilitado, o personas que demuestren interés jurídico.
2. De conformidad con los dictámenes que se requieran como segunda instancia de los
regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, caso en el cual las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez actuarán como segunda instancia, razón por la cual no
procede la apelación a la Junta Nacional:
a) Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;
b) Trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos.
3. De conformidad con las personas que requieran dictamen de pérdida de capacidad
laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o
administrativos, deben demostrar el interés jurídico e indicar puntualmente la finalidad
del dictamen, manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas,
caso en el cual, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como
peritos, y contra dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos:
a) Personas que requieren el dictamen para los fines establecidos en este numeral;
b) Entidades bancarias o compañía de seguros;
c) Personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 418 de
1997.
PARÁGRAFO. Se exceptúan de su aplicación el régimen especial de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez como peritos. (…)”. (Lo resaltado en negrilla
y subrayado es de la Sala).
Entonces, si bien la citada normativa dispuso que se aplicaría a todos los
trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y
privado, trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social y
pensionados por invalidez, lo cierto es que entre las funciones que le asignó a
estas Juntas Calificadoras está la de evaluar las solicitudes de calificación de
pérdida de la capacidad laboral requeridas por las autoridades judiciales o
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administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el
proceso34, situación que no ocurrió en el presente caso.
Se debe indicar respecto de las valoraciones efectuadas por las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez por orden judicial, que la Corte Constitucional precisó
dos aspectos a saber, el primero señala que las autoridades judiciales o
administrativas pueden designar como peritos a las juntas de calificación de
invalidez y, el segundo de ellos referido a, la obligatoriedad y perentoriedad en el
cumplimiento de las órdenes judiciales a través de las cuales se disponga este tipo
de valoraciones. En efecto, sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-033
de 2004, que:
“(…) Las órdenes judiciales no pueden ser ignoradas ni desobedecidas pues su
cumplimiento no es facultativo. El derecho a acceder a la justicia comprende no sólo la
presentación de una demanda sino también el cumplimiento de lo ordenado por los
jueces. De lo contrario, este derecho sería intrascendente y se agotaría en una mera
formalidad. Adicionalmente, es del caso tener en cuenta que la junta calificadora
accionada gozaba, en virtud del derecho al debido proceso, de la posibilidad de
controvertir la orden judicial que le había sido impartida (…)”.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta, tal como lo ha dicho esta Corporación,
que cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución
de la capacidad laboral del funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el
de los peritos designados en el proceso), debe darse prelación al dictamen que
emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como
medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en
los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez 35.
Bajo ese contexto, no cabe duda que los dictámenes o valoraciones que efectúan
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez además de que se pueden tener
en cuenta, tienen los mismos efectos a las expedidas por las autoridades médico
laborales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, siempre y cuando los
ordene la autoridad judicial competente y sean sometidos a la correspondiente
contradicción de que trata el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil 36, lo
cual, se insiste, no ocurrió en el sub-lite.
Así las cosas, no es posible tener en cuenta el dictamen que emitió la Junta Médico
Laboral del Cesar, por varias razones: primero, porque es notorio que se
presentaron diversas incongruencias fácticas que motivaron una calificación que
no debería corresponder; y segundo, porque la autoridad competente para emitir
34
“(…) ARTÍCULO 3o. CALIFICACIÓN DEL GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD
LABORAL. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral
en caso de accidente o enfermedad:
1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida
de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su
actuación será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de invalidez también
actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera
calificar la pérdida de capacidad laboral.
(…)”.
35
CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 6 de julio de 2011, Expediente No. 68001-23-15-000-1998-
01035-01(0839-08), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
36
Actualmente el artículo 228 del Código General del Proceso.
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este tipo de dictámenes en miembros de las Fuerzas Militares es la Dirección de
Sanidad Militar a través de sus Juntas Médicas Laborales.
Pero si en gracia de discusión no se admitieran los anteriores argumentos, los
cuales son suficientes para negar las pretensiones de la demanda, la Sala, no
puede desconocer que en el marco del proceso se ordenó a la Junta Médico
Laboral de Sanidad Militar que examinara nuevamente al señor Frank Fernando
Nieto Mancilla en el cual lo dictaminó el 21 de diciembre de 2018 con una pérdida
de la capacidad laboral equivalente al 13%, esto es, la misma calificación que
había adoptado el 30 de septiembre de 1998 y que no es suficiente para el
reconocimiento de la pensión de invalidez. Lo anterior con fundamento en los
siguientes argumentos:
“(…) DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1) POSTOPERATORIA FIJACIÓN POSTERIOR L5 S1 CICATRIZ QUIRÚRGICA
LUMBAR IZQUIERDA 1/2 VALORADO POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA SEGÚN
CONCEPTO DE ORTOPEDIA DE BUEN PRONÓSTICO Y DOLOR SUSCEPTIBLE A
MANEJO MÉDICO (…) 2). RADICULOPATÍA CIÁTICA DERECHA VALORADO POR EL
SERVICIO DE ORTOPEDIA QUE, SEGÚN CONCEPTO DE BUEN PRONÓSTICO Y
MANEJO DEL DOLOR, QUE NO APORTA DOCUMENTOS, HISTORIA CLÍNICA QUE
CODIFIQUE UN HECHO CAUSAL CON EL SERVICIO ACTIVO, FECHA DE RETIRO
30 DE NOVIEMBRE DE 1998, ADEMÁS CABE RESALTAR QUE SE DESCONOCE LOS
FACTORES OCUPACIONALES POSTERIORES AL SERVICIO MILITAR.
(…) NOTA 2: SITUACIÓN JURÍDICA: TENIENDO EN CUENTA NUESTRA FUNCIÓN
DE SERVIDORES PÚBLICOS, SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN
JUDICIAL IMPARTIDA MEDIANTE AUTO DE PRUEBAS DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2016-00519-00, POR TAL RAZÓN LA SALA DE
JUNTAS MÉDICO LABORAL PROCEDE A REALIZAR LA JUNTA MÉDICO LABORAL
DEL SEÑOR NIETO MANCILLA FRAN FERNANDO, DEJANDO SALVEDAD QUE LAS
SECUELAS FUERON LAS MISMAS VALORADAS SER CALIFICADAS EN SEGUNDA
INSTANCIA POR EL TRIBUNAL 3616 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998, POR
LO ANTERIOR PARA EL CASO EN CONCRETO ME PERMITO TRANSCRIBIR EL
CONCEPTO DE LA SENTENCIA T-717/2017 LA CUAL ENTRE OTROS ASPECTOS
DETERMINÓ: “(…) EL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 1796 DE 2000, ESTABLECE
QUE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL MILITAR Y DE
PUBLICIDAD DE REVISIÓN, SON IRREVOCABLES Y OBLIGATORIAS, Y POR
REGLA GENERAL CONTRA ESTAS SÓLO PROCEDEN LAS ACCIONES
JURISDICCIONALES PERTINENTES. EN CONSECUENCIA, NO PODRÍAN
EFECTUAR NUEVAS CALIFICACIONES DEL ESTADO DE INCAPACIDAD, EXCEPTO
EN LOS CASOS DE LOS PENSIONADOS POR INVALIDEZ (…)” EN ESE ORDEN DE
IDEAS ES CLARO ENTONCES QUE EL LEGISLADOR CONTEMPLÓ QUE LAS
PERSONAS QUE SEAN CALIFICADAS CON PORCENTAJE INFERIOR AL MÍNIMO
REQUERIDO PARA ACCEDER A DICHA PRESTACIÓN NO PODRÍAN VOLVER A SER
EVALUADAS, PESE A QUE EXISTA UN AGRAVAMIENTO DE SUS SÍNTOMAS O UNA
IMPORTANTE ES MEJORAR SU ESTADO DE SALUD (…) DE IGUAL FORMA SE
DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO 2018 313.164 941 DEL 31 DE
AGOSTO DE 2018 SE SOLICITÓ LA JUNTA REGIONAL DEL CESAR EL DICTAMEN
MÉDICO 5860 DE 2011 QUIENES NO ANEXARON ESTA ENTIDAD LA COPIA
SOLICITADA RAZÓN POR LA CUAL NO SE LOGRÓ REALIZAR LA COOPERACIÓN
ENTRE LAS DOS CALIFICACIONES MANIFESTADAS POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (…)”.
Por lo anterior, al haberse comprobado que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como quiera que no se
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encuentra acreditado el porcentaje requerido de la pérdida de la capacidad laboral
para el reconocimiento, la Sala, confirmará la sentencia del a-quo que negó las
pretensiones de la demanda.
Condena en Costas.
En el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en
costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas
subsecciones de la Sección Segunda37 de esta Corporación sobre el particular, en
la medida que el artículo 188 del CPACA38, impone al juez la facultad de disponer
sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la
actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente
aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del
artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación que simplemente
consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a-quo no hizo un análisis sobre la necesidad de
condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya
definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna evidencia
de causación de expensas que justifiquen su imposición a la demandada. Por
consiguiente, se revocará el numeral segundo que condena en costas a la parte
vencida dentro del proceso, por las consideraciones expuestas en precedencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR con modificación la sentencia de 11 de febrero de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó
las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Frank Fernando Nieto
Mancilla contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión, en cuanto el Tribunal
Administrativo del Tolima condenó en costas a la parte demandante.
En su lugar, se dispone:
NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación
precedente.
37
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
38
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
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