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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00668-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00668-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Amira de los Ángeles Montero Anzola contra la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES. En su lugar, Segundo: Negar las pretensiones de la demanda. Tercero: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la entidad demandada; las cuales se liquidarán por el a quo. Cuarto: Reconocer personería adjetiva al abogado José Octavio Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía 79.266.852 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, para represente los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, en virtud del memorial que obra de folios 214 a 216 del expediente. Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00668-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

31 de marzo de 2022

1
Radicado: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: AMIRA DE LOS ÁNGELES MONTERO ANZOLA
Demandadas: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES 1

Temas: Reconocimiento de pensión vejez. Beneficiarios
régimen de transición. Traslado del régimen de
prima media con prestación definida al régimen de
régimen de ahorro individual con solidaridad.
Aplicación sentencia SU-130 de 2013.
Improcedencia aplicación del Decreto 546 de 1971.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-062-2022

ASUNTO

La Subsección decide los recursos de apelación interpuestos por la entidad
demandada y el Ministerio Público en contra de la sentencia proferida el 8 de
febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Amira de los Ángeles Montero Anzola en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo
138 de la Ley 1437 del 20112 formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones (Folios 46 a 48)

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por
Colpensiones:

• Resolución GNR 810 del 2 de marzo de 2011, mediante la cual se
negó el reconocimiento de la pensión a favor de la señora Amira de
los Ángeles Montero Anzola;

1 En adelante Colpensiones.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», en adelante CPACA.
Se destaca que el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué a
través de providencia del 7 de octubre de 2016, declaró la falta de competencia en razón de
la cuantía y ordenó la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Tolima (reparto),
conforme se vislumbra de folio 23 anverso y reverso.

2

Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

• Resoluciones GNR 292260 del 5 de noviembre de 2013 y VPB 3548
del 12 de marzo de 2014, a través de las cuales se resolvieron los
recursos de reposición y apelación, respectivamente, en contra del
acto inicial al confirmarlo en todas sus partes;
• Resolución GNR 385916 del 4 de noviembre de 2014 que reconoció
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la demandante;
• Resolución VPB 26260 del 19 de marzo de 2015 que resolvió el
recurso de apelación interpuesto en contra del anterior acto
administrativo y revocó el mismo;
• Resoluciones GNR 205460 del 9 de julio de 2015 y GNR 3032023 del
1.° de octubre de la citada anualidad, por las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la libelista.

2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a Colpensiones que
reconozca y pague la pensión de vejez a la señora Amira de los Ángeles
Montero Anzola de conformidad con los Decretos 546 de 1971, 717 de
1978 y demás normas concordantes, que garanticen su derecho a la
igualdad, con la inclusión de los factores devengados en el último año de
servicio a saber: asignación básica, prima especial de servicios,
«servicios autorizados por la ley», bonificación por servicios prestados,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y bonificación
por actividad judicial.

3. Conminar a la entidad demandada a pagar «todo lo dejado de sufragar»
por concepto de la prestación solicitada, junto con los incrementos legales
a que haya lugar por concepto de mesadas pensionales, desde cuando
adquirió el respectivo derecho con los respectivos reajustes de ley.

4. Condenar a Colpensiones al pago de los perjuicios materiales (daño
emergente), morales y de daño a la vida en relación que le fueron
causados, así como el lucro cesante consistente en al menos los intereses
corrientes de las sumas actualizadas desde el momento en que debieron
cancelarse y hasta cuando se haga el desembolso efectivo.

5. Ordenar que la condena respectiva se actualice de conformidad con el
artículo 192 y siguientes del CPACA, debidamente indexados desde la
fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha de pago.

6. Dar cumplimiento de la sentencia y reconocer intereses comerciales y
moratorios en atención a los artículos 189 y 192 ibidem. Condenar en
costas a la parte pasiva.

Fundamentos fácticos relevantes (Folios 48 a 49)

1. La señora Amira de los Ángeles Montero Anzola nació el 4 de diciembre
de 1952 y cuenta con 1.172 semanas de cotización en pensiones, según
se observa en el reporte de semanas cotizadas expedido por la entidad
demandada.

2. Prestó sus servicios a la Rama Judicial por más de 21 años como juez de
la República y, por tal motivo, la norma pensional a ella aplicable como
beneficiaria del régimen de transición, es el artículo 6.° del Decreto 546 de
1971 y el Decreto 717 de 1978.

3

Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

3. La señora Montero Anzola en múltiples oportunidades solicitó el
reconocimiento pensional, empero, le ha sido negado de forma reiterada a
través de los actos administrativos demandados.

4. Las actuaciones llevadas a cabo por la parte pasiva constituyen una
vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida,
al mínimo vital y la seguridad social, así como a la reiteración
jurisprudencial expuesta en las sentencias expedidas por la Corte
Constitucional T-019 de 2009 y SU-769 de 2014.

5. Mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado 47 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, le fue concedido como mecanismo
transitorio el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de
la libelista, por lo que, en cumplimiento de aquel, Colpensiones expidió la
Resolución GNR 259054 del 31 de agosto de 2016, que concedió la
prestación en cuantía de $5.328.555, a partir del 1.° de septiembre de
2016.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 3, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas,
las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por
lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso
para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 22 de mayo de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] se procede a realizar el estudio de las excepciones previas, de conformidad
con el numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, siendo necesario
precisar que la entidad demandada propone las siguientes excepciones:

• Inaplicabilidad del régimen de transición.
• Prescripción.

De entrada advierte el despacho, que sobre las excepciones referenciadas su
estudio se trasladará al fondo del asunto, en tanto que los argumentos en que se
fundamentan versan sobre la existencia o no del derecho alegado.». (Folio 109
del expediente y CD visible a folio 106).

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

(2015).

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Luego pasa a definir los hechos sobre los cuales no hay controversia o que
se consideran debidamente probados, estableciéndolos de la siguiente manera:

“HECHO 1: La señora Amira de los Ángeles Montero Anzola, nació el 4 de
diciembre de 1952 y cotizó durante toda su vida laboral un total de 1.173
semanas. (Ver a folios de 4 a 7)

HECHO 2: La demandante laboró al servicio de la Rama Judicial entre el 16 de
febrero de 1978 al 30 de noviembre de 2011, tal y como consta dentro de la
documentación visible a folios 31 a 43 del plenario.

HECHO 3: La accionante mediante solicitudes elevadas ante la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES -, solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de
1971 y demás normas concordantes, al ser beneficiaria del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la ley (sic) 100 de 1993, las cuales fueron negadas
a través de las resoluciones (sic) GNR 810 del 02 de marzo de 2011, GNR
292260 del 5 de noviembre de 2013, VPB 3548 del 12 de marzo de 2014, GNR
385916 del 4 de noviembre de 2014, VBP 26260 del 19 de marzo de 2015, GNR
205460 del 9 de julio de 2015 y GNR 3032023 del 1º de octubre de 2015. (Ver a
folios 8 al 30 del plenario)

HECHO 4: Con resolución (sic) Nro. 259054 del 31 de agosto de 2016, la entidad
demandada reconoció y ordenó el pago de una pensión a favor de la
demandante, en cuantía de $5.328.555 a partir del 1º de septiembre de 2016, en
cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fecha 6 de julio de 2016, dentro
del proceso radicado No. 2016-00514 y como mecanismo transitorio. (Ver a folios
4 a 7 del plenario).

HECHO 5: Mediante certificación suscrita por la responsable de la sección (sic)
de archivo (sic) de nómina (sic), se hace constar que la demandante laboró al
servicio de la Rama Judicial, hasta el 30 de noviembre de 2011 y certifica los
factores salariales percibidos durante el año 2011. (Ver a folios 31 a 32).

Estos son los cinco hechos que consideramos ya están plenamente probados o
documentados en el expediente y en los que las partes estarían plenamente de
acuerdo con ellos.

Pregunta a las partes, si están de acuerdo con la definición sobre los
hechos sobre los cuales NO existe controversia.

Apoderado de la parte demandante: Su señoría de acuerdo parcialmente, en la
demanda no se alcanzó mencionar que la pensión reconocida por el juez de
tutela, fue revocada por el (sic) cuanto el tribunal en Bogotá, revoco (sic) el fallo
de segunda instancia, y lo cual dejo (sic) sin efectos la decisión allí consignada.
La anterior situación reitera que a la fecha la demandante no cuenta con derecho
pensional alguno.

El apoderado no aporta al fallo de segunda instancia.

Apoderado de la parte demandada: Solicita tener en cuenta lo dicho por el
apoderado de la parte demandante y en lo demás está conforme.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

El despacho acoge la aclaración efectuada por el apoderado de la parte
demandante.

Luego, el despacho pasa a establecer los hechos donde hay diferencias, de la
siguiente forma:

“La parte demandante considera tener derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez, en los términos dispuestos en los Decretos 546 de 1971 y 717
de 1978, los cuales le resultan ser aplicables por ser beneficiaria del régimen de
transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y cumplir además
los presupuestos que exige la norma para dicho reconocimiento.

Por parte, el apoderado de la entidad demandada se opone a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, en consideración a que de acuerdo con el artículo
167 del C.G.P, le asiste el deber a las partes probar el supuesto hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, motivo por el cual le
asiste el deber a la accionante desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, asimismo refiere que la demandante no logró acreditar
las semanas exigidas en la norma, para acceder al reconocimiento pensional que
depreca.

Entre otros argumentos de defensa, explica que mediante el acto (sic) legislativo
(sic) No. 01 de 2005, se determinó que a partir de su vigencia no habrá
regímenes especiales ni exceptuados, sin embargo para aquellos trabajadores
que tengan cotizadas 750 semanas a la entrada se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014.

A partir de los anterior, sostiene que si bien la demandante resultaba ser
beneficiaria del régimen de transición, también es cierto que para el 22 de julio de
2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, no
contaba con las 750 semanas cotizadas para la extensión de dicho régimen,
razón por la cual deben negarse las pretensiones de la demanda.”

Se pregunta a las partes si están de acuerdo con que estos son los hechos
en los que existe disconformidad.

Apoderado parte demandante: Afirmativo.
Apoderado parte demandada: De acuerdo.

El magistrado procede a fijar el litigio de la siguiente manera:

“El problema jurídico se contrae a establecer si le asiste derecho a la
demandante al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en los términos
dispuestos por el Decreto 546 de 1971 y demás normas que lo complementan, al
ser beneficiaria del régimen de transición al que hace alusión el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, o si por el contrario, no le asiste derecho alguno, en razón a la
limitación impuesta por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, para extender el
régimen de transición del cual era beneficiaria”.». (Cursivas negrillas y
subrayas de la transcripción). (Folios 110 a 115 del plenario CD visible a
folio 106).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA
(Folios 151 a 163)

El a quo profirió sentencia el 8 de febrero de 2018, en la cual accedió a las
pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

El tribunal recalcó que con fundamento en varios pronunciamientos de la
Corte Constitucional4 el cambio del régimen de prima media al de ahorro
individual genera en principio una pérdida del régimen de transición, no
obstante, quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
hubieren cotizado 15 o más años de servicio no pierden la posibilidad de
retornar al de prima media con prestación definida en cualquier tiempo y, en
consecuencia, recuperar la posibilidad de obtener el reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme a la norma anterior.

Asimismo, indicó que en virtud del principio de progresividad en materia
pensional no es admisible predicar la pérdida del régimen de transición por el
solo hecho de cambiarse de un régimen pensional a otro, pues en este caso,
las disposiciones que así lo contemplan son regresivas y afectan el derecho
sustancial a la seguridad social, al exigir más requisitos para acceder a un
derecho pensional para quienes se encontraban cobijados por normas más
favorables. Al respecto, resaltó que en la Constitución Política y los tratados
internacionales está proscrita cualquier modificación que implique un
retroceso en el acceso al derecho pensional.

A partir de los medios de prueba documentales aportados a la actuación,
advirtió que se encontraba demostrado que la demandante nació el 4 de
diciembre de 1952 y que para el 1.° de abril de 1994, contaba con 41 años
de edad, que laboró para la Rama Judicial un total de 8.183 días, los cuales
equivalen a 22 años, 8 meses y 23 días y que para el 4 de diciembre de 2002
cumplió con el requisito de la edad, más no con el tiempo de servicio
requerido para consolidar su derecho pensional, pues fue solo hasta el 7 de
junio de 2008 que acreditó los 20 años de servicio.

Bajo dichos supuestos encontró que la demandante era beneficiaria del
régimen de transición y, por consiguiente, le era aplicable la norma pensional
anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, los Decretos 546 de 1971 y 717 de
1978 por haber laborado de forma exclusiva al servicio de la Rama Judicial
por un lapso superior de 10 años.

En ese orden de ideas y en atención a los principios de progresividad y
condición más beneficiosa, era procedente el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, conforme a las disposiciones contenidas en los
mencionados decretos, toda vez que no podía ver menguados sus derechos
con una norma posterior, que hacía más gravosos los requisitos para
acceder la prestación que deprecaba, máxime cuando había laborado por
más de 22 años y cumplió la edad de 50 años desde el año 2008.

En lo atiente al factor de bonificación por actividad judicial arguyó que si bien
fue creada por el Decreto 3131 de 2005, a favor de los jueces y fiscales
delegados sin carácter salarial, dicha disposición fue modificada por los
artículos 1.° y 2.° del Decreto 3900 de 2008 circunstancia que le permitió ser
computada para efectos pensionales y hacer parte del IBL, similar situación
se presentaba con la prima especial de servicios.

En esta línea, consideró que la interesada tenía derecho a que su prestación
pensional le fuere reconocida y liquidada con el 75% de la asignación

4Al respecto citó apartes jurisprudenciales de las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de
2004, SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013.

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Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

mensual más elevada que devengó durante el último año de servicio (1.° de
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011) incluidos como factores
salariales: sueldo básico, prima especial de servicios prima de servicios,
bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial, prima de
vacaciones y prima de navidad, en las proporciones determinadas en la ley,
sin perjuicio de los descuentos sobre los factores reconocidos y respecto de
los cuales no se hayan efectuado los aportes correspondientes.

En relación con la prescripción adujo que la demandante adquirió su estatus
pensional el 7 de junio de 2008 -cuando cumplió los 20 años de servicio- y
que la última petición en sede administrativa data del 3 de agosto de 2015 y
la demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2016, en virtud de lo
anterior, declaró la ocurrencia del fenómeno jurídico de prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2012.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de
las Resoluciones GNR 810 del 2 de marzo de 2011, GNR 292260 del 5 de
noviembre de 2013, VPB 3548 del 12 de marzo de 2014, Resolución GNR
385916 del 4 de noviembre de esta última anualidad, VPB 26260 del 19 de
marzo de 2015 y GNR 3032023 del 1.° de octubre del mismo año; ii) a título
de restablecimiento del derecho ordenó a Colpensiones reconocer a la
señora Amira de los Ángeles Montero Anzola pensión de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el
último año de servicios, con la inclusión de todos los factores que recibió en
el lapso en comento. Autorizó los descuentos de los aportes
correspondientes de los emolumentos sobre los cuales no se haya efectuado
la deducción legal debidamente indexados; iii) declaró probada la excepción
de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 3 de agosto de
2012; iv) ordenó la actualización de los valores reconocidos y; v) condenó en
costas a la parte pasiva.

RECURSOS DE APELACIÓN

El Ministerio Público (folios 170 a 181): formuló recurso de apelación
contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada,
habida cuenta de que de conformidad con el precedente de la Corte
Constitucional (sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010
y SU-130 de 2013), el Consejo de Estado (sentencia del 2 de octubre de
20145 y 11 de agosto de 20166) y el propio texto del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 que regula la hipótesis de pérdida del derecho al régimen de
transición, la demandante no tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional en los términos del Decreto 546 de 1971.

Al respecto, señaló que el tribunal reconoció que la demandante se trasladó
del régimen de prima media al de ahorro individual, por lo que estaba
sometida a los efectos del artículo 5.° de la Ley 100 de 1993, pues para la
fecha en que aquella entró en vigencia, tan solo contaba con 7 años, 10
meses y 3 días, es decir que no reunía el tiempo exigido por la jurisprudencia
nacional que acogió como criterio que los afiliados que al 1.° de abril de 1994
-fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993- contaran con 15 años o más al servicio podían retornar

5 Radicado 25000-23-25-000-2011-0360-01.
6 Radicado 25000-23-25-000-2010-00937-01.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

en cualquier momento al régimen de prima media con prestación definida y
conservar el régimen de transición, lapso que no cumplía la libelista.

Expuso además que la exigencia de un tiempo de servicios (15 años) para
preservar el régimen de transición en el evento de trasladarse de un régimen
a otro, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la
Constitución Política, tal como lo concluyó la el máximo tribunal constitucional
al declarar la exequibilidad de los incisos 4.° y 5.° ibidem, posición que iteró
varias sentencias de unificación por ella dictadas y que además también fue
prohijada por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en reiteradas providencias.

Bajo esa óptica, destacó que dicha postura no desconoce el principio de
progresividad como lo señaló el a quo, más aún cuando no existe norma
posterior que mengüe sus derechos, pues el alcance sobre la pérdida del
derecho al régimen de transición se encuentra contenida en la misma norma
que lo consagra.

Colpensiones (Folios 182 a 185): solicitó revocar la sentencia de primer
grado. Para tal fin, expuso que la demandante al 1.° de abril de 1994 contaba
con 41 años de edad y por lo tanto en principio, era beneficiaria del régimen
de transición, sin embargo, en atención a lo señalado en las sentencias C-
1024 de 2004 y 789 de 2002 de la Corte Constitucional, perdió dicho
beneficio al haberse traslado del régimen de prima media con prestación
definida al de ahorro individual con solidaridad sin haber cumplido los 15
años o más de servicio cotizados al momento de entrar a regir la Ley 100 de
1993, pues tan solo registraba 445 semanas y por ende no era viable el
estudio de la prestación solicitada de conformidad con el Decreto 546 de
1971, sino acorde con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993,
modificada por la ley 797 de 2003.

En este sentido, arguyó que la demandante no demostró las exigencias bajo
los preceptos de la Ley 797 de 2003, pues para el año 2017 uno de los
requisitos mínimos para el reconcomiendo de la prestación eran 1.300
semanas cotizadas y 57 años de edad para las mujeres y para el caso bajo
estudio, aquella solo acreditó un total de 1.177, por tal motivo, no era
procedente el reconocimiento prestacional ordenado por el tribunal de
primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal, como se advierte de la constancia secretarial visible a folio 213.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
alzada. En el presente caso fueron formulados por el Ministerio Público y la
entidad demandada.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

Cuestión previa

Antes de desarrollar el fondo del asunto sub iudice, acorde con lo
manifestado por el señor Luis Eduardo Montero Anzola quien afirma ser
hermano de la demandante (folio 123) y conforme con el certificado de
defunción visible a folio 124 del plenario, se pudo evidenciar que la señora
Amira de los Ángeles Montero Anzola, falleció el 22 de febrero de 2017.

Al respecto, debe precisarse que tal situación si bien es lamentable e
indeseada, no impide la continuación del proceso en el punto en que se
encuentra, debido a que dicha circunstancia no se ajusta a las causales de
interrupción del proceso previstas en el artículo 159 del CGP7.

Lo anterior, habida cuenta de que la demandante no actuaba en causa propia
sino representada judicialmente por un abogado (lo cual excluye la hipótesis
prevista en el numeral 1.° del artículo 159 transcrito en pie de página), y en
adición a que la sucesión procesal consagrada en el artículo 68 ibídem, no
puede ser declarada de oficio, sino que el apoderado o los interesados, (esto
es, los sucesores del derecho debatido), deben solicitarla con el aporte de los
documentos oficiales que den lugar a ésta, lo cual no ha ocurrido al menos
desde el 22 de febrero de 2017 cuando falleció la señora Amira de los
Ángeles Montero Anzola.

Por lo expuesto, se procederá a emitir pronunciamiento de mérito conforme a
la competencia habilitada para esta Corporación, es decir, con base en los
recursos de apelación interpuestos.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Amira de los Ángeles Montero Anzola es beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a
pesar de haberse trasladado del régimen de prima media con prestación
definida al de ahorro individual y, en consecuencia, la normativa que rige
su reconocimiento pensional es el Decreto 546 de 1971 y demás normas
concordantes?

7 ARTÍCULO 159. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN. El proceso o la actuación posterior a la

sentencia se interrumpirá:
1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado
actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem.
2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna
de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de
abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción
solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.
3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad
lítem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.
La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el
expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se
pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá
ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de
aseguramiento. (subrayado fuera del texto)

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

En caso en que la respuesta anterior sea negativa, la Sala deberá
determinar

2. ¿Cuál es el régimen pensional que gobierna la situación pensional de la
señora Montero Anzola y con ocasión de ello, demostró el cumplimiento
de los requisitos en él contemplados para el reconocimiento de su
prestación acorde con lo regulado en la Ley 100 de 1993 modificada en lo
pertinente por la Ley 797 de 2003?

Primer problema jurídico

¿La señora Amira de los Ángeles Montero Anzola es beneficiaria del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a pesar de
haberse trasladado del régimen de prima media con prestación definida al de
ahorro individual y, en consecuencia, la normativa que rige su reconocimiento
pensional es el Decreto 546 de 1971 y demás normas concordantes?

Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá lo
siguiente: para acceder al beneficio del régimen de transición a pesar del
traslado de régimen, es requisito indispensable que el afiliado haya cotizado
15 años de servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, exigencia que no cumplió la demandante, por tanto, perdió la
expectativa legítima de acceder a la pensión según lo regulado en el régimen
anterior, esto es, los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, como se sustenta
a continuación:

 Regímenes del Sistema General de Pensiones creados en la Ley
100 de 1993. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de
vejez

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General
de Pensiones cuyo propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha
prestación social a todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, el
sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un
régimen especial.

El artículo 12 de la Ley 100 de 1993, instituyó dos regímenes de pensiones a
saber: (i) el de prima media con prestación definida y; (ii) el de ahorro
individual con solidaridad.

 Del régimen de prima media con prestación definida

El primero está contemplado en el artículo 31 de la citada normativa, el cual
lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios
obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una
indemnización, previamente definidas». A su vez, el artículo 32 literal b. de
dicha ley señaló que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen
«[…] un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las
prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los
respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con
lo dispuesto en la presente ley […]».

Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de
vejez, al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9.° de la Ley 797 de
2003 que en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

«[…] Artículo 9°. (Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003) El
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a
la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015 […]»

De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el
afiliado adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:

a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año
2014, 57 y 62 años respectivamente y;
b) Acredite tener mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a
partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015
en 25 cada año para un total de 1300 semanas.

 Del régimen de ahorro individual con solidaridad

Ahora bien, el segundo régimen regulado por la Ley 100 de 1993 lo
contempla el artículo 59 y es el denominado de ahorro individual con
solidaridad, el cual se definió por la norma como «[…] El conjunto de entidades,
normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados
y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse
a sus afiliados […]».

Este, a diferencia del régimen de prima media con prestación definida, se
basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos
rendimientos financieros, los cuales constituyen un patrimonio autónomo
propiedad de los afiliados.

Otra diferencia notoria es que el monto de la pensión no es determinado por
la ley sino que el mismo depende, en los términos del artículo 60 literal a)
«[…] de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y
de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar […]» lo que implica que
sea variable.

En cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez en este régimen,
el legislador los reguló así:

«[…] Articulo. 64 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión de
vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su
cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al
110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta
ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los
términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el
empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure
la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador
cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es
hombre […]».

Así mismo, quienes se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual
con solidaridad tienen derecho a obtener la pensión de vejez una vez hayan
reunido en su cuenta individual el capital necesario para financiarla y siempre
que la cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo
mensual legal vigente.

A diferencia del régimen de prima media con prestación definida la norma no
exige al afiliado el cumplimiento de una edad determinada o de un número
específico mínimo de semanas de cotización.

Ahora bien, la principal característica de los dos regímenes expuestos es que
aunque coexisten, son excluyentes entre sí, lo que quiere decir que solo
puede aplicarse uno al momento de reconocerse la pensión8.

Conforme al anterior estudio normativo, es posible colegir lo siguiente:

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y previó dos
regímenes a saber:

i. En el régimen solidario de prima media con prestación definida los
aportes de los afiliados son dirigidos a un fondo común de naturaleza pública
y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener
este derecho en este régimen son los señalados en el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 así: a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a
partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000
semanas cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005
en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total
de 1300 semanas.

ii. El régimen de ahorro individual con solidaridad se basa en el ahorro
proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de
las mismas, los cuales se consignan en una cuenta de ahorro individual
pensional. En este régimen el monto de la pensión no es determinado
previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez al reunir en su cuenta individual el capital necesario para
financiarla siempre que su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor
del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad.

Respecto a las características del sistema general de pensiones el artículo
13 de la mencionada Ley 100, indicó:

«ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes
características:

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 7 de diciembre de
2016, radicación número: 11001-03-25-000-2012-00016-00(0072-12).

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores
independientes.

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo
anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto
manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado.
El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho
en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o.
del artículo 271 de la presente ley.
c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y
de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo
dispuesto en la presente ley.
d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en
esta ley.
e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos
sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados
a partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional.
f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de
servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio.
g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos.
h. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el
artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago
de una pensión mínima en los términos de la presente ley.
[…]
l. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse
semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con
el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente
realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del
reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema
General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o
cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin
perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo; […]»

Por su parte, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reguló el régimen de
transición, bajo los siguientes parámetros:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
[…]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Lo dispuesto en el presente artículo
para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas
voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso
en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Tampoco será aplicable para quienes
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida. […]».

Con posterioridad, la Ley 797 de 2003 modificó algunos literales del artículo
13 de la Ley 100 de 1993, como se transcribe:

«Artículo 2.º Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de
1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los
cuales quedarán así:
Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e
independientes;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de
pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo
podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a
partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente
ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años
o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;

i) El fondo de solidaridad pensional estará destinado a […]» (Resaltado fuera
del texto original)

La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 3800 de 2003, el cual,
para el caso de traslados de régimen señaló:

«[…] Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez
años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De
conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las
personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán
trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha.
[…]»

Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen
de transición y reguló el parámetro temporal su vigencia en los siguientes
términos:

«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen […]».

Finalmente, acerca de las disposiciones reseñadas y para dilucidar toda la
problemática que giraba alrededor de las situaciones de traslados entre
regímenes del Sistema de Seguridad Social Integral y la exclusión de los
beneficios del régimen de transición, la Corte Constitucional emitió la
sentencia SU-130 del 13 de marzo de 2013, en la cual hizo varias
definiciones que despejan los argumentos de la parte apelante, a saber:

«[…] 10. Unificación de la jurisprudencia constitucional en relación con el
traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima
media con prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y
sus implicaciones
[…]
10.3. Así las cosas, los sujetos del régimen de transición, tanto por edad como
por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional
al cual desean afiliarse, pero la elección del régimen de ahorro individual o el
trasladado que hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible, para el caso
de quienes cumplen el requisito de edad, la pérdida de los beneficios del
régimen de transición. En este caso, para efectos de adquirir su derecho a la
pensión de vejez, deberán necesariamente ajustarse a los parámetros
establecidos en la Ley 100/93.
10.4. Según quedó explicado, la Corte, al resolver una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la
citada ley, en la Sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles dichas
disposiciones, al constatar que la exclusión de los beneficios del régimen de
transición, únicamente para las personas que cumpliendo el requisito de
edad se acogieron al régimen de ahorro individual o se trasladaron a él, no
vulnera la Constitución Política, en la medida en que existe una clara
diferencia entre dichos sujetos y quienes tenían 15 años o más de servicios
cotizados a 1° de abril de 1994, lo cual justifica y hace razonable un trato
diferencial.
[…]
Bajo esa orientación, en la Sentencia C-789 de 2002, se declaró exequibilidad
condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se entienda que
su contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o más de servicios
cotizados para la fecha en que entró en vigencia en SGP. Es decir, que
únicamente esta categoría de trabajadores no pierde el régimen de transición por
el hecho de trasladarse al régimen de ahorro individual, pudiendo hacerlo
efectivo una vez retornen al régimen de prima media con prestación definida.
Para tal efecto, se fijaron dos importantes condiciones, a saber: (i) que al
regresar nuevamente a (sic) al régimen de prima media se traslade a él todo el
ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii) que dicho ahorro no
sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que
hubieren permanecido en el régimen de prima media.
10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a
partir de la Sentencia C-1024 de 2004, se entendió que la prohibición contenida
en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, en el sentido que no podrán
trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen de
transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en
cualquier tiempo”, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de
2002. La referencia hecha a este último fallo, por parte de la Sentencia C-1024
de 2004, no significa cosa distinta a que solo quienes cumplen con el

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
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requisito de tiempo se servicios cotizados (15 años o más) pueden retornar
sin límite temporal alguno al régimen de prima media, pues son los únicos
afiliados que no pierden el derecho al régimen de transición por efecto del
traslado.
10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del régimen
de transición por edad, pues como quiera que el traslado genera en esta
categoría de afiliados la pérdida automática del régimen de transición, en el
evento de querer retornar nuevamente al régimen de prima media, por
considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no
podrán hacerlo si les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, dada la exequibilidad condicionada del
artículo 13 de la Ley 100/93, declarada en la Sentencia C-1024 de 2004.
10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas
decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier
tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con
beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por
edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y
se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el
sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al
régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios
del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios
cotizados a 1° de abril de 1994.
[…]
10.10. Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar la
jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, la Sala Plena de la
Corte Constitucional concluye que únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual
entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del
régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media
con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de
transición. Para tal efecto, deberán trasladar a él la totalidad del ahorro
depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podrá ser inferior al
monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. De no ser posible tal equivalencia,
conforme quedó definido en la Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene la
opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con dicha exigencia, lo
cual debe hacer dentro de un plazo razonable.
[…]
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la
presente decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio
de unificación adoptado en torno al tema del traslado de regímenes
pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual
entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en
cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, conservando los
beneficios del régimen de transición. […]». (Resaltado intencional).

Con fundamento en la sentencia de unificación citada, se puntualizan las
reglas generales de la circunstancia de traslado de régimen pensional en
torno al beneficio del régimen de transición:

• La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que
únicamente los afiliados al sistema pensional con 15 años o más de
servicios cotizados al 1.° de abril de 1994, podían trasladarse en cualquier

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momento del régimen de ahorro individual al de prima media y conservar
los beneficios del régimen de transición.

• De igual forma, en relación con lo previsto en el artículo 2 literal e) de la
Ley 797 del 2003, la Corte fue clara en torno a la interpretación armónica
que se debe dar a la normativa y descartó la posibilidad de traslado con
sostenimiento de los beneficios del régimen de transición para aquellos
que pretendan conservar dicho régimen por cumplir únicamente con la
edad exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, mujeres y
hombres con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente.

• Así, para que el traslado del RAIS al RPMPD sea viable, sin pérdida del
beneficio de la transición de la Ley 100 de 1993, el afiliado como requisito
sine qua non debe acreditar que para la fecha de entrada en vigencia de
dicha norma tenía cumplidos 15 años o más de servicios.

Para recapitular, en el caso de la demandante, se enfatiza que la
interpretación desarrollada por la Corte Constitucional en las sentencias C-
789 de 2002 y C-1024 de 2004 y finalmente en la SU-130 del 2013, en
relación con los parámetros del traslado de régimen pensional, no dan lugar
a mayores disquisiciones frente a la exigencia de los 15 años de servicio
para que el afiliado trasladado pueda mantener hábil el beneficio del régimen
de transición, independientemente de la fecha en que efectúe el traslado,
pues a ello se referían las sentencias con el concepto «en cualquier tiempo.».

En el mismo sentido se ha pronunciado al Consejo de Estado9 al señalar:

«[…] Respecto del debate sometido a consideración de esta Sala, se advierte en
primera medida que la actora, en principio, era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por cuanto para el 1º de abril de 1994 contaba con más de treinta y cinco (35)
años de edad (folios 24 y 26 del cuaderno principal).
Asimismo se encuentra que la demandante se trasladó al régimen de ahorro
individual con solidaridad (Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.),
motivo por el cual, se entiende, que ha perdido el derecho a beneficiarse del
régimen de transición –, puesto que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 “el derecho a obtener una pensión
de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino ‘apenas
una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y
autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con
solidaridad”.

Igualmente se dijo en la referida providencia que sólo “se podría hablar de una
frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un
desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro
individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en
un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes
del tránsito legislativo”.
Por ello la actora, aunque fuera beneficiaria del régimen de transición, no tenía
una situación jurídica consolidada sino una mera expectativa para pensionarse

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B. Sentencia de 18 de marzo de 2015. Expediente 868-2009. Ver entre otras: sentencia del 7
de febrero de 2013, expediente 68001-23-31-000-2006-00169-01 (0565-2010); sentencia del
27 de agosto de 2020, expediente 25000-23-25-000-2011-00726-01(0269-15) y sentencia
del 10 de junio de 2021, expediente: 20001-23-39-000-2015-00342-01(5473-18).

18

Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

manteniendo algunas condiciones del régimen anterior al cual se encontraba
afiliada. Dicho régimen se pierde, conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, parcialmente transcrito, cuando existe un traslado al régimen
de ahorro individual –como ocurrió en el caso que ahora nos ocupa- salvo que, al
devolverse al régimen de prima media, cumpla entre otras condiciones, con 15
años de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de
seguridad social en pensiones, y decida regresar al régimen de prima media con
prestación definida; condición prevista en la sentencia C-789 de 2002 y el
Decreto 3800 de 2003 […]».

De esta forma, es claro que las personas que son beneficiarias del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un
derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de la
normativa anterior a la entrada del Sistema General Pensiones, aunado a
ello, se reafirma que quien se trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de
servicio o 750 semanas cotizadas, perdió dicha transición.

 En el sub examine no se acreditó el requisito de los 15 años de
servicio previos a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones

Definido el marco normativo y jurisprudencial del traslado de régimen en el
Sistema General de Seguridad Social, de cara al sub examine encuentra la
Subsección que la señora Amira de los Ángeles Montero Anzola se trasladó
del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual con solidaridad y retornó al RPMPD, así:

 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía (folio 3) y el
registro civil (visible en CD contentivo del expediente administrativo
folio 85), la señora Amira de los Ángeles Montero Anzola nació el 4 de
diciembre de 1952.

 Asimismo, se advierte que según Certificados de Información Laboral
visibles a folios 34, 37 y 43, así como la Resolución GNR 259054 del
31 de agosto de 2016 (folios 4 a 7 vuelto), la demandante realizó
cotizaciones a la Caja de Previsión Social, CAJANAL, esto es, al
régimen de prima media con prestación definida entre el 16 de febrero
de 1978 y el 30 de noviembre de 1998. A partir del 1.° de diciembre
hasta el 30 de diciembre de 1998, se trasladó al régimen de ahorro
individual con solidaridad al haber efectuado cotizaciones a la AFP
COLFONDOS, posteriormente, desde del 1.° de septiembre de 2009
retornó al RPMPD con cotizaciones al ISS (hoy Colpensiones).

 Lo anterior adquiere relevancia, en tanto que en los actos
administrativos10 se negó de manera reiterada la pensión de vejez, por
cuanto se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
(RAIS) administrado por la AFP Colfondos sin cumplir los 15 años a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y se consideró que
tampoco reunía las semanas cotizadas en virtud del Sistema General
de Pensiones.

10 Al respecto se advierte que si bien la parte pasiva a través de Resolución GNR 259054 del 32 de

agosto de 2016, reconoció pensión de vejez a la demandante de forma transitoria, fue con ocasión del
cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, y en
todo caso, según lo informó el apoderado de la parte demandante en el trámite de la audiencia inicial,
dicha providencia fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al conocer de la
impugnación, no obstante en mención providencia no fue aportada al plenario.

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Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

 En efecto, por medio de Resolución 810 del 2 de marzo de 2011,
Colpensiones negó solicitud de la pensión de jubilación conforme con
las siguientes consideraciones:

«[…] Que para acreditar el tiempo requerido para el derecho a la pensión,
se aporta certificado de la historia laboral ante el ISS con la constancia de
haber cotizado durante 1631 días. […].

Que para conservación del régimen de transición en los casos de traslado
del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, se deberá observar los establecido en la
Sentencia C-789 de 2002, en concordancia con el Decreto 692 de 1994 y
el Decreto 3995 de 2008, razón por la que deberá exigirse:
[…].

De lo anterior se deduce que la señora MONTERO ANZOLA no es
beneficiaria del régimen de transición, ya que al trasladarse a un fondo
privado (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad), no cuenta con 15
años o más de servicios cotizados o de servicio público al 30 de junio de
1995, razón por la cual se procederá a negar la pensión de vejez
solicitada, por cuanto no se acredita la totalidad de los requisitos para
acceder a ella. […]». (Negrillas y mayúsculas del texto original).
(documento visible en cd visible a folio 85).

 El 29 de marzo de 201111, la demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, el contra de la Resolución 810 del
2 de marzo de la citada anualidad, el primero de ellos, fue resuelto de
forma negativa por medio de Resolución GNR 292260 del 5 de
noviembre de 2013, signada por la gerente nacional de
reconocimiento de Colpensiones (folios 8 a 13), conforme con los
siguientes argumentos:

«[…] Que conforme a lo anterior, el (sic) interesado (sic) acredita un total de
8.213 días laborados, correspondientes a 1.173 semanas.

Que nació el 4 de diciembre de 1952 y actualmente cuenta con 60 años de
edad.

Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra el régimen de transición
para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia dicha norma
tengan treinta y cinco (35) años de edad si son mujeres o cuarenta (40)
años de edad si son hombres o 15 años de servicios, señalando que no
sería aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al
régimen de ahorro individual con solidaridad o para quienes habiendo
escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse
al de prima media con prestación definida.

Que en ese orden de ideas, las personas que se trasladen al régimen de
ahorro individual con solidaridad y posteriormente se devuelvan al ISS, no
conservan el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
[…]

11Acorde con la parte motiva de la Resolución 292260 del 5 de noviembre de 2013 visible de
folios 8 a 13.

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Que en ese orden de ideas, las personas que a la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o
cotizaciones (750 semanas) conservan el régimen de transición en caso de
traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima
media con prestación definida, cuando cumplan los requisitos
anteriormente señalados.

Que el (la) asegurado (a) al 1 de abril de 1994 NO acredita 15 años de
servicios y/o cotizaciones (750) semanas, razón por la cual NO conserva el
régimen de transición y la prestación deberá ser estudiada a la luz de los
requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003.

Que el Acto Legislativo 01 de 2005 señaló que el régimen de transición no
podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los
trabajadores que estando el dicho Régimen, además tengan cotizadas 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia al
mencionado Acto Legislativo (25 de julio de 2005), a los cuales se les
mantendrá hasta el año 2014.

Que el (la) asegurado (a) no acredita 750 semanas al 25 de julio de 2005,
razón por la cual no conserva el régimen de transición, siendo procedente
el estudio de la prestación a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la
Ley 797 de 2003, que señala como requisitos para acceder a la pensión de
vejez: […].

Finalmente se le hace saber al interesado (a) que podrá continuar
cotizando para completar los requisitos exigido en la ley para acceder a la
pensión de vejez (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003) o en su defecto, solicitar la indemnización
sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, previa la
manifestación de imposibilidad de continuar cotizando al sistema. […]».
(Mayúsculas de la transcripción).

 El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución VPB
3548 del 12 de marzo de 2014, suscrita por la vicepresidente de
beneficios y prestaciones de la entidad demandada, en la cual se
reiteraron los argumentos esgrimidos en el acto primigenio y en el
recurso de reposición (folios 14 a 16).

 Mediante Resolución GNR 385916 del 4 de noviembre de 2014, la
Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció a la señora
Amira de los Ángeles Montero Anzola indemnización sustitutiva de
acuerdo a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, por
valor de $66.393. 228. En su artículo segundo se señaló que el pago
único se realizaría en diciembre de 2014 (folios 28 a 30).

 En contra de dicho acto la interesada invocó recurso de apelación el
12 de noviembre de 201412 en el cual adujo que tenía derecho a la
pensión de vejez, el cual fue resuelto de forma negativa por medio de
Resolución VPB 26260 fechada 19 de marzo de 2015, expedida por
la vicepresidente de beneficios y prestaciones de la parte pasiva
(folios 17 a 19), conforme con las manifestaciones que a continuación
se señalan:

12Acorde con la parte motiva de la Resolución VPB 26260 del 19 de marzo de 2015 obrante
de folios 17 a 19.

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«[…] Que verificada la base de datos SIAFP de ASOFONDOS se registra
que la señora MONTERO ANZOLA AMIRA DE LOS ANGELES (SIC), tuvo
un traslado al régimen individual con regreso a Colpensiones, el dia (sic) 21
de septiembre de 2009, por lo cual es pertinente indicar que la Circular
Interna No. 08 de 2014 establece los siguiente: […].

Que de acuerdo con lo anterior es importante indicar que una vez
realizadas las operaciones aritméticas respecto a las semanas laboradas
hasta el 01 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social), se pudo constatar que tan solo contaba con
8 AÑOS, 10 MESES Y 25 DÍAS, por consiguiente NO es beneficiaria del
régimen de transición.

Que teniendo en cuenta que el asegurado no acredita para los requisitos
para ser beneficiario del Régimen de Transición de acuerdo con lo
expuesto, el estudio de la prestación deberá realizarse a la luz de lo
establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que
señala como requisitos para acceder a la pensión de vejez: […].

De conformidad con la norma expuesta se informa que el (sic) interesado
(sic) no cumple con el requisito de la edad.

De acuerdo con los argumentos esbozados no es procedente un
reconocimiento de una pensión de vejez a favor del (sic) asegurado (sic).

Es necesario señalar que el status pensionado sólo se adquiere cuando
coincidan los requisitos mínimos de semanas de cotización y edad de
acuerdo al año respectivo conforme al siguiente cuadro explicativo en el
cual se establecen las reglas de la ley (sic) 797 de 2003 en su artículo 9
así:

[…]

Que en consideración a lo anterior, el (la) peticionario (sic) no logra
acreditar los requisitos mínimos de edad y/o semanas cotizadas, razón por
la cual se niega la prestación solicitada.

Que se le hace saber al interesado (a) que podrá continuar cotizando para
completar los requisitos exigido en la ley para acceder a la pensión de
vejez (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003). […]». (Mayúsculas, negrillas y subrayas conforme a
la transcripción).

 Nuevamente la interesada interpuso recurso de apelación en contra
de la Resolución VPB 26260 del 19 de marzo de 2015 y solicitó el
reconocimiento de la pensión e invocó la aplicación del Acuerdo 049
de 1990 y el Decreto 058 de la anualidad en comento el 14 de abril de
201513, que fue denegada por medio Resolución GNR 205460 de
fecha 15 de julio del mismo año, suscrita por la gerente nacional de
reconocimiento de Colpensiones (folios 20 a 23 vuelto), en la cual se
señaló que no procedía recurso en contra de una decisión que
resolvía un recurso, empero, se procedió a analizar la petición de
reconocimiento de la prestación y se reiteraron los argumentos
esbozados en los actos administrativos anteriores en cuanto a la
ausencia de cumplimiento de la totalidad de los requisitos para

13 Acorde con la parte motiva de la Resolución GNR 205460 del 9 de julio de 2015, visible de folios 20

a 23 vuelto.

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acceder a aquella, en virtud de lo regulado en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, dada la pérdida de transición con ocasión del traslado
de regímenes. Aunado a ello, se indicó que:

«[…] Que es preciso aclararle al (sic) peticionario (sic) que según Formato
Clebp consecutivo 0265, expedido por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el tiempo laborado es del 02-05-1991 al 12-11-
1997.

Que por error involuntario en la resolución VPB 26260 del 19 de marzo de
2015 este periodo se tomo (sic) con fecha 05-02-1991, arrojando en dicha
resolución (sic) un total incorrecto de 1.190 semanas cotizadas.

Cabe señalar que el (la) peticionario (a) en que continuar las
inconsistencias en la historia laboral debe solicitar nuevamente la
corrección de la misma, para lo cual debe diligenciar y radicar en cualquiera
de nuestros Centros de Atención al Pensionado CAP, los Formularios de
Solicitud de Corrección de Historia Laboral, adjuntando los documentos que
considere necesarios, para proceder a las correcciones a que haya lugar.

Que si bien la peticionaria acredita los requisitos mínimos de edad debido a
que en loa actualidad cuenta con 62 años de edad, consintiendo el
reconocimiento, no logra acreditar las semanas cotizadas necesarias,
puesto que para la presente anualidad según la Ley 797 de 2003 son
necesarias 1300 semanas y el (sic) peticionario (sic) solo acredita 1.177
semanas, razón por la cual se niega la prestación solicitada. […]».
(Negrillas del texto original).

 Por medio de Resolución 259054 del 31 de agosto de 2016, la entidad
demandada dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado
Cuarenta y Siete Administrativo de Circuito de Bogotá y procedió a
reconocer la pensión de vejez a la libelista (folios 4 a 7 vuelto), en
cuantía de $5.328.555, efectiva a partir de octubre de 2016, de
acuerdo con lo siguiente:

«[…] Que el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá mediante fallo de tutela radicado No. 2016-00514 del 6 de julio
de 2016 ordena:

“PRIMERO: Conceder la tutela como mecanismo transitorio por la
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida,
al mínimo vital y a la seguridad social presentado por la señora MONTERO
ANZOLA AMIRA DE LOS ANGELES (SIC), identificada con CC No.
41575051, a través de su agente oficioso, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, que dentro de un término no mayor a 48 horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, le reconozca y
pague a la señora AMIRA DE LOS ANGELES (SIC) MONTERO ANZOLA,
identificada con CC No. 41575051, una pensión de jubilación conforme el
régimen pensional dispuesto para los empleados de la Rama Judicial,
contenido en el Decreto 546 de 1971, a partir del 1 de diciembre de 2011,
fecha en que se retiró del servicio, prestación que deberá ser liquidada con
el 75% del salario más alto devengado durante el último año de servicios,
esto es 1 de diciembre de 2010 a 30 de noviembre de 2011.

TERCERO: Se advierte a la parte actora que dispone del término de los
cuatro (4) meses a partir de la presente decisión judicial, para que se

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instaure el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante
la jurisdicción Contencioso Administrativa, so pena de la cesación de los
efectos del presente fallo.

[…]

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 8,213 días
laborados, correspondientes a 1,173 semanas.

Que nació el 4 de diciembre de 1952 y actualmente cuenta con 63 años de
edad.

Que es preciso efectuar el siguiente estudio jurídico normativo a fin de
determinar la viabilidad de reconocer o no el derecho reclamado; en ese
sentido se precisa:

Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de
Transición para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley en mención acrediten 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o más de 15
años de servicio, permitiendo aplicar la edad para pensionarse, el número
de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al
que venía afiliados.

Que verificado el aplicativo de historia laboral, se evidencia que el (la)
señor (a) MONTERO ANZOLA AMIRA DE LOS ANGELES (SIC) tuvo
traslado al RAIS-Fondo de pensiones Porvenir, y verificado el certificado
SIAFP se observa que se trasladó nuevamente al ISS hoy - Colpensiones
el “21 de septiembre de 2009”

Que teniendo en cuenta que el (la) señor (a) MONTERO ANZOLA AMIRA
DE LOS ANGELES (SIC), se trasladó al RAIS y regresó al ISS – hoy el “21
de septiembre de 2009”, se procederá aplicar el numeral 1.3 de la Circular
Interna 8 de 2014, el cual indica […]

Que la verificación de los tiempos de servicio del peticionario se advierte
que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, 1 de abril
de 1994, acreditó 631 semanas de cotización, razón por la cual no acredita
los requisitos necesarios para recuperar el régimen de transición y no es
procedente el reconocimiento de la prestación con un Régimen anterior al
contenido en la Ley 100 de 1993, esto es: Ley 71 de 1988, Decreto 546 de
1971 y Decreto 758 de 1990.
[…]

Que en consideración a lo anterior, el (a) peticionario (a) no logra acreditar
el requisito mínimo de semanas cotizadas, razón por la cual no sería
procedente el reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con lo
establecido en la Ley 797 de 2003.

Que en cumplimiento al fallo antes mencionado se procede a reconocer
una pensión de vejez de acuerdo con lo siguiente:

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la
liquidación de la prestación reconocida, al cual se resume de la siguiente
manera:

IBL: 7,104,740.00 x 75.00% = 5,328,555.00. […]». (Negrillas y
mayúsculas conforme a la transcripción).

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De esta forma y según los argumentos esgrimidos por Colpensiones en los
actos administrativos demandados, la pensión fue denegada al considerar
que perdió el régimen de transición al trasladarse del régimen de prima
media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, aunado
a ello, no cumplía con las semanas mínimas exigidas para ser beneficiaria de
la prestación acorde con los lineamientos de las Leyes 100 y 797 de 2003.

Por lo tanto, en primer lugar, se hace procedente el análisis probatorio con el
fin de verificar si la demandante cumplía con los requisitos para mantener o
no el beneficio del régimen de transición:

• En cuanto a la edad se observa que la señora Amira de los Ángeles
Montero Anzola para el 1.° de abril de 1994 (fecha en la que entró a regir
la Ley 100 de 1993), tenía cumplidos 41 años de edad.

Respecto a los tiempos de servicio de la libelista, en el expediente se
encuentran probados los siguientes interregnos de labor (Certificados de
Información Laboral visibles a folios 34, 37 y 43):

Entidad Lapso Días / Semanas Cotizaciones
Del 16 de febrero de 115 días/7 = 16,43 semanas CAJANAL
Rama Judicial 1978 hasta el 11 de junio
de 1978
Rama Judicial Desde el 1.° de 1034 días/7 = 147,71 semanas CAJANAL
septiembre de 1978 al 15
de julio de 1981
Rama Judicial Entre el 9 de mayo de 916 días/7 = 130,86 semanas CAJANAL
1986 y el 25 de
noviembre de 1988
3024 días/7 = 432 semanas CAJANAL
Rama Judicial Del 2 de mayo de 1991 A partir 1.° de
hasta el 26 de diciembre de
septiembre de 1999 1998 empezó a
cotizar a la AFP
COLFONDOS
Rama Judicial Desde el 1.° de 7309 días/7 = 12,57 semanas AFP
noviembre de 1999 al 1.°
de enero de 2006
COLFONDOS
Rama Judicial Entre el 1.° de junio de 29 días/7 = 317,14 semanas AFP
2006 y el 31 de octubre
de 2006
COLFONDOS
Rama Judicial Del 1.° de enero de 2007 57 días/7 = 8,14 semanas AFP
hasta el 28 de febrero de
2007
COLFONDOS
Rama Judicial Desde el 1.° de agosto 180 días/7 = 25,71 semanas AFP
de 2007 al 31 de
diciembre de 2007
COLFONDOS
Rama Judicial Entre el 1.° de junio de 60 días/7 = 8,57 semanas AFP
2008 y el 31 de julio de
2008
COLFONDOS
Rama Judicial Del 1.° de diciembre de 87 días/7 = 12,43 semanas AFP
2008 hasta el 28 de
febrero de 2009
COLFONDOS
149 días/7 = 21,29 semanas A partir del 1.°
Rama Judicial Desde el 1.° de abril de de septiembre
2009 al 30 de septiembre de 2009 realizó
de 2009 cotizaciones al
ISS (hoy
Colpensiones)
Rama Judicial Entre el 1.° de 449 días/7 = 64,12 semanas ISS (hoy
septiembre de 2010 y el Colpensiones)
30 de noviembre de 2011
Total = 8.291 días / 1.184,43 semanas / 22 años, 7 meses y 23 días

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Respecto de los tiempos de servicio de la libelista, en el expediente se
encuentra probado que para el 1.° de abril de 1994 –fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993- contaba con un total de 3114 días laborados,
equivalente a 8 años, 5 meses y 3 días.

De lo anterior, se tiene que en el momento en que entró en vigencia del
Sistema de Seguridad Social Integral consagrado en la Ley 100 de 1993, la
libelista cumplía con el requisito de la edad (41 años de edad) para ser
beneficiaria del ya mencionado régimen de transición previsto en el artículo
36 ibidem. Pero también es evidente que solo acumulaba un tiempo de
servicios de 8 años, 5 mes y 3 días y en esa medida, no cumplió con el
requisito indispensable de los 15 años prestados o 750 semanas de
cotización, para mantener el beneficio del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Bajo esta línea de intelección, su cambio del RPMPD al RAIS afectó su
situación pensional -pese a haber regresado al régimen inicial como así lo
afirmó la entidad demandada- al no haberse acreditado el cúmulo de
cotizaciones que prevé la sentencia de unificación SU-130 de 2013 y que le
permitían recuperar los beneficios de la transición de la Ley 100 de 1993, y
con ello la posibilidad de serle aplicable la norma anterior, es decir, el
Decreto 546 de 1971.

Lo anterior, en atención a que la aplicación del régimen pensional de
transición, significa que los requisitos de la edad y el tiempo, y el monto de su
pensión sean los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual
remite a los regímenes pensionales anteriores, en virtud de los efectos
ultractivos dados a los mismos. En otras palabras, quien no se encuentra
cobijado por el régimen de transición no puede beneficiarse de los regímenes
que se encontraban vigentes antes de la entrada del Sistema General de
Seguridad Social.

Al respecto, específicamente en la aplicación del Decreto 546 de 1971, la
Sección Segunda del Consejo de Estado expidió la Sentencia de Unificación
CE-SUJ-S2-021-2014, en la cual señaló:

«[…] 3.7. Conclusiones para sentar las reglas de unificación

El sistema de seguridad social integral en su componente pensional consagra un
régimen de transición, con el fin de mantener el equilibrio entre las
modificaciones a las que se vea sometido y el amparo de los derechos
adquiridos y las expectativas legítimas de quienes para la fecha en la cual inició
la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.° de abril de 1994 en el ámbito
nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial, tenían cumplidos 35 o
más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el de
los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados. Es la edad o el tiempo de
servicios, no ambos.

Por tanto, si la mujer tenía cumplidos 35 años de edad, el hombre 40 años
de edad, o la mujer y el hombre habían laborado durante 15 años, para el
1.o de abril de 1994 o para el 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la
Ley 100 de 1993 a nivel nacional o territorial respectivamente, adquieren el
derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al amparo del régimen
anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso de los que
fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio

14 Sentencia del 11 de junio de 2020. Radicado: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

Público corresponde al consagrado en el artículo 6.o del Decreto 546 de
1971. […]». (Resaltado intencional).

En este sentido, al perder las prerrogativas del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, la demandante ya no contaba con la expectativa legítima
de acceder a la pensión conforme a los requisitos señalados en la norma
anterior (Decreto 546 de 1971), pues se insiste, estos fueron modificados al
entrar a regir el Régimen General de Seguridad Social.

En todo caso, la Sala de Decisión observa que no tenía un derecho adquirido
o una situación jurídica consolidada por ser beneficiaria del régimen de
transición-al contar con 41 años-, sino una mera expectativa de pensionarse
con la norma anterior aplicable a la Ley 100 de 1993, la cual perdió al
trasladarse de régimen sin cumplir los 15 años de servicio o 750 semanas
cotizadas.

Ello, en la medida que el legislador legítimamente puede determinar las
reglas pertinentes para la exclusión del régimen de transición, como ocurre
con aquellas personas que a pesar de cumplir el requisito de edad para ser
beneficiario del mismo, se trasladen al régimen de ahorro individual con
solidaridad. Aquel permitió a las personas que a la entrada en vigencia del
Sistema de Seguridad Social tenían 15 años o más de servicios cotizados,
que conservaran el régimen de transición al retornar al régimen de prima
media con prestación definida, puesto que al haber cumplido el 75% o más
del tiempo para acceder a la pensión, sería desproporcionado predicar la
pérdida de su régimen de transición, no ocurrió lo mismo con las personas
que no cumplían con dicho requisito, situación que fue avalada por la Corte
Constitucional en el estudio jurisprudencial analizado en acápites anteriores.

Se resalta, que en el sub lite, la parte interesada no esgrimió en el libelo
introductor ni en el trámite del proceso ningún vicio en el consentimiento al
trasladarse al RAIS, o la ineficacia del aquel, tampoco fue planteado en la
fijación del litigio este aspecto, motivo por el cual esta Sección se abstuvo de
realizar dicho análisis.

Bajo esta línea argumentativa, se observa que en el caso de la señora
Montero Anzola en virtud de su traslado del RPMPD al RAIS fue procedente
el retorno al régimen de prima media con prestación definida, sin embargo
aquella no había acreditado las 750 semanas de cotización, o lo que es igual
a 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual
permite advertir el incumplimiento del requisito del tiempo de servicios que la
sentencia de unificación SU-130 de 2013 condiciona.

En conclusión: la demandante perdió el beneficio de la transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que en virtud de la normativa en
comento y acorde con las reglas de unificación de la sentencia SU-130 de
2013 proferida por la Corte Constitucional, al 1.° de abril de 1994 (fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel nacional) no contaba
con el tiempo de servicios exigido para conservar el régimen de transición
(15 años de servicios o más de 750 semanas cotizadas) y, en consecuencia,
no tenía una expectativa legítima para pensionarse a la luz del régimen
anterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones como lo
es el Decreto 546 de 1971 y demás normas concordantes.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

Segundo problema jurídico

¿Cuál es el régimen pensional que gobierna la situación pensional de la
señora Montero Anzola y con ocasión de ello, demostró el cumplimiento de
los requisitos en él contemplados para el reconocimiento de su prestación
acorde con lo regulado en la Ley 100 de 1993 modificada en lo pertinente
por la Ley 797 de 2003?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la libelista al no contar con
el cúmulo de cotizaciones que le permitían recuperar los beneficios de la
transición de la Ley 100 de 1993, solo podrá adquirir su derecho de acuerdo
con los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la
complementan o adicionan, como se explica a continuación:

 Régimen pensional que gobierna el caso bajo estudio

Cómo se explicó en el problema jurídico anterior la demandante perdió el
beneficio del régimen de transición por lo que solo podría adquirir su derecho
pensional de acuerdo con los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y las
demás normas que la complementan o adicionan.

Ahora bien, en atención al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003, la demandante para obtener el derecho
a la pensión de vejez debía acreditar 55 años de edad y haber cotizado 1.000
semanas en cualquier tiempo, número que debía incrementarse en 50
semanas al 1.° de enero de 2005 y a 25 semanas cada año hasta llegar a
1.300 semanas a partir del 1.° de enero de 2006. En efecto, la normativa en
comento, preceptuó:

«[…] artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. <Artículo
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones;

b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados;

c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara
vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos
empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.

e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional.

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán
aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota
parte.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la
presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días
calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de
días cotizados en cada período. […]». (Subrayas fuera del texto original).

De ahí, los presupuestos para acceder a la pensión de vejez del régimen de
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 son:

i) 55 años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre, a partir
del 1.º de enero del 2014 serán 57 años para la mujer y 62 para el
hombre.

ii) 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, que a partir de 2005
aumentan así:

Año Semanas cotizadas Año Semanas cotizadas
2003 1000 2010 1175
2004 1000 2011 1200
2005 1050 2012 1225
2006 1075 2013 1250
2007 1100 2014 1275
2008 1125 2015 1300
2009 1150

De acuerdo con lo anterior, se advierte que, si bien la señora Amira de los
Ángeles Montero Anzola cumple con el requisito de edad, no ocurre lo mismo
con la densidad en tanto que para el año 2007 cuando acreditó los 55 años
de vida, tenía 1.028 semanas de las 1.100 que exigía la Ley 797 de 2003, y
para la fecha de retiro definitivo del servicio, esto es, el 30 de noviembre de
201115, solo demostró 1.184,43 semanas de las 1.200 previstas por la ley
para acceder al derecho pensional.

15Conforme con certificación del 16 de diciembre de 2011, signada por la jefe de la Unidad
de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Ibagué, la señora
Amira de los Ángeles Montero Anzola, estuvo vinculada en la Rama Judicial de Ibagué como
juez de la República hasta el 30 de noviembre de 2011. De igual forma, en dicho documento

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

En suma, los medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que la
interesada no demostró el cumplimiento de las exigencias reguladas en el
Decreto 546 de 1971 y demás normas concordantes por la pérdida del
régimen de transición, ni tampoco en el general que regulan su situación
pensional, para ser beneficiaria de la prestación deprecada, contrario a lo
considerado por el a quo que accedió a las pretensiones con base en el
primero de los supuestos normativos. En consecuencia, en el presente caso
no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados mediante los cuales se negó el reconocimiento de la prestación
pensional deprecada por la demandante.

Bajo esa óptica, se tiene que el tribunal de instancia no acogió la sentencia
de unificación de la Corte Constitucional SU-130 de 2013 y la posición
reiterada por esta Sección16 en el sentido de que la persona que se traslada
de régimen y retorna al RPMPD, sin el cumplimiento de los 15 años de
servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pierde la transición
de que trata el artículo 36 ibidem, y en esta medida su situación pensional no
puede regirse por lo regulado en la normativa especial expedida antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

En conclusión: en el presente caso la Subsección advierte que la libelista
no tenía derecho a la prestación pensional deprecada bajo la norma general
que regulaba su situación al no cumplir con los requisitos exigidos por el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.° de la Ley
797 de 2003, dado que, pese a tener la edad para acceder a la pensión, no
reunió el número mínimo de semanas cotizadas exigidas por la ley.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia de primera instancia
proferida el 8 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima y,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que
prosperaron los argumentos esbozados en los recursos de apelación.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

se indicó que a la fecha de expedición de la constancia en comento no laboraba en dicha
entidad (folio 32).
16 Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de agosto de 2016, radicado: 25000-

23-25-000-2010-00937-01(4417-14); del 22 de abril de 2021, radicado: 25000-23-42-000-
2016-02042-01 (6431-2018) y del 24 de octubre de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2018-
01127-01(1898-20). Subsección B: sentencias del 22 de junio de 2021, radicado: 76001-23-
31-000-2011-00270-01(5992-19) y del 5 de octubre de 2021, radicado: 50001-23-33-000-
2014-00399-01(1611-19).
17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante:

María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 19.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas a la parte demandante en ambas instancias, en la medida que
conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, resulta vencida en el
proceso y se revocará en forma total la sentencia apelada. Las costas serán
liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
19 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicación: 73001-23-33-000-2016-00668-01 (1966-2018)
Demandante: Amira de los Ángeles Montero Anzola

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en la demanda que en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Amira de los Ángeles Montero Anzola contra la Administradora Colombiana
de Pensiones, COLPENSIONES. En su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada; las cuales se liquidarán por el a quo.

Cuarto: Reconocer personería adjetiva al abogado José Octavio Zuluaga
identificado con cédula de ciudadanía 79.266.852 de Bogotá y portador de la
tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, para
represente los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, en
virtud del memorial que obra de folios 214 a 216 del expediente.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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