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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2016-00768-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2016-00768-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de agosto de 2019, que declaró de oficio la caducidad del medio de control, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por la pérdida de la “posesión material” del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012, de propiedad de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva Durán. SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte probada en el trámite incidental, que se adelantará con aplicación de los parámetros fijados en esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en consideración a lo dispuesto en los artículos 365.4 y 366 del CGP. FIJAR, como agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, para la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en el artículo 193 del CPACA. SEXTO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2016-00768-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa – CPACA

TEMAS: SECUESTRES - Deben rendir cuentas de su administración y presentar los
informes que exija el juez. DEBERES DEL JUEZ - Como director del proceso, debe ejercer
control de la gestión de los auxiliares de la justicia. DICTAMEN PERICIAL - Falta de eficacia
probatoria por carecer de certeza, firmeza y precisión. MORA JUDICIAL – El simple retardo
en la adopción de una decisión o el incumplimiento de términos legales no configura, por sí
mismo, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; en cada caso debe
analizarse si el retardo estuvo o no justificado. CONDENA EN ABSTRACTO-Procede cuando
la cuantía de los perjuicios no se determinó en el proceso. POSESIÓN - Situación de hecho
jurídicamente relevante, consistente en el poder material que se ejerce sobre una cosa con
ánimo de señor y dueño. PROPIEDAD - Derecho real absoluto, que existe y se predica
independientemente de la tenencia material del bien, y que otorga al titular las facultades de
uso, goce y disposición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa y negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El presente asunto versa sobre la eventual responsabilidad de la Nación-Rama
Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el
marco de un proceso ejecutivo iniciado en contra de Luis Urbano Villanueva Durán
y Fabio Claret Villanueva Durán. En dicho trámite se decretó, ordenó y practicó el
embargo y secuestro de un inmueble de propiedad de los ejecutados, aquí
demandantes, permaneciendo bajo custodia de un secuestre durante más de veinte
años, a pesar de dos intentos de remate que no prosperaron por falta de postores.

Veintidós años después, a solicitud de Luis Urbano Villanueva Durán, se declaró la
terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito, por inactividad del
ejecutante, se cancelaron las medidas cautelares y se ordenó la entrega del
inmueble. Sin embargo, en la diligencia de devolución terceros se opusieron,
argumentando haber poseído el predio durante más de diez años, lo que a la postre
concluyó en el reconocimiento de la posesión de los terceros y la entrega material
del inmueble secuestrado a estos últimos.

Los demandantes consideran que la Nación-Rama Judicial es patrimonialmente
responsable porque perdieron la “posesión material” de su inmueble, debido a la
falta de supervisión del auxiliar de la justicia encargado de su administración y a la

Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

demora en declarar la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito. El
Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control y negó las pretensiones de la demanda. La parte accionante apeló
la decisión.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 29 de noviembre de 20161, Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra la Nación - Rama Judicial, para
que fuera declarada patrimonialmente responsable por la pérdida de la “posesión
material” del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N.º 360-9012.

En consecuencia, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar: (i) por
concepto de daño emergente, $65.160.000; y (ii) por lucro cesante, la suma de
$2.278.331.229.

Como antecedentes fácticos, la parte demandante narró que, mediante auto del 22
de octubre de 1990, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal (Tolima)
ordenó el secuestro de un predio de su propiedad - identificado con folio de matrícula
inmobiliaria N.º 360-9012 -, en el curso de un proceso ejecutivo iniciado en su contra
por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. El 21 de noviembre de 1990, el
Juzgado Civil Municipal del Guamo practicó el secuestro del inmueble y lo dejó en
custodia del secuestre Alcides Tafur Cuéllar.

Indicó que el 16 de agosto de 1991, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal
ordenó el emplazamiento de los demandados – Luis Urbano Villanueva Durán y
Fabio Claret Villanueva Durán – y, ante la imposibilidad de notificarlos, les designó
como curador ad litem al abogado Alberto Torres Bonilla.

Añadió que, el 26 de enero de 2012, Luis Urbano Villanueva Durán compareció al
proceso y solicitó la notificación del mandamiento de pago. Ante la negativa del
juzgado, el demandado formuló diversas solicitudes para que se decretara su
terminación por desistimiento tácito, por la inactividad de la parte demandante.
Aunque en un primer momento el juzgado accedió a la solicitud, meses después
declaró ilegal esa decisión y negó la terminación del proceso por desistimiento
tácito. Posteriormente, por auto del 26 de mayo de 2014, declaró ineficaz la
providencia que había declarado ilegal la terminación por desistimiento tácito y, en
su lugar, decretó la terminación del proceso, ordenó la cancelación del embargo y
dispuso su entrega a los propietarios.

Adujo que, en la diligencia de entrega del 5 de noviembre de 2014, se hicieron
presentes Juan Carlos Lazo Murillo y Reineiro Hernández, quienes, en calidad de
opositores, alegaron haber ejercido actos posesorios en el inmueble por más de
trece años. El expediente se remitió al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal
para que surtiera el trámite incidental correspondiente, autoridad judicial que,
mediante decisión del 21 de octubre de 2015, declaró próspera la oposición de los
terceros intervinientes y ordenó entregarles el predio.

1 Fl. 1 a 27 y 114, C.1.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

Los demandantes consideran que la Nación-Rama Judicial es patrimonialmente
responsable porque perdieron la “posesión material” de su inmueble. Aducen un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Espinal, durante veinticinco años, no requirió al secuestre para
que rindiera informes sobre su gestión como administrador del bien y no declaró
oportunamente la terminación del proceso por desistimiento tácito. Con ello, permitió
que los terceros permanecieran más tiempo en el inmueble, lo que habría favorecido
la consolidación de la posesión, conduciendo a que finalmente el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Espinal les entregara el bien.

2. Contestación

2.1. La Nación-Rama Judicial2 sostuvo que no ocasionó ningún daño a los
demandantes, ya que el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal tramitó el
proceso ejecutivo conforme a las disposiciones sustanciales y procesales vigentes
al momento de los hechos. Propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios
y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia3

3.1. La parte actora4 afirmó que, por las omisiones del Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal, terceros ejercieron posesión sobre el inmueble y, finalmente, lo
obtuvieron por prescripción adquisitiva.

3.2. La Nación-Rama Judicial5 indicó que no se ocasionó un daño emergente, pues
los demandantes aún tenían la propiedad del bien.

3.3. El Ministerio Público6 sugirió declarar la caducidad del medio de control,
aduciendo que transcurrieron más de 2 años desde la fecha en que los
demandantes conocieron del daño y aquella en que presentaron la demanda.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo del Tolima7
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa, señalando que transcurrieron más de 2 años desde las fechas en que los
demandantes conocieron de las fallas alegadas en el libelo introductorio – 9 de
febrero de 2012 y 26 de mayo de 2014 - y aquella en que presentaron la demanda
• 29 de noviembre de 2016.

Frente a la omisión del Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal de no exigir
rendición de cuentas al secuestre del inmueble en el proceso ejecutivo, consideró
que los demandantes tuvieron conocimiento de dicha omisión al día siguiente de la

2 Fl. 131 a 136, C.1
3 El 7 de marzo de 2017, Miguel Ángel Pacheco García aportó al Tribunal Administrativo del Tolima

un contrato de cesión de derechos litigiosos mediante el cual Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio
Claret Villanueva Durán le transfirieron la totalidad de los derechos derivados del proceso de
reparación directa (Fl. 127 a 30, C. 1). El 17 de agosto siguiente, el Tribunal aceptó la cesión y tuvo
a Pacheco García como litisconsorte cuasinecesario de la parte demandante (Fl. 178 a 180, C. 1).
4 Fl. 222 a 230, C.2.
5 Fl. 212 y 213, C.2.
6 Fl. 214 a 220, C.2.
7 Fl. 231 a 242, C. Principal.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

ejecutoria de la providencia en la que el juzgado negó la solicitud de notificación del
mandamiento de pago, interpuesta por Luis Urbano Villanueva Durán cuando
compareció al proceso, esto es, el 9 de febrero de 2012.

De otro lado, respecto de la omisión por no declarar oportunamente la terminación
del proceso por desistimiento tácito, consideró que el término de caducidad debía
contarse desde la fecha en la que el juzgado finalmente accedió a esa solicitud, esto
es, por auto del 26 de mayo de 2014, pues en ese momento cesó dicha omisión. En
este sentido, resaltó que en dicha providencia se declaró la terminación del proceso,
se cancelaron las medidas cautelares y se ordenó la entrega del inmueble, que no
fue posible llevar a cabo por la oposición de los poseedores por más de diez (10)
años.

5. Apelación

5.1. La parte actora8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, al considerar que la fecha a partir de la
cual debía contarse la caducidad del medio de control era el 28 de octubre de 2015,
cuando quedó ejecutoriado el auto que declaró próspera la oposición de los terceros
a la entrega del inmueble. Indicó que en esa fecha los demandantes se enteraron
de que el juzgado no había requerido al secuestre para que rindiera cuentas. En
consecuencia, terceras personas ocuparon el predio y se opusieron a la entrega a
sus propietarios, al demostrar la posesión por más de diez (10) años.

Agregó que el proceso ejecutivo se prolongó hasta octubre de 2015, porque, a pesar
de que Luis Urbano Villanueva Durán solicitó en varias ocasiones su terminación
por desistimiento tácito, el juzgado profirió decisiones contradictorias.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. La parte demandante9 reiteró lo dicho en el libelo introductorio.

6.2. La Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala revocará la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, porque constata que la
demanda fue presentada dentro del término preclusivo. En su lugar, se declarará
que la Nación-Rama Judicial es patrimonialmente responsable por la pérdida de la
“posesión material” del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-
9012, de propiedad de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva
Durán.

En este orden, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionante, a continuación, se analizarán los siguientes aspectos: (1) presupuestos
procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5)
conclusión y (6) costas.

8. Fl. 247 a 258, C. Principal.
9 Índice 11, Samai.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

1. Presupuestos procesales

1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento
del asunto, según lo previsto en el artículo 10410 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)11, estatuto vigente a la
fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se
demanda la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial12. Igualmente, el Consejo
de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía
excedió los 500 SMLMV13, en concordancia con los artículos 15014 y 15215 del
CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la
ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación Estatal
distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14016
de la Ley 1437 de 2011.

10 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá
de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad
pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]”.
11 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de

presentación de la demanda -29 de noviembre de 2016-, las cuales corresponden a las contenidas
en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
12 Constitución Política. “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus

decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo”.
13 La pretensión mayor de la demanda se estima en $2.278.331.229, por concepto de perjuicios

materiales en la modalidad de lucro cesante, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que aquella
se presentó –2016– (Fl. 26, C.1).
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
15 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes […]”.
16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma […]”.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido por la parte
demandante es adecuado, por cuanto se reclama la reparación del daño por
omisiones atribuibles a la administración de justicia.

1.3. El literal i) del numeral 2 del artículo 16417 del CPACA establece que el medio
de control de reparación directa caducará a los dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido al momento de
su ocurrencia.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que cuando el daño alegado
proviene de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el
término de caducidad empieza a contarse a partir del día siguiente al momento en
que tuvo lugar la acción, omisión o el hecho constitutivo de la lesión18. En tratándose
de omisiones, el término de caducidad se contabiliza a partir “[…] del día siguiente
al acaecimiento de esta […]; o de la fecha en que la víctima tuvo conocimiento de
la causación del daño antijurídico cuya indemnización y restablecimiento se
reclama”19.

En el caso de marras el derecho de acción fue ejercido en tiempo, esto es, dentro
del término de dos (2) años previsto en el artículo 164 del CPACA para formular
pretensiones de reparación directa. De hecho, se advierte: (i) que la demanda se
sustenta en los perjuicios que habría sufrido la parte actora por la omisión del
Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal en requerir al secuestre para que
rindiera cuentas en el trámite de un proceso ejecutivo y en no declarar
oportunamente la terminación del proceso por desistimiento tácito, pese a varias
solicitudes de los demandados20; (ii) que mediante proveído del 21 de octubre de
2015 – ejecutoriado el 26 de noviembre siguiente – el juzgado resolvió el incidente
de oposición a la entrega del inmueble iniciado por los terceros poseedores, les
reconoció la posesión por más de diez (10) años y ordenó entregarles el bien
(hechos probados 3.41. y 3.42.); (iii) que el 5 de septiembre de 2016 la parte
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida
el 25 de octubre de esa anualidad21; y (iv) que la demanda se presentó el 29 de
noviembre de 201622.

17 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término

de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 4 de abril de 2018, Rad.:

48089 y del 22 de noviembre de 2021, Rad.: 58182.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2021, Rad.:

56714.
20 En la demanda se expuso: “El conocimiento de las omisiones que ocasionaron daño a Luis Urbano

Villanueva Duran y a Fabio Claret Villanueva Duran, se prueba cuando el señor juez, mediante auto
legal de fecha 21 de octubre de 2015, declara prospera la oposición a la diligencia de entrega; toda
vez que ese fue el momento del proceso donde realmente estos señores se dan por enterados del
daño que les ocasionó el Estado, porque se confirma que allí, en el inmueble objeto de la demanda,
había personas legalmente posesionadas por culpa del Juzgado Primero Civil de Circuito de Espinal
Tolima, quien era el responsable de la custodia del bien desde 1990, año que se realizó la diligencia
de secuestro” (Fl. 14, C.1).
21 Según la constancia expedida por la Procuraduría 163 Judicial II para asuntos administrativos de

Ibagué (Fl. 31, C. 1).
22 Fl. 113, C.1.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

Contrario a lo expuesto por el tribunal a quo, se advierte que es a partir del 26 de
noviembre de 2015 que se concretó el daño frente a la parte accionante, por la
pérdida de la “posesión material” del predio, pues en esta fecha quedó en firme la
decisión mediante la cual el juez reconoció la posesión de los terceros y ordenó
entregarles el bien. No es correcto afirmar que el término preclusivo debe comenzar
a contarse desde el 26 de enero de 2012 –cuando los hoy demandantes
comparecieron al proceso ejecutivo – o del 26 de mayo de 2014 – cuando se declaró
la terminación por desistimiento tácito –, pues para entonces los demandantes aún
no tenían certeza sobre el destino final del bien ni sobre la imposibilidad definitiva
de recuperar su “posesión material”.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, Luis Urbano Villanueva Durán, Fabio Claret Villanueva Durán y Miguel
Ángel Pacheco García; y de otro, la Nación-Rama Judicial, se advierte lo siguiente:

(i) Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva Durán son las personas
sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están
legitimadas en la causa por activa, dado que acreditaron ser los propietarios del
predio identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-901223 - el cual fue objeto de
embargo en el proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-701324, que se tramitó en
su contra - y del que alegan haber perdido la “posesión material”.

(ii) Miguel Ángel Pacheco García aportó al Tribunal Administrativo del Tolima un
contrato de cesión de derechos litigiosos, mediante el cual Luis Urbano Villanueva
Durán y Fabio Claret Villanueva Durán le transfirieron la totalidad de los derechos
derivados del proceso de reparación directa25. En la etapa de alegatos de conclusión
de primera instancia, mediante auto del 17 de agosto de 201726, el Tribunal aceptó
dicha cesión y reconoció al cesionario como litisconsorte cuasinecesario, de
conformidad con el artículo 6227 del Código General del Proceso (CGP). En
consecuencia, Miguel Ángel Pacheco García se encuentra legitimado en la causa
por activa en calidad de litisconsorte cuasinecesario de la parte accionante.

(iii) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
pues el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal ordenó el secuestro del predio
identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 y, a su vez, designó al auxiliar
de la justicia encargado de custodiarlo y administrarlo en el marco del proceso
ejecutivo con radicado N.º 1990-7013, frente a lo cual se alega en la demanda la
configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

2. Problema jurídico

23 Fl. 35 y 36, C. 1.
24 Conforme al auto del 30 de agosto de 1990, en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito del

Espinal decretó el embargo del predio (Fl. 5 C. 3).
25 Fl. 127 a 130 C.1.
26 Fl. 178 a 180, C.1.
27 “Artículo 62. Litisconsortes Cuasi necesarios. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes

de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación
sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban
legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Podrán solicitar pruebas si intervienen
antes de ser decretadas las pedidas por las partes; si concurren después, tomarán el proceso en el
estado en que se encuentre en el momento de su intervención”.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala verificar si la
Nación-Rama Judicial es patrimonialmente responsable por ocasionar la pérdida de
la “posesión material” de un inmueble secuestrado en un proceso ejecutivo, al no
ejercer vigilancia y control de las actuaciones del auxiliar de la justicia encargado de
administrarlo, y por no declarar oportunamente la terminación del proceso por
desistimiento tácito.

3. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos probados, es necesario precisar que, en los
términos del artículo 174 del CGP, será valorada, sin restricción alguna, la prueba
trasladada28 del proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-701329, tramitado por el
Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal y la Sala Única del Tribunal Superior
de Ibagué. Esta prueba se solicitó de forma oportuna por la parte demandante, fue
decretada en la audiencia inicial celebrada el 4 de agosto de 201730 y en la
audiencia de pruebas, celebrada el 6 de septiembre de 2017, se corrió traslado de
ella a la contraparte, con lo que se garantizó su conocimiento y contradicción31.

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva Durán son propietarios
de un lote de terreno denominado “Los Almendros”, ubicado en la vereda
“Cerrogordo”, en zona rural del municipio de El Guamo, Tolima. El folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente al inmueble “Los Almendros” se abrió el 6 de febrero
de 1986, como resultado de la división de un inmueble llamado “La Burrera”, llevada
a cabo mediante escritura pública N.º 3009 del 16 de diciembre de 198532.

3.2. El 23 de febrero de 1989, Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán suscribieron el pagaré N.º 106 a favor de la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero del Espinal, por $800.00033.

3.3. El 28 de agosto de 1990, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero del
Espinal presentó demanda ejecutiva contra Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio
Claret Villanueva Durán, por no haberle pagado el pagaré N.°106. Del proceso
conoció por reparto el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, quien lo tramitó
bajo el radicado No. 1990-701334.

28 CGP. “Artículo 174. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro

en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario,
deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a
las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la
definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.”
29 C. 3 y 4.
30 Fl. 165 a 175, C. 1.
31 Fl. 209 a 211, C. 1.
32 Escritura pública N.º 3009 del 16 de diciembre de 1985 y matrícula inmobiliaria N.º 360-9012. Fl.

32 a 36 C. 1.
33 Fl. 37 c. 1.
34 Fl. 80 y 81, C. 3.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

3.4. Mediante proveído del 30 de agosto de 1990, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal libró mandamiento de pago a favor de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, y en contra de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán, por la suma de $800.000, más los intereses pactados en el título
objeto del cobro judicial. Además, decretó el embargo del lote de terreno identificado
con matrícula inmobiliaria N.º 360-901235.

3.5. El 22 de octubre de 1990, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal
ordenó el secuestro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-
9012 y designó como secuestre a Marco Tulio Vidal Parra36.

3.6. Mediante oficio del 6 de noviembre de 1990, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal diligenció un despacho comisorio con destino al Juzgado Civil
Municipal del Guamo, para que llevara a cabo la diligencia de secuestro del predio
identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-901237.

3.7. El 21 de noviembre de 1990, el Juzgado Civil Municipal del Guamo hizo efectivo
el secuestro del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012.
Conforme al acta de la diligencia, el secuestre inicialmente designado no se hizo
presente y, por ello, se eligió en su reemplazo a Alcides Tafur Cuéllar, quien se
posesionó en la diligencia. También se dejó constancia de que en el predio había
sembrados de maíz, sorgo y ajonjolí, de aproximadamente cincuenta (50) a sesenta
(60) días, se hallaron árboles de mango, ciruelos y matarratón, y no hubo oposición
al momento de materializarse la medida cautelar38.

3.8. Por auto del 16 de agosto de 1991, el Juzgado Primero Civil del Circuito del
Espinal ordenó el emplazamiento de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán39.

3.9. En proveído del 6 de noviembre de 1991, el Juzgado Primero referido designó
como curador ad litem de los demandados al abogado Alberto Torres Bonilla40.

3.10. El 24 de febrero de 1992, Alberto Torres Bonilla contestó la demanda
ejecutiva41.

3.11. Mediante sentencia del 13 de marzo de 1992, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal ordenó el avalúo y remate del predio identificado con matrícula
inmobiliaria N.º 360-9012, así como la liquidación del crédito, y condenó en costas
a los demandados42.

3.12. Mediante sentencia proferida el 22 de julio de 1992 en el grado jurisdiccional
de consulta, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
confirmó el proveído dictado el 13 de marzo de ese mismo año por el Juzgado
Primero Civil del Circuito del Espinal43.

35 Fl. 5, 82 y 83, C. 3.
36 Fl. 10, C 3.
37 Fl. 12, C. 3.
38 Fl. 13 y 14, C 3.
39 Fl. 101, C. 3.
40 Fl. 107, C. 3.
41 Fl. 111, C. 3.
42 Fl. 112 y 113, C. 3.
43 Fl. 68 a 70, C. 3.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

3.13. Por medio de auto del 14 de septiembre de 1992, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte
ejecutante44.

3.14. Los días 23 de febrero y 5 de mayo de 1993, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal llevó a cabo dos (2) diligencias de remate del bien embargado,
en las que no fue posible enajenarlo forzosamente por falta de postores 45.

3.15. El 21 de julio de 1993, el referido despacho se constituyó en audiencia para
realizar el remate del bien embargado. No obstante, en esa oportunidad tampoco
fue posible realizar la diligencia, porque la parte interesada omitió allegar
oportunamente los avisos respectivos46.

3.16. En auto del 22 de noviembre de 2000, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal requirió al secuestre Alcides Tafur Cuéllar, para que rindiera informes
mensuales de su gestión. Para ello, comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal del
Guamo, a fin de que practicara la notificación personal de la decisión47.

3.17. Mediante escrito del 26 de enero de 2012, Luis Urbano Villanueva Durán ─a
través de apoderado─ solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal que
le notificara la decisión mediante la cual se había librado mandamiento de pago en
su contra48.

3.18. Mediante auto del 1° de febrero de 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal no accedió a la solicitud de notificación del mandamiento de pago
formulada por Luis Urbano Villanueva Durán, porque esa decisión ya había sido
notificada al curador ad-litem designado a los demandados49.

3.19. Ante tal negativa, el 16 de febrero de 2012, Luis Urbano Villanueva Durán
presentó memorial al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal en el que solicitó
declarar la prescripción de la acción ejecutiva o, en su defecto, la perención del
proceso50.

3.20. A través de auto del 23 de mayo de 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal despachó desfavorablemente las solicitudes de prescripción y perención
formuladas por Luis Urbano Villanueva Durán51.

3.21. Con memorial del 14 de junio de 2012, Luis Urbano Villanueva Durán requirió
al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal para que impulsara el proceso
ejecutivo o, en su defecto, procediera a declarar su terminación por desistimiento
tácito52.

3.22. En fecha indeterminada, Luis Urbano Villanueva Durán presentó acción de
tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, al considerar

44 Fl. 120, C. 3.
45 Fl. 34 y 41, C. 3.
46 Fl. 49, C. 3.
47 Fl. 56 y 57, C. 3.
48 Fl. 122, C. 3.
49 Fl. 124, C. 3.
50 Fl. 127 a 130, C. 3.
51 Fl. 132 a 134, C. 3.
52 Fl. 139, C. 3.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

vulnerado su derecho al debido proceso. Sostuvo que el juzgado no resolvió la
solicitud que presentó el 14 de junio de 2012, para que se aplicara la terminación
por desistimiento tácito en el proceso ejecutivo promovido por la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero del Espinal53.

3.23. Por fallo de tutela del 1° de octubre de 2012, la Sala Civil del Tribunal Superior
de Ibagué negó el amparo deprecado. Como fundamento de su decisión, consideró
que el juzgado no actuó de forma irrazonable o arbitraria, dado que, previo a resolver
la petición de declarar la terminación del proceso, corrió traslado de la solicitud a la
parte ejecutante, lo que daba cuenta de que ella se encontraba en trámite54.

3.24. Por medio de memorial del 11 de febrero de 2013, Luis Urbano Villanueva
Durán nuevamente solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal declarar
la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito55.

3.25. Mediante auto del 15 de abril de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal declaró la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito, la
cancelación de las medidas cautelares, el desglose y el archivo del sumario. Esta
decisión se motivó en la inactividad del proceso, por más de dos (2) años, conforme
a lo dispuesto en los literales b) y siguientes del numeral 2 del artículo 31756 de la
Ley 1564 de 201257 58.

3.26. En fecha indeterminada, Luis Urbano Villanueva Durán presentó una nueva
acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, al

53 Conforme a los antecedentes del fallo de tutela del 1 de octubre de 2012, en el trámite de la tutela

N.º 2012-00392 ante el Tribunal Superior de Ibagué (Fl. 321 a 325, C. 4).
54 Fl. 321 a 325, C. 4.
55 Fl. 152 y 153, C. 3.
56 “Artículo 317. Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

[…] 2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas,
permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación
durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la
última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará
la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no
habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes. El desistimiento tácito se regirá por las
siguientes reglas: […] b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o
auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;
c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los
términos previstos en este artículo; d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso
o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares
practicadas; e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será
susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será
apelable en el efecto devolutivo; f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente
nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia
que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el
superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva
o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación
y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;
g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las
mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los
títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben
desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento
ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual
nuevo proceso […]”.
57 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
58 Fl. 167, C. 3.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

considerar vulnerado su derecho al debido proceso por mora judicial. Adujo que
habían transcurrido cinco (5) meses desde la última actuación del juzgado y aún no
se había dado respuesta a la solicitud de terminación por desistimiento tácito59.

3.27. Por fallo de tutela del 6 de mayo de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior
de Ibagué negó el amparo deprecado, al considerar que el juzgado ya había
declarado la terminación del proceso, la cancelación de las medidas cautelares y el
archivo de las diligencias60.

3.28. A través de escrito del 10 de mayo de 2013, Luis Urbano Villanueva Durán
solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal que requiriera al secuestre
– Alcides Tafur Cuéllar – para que rindiera cuentas de su gestión y le entregara el
bien secuestrado. En el escrito, Villanueva Durán indicó que el predio estaba en
producción y tenía siembra de maíz, sorgo y ajonjolí61.

3.29. Por auto del 27 de mayo de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito del
Espinal ordenó al secuestre que, en el término de tres (3) días, entregara el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 y, en el término de
diez (10) días, suministrara cuentas comprobadas de su administración62.

3.30. Mediante informes del 14 de agosto y 11 de septiembre de 2013, la citadora
del Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal indicó que se había comunicado
con el Juzgado 1° Promiscuo Municipal del Guamo, Tolima, para averiguar los datos
de contacto del secuestre Alcides Tafur Cuéllar, y que allí le indicaron que no tenían
esa información y que hacía algunos años él no hacía parte de la lista de auxiliares
de la justicia63.

3.31. En fecha indeterminada, Luis Urbano Villanueva Durán presentó nuevamente
acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, al
considerar vulnerado su derecho al debido proceso por mora judicial. Sostuvo que
en esta ocasión el juzgado no se había pronunciado respecto de la solicitud
presentada el 26 de junio de 2013, en la que había solicitado fijar fecha para la
entrega del inmueble secuestrado en el proceso ejecutivo iniciado por la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero del Espinal64.

3.32. Mediante fallo de tutela del 18 de septiembre de 2013, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué concedió el amparo deprecado. En la parte resolutiva ordenó al
juzgado pronunciarse sobre la solicitud, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del fallo de tutela65.

3.33. A través de auto del 27 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal ordenó comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal del Guamo,
para la diligencia de entrega del inmueble. En la providencia, el juez indicó que el
secuestre Alcides Tafur Cuéllar ya no formaba parte de la lista de auxiliares de la

59 Conforme a los antecedentes del fallo de tutela del 6 de mayo de 2013, en el trámite de la tutela

N.º 2013-00140 ante el Tribunal Superior de Ibagué (Fl. 312 a 317, C. 4).
60 Fl. 312 a 317, C. 4.
61 Fl. 183, C. 3.
62 Fl. 184, C. 3.
63 Fl. 188, C. 3.
64 Conforme a los antecedentes del fallo de tutela del 18 de septiembre de 2013, en el trámite de la

tutela N.º 2013-00369 ante el Tribunal Superior de Ibagué (Fl. 318 a 320, C. 4).
65 Fl. 318 a 320, C. 4.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

justicia, conforme al listado de la Administración judicial, y que en el expediente no
se había registrado ningún dato personal para requerirlo66.

3.34. Mediante proveído del 27 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal declaró ilegal la decisión del 15 de abril de 2013, por la cual se
había dictado la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito. Como
fundamento, consideró que el artículo 317 del CGP, norma que había sustentado
dicha decisión, solo entraba en vigor a partir del 1° de octubre de 2014, conforme al
numeral 4 del artículo 627 del mencionado código67, por lo que aún no era
aplicable68.

3.35. En consecuencia, mediante auto del 31 de marzo de 2014, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de El Espinal, Tolima, volvió a decretar el embargo del predio
identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 y ordenó a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Guamo inscribir la medida en el certificado de tradición
y libertad69.

3.36. Con memorial del 21 de abril de 2014 presentado ante el Juzgado Primero
Civil del Circuito del Espinal, Luis Urbano Villanueva Durán persistió en su solicitud
de declarar el desistimiento tácito del proceso ejecutivo, conforme a la Ley 1194 de
200870-71.

3.37. Por auto del 30 de abril de 2014, el Juzgado Primero Civil del Circuito del
Espinal despachó desfavorablemente la petición de terminación del proceso por
desistimiento tácito, al considerar que el artículo 356 del CPC, modificado por la Ley
1194 de 2008, no permitía declarar dicha figura en procesos que habían culminado
con sentencia, como era el caso del proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-
701372.

3.38. Por medio de proveído del 26 de mayo de 2014, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal declaró ineficaz la decisión del 27 de noviembre de 2013, con
la que había declarado la ilegalidad del desistimiento tácito. De este modo, ordenó
nuevamente la cancelación de las medidas cautelares sobre el predio identificado
con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 y comisionó al Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal del Guamo para que procediera a la entrega del inmueble73.

3.39. El 10 de julio de 2014, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del
Guamo canceló la medida de embargo sobre el predio identificado con matrícula
inmobiliaria N.º 360-901274.

66 Fl. 199, C. 3.
67 “Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las

siguientes reglas: […] 4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y
parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo,
531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1) de octubre de dos mil doce (2012)”.
68 Fl. 202, C. 4.
69 Fl. 59, C. 3.
70 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones.
71 Fl. 215, C. 4.
72 Fl. 216 a 217, C. 4.
73 Fl. 220, C. 4.
74 Fl. 35 y 36, C.1.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

3.40. El 5 de noviembre de 2014, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del
Guamo realizó la diligencia de entrega del predio identificado con matrícula
inmobiliaria N.º 360-9012. Consta en el acta, que en el curso de la audiencia se
presentaron los opositores Juan Carlos Lasso Trujillo y Reineiro Hernández,
quienes afirmaron haber ejercido actos de posesión en el predio durante trece (13)
y dieciocho (18) años, respectivamente. Esta situación impidió que se concretara la
entrega a los demandantes, por lo que el Despacho admitió las oposiciones, dejó a
los opositores como secuestres y remitió el expediente al Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal, para que se surtiera el trámite incidental correspondiente75.

3.41. Mediante proveído del 21 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal resolvió el incidente de oposición promovido por Juan Carlos
Lasso Trujillo y Reineiro Hernández, declarándolo fundado, al verificar el
cumplimiento de los requisitos del artículo 33876 del CPC y, en consecuencia,

75 Fl. 275 a 277, C. 1.
76 “Artículo 338. Oposición a la entrega. Las oposiciones se tramitarán así: PARAGRAFO 1º Quienes

pueden oponerse. Pruebas y recursos: 1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega
formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre
de aquella, mediante auto que será apelable en el efecto devolutivo. Sobre la concesión de la
apelación se resolverá al terminar la diligencia. 2. podrá oponerse la persona en cuyo poder se
encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos
constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre, o los acredita
mediante testimonios de personas que puedan comparecer de inmediato. El demandante que solicitó
la entrega podrá también pedir testimonios relacionados con la posesión del bien, de personas que
concurran a la diligencia. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre
que se relacionen con la posesión, y ordenará el interrogatorio bajo juramento del opositor, si
estuviere presente. El demandante que solicitó la entrega podrá también interrogar en la misma
actuación al opositor. El auto que rechace la oposición es apelable en el efecto devolutivo y se
resolverá sobre la concesión del recurso al terminar la diligencia. 3. Lo dispuesto en el numeral
anterior se aplicará cuando la oposición se formule por tenedor que derive sus derechos de un tercero
que se encuentre en las circunstancias allí previstas, quien deberá aducir prueba siquiera sumaria
de su tenencia y de la posesión del tercero. En este caso, al tenedor deberá interrogarse bajo
juramento sobre los hechos constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de
habitación y de trabajo del supuesto poseedor. 4. Cuando la diligencia se efectúe en varios días, sólo
se atenderán las oposiciones que se formulen el día en que el juez identifique el sector del inmueble
o los bienes muebles a que se refieran las oposiciones. Al mismo tiempo se hará la identificación de
las personas que ocupen el inmueble o el correspondiente sector, si fuere el caso. PARAGRAFO 2º
Admisión de la oposición. Si se admite la oposición y en el acto de la diligencia el demandante
interpone reposición que le sea negada o insiste expresamente en la entrega, el bien se dejará al
opositor en calidad de secuestre. Si la oposición se admite sólo respecto de alguno de los bienes o
de parte de estos, se llevará a cabo la entrega de lo demás. En el caso del numeral 3, el auto que
admite la oposición se notificará personalmente al poseedor, en el lugar cuya dirección indique el
tenedor. Cuando no sea posible conocer en la diligencia dicha dirección, se procederá a su
emplazamiento en la forma que regula el artículo 318, a menos que quien solicitó la entrega
suministre la dirección, bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito. El emplazamiento se llevará a cabo sin necesidad de auto que lo ordene. PARAGRAFO 3º Insistencia
en la entrega. Decisión de recursos. Cuando la parte que solicitó la entrega haya insistido, y quien
practicó la diligencia es el juez de conocimiento, dentro de los tres días siguientes proferirá auto que
otorgue el término de tres días a partir de su notificación, para que el opositor y quien solicito la
entrega pidan pruebas que se relacionen con la oposición, las cuales se practicarán en la fecha o en
la audiencia que se señale para ello. 1. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se
refiere a todos los bienes objeto de la diligencia, se remitirá inmediatamente el despacho al
comitente, quien dentro de los tres días siguientes procederá como se indica en el inciso anterior. Si
la oposición fuere parcial, la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia. 2.

Practicadas las pruebas o transcurrida la oportunidad señalada para ello, se resolverá la oposición
con base en dichas pruebas y en las practicadas durante la diligencia, pero para que los testimonios
extra - proceso presentados como prueba sumaria puedan apreciarse, deberán ser ratificados. El

14

Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

ordenó entregarles el inmueble77. Luis Urbano Villanueva Durán apeló esta
decisión78.

3.42. Por auto del 18 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por Luis Urbano
Villanueva Durán. En consecuencia, el auto del 21 de octubre de 2015 cobró
ejecutoria el 26 de noviembre siguiente79.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 29 de agosto
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el extremo activo solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la fecha a partir de la cual debía contarse la caducidad
del medio de control era el 28 de octubre de 2015, cuando quedó ejecutoriado el
auto que declaró próspera la oposición de los terceros a la entrega del inmueble.
Indicó que en esa fecha los demandantes se enteraron de que el juzgado no había
requerido al secuestre para que rindiera cuentas. En consecuencia, terceras
personas ocuparon el predio y se opusieron a la entrega a sus propietarios, al
demostrar la posesión del bien por más de diez (10) años. Agregó que el proceso
ejecutivo se prolongó hasta octubre de 2015, porque a pesar de que Luis Urbano
Villanueva Durán solicitó en varias ocasiones su terminación por desistimiento
tácito, el juzgado profirió decisiones contradictorias.

Así pues, dado que únicamente la parte demandante apeló la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima y que los argumentos del recurso de apelación se
refirieron a la caducidad del medio de control – aspecto frente al cual la Sala
concluyó que la demanda se presentó dentro del término preclusivo –, en los
términos del artículo 320 del CGP80, se pasará a estudiar el fondo de la controversia,

auto que decida la oposición será apelable en el efecto diferido si fuere favorable al opositor, y en el
devolutivo en caso contrario. 3. Si se rechaza la oposición, la entrega se practicará sin atender
ninguna otra oposición, haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario. Cuando la decisión sea
favorable al opositor, se levantará el secuestro, a menos que dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria del auto que decida la oposición o del que ordene obedecer lo resuelto por el superior, el
demandante presente prueba de haber promovido contra dicho tercero el proceso a que hubiere
lugar, en cuyo caso el secuestro continuará vigente hasta la terminación de dicho proceso. Copia de
la diligencia de secuestro se remitirá al juez de aquel. 4. Quien resulte vencido en el trámite de la
oposición será condenado en costas y en perjuicios; estos últimos se liquidarán como dispone el
inciso final del artículo 307. PARAGRAFO 4º Restitución al tercero poseedor: 1. Si el tercero
poseedor con derecho a oponerse no hubiere estado presente al practicarse la diligencia de entrega,
podrá solicitar al juez de conocimiento dentro de los treinta días siguientes, que se le restituya en su
posesión. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el opositor deberá probar su posesión.
Si se decide desfavorablemente al tercero, este será condenado a pagar multa de diez a veinte
salarios mínimos mensuales, costas y perjuicios. Para que el incidente pueda iniciarse, el peticionario
deberá prestar caución que garantice el pago de las mencionadas condenas. 2. Lo dispuesto en el
numeral anterior se aplicará también al tercero poseedor con derecho a oponerse, que habiendo
concurrido a la diligencia de entrega no estuvo representado por apoderado judicial.”.
77 Fl. 293 y 294, C. 4.
78 Fl. 295, C. 4.
79 Fl. 297, C. 4.
80 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 71”.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

por haber sido así peticionado en la alzada. En ese orden, se analizará si la Nación-
Rama Judicial es patrimonialmente responsable porque los demandantes perdieron
la “posesión material” del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-
9012, con fundamento en el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia alegado en el libelo introductorio y reiterado en la alzada.

Se anticipa que la conclusión a la que se arribará da cuenta que la pérdida de la
“posesión material” del inmueble ocurrió debido a que el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal, en el curso del proceso ejecutivo, no ejerció vigilancia y control
sobre la gestión del secuestre que tenía a cargo la administración del inmueble. No
obstante, el segundo reparo planteado como sustento del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia -el juzgado tardó en declarar la
terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito y, con ello, permitió que
la posesión de terceros en el bien se consolidara-, no prosperará, pues no se
acreditó que existiera un anormal funcionamiento de la administración de justicia en
ese sentido.

4.1. Análisis del daño alegado en la demanda, consistente en la pérdida de la
“posesión material” del inmueble de propiedad de los demandantes.

La parte demandante alegó como daño la pérdida de la “posesión material” del
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N.º 360-9012, lo cual le
generó perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

El daño alegado se encuentra acreditado, pues, conforme a la prueba documental
allegada, se demostró que: (i) el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal,
dentro del proceso ejecutivo No. 1990-7013 adelantado en contra de los
demandantes, decretó y ordenó el secuestro del lote de terreno identificado con folio
de matrícula inmobiliaria N.º 360-9012, de su propiedad (hechos probados 3.4. y
3.5.); (ii) la medida cautelar se hizo efectiva desde el 21 de noviembre de 1990
(hecho probado 3.7.) y posteriormente el proceso terminó, se levantó la medida
cautelar y se ordenó la entrega del inmueble (hecho probado 3.38.); (iii) la diligencia
de entrega realizada el 5 de noviembre de 2014 no pudo concretarse a favor de los
propietarios, debido a la oposición de terceros que alegaron haber ejercido actos
posesorios prolongados sobre el predio (hecho probado 3.40.); y (iv) finalmente,
mediante decisión del 21 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal declaró fundada dicha oposición y ordenó la entrega del inmueble a los
opositores (hechos probados 3.41. y 3.42.), lo que materializó la pérdida de la
“posesión material” del bien por parte de los accionantes.

4.2. Imputación del daño

Para establecer si el daño es imputable a la entidad demandada, es necesario
verificar si el hecho dañoso le es atribuible fáctica y jurídicamente.

En ese marco, la demanda sostiene que la lesión provino de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, pues el Juzgado Primero Civil del
Circuito de El Espinal no habría ejercido un control efectivo sobre la gestión del
secuestre ni habría decretado oportunamente la terminación del proceso por
desistimiento tácito.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

En relación con la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, el artículo 6581 de la Ley 270 de 199682 establece que el
Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. A su
turno, el artículo 6983 prevé que, cuando el daño no se origine en los eventos de
error judicial o privación injusta de la libertad, el título de imputación aplicable
corresponde al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. La
Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que este título se refiere a las
actuaciones que se producen en el desarrollo de la función de administrar justicia,
pero que no se relacionan directamente con la interpretación o aplicación del
derecho. En atención a que se trata de un régimen de responsabilidad subjetiva,
debe demostrarse que el daño es consecuencia de una actuación irregular derivada
del funcionamiento anormal del aparato judicial84.

Descendiendo al caso concreto, con el fin de dar mayor claridad al análisis, a
continuación, se examinarán por separado cada una de las fallas alegadas.

4.2.1. Análisis de la atribución del daño por no requerir al secuestre del
inmueble con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012, para que rindiera cuentas
sobre su gestión.

Según la demanda, en el curso del proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-7013,
el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal omitió requerir periódicamente al
secuestre del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012, para
que rindiera cuentas de su gestión. Adujo que nunca se concretó, ni se hizo efectivo
algún requerimiento al auxiliar de la justicia en ese sentido y, como consecuencia,
terceras personas ocuparon el predio, alegaron la prescripción adquisitiva y,
finalmente, el juez ordenó la entrega a su favor, al encontrar probada la posesión
por más de diez (10) años, tiempo en el que el inmueble estuvo secuestrado a
órdenes del juzgado.

4.2.1.1. Conforme a lo probado en el sub examine, Luis Urbano Villanueva Durán y
Fabio Claret Villanueva Durán son propietarios del predio denominado “Los
Almendros” ubicado en la vereda “Cerrogordo”, en zona rural del municipio del
Guamo, e identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 (hecho probado 3.1.).
En el año 1990, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal conoció de un
proceso ejecutivo iniciado por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero del
Espinal en contra de los propietarios del predio, con ocasión del no pago de un
pagaré por $800.000 (hechos probados 3.2. y 3.3.).

En el trámite del proceso ejecutivo, el juzgado libró mandamiento de pago en contra
de los deudores, y decretó el embargo y secuestro del citado lote (hechos probados
3.4. y 3.5.). Las medidas cautelares se hicieron efectivas y en la diligencia de

81 “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los

daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes
judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.
82 Estatutaria de la Administración de Justicia.
83 “Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos

previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia
de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia del 3 de febrero de 2010, Rad.: 17293; y Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de mayo de 2021, Rad.: 56042.

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Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

secuestro – celebrada el 21 de noviembre de 1990 –, el inmueble quedó bajo la
administración del secuestre Alcides Tafur Cuéllar, a quien se le explicaron las
obligaciones que dicho cargo conllevaba. Asimismo, conforme al acta de la
diligencia, quedó constancia de que en el predio había sembrados de maíz, sorgo y
ajonjolí, además de árboles de mango, ciruelos y matarratón (hecho probado 3.7).

De acuerdo con las pruebas allegadas, Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán no pudieron ser notificados de la demanda ejecutiva, por lo que el
juzgado les designó un curador ad-litem, que contestó la demanda (hechos
probados 3.8. a 3.10.). En 1992 el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal
profirió sentencia y ordenó el avalúo y remate del predio (hechos probados 3.11. a
3.13.), y en 1993 se llevaron a cabo dos (2) diligencias de remate del bien
embargado, pero ante la falta de postores no fue posible adjudicarlo (hecho probado
3.14.).

La prueba documental da cuenta de que, durante el trámite del proceso ejecutivo,
el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal requirió al secuestre - Alcides Tafur
Cuéllar - una sola vez para que rindiera informes de su gestión, mediante auto del
22 de noviembre de 2000; esto es, diez (10) años después de que se había
practicado el secuestro del inmueble (hecho probado 3.16.). Según las actuaciones
de dicho proceso, ese único requerimiento no se ejecutó, aunque se comisionó al
Juzgado Promiscuo Municipal del Guamo para que practicara la notificación
personal de la decisión. En el expediente no obra prueba que dé cuenta de que el
secuestre hubiera sido contactado y mucho menos de que haya presentado algún
informe de su gestión en ese momento.

Doce (12) años después de ese requerimiento, Luis Urbano Villanueva Durán
compareció al proceso ejecutivo por conducto de apoderado y solicitó la notificación
del mandamiento de pago (hecho probado 3.17.), a lo que el juzgado no accedió,
pues dicha decisión ya había sido notificada al curador ad-litem designado (hecho
probado 3.18.). Las pruebas acreditan que, a partir de esta negativa, Villanueva
Durán solicitó, en un principio, la prescripción de la acción ejecutiva, la perención
del proceso (hechos probados 3.19. y 3.20.) y, finalmente, la terminación del
proceso por desistimiento tácito, ante la inactividad de la parte demandante por
espacio más de diez (10) años (hechos probados 3.21., 3.24. y 3.36.). Además,
quedó probado que, en el trámite de estas solicitudes, Villanueva Durán pidió al
juzgado requerir al secuestre para que rindiera cuentas de su gestión y entregara el
bien que recibió para su administración desde 1990 (hecho probado 3.28.). En este
sentido, aunque el juzgado ordenó al secuestre entregar el inmueble y suministrar
cuentas de su gestión (hecho probado 3.29.), las gestiones adelantadas para lograr
su notificación evidenciaron que en el proceso no obraban los datos de contacto del
auxiliar de la justicia y, ante algunas averiguaciones, se concluyó que Alcides Tafur
Cuéllar ya no hacía parte de la lista de auxiliares de la justicia, conforme al listado
de la Administración Judicial (hecho probado 3.30.).

En el proceso se estableció que, si bien en julio de 2014 la medida de embargo se
canceló (hecho probado 3.39.) y el 5 de noviembre siguiente se realizó la diligencia
de entrega del predio, la “posesión material” de este no fue devuelta a sus
propietarios – Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva Durán –, pues
Juan Carlos Lasso Trujillo y Reineiro Hernández presentaron oposiciones a la
entrega, al haber ejercido actos de posesión en el predio durante trece (13) y
dieciocho (18) años, respectivamente (hecho probado 3.40.). Finalmente, al resolver

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el incidente de oposición, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal consideró
que los terceros poseedores cumplían con los requisitos legales y ordenó realizar la
entrega del bien a su favor (hecho probado 3.41.).

4.2.1.2. Conforme al artículo 885 del Código de Procedimiento Civil (CPC) – norma
procesal aplicable al proceso ejecutivo que se estudia en este caso86 –, los
auxiliares de la justicia, entre ellos los secuestres, deben ser personas idóneas, de
conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. A su
turno, el artículo 1087 del mismo estatuto prevé que los auxiliares que, en calidad de
depositarios, secuestres o administradores de bienes, perciban productos en dinero,
o reciban el resultado de la enajenación de tales bienes o sus frutos, deben informar
periódicamente al juzgado sobre su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas
de su administración.

En lo que atañe específicamente a las funciones y deberes del secuestre, los
artículos 683, 688 y 689 del CPC establecen que este tendrá la custodia de los
bienes que le sean entregados y deberá rendir cuentas de su administración, así
como presentar los informes que le exija juez, so pena de ser relevado del cargo.
Asimismo, disponen que el juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la
rendición de cuentas en cualquier tiempo, mientras subsista la medida de secuestro.
Lo anterior se enmarca en la facultad y el deber funcional de dirección del proceso
que le corresponde, conforme a lo previsto en el artículo 3788 del CPC, lo que implica
el control de la gestión de los auxiliares de la justicia y la verificación del
cumplimiento de sus obligaciones.

Descendiendo al caso concreto, la valoración conjunta del acervo probatorio
demuestra que el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, en cabeza del juez,
omitió la obligación que tenía, como director del proceso, de requerir al secuestre
para que rindiera cuentas de su gestión durante más de diez (10) años, después de

85 “Artículo 8 Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos

que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación
e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva
materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos
constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan
que se les dispense justicia por parte del Poder Público”.
86 Conforme al material probatorio allegado, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero del Espinal

presentó la demanda ejecutiva en contra de los demandantes, el 28 de agosto de 1990 (hecho
probado 3.3.), fecha en la que se encontraba vigente el Código de Procedimiento Civil – Decretos
1400 y 2919 de 1970 –.
87 “Artículo 10. Custodia de bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia que como depositarios,

secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el
resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en
la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento […] En todo caso, el depositario
o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir
cuentas”.
88 “Artículo 37. Deberes del juez. Son deberes del juez: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida

solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. 2. Hacer
efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga. 3.
Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la
dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo
que toda tentativa de fraude procesal. 4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia
de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes
y evitar nulidades y providencias inhibitorias […] Parágrafo.-La violación de los deberes de que trata
el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen
disciplinario”.

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que se celebró la diligencia de secuestro. En efecto, el secuestro se practicó el 21
de noviembre de 1990 y sólo hasta el 22 de noviembre del 2000 el juzgado expidió
un auto para requerir al auxiliar de la justicia, orden que tampoco se cumplió en ese
momento, conforme a las pruebas allegadas. A pesar de permanecer indiferente por
más de diez (10) años, nuevamente, en el 2012, ante la solicitud de Luis Urbano
Villanueva Durán, el mencionado juzgado ordenó al secuestre rendir cuentas y
entregar el inmueble, sólo para encontrar que esa persona ya no hacía parte de la
lista de auxiliares la administración judicial y que en el expediente no se contaba
con sus datos de contacto.

Así las cosas, con su comportamiento, el Juzgado Primero Civil del Circuito del
Espinal omitió el cumplimiento de sus funciones – artículos 37 y 689 del CPC –,
pues durante más diez (10) años no intervino de ningún modo para verificar si el
secuestre llevaba a cabo en debida forma sus obligaciones de administración en el
predio identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012.

4.2.1.3. Acreditada la falla del servicio, corresponde ahora analizar el nexo causal
entre ésta y el daño – pérdida de la “posesión material” del inmueble de propiedad
de los demandantes –, para establecer su posible imputación a la entidad. En este
sentido, del acervo probatorio se desprende que el Juzgado Primero Civil del
Circuito del Espinal, a través del juez titular del despacho, tenía a su cargo el trámite
del proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-7013, dentro del cual se decretó el
secuestro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012.

Las pruebas allegadas permiten concluir que el juez, en su condición de director del
proceso, durante más de diez (10) años no verificó el cumplimiento de las funciones
asignadas al secuestre. De haber ejercido de manera oportuna sus deberes de
dirección y control, el juzgado habría podido advertir la conducta negligente e
irregular del secuestre – consistente en el abandono total del predio –, exigir
oportunamente la rendición de cuentas de su gestión y adoptar las medidas
orientadas al relevo del cargo, conforme a las normas aplicables – artículo 688 del
CPC –. Tal omisión permitió la permanencia prolongada de terceros en el inmueble,
circunstancia que favoreció el ejercicio de actos de señor y dueño por un término
superior a diez (10) años y, con ello, la consolidación de una posesión contraria a
los intereses de los propietarios, Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán89, pues derivó en la pérdida de la “posesión material” del bien.

Así las cosas, analizado el curso causal de los acontecimientos a partir de los
elementos probatorios que reposan en el expediente, se encuentra establecido que
el incumplimiento por parte del juez a cargo del proceso ejecutivo del deber legal de
ejercer control y vigilancia sobre la gestión del auxiliar de la justicia ciertamente

89 Código Civil “Artículo 669. Concepto de dominio: El dominio que se llama también propiedad es el

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella. La propiedad separada del goce
de la cosa se llama mera o nuda propiedad.”. Sobre el referido artículo, consultar: Corte
Constitucional, sentencias C-595 de 1999 y C-133 de 2009, providencia esta última de la cual se
extracta la siguiente consideración por su pertinencia: “Son atributos de propiedad (i) el ius utendi,
que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de
los servicios que pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del dueño de recoger
todos los productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el derecho de
disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden
realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad
del bien.”.

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incidió negativamente en el daño alegado, lo que permite concluir que existe una
relación de causalidad entre dicha omisión y el resultado dañoso.

Por lo anterior, encontrándose acreditado el nexo causal entre la falla del servicio
atribuible a la administración de justicia y el daño alegado por los demandantes, se
impone declarar que la Nación-Rama Judicial es patrimonialmente responsable por
la pérdida de la “posesión material” del bien de los demandantes, pues incurrió en
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite del
proceso ejecutivo con radicado N.º 1990-7013, al no ejercer vigilancia y control
sobre la labor del secuestre, por no requerirlo para que rindiera cuentas de su
gestión.

4.2.2. Análisis de la atribución del daño, por no declarar la terminación del
proceso ejecutivo por desistimiento tácito, desde el momento en que lo
solicitaron los allí demandados.

Según la demanda, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal no declaró la
terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito desde el momento en que
lo solicitaron los demandados en ese proceso. En criterio de los demandantes,
tuvieron que elevar varias solicitudes y acudir al juez de tutela para que el juzgado
finalmente declarara la terminación del juicio ejecutivo, dilación que permitió que los
terceros permanecieran más tiempo en el inmueble, favoreciendo la consolidación
de la posesión para que finalmente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal
les entregara el bien.

4.2.2.1. Conforme al material probatorio allegado, después de que Luis Urbano
Villanueva Durán compareció al proceso ejecutivo (hecho probado 3.17.), el 14 de
junio de 2012 solicitó al juez que impulsara las actuaciones o que, en su defecto,
declarara la terminación del proceso por desistimiento tácito (hecho probado 3.21.).
En ese momento, sustentó la solicitud con base en la Ley 1194 de 2008, que
permitía aplicar la figura del desistimiento tácito por inactividad de las partes en
procesos ejecutivos en los que se hubiera dictado sentencia o auto para seguir
adelante con la ejecución. Luego de reiterar la solicitud del 11 de febrero de 2013,
(hecho probado 3.24.), el juzgado, mediante auto del 15 de abril de 2013, declaró la
terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito y la cancelación de las
medidas cautelares. La decisión se motivó en la inactividad del proceso por más de
dos (2) años, conforme a lo dispuesto en los literales b) y siguientes del numeral 2
del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso– (hecho
probado 3.25.).

No obstante, mediante decisión del 27 de noviembre de 2013, el juzgado declaró
ilegal la decisión que había adoptado sobre la terminación por desistimiento tácito,
al considerar que el artículo 317 del CGP, norma que había sustentado dicha
determinación, solo entraba en vigor a partir del 1° de octubre de 2014, conforme al
numeral 4 del artículo 627 del mencionado estatuto, por lo que aún no era aplicable
(hecho probado 3.34.).

Más adelante, el 21 de abril de 2014, Luis Urbano Villanueva Durán insistió en la
solicitud de terminación por desistimiento tácito, conforme a la Ley 1194 de 2008
(hecho probado 3.36.). La solicitud no fue acogida por el juzgado, que, en auto del
30 de abril siguiente, consideró que el artículo 346 del CPC, modificado por la Ley
1194 de 2008, no permitía declarar el desistimiento tácito en procesos con

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sentencia, como era el caso del proceso ejecutivo en cuestión (hecho probado
3.37.).

Finalmente, mediante proveído del 26 de mayo de 2014, el Juzgado Primero Civil
del Circuito del Espinal declaró ineficaz la decisión del 27 de noviembre de 2013,
con la que había declarado la ilegalidad del desistimiento tácito. De este modo,
ordenó la cancelación de las medidas cautelares sobre el predio identificado con
matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 y comisionó al Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal del Guamo para que procediera a la entrega del inmueble (hecho probado
3.38.).

4.2.2.2. Al expediente se allegaron tres fallos de tutela90: (i) el fallo del 1° de octubre
de 2012, por el cual se negó el amparo, al haberse acreditado que el juzgado realizó
actividades tendientes a resolver la solicitud de terminación por desistimiento tácito
y que no hubo un actuar irrazonable o arbitrario (hecho probado 3.23.). (ii) el fallo
del 6 de mayo de 2013, que también negó el amparo, en este caso porque el juzgado
ya se había pronunciado sobre la solicitud de terminación por desistimiento tácito
(hecho probado 3.27.); y (iii) el fallo del 18 de septiembre de 2013, en el que sí se
accedió al amparo, en el sentido de que el juzgado debía pronunciarse sobre la
solicitud de entrega del inmueble, es decir, para ese momento, ya se había
declarado la terminación del proceso (hecho probado 3.32.). Así las cosas, los fallos
de tutela allegados dan cuenta de que no hubo un retardo injustificado o ilegal del
juzgado para resolver la solicitud de terminación por desistimiento tácito. El fallo que
concedió el amparo estuvo relacionado con la solicitud de entrega del inmueble y
no con la decisión del desistimiento.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia derivado de la mora judicial, esta Corporación ha
precisado que el simple retardo en la adopción de una decisión o el incumplimiento
de términos legales no configura, por sí mismo, un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por mora judicial. En efecto, en cada caso debe analizarse
si el retardo estuvo o no justificado, conclusión a la que se llega a partir del estudio
de factores tales como la complejidad del asunto, el comportamiento procesal de
las partes, las circunstancias concretas del caso, el volumen de trabajo del
despacho judicial y el promedio de duración de los procesos del mismo tipo frente
a los cuales se alega la mora91.

Bajo la vigencia del CPC no existía un término legal específico para que el juez
resolviera la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito y tampoco
un plazo perentorio para finiquitar el proceso, una vez declarada su terminación. En
consecuencia, en este caso, el eventual retardo debe evaluarse a partir de criterios
de razonabilidad y diligencia judicial, atendiendo a las circunstancias concretas del
caso, y no por el simple vencimiento de un término legal expreso.

Según el recuento de actuaciones, si bien Luis Urbano Villanueva Durán presentó
varias solicitudes para obtener la terminación del proceso ejecutivo por
desistimiento tácito, está acreditado que el Juzgado Primero Civil del Circuito del

90 Al respecto se precisa que, aunque en la providencia del 26 de mayo de 2014 el juzgado menciona

un fallo de tutela del 14 de mayo de 2014, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, al proceso
no se allegó esa decisión.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia del 3 de febrero de 2010, Rad.: 17293; y Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de mayo de 2021, Rad.: 56042.

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Espinal estudio, resolvió y dio respuesta a las mismas. Adicionalmente, se advierte
que la discusión suscitada en torno a la procedencia del desistimiento tácito estuvo
enmarcada en un contexto de transición normativa entre el Código de Procedimiento
Civil, la Ley 1194 de 2008 y la entrada en vigencia progresiva del Código General
del Proceso, circunstancia que evidencia la existencia de un debate jurídico
razonable sobre la norma aplicable.

Así las cosas, de la lectura de las providencias y el trámite que el juzgado impartió
a las solicitudes no se deriva un actuar ilegal, omisivo o tardío por parte de la
Administración.

4.2.2.3. En todo caso, tampoco se acreditó que la supuesta mora en la declaratoria
de terminación del proceso por desistimiento tácito hubiera tenido incidencia causal
determinante en el daño – pérdida de la “posesión material” del inmueble de
propiedad de los demandantes –. Las pruebas allegadas no demuestran que, de
haberse declarado en un momento anterior la terminación del proceso y si se
hubieran levantado las medidas cautelares, se habría evitado la permanencia de
terceros en el inmueble y la consolidación de la posesión, que posteriormente les
significó la entrega del bien.

Lo anterior, porque, conforme al acta de diligencia de entrega del predio de fecha 5
de noviembre de 2014, los opositores Juan Carlos Lasso Trujillo y Reineiro
Hernández afirmaron haber ejercido actos de posesión en el predio durante trece
(13) y dieciocho (18) años, respectivamente (hecho probado 3.40.), y en la
providencia que resolvió el incidente de oposición y lo declaró fundado, se encontró
verificada la posesión del predio por parte de aquellos por espacio de más de diez
(10) años (hecho probado 3.41.). Es decir, para la fecha en que Luis Urbano
Villanueva presentó la solicitud de terminación del proceso – 14 de junio de 2012 –
, ya se había consolidado la posesión que los terceros opositores alegaron y que
dio paso a la orden de entrega del predio a favor de estos últimos.

En consecuencia, el segundo reparo formulado contra la Administración,
relacionado con la demora en declarar la terminación del proceso ejecutivo
solicitada por los ejecutados el 14 de junio de 2012, no está llamado a prosperar.

5. Liquidación de perjuicios

Como quedó expuesto atrás, la Sala encuentra configurada la responsabilidad
extracontractual de la Nación-Rama Judicial, por la pérdida de la “posesión material”
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 como
consecuencia de la omisión en la vigilancia y control sobre la labor del secuestre
por no requerirlo para que rindiera cuentas de su gestión, al hallar reunidos los
elementos de daño, título de imputación y nexo de causalidad.

En consecuencia, resta analizar lo atinente al reconocimiento de los perjuicios
reclamados por Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret Villanueva Durán, los
cuales, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, consisten en daño
emergente y lucro cesante.

5.1. Daño emergente

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

A título de daño emergente, la parte accionante solicitó condenar a la entidad
demandada a pagar sesenta y cinco millones ciento sesenta mil pesos m/cte.
($65.160.000), suma que corresponde, según lo afirmado en la demanda, al valor
comercial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-901292.

Conforme al artículo 161493 del Código Civil, el daño emergente corresponde a la
pérdida patrimonial sufrida como consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, haberse cumplido de forma imperfecta o haberse retardado su
cumplimiento. Al efecto, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que dicha
pérdida conlleva la necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que
quiere es recuperar aquello que se ha perdido94.

Para acreditar este valor, la parte accionante aportó un dictamen pericial, elaborado
por el ingeniero civil Richard Antonio Vásquez Guzmán, en el que se determinó el
avalúo comercial del inmueble95. El Tribunal decretó esta prueba en la audiencia
inicial96 y su contradicción tuvo lugar en la audiencia de pruebas, oportunidad en la
que el perito sustentó los hallazgos del dictamen97. Las partes no solicitaron
aclaración o complementación del peritaje, ni lo objetaron por error grave.

Ahora bien, aunque se encuentra acreditado que los demandantes perdieron la
“posesión material” del inmueble, como consecuencia de la entrega del bien a los
terceros opositores y poseedores, no se probó que Luis Urbano Villanueva Durán y
Fabio Claret Villanueva Durán hayan perdido el derecho de dominio sobre el predio.
En efecto, conforme al certificado de tradición y libertad del folio de matrícula
inmobiliaria N.º 360-9012, expedido el 31 de agosto de 201698 y allegado con la
demanda, la titularidad del inmueble denominado “Los Almendros” continúa
radicada en cabeza de los demandantes. Así lo evidencia la última anotación
registral – anotación N.º 5 del 10 de julio de 2014 –, mediante la cual se canceló el
embargo decretado por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal dentro del
proceso ejecutivo.

En este contexto, es menester diferenciar dos instituciones jurídicas: la propiedad y
la posesión, puesto que – se insiste – los demandantes perdieron la posesión, mas
no la propiedad del inmueble. Al respecto, el artículo 669 del Código Civil define el
dominio – también denominado propiedad – como el derecho real que se tiene sobre
una cosa corporal para gozar y disponer de ella 99. Por su parte, el artículo 762
ibidem concibe la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo
de señor y dueño100, definición de la cual se desprenden dos elementos: el corpus,

92 Fl. 4, C.1.
93 “Artículo 1614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su
cumplimiento”.
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2013, Rad.:

21564.
95 Fl. 87 a 105, C. 1.
96 Fl. 165 a 175, C.1.
97 Fl. 208 a 211, C.2.
98 Fl. 35 y 36, C.1.
99 “Artículo 669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal,

para gozar y disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada
del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”.
100 “Artículo 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño,

sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga
en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

entendido como el ejercicio material del derecho, y el animus, consistente en la
voluntad de comportarse como titular del derecho101. Finalmente, el artículo 2342
del mismo estatuto prevé que tanto el dueño como el poseedor de la cosa sobre la
que ha recaído el daño están legitimados para reclamar su indemnización102.

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que la posesión
y la propiedad, si bien se relacionan y en ciertos casos concurren en una misma
persona, son diferenciables e inconfundibles103. Tal distinción se evidencia en la
existencia de figuras reconocidas en el ordenamiento jurídico como la nuda o mera
propiedad104, en la que el titular conserva el derecho real sin el ejercicio material del
bien, o la venta de cosa ajena105, en la cual se celebra válidamente un negocio
jurídico sobre un bien respecto del cual el enajenante carece de domino, sin que
ello comporte la transferencia de la propiedad.

Desde esta perspectiva, la posesión se configura como una situación de hecho
jurídicamente relevante, consistente en el poder material que se ejerce sobre una
cosa con ánimo de señor y dueño, con independencia de si se tiene la propiedad o
no. Se trata, entonces, de una figura protegida por el ordenamiento, susceptible de
producir efectos jurídicos propios – como la prescripción adquisitiva –, pero no
equivale ni se confunde con el derecho de dominio.

Por su parte, la propiedad es un derecho real absoluto, que existe y se predica
independientemente de la tenencia material del bien, y que otorga al titular las
facultades de uso, goce y disposición. En consecuencia, una persona puede ser
propietaria sin poseer el bien, así como puede poseerlo sin ser su dueña.

Pues bien, conforme a lo acreditado en el proceso, la falla del servicio atribuida al
Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal afectó el ejercicio del derecho de
posesión que ostentaban los demandantes sobre el inmueble embargado y
secuestrado. En este escenario, la jurisprudencia ha reconocido que la afectación
al derecho de posesión es susceptible de indemnización. No obstante, también ha
precisado que dicha reparación no puede asimilarse a aquella derivada de la
afectación del derecho de propiedad106, el cual, – como se explicó – no fue perdido

101 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de octubre de 2014, Rad.:

33767.
102 “Artículo 2342. Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa

sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el
daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros
casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño”.
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2001, Rad.: 9672, retomada

en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de octubre de 2014, Rad.:
33767.
104 “Artículo 669. […] La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”.
105 “Artículo 1871. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa

vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo”.
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de octubre de 2014, Rad.:

33767. En ese caso, frente a la indemnización por el menoscabo del derecho de posesión de los
poseedores demandantes, la Subsección A indicó que: “[…] están facultados para reclamar
perjuicios derivados del menoscabo al derecho de posesión que ejercían respecto del predio
ocupado, con ocasión de la ocupación de éste y no, como lo pretenden los demandantes, para que
se les reparen los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad. Así las cosas, le
asistió razón al Tribunal de primera instancia al tasar la indemnización a partir de la suma que los
demandantes pagaron por los derechos de posesión adquiridos por un tercero […]”. En otra
sentencia del 16 de julio de 2015, Rad.: 34046, la Subsección A también diferenció entre las

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por los demandantes en este caso. Por consiguiente, el monto solicitado en la
demanda, equivalente al valor comercial total del inmueble, no se corresponde con
el perjuicio efectivamente causado por la afectación al derecho de posesión.

Como el valor del daño emergente derivado de la pérdida de la posesión no quedó
acreditado con las pruebas obrantes en el expediente – en la medida en que el
dictamen pericial se limitó a establecer el valor comercial del predio –, en aplicación
de lo dispuesto artículo 193107 del CPACA, en armonía con el artículo 129108 del
CGP, la Sala condenará en abstracto, ante la imposibilidad de establecer la cuantía
de este perjuicio. En consecuencia, mediante el correspondiente incidente de
liquidación, un perito determinará el valor del daño emergente causado
exclusivamente por la afectación al derecho de posesión del inmueble con matrícula
inmobiliaria N.º 360-9012.

Para efectos del incidente de liquidación, deberán observarse los siguientes
parámetros:

a) El dictamen pericial deberá circunscribirse única y exclusivamente a la
determinación del valor económico de la posesión perdida, sin que en ningún caso
se indemnice la pérdida del derecho de dominio – el cual permanece en cabeza de
los demandantes, conforme al folio de matrícula inmobiliaria allegado –. En
consecuencia, no podrá reconocerse el valor comercial total del inmueble, ni
incluirse, por este concepto, perjuicios correspondientes a lucro cesante.

b) El perito designado deberá acreditar experiencia en avalúos inmobiliarios,
valoración de activos, ingeniería catastral, arquitectura, ingeniería civil o disciplinas
afines, así como conocimientos en la valoración económica de bienes inmuebles y
derechos patrimoniales relacionados con estos.

c) Para establecer el valor económico de la posesión a la fecha en que se produjo
su pérdida efectiva – esto es, la ejecutoria el auto que dispuso la entrega del
inmueble a los opositores poseedores, ocurrida el 26 de noviembre de 2015 (hecho
probado 3.42.), – el experto deberá tener en cuenta, según resulten aplicables al
caso, los siguientes criterios: (i) estudios de mercado sobre cesión de derechos
posesorios en la región respecto de bienes similares; (ii) la ubicación del predio; (iii)
su destinación económica; (iv) la extensión y condiciones físicas del inmueble; (v)

pretensiones de indemnización fundadas en la posesión del bien inmueble y aquellas apoyadas en
la propiedad. Respecto de las primeras precisó que “[…] se indemnizaría, no por el valor comercial
del predio como ocurriría en el caso de derivarse el derecho de la propiedad, sino que se limitaría al
reconocimiento del valor de las mejoras plantadas por el poseedor o el monto estimado de la
explotación del mismo […]”.
107 “Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras,

perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido
establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales
se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de
Procedimiento Civil”.
108 “Artículo 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá

expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. Las partes
solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del
incidente promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida
se decretarán y practicarán las pruebas necesarias. En los casos en que el incidente puede
promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales
el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes
y las que de oficio considere pertinentes”.

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el tiempo y grado de consolidación de la posesión; y (vi) la expectativa razonable de
aprovechamiento económico del bien.

d) En el evento en que no exista información suficiente sobre el mercado de cesión
de la posesión en la región, el perito podrá tomar como referente el valor comercial
del inmueble, con el fin de determinar – con el debido sustento técnico – el
porcentaje que de forma razonable represente la posesión, sin equipararlo en
ningún caso al valor del dominio.

5.2. Lucro cesante

En la demanda se pidió condenar a la Nación-Rama Judicial a pagar, por lucro
cesante, la suma de dos mil doscientos setenta y ocho millones trescientos treinta
y un mil doscientos veintinueve pesos m/cte. ($2.278.331.229), por los frutos
dejados de percibir por la producción de mango Tommy Atkins, durante veinticinco
(25) años, pues de no haber estado secuestrado el predio los propietarios se
hubieran beneficiado de dicho cultivo109.

Conforme al artículo 1614110 del Código Civil, el lucro cesante corresponde a la
ganancia o provecho que deja de reportarse como consecuencia del incumplimiento
de una obligación o del cumplimiento imperfecto o retardado. A su vez, esta
Corporación ha señalado que el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada
o al provecho económico que la víctima – o sus beneficiarios – deja de percibir como
consecuencia del daño; esto es, los ingresos que, de no haberse producido el
hecho, habrían ingresado al patrimonio de aquella de forma inmediata o futura 111.
Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda su reconocimiento y la indemnización por lucro cesante, éste debe ser
cierto y existente112.

Respecto del lucro cesante solicitado en la demanda, en el expediente obra el acta
de la diligencia de secuestro del 21 de noviembre de 1990, en el que se dejó
constancia de que en el predio existían siembras de maíz, sorgo y ajonjolí, con una
edad aproximada de cincuenta (50) a sesenta (60) días. Asimismo, que encontraron
árboles de mango, ciruelos y matarratón (hecho probado 3.7.). De igual manera,
mediante escrito del 10 de mayo de 2013, presentado dentro del proceso ejecutivo,
Luis Urbano Villanueva Durán, al solicitar que se requiriera al secuestre para rendir
cuentas de su gestión, indicó que el predio se encontraba “en producción” y que en
él había siembras de maíz, sorgo y ajonjolí (hecho probado 3.28.).

Estas pruebas documentales no acreditan el lucro cesante en los términos
planteados en la demanda – producción de mango Tommy Atkins –, ni permiten
tener por demostrada, de manera cierta, una ganancia o provecho frustrado
derivado de la explotación económica de ese cultivo. En efecto, el acta de la
diligencia de secuestro da cuenta de la existencia de árboles de mango, pero no de

109 Fl. 4, C.1.
110 “Artículo 1614. Entiéndese […] por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse

a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su
cumplimiento […]”.
111 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

mayo de 2007. Rad.: 15989 y del 1 de marzo de 2006. Rad.: 17256.
112 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 1 de

marzo de 2006. Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007. Rad.: 15989.

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un cultivo de mango Tommy Atkins como actividad económica del predio, la
extensión del predio que estaba sembrada, los ciclos de cosecha, rendimientos,
costos ni el volumen de producción. Por su parte, la manifestación del demandante
respecto de que el predio “estaba en producción” constituye una referencia general
que, por sí sola, no aporta parámetros verificable para establecer con certeza que
el propietario del inmueble recibía utilidades, en tanto no precisa el área cultivada,
costos de producción o precios de venta.

Con el propósito de acreditar este perjuicio, la parte actora aportó un dictamen
pericial113 rendido por Richard Antonio Vásquez Guzmán cuyo objeto fue determinar
el valor estimado del lucro cesante para la producción del cultivo de mango Tommy
Atkins en el predio, desde el 21 de noviembre de 1990, hasta la fecha del dictamen.
La prueba se decretó en la audiencia inicial114 y durante la audiencia de pruebas el
perito sustentó los hallazgos del dictamen115. Las partes no solicitaron aclaración o
complementación del peritaje, ni lo objetaron por error grave.

Conforme a los artículos 165116 y 176117 del CGP – aplicables por remisión del
artículo 306118 del CPACA –, las partes pueden hacer uso de todos los medios de
prueba para acreditar la razón de su dicho. El juez, por su parte, deberá apreciar las
pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y exponer, de
forma razonada, el mérito que le otorga a cada medio de prueba en el que funda la
decisión judicial.

La prueba pericial se encuentra regulada en los artículos 218 a 222 del CPACA y,
en lo supletorio, en el capítulo VI del CGP. Este medio de prueba permite constatar
hechos de relevancia para el litigio, que exigen especiales conocimientos científicos,
técnicos o artísticos. La pericia debe contener una relación detallada de los
procesos y operaciones practicadas, así como de sus resultados. Así, se deberán
identificar los instrumentos o materias empleados, lo que dará soporte y credibilidad
a las conclusiones. Estas últimas deberán ajustarse a los principios de la ciencia,
arte o técnica que haya aplicado el experto y deberán responder de forma completa
y clara todos los puntos sometidos al análisis.

Ahora, respecto de la apreciación y análisis del dictamen pericial por parte del juez,
este deberá estudiar su validez, lo que implica cotejar que haya sido sometido al
principio de contradicción y que la incorporación al proceso satisfaga las exigencias
legales descritas en los artículos 218 a 220 del CPACA y 226 a 231 del CGP. En
segundo lugar, debe analizar su eficacia, entendida como la valoración razonada

113 Fl. 50 a 86, C.1 y C. del dictamen pericial.
114 Fl. 165 a 175, C.1.
115 Fl. 208 a 211, C.2.
116 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el

juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales”.
117 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”.
118 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

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del peritaje en consideración de la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y
calidad de los fundamentos del dictamen, la idoneidad del perito – experto en la
materia técnica analizada –, su comportamiento en la audiencia; y las demás
pruebas que obren en el proceso, conforme a los artículos 232119 y 235120 del CGP.

En relación con el dictamen pericial allegado por la parte demandante, la Sala
advierte que es válido, pues se surtió el trámite para su contradicción, porque la
parte demandante tuvo la posibilidad de debatirlo en el curso de la audiencia de
pruebas121. Además, el auxiliar de la justicia no manifestó estar incurso en causal
de impedimento y tampoco fue recusado por apreciarse algún aparente acto de
parcialidad122.

Revisado el contenido del dictamen, se aprecia que el perito concluyó que el valor
del lucro cesante, correspondiente al cultivo de mango Tommy Atkins en el predio
de los demandantes, desde el 21 de noviembre de 1990 hasta el año 2018, era de
dos mil doscientos setenta y ocho millones trescientos treinta y un mil doscientos
veintinueve pesos m/cte. ($2.278.331.229)123. Para sustentar esta cifra, el auxiliar
de la justicia indicó que tomó como base los lineamientos del documento
denominado “Modelo tecnológico para el cultivo del mango en el Valle del alto
Magdalena en el Departamento del Tolima”, elaborado por Corpoica y la Asociación
Hortifrutícola de Colombia. Según el experto, en ese documento se determinaba el
total de ingresos, costos y flujo neto de cada hectárea por año, respecto de lo que
generaría el cultivo de mango Tommy Atkins en un cultivo de condiciones
normales124. Con base en esa información, el perito calculó el monto de los ingresos
que hubiera generado el predio de los demandantes si se hubiera empleado para la
producción del referido fruto.

Al analizar el contenido del documento, en conjunto con lo sustentado por el perito
Richard Antonio Vásquez Guzmán en la audiencia de pruebas y los restantes
medios de prueba que obran en el proceso, la Sala concluye que la experticia no
tiene eficacia probatoria por las razones que se pasan a exponer.

En primer lugar, en el expediente no se acreditó que, para la fecha del secuestro,
en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 360-9012 existieran

119 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas

de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.
120 “Artículo 235. Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e

imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Las partes se abstendrán de aportar
dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación
establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito.
El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo
incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su
credibilidad. En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias
o rezones que puedan comprometer su imparcialidad. Parágrafo. No se entenderá que el perito
designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una
retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier
remuneración que penda del resultado del litigio”.
121 Fl. 208 a 211, C. 2.
122 Fl. 50 a 86 y 131 a 136, C.1.
123 Fl. 75, C. 1.
124 Fl. 74, C. 1.

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cultivos de mango Tommy Atkins como actividad económica. En efecto, en el acta
de la diligencia de secuestro quedó constancia de que, para el 21 de noviembre de
1990, el predio estaba “[…] sembrado en maíz sorgo y ajonjolí en mayor extensión
[…] estos cultivos tienen una edad aproximada de cincuenta a sesenta días, más o
menos […] La burrera se encuentra sin cultivar y en donde se halla la mayoría de
árboles como aguaje, guásimos, caracolí, bayos, se encuentra una mole de pasto
de corte y también se hallaron árboles de mango, ciruelos y también árboles de
matarratón, este terreno es un poco quebrado […]” (hecho probado 3.7.).

Así las cosas, los procesos y operaciones que practicó el perito en el dictamen se
basaron en supuestos de hecho hipotéticos, que no se acreditaron en el proceso y
que están relacionados con lo que, potencialmente, pudo haber producido el predio.
Esto, al tener en cuenta que no se probó que para el momento del secuestro en el
inmueble existiera una cosecha de mango Tommy Atkins o que esta fuera la
actividad económica que allí se desarrollaba. En el acta del secuestro sólo se
mencionó que había árboles de mango, pero no cultivos o cosechas.

En ese sentido, en la audiencia de pruebas, el perito explicó que tomó como base
de su estudio el cultivo de mango Tommy Atkins, porque, dentro de las opciones de
cultivo potencial que tenía el predio, fue respecto de este tipo de mango que
encontró información más completa, con la cual podía fundamentar las conclusiones
de la experticia. Más adelante indicó que, cuando visitó el predio, previo a realizar
el dictamen, encontró un cultivo de mango de seis (6) a ocho (8) años,
aproximadamente125. Las declaraciones del perito corroboran que no tuvo en cuenta
el estado del predio, ni qué cultivos había allí para el momento en que se practicó
el secuestro – el 21 de noviembre de 1990 –, sino lo que vio cuando visitó el predio
– en el año 2016 – , y que, de las opciones potenciales de cultivo, escogió aquella
de la que encontró mayor información para sustentar las conclusiones del dictamen.

En segundo lugar, el periodo durante el cual el perito hizo los cálculos fue desde
1990 hasta el 2018, tiempo que no se acompasa con el daño analizado en este
caso, pues la legalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro no fue
objeto de discusión. Por el contrario, lo que se endilgó en la demanda fue el daño
ocasionado por la pérdida de la posesión del inmueble, al no haber sido restituido a
sus propietarios a la terminación del proceso y, en cambio, ordenarse su entrega
material a los terceros que promovieron incidente de oposición. El tiempo durante
el cual el predio estuvo embargado y secuestrado se ajustó a la ley y comportaba
una carga que los demandantes en reparación directa debían asumir, al no haber
cumplido la obligación de pago del título valor suscrito con la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero del Espinal.

Por lo anterior, el cálculo de la indemnización ha debido tener en cuenta las
ganancias dejadas de percibir a partir del momento en que cobró ejecutoria el
proveído que dispuso la entrega del inmueble a los opositores poseedores, el 26 de
noviembre de 2015 (hecho probado 3.42.).

Finalmente, la idoneidad del perito – que sea experto en la materia técnica – está
en entredicho, pues Richard Antonio Vásquez Guzmán acreditó ser “ingeniero civil,
administrador de obras civiles y topógrafo, especialista en gestión ambiental, auxiliar

125 CD Fl. 208, C. 2, audiencia de pruebas, minuto 35:15 a 58:02.

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de la justicia y perito avaluador profesional”126, especialidades que no acreditan
experiencia en la cuantificación de perjuicios de actividades agrícolas, como el
cultivo de mango Tommy Atkins. Prueba de esto son las respuestas que el perito
dio en la sustentación del dictamen en la audiencia de pruebas. Allí, se limitó a leer
el documento técnico y emitir consideraciones generales, sin responder a preguntas
específicas de dicha actividad como, por ejemplo, las referentes a las enfermedades
que puede sufrir el árbol que da el fruto; además, usó expresiones dubitativas y no
brindó afirmaciones que prestaran elementos de convicción.

En efecto, cuando el agente del Ministerio Público le preguntó si había verificado
qué actividad económica había en el predio antes de realizar el dictamen, sostuvo
que vio un cultivo de mango de seis (6) a ocho (8) años y con base en ello realizó
el estudio. Respecto de las inversiones y costos de producción del cultivo de mango
Tommy Atkins, se refirió a los insumos y costos de un cultivo en general, pero no en
concreto de esa fruta. Ahora, frente a la pregunta sobre la principal enfermedad que
afecta al cultivo de ese tipo de mango, contestó que no sabía a qué se referían con
esa pregunta127. Todos estos aspectos le restan calidad y fiabilidad a las opiniones
y conceptos sobre la estimación del perjuicio solicitado, y generan serias dudas
frente a las calidades del auxiliar de la justicia en la materia sobre la que versó la
experticia.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que el dictamen analizado no tiene eficacia
probatoria para cuantificar el perjuicio por lucro cesante, pues el fundamento del
dictamen carece de certeza, firmeza y precisión.

En consecuencia, al analizar y apreciar las pruebas en conjunto, conforme a las
reglas de la sana crítica, la Sala advierte que la existencia del lucro cesante
reclamado no se acreditó con certeza, ni respecto del cultivo específico alegado
(mango Tommy Atkins), ni en términos de una utilidad real frustrada susceptible de
ser indemnizada. Tal como se indicó, el perjuicio probado debe ser cierto, esto es,
debe corresponder a los ingresos dejados de percibir que, de no haberse producido
el daño, habrían ingresado al patrimonio de la víctima de manera verificable. Así, no
basta con la sola alusión a la vocación agrícola del predio o la presencia de siembras
y árboles, si no se demuestra la pérdida de ingresos o ganancias provenientes de
la explotación económica del inmueble.

Por lo anterior, se negará el reconocimiento del lucro cesante solicitado. Finalmente,
se precisa que tampoco hay lugar a proferir condena en abstracto por este concepto,
por cuanto el incidente de liquidación establecido en el artículo 193 del CPACA, en
armonía con el artículo 129 del CGP, presupone que el perjuicio esté demostrado y
lo que permanezca indeterminado sea su cuantía. En ese sentido, dicho trámite no
puede emplearse para suplir la carga probatoria de las partes o para construir los
supuestos fácticos que debieron acreditarse en el proceso.

Conforme a lo expuesto, en la parte resolutiva, la Sala revocará la sentencia del 29
de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró
de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa y, en su lugar,
declarará que la Nación-Rama Judicial es patrimonialmente responsable por la
pérdida de la “posesión material” del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria

126 Fl. 50 y 106 a 111, C. 1.
127 CD Fl. 208, C. 2, audiencia de pruebas, minuto 45:05 a 58:02.

31

Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

N.º 360-9012, de propiedad de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán. En consecuencia, reconocerá en favor de los demandantes una
indemnización en abstracto por daño emergente, correspondiente al valor
económico por la pérdida de la posesión del inmueble.

5. Conclusión

En el marco de los reparos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, la Sala concluyó que la alzada tenía vocación de
prosperidad, ya que el medio de control fue ejercido de forma oportuna. Aunque se
acreditó que la Nación-Rama Judicial ocasionó a Luis Urbano Villanueva Durán y
Fabio Claret Villanueva Durán la pérdida de la “posesión material” del inmueble, al
omitir la debida supervisión del secuestre encargado de su custodia y
administración, en el proceso no se demostró que dicho daño tuviera origen en el
hecho de no haber declarado la terminación por desistimiento tácito, una vez lo
solicitaron los allí demandados.

6. Costas

El numeral 4128 del artículo 365 del CGP, dispone que, cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del interior, se condenará a la parte
vencida en las costas en ambas instancias. En consecuencia, se condenará en
costas en ambas instancias a la Nación-Rama Judicial.

Las agencias en derecho se fijarán conforme a las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP129, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales.

En el sub-lite, como la parte demandante desplegó actuación en segunda instancia,
pues alegó de conclusión130, se fijará por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de esta decisión a su favor, de conformidad con las tarifas establecidas en el

128 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
129 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
130 Índice11, Samai.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016131-132 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 29 de agosto de 2019, que declaró de oficio la caducidad del medio de
control, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia y, en su
lugar, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por la
pérdida de la “posesión material” del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
N.º 360-9012, de propiedad de Luis Urbano Villanueva Durán y Fabio Claret
Villanueva Durán.

SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación-Rama Judicial a pagar por
concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma que
resulte probada en el trámite incidental, que se adelantará con aplicación de los
parámetros fijados en esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en
consideración a lo dispuesto en los artículos 365.4 y 366 del CGP. FIJAR, como
agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, para la parte demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos
establecidos en el artículo 193 del CPACA.

SEXTO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

131 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en

cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas
con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se
puedan desconocer los referidos límites”.
132 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.

[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda
instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”.

33

Radicado: 73001-23-33-000-2016-00768-01 (64990)
Demandante: Luis Urbano Villanueva Durán y otro

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

EXT6

34

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