Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2016-00791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2016-00791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2016-00791-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: ROSA MILENA CASTRO MURILLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO Y
POLICÍA NACIONAL
Tema: Procedencia del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo por actos violentos de terceros. Caducidad del
medio de control en eventos de lesa humanidad - aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Responsabilidad del Estado
por desaparición forzada cometida por terceros – debe probarse la
falla en el servicio derivada de que el Estado tenía la obligación de
evitar la producción del daño, porque los hechos eran previsibles y
resistibles - posición de garante del Estado no es absoluta – no se
acreditó la imputación. No se condena en costas a los demandantes
por su calidad de sujetos de especial protección víctimas del conflicto
armado interno.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En la demanda se narra que el 10 de julio de 2001, miembros del Frente Omar
Isaza de las AUC irrumpieron en el balneario “Acuarium”, lugar de trabajo y
residencia de Jeimy Chitiva Guzmán y Reinaldo Parra Parra, ubicado en la vereda
San Antonio del municipio de Mariquita. En el marco de dicho asalto, hurtaron y
destruyeron los bienes de la pareja, a quienes llevaron consigo a la fuerza, sin que
a la fecha se conozca su paradero.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Posteriormente, el 16 de julio de ese mismo año, Hernando Parra Parra, Luciano
Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Isabel María Guzmán Perdomo, Otoniel
Murillo González, José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón Castaño fueron
asesinados por integrantes del mencionado grupo paramilitar, luego de que
interceptaran el vehículo en que se transportaban por la vereda “La Parroquia”, en
la vía que de Mariquita conduce a Fresno, Tolima.
Por último, el 26 de julio de 2002, José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
González1 fueron víctimas de desaparición forzada por parte de miembros del
frente Omar Isaza de las AUC, en el corregimiento de San Felipe del municipio de
Armero, Tolima.
El grupo accionante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y
Policía Nacional son administrativamente responsables de los daños y perjuicios
causados por la muerte y desaparición de sus familiares, en razón de las
omisiones, connivencia y la alianza de las entidades demandadas con los
miembros del grupo paramilitar Frente Omar Isaza de las AUC en el departamento
del Tolima.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 9 de diciembre de 20162, Rosa Milena Castro Murillo y otros3, mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios
1 Como se verá más adelante, se constató la muerte de Uriel Murillo González ocurrida el 26 de
julio de 2002 y registrada el 14 de marzo de 2012.
2 Fl. 1 a 58, C.1.
3 i) Grupo familiar de las víctimas Reinaldo Parra Parra, Hernando Parra Parra, Luciano Parra
Parra y Ángel María Parra Parra: Clotilde Parra Veloza, Jair Antonio López González, Emiliano
López Parra, Jeivier López Parra, Anadelly Murillo Vera, Argenis Castro Murillo, Lesly Alejandra
Ramírez Castro, Rosa Milena Castro Murillo y Bleidy Mariela Castro Murillo.
ii) Grupo familiar de las víctimas Isabel Guzmán Perdomo y Jeimy Chitiva Guzmán: Edgar Chitiva
Guzmán, Astrid Chitiva Guzmán y Pedro Orlando Chitiva Urrego.
iii) Grupo familiar de las víctimas José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón Castaño: Luis
Ernesto Ortiz, Julián Estiven Ortiz Pérez, Carmen Rosa Pérez Sánchez, Luz Dary Ortiz Rodríguez,
Yeison Arley Garzón Ortiz, Audias Yamid Garzón, Audias Garzón González, José Graciliano Ortiz
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
causados a un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército y Policía Nacional, con el fin de que se les declare
administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados con la
muerte4 y desaparición5 de los familiares de los demandantes ocurridas el 10 y 16
de julio de 2001 y el 26 de julio de 2002 en los municipios de Mariquita y Armero,
Tolima.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
Por las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando
Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila
Rincón Castaño y Otoniel Murillo González, el extremo activo solicita condenar a
las entidades demandadas a pagarles, por perjuicios morales y “cambio de las
condiciones de existencia o de vida relación” las siguientes sumas de dinero:
Demandante Perjuicio moral “cambio de las
condiciones de
existencia o de vida
relación”
1 Clotilde Parra Veloza 300 SMLMV 300 SMLMV
2 Jair Antonio López González 300 SMLMV 300 SMLMV
3 Emiliano López Parra 200 SMLMV 200 SMLMV
4 Jeivier López Parra 200 SMLMV 200 SMLMV
5 Anadelly Murillo Vera 300 SMLMV 300 SMLMV
6 Argenis Castro Murillo No se especificó en la No se solicitó suma
demanda alguna
7 Lesly Alejandra Ramírez Castro No se especificó en la No se solicitó suma
demanda alguna
8 Rosa Milena Castro Murillo No se especificó en la No se solicitó suma
demanda alguna
Rodríguez, Gladys Ortiz Rodríguez, Nelson Steven Álvarez Ortiz, Yolanda Ortiz Rodríguez, Jimmy
Cujiño Tapasco, Jorge Alirio Tangarife Ortiz, William Fernando Tangarife Ortiz, José Enrique Marín
Ortiz, Claudia Yised Marín Ortiz, Yisela Paola Ortiz Beltrán, Daniel Guillermo Ortiz Beltrán, Herman
Alexander Ortiz Pérez, Ana Derly Beltrán Londoño y Diana Rincón.
iv) Grupo familiar de las víctimas Otoniel Murillo González, Uriel Murillo González y José Leandro
Murillo González: Luz Stella Fernández Delgado, Edilma Fernández Delgado, Leidy Dahiana
Murillo Fernández, Ayde Murillo González, Camilo Esteban Becerra Murillo, Nelsy Murillo
González, Sergio Johan Murillo González, Juan Felipe Murillo Castaño, Jainiber Murillo González,
Deyson Andrés Murillo Rico, Eyesenia Rico Duarte, Alirio Murillo Vera, Virgelina Franco Beltrán,
Didier Mauricio Murillo Franco y Claudia Rocío Murillo Franco.
4 Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo,
José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo González.
5 Jeimy Chitiva Guzmán, Reinaldo Parra Parra, José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
González.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
9 Bleidy Mariela Castro Murillo No se especificó en la No se solicitó suma
demanda alguna
10 Edgar Chitiva Guzmán 300 SMLMV 300 SMLMV
11 Astrid Chitiva Guzmán 300 SMLMV 300 SMLMV
12 Pedro Orlando Chitiva Urrego 300 SMLMV 300 SMLMV
13 Luis Ernesto Ortiz 200 SMLMV 200 SMLMV
14 Julián Estiven Ortiz Pérez 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
15 Carmen Rosa Pérez Sánchez 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
16 Luz Dary Ortiz Rodríguez 200 SMLMV 200 SMLMV
17 Yeison Arley Garzón Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
18 Audias Yamid Garzón 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
19 Audias Garzón González 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
20 José Graciliano Ortiz Rodríguez 200 SMLMV 200 SMLMV
21 Gladys Ortiz Rodríguez 200 SMLMV 200 SMLMV
22 Nelson Steven Álvarez Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
23 Yolanda Ortiz Rodríguez 200 SMLMV 200 SMLMV
24 Jimmy Cujiño Tapasco 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
25 Jorge Alirio Tangarife Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
26 William Fernando Tangarife Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
27 José Enrique Marín Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
28 Claudia Yised Marín Ortiz 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
29 Yisela Paola Ortiz Beltrán 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
30 Daniel Guillermo Ortiz Beltrán 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
31 Herman Alexander Ortiz Pérez 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
32 Ana Derly Beltrán Londoño 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
33 Diana Rincón 300 SMLMV 300 SMLMV
34 Luz Stella Fernández Delgado 300 SMLMV 300 SMLMV
35 Edilma Fernández Delgado 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
36 Leidy Dahiana Murillo Fernández 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
37 Ayde Murillo González 200 SMLMV 200 SMLMV
38 Camilo Esteban Becerra Murillo 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
39 Nelsy Murillo González 200 SMLMV 200 SMLMV
40 Sergio Johan Murillo González 200 SMLMV 200 SMLMV
41 Juan Felipe Murillo Castaño 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
42 Jainiber Murillo González 200 SMLMV 200 SMLMV
43 Deyson Andrés Murillo Rico 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
44 Eyesenia Rico Duarte 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
45 Alirio Murillo Vera 200 SMLMV 200 SMLMV
46 Virgelina Franco Beltrán 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
47 Didier Mauricio Murillo Franco 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
48 Claudia Rocío Murillo Franco 50 SMLMV No se solicitó suma
alguna
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Por las desapariciones forzadas de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva
Guzmán, Uriel Murillo González y José Leandro Murillo González, el extremo
activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagarles, por perjuicios
morales, las siguientes sumas de dinero:
Demandante Perjuicio moral
1 Clotilde Parra Veloza 300 SMLMV
2 Jair Antonio López González 300 SMLMV
3 Emiliano López Parra 200 SMLMV
4 Jeivier López Parra 200 SMLMV
5 Anadelly Murillo Vera 50 SMLMV
6 Argenis Castro Murillo No se especificó en la demanda.
7 Lesly Alejandra Ramírez Castro No se especificó en la demanda.
8 Rosa Milena Castro Murillo No se especificó en la demanda
9 Bleidy Mariela Castro Murillo No se especificó en la demanda
10 Edgar Chitiva Guzmán 300 SMLMV
11 Astrid Chitiva Guzmán 300 SMLMV
12 Pedro Orlando Chitiva Urrego 300 SMLMV
13 Luz Stella Fernández Delgado 50 SMLMV
14 Edilma Fernández Delgado 300 SMLMV
15 Leidy Dahiana Murillo Fernández 300 SMLMV
16 Ayde Murillo González 200 SMLMV
17 Camilo Esteban Becerra Murillo 50 SMLMV
18 Nelsy Murillo González 200 SMLMV
19 Sergio Johan Murillo González 200 SMLMV
20 Juan Felipe Murillo Castaño 50 SMLMV
21 Jainiber Murillo González 200 SMLMV
22 Deyson Andrés Murillo Rico 50 SMLMV
23 Eyesenia Rico Duarte 50 SMLMV
24 Alirio Murillo Vera 200 SMLMV
25 Virgelina Franco Beltrán 50 SMLMV
26 Didier Mauricio Murillo Franco 50 SMLMV
27 Claudia Rocío Murillo Franco 50 SMLMV
Igualmente, se solicitó un incremento del 50% en las sumas reconocidas a
quienes sufrieron la pérdida de más de un familiar, en razón del “doble luto”
causado por la muerte y desaparición de sus seres queridos.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Asimismo, en la demanda se solicitó, a título de lucro cesante, indemnización en
favor de los demandantes Anadelly Murillo Vera, Argenis Castro Murillo, Rosa
Milena Castro Murillo, Bleidy Mariela Castro Murillo, Pedro Orlando Chitiva Urrego,
Astrid Chitiva Guzmán, Edgar Chitiva Guzmán y Diana Rincón, sin que se
precisara el monto correspondiente.
Finalmente, se solicitaron como medidas de reparación: i) que las demandadas
ofrezcan disculpas a los demandantes por las muertes y desapariciones de sus
familiares y; ii) que se ordene a las demandadas pagar un profesional del derecho
que represente a las víctimas (hoy demandantes) en los procesos penales y
disciplinarios que se adelanten por las muertes y desapariciones de sus familiares.
En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que, para julio de
2001, Jeimy Chitiva Guzmán y Reinaldo Parra Parra trabajaban y convivían como
pareja en el balneario “Acuarium”, ubicado en la vereda San Antonio del municipio
de Mariquita.
Señala que, en fecha indeterminada, la mencionada pareja fue amenazada por
miembros del Frente Omar Isaza de las AUC.
Manifiesta que, el 10 de julio de 2001, miembros de dicho grupo paramilitar
irrumpieron en el balneario “Acuarium”, lugar de trabajo y residencia de Jeimy
Chitiva Guzmán y Reinaldo Parra Parra, hurtaron y destruyeron sus bienes y los
llevaron consigo a la fuerza, sin que a la fecha de conozca su paradero.
Agrega que, el 16 de julio de ese mismo año, Hernando Parra Parra, Luciano
Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Isabel María Guzmán Perdomo, Otoniel
Murillo González, José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón Castaño fueron
asesinados por integrantes del Frente Omar Isaza de las AUC, luego de que
interceptaran el vehículo en que se transportaban por la vereda “La Parroquia”, en
la vía que de Mariquita conduce a Fresno, Tolima.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Destaca que el 26 de julio de 2002, José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
González fueron víctimas de desaparición forzada por parte del mencionado grupo
paramilitar, en el corregimiento de San Felipe del municipio de Armero, Tolima.
Señala que la zona donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de constantes
enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas del Estado y, aproximadamente a
partir de 1998, la región tuvo una creciente presencia y acción paramilitar.
Afirma que “las autoridades civiles y militares de la zona sabían de la presencia de
los grupos armados irregulares y de las amenazas que se cernían contra la
población civil. La tolerancia de algunas de las autoridades civiles y militares del
norte del Tolima con los grupos paramilitares que sembraron el terror en esta zona
del país fue denunciada por organizaciones de derechos humanos, personeros
municipales y otros funcionarios sin que entonces tuvieran recepción a nivel
nacional o regional las constantes quejas sobre sus permanentes abusos”.
Señala que “con el desarrollo y crecimiento del fenómeno paramilitar en el
Magdalena Medio y en los municipios de Fresno y Mariquita (Frente Omar Isaza
FOl de las AUC), y las alianzas y tolerancia de estas estructuras delincuenciales
con sectores de la Policía y el Ejército, se generalizaron todo tipo de abusos,
crímenes y fechorías contra la población civil y sus bienes y organizaciones
sociales, con el pretexto de combatir la guerrilla y proteger procesos de
acumulación de la propiedad de la tierra”.
Manifiesta que “ante semejante circunstancia, nada hicieron la Policía y el Ejército
para conjurar el peligro de ataques masivos de los paramilitares a la población
civil, como los que ya se habían presentado en otras regiones del país,
configurando lo que se denomina una omisión activa”.
Indica que “tanto Ramón Isaza como los miembros del FOI han reconocido en
diversas oportunidades ante la Fiscalía y dentro de los procesos de Justicia y Paz
la autoría de la masacre de La Parroquia, así como las desapariciones de
Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán, José Leandro Murillo González y
Uriel Murillo”. De hecho, refirió que “Respecto de Ramón Isaza se puede ver la
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
sentencia del 29 de mayo de 2014 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz, exp. 11001-60-00253-2007-82855 (1520) sobre las
Autodefensas del Magdalena Medio”.
El grupo accionante considera que, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y
Policía Nacional son administrativamente responsables de los daños y perjuicios
causados con la muerte y desaparición de sus familiares, por las omisiones,
connivencia y alianza de las entidades demandadas con los miembros del grupo
paramilitar Frente Omar Isaza de las AUC en el departamento del Tolima.
2. Contestación
El 28 de febrero de 20176, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional7 se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que, si bien las fuerzas del Estado estaban
instituidas para salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos, estos
también debían informar a las autoridades sobre los hechos como los que eran
objeto de demanda, para que se tomaran medidas al respecto, pues el Estado no
era “omnipotente ni omnipresente”. Sostuvo que el grupo demandante no cumplía
condiciones uniformes, pues los perjuicios alegados no derivaban de una misma
causa. Por ello, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
activa”, “inexistencia de causa común”, “caducidad de la acción”, “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “hecho de un tercero”.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8 se opuso a las
pretensiones de la demanda con fundamento en que los hechos alegados fueron
cometidos por un grupo al margen de la ley y por lo tanto no se le podía imputar
ningún tipo de responsabilidad. Formuló las excepciones de “falta de legitimación
en la causa por pasiva”, “caducidad de la acción”, “falta de legitimación en la
6 Fl. 408 a 410, C.3.
7 Fl. 427 a 456, C.3.
8 Fl. 495 a 562, C.3.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
causa por activa”, “inepta demanda por escogencia indebida de la acción
constitucional cuando debió ser el medio de control de reparación directa”,
“improcedencia de la acción de grupo por falta de prueba por parte del
demandante de los presupuestos que la conforman”, “inexistencia de
responsabilidad por parte del ministerio de defensa - Ejército Nacional” y “hecho
de un tercero”.
2.3. El Ministerio Público guardó silencio.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 25 de septiembre de 20199 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante10, el Ejército Nacional11 y la Policía Nacional12 reiteraron
los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en las contestaciones de
esta, respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de septiembre de 202113, el Tribunal Administrativo del
Tolima declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, al
constatar que la demanda se presentó después de transcurridos 2 años desde que
la parte actora tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos.
En efecto, el a quo indicó que “[…] la parte actora pretende el reconocimiento y
pago de perjuicios por la desaparición forzada de la señora Jeimy Chitiva Guzmán
y del señor Reinaldo Parra Parra en hechos ocurridos el día 10 de julio de 2001,
9 Fl. 715 a 721, C.4.
10 Fl. 787 a 823, C.4.
11 Fl. 722 a 785, C.4
12 Fl. 825 a 832, C.4.
13 Fl. 857 a 893, Cuaderno Consejo de Estado.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
los cuales están probados a través de la certificación expedida por la Fiscalía
Sexta Especializada de la Unidad de Fiscalías Seccionales de Ibagué Tolima de
fecha 26 de julio del 2006, y de la cual los demandantes tenían conocimiento al
haber sido aportada por su apoderado al proceso. Ante ello, se dilucida que si bien
es cierto hasta la fecha no han aparecido las víctimas de la desaparición forzada,
es evidente que los hoy actores tenían conocimiento de su desaparición desde la
ocurrencia de los hechos pues, además de la certificación referenciada
anteriormente, en el escrito demandatorio se desprende la siguiente afirmación:
‘Por los acontecimientos desatados a partir del 10 de julio de 2001 cuando el FOl
desapareció a Reinaldo Parra Parra y a su joven compañera Jeimy Chitiva
Guzmán de su casa del balneario aquarium’ […] En ese orden de ideas el término
de caducidad se debe contabilizar desde el 10 de julio de 2001, fecha en que se
originó la desaparición forzada por ello, al haber ejercido su derecho de acción
hasta el año 2016, es evidente que operó el fenómeno de caducidad, máxime,
cuando no hay prueba alguna que demuestre la imposibilidad de los demandantes
de conocer la fecha de la ocurrencia de los hechos, pues ni siquiera fue un
argumento de defensa del apoderado de los accionantes. Los demandantes
también reclaman los perjuicios causados con ocasión a los hechos acaecidos el
día 16 de julio de 2001, en el municipio de Mariquita, Tolima fallecieron (sic) los
señores Isabel Perdomo Guzmán, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón
Castaño y Otoniel Murillo González, tal y como se acredita en los registros de
defunción vistos a folios 222, 245, 247 y 325 del expediente, al haber sido
asesinados por grupos subversivos cuando estaban en la búsqueda de la pareja
Reynaldo Parra Parra y Jeimy Chitiva Guzmán, ante su desaparición. Sumado a
ello, en la Fiscalía 118 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cursa investigación bajo el
radicado No. 2259, por la muerte de los señores Hernando Parra Parra, Luciano
Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Isabel María Guzmán Perdomo, Otoniel
Murillo González, José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón Castaño, en
hechos ocurridos el 16 de julio del 2001, en la vía nacional que de Mariquita
conduce a Fresno a 150 metros del balneario “La Parroquia”, en los cuales
fallecieron los ocupantes del vehículo Nissan de placas ITC 01, tal y como consta
en la certificación proferida por la Asistente Fiscal I, vista a folio 612 del
expediente. […] De acuerdo a las pruebas relacionadas, observa la Sala que los
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
demandantes tenían conocimiento de la muerte de sus familiares desde el día 16
de julio de 2001, fecha en que ocurrieron los homicidios por parte de grupos
subversivos […] y en tal sentido, el término de caducidad de 2 años empezaba a
computarse a partir del hecho dañoso, siendo evidente que al haber ejercido su
derecho de acción hasta el año 2016, alcanzó a operar el fenómeno de caducidad.
Asimismo, dentro de la presente acción la parte actora pretende el reconocimiento
y pago de perjuicios con ocasión de los hechos acaecidos el día 26 de julio de
2002, cuando desaparecieron forzosamente (sic) los señores José Leandro Murillo
y Uriel Murillo, donde este último fue declarado como fallecido. Frente a ello,
encuentra la Sala que el hecho dañoso radica en la desaparición forzosa de sus
familiares en manos de grupos subversivos, para lo cual es de resaltar que los
actores tuvieron conocimiento de los hechos a partir de su ocurrencia, pues hubo
denuncia ante la Fiscalía el día 30 de julio de 2002, proceso que fue adelantado
bajo la radicación 92800, y del cual participaron en las diligencias el 02 de agosto
de 2002, los demandantes Ayde Murillo González y Jainiber Murillo González. Lo
anterior, permite evidenciar a la Sala que desde la fecha en que los demandantes
tuvieron conocimiento de la desaparición de sus familiares José Leandro Murillo y
Uriel Murillo, hasta la fecha en que instauraron la demanda de acción de grupo, ha
transcurrido más de los 2 años con los que contaban para ejercer su derecho de
acción, configurándose el fenómeno de caducidad en el sub judice […]”.
Igualmente, el a quo declaró la caducidad respecto de un posible desplazamiento
forzado de los demandantes, al señalar que “…dentro de los hechos de la
demanda el apoderado judicial de la parte actora manifiesta que sus prohijados en
virtud a la masacre de la parroquia, el terror que provocó ese acto de terrorismo y
las amenazas que recibían por posibles nuevos atentados, los demandantes
tuvieron que abandonar la región, parcelas y sus viviendas, lo que permite
dilucidar que se trata de desplazamiento forzado”. Sin embargo, se observa que
en la demanda la parte actora no elevó pretensión alguna por concepto de
desplazamiento forzado.
Finalmente, el Tribunal a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandante.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
5. Recurso de apelación
El 8 de octubre de 202114, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 9 de noviembre de 202115 y admitido el 10 de diciembre de
202116.
5.1. El extremo activo17 solicita revocar la sentencia de primera instancia, que se
reconozcan los hechos demandados como actos de lesa humanidad, se declare
no probada la caducidad del medio de control y se acceda a las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, con fundamento en que la “masacre de La Parroquia” fue
precedida de dos desapariciones forzadas y tuvo como secuela otras dos;
además, porque en la sentencia del 3 de diciembre de 2014, proferida en un
asunto similar conocido como la “masacre de Frías” del 15 de septiembre de 2001,
el Consejo de Estado declaró ese hecho como un crimen de lesa humanidad y,
por tanto, imprescriptible penal y administrativamente.
Además, sostiene que los demandantes tuvieron conocimiento de la alianza
criminal entre miembros de la fuerza pública y del Frente Omar Isaza de las AUC,
únicamente tras la divulgación, a través de los medios de comunicación, de la
referida sentencia del 3 de diciembre de 2014, en la cual se resolvió el asunto
relativo a la denominada “masacre de Frías” del 15 de septiembre de 2001.
6. Trámite en segunda instancia
Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de
conclusión.
14 Fl. 868 a 876, Cuaderno Consejo de Estado.
15 Fl. 877, Cuaderno Consejo de Estado.
16 Fl. 883 y 884, Cuaderno Consejo de Estado.
17 Fl. 868 a 876, Cuaderno Consejo de Estado.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Adicionalmente, ni las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron en esta
etapa.
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202018, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 19, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6820 de la Ley 472 de 199821 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 9 de diciembre de 201622, los demandantes ejercieron
el derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica
de esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de
1998 - en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y
competencia23.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de
agosto de 2020, Rad. 64778.
19 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
20 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del
presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
21 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
22 Fl. 1 a 58, C.1.
23 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, en virtud de lo establecido en los artículos 5024 de
la Ley 472 de 1998 y, 15025 y 152.1626 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin la reforma introducida por la
Ley 2080 de 2021.
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 27
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende
La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión
por parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472
de 1998 reguló dicha acción y en el artículo 3º la definió como aquella que es
"interpuesta por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
24 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
25 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
26 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
27 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
En consonancia con lo anterior, los artículos 328 y 4629 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que ésta deberá ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un
número inferior de demandantes, siempre que se señalen los criterios que
permitan identificar la vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa
del daño haya podido perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la
Corte Constitucional señaló en la sentencia C 116 de 200830:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos
veinte de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los
criterios que permitan su identificación por parte del juez. Sobre este
particular, la Corte sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante
para la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia
de todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de
1998, ‘[e]n la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante,
28 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
29 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas. (...)"
30 Corte Constitucional sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente
por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados
ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de
Estado ha advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una
persona esta debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no
inferior de 20 personas y que la demanda debe, en todo caso establecer
los criterios que permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por
lo menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto,
señalar los criterios para identificarlos y definirlos[…]”31. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados
a un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados
por la norma especial que regula la materia (...)”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional32 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o,
al menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar dicha causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
31 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad.
67211 y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
32 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos
lesivos que pueden generar un daño común al interés del grupo 33. Así, para el
tribunal constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto
de vista fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia
de un solo hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés
de grupo por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus
miembros, pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva
puramente fáctica".
Incluso, de tiempo atrás34, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado
que la noción de unidad de causa no hace alusión a la existencia de un solo hecho
a partir del cual se puede estructurar el daño, sino de la unidad que pueda
predicarse de la conducta o conductas imputables al extremo pasivo de la
pretensión resarcitoria al indicar que “[…] La unidad de causa tiene un
entendimiento distinto, pues la ley no la predica desde el punto de vista numérico
de los hechos constitutivos de la causa, sino de la unicidad de causa en la
alegación del daño, así el hecho causal dañino sea uno o múltiple; lo que se exige
es que la causa dañina para todos los actores provenga de la misma conducta o
de las mismas conductas, de un demandado o de varios demandados,
concurrentemente o, independientemente en cuanto a la imputabilidad del daño.
Se reitera entonces que la causa puede provenir de una o varias conductas (de
acción o de omisión) y mantiene unicidad respecto de las personas afectadas
cuando ellas predican la ocurrencia del daño sufrido, y por igual, a esas causas
[…]”35.
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para
que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes
acción de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma
admita una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de
aspectos de hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del
33 Sentencia C-569 de 2004.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de
junio de 2004, exp. 23001-23-31-000-1999-00116-02.
35 Ibidem.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
grupo36. Ello no significa que las situaciones particulares de los integrantes del
grupo sean idénticas, sino que exista un común denominador que se extienda a
todos ellos y que se derive del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que
conforman la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la
misma para todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones
concretas a favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles"37. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia38.
Pues bien, en el caso concreto, se plantea como causa común generadora del
daño los siguientes hechos: i) la desaparición forzada de Jeimy Chitiva Guzmán y
Reinaldo Parra Parra ocurrida el 10 de julio de 2001 en el balneario “Acuarium”,
ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Mariquita, Tolima; ii) el
homicidio de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra
Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón
Castaño y Otoniel Murillo González ocurridas el 16 de julio de 2001 en la vía que
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02. Postura reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del
10 de junio de 2021, exp. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
38 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo
que incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas
class actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las
Federal Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia
alguna a lo que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en
el modelo estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal.
Por el contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir
de su pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la
existencia de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo
fáctico – casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o
certificación de la acción. GUAYACÁN ORTIZ, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo
frente a las acciones colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano.
Universidad Externado de Colombia 2015.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
de Mariquita conduce a Fresno, Tolima y; iii) la desaparición forzada de José
Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, ocurrida el 26 de julio de 2002
en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero, Tolima; hechos que
habrían sucedido, según los demandantes, por las omisiones, connivencia y
alianza de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional con los
miembros del grupo paramilitar Frente Omar Isaza de las AUC en el Tolima,
quienes serían los autores materiales de dichos hechos delictivos.
En cuanto a las condiciones uniformes, cabe señalar que, si bien los hechos
tuvieron lugar en diferentes fechas y lugares del norte del Tolima, los
demandantes comparten la condición de víctimas indirectas cuyos perjuicios
individuales se derivan de los homicidios y las desapariciones forzadas de sus
familiares, perpetrados entre los años 2001 y 2002 en el marco del conflicto
armado interno. Dichos hechos se enmarcan en la violencia paramilitar que, a
juicio de los accionantes, fue propiciada por las omisiones, connivencia y la
alianza de las entidades demandadas con el Frente Omar Isaza de las AUC en el
Tolima.
Esta circunstancia constituye la causa jurídica común de los daños padecidos, en
los términos en que esta Sección lo ha reconocido en asuntos similares39, pues lo
que resulta uniforme es, se itera, que los demandantes comparten la condición de
víctimas indirectas cuyos perjuicios individuales se derivan de los homicidios y las
desapariciones forzadas de sus familiares, perpetrados entre los años 2001 y
2002, permitiendo que la responsabilidad del Estado se decida mediante una sola
sentencia.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
enero de 2006, exp. 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B: “[…] Los perjuicios individuales se
hacen derivar de una causa común, que se imputa a la entidad demandada: las acciones y
omisiones de las autoridades militares y de policía que no previnieron ni reaccionaron y, por el
contrario, colaboraron con la incursión y las masacres cometidas por el grupo paramilitar que se
tomó violentamente el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, desde el 29 de mayo de
1999, que generó en los demandantes el fundado temor de perder sus vidas, por lo que se vieron
obligados a abandonar sus viviendas y sitios habituales de trabajo.[…]”. También puede verse la
sentencia del 4 de mayo de 2022 de la Subsección B, exp. 63303.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Así las cosas, para acreditar el requisito de condiciones uniformes frente a la
causa común del daño, se observa que se encuentran acreditados los siguientes
hechos victimizantes y sus correspondientes víctimas indirectas por grupo familiar:
1) Familiares del desaparecido Reinaldo Parra Parra y de los fallecidos
Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra
Se comprobó que el 10 de julio de 2001 Reinaldo Parra Parra fue víctima de
desaparición forzada, sin que a la fecha se conozca su paradero (hecho probado
8.1.1.). Igualmente, está demostrado que Luciano Parra Parra, Ángel María Parra
Parra y Hernando Parra Parra fueron ultimados el 16 de julio de 2001, en la
vereda “La parroquia” en la vía que de Mariquita conduce a Fresno, Tolima, tal
como consta en las copias auténticas de sus registros civiles de defunción40.
Igualmente, se acreditó que los demandantes Clotilde Parra Veloza, Emiliano
López Parra y Jeivier López Parra son la madre y hermanos, respectivamente, de
los fallecidos Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra
y del desaparecido Reinaldo Parra Parra, de acuerdo con las copias auténticas de
sus registros civiles de nacimiento41.
También se comprobó que el demandante Jair Antonio López González es el
padre de crianza de los fallecidos y del desaparecido antes mencionados, según lo
declaró en audiencia de pruebas42 el testigo José Erasmo Ortiz Rodríguez, vecino
de los demandantes y conocido de las víctimas desde su infancia, pues crecieron
juntos en la vereda Patiburrí del municipio de Villahermosa, Tolima. Dicho testigo
manifestó que el accionante era el compañero permanente de la demandante
Clotilde Parra Veloza, con quien convivía bajo el mismo techo junto con los hijos
de esta: Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra,
Reinaldo Parra Parra, Emiliano López Parra y Jeivier López Parra.
40 Fl. 182, 184 y 186, C.1.
41 Fl. 183, 185, 187, 188, 199 y 203, C1.
42 Fl. 715 a 721, C.4.
21
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
En la misma audiencia de pruebas el testigo Dagoberto Ortega, igualmente vecino
de los demandantes, declaró que Jair Antonio López González “levantó” a los
hermanos Parra desde muy niños, a partir del momento en que se fue a vivir con
la señora Clotilde Parra Veloza, pues fue la persona que “los sacó adelante”.
Señaló que vio al demandante López González muy consternado y afectado por la
muerte de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra y Hernando Parra Parra y
por la desaparición de Reinaldo Parra Parra, pues los quería “como si fueran de
verdad hijos de su propia sangre”, dado que eran una familia muy unida.
Igualmente, se demostró que Anadelly Murillo Vera era la “esposa” de Luciano
Parra Parra, según lo declaró el testigo José Erasmo Ortiz Rodríguez, quien la
describió muy acongojada por la muerte de su “esposo” y señaló que dependía
económicamente de él. Indicó que ambos eran sus vecinos en la vereda Patiburrí,
municipio de Villahermosa, Tolima, donde habitaban una finca de propiedad de la
señora Anadelly, adquirida por herencia de su anterior compañero.
En el mismo sentido, el testigo Dagoberto Ortega señaló que Anadelly Murillo Vera
y Luciano Parra Parra mantenían una relación de convivencia, tal como lo expresó
en sus propias palabras: “ellos convivían, no me acuerdo qué tiempo llevarían,
ellos tenían la parcelita también ahí cerquitica (sic) a la mía”.
En cuanto a Argenis Castro Murillo, Rosa Milena Castro Murillo y Bleidy Mariela
Castro Murillo, se comprobó que son hijas de Anadelly Murillo Vera, tal como
consta en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento43. Si bien la
víctima Luciano Parra Parra no era su padre biológico, según lo declaró el testigo
Dagoberto Ortega, las menores convivían con él y con su madre Anadelly bajo el
mismo techo, lo querían como a un padre y conformaban una familia muy unida,
por lo que su muerte les causó un profundo dolor. Añadió el testigo que también
las vio muy afectadas por la desaparición de su “tío putativo” Reinaldo Parra
Parra.
43 Fl. 211, 216 y 219, C.2.
22
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
2) Familiares de la desaparecida Jeimy Chitiva Guzmán y de la fallecida
Isabel Guzmán Perdomo
En el plenario se comprobó que el 10 de julio de 2001 Jeimy Chitiva Guzmán fue
víctima de desaparición forzada, sin que a la fecha se conozca su paradero (hecho
probado 8.1.1). Igualmente, se demostró que Isabel Guzmán Perdomo falleció de
manera violenta el 16 de julio de 2001, en la vereda “La Parroquia” en la vía que
de Mariquita conduce a Fresno, Tolima, tal como consta en la copia auténtica de
su registro civil de defunción44.
En ese orden, se verificó que los demandantes Edgar Chitiva Guzmán y Astrid
Chitiva Guzmán eran hijos de Isabel Guzmán Perdomo y hermanos de Jeimy
Chitiva Guzmán, y que el accionante Pedro Orlando Chitiva Urrego era el cónyuge
de Isabel Guzmán Perdomo y padre de Jeimy Chitiva Guzmán, tal como consta en
las copias auténticas de sus registros civiles de matrimonio y nacimiento,
respectivamente.45
3) Familiares de los fallecidos José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila
Rincón Castaño
En este proceso se acreditó que José Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón
Castaño perdieron la vida de forma violenta el 16 de julio de 2001, en la vereda
“La parroquia” en la vía que de Mariquita conduce a Fresno, Tolima, según dan
cuenta las copias auténticas de sus registros civiles de defunción.46
Igualmente, se comprobó que los demandantes Luis Ernesto Ortiz Rodríguez, Luz
Dary Ortiz Rodríguez, José Graciliano Ortiz Rodríguez, Gladys Ortiz Rodríguez y
Yolanda Ortiz Rodríguez eran hermanos de José Orlando Ortiz Rodríguez, como
consta en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento.47
44 Fl. 222, C.2.
45 Fl. 223, 232, 236 y 241, C.2.
46 Fl. 245 y 247, C.2.
47 Fl. 246, 251, 260, 271, 276 y 281, C.2.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Asimismo, el demandante Julián Estiven Ortiz Pérez, hijo de Luis Ernesto Ortiz
Rodríguez, era sobrino de José Orlando Ortiz Rodríguez, como da cuenta la copia
auténtica de su registro civil de nacimiento.48
Por su lado, los actores Yeison Arley Garzón Ortiz y Audias Yamid Garzón Ortiz,
hijos de Luz Dary Ortiz Rodríguez, eran sobrinos de José Orlando Ortiz Rodríguez,
como consta en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento.49
Por su parte, el demandante Audias Garzón González, es el cónyuge de Luz Dary
Ortiz Rodríguez, hermana de José Orlando Ortiz Rodríguez y, por tanto, cuñado
del occiso, como da cuenta copia auténtica de su registro civil de matrimonio.50
De otro lado, el demandante Nelson Steven Álvarez Ortiz, hijo de Gladys Ortiz
Rodríguez, era sobrino de José Orlando Ortiz Rodríguez, como consta en la copia
auténtica de su registro civil de nacimiento.51
El demandante Jimmy Cujiño Tapasco, es cónyuge de Yolanda Ortiz Rodríguez,
hermana de José Orlando Ortiz Rodríguez y, por tanto, cuñado del hoy occiso,
como da cuenta la copia auténtica de su registro civil de matrimonio.52
En ese orden, los demandantes Jorge Alirio Tangarife Ortiz, William Fernando
Tangarife Ortiz, José Enrique Marín Ortiz, Claudia Yised Marín Ortiz, Yisela Paola
Ortiz Beltrán, Daniel Guillermo Ortiz Beltrán y Herman Alexander Ortiz Pérez eran
sobrinos del fallecido José Orlando Ortiz Rodríguez, como dan cuenta las copias
auténticas de sus registros civiles de nacimiento.53
A su turno, la demandante Ana Derly Beltrán Londoño es la cónyuge de José
Graciliano Ortiz Rodríguez, hermano de José Orlando Ortiz Rodríguez y cuñada
48 Fl. 253, C.2.
49 Fl. 262 y 263, C.2.
50 Fl. 267 y 268, C.2.
51 Fl. 278, C.1.
52 Fl. 286, C.2.
53 Fl. 290, 294, 298, 302, 306, 310 y 314, C.2.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
del occiso, como da cuenta la copia auténtica de su registro civil de matrimonio.54
Finalmente, Diana Rincón era hija de la fallecida Luz Mila Rincón Castaño, como
da cuenta la copia auténtica de su registro civil de nacimiento.55
4) Familiares de los fallecidos Otoniel Murillo González y Uriel Murillo
González y del desaparecido José Leandro Murillo González
En este proceso se verificó que Otoniel Murillo González murió de forma violenta
el 16 de julio de 2001, en la vereda “La parroquia” en la vía que de Mariquita
conduce a Fresno, Tolima y, que Uriel Murillo González falleció el 26 de julio de
2002, en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero, Tolima, como
consta en las copias auténticas de sus registros civiles de defunción56. Asimismo,
se comprobó que José Leandro Murillo González desapareció el 26 de julio de
2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero, Tolima, sin que
hasta la fecha se conozca su paradero (hechos probados 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4.,
8.1.8.).
Se comprobó que Luz Stella Fernández Delgado era la compañera permanente de
Otoniel Murillo González, según lo declaró el testigo Dagoberto Ortega, quien
señaló que la accionante convivía con aquel y que la vio muy afectada por “la
pérdida del esposo”.
En esa línea, se acreditó que la demandante Edilma Fernández Delgado era la
compañera permanente de Uriel Murillo González, conforme lo declararon los
testigos José Erasmo Ortiz Rodríguez57 y Dagoberto Ortega58, este último indicó
que aquella era “la señora de Uriel”, que eran y convivían como esposos y que ella
quedó desamparada con el hijo de ambos.
54 Fl. 272, C.2.
55 Fl. 321, C.2.
56 Fl. 325 y 327, C.2.
57 Fl. 715 a 721, C.4.
58 Fl. 715 a 721, C.4.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Por su parte, se acreditó que la demandante Eyesenia Rico Duarte es la cónyuge
de Jainiber Murillo González y, por tanto, cuñada de las víctimas Otoniel Murillo
González, Uriel Murillo González y José Leandro Murillo González, como consta
en la copia auténtica de su registro civil de matrimonio.59
Igualmente, se verificó que la demandante Virgelina Franco Beltrán es la cónyuge
de Alirio Murillo Vera y, por tanto, cuñada de las víctimas Otoniel Murillo González,
Uriel Murillo González y José Leandro Murillo González, como consta en la copia
auténtica de su registro civil de matrimonio.60
Del mismo modo, se acreditó que los demandantes Anadelly Murillo Vera, Ayde
Murillo González, Nelsy Murillo González, Sergio Johan Murillo González, Jainiber
Murillo González y Alirio Murillo Vera eran los hermanos de los fallecidos Otoniel
Murillo González y Uriel Murillo González y del desaparecido José Leandro Murillo
González, como se desprende de las copias auténticas de sus registros civiles de
nacimiento61.
Asimismo, está acreditado que las demandantes Argenis Castro Murillo, Rosa
Milena Castro Murillo y Bleidy Mariela Castro Murillo eran sobrinas de los
fallecidos Otoniel Murillo González y Uriel Murillo González y del desaparecido
José Leandro Murillo González, por ser hijas de Anadelly Murillo Vera, hermana de
las referidas víctimas, como consta en las copias auténticas de sus registros
civiles de nacimiento62.
Por su parte, Lesly Alejandra Ramírez, hija de Argenis Castro Murillo, como consta
en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento63, se encuentra acreditada
como sobrina nieta de Otoniel Murillo González, Uriel Murillo González y José
Leandro Murillo González, dado que Argenis era sobrina de las referidas víctimas.
59 Fl. 378, C.2.
60 Fl. 391, C.2.
61 Fl. 207, 326, 328, 332, 357, 363, 370 y 383 C.2.
62 Fl. 211, 216 y 219, C.2.
63 Fl. 213, C.2.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Igualmente, se observa que la demandante Leidy Dahiana Murillo Fernández, era
hija del fallecido Uriel Murillo González y sobrina de Otoniel Murillo González y
José Leandro Murillo González, como da cuenta copia auténtica de su registro civil
de nacimiento.64
Finalmente, se verificó que los demandantes Camilo Esteban Becerra Murillo,
Juan Felipe Murillo Castaño, Deyson Andrés Murillo Rico, Didier Mauricio Murillo
Franco y Claudia Rocío Murillo Franco eran sobrinos de Otoniel Murillo González,
Uriel Murillo González y José Leandro Murillo González, como consta en las
copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento, respectivamente.65
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21166 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de José Erasmo Ortiz
Rodríguez y Dagoberto Ortega no resultan sospechosos, pues, aunque el primero
es el hermano de una de las víctimas -José Orlando Ortiz Rodríguez-, el
declarante no es demandante en este proceso, no tiene interés en sus resultas y
se limitó a señalar, al igual que Dagoberto Ortega, lo que sabía acerca de las
relaciones de parentesco de los demandantes con las víctimas, dado su
conocimiento personal de las familias accionantes, de modo que aportaron a este
proceso aquello sobre lo cual podían ilustrar al plenario, sin evidenciar
contradicciones o apreciaciones subjetivas en su relato o intención de favorecer a
la parte actora.
Por tanto, los testigos no presentan sospechas de parcialidad ni hay indicios de
que pueda advertirse un posible conflicto de intereses, de manera que pueden ser
apreciados.
64 Fl. 345, C.2.
65 Fl. 351, 365, 371, 396, C.2 y Fl. 402, C.3.
66 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las
personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al
proceso, se advierte que las 47 personas referidas anteriormente tienen vocación
para integrar el grupo demandante, en la medida en que se acreditaron
condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
consistente en los homicidios y desapariciones forzadas de sus familiares que
habrían ocurrido entre 2001 y 2002 en el marco del conflicto armado interno por la
violencia paramilitar, propiciada, según los demandantes, por las omisiones,
connivencia y alianza de las entidades demandadas con los miembros del Frente
Omar Isaza de las AUC en el Tolima.
No obstante, no ocurre lo mismo con la demandante Carmen Rosa Pérez
Sánchez, quien demandó en calidad de víctima indirecta por la muerte de su
cuñado José Orlando Ortiz Rodríguez, dado que alega ser la compañera
permanente de Luis Ernesto Ortiz Rodríguez, pues ninguna de las pruebas
recaudadas en el proceso permitió establecer que cumpliera las condiciones
uniformes respecto de la causa común generadora del daño. 67
Según lo expuesto, la conformación del grupo integrado por las 47 personas atrás
enunciadas, satisface los requisitos legales exigidos para la procedencia del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, en la medida en que
se demostró la existencia de una causa común generadora del daño, respecto de
la cual los demandantes, de manera uniforme, afirman que sufrieron daños por las
muertes y desapariciones forzadas de sus familiares en los años 2001 y 2002.
67 La demandante Carmen Rosa Pérez Sánchez, si bien es la madre de Julián Estiven Ortiz Pérez,
hijo de Luis Ernesto Ortiz Rodríguez y, por tanto, sobrino del fallecido José Orlando Ortiz
Rodríguez, lo cierto es que no se comprobó que fuera la cuñada del hoy occiso, en el sentido de
ser la pareja o compañera de Luis Ernesto Ortiz Rodríguez, pues, aunque tanto este como la
demandante declararon el 17 de marzo de 2015 ante la notaria única de Sasaima, Cundinamarca,
que eran compañeros permanentes y que vivían en unión libre desde hacía 20 años de forma
permanente “compartiendo techo, lecho y comida, y de esta unión procreamos tres (3) hijos de
nombres Herman Alexander Ortiz Pérez, de 19 años, Julián Estiven Ortiz Pérez, hoy de 16 años de
edad y Laura Valentina Ortiz Pérez, de 2 años de edad”, lo cierto es que no basta la afirmación de
los mismos demandantes para acreditar la calidad que invocan, toda vez que este medio de prueba
no puede provenir de los sujetos procesales. Igualmente, tampoco se allegó otro medio de prueba
que permita acreditar a la accionante como tercera damnificada.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
4. Vigencia del medio de control
Dado que las entidades demandadas alegaron la caducidad del medio de control y
que la sentencia de primera instancia estimó que este fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata
de un presupuesto procesal68.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general69, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
68 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
69 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción70, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso
iure71 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
70 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
71 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
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protección de la justicia72, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar.
El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó
el daño”.
Habida cuenta de que en primera instancia se declaró la caducidad del medio de
control y que en el recurso de apelación la parte actora solicita que se reconozcan
los hechos demandados como actos de lesa humanidad -con el fin de que se
declare no probada la caducidad y se acceda a las pretensiones de la demanda-,
la Sala se pronunciará a continuación sobre este fenómeno jurídico procesal en
relación con presuntas conductas de lesa humanidad, para luego analizar la
oportunidad del medio de control frente a los daños consistentes en las muertes y
las desapariciones forzadas de los familiares de los demandantes.
4.1. Caducidad del medio de control frente a presuntas conductas de lesa
humanidad
Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado73 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo
del término de caducidad, tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando se
persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa humanidad,
72 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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entre ellos, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. Así, frente al caso
concreto, en aquella oportunidad, se decidió declarar probada la excepción de
caducidad de la pretensión de reparación promovida el 23 de mayo 2014, por
hechos ocurridos en abril del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación
establecida de forma inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de
presentación de la demanda.
En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de
desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa74, en virtud de la
cual la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto
que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción.
Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control a partir del
momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política". La referida regla, como fue
explicada en la mencionada sentencia de unificación, también se encuentra
contenida en la Ley 1437 de 2011.
Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la
ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
74 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia.
De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio
oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no
comparecencia ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo
previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido
materialmente para el ejercicio del derecho de acción.
Ahora, respecto del cómputo del término de caducidad para demandas por actos
de lesa humanidad, en la sentencia SU-312 de 202075 la Sala Plena de esta Corte
fijó la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años
consagrado en el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa
humanidad atribuible al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del
momento en el que ocurrió el daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i)
conoció que ese daño era atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad
material de imputarle el daño en sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda
que busca reparar ese daño debe analizarse caso a caso, considerando las
particularidades del demandante.
A continuación, en la sentencia T-044 de 202276, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla
fijada por la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar
su proceso de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones
por las que no acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en
75 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
76 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
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aplicación de la regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual,
pese a que un cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el
juez respectivo debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de
determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en
riesgo las garantías procesales de las partes.
Asimismo, en la sentencia T-210 de 202277, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.
Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202378 la Sala Plena de esa
Corporación estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para
demandas indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i)
el plazo de dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el
que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron
saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe
analizarse, por parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al
derecho a la administración de justicia que se adviertan de cada caso en
particular, y (iii) para la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su
cargo de manera tal que se les brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. En esa oportunidad, la Corte estimó que la providencia atacada en la
tutela había incurrido en defecto fáctico, por no valorar en su integridad el acervo
probatorio, al momento de establecer si en el expediente obraban elementos de
juicio que evidenciaran la presencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción de los demandantes.
Igualmente, concluyó que la providencia atacada había incurrido en defecto
77 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
78 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo
Rivera.
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procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso en curso para permitirle a
las partes que actualizaran sus planteamientos conforme a las reglas sobre el
conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado.
Más tarde, en la sentencia T-024 de 202479 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente
aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una
oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para
proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
lo cual implica incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia
del 29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba
con un momento procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para
referirse a ella.
Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202480, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, en los siguientes
criterios:
i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de
la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
79 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
80 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge
Enrique Ibáñez Najar.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
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patrimonial.
ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que
pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.
iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
manera tal que se cerciore que las partes tengan o tuvieron la oportunidad de
ajustar sus planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera
oportuna a la justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto
las demandas de reparación directa como las de grupo.
En la providencia citada, la Corte advirtió que sí aplica el término de caducidad
fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación del Estado
por su participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de genocidio.
Además, como en dicha providencia se seleccionaron para estudio dos acciones
de grupo, la Corte aclaró que, en el caso particular de la acción o medio de control
de grupo, se debe aplicar el término consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 (en principio, el literal h del numeral 2º) y, en el caso de las acciones que
se presentaron antes de la entrada en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes
pretendan acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
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Estado por su acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las
situaciones que enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir
a tiempo a la administración de justicia.
La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extiende a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.
En consecuencia, no le asiste razón al grupo apelante al afirmar que los hechos
demandados constituyen crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, son
imprescriptibles penal y administrativamente, tal como lo declaró esta Sección en
la sentencia del 3 de diciembre de 2014, proferida en un asunto similar conocido
como la “masacre de Frías” ocurrida el 15 de septiembre de 200181, pues, de
acuerdo con la jurisprudencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional antes
referidas, la imprescriptibilidad penal no se extiende a los procesos contencioso
administrativos.
4.2. Sobre la caducidad por la muerte de los familiares de los demandantes
En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsables a las entidades demandadas por las muertes de Luciano Parra
Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo,
José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo
González ocurridas el 16 de julio de 2001 y la de Uriel Murillo González ocurrida
el 26 de julio de 2002 (registrada el 14 de marzo de 2012) como consecuencia de
las supuestas omisiones, connivencia y alianza de las entidades demandadas con
los miembros del grupo paramilitar Frente Omar Isaza de las AUC en el Tolima.
81Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 3 de diciembre de 2014, exp. 35413.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados al respecto,
para posteriormente determinar si el medio de control se presentó en tiempo.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
4.2.1. Se demostró que en los archivos del 2000 y 2001 de la Personería
Municipal de Mariquita no había registro de denuncias de amenazas presentadas
por Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel
Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño,
Otoniel Murillo González, Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán, Uriel
Murillo González y José Leandro Murillo González ni por los hoy demandantes.
De ello da cuenta el oficio del 25 de abril de 2017, suscrito por el personero
municipal de Mariquita.82
4.2.2. Se verificó que, el 16 de julio de 2001 a las 2:45pm la Policía de Mariquita
fue alertada acerca de un vehículo sospechoso estacionado frente a la
subestación de Ecopetrol en la vereda “La Parroquia” y que, aproximadamente
una hora después, los uniformados hallaron en su interior siete personas sin vida,
hecho del cual dieron aviso al CTI de la Fiscalía General de la Nación. De ello da
cuenta copia de la minuta de guardia de la Policía de Mariquita de la misma
fecha.83
4.2.3. Consta que, el 16 de julio de 2001, Luciano Parra Parra falleció de forma
violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia auténtica
del certificado de defunción.84
4.2.4. Se constató que, el 16 de julio de 2001, Ángel María Parra Parra falleció de
forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia
auténtica del certificado de defunción.85
82 Fl. 488, C.3.
83 Fl. 593 a 600, C.3.
84 Fl. 182, C.1.
85 Fl. 184, C.1.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
4.2.5. Se probó que, el 16 de julio de 2001, Hernando Parra Parra falleció de
forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia
auténtica del certificado de defunción.86
4.2.6. Se acreditó que, el 16 de julio de 2001, Isabel Guzmán Perdomo falleció de
forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia
auténtica del certificado de defunción.87
4.2.7. Se demostró que, el 16 de julio de 2001, José Orlando Ortiz Rodríguez
falleció de forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta
copia auténtica del certificado de defunción.88
4.2.8. Se acreditó que, el 16 de julio de 2001, Luz Mila Rincón Castaño falleció de
forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia
auténtica del certificado de defunción.89
4.2.9. Se probó que, el 16 de julio de 2001, Otoniel Murillo González falleció de
forma violenta en el municipio de Mariquita, Tolima. De ello da cuenta copia
auténtica del certificado de defunción.90
4.2.10. Se verificó que, el 29 de noviembre de 2001, el personero municipal de
Mariquita certificó que Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando
Parra Parra, Luz Mila Rincón Castaño, José Orlando Ortiz Rodríguez y otros
fallecieron el 16 de julio de 2001 en la vereda La Parroquia de ese municipio
“víctimas de masacre discriminada por motivos ideológicos y políticos, en el
marco del conflicto armado”. De ello dan cuenta las certificaciones suscritas el 29
de noviembre de 2001 por el referido funcionario.91
86 Fl. 186, C.1.
87 Fl. 222, C.2.
88 Fl. 245, C.2.
89 Fl. 247, C.2.
90 Fl. 325, C.2.
91 Fl. 489 a 491, C.3.
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4.2.11. Se corroboró que, el 20 de diciembre de 2001, Diana Rincón declaró su
condición de víctima indirecta de homicidio en calidad de “hijo (a)”, por hechos
ocurridos el 16 de julio de 2001 en el municipio de Mariquita, Tolima -sin fecha de
inclusión en el Registro de Víctimas-. De ello da cuenta el oficio del 14 de
noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad
para Las Víctimas.92
4.2.12. Se comprobó que, el 31 de enero de 2002, Yolanda Ortiz Rodríguez
declaró su condición de víctima indirecta de homicidio de “no definido”, por
hechos ocurridos el 16 de julio de 2001 en el municipio de Mariquita, Tolima -sin
fecha de inclusión en el Registro de Víctimas-. De ello da cuenta el oficio del 14
de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la
Unidad para Las Víctimas.93
4.2.13. Se comprobó que, el 16 de abril de 2002, Jainiber Murillo González
declaró su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos
ocurridos el 25 de enero de 2001 en el municipio de Falan, Tolima y fue incluido
en el Registro de Víctimas el 5 de mayo de 2002. De ello da cuenta el oficio del 14
de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la
Unidad para Las Víctimas.94
4.2.14. Se constató que, el 16 de abril de 2002, Eyesenia Rico Duarte declaró su
condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el
25 de enero de 2001 en el municipio de Falan, Tolima y fue incluida en el Registro
de Víctimas el 5 de mayo de 2002. De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre
de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las
Víctimas.95
4.2.15. Se acreditó que, el 7 de mayo de 2002, Argenis Castro Murillo declaró su
condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el
92 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
93 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
94 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
95 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
25 de junio de 2001 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue incluida en el
Registro de Víctimas el 5 de junio de 2002. De ello da cuenta el oficio del 14 de
noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad
para Las Víctimas.96
4.2.16. Se probó que, el 7 de mayo de 2002, Rosa Milena Castro Murillo declaró
su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos
el 25 de junio de 2001 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue incluida en el
Registro de Víctimas el 5 de junio de 2002. De ello da cuenta el oficio del 14 de
noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad
para Las Víctimas.97
4.2.17. Se demostró que, el 22 de mayo de 2002, Clotilde Parra Veloza declaró su
condición de víctima indirecta por los homicidios de sus familiares Luciano Parra
Parra, Ángel María Parra Parra y Hernando Parra Parra, ocurridos el 16 de julio
de 2001 en el municipio de Mariquita y fue incluida en el Registro de Víctimas el
28 de noviembre de 2003. De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017
suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.98
4.2.18. Se acreditó que el 20 de junio de 2002, Nelsy Murillo González declaró su
condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el
24 de septiembre de 2001 en el municipio de Falan, Tolima y fue incluida en el
Registro de Víctimas el 30 de julio de 2002. De ello da cuenta el oficio del 14 de
noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad
para Las Víctimas.99
4.2.19. Se comprobó que, el 6 de noviembre de 2003, Jair Antonio López
González declaró su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por
hechos ocurridos el 28 de octubre de 2003 en el municipio de Villahermosa,
Tolima y fue incluido en el Registro de Víctimas el 28 de noviembre de 2003. De
96 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
97 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
98 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
99 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
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ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora
de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.100
4.2.20. Se probó que, el 6 de noviembre de 2003, Emiliano López Parra declaró
su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos
el 28 de octubre de 2003 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue incluido en
el Registro de Víctimas el 28 de noviembre de 2003. De ello da cuenta el oficio del
14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la
Unidad para Las Víctimas.101
4.2.21. Se acreditó que, el 6 de noviembre de 2003, Jeivier López Parra declaró
su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos
el 28 de octubre de 2003 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue incluido en
el Registro de Víctimas el 28 de noviembre de 2003. De ello da cuenta el oficio del
14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la
Unidad para Las Víctimas.102
4.2.22. Se acreditó que, el 3 de febrero de 2006, Anadelly Murillo Vera declaró su
condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el
29 de diciembre de 2005 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue incluida en
el Registro de Víctimas el 23 de febrero de 2006. De ello da cuenta el oficio del 14
de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial de la
Unidad para Las Víctimas.103
4.2.23. Se constató que, el 3 de febrero de 2006, Bleidy Mariela Castro Murillo
declaró su condición de víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos
ocurridos el 29 de diciembre de 2005 en el municipio de Villahermosa, Tolima y
fue incluida en el Registro de Víctimas el 23 de febrero de 2006. De ello da cuenta
el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa
100 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
101 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
102 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
103 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
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judicial de la Unidad para Las Víctimas.104
4.2.24. Se verificó que, el 28 de agosto de 2008, Anadelly Murillo Vera declaró su
condición de víctima indirecta por el homicidio de un hermano -no identificado-,
por hechos ocurridos el “1 de enero de 1900”105 -no se indica el lugar- y fue
incluida en el Registro de Víctimas el 24 de junio de 2014. De ello da cuenta el
oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa
judicial de la Unidad para Las Víctimas.106
4.2.25. Se demostró que, el 30 de marzo de 2008, Astrid Chitiva Guzmán
compareció ante la Fiscalía general de la Nación, Unidad Nacional de Justicia y
Paz y recibió información de sus derechos como presunta víctima, dentro del
proceso adelantado contra miembros del grupo paramilitar Frente Omar Isaza de
las AUC. De ello da cuenta la constancia de la misma fecha.107
4.2.26. Se acreditó que, el 23 de octubre de 2008, Astrid Chitiva Guzmán fue
informada de que el 12 de noviembre del mismo año, los postulados Ramón
María Isaza Arango y José David Velandia Ramírez rendirían versión libre de
confesión respecto de los hechos conocidos como la “masacre de La Parroquia”,
entre cuyas víctimas se encontraba Isabel Guzmán Perdomo. De ello da cuenta el
oficio del 23 de octubre de 2008, suscrito por el fiscal delegado ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.108
4.2.27. Se comprobó que, el 27 de octubre de 2008, Edgar Chitiva Guzmán
declaró su condición de víctima indirecta de desaparición forzada y homicidio de
“hermano (a)”, por hechos ocurridos el 9 y 16 de julio de 2001 en el municipio de
Mariquita, Tolima y fue incluido en el Registro de Víctimas el 31 de julio de 2012.
De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la
104 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
105 Así se anotó en el Excel que se adjunta con el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por
la coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.
106 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
107 Fl. 225, C.2.
108 Fl. 228, C.2.
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coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.109
4.2.28. Se verificó que, el 27 de octubre de 2008, Astrid Chitiva Guzmán declaró
su condición de víctima indirecta de desaparición forzada y homicidio de
“hermano (a)”, por hechos ocurridos el 9 y 16 de julio de 2001 en el municipio de
Mariquita, Tolima y fue incluida en el Registro de Víctimas el 31 de julio de 2012.
De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la
coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.110
4.2.29. Se acreditó que, el 27 de octubre de 2008, Pedro Orlando Chitiva Urrego
declaró su condición de víctima indirecta de desaparición forzada y homicidio de
“hermano (a)”, por hechos ocurridos el 9 y 16 de julio de 2001 en el municipio de
Mariquita, Tolima y fue incluido en el Registro de Víctimas el 3 de julio de 2014.
De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la
coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.111
4.2.30. Consta que, el 13 de enero de 2009, Astrid Chitiva Guzmán fue informada
de que el 2 y 3 de febrero de 2009 el postulado José David Velandia Ramírez
rendiría versión libre de confesión respecto de los homicidios de Isabel Guzmán
Perdomo y Jeimy Chitiva Guzmán. De ello dan cuenta los oficios del 13 de enero
de 2009, suscritos por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.112
4.2.31. Se corroboró que, el 14 de marzo de 2012, la Registraduría Nacional del
Estado Civil inscribió la muerte de Uriel Murillo González, teniendo como fecha del
fallecimiento la del 26 de julio de 2002 ocurrida en el municipio de Armero, Tolima,
según orden judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué el 14 de marzo de 2012, comunicada a través de oficio No. 2486, según
consta en la copia auténtica del registro civil de defunción.113
109 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
110 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
111 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
112 Fl. 226 y 227, C.2.
113 Fl. 327, C.2.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
4.2.32. Se constató que, el 22 de junio de 2012, Edgar Chitiva Guzmán declaró su
condición de víctima directa de amenazas y desplazamiento forzado, por hechos
ocurridos el 13 y 16 de agosto de 2001 en el municipio de Falan, Tolima y fue
incluido en el Registro de Víctimas el 7 de septiembre de 2012. De ello da cuenta
el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa
judicial de la Unidad para Las Víctimas.114
4.2.33. Se demostró que, el 10 de octubre de 2012, Luz Stella Fernández Delgado
declaró su condición de víctima directa de amenazas y desplazamiento forzado
por hechos ocurridos el 1 y 2 de febrero de 1992 en el municipio de Falan, Tolima
y de víctima indirecta de homicidio por hechos ocurridos el 28 de abril de 1991 en
el mismo municipio. Fue incluida en el Registro de Víctimas el 26 de febrero de
2013 de 2013. De ello da cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito
por la coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.115
4.2.34. Se corroboró que, el 22 de agosto de 2013, José Enrique Marín Ortiz
declaró su condición de víctima directa de desplazamiento forzado por hechos
ocurridos el 16 de julio de 2001 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue
incluido en el Registro de Víctimas el 22 de octubre de 2013. De ello da cuenta el
oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa
judicial de la Unidad para Las Víctimas.116
4.2.35. Se constató que, el 22 de agosto de 2013, Claudia Yised Marín Ortiz
declaró su condición de víctima directa de desplazamiento forzado por hechos
ocurridos el 16 de julio de 2001 en el municipio de Villahermosa, Tolima y fue
incluida en el Registro de Víctimas el 22 de octubre de 2013. De ello da cuenta el
oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa
judicial de la Unidad para Las Víctimas.117
114 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
115 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
116 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
117 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
4.2.36. Se acreditó que, mediante sentencia del 29 de febrero de 2016, proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz: i) declaró la existencia
de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM desde el 22 de
febrero de 1978 hasta el 7 de febrero de 2006, con injerencia en el departamento
de Antioquia, especialmente en el oriente y el magdalena medio del mismo, la
zona oriental de Caldas, el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca; ii)
declaró que Ramón Mario Isaza y otros actuaron en calidad de miembros de dicha
organización y; iii) los condenó a penas de prisión y medidas de satisfacción y de
no repetición por los delitos de homicidio en persona protegida, amenazas,
desplazamiento forzado de población civil, entre otros delitos, pero entre las
víctimas y hechos identificados no se encuentran los mencionados en la
demanda. De ello da cuenta copia de la referida sentencia.118
4.3. Configuración de la caducidad respecto de las muertes de los familiares
de los demandantes
En el sub judice se tiene acreditado que Luciano Parra Parra, Ángel María Parra
Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz
Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo González fallecieron el 16
de julio de 2001 en el municipio Mariquita (hechos probados 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5.,
4.2.6., 4.2.7., 4.2.8. y 4.2.9.). Igualmente, se comprobó que Uriel Murillo González
-en principio desaparecido- murió el 26 de julio de 2002 en el municipio de Armero
– Guayabal y su muerte fue registrada el 14 de marzo de 2012 (hecho probado
4.2.31.).
Ahora bien, de conformidad con los fundamentos conceptuales expuestos frente
al fenómeno de la caducidad del medio de control, se tiene que el aspecto
determinante para establecer el término inicial del cómputo es la ocurrencia del
hecho causante del daño, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA 119.
118 Cuadernos 28, 29 y 30 de pruebas.
119 Normativa aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia de los daños (16 de julio de 2001 y
26 de julio de 2002).
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Así, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, como regla
general, cuando los hechos involucran la presunta comisión de delitos de lesa
humanidad, como el homicidio en el marco del conflicto armado interno, el término
debe computarse a partir del momento en que el interesado conoció o debió
conocer la participación del Estado en los hechos que generaron el daño
antijurídico. No obstante, de manera excepcional, es posible extender el inicio del
término de caducidad de la acción o del medio de control cuando se demuestre
que los demandantes estaban materialmente impedidos para ejercer su derecho
de acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por el juez, afectarían
gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. En tales casos, el término deberá contarse a partir del momento en que
cesen dichos impedimentos.
En el sub examine, los actores demandan la responsabilidad administrativa del
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional por los homicidios de Luciano
Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán
Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño, Otoniel Murillo
González y Uriel Murillo González, los cuales les atribuyen con fundamento en las
omisiones, connivencia y alianza de las entidades demandadas con los miembros
del Frente Omar Isaza de las AUC en el Tolima, quienes habrían cometido dichos
actos.
Con todo, para la Sala no cabe duda de que los demandantes tuvieron
conocimiento de las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra,
Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez,
Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo González desde el mismo día en que
estas ocurrieron, esto es, el 16 de julio de 2001. Asimismo, tuvieron noticia de la
muerte de Uriel Murillo González a más tardar desde el 14 de marzo de 2012,
fecha en que la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió su deceso, sin
que los actores hubieran alegado ni acreditado haber tenido conocimiento de tales
hechos en una fecha distinta.
Incluso, se advierte que, si bien en la demanda se formularon pretensiones por la
desaparición forzada de Uriel Murillo González, con el libelo se aportó el registro
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
civil de defunción de este, lo que evidencia que los accionantes tenían
conocimiento de su muerte, sin que, se reitera, hubieran alegado o probado
haberla conocido en fecha distinta.
Igualmente, desde la fecha de los hechos, los demandantes tenían conocimiento
de la posible omisión y/o participación de agentes del Estado en los homicidios de
sus familiares, circunstancia que se desprende de las afirmaciones contenidas en
la demanda, las cuales pueden interpretarse como una confesión.
En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.120. En relación con la confesión por medio de apoderado
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.
Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del
C.G.P.121.
Pues bien, el apoderado de la parte actora afirma en la demanda que la zona
donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de constantes enfrentamientos
120 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.
121 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
entre la guerrilla y las fuerzas del Estado y, aproximadamente a partir de 1998,
la región tuvo una creciente presencia y acción paramilitar. Afirmó que “las
autoridades civiles y militares de la zona sabían de la presencia de los
grupos armados irregulares y de las amenazas que se cernían contra la
población civil. La tolerancia de algunas de las autoridades civiles y militares del
norte del Tolima con los grupos paramilitares que sembraron el terror en esta
zona del país fue denunciada por organizaciones de derechos humanos,
personeros municipales y otros funcionarios sin que entonces tuvieran recepción
a nivel nacional o regional las constantes quejas sobre sus permanentes
abusos”122 (Se destaca).
Igualmente, en la demanda se sostiene que “con el desarrollo y crecimiento del
fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio y en los municipios de Fresno
y Mariquita (Frente Omar Isaza FOl de las AUC), y las alianzas y tolerancia
de estas estructuras delincuenciales con sectores de la Policía y el Ejército,
se generalizaron todo tipo de abusos, crímenes y fechorías contra la población
civil y sus bienes y organizaciones sociales, con el pretexto de combatir la
guerrilla y proteger procesos de acumulación de la propiedad de la tierra”123 (Se
destaca).
Asimismo, a través de su apoderado, los demandantes afirmaron en la demanda
que “ante semejante circunstancia, nada hicieron la Policía y el Ejército para
conjurar el peligro de ataques masivos de los paramilitares a la población
civil, como los que ya se habían presentado en otras regiones del país,
configurando lo que se denomina una omisión activa”124 (Se destaca).
Tales afirmaciones corresponden a una confesión y así deben valorarse en los
términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P., pues fueron hechas por el
apoderado judicial en la demanda y vinculan a sus poderdantes, de ahí que se
encuentre acreditado el presupuesto de capacidad para confesar. Además, lo
confesado permite determinar el momento a partir del cual se debe analizar el
122 Hecho No. 14 de la demanda, Fl. 21, C.1.
123 Hecho No. 15 de la demanda, Fl. 21, C.1.
124 Hecho No. 16 de la demanda, Fl. 21, C.1.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción. Por último, se
trata de manifestaciones expresas, conscientes y libres que versan sobre hechos
de los cuales el confesante tenía conocimiento, en este caso, de la omisión de
protección, connivencia y/o posible participación de agentes del Estado en los
homicidios de sus familiares, ocurridos el 16 de julio de 2001 y el 26 de julio de
2002.
A ello se suma que, para la época de los hechos, estaban dadas las condiciones
para el conocimiento de los demandantes de la connivencia y/o posible
participación de agentes del Estado en los homicidios de sus familiares, por el
contexto de violencia paramilitar que se vivía en los municipios de Mariquita,
Falan y Armero – Guayabal, norte del Tolima, como lo declaró el testigo José
Erasmo Ortiz Rodríguez vecino de los demandantes, más cuando los mismos
actores así lo manifestaron en la demanda.
En efecto, el testigo José Erasmo Ortiz Rodríguez125, vecino de los demandantes,
declaró en este proceso que tuvo conocimiento de las muertes de Luciano Parra
Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo,
José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo
González por ser residente de la zona para la época de los hechos y porque una
de las víctimas, José Orlando Ortiz Rodríguez, era su hermano. Señaló que para
la época de los hechos no había presencia de la fuerza pública en Mariquita ni
sus alrededores, salvo el Ejército Nacional, y que ninguna autoridad investigó la
violencia que se presentaba en la zona; agregó que, hasta el año 2006, cuando
se trasladó a vivir a Ibagué “ninguna presencia hubo, ninguna autoridad”.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 211126 del Código
General del Proceso, se observa que el testimonio de José Erasmo Ortiz
Rodríguez no resulta sospechoso, pues, aunque era el hermano de una de las
125 Fl. 715 a 721, C.4.
126 “Artículo 217. Imparcialidad del testigo. cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
víctimas -José Orlando Ortiz Rodríguez-, el declarante no es demandante en este
proceso, no tiene interés en sus resultas y se limitó a señalar lo que conoció de
los hechos y de la violencia de los grupos armados ilegales en el norte del Tolima
para la época de los hechos, sin evidenciar contradicciones o apreciaciones
subjetivas en su relato o intención de favorecer a la parte actora.
De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que los demandantes conocieron de
las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra
Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón
Castaño y Otoniel Murillo González el mismo día en que ocurrieron, y de la
muerte de Uriel Murillo González cuando esta fue registrada, pues los accionantes
no manifestaron en la demanda ni demostraron con posterioridad a esta que se
enteraron de la muerte de sus familiares en fechas distintas.
En lo que respecta a las omisiones, connivencia y/o posible participación de
agentes del Estado en las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra
Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz
Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño, Otoniel Murillo González y Uriel Murillo
González, cabe destacar que, de acuerdo con lo afirmado en la demanda, los
accionantes tenían conocimiento de que los presuntos autores materiales de los
homicidios venían actuando en el norte del Tolima desde antes de los hechos -
incluso desde el año 1998-, con el conocimiento y la connivencia de la fuerza
pública127. De hecho, los demandantes señalaron en la demanda que, para esa
época, las autoridades se aliaron con los miembros del Frente Omar Isaza de las
AUC128 y “nada hicieron la Policía y el Ejército para conjurar el peligro de
ataques masivos de los paramilitares a la población civil”129.
En otras palabras, los demandantes sabían y eran conscientes de que la presunta
omisión o aquiescencia de las autoridades frente a la actuación de los grupos
paramilitares en el norte del Tolima se había presentado desde antes de los
hechos del 16 de julio de 2001 y del 26 de julio de 2002, y de que dicha omisión
127 Hecho No. 14 de la demanda, Fl. 21, C.1.
128 Hecho No. 15 de la demanda, Fl. 21, C.1.
129 Hecho No. 16 de la demanda, Fl. 21, C.1.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
y/o complicidad habría sido la que posibilitó los homicidios de sus familiares,
atribuidos materialmente a los referidos actores armados ilegales.
Además, no les asiste razón a los apelantes al manifestar que tuvieron
conocimiento de la alianza criminal entre miembros de la fuerza pública y del
Frente Omar Isaza de las AUC únicamente tras la divulgación, a través de los
medios de comunicación, de la sentencia del 3 de diciembre de 2014, proferida en
el asunto relativo a la denominada “masacre de Frías” del 15 de septiembre de
2001, pues, como ya se señaló, de acuerdo con sus propias afirmaciones
contenidas en la demanda, los actores conocían desde antes de los hechos
demandados la presunta permisividad, connivencia y/o alianza de la fuerza pública
con los grupos paramilitares en el norte del Tolima.
A lo anterior se suma que en el proceso no obra prueba alguna que demuestre la
imposibilidad de los demandantes para acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa dentro del término previsto en la ley.
De hecho, se comprobó que, en los años 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012 y
2013, los demandantes acudieron a la Unidad de Víctimas y a la Fiscalía General
de la Nación para declarar su condición de víctimas en razón de diferentes
hechos de violencia (hechos probados 4.2.11, 4.2.12., 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15.,
4.2.16., 4.2.17, 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.21, 4.2.22., 4.2.23., 4.2.24., 4.2.25.,
4.2.27., 4.2.28., 4.2.29., 4.2.32., 4.2.33., 4.2.34. y 4.2.35.). Lo anterior evidencia
que no existió impedimento material para acudir tanto a entidades administrativas
para solicitar su inclusión en el registro de víctimas como a la justicia penal,
incluso por otros actos victimizantes, razón por la cual no resulta razonable que
hubieran estado imposibilitados para hacerlo ante esta jurisdicción dentro del
término legal.
Es decir, ni la prueba documental ni la testimonial practicada en este proceso dan
cuenta de alguna situación (secuestro, enfermedad u otro) que permita dar
aplicación a los criterios objetivos expuestos por la Sala Plena de esta Sección en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
De hecho, tampoco se comprobó que las víctimas directas o los hoy demandantes
fueron amenazados o se sintieran amedrentados de forma que se sintieran
impedidos de acudir a la vía judicial, por el contrario, se acreditó que en los
archivos del 2000 y 2001 de la Personería Municipal de Mariquita no había
registro de denuncias de amenazas (hecho probado 4.2.1.) como tampoco se
allegó registro alguno de que los demandantes hubieran denunciado amenazas
ante otra autoridad.
Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, tales como secuestros o enfermedades y, se itera, tampoco se
demostró que los actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que
obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el
término de caducidad se compute a partir de un momento distinto al de la
ocurrencia del hecho objeto de la litis130, esto es, las muertes de Luciano Parra
Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo,
José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo
González ocurridas el 16 de julio de 2001 y la muerte de Uriel Murillo González
desde su inscripción en el registro civil el 14 de marzo de 2012.
Igualmente, se destaca que la parte actora, a través de la impugnación, tuvo la
oportunidad de pronunciarse respecto de cualquier situación objetiva que le
hubiera impedido demandar dentro del término legal y, en efecto, frente a la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, pero no lo hizo, pese a
que dicha providencia se había proferido desde antes de la sentencia de primera
instancia.
Así las cosas, se estima que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo se presentó por fuera de los 2 años legalmente
establecidos, toda vez que: i) las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María
Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz
130 Así lo reiteró esta Sala de Subsección en la sentencia del 11 de diciembre de 2024, exp. 68282.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño y Otoniel Murillo González ocurrieron el 16
de julio de 2001 (hechos probados 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8. y
4.2.9.); ii) la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2016 y; iii) aun tomando
como fecha la última en que uno de los demandantes declaró su condición de
víctima -22 de agosto de 2013- (hecho probado 4.2.35.), el libelo debió
interponerse máximo el 23 de agosto de 2015.
De igual forma, el medio de control fue ejercido extemporáneamente respecto de
la muerte de Uriel Murillo González, dado que: i) la muerte de la víctima -en
principio desaparecida- fue registrada el 14 de marzo de 2012 (hecho probado
4.2.31.) y; ii) la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2016, de modo que el
término para incoar el medio de control venció el 15 de marzo de 2014.
Como consecuencia de todo lo anterior, se declarará probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
respecto de las muertes de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra,
Hernando Parra Parra, Isabel Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez,
Luz Mila Rincón Castaño, Otoniel Murillo González y Uriel Murillo González, toda
vez que se acreditó que los demandantes tuvieron conocimiento del daño y de la
posible participación del Estado en dicho actos delictivos desde el mismo día en
que estos ocurrieron, sin que resulte procedente aplicar excepción alguna al
término preclusivo.
4.4. Sobre la caducidad por la desaparición forzada de Reinaldo Parra Parra,
Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González
En el sub judice, se pretende la indemnización de perjuicios por la desaparición
forzada de Reinaldo Parra Parra y Jeimy Chitiva Guzmán acaecidas el 10 de julio
de 2001 en el balneario “Acuarium”, ubicado en la vereda San Antonio del
municipio de Mariquita, y la de José Leandro Murillo González, ocurrida el 26 de
julio de 2002, sin que desde entonces se conozca el paradero de ninguno de
ellos.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Por cuanto se formularon pretensiones por los perjuicios derivados del delito de
desaparición forzada, cabe señalar que el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”, de conformidad con
lo previsto en el literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 589 de 2000, en
los casos de desaparición forzada, la caducidad se computa “a partir de la fecha
en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición”.
Sin embargo, esta sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho
dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del
afectado, ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de
acción131. Esta regla fue recogida por literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 según el cual, “cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en
fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir
de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
marzo de 2006, exp. 15785, CP: María Elena Giraldo. Postura reiterada por esta Subsección en
sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
En suma, en el presente asunto, se estima que el medio de control se ejerció
oportunamente, habida cuenta que: i) Reinaldo Parra Parra y Jeimy Chitiva
Guzmán desaparecieron el 10 de julio de 2001 y José Leandro Murillo González el
26 de julio de 2002, sin que a la fecha se conozca el paradero de ninguno de ellos;
y, ii) que la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2016, cuando las víctimas
permanecían desaparecidas y sin que existiera pronunciamiento alguno de la
justicia penal al respecto.
5. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis132.
Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo –antes acción de grupo-, es pertinente señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa
en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”133.
5.1. Clotilde Parra Veloza, Jair Antonio López González, Emiliano López Parra,
Jeivier López Parra, Anadelly Murillo Vera, Argenis Castro Murillo, Rosa Milena
Castro Murillo, Bleidy Mariela Castro Murillo, Edgar Chitiva Guzmán, Astrid Chitiva
Guzmán, Pedro Orlando Chitiva Urrego, Luz Stella Fernández Delgado, Edilma
132 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2
de febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de
2026, exp. 69982.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Fernández Delgado, Leidy Dahiana Murillo Fernández, Ayde Murillo González,
Camilo Esteban Becerra Murillo, Nelsy Murillo González, Sergio Johan Murillo
González, Juan Felipe Murillo Castaño, Jainiber Murillo González, Deyson Andrés
Murillo Rico, Eyesenia Rico Duarte, Alirio Murillo Vera, Virgelina Franco Beltrán,
Didier Mauricio Murillo Franco y Claudia Rocío Murillo Franco son las personas
sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y se
encuentran legitimadas en la causa por activa, habida consideración de que
acreditaron ser los familiares de las víctimas Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva
Guzmán y José Leandro Murillo González, de quienes alegan fueron víctimas de
desaparición forzada el 10 de julio de 2001 y el 26 de julio de 2002,
respectivamente. No obstante, se advierte que solo se tendrá en cuenta su
legitimación como víctimas indirectas de las desapariciones forzadas de Reinaldo
Parra Parra, Jeimy Chitiva y José Leandro Murillo González, pues en cuanto a la
muerte de Uriel Murillo González, como antes se indicó, se declarará la caducidad
de las pretensiones.
5.2. Luis Ernesto Ortiz, Julián Estiven Ortiz Pérez, Carmen Rosa Pérez Sánchez,
Luz Dary Ortiz Rodríguez, Yeison Arley Garzón Ortiz, Audias Yamid Garzón,
Audias Garzón González, José Graciliano Ortiz Rodríguez, Gladys Ortiz
Rodríguez, Nelson Steven Álvarez Ortiz, Yolanda Ortiz Rodríguez, Jimmy Cujiño
Tapasco, Jorge Alirio Tangarife Ortiz, William Fernando Tangarife Ortiz, José
Enrique Marín Ortiz, Claudia Yised Marín Ortiz, Yisela Paola Ortiz Beltrán, Daniel
Guillermo Ortiz Beltrán, Herman Alexander Ortiz Pérez, Ana Derly Beltrán
Londoño y Diana Rincón no se encuentran legitimados en la causa por activa, por
cuanto, como se advirtió anteriormente, son familiares de los fallecidos José
Orlando Ortiz Rodríguez y Luz Mila Rincón Castaño, respecto de cuyas muertes
operó el fenómeno de la caducidad que así se declarará, y no se demostró su
vínculo o relación con las víctimas de desaparición forzada Reinaldo Parra Parra,
Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González.
5.3. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional, dado que
se alega que, por las omisiones, connivencia y alianza de dichas entidades con los
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
miembros del Frente Omar Isaza de las AUC en el Tolima, se habría facilitado o
producido la desaparición forzada de los familiares de los demandantes.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y
Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la desaparición forzada
de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González.
7. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; ii) el régimen de responsabilidad
del Estado por desaparición forzada y iii) el hecho exclusivo de un tercero.
7.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991134 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se
requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el
referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como
imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por
134 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y
aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los títulos de imputación
que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido
acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el
riesgo excepcional y el daño especial.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7.2. Responsabilidad del Estado por desaparición forzada
La desaparición forzada ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de
la Corporación como un delito de lesa humanidad, por cuanto involucra, además
de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la
tranquilidad del género humano. Asimismo, la Sala ha destacado que se trata de
un acto de carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o
cercenamiento indebido del derecho a la libertad personal y compromete de
manera directa los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las
personas, desdoblándose en sus familiares, dado el desconocimiento del derecho
a la información sobre la ubicación o condiciones en que se encuentran las
víctimas, menoscabando en este sentido la dignidad de la familia135.
Así, la desaparición forzada se encuentra definida en la legislación penal como la
privación de la libertad de la persona, cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información
sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley136.
135 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 7 de septiembre de 2015, exp. 51.388. Postura reiterada por esta Subsección en
sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405.
136 Artículo 1º de la Ley 589 de 2000. “El particular que perteneciendo a un grupo armado al
margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma,
seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre
su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta
(40) años, multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en
interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. A la misma pena
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Igualmente, la normativa internacional137, en particular el artículo 2° de la
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta
como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta
de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
la desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad y la violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, pues
de una parte se tiene el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los
que se ve sometida la víctima que en sí mismos representan formas de
tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona
y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano; y de otra parte, se tiene establecido que la práctica de desapariciones en
su mayoría ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y
sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar
toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo
cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida 138.
Dados los presupuestos que anteceden, se tiene que la configuración de la
desaparición forzada y su imputación a la responsabilidad del Estado, deben
reunir las siguientes condiciones: i) que se haya privado a una persona de la
libertad en cualquier forma; ii) que dicha privación haya sido cometida por agentes
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con su autorización o
quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la
aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior”.
137 Entre ellos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
Estatuto de Roma, Articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, Protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra entre otros.
138 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafos 155 a 157.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
aquiescencia; iii) que haya sido seguida de la falta de información o de la negativa
a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la
persona; y iv) que se impida el ejercicio de recursos legales y de las garantías
procesales contenidas en la ley.
Ahora bien, la Sala también ha reconocido que en este tipo de eventos la prueba
indiciaria resulta ser “idónea y única para determinar la responsabilidad”139, de
manera que no es necesario que existan pruebas directas y contundentes que
incriminen al Estado, pues la concurrencia de serios indicios sobre la acción y/o
omisión de la Administración serían suficientes para asignarle responsabilidad al
Estado140.
7.3. Hecho exclusivo de un tercero
El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto141. Esta
Sección142 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.
Asimismo, esta Corporación143 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i)
que el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por
el cual la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la
conducta del demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea
ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de
139 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, exp.
21806.
140 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2007, exp. 16337.
141 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
142 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
143 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:
46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015,
Rad. 39012, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
derecho público demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y
iii) que el hecho del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.
Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante144.
8. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de septiembre de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control, la parte actora solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, que se reconozcan los hechos demandados como
actos de lesa humanidad, se declare no probada la caducidad del medio de control
y se acceda a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento en
que la “masacre de La Parroquia” fue precedida de dos desapariciones forzadas y
tuvo como secuela otras dos; además, porque en la sentencia del 3 de diciembre
de 2014, proferida en un asunto similar conocido como la “masacre de Frías” del
15 de septiembre de 2001, el Consejo de Estado declaró ese hecho como un
crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible tanto penal como
administrativamente.
Como se explicó precedentemente, se declarará la caducidad respecto de las
pretensiones formuladas con ocasión de las muertes ocurridas en el marco de los
hechos conocidos como la “masacre de La parroquia”; en consecuencia, la Sala
limitará su análisis a determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y
Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la desaparición forzada
de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal
144 Ibídem.
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Administrativo del Tolima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328145 del
Código General del Proceso, únicamente habrá lugar a resolver los cargos
formulados contra la decisión recurrida.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
8.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
piezas que forman parte de la investigación penal por la denominada “masacre de
Frías” del 15 de septiembre de 2001146 allegada al plenario, dado que fueron
debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió
traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales
conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción
de las mismas. La misma consideración se predica respecto de la investigación
penal No. 92800 seguida por el delito de desaparición forzada de José Leandro
Murillo González y Uriel Murillo González, adelantada por la Fiscalía Seccional
Delegada ante el Gaula de Ibagué, la Fiscalía 39 Seccional de Lérida y la Fiscalía
Sexta Especializada de Ibagué147.
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios
allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes
hechos:
145 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.
146 Cuadernos de prueba trasladada Rad: 2003-1736 tomos 1 al 15 y cuaderno de prueba
trasladada Rad: 1219 No.s 17 a 26, 32 y 33.
147 Cuaderno de pruebas No. 31.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
8.1.1. Consta que, en fecha indeterminada, Argenis Castro Murillo y Martha Ligia
Tabares Escobar presentaron denuncia por la desaparición forzada de Jeimy
Chitiva Guzmán y Reinaldo Parra Parra, acaecida el 10 de julio de 2001 en el
balneario “Acuarium”, ubicado en la vereda San Antonio del municipio de
Mariquita, sin que desde entonces se conozca su paradero. De ello da cuenta la
certificación expedida el 26 de julio de 2006 por el fiscal sexto especializado de
Ibagué.148
8.1.2. Consta que, el 28 de julio de 2002, Uriel García Vargas presentó denuncia
por el posible secuestro simple y el hurto calificado y agravado cometidos en
contra de José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, hechos
ocurridos el 26 de julio de 2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio
de Armero – Guayabal, Tolima. De ello da cuenta el oficio del 22 de septiembre de
2017 suscrito por la fiscal 39 seccional de Ibagué 149 y copia de la denuncia de la
misma fecha, de la cual se destaca lo siguiente:150
“[…] hace aproximadamente 4 años y medio yo viajaba transportando productos
lácteos hacia el norte del Tolima, después de este tiempo decidí vender la ruta con
el carro, cuando apareció el señor Uriel Murillo, negociamos el carro por $8’000.000
y la ruta por $4’000,.000, cancelándome un millón mensual empezando el 22 de julio
del 2002, previamente me acompañó 15 días antes para conocer la ruta y los
clientes, fue cuando a partir del 22 de julio él decidió viajar con ruta y el carro ya en
propiedad con el hermano de nombre Leandro Murillo, el viernes viajaba a hacer
recorrido a Lérida, Guayabal, San Felipe, Falan y Palocabildo, en este recorrido a
ciertos clientes se les dejaba mercancía y de vuelta se les cobraba, siendo
aproximadamente el 26 a las 4 de la tarde me llamaron a la casa varios clientes de
Falan y Palocabildo preguntándome que si no iba a llevar mercancía, le respondí
que viajaba el nuevo vendedor. El sábado 27 de julio llamé a los clientes para ver si
en la noche había ido el vendedor y fue negativa la repuesta, entonces llamé a la
familia de él para preguntarles si sabían algo del hermano y dieron respuesta
negativa, el hermano Jainiver Murillo decidió viajar hasta Palocabildo para verificar
qué había pasado, cuando llegó a San Felipe preguntó dónde una cliente de nombre
Lucimar, exactamente al tío o al papá y le respondió quo el señor Uriel Murillo le
había dejado mercancía por 20.000 pesos dejándole a crédito mientras bajaba de
Palocabildo, después de un lapso de media hora el joven le dijo al señor del negocio
que dejaran así porque no volvía, versión del señor del negocio después de haberlo
visto hablando con un comandante del Ejército, el señor Jainiver escuchó esto y
decidió llamar a la esposa en Ibagué y le comentó lo sucedido y a la vez la señora
me llamó para comentarme lo sucedido en espera de alguna otra información,
148 Fl. 224, C.2.
149 Fl. 5 cuaderno de pruebas parte demandante.
150 Fl. 22 y 23 del cuaderno de pruebas 32.
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siendo hoy domingo 10.00 a.m. decidí instaurar la denuncia y eso es de lo único que
tengo conocimiento. […]”.
8.1.3. Se corroboró que, el 2 de agosto de 2002, la Fiscalía Seccional Delegada
ante el Gaula de Ibagué abrió indagación preliminar en averiguación de
responsables por los posibles delitos de secuestro simple y de hurto calificado y
agravado siendo víctimas José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González,
ocurridos el 26 de julio de 2002 en el corregimiento de San Felipe, municipio de
Armero – Guayabal, Tolima, según denuncia presentada por Uriel García Vargas.
De ello da cuenta copia de la providencia del 2 de agosto de 2002.151
8.1.4. Se verificó que el 6 de agosto de 2002, la Fiscalía Seccional Delegada ante
el Gaula de Ibagué informó al grupo Gaula del Ejército Nacional la apertura de
indagación preliminar en averiguación de responsables por los posibles delitos de
secuestro simple y de hurto calificado y agravado siendo víctimas José Leandro
Murillo González y Uriel Murillo González, ocurrida el 26 de julio de 2002 en el
corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero – Guayabal, Tolima, a fin de
que ese Grupo realizara lo de su competencia. De ello da cuenta el oficio del 6 de
agosto de 2002.152
8.1.5. Se constató que el 8 de agosto de 2002, el personero municipal de
Villahermosa, Tolima informó al defensor regional del pueblo del Tolima que José
Leandro Murillo González y Uriel Murillo González se encontraban desaparecidos
desde el 26 de julio de 2002 y que eran familiares “de las personas que fueron
masacradas en el sitio La Parroquia de Mariquita el año pasado”. De ello da
cuenta el oficio del 8 de agosto de 2002 suscrito por el referido funcionario.153
8.1.6. Se demostró que el 8 de octubre de 2002, el comandante del Batallón de
Infantería No. 16 “Patriotas” informó al secretario de la Fiscalía Seccional
Delegada ante el Gaula de Ibagué, que en los archivos de dicha Unidad no obraba
registro alguno de retención de José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
151 Fl. 4 y 5 del cuaderno de pruebas 31.
152 Fl. 10 del cuaderno de pruebas 31.
153 Fl. 67 del cuaderno de pruebas 31.
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González, de reporte de su desaparición ni recuperación del vehículo en que se
movilizaban. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.154
8.1.7. Se probó que el 27 de febrero de 2003, el defensor regional del pueblo del
Tolima remitió al director seccional de Fiscalías del Tolima el oficio del 8 de agosto
de 2002 suscrito por el personero municipal de Villahermosa, Tolima, relativo a la
desaparición de José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, “para lo
de su competencia”. De ello da cuenta el oficio del 27 de febrero de 2003.155
8.1.8. Se corroboró que el 31 de julio de 2003, la Fiscalía 39 Seccional de Lérida
avocó conocimiento de la investigación por los posibles delitos de secuestro
simple y de hurto calificado y agravado siendo víctimas José Leandro Murillo
González y Uriel Murillo González, ocurrida el 26 de julio de 2002 en el
corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero – Guayabal, Tolima. De ello
da cuenta copia de la resolución del 31 de julio de 2003.156
8.1.9. Se verificó que el 8 de agosto de 2003, la Fiscalía 39 Seccional de Lérida
requirió al CTI de Ibagué que informara si entre los cadáveres hallados en una
fosa común en el municipio de Mariquita se encontraban los de José Leandro
Murillo González y Uriel Murillo González. De ello da cuenta el oficio de la misma
fecha.157
8.1.10. Se demostró que, el 20 de agosto de 2003, un perito lofoscopista y el jefe
del CTI de Ibagué dieron respuesta a la solicitud del 8 de agosto de 2003
formulada por la Fiscalía 39 Seccional de Lérida, informando que los restos
hallados habían sido remitidos al Instituto de Medicina Legal para los estudios de
laboratorio correspondientes, por lo que debía solicitar información a la Unidad
Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. De ello da
cuenta el oficio del 20 de agosto de 2003.158
154 Fl. 31 del cuaderno de pruebas 31.
155 Fl. 66 y 68 del cuaderno de pruebas 31.
156 Fl. 73 del cuaderno de pruebas 31.
157 Fl. 75 del cuaderno de pruebas 31.
158 Fl. 78 del cuaderno de pruebas 31.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
8.1.11. Se acreditó que para el 9 de octubre de 2003 aún se desconocía el
paradero de los hermanos José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
González. Así lo certificó el secretario de la Unidad de Fiscalías de Lérida, Tolima
en documento de la misma fecha.159
8.1.12. Se corroboró que el 1 de marzo de 2004, el coordinador de la SIJIN del
Departamento de Policía del Tolima puso a disposición de la Seccional de Fiscalía
de Lérida, el vehículo tipo camioneta marca Chevrolet de placas MDE-212 que
había sido inmovilizado en el municipio de Armero – Guayabal, en razón de una
denuncia por hurto del 27 de julio de 2002, según la cual en dicho vehículo se
movilizaron por última vez los hermanos José Leandro Murillo González y Uriel
Murillo González. De ello da cuenta el oficio del 1 de marzo de 2004, suscrito por
el referido funcionario.160
8.1.13. Se constató que mediante Resolución del 16 de marzo de 2004, la Fiscalía
39 Seccional de Lérida se inhibió de continuar con la investigación por los
presuntos delitos de secuestro simple y de hurto calificado y agravado en perjuicio
de José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, ocurridos el 26 de julio
de 2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero – Guayabal,
Tolima, y dispuso el archivo de las diligencias, por insuficiencia probatoria para el
esclarecimiento de los hechos e identificación de imputado sobre quien recayera la
acción penal. De ello da cuenta copia de dicha resolución.161
8.1.14. Se comprobó que, mediante Resolución del 11 de junio de 2004, la
Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué suspendió las diligencias preliminares que
adelantaba, en averiguación de responsables, por los delitos de concierto para
delinquir, desaparición forzada y hurto calificado y agravado, siendo víctimas
Jeimy Chitiva Guzmán y Reinaldo Parra Parra, por hechos ocurridos el 10 de julio
de 2001 en el balneario “Acuarium” ubicado en la vereda San Antonio del
159 Fl. 83 del cuaderno de pruebas 31.
160 Fl. 91 a 96 del cuaderno de pruebas 31.
161 Fl. 97 a 99 del cuaderno de pruebas 31.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
municipio de Mariquita. De ello da cuenta la certificación expedida el 26 de julio de
2006 por el fiscal sexto especializado de Ibagué.162
8.1.15. Se corroboró que, el 12 de septiembre de 2006, Edilma Fernández
Delgado solicitó a la Unidad de Fiscalías de Lérida copia de la investigación por
los posibles delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado siendo
víctimas José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, ocurridos el 26
de julio de 2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero –
Guayabal, Tolima. De ello da cuenta el escrito del 12 de septiembre de 2006
suscrito por la hoy demandante.163
8.1.16. Se corroboró que el 26 de agosto de 2008, Edilma Fernández Delgado
declaró su condición de víctima indirecta de desaparición forzada de
“indeterminado”, por hechos ocurridos el “1 de enero de 1900”164 -no se indica el
lugar- y fue incluida en el Registro de Víctimas el 11 de enero de 2014. De ello da
cuenta el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de
defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.165
8.1.17. Se comprobó que el 16 de diciembre de 2011, el fiscal 47 especializado de
Ibagué solicitó al magistrado de control de garantías del Tribunal Superior de
Justicia y Paz que ordenara el asentamiento del registro de defunción de José
Leandro Murillo González ante la Registraduría Nacional del Estado Civil; sin
embargo, al 6 de noviembre de 2015 dicho documento aún no había sido
expedido. Así lo informó el referido fiscal a Ayde Murillo González, mediante oficio
del 6 de noviembre de 2015.166
8.1.18. Se comprobó que el 19 de abril de 2013, Edgar Chitiva Guzmán declaró su
condición de víctima indirecta de desaparición forzada y homicidio de “hermanos o
cuñados” y víctima directa de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 9,
162 Fl. 224, C.2.
163 Fl. 113 y 114 del cuaderno de pruebas 31.
164 Así se anotó en el Excel que se adjunta con el oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por
la coordinadora de defensa judicial de la Unidad para Las Víctimas.
165 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
166 Fl. 329 a 331, C.2.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
16 y 18 de julio de 2001 en los municipios de Falan y Mariquita, Tolima y fue
incluido en el Registro de Víctimas el 30 de julio de 2013. De ello da cuenta el
oficio del 14 de noviembre de 2017 suscrito por la coordinadora de defensa judicial
de la Unidad para Las Víctimas.167
8.1.19. Se acreditó que mediante sentencia del 29 de febrero de 2016, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz: i) declaró la existencia de las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM desde el 22 de febrero de
1978 hasta el 7 de febrero de 2006, con injerencia en el departamento de
Antioquia, especialmente en el oriente y el magdalena medio del mismo, la zona
oriental de Caldas, el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca; ii) declaró
que Ramón Mario Isaza y otros actuaron en calidad de miembros de dicha
organización y; iii) los condenó a penas de prisión y medidas de satisfacción y de
no repetición por los delitos de homicidio en persona protegida, amenazas,
desplazamiento forzado de población civil, entre otros delitos, pero entre las
víctimas no se encuentran Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán ni José
Leandro Murillo González. De ello da cuenta copia de la referida sentencia.168
8.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
167 Fl. 29 y CD folio 30, cuaderno 16 de pruebas de la parte demandada.
168 Cuadernos 28, 29 y 30 de pruebas.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
patrimonial de la Administración169-170, en tanto la prueba de todos los elementos
de la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que
nazca la obligación resarcitoria.
8.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho 171, que contraría el orden legal172 o
que está desprovista de una causa que la justifique173, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida174, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
169 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de
marzo de 2020, Rad. 50264.
170 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta
resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa
sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de
resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
171 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
172 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
173 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
174 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
70
Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la desaparición forzada
de Reinaldo Parra Parra y Jeimy Chitiva Guzmán, cuyo paradero se desconoce
desde el 10 de julio de 2001, y la de José Leandro Murillo González, de quien
tampoco se conoce paradero alguno desde el 26 de julio de 2002, conforme se
acreditó mediante las denuncias presentadas por Argenis Castro Murillo, Martha
Ligia Tabares Escobar y Uriel García Vargas (hechos probados 8.1.1 y 8.1.2.).
Con fundamento en lo anterior, se adelantaron investigaciones penales
preliminares por parte de la Fiscalía Seccional Delegada ante el Gaula de Ibagué,
la Fiscalía 39 Seccional de Lérida y la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué
(hechos probados 8.1.3., 8.1.4., 8.1.8, 8.1.9., 8.1.13. y 8.1.14.).
Además, el daño tiene el carácter de antijurídico, pues, como se advirtió en el
capítulo 7.2. de esta sentencia, la desaparición forzada constituye un acto de
carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o cercenamiento
indebido del derecho a la libertad personal y compromete de manera directa los
derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas, derechos estos
inherentes e inalienables de la persona, que se constituyen en presupuesto
esencial para la realización de los demás derechos. Tales derechos se encuentran
protegidos en el Preámbulo de la Constitución Política, que proclama dentro de los
fines del Estado asegurar la vida y la libertad de sus integrantes, y en los artículos
11 y 12 superiores, que en su orden establecen: "el derecho a la vida es
inviolable" y “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”.
8.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, es menester establecer si éste
les es atribuible fáctica y jurídicamente.
Así, en aras de resolver el problema jurídico, aunado a los elementos de prueba
que vienen de describirse, como arriba se indicó, en el presente proceso, se
71
Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
escuchó el testimonio de José Erasmo Ortiz Rodríguez175, quien señaló que para
la época de los hechos no había presencia de la fuerza pública en Mariquita ni
sus alrededores, solo el Ejército Nacional, pero que ninguna autoridad investigó
sobre la violencia que se estaba presentando en la zona y que, hasta el año 2006,
cuando se marchó de esa zona para radicarse en Ibagué “ninguna presencia
hubo, ninguna autoridad”. El testigo también sostuvo que: “la desaparición de
Uriel y Leandro fue casi al año, eso fue en el 2002, la fecha exactamente no me
acuerdo. Ellos eran hermanos del señor Otoniel Murillo, que fue masacrado,
donde mataron a mi hermano a raíz de eso ellos se desplazaron del corregimiento
de Frías para aquí, para Ibagué, ellos laboraban en una camioneta vendiendo
productos de tienda y pues ellos estaban en averiguaciones, sin embargo, ellos
siempre iban al pueblo para preguntar sobre pues por qué lo habían matado y en
ese momento que ellos venían subiendo los hicieron devolver y en la devuelta los
desaparecieron”. En ese orden, el testigo manifestó que había asistido a unas
audiencias de procesos penales de justicia y paz -los cuales no identificó- en las
que el señor Ramón Isaza reconoció la responsabilidad de miembros del grupo
paramilitar Frente Omar Isaza de las AUC en los hechos conocidos como la
“masacre de La parroquia”. A la pregunta de si este también aceptó la autoría de
las desapariciones de los hermanos José Leandro Murillo González y Uriel Murillo
González, el testigo contestó “Claro que sí. En las audiencias que estuve fueron
nombrados también ellos. Igualmente, él se hizo responsable con la misma
versión de que no había dado la orden, pero que se hacía responsable porque
estaban los hombres bajo el mando de él”, aunque el testigo no recordaba las
fechas de esas audiencias.
Sobre la desaparición de Reinaldo Parra Parra y Jeimy Chitiva Guzmán el testigo
señaló “ellos llevaban aproximadamente como año y medio trabajando en ese
balneario. En ese balneario permanecía mucho la autodefensa una vez el señor
Reinaldo subió hacia la vereda el corrimiento de Patiburrí, municipio Villahermosa,
donde habitamos nosotros, subió con cuatro de ellos, pero desconociendo de que
ellos eran de la autodefensa, entonces estuvieron por allá, se los presentó a la
familia y ya. Como al mes fue cuando ya se desapareció Reinaldo Parra y su
175 Fl. 715 a 721, C.4.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
esposa Chitiva”.
En cuanto a la presencia de autoridad en Mariquita y sus alrededores, el testigo
señaló que “no subía sino el Ejército, subía solamente a eso, a rayarlo a uno, a
pegarle, a acusarlo de que era guerrillero, la policía salió del pueblo de Frías
después de que llegó la guerrilla, porque no hubo ni siquiera digamos un atentado
contra ellos para que se fueran, sino que simplemente los sacaron de ahí del
pueblo de Frías […] Eso fue en el 2000 o 99 en esos tiempos, antes de que los
mataran a ellos”. Indicó que a partir de esos años cuando arribaron a la zona los
grupos armados tampoco hubo presencia de la fuerza pública: “¿Policía?, no.
como le digo ya la policía se fue, no hubo, el Ejército llegó en varias ocasiones y
lo que hacían era enfrentarse entre ellos porque hasta mala comunicación tenían
y lo que hacían era fomentar más la zozobra, porque hasta por sí nos hacían
correr, porque bueno, la mayoría de gente le tiene miedo a eso porque yo presté
servicio, entonces uno sabe más o menos cómo es la cuestión. Pero el resto de
las personas se escondían porque pensábamos que era que se enfrentaban con
la guerrilla y resulta que no, que era entre ellos mismos, dándose plomo”.
Como se indicó líneas atrás, si bien puede apreciarse este testimonio, lo cierto es
que este testigo no presenció los hechos que dieron lugar a las desapariciones de
las víctimas. En cuanto a su conocimiento de que fueron los miembros del Frente
Omar Isaza de las AUC al mando de Ramón Isaza quienes habrían perpetrado la
desaparición forzada de José Leandro Murillo González, el testigo no precisó
cuándo presenció ese reconocimiento por parte del postulado Ramón Isaza, ni
indicó a qué audiencias asistió, las cuales tampoco fueron aportadas al proceso,
al igual que cualquier otra pieza del respectivo proceso penal que respaldara su
dicho. Sin embargo, su testimonio será valorado más adelante en relación con las
condiciones de orden público del lugar de los hechos y el conocimiento que de
estas tenían las entidades demandadas.
A su turno, el testigo Dagoberto Ortega176 tuvo conocimiento de los hechos a
través de lo que le relataron algunos de los accionantes, sin aportar detalles
176 Fl. 715 a 721, C.4.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
acerca de las condiciones de orden público en la zona para la época de los
hechos ni del conocimiento de la autoría de estos.
Asimismo, el demandante Jainiber Murillo González177 declaró el 21 de agosto de
2002 ante la Policía Judicial del Grupo Gaula de Ibagué -delegada por la Fiscalía
Seccional Delegada ante el Gaula de Ibagué-, en relación con el posible secuestro
y/o desaparición forzada de sus hermanos José Leandro Murillo y Uriel Murillo
González ocurrida el 26 de julio de 2002 en el corregimiento de San Felipe, del
municipio de Armero – Guayabal. Manifestó que: “ellos hacía aproximadamente un
mes y medio estaban viajando vendiendo productos lácteos y carnes frías de Rica
Ronda, la ruta era del señor Uriel García, él la había negociado con mi hermano
Uriel Murillo, ese día salió a la altura de Lérida Guayabal, San Felipe, Falan y
Palocabildo, surtieron unas tiendas en Guayabal y empezaron a llamar unos
clientes de Palocabildo y Falan a don Uriel García, que qué pasaba con la
mercancía que la estaban esperando, y al ver que no llegaron me desplacé el 27
de Julio a buscarlos, llegué a san Felipe le pregunté al señor de la tienda que si el
muchacho de la ruta le había surtido, el señor inicialmente me dijo que no, yo le
dije que me habían mandado a averiguar de la empresa por qué él no llegó, el
señor me dijo sí, él me surtió, incluso le dije que me dejara una mercancía fiada
que cuando viajara de Falan se la cancelaba, pero después de haber hablado con
un sargento del Ejército que estaban ahí en San Felipe le dijo que no podía fiarle
porque él se devolvía de ahí, dijo que él no se dio cuenta por donde se devolvió, si
solo o con el carro, no se dio cuenta de nada más, me regresé hacia la ciudad y ya
el señor anterior de la ruta había puesto la denuncia en la Sijin con los datos que
yo había dado por teléfono, hasta el momento no se ha sabido nada, ninguna pista
de alguien que haya visto el carro ni nada”. A la pregunta de si sus hermanos
habían sido amenazados o extorsionados por algún grupo al margen de la Ley, el
testigo respondió que no sabía. Señaló que en el año 2001 él y su familia vivían en
el corregimiento de Frías, municipio de Falan, Tolima, pero se desplazaron a
Ibagué por la violencia de los paramilitares.
177 Fl. 15 y 16 del cuaderno de pruebas 31.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Por su parte, también la hoy demandante Edilma Fernández Delgado 178,
compañera permanente de Uriel Murillo, declaró el 21 de agosto de 2002 ante la
Policía Judicial del Grupo Gaula de Ibagué -delegada por la Fiscalía Seccional
Delegada ante el Gaula de Ibagué-, sobre el posible secuestro y/o desaparición
forzada de José Leandro Murillo y Uriel Murillo González ocurrida el 26 de julio de
2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero – Guayabal.
Manifestó que “lo único que se es que se desapareció y no sé por qué, eso fue el
viernes 26 de julio, salió a trabajar a las cinco de la mañana, él vendía productos
lácteos y carnes frías, él viajaba con rumbo a Palocabildo y en el trayecto entraba
a vender a los caseríos hasta llegar a Palocabildo, hacia como 20 días estaba
viajando en compañía del señor Uriel García quien fue quien le vendió la
camioneta y la ruta, ese viernes era el primer día ya trabajando por su propia
cuenta y llevaba de acompañante a Leandro Murillo que es el hermano menor, él
se suponía que tenía que llegar a Ibagué por ahí a las seis de la tarde, desde esa
hora empezaron a llamar clientes de Palocabildo y de Falan, preguntaron si él iba
ir a venderles, pensé que de pronto se había varado o había tenido un accidente
en la carretera y me quedé esperándolo esa noche a ver si me llamaba o si sabía
alguna razón, como no llegó esa noche mi cuñado Jainiber Murillo se fue el
domingo no me acuerdo bien, a ver si lo encontraba o si tenía alguna razón, pues
él me contó que había estado hablando con un señor en San Felipe al cual mi
esposo le había estado vendiendo unos productos el viernes 26 y que el señor le
había contado que el Ejército había estado hablando con mi esposo ese día, pero
que él no se había dado cuenta de nada más y hasta el día de hoy no hemos
vuelto a saber nada de él, nadie me ha llamado ni me han llamado a pedir plata ni
nada de nada, lo único es que él estuvo en San Felipe y el no siguió”.
A la pregunta de si Uriel Murillo González tenía enemigos, había sido amenazado
o tenía algún tipo de problema, la testigo contestó que no. Señaló que ella y su
grupo familiar vivían en el corregimiento de Frías, municipio de Falan, Tolima, pero
se desplazaron a Ibagué porque el 15 de septiembre de 2001 hubo una mascare
en ese lugar y la cafetería donde trabajaban fue destruida. A la pregunta de si
sospechaba de alguien relacionado con la desaparición de su compañero Uriel
178 Fl. 17 y 18 del cuaderno de pruebas 31.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Murillo González, la testigo señaló: “yo sospecho que por quitarle el carro que lo
llevaba lleno de productos, por robarlo, pero ya hace un mes y no sabemos nada”.
Finalmente, Aristóbulo Vargas Ardila179, residente en Ibagué, declaró el 28 de
noviembre de 2002 ante la Policía Judicial del Grupo Gaula de Ibagué -delegada
por la Fiscalía Seccional Delegada ante el Gaula de Ibagué-, sobre el posible
secuestro y/o desaparición forzada de Uriel Murillo González ocurrida el 26 de julio
de 2002 en el corregimiento de San Felipe, del municipio de Armero – Guayabal.
De hecho, manifestó que: “ese día yo me encontraba dentro de la tienda, yo ya le
había hecho las compras, en la carretera había un retén del Ejército, el carro en
que él transportaba la mercancía estaba haciendo cola para la requisa del retén
que en ese momento hacía el Ejército, yo vi al señor Uriel hablando con varios
militares, hacia la vía que conduce a Falan y Palocabildo, pero no sé más, de un
momento a otro no volví a ver el carro, es más, aclaro que hoy en estas diligencias
me entero que ese señor se llama Uriel Murillo […] Entre las personas que
estaban hablando con el señor Uriel, estaba un sargento de apellido Varón, no sé
el nombre, tengo entendido que ese sargento era el comandante de esa patrulla
que estaba en esos días por ahí”.
En cuanto a dichas declaraciones, cabe señalar que forman parte de la
investigación penal No. 92800 seguida por el delito de desaparición forzada de
José Leandro Murillo González y Uriel Murillo González, adelantada por la Fiscalía
Seccional Delegada ante el Gaula de Ibagué, la Fiscalía 39 Seccional de Lérida y
la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué, incorporada al plenario como prueba
trasladada180 y decretada en el auto de pruebas181; por tanto, serán valoradas sin
restricción alguna, habida cuenta de que fueron debidamente solicitadas y
decretadas en el expediente, se corrió traslado de ellas y ambas partes tuvieron
conocimiento de su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la
contradicción correspondiente182.
179 Fl. 41 y 42 del cuaderno de pruebas 31.
180 Cuaderno de pruebas No. 31.
181 Audiencia del 24 de julio de 2017, fl. 615 a 629, C.4.
182“Código General del Proceso, artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las
pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Igualmente, aunque los declarantes Jainiber Murillo González y Edilma Fernández
Delgado son demandantes en el presente proceso, sus declaraciones se rindieron
ante la autoridad penal años antes de la presentación de la demanda de la
referencia, sin que pueda advertirse sospecha de parcialidad frente a las
pretensiones objeto del presente litigio.
Pues bien, se observa que, según los demandantes, las desapariciones forzadas
de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González
habrían ocurrido por las omisiones, connivencia y/o alianza de las entidades
demandadas con los miembros del Frente Omar Isaza de las AUC en el Tolima.
Pues bien, la jurisprudencia de esta Corporación183 ha señalado que, aunque el
deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga
absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a
responder cuando haya incumplido el ejercicio de sus competencias de hacer, en
ese ámbito, frente a hechos que pudo y debió haber previsto, impedido o mitigado.
En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado haya
solicitado de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas han
sido desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se
materializa la amenaza o el riesgo, con fundamento en el desconocimiento del
ámbito obligacional a cargo de la Administración, que debe analizarse en cada
caso particular con el fin de establecer: (i) si le imponía determinada conducta
positiva o negativa a la demandada y, (ii) si omitió ejecutarla.
apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá
surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las
pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias
jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.
183 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 26029. CP: Danilo Rojas Betancourth, reiterada por la
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 61803, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la
Administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido
expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o
atendidas en forma insuficiente; sin embargo, también se ha aceptado que existen
eventos en los que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para
las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los
que sólo es preciso acreditar, para efectos de la responsabilidad estatal, que por
cualquier vía el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo; no obstante,
se mantuvo indiferente184.
Asimismo, en los eventos en los que no se solicita expresamente la protección,
pero es evidente que la persona (o personas) la necesitaban, porque existían
pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que se encontraban
amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos contra su vida o sus bienes y, se
deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles
protección alguna, cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa
población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la
ley.
En el caso concreto, cabe señalar en primer lugar que, pese a la existencia de
investigaciones penales por la desaparición forzada de Reinaldo Parra Parra,
Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González, estas fueron archivadas
por la insuficiencia probatoria para determinar la autoría de los hechos (hechos
probados 8.1.8, 8.1.9., 8.1.13. y 8.1.14.).
En consecuencia, no existe elemento probatorio que indique o permita establecer
o inferir que la fuerza pública u otros funcionarios de la Administración Pública
cometieron o participaron en modo alguno en la desaparición forzada de Reinaldo
Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González, de lo que
resulta forzoso concluir que ese acto fue ejecutado por terceros indeterminados.
184Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18860, CP: Ramiro Pazos Guerrero.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
En segundo lugar, tampoco se encuentra elemento de prueba alguno que indique
que el Ejército o Policía Nacional conocían previamente la posibilidad de que
miembros de un grupo ilegal pretendían secuestrar o atentar de alguna manera
contra las víctimas u otros pobladores de la región, ni que hubieran podido evitar
los hechos. Lo anterior, por cuanto no es viable exigir a las fuerzas del orden
hacer presencia en todos los lugares, máxime cuando, como en este caso, no se
acreditó que las víctimas o sus familiares hubieran denunciado amenazas previas,
ni que las autoridades hubieran tenido conocimiento anticipado de que actores
armados harían presencia en un lugar determinado para cometer actos ilícitos
contra los ofendidos en el sub judice o la población civil.
Siendo así, no puede determinarse que los hechos eran previsibles para las
autoridades, comoquiera que no se realizó ninguna manifestación o denuncia ante
las demandadas de que la vida o libertad personal de las víctimas corrían peligro,
tampoco se demostró que se tratara de miembros de algún grupo vulnerable que
ameritara especial protección o vigilancia, respecto del cual resultara previsible
que pudieran ser objeto de ataque por su condición de líderes sociales, políticos u
alguna otra calidad, o porque la vereda donde vivían hubiera sido objeto de
ataques en días previos a su desaparición. Estimar lo contrario, significaría
imponer al Estado una garantía absoluta de seguridad que, en términos
razonables, resulta imposible. Así lo ha reiterado de tiempo atrás185 y
recientemente186 la jurisprudencia de esta Sección en consonancia con lo
aceptado sobre el particular en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos187:
“[…] Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su
jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales
de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los
185 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 23128, CP: Mauricio Fajardo Gómez. Subsección A,
sentencias del 26 de febrero de 2015 exp. 30.885, del 26 de agosto de 2015 exp. 36.374, del 8 de
noviembre de 2016, exp. 40.341 y del 23 de noviembre de 2016, exp. 38.364, CP: Hernán Andrade
Rincón; sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 52831, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
186 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
sentencia del 19 de mayo de 2025, exp. 71558.
187 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello v.s
Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de
adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones
entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo
real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las
posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto,
omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de
determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente
atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso
y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. […]
En tercer lugar, el testigo José Erasmo Ortiz Rodríguez declaró que para la época
de los hechos había presencia de los grupos armados ilegales en el municipio de
Mariquita y sus alrededores, que para el año 1999 o 2000 la Policía Nacional se
había retirado de la zona y que ninguna autoridad investigó la violencia que se
presentaba en ella, pues, según refirió, hasta el año 2006, cuando se trasladó a
vivir a Ibagué “ninguna presencia hubo, ninguna autoridad”.
Con todo, la escasa o nula presencia de la fuerza pública en la zona para la época
de los hechos, según el dicho del testigo, no acredita que las autoridades tuvieran
conocimiento de un peligro concreto contra Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva
Guzmán y José Leandro Murillo González que los expusiera al riesgo de ser
víctimas de desaparición forzada el 10 de julio de 2001 y el 26 de julio de 2002. Lo
anterior, habida cuenta de que lo único que se conoce de las circunstancias en
que ocurrieron sus desapariciones, conforme a las declaraciones de José Erasmo
Ortiz Rodríguez, Aristóbulo Vargas Ardila, Edilma Fernández Delgado y Jainiber
Murillo González, es que las víctimas se encontraban ejerciendo sus labores
cuando fueron víctimas de desaparición forzada por parte de actores armados
ilegales.
De hecho, si bien Aristóbulo Vargas Ardila declaró que la última vez que vio a Uriel
Murillo González este se encontraba en un retén del Ejército Nacional
conversando con un uniformado, lo cierto es que, como ya se señaló, su muerte
quedó acreditada en el proceso, asunto que no es objeto de estudio por parte de
la Sala en razón de la declaratoria de caducidad. Además, el testigo no mencionó
nada en relación con la desaparición forzada de José Leandro Murillo González.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
Como recientemente lo precisó esta Sala de Subsección188, aun cuando el Estado
tuviera conocimiento del contexto de violencia generalizada en determinadas
zonas del país para la época de los hechos, en este caso, en el norte del Tolima,
debe precisarse que la amenaza o peligro debía ser concreto respecto de la
víctima de la desaparición forzada, pues no podía exigírsele al Estado la garantía
de una protección absoluta. En este sentido, una decisión de esta Sección
consideró que:189
“[…] “La Sala no desconoce que para la época de los hechos en la mayoría del
territorio nacional se vivía una crisis en el orden público, en la cual intervinieron
varios actores, entre ellos grupos de paramilitares que, en algunas ocasiones y en
otros casos debidamente probados, actuaron en complicidad con algunos miembros
de la fuerza pública. A pesar de ello, para efectos de obtener la reparación directa
por la falla del servicio imputada a las entidades demandadas, es necesario que se
demuestren cada uno de los elementos para que prospere la demanda, de lo
contrario, todos los hechos delictivos que sucedieron en el país durante esa época
le serían imputables al Estado de manera automática, situación que no es de recibo
para la Sala. […]”
Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge
de manera automática ni de forma incondicional para garantizar los derechos de
los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión
frente al incumplimiento del contenido obligacional concreto a su cargo en materia
de protección y seguridad de riesgos extraordinarios que atentan contra la
integridad física y la seguridad personal, que solo puede predicarse en la medida
en que se acredite que ese riesgo era conocido y existían posibilidades razonables
de impedir su materialización.
Así, el contexto de violencia generalizada de la zona donde ocurrieron los hechos,
junto con otras pruebas de casos reiterados bajo la misma modalidad y en el
mismo lugar, podrían dar lugar a un deber reforzado de protección, cuya omisión
daría lugar a declarar la responsabilidad del Estado pero, en este caso, no se
probaron que hubieran ocurrido otras desapariciones forzadas en el mismo lugar y
188 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de
abril de 2025, exp. 65972 y sentencia del 19 de mayo de 2025, exp. 71558.
189 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
exp.61803, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
por la misma época, como un patrón de hechos conocido y que debió poner en
alerta a las demandadas.
Finalmente, cabe advertir que ni siquiera a través de indicios podría establecerse
una posible falla en el servicio de la demandada, por omisión de su deber de
protección, pues, aunque en los casos de desaparición forzada se ha admitido la
flexibilización de los estándares probatorios, en este proceso no se configura, toda
vez que no existen los elementos para estructurar unos hechos indicadores ni
menos aún para concluir un ejercicio de prueba indiciaria que permita atribuir la
responsabilidad del daño a la Administración.
En efecto, aunque al proceso se allegó copia de la investigación penal por la
denominada “masacre de Frías” del 15 de septiembre de 2001190, respecto de la
cual la Sección Tercera de esta Corporación profirió la sentencia del 3 de
diciembre de 2014191, debe advertir la Sala que se trata de un hecho distinto a los
objeto de demanda, en el que no fueron víctimas ni se vieron involucrados los
demandantes o sus familiares y, aunque aquella fue atribuida a la acción de
grupos armados ilegales, ocurrió después de la desaparición forzada de Reinaldo
Parra Parra y Jeimy Chitiva Guzmán del 10 de julio de 2001 y antes de la
desaparición forzada de José Leandro Murillo González del 26 de julio de 2002 en
un lugar diferente al de los hechos demandados y en circunstancias modales
distintas, razón por la cual no constituye prueba ni indicio de los hechos objeto de
este medio de control.
En esa misma línea, no puede tomarse dicha providencia como indicio de una falla
en el servicio de la Policía o del Ejército Nacional por participación directa,
complicidad o connivencia en las desapariciones de Reinaldo Parra Parra, Jeimy
Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González, pues la denominada “masacre
de Frías” del 15 de septiembre de 2001 corresponde a un hecho distinto que, pese
a haber ocurrido en la misma zona y también por acción de grupos paramilitares,
sucedió en circunstancias diferentes y afectó a otras víctimas. Por tanto, las
190 Cuadernos de prueba trasladada Rad: 2003-1736 tomos 1 al 15 y cuaderno de prueba
trasladada Rad: 1219 No.s 17 a 26, 32 y 33.
191 Fl. 60 a 178 C.1.
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Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
consideraciones judiciales plasmadas en aquella providencia no pueden
extenderse, por similitud -como lo pretenden los demandantes-, a las
desapariciones de las víctimas aquí reclamadas, respecto de cuya situación
concreta no se comprobó ni la acción de los actores armados ilegales ni la
participación de agentes del Estado, de acuerdo con el material probatorio que se
allegó a este proceso.
A lo anterior se suma que, aunque en la demanda se afirmó que “tanto Ramón
Isaza como los miembros del FOI han reconocido en diversas oportunidades ante
la Fiscalía y dentro de los procesos de Justicia y Paz la autoría de la masacre de
La Parroquia, así como las desapariciones de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva
Guzmán, José Leandro Murillo González y Uriel Murillo” y que “respecto de
Ramón Isaza se puede ver la sentencia del 29 de mayo de 2014 del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, exp. 11001-60-
00253-2007-82855 (1520) sobre las Autodefensas del Magdalena Medio”192, lo
cierto es que la referida providencia tampoco refiere o menciona entre las víctimas
del condenado a Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán ni José Leandro
Murillo González, ni la participación o connivencia de la Policía o del Ejército
Nacional en sus desapariciones.
Finalmente, aunque se comprobó que, mediante sentencia del 29 de febrero de
2016, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, condenó a Ramón
Mario Isaza y otros miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio -ACMM- por diversos delitos cometidos contra pobladores del norte del
Tolima, entre las víctimas reconocidas en dicha providencia tampoco se
encontraron Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán ni José Leandro Murillo
González (hecho probado 8.1.19.).
En consecuencia, no solo persiste la falta de claridad acerca de la autoría y/o
participación en las desapariciones forzadas, sino que, por esa misma razón,
tampoco es posible advertir o inferir la complicidad o participación de agentes de
192https://www.unidadvictimas.gov.co/wpcontent/uploads/Documentos/Jurisprudencia/Radicado_20
07_82855_2014.pdf
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Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
la Policía o del Ejército Nacional que permita determinar su responsabilidad por
omisión, connivencia y/o alianza con los miembros del Frente Omar Isaza de las
AUC en el Tolima, conforme se afirmó en la demanda.
Así, resulta forzoso concluir que, si bien se configuró el daño, este no es imputable
jurídicamente a la Administración, toda vez que no se acreditó falla del servicio a
cargo de las demandadas por omisión del deber de protección ni por autoría y/o
participación en las desapariciones forzadas de Reinaldo Parra Parra, Jeimy
Chitiva Guzmán y José Leandro Murillo González, pues los hechos constitutivos
del daño fueron obra exclusiva de un tercero, ajeno a la actuación del Estado, sin
que se demostrara la participación activa ni omisiva de este.
Lo anterior por cuanto, como se precisó antes, de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Sección193 se cumplen los requisitos para la prosperidad de esta causal
exonerativa de responsabilidad a saber: i) que el hecho del tercero sea externo,
ajeno al servicio, dado que no se probó que, en este caso, el tercero que cometió
las desapariciones forzadas tuviera vínculo alguno con las demandadas o
realizara actividades de servicio público y; ii) que el hecho del tercero sea
imprevisible e irresistible para la entidad pues, como antes se advirtió, no se probó
denuncia de amenazas por parte de las víctimas o de sus familiares o que las
demandadas supieran de algún modo que Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva
Guzmán y/o José Leandro Murillo González podrían ser víctimas de desaparición
forzada y, aun así, las accionadas no tomaron medidas para evitarlo.
Siendo así, el hecho del tercero fue la causa exclusiva y adecuada del daño, pues
en el sub judice no se probó vínculo causal alguno entre la conducta de las
demandadas y las desapariciones de Reinaldo Parra Parra, Jeimy Chitiva Guzmán
y José Leandro Murillo González, como tampoco que el hecho fuera previsible o
resistible para las accionadas.
193 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:
46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015,
Rad. 39012, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.
84
Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
9. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 365 numeral 1 del CGP, si bien procedería la condena en costas a la
parte actora y en favor de las entidades demandadas, dado que el recurso de
apelación no prosperó, la Sala se abstendrá de imponerla en consideración a que
los demandantes ostentan la calidad de sujetos de especial protección
constitucional, en condición de víctimas del conflicto armado y/o de graves
violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con los hechos alegados en la
demanda, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional.194
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, la cual quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luis
Ernesto Ortiz, Julián Estiven Ortiz Pérez, Carmen Rosa Pérez Sánchez, Luz Dary
Ortiz Rodríguez, Yeison Arley Garzón Ortiz, Audias Yamid Garzón, Audias Garzón
González, José Graciliano Ortiz Rodríguez, Gladys Ortiz Rodríguez, Nelson Steven
Álvarez Ortiz, Yolanda Ortiz Rodríguez, Jimmy Cujiño Tapasco, Jorge Alirio
Tangarife Ortiz, William Fernando Tangarife Ortiz, José Enrique Marín Ortiz, Claudia
Yised Marín Ortiz, Yisela Paola Ortiz Beltrán, Daniel Guillermo Ortiz Beltrán, Herman
Alexander Ortiz Pérez, Ana Derly Beltrán Londoño y Diana Rincón.
SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones respecto de las muertes
de Luciano Parra Parra, Ángel María Parra Parra, Hernando Parra Parra, Isabel
Guzmán Perdomo, José Orlando Ortiz Rodríguez, Luz Mila Rincón Castaño, Otoniel
Murillo González y Uriel Murillo González, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.”
194 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024.
85
Radicado: 73001233300020160079101 (67842)
Demandante: Rosa Milena Castro Murillo y otros
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF
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