Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00090-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00090-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2017-00090-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 73001-23-33-000-2017-00090-02 (2200-2021)1
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021),
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Luis Fernando Cardozo Aranda, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó la nulidad del oficio DASJ No. 00129 de fecha Dieciséis (16) de mayo
de Dos Mil Dieciséis (2016), emitido por la Rama Judicial - Consejo Superior
1
Expediente híbrido.
2
La demanda obra en los folios 16 al 45 del expediente físico. Cabe señalar que, mediante auto del 2 de febrero de
2017 visible a folios 71 a 72, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, declaró la falta de
competencia para conocer del presente proceso y fue remitido posteriormente al Tribunal Administrativo del Tolima,
quien admitió la demanda a través de auto del 3 de abril de 2018 constatable a folio 101.
2
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué,
mediante el cual, se le negó la petición que presentó el actor tendiente al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; así como, de las diferencias salariales y
prestacionales correspondientes.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) el reconocimiento y pago a
partir del Primero (1) de mayo de Dos Mil Diez (2010) al Treinta (30) de mayo
del mismo año y del Primero (1) de noviembre de Dos Mil Once (2011) al
Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), de las diferencias
salariales y prestacionales que resulten de la reliquidación de las diferentes
prestaciones, emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos
y que en el futuro se establezcan y causen; ii) el pago de los intereses
moratorios; iii) la actualización monetaria sobre la suma reconocida, de
conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política; vi) la condena
en costas a la entidad demandada y; v) el cumplimiento a la sentencia.
1.1.2 Hechos
3. El señor Luis Fernando Cardozo Aranda señaló que, prestó sus servicios a
la Rama Judicial en el cargo de juez, desde el Primero (1) de mayo de Dos Mil
Diez (2010) al Treinta (30) de mayo del mismo año, y del Primero (1) de
noviembre de Dos Mil Once (2011) al Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil
Trece (2013).
4. Expuso que, la Administración Judicial liquidó sus prestaciones sociales con
base en sólo el 70% de la remuneración básica, excluyendo el 30%
considerado como prima especial sin carácter salarial, pese a que dicho
porcentaje corresponde al sueldo básico.
5. Indicó que, el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, reglamentó la prima especial equivalente al 30% de la remuneración
básica, pero en algunos decretos la imputó como parte del salario, restándole
efectos salariales.
3
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
6. Sostuvo que, el Consejo de Estado ha declarado la nulidad de disposiciones
similares como los Decretos 38 de 1999 y 618 de 2007, por contrariar la
Constitución al desmejorar el salario y prestaciones de los servidores
judiciales.
7. Indicó que, solicitó el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) la
reliquidación de sus prestaciones con el 100% de su remuneración básica y el
reconocimiento de la prima especial como valor adicional
8. Finalmente, manifestó que la petición fue negada mediante el acto
administrativo acusado, agotándose la vía gubernativa.
1.2. Concepto de violación.
9. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
10. Constitución Política, artículos 1, 2, 5, 13, 25, 53 y 209.
Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.
Ley 270 de 1996, numeral 7 del artículo 152.
11. Señaló que, que el acto administrativo acusado vulnera la Constitución y la
Ley 4ª de 1992, al desmejorar sus derechos salariales y prestacionales toda
vez que la Administración Judicial liquidó sus prestaciones con base en sólo
el 70% de la remuneración básica, excluyendo el 30% restante bajo la
denominación de «prima especial sin carácter salarial», lo cual desconoce la
verdadera naturaleza de dicha prima como un incremento adicional al salario.
12. Afirmó que, el Congreso mediante la Ley 4ª de 1992, estableció principios
y criterios claros para que el Gobierno reglamentara el régimen salarial,
prohibiendo expresamente cualquier desmejora. Sin embargo, indicó que,
algunos decretos reglamentarios redujeron el carácter salarial del 30% del
sueldo básico, contrariando los principios de progresividad, proporcionalidad y
la prohibición de disminuir las garantías mínimas laborales consagradas en los
artículos 53, 25 y 13 de la Constitución.
4
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
13. Resaltó que el Consejo de Estado ya ha declarado la nulidad de
disposiciones similares y ha inaplicado otras por inconstitucionalidad,
ordenando reliquidar prestaciones con el 100% del salario básico. En
consecuencia, el acto acusado reproduce una práctica previamente
considerada contraria a la Constitución, afectando doblemente al trabajador:
por un lado, se le reduce el carácter salarial de su remuneración y, por otro, se
le niega el pago de la prima como valor adicional.
2. Contestación de la demanda3.
14. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló
que, la mayoría de los hechos no le constaban y, por ello, se atenía a los que
se llegaran a demostrar en el curso del proceso.
15. Manifestó que, había dado cumplimiento a las normas que establecieron la
prima especial sin carácter salarial, aplicándolas en los términos previstos y
sostuvo que el Gobierno Nacional se encuentra expresamente facultado para
determinar que el 30% de la remuneración mensual sea considerado como
prima especial sin carácter salarial.
16. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «prescripción trienal»4 y
«excepción genérica».
3. La sentencia de primera instancia5.
17. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
sentencia proferida el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DSAJ
No. 00129 de fecha 16 de mayo de 2016, emanado de la RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, mediante el cual la
entidad accionada, resolvió negativamente la reliquidación el actor, de sus
prestaciones sociales y emolumentos con base en el 100% del salario básico mensual,
más el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial de que
3
Expediente físico, folios 122 a 124.
4
Se difirió la resolución de la excepción de prescripción para el fallo a través del auto del quince (15) de febrero de
dos mil diecinueve (2019).
5
Expediente físico, folios 172 a 180.
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Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la
parte demandada, pero en los términos aquí señalados.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reliquidar y pagar al demandante LUIS
FERNANDO CARDOZO ARANDA, todas sus prestaciones sociales, incluyendo las
cesantías, con base en el 100% del salario básico mensual legalmente previsto para el
cargo desempeñado, descontando lo ya pagado, desde el 14 de marzo de 2013 hasta
el 31 de octubre de 2013 en calidad de funcionario judicial - Juez de la República en
provisionalidad.
CUARTO: Ordenar a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar la prima
especial mensual de servicios, sin carácter salarial, en cuantía equivalente al treinta por
ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, teniéndola como un plus o valor
adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta, como hasta el momento
lo ha hecho, desde el 14 de marzo de 2013 hasta 31 de octubre de 2013.
QUINTO: Las sumas que sean reconocidas como consecuencia de esta sentencia,
serán actualizadas de acuerdo con la fórmula expuesta en la parte considerativa.
SEXTO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por los
artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO: Sin condena en costas.
18. Sostuvo el Tribunal que, el demandante se posesionó como juez en
distintos cargos de la Rama Judicial, tanto en calidad de encargado por el
término de 30 días, como en provisionalidad desde el Doce (12) de diciembre
de Dos Mil Doce (2012) hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil
Trece (2013). Por ello, le resultan aplicables las normas salariales previstas en
los artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992 y en los decretos reglamentarios
expedidos por el Gobierno Nacional.
19. Indicó que, el Consejo de Estado declaró la nulidad de varios decretos que
regulaban la prima especial sin carácter salarial entre Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993) y Dos Mil Siete (2007), razón por la cual, se ordenó a la entidad
demandada reliquidar las prestaciones del actor con base en el 100% de su
asignación básica, y no sobre el 70% como se venía haciendo. En este punto,
precisó que, la fecha de referencia para efectos de prescripción es el Catorce
(14) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), día en que el demandante presentó
el derecho de petición solicitando el reajuste de sus prestaciones.
20. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada pagar al demandante las
diferencias entre lo liquidado y lo efectivamente cancelado, correspondientes
al período comprendido entre el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Trece
6
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
(2013) y el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), cuando
ejerció como juez en provisionalidad y estableció que la administración deberá
reconocer intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo
previsto en el artículo 192 del CPACA.
21. Finalmente, frente a la prescripción, tomó como referencia la fecha en que
el demandante presentó la solicitud de reliquidación de sus prestaciones el
Catorce (14) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) toda vez que, esa fecha
debió ser el punto de partida para contabilizar el reconocimiento del derecho
reclamado. Con base en ello, determinó el periodo amparado al tiempo en que
el actor se desempeñó como Juez Tercero Civil Municipal de Ibagué en
provisionalidad, es decir, entre el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Trece
(2013) y el Treinta y Uno (31) de octubre del mismo año.
4. El recurso de apelación6
22. La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, en
virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la facultad para fijar las
remuneraciones para los servidores públicos radica única y exclusivamente en
el Gobierno Nacional, es decir, que es éste basado en criterios propios, quién
determina dichas remuneraciones.
23. Adujo que, los servidores públicos que se jubilen con posterioridad a la
vigencia de la Ley 332 de 1996, tendrán derecho a que la prima especial se
tenga en cuenta para efectos de liquidar la respectiva pensión, beneficio que
no gozaron quienes ya la recibieron.
24. Aclaró que de conformidad con la normatividad y jurisprudencia, el carácter
salarial de la prima de servicios que se aplica, entre otros, a los Jueces de la
República, fue restringido expresamente por el legislador al señalar que tendrá
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación, quedando incólume por lo tanto la
condición de no constituir factor de salario para la liquidación y pago de las
6
Expediente físico, folios 187 a 192.
7
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
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primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación
por servicios prestados.
25. Sostuvo que, «la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Direcciones
Seccionales, han aplicado correctamente el contenido de la Ley 4ª de 1992 en su artículo 14,
atendiendo lo establecido por el Gobierno Nacional en los diferentes Decretos salariales que
anualmente expide en desarrollo de la mencionada Ley, cuando dispone que: “Ninguna
autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las
normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
4 de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos”.».
5. Trámite de segunda instancia
26. Con auto del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023) 7, el
respectivo conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021) proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
27. Posteriormente, mediante auto del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025)8, el respectivo conjuez ponente remitió el proceso al
presente despacho, toda vez que, en sesión del Veintitrés (23) de enero del
año Dos Mil Veinticinco (2025), la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dispuso la reconfiguración de la lista de conjueces, que pasó de estar
conformada por 24 integrantes a 129.
28. Por medio de auto del cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025)10, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente
controversia, en el estado en el que se encuentra, de acuerdo con lo
preceptuado por el artículo 116 del CPACA.
29. La parte demandante, mediante escrito del (25) de mayo de Dos Mil
Veintitrés (2023)11 presentó los alegatos de conclusión, solicitando confirmar
7
Índice 00022 Samai
8
Índice 00031 Samai
9
Índice 00029 Samai
10
Índice 00037 Samai.
11
Índice 00027 Samai.
8
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
la sentencia de primera instancia, al considerar que la Rama Judicial vulneró
sus derechos al excluir del salario básico el 30% correspondiente a la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidando así sus prestaciones
solo sobre el 70% de la remuneración.
30. Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la
Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019, sostuvo que dicha prima es
un incremento salarial y que las prestaciones deben calcularse sobre el 100%
del salario, por lo que pidió la reliquidación correspondiente.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
31. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 32812 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Cuestión previa
2.2.1 Del alcance del recurso de alzada
32. Si bien es cierto, el recurso de apelación se plantea en términos generales,
de su contenido se advierte que, la entidad demandada alegó haber realizado
el pago conforme al régimen salarial aplicable al actor. Asimismo, subrayó que
la creación o modificación del régimen salarial y prestacional corresponde
exclusivamente al legislador o al Gobierno Nacional, según el caso, con lo cual
defendió que la liquidación aplicada se encontraba ajustada a la normativa
12
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
9
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
vigente, comoquiera, lo que se discute es el derecho, este será el fundamento
del análisis de la sentencia.
2.3 Problema jurídico
33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, le corresponde a la Sala, establecer si, se revoca la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
analizará si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 reconocida al demandante, debió ser reconocida como parte
integrante de la asignación básica o como un factor adicional a esta, y, luego
de ello, establecer, si es procedente reliquidar prestaciones incluyendo el 30%
de la prima especial como factor salarial.
34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.4. Marco normativo y jurisprudencia de la prima
especial de servicios; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.
35. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.
36. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de
fondo en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena
de Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.
37. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
10
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de
deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la
sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con
la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es
un piso y un techo.
38. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se
procede a decidir el presente caso.
2.5. Caso concreto
39. En el caso concreto, está probado que el señor Luis Fernando Cardozo
Aranda ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, desde el Quince (15) de
febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985)13, en el cargo de citador14,
13 Cuaderno de pruebas, folio 1.
14 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 142.
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Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
el Primero (1) de mayo de Dos Mil Diez (2010), hasta el Treinta (30) de mayo
de Dos Mil Diez (2010)15, en encargo como juez del circuito grado 17.
Asimismo, desde el Doce (12) de diciembre de Dos Mil Doce (2012)16, hasta
el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), en el cargo de juez
municipal en provisionalidad y; en la actualidad se encuentra nombrado en
propiedad en el cargo de secretario de circuito17.
40. Asimismo, obra certificado expedido por la accionada, donde se reflejan los
conceptos salariales pagados al actor desde Primero (1) de enero de Dos Mil
Nueve (2009) hasta el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Catorce (2014)18.
41. Se aportó certificado del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), expedido por el coordinador del área de talento humano de la entidad
demandada, a través del cual informó que el actor pertenece al régimen
salarial denominado no acogido19.
42. Acreditó está que, el señor Luis Fernando Cardozo Aranda, a través de
apoderada, presentó ante la demandada reclamación administrativa el Catorce
(14) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016)20, mediante la cual solicitó reliquidar
y pagar todas sus prestaciones sociales con el 100% de su remuneración
mensual, incluyendo el 30% de la remuneración básica que se ha estipulado
como prima especial sin carácter salarial y el reconocimiento de la prima
especial sin carácter salarial; petición que fue resuelta de manera negativa a
través del Oficio No. DASJ-ATH-00129 del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016)21.
43. En este punto la Sala recuerda que, conforme se desprende de lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios fue creada
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que,
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales; en
virtud de ello, la citada prima no puede servir de base en la liquidación de
15
Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 415.
16
Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 268.
17 Cuaderno de pruebas, folio 1.
18
Cuaderno de antecedentes administrativos, folios 451 a 485.
19
Cuaderno de pruebas, folio 1.
20
Cuaderno principal, folios 2 a 4.
21
Cuaderno principal, folios 5 a 6.
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Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
prestaciones; asimismo, se recuerda que, son beneficiarios de la citada prima,
entre otros, quienes desempeñen cargos de Juez.
44. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que, conforme con el certificado
expedido por la entidad demandada el actor pertenece al régimen salarial
denominado no acogido22, en ese sentido, del certificado de pagos y
descuentos obrante en el plenario, expedido el Veintiocho (28) de mayo de Dos
Mil Catorce (2014), con los reportes de nómina desde Primero (1) de enero de
Dos Mil Nueve (2009) hasta el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Catorce
(2014)23, se logra tener certeza que, la entidad demandada le ha pagado
mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima especial de
servicios. Del análisis de dicha certificación se logra advertir que, en efecto, la
entidad demandada pagó al señor Cardozo Aranda la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, como una adición
equivalente al 30 % del salario básico mensual fijado por el Gobierno nacional
para los servidores públicos que no optaron por el régimen establecido en el
Decreto 57 de 1993; a manera de ejemplo se trae a colación las siguientes
anualidades reportadas en la citada prueba, así:
Vigencia Sueldo Gastos de Prima Total Remuneración Decreto fijó
mensual representación especial sueldo + Gobierno remuneración
prima nacional mensual
especial (Régimen de
no acogidos)
2010 $1.665.302 $0.00 $499.291 $2.164.593 $1.664.302 Decreto 1405
de 2010
2011 $1.395.621 $0.00 $572.204 $1.967.825 $1.395.621 Decreto 1041
de 2011
2012 $1.465.403 $0.00 $439.621 $1.905.024 $1.465.403 Decreto 848
de 2012
2013 $1.515.813 $0.00 $454.744 $1.970.557 $1.515.813 Decreto 1034
de 2013
45. Vistas así las cosas, la Sala concluye que, con fundamento en el acervo
probatorio obrante en el expediente, la entidad demandada sí reconoció a Luis
Fernando Cardozo Aranda, el 100 % de la asignación mensual establecida por
el Gobierno nacional para los jueces que no se acogieron al régimen salarial
del Decreto 57 de 1993, así como la prima especial contemplada en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, entendida como un complemento al salario mensual.
22
Cuaderno de pruebas, folio 1.
23
Cuaderno de antecedentes administrativos, folios 451 a 485.
13
Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
46. Finalmente, la Sala ha precisado que24, los aportes sobre la prima especial
solo proceden desde la vigencia de la Ley 332 de 1996, norma que le otorgó
carácter salarial exclusivamente para efectos de cotización al Sistema General
de Pensiones. En ese sentido, conforme con las pruebas aportadas al plenario,
se logró acreditar que el actor quien conservó el régimen anterior al Decreto
57 de 1993, se le pagó la prima especial como un complemento de su salario
mensual, conforme a la Ley 4 de 1992.
47. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada que había
accedido a las pretensiones de la demanda.
2.6 Condena en costas
48. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, por tanto, toda vez que, se revocará la decisión de instancia,
no habrá condena en costas en ambas instancias.
49. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil
Veintiuno (2021), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar:
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor
Luis Fernando Cardozo Aranda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
24
C.P Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 25 de septiembre de 2015, radicado 15001-23-33-000-2017-00169-
02 (0662-2023).
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Número Interno: 2200-2021
Demandante: Luis Fernando Cardozo Aranda
Demandados: Nación – Rama Judicial
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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