Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2017-00175-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2017-00175-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 73001-23-33-000-2017-00175-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 73001-23-33-000-2017-00175-02 (30460)
Demandante MUNICIPIO DE ESPINAL, TOLIMA
Demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
ESPINAL, TOLIMA
Temas Cuotas partes pensionales. Prescripción acción de cobro. Cuentas
de cobro.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, Sala de Oralidad, que dispuso lo siguiente1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
20171100000321 del 13 de enero de 2017, expedido por el agente especial de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, mediante el cual se negó al Municipio de El
Espinal la solicitud de prescripción de las cuotas partes pensionales causadas hasta el 6 de
enero de 2014
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR prescrita la acción ejecutiva para el recobro de las cuotas partes pensionales
causadas con anterioridad al 6 de enero de 2014.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada, a favor de la autoridad demandante.
Las agencias en derecho serán fijadas una vez quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso, y las costas se liquidarán conforme a lo dispuesto en los artículos 365 y
siguientes del Código General del Proceso.
CUARTO: Por Secretaría, liquidar los gastos ordinarios del proceso y, de existir un remanente,
devolverlo a la parte actora. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., expidió la
cuenta de cobro 003 del 13 de junio de 2016 en la que indicó el valor adeudado por
el municipio El Espinal por concepto de cuota partes causadas al 30 de junio de ese
año, era el siguiente
NOTA VALOR
DEUDA ENERO – DICIEMBRE -MESADA/ 2006 20,053,740
DEUDA ENERO – DICIEMBRE – MESADA DE 2007 60,239,228
DEUDA ENERO/2008 – DICIEMBRE-MESADA /2008 40,299,425
DEUDA ENERO – DICIEMBRE – MESADA/ 2009 51,647,310
DEUDA ENERO – DICIEMBRE MESADA - 2012 58,120,419
DEUDA DICIEMBRE – MESADA ADICIONAL/ 2013 58,637,922
DEUDA A ENERO – DICIEMBRE Y MESADAS / 2014 59,179,788
1
Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF sentencia.
Radicado: 73001-23-33-000-2017-00175-02 (30460)
Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
NOTA VALOR
DEUDA A ENERO – DICIEMBRE – MESADA/ 2015 53,255,850
DEUDA A JUNIO Y MESADA ADICIONAL / 2016 26,369,243
TOTAL 427,802,925
Mediante escrito con radicación del 6 de enero de 2017, el municipio del Espinal
solicitó la prescripción de las cuotas partes pensionales a su cargo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006.
Dicha petición fue negada mediante el oficio 20171100000321 del 13 de enero de
2017 por parte de la empresa de acueducto2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
2.1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio radicado
20171100000321 de 13 de enero de 2017 expedido por el agente especial de la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. por el cual se negó la petición de
prescripción de las cuotas partes pensionales efectuada por el municipio el (sic) petición
radicada el 06 de enero de 2017.
2.2. Que a título de restablecimiento del derecho se disponga que la prescripción de cuotas
partes operó frente a las cuotas partes anteriores a la petición es decir desde el mes de
enero de 2014 y anteriores.
2.3. Que se ordene a la demandada abstenerse de ejecutar o proseguir procesos frente a las
obligaciones que se decrete la prescripción.
2.4. Que se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437
de 2011.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 1, 2, 6,
y 209 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 1066 de 2006; 1, 2, 28 y 35
del Código Contencioso Administrativo; 1, 2, 3, 37, 38, 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 94 Código
General del Proceso; 90 Código de Procedimiento Civil; y 831 y 833 Estatuto
Tributario. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera.
Expuso que, por mandato de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas que
tengan a su cargo el recaudo de dinero público cuentan con la facultad de cobro
coactivo para hacer efectivas las obligaciones a su favor, para lo cual deben acatar
el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario, que en su artículo 818 dispuso
que la prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del
mandamiento de pago, por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el
pago.
En caso de que no se aplicara dicha normativa, el Código General del Proceso y el
Código de Procedimiento Civil, compartían el criterio según el cual la prescripción
2
La actuación puede consultarse en Samai. Gestión otros despachos. 73001230000020170017501. Índice 14. PDF
cuaderno principal. Páginas 17 y siguientes del PDF.
3
Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF demanda.
2
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Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
exigía «la presentación y notificación de la demanda dentro del año siguiente a su presentación
(Artículo 94 C.G.P. y artículo 90 C.P.C).». En consecuencia, la interrupción de dicho
fenómeno era un acto formal, que requería que se iniciara un procedimiento jurídico,
bien fuera el cobro coactivo o el proceso ejecutivo4.
Sostuvo que las cuotas partes pensionales prescriben dentro de los 3 años
siguientes a su causación, sin embargo, en el presente caso la parte demandada
no inició la demanda ejecutiva ni expidió el respectivo mandamiento de pago, lo que
daba lugar a la extinción del derecho de cobro.
A su vez, precisó que la prescripción tampoco se interrumpía con la radicación de
las cuentas de cobro, tal como lo afirmaba la empresa de acueducto.
Oposición de la demanda
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal controvirtió las
pretensiones de la demanda proponiendo las excepciones de legalidad de los actos
y temeridad y mala fe5. Expuso que la decisión adoptada estaba ajustada a la ley, y
que el municipio estaba obligado al pago de las cuotas pensionales que le fueron
solicitadas mediante cuentas de cobro, sin embargo, pretendía eludir su
responsabilidad mediante la aplicación de las normas jurídicas a su conveniencia e
induciendo en error al operador judicial.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, declaró la nulidad del acto
demandado por lo siguiente6:
Adujo que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 y el criterio de
la Corte Constitucional al estudiar dicha norma, la prescripción aplica para el
derecho de recobro de las cuotas partes pensionales entre entidades concurrentes,
y para su cómputo debe tenerse en cuenta la fecha en que se realizaron los pagos
de las respectivas mesadas al tratarse obligaciones crediticias de carácter periódico.
Precisó que para el Consejo de Estado7 el término de la prescripción debía contarse
a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir, desde el momento en que se
efectuaba el desembolso de las mesadas pensionales y no desde la notificación de
la cuenta de cobro.
Para resolver el caso concreto indicó que en la certificación expedida el 11 de
octubre de 2022, el director Jurídico de la Empresa de Acueducto constaba que,
previa verificación, no se evidenciaba la iniciación de proceso coactivo alguno en
contra del municipio demandante por concepto de cuotas partes pensionales
correspondientes a los períodos de enero de 2006 y junio de 2016. Además, en el
expediente reposaban únicamente las cuentas de cobro remitidas a la demandante
entre enero de 2010 y marzo de 2017.
De manera que, como la entidad demandada se abstuvo de ejercer las
correspondientes acciones de cobro dentro del plazo de los 3 años contados a partir
4
Al efecto transcribió la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 7 de marzo de 2013,
expediente 0948-12, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero: y el concepto 10054 de 2007 proferido por la Dirección Jurídica
de Colpensiones.
5
Samai. Gestión otros despachos. 73001230000020170017501. Índice 14. PDF cuaderno principal. Páginas 79 y
siguientes.
6
Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF sentencia.
7
Citó la sentencia del 16 de junio de 2022, exp 26309, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
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Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
del pago de las mesadas de «enero de 2010» y el 6 de enero de 2014 (tres años antes
de la solicitud de prescripción), y considerando que la sola presentación de la cuenta
de cobro no interrumpía por sí sola esta figura, era dable acceder a las pretensiones
de la interesada.
En consecuencia, declaró la nulidad del acto y, a título de restablecimiento del
derecho, declaró prescrita la acción ejecutiva para el recobro de cuotas partes
pensionales causadas con anterioridad al 6 de enero de 2014.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandada y dispuso fijar las agencias
en derecho una vez ejecutoriada la providencia.
Recurso de apelación
La parte demandada apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a
exponerse8:
Alegó el desconocimiento del artículo 2539 del Código Civil, el cual establece que
el término de prescripción podía interrumpirse por el reconocimiento tácito o expreso
del derecho por parte del deudor, sin necesidad de la existencia de un proceso
judicial en curso. Para el efecto, el municipio recibió de manera sistemática las
cuentas de cobro enviadas por la empresa de acueducto, sin proponer objeción
alguna, lo que de suyo implicó la aceptación tácita que conlleva la interrupción del
fenómeno jurídico en cuestión.
Sumado a ello, las cuentas presentadas obedecían a una práctica reiterativa y
acumulativa, donde se actualizaban mensualmente los valores adeudados desde el
año 2006, lo que denotaba la existencia de una relación jurídica continua, así como
una conducta activa y diligente por parte de la empresa demandada.
Adujo que la omisión por parte del municipio de controvertir las cuentas de cobro,
además de constituir un reconocimiento tácito de la deuda, representaba una
afectación a los principios de buena fe y colaboración armónica entre entidades
públicas, resultando contradictorio que, tras años de aceptación pasiva de los
mecanismos de cobro utilizados por la demandada, ahora pretendiera invocar esa
misma pasividad como argumento para evadir el cumplimiento de su obligación.
Puso de presente que por mandato del artículo 82 de la Ley 2381 de 2024, las
acciones para exigir el pago de las obligaciones pensionales son imprescriptibles.
Así mismo, al expediente se aportaron los documentos que daban a entender la
obligación clara, expresa y exigible, esto es, las cuentas de cobro desde el 31 de
enero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2017, como consecuencia del procedimiento
persuasivo.
Indicó que todas las mesadas discutidas en el presente asunto corresponden a
pagos realizados de manera mensual desde enero de 2010 a marzo de 2017 e
insistió en que la empresa remitió todas las facturas de cobro y comunicaciones de
manera periódica solicitando su reconocimiento, por lo que el municipio demandante
tenía plena certeza de su existencia.
Advirtió que el artículo 94 del Código General del Proceso estableció que el término
de prescripción también se interrumpía por «el requerimiento escrito realizado al deudor
8
Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF apelación.
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directamente por el acreedor», el cual solo podía hacerse por una vez. Así mismo, era
conveniente analizar los artículos 1 y 2 de la Ley 53 de 1887 frente a la
incongruencia entre la ley anterior y la posterior.
Manifestó que en las relaciones interinstitucionales la prescripción no debía
aplicarse mecánicamente sino conforme a los principios de colaboración armónica
y buena fe.
Oposición a la apelación
El municipio demandante guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público9 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
para lo cual sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
la interrupción de la prescripción exige un reconocimiento expreso o una actuación
judicial idónea, y no la mera pasividad frente a comunicaciones administrativas.
Así mismo, dicha corporación ha sido enfático en precisar que las cuentas de cobro
no constituyen actos idóneos para suspender el término de prescripción, de manera
que la conducta del municipio al limitarse a recibir las cuentas sin pago ni acuerdos,
no podía entenderse como un reconocimiento válido de la obligación.
En cuanto al argumento relacionado con la aplicación del artículo 82 de la Ley 2381
de 2024, sostuvo que se trataba de una norma posterior cuyos efectos debían regir
hacia el futuro. Por ende, las cuotas partes pensionales anteriores al 2014 estaban
sujetas al régimen de la Ley 1066 de 2006.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación propuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del
Oficio 20171100000321 del 13 de enero de 2017, en el que la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal negó la prescripción de unas cuotas
partes pensionales causadas desde enero de 2006 a junio de 2016.
Análisis del caso concreto
En la sentencia de primera instancia el Tribunal declaró la prescripción de las cuotas
partes pensionales causadas hasta el 6 de enero de 2014, comoquiera que i) no se
realizaron las acciones de cobro en el término de 3 años y ii) la presentación de
cuentas de cobro no interrumpe esta figura.
Se pone de presente que, en el recurso de apelación, la empresa de acueducto no
cuestionó el conteo realizado por el tribunal ni las fechas tomadas para ello, razón
por la cual la Sección no se pronunciará al respecto al considerarse que la
recurrente «dejó precluir la oportunidad para atacar en forma concreta dicho cálculo»10.
9
Samai. Índice 14.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 4 de septiembre de 2025, exp 28884, M.P. Claudia Rodríguez
Velásquez
5
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Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
Se tiene, entonces que lo manifestado en el recurso es que en este caso el término
de prescripción se interrumpió con el envío continuo de las cuentas de cobro
actualizadas desde el año 2010 al municipio, quien por su parte nunca propuso
objeción al respecto, lo que implicaba una aceptación tácita de la obligación, tal
como lo permitía la norma civil, y sin la necesidad de un proceso judicial en curso.
Aceptar lo contrario, sería desconocer los principios de buena fe y colaboración
armónica entre entidades públicas.
Alegó que por mandato del artículo 82 de la Ley 2381 de 2024, las acciones para
exigir el pago de las obligaciones pensionales son imprescriptibles, y que, en este
caso, las cuentas de cobro eran claras, expresas y exigibles. Así mismo, el artículo
94 del Código General del Proceso dispuso que el término de prescripción se
interrumpía con el requerimiento escrito realizado al deudor por una vez.
Solicita la conveniencia de analizar los artículos 1 y 2 de la Ley 53 de 1887 dada la
incongruencia entre la ley anterior y posterior sobre la materia.
Sobre la prescripción de la acción de cobro de cuotas partes pensionales en esta
oportunidad se acudirá al criterio expuesto en las sentencias, del 15 de marzo de
202411, reiterada en fallos del 13 de junio de 202412 y del 6 de marzo de 202513, las
cuales resolvieron controversias similares a la del sub examine
En dichas decisiones se expuso que, conforme la Sentencia C-895 de 200914 de la
Corte Constitucional, la prescripción es aplicable respecto del derecho al recobro de
las cuotas partes pensionales entre entidades concurrentes porque se trata de
obligaciones crediticias de expiración periódica, la cual no afecta la existencia o
exigibilidad de derechos irrenunciables.
Destacó que, para calcular el término de prescripción, es necesario tener en cuenta
la fecha en la que se hicieron los pagos de las mesadas pensionales y la norma
vigente para ese momento, así:
Cuotas partes pensionales Prescripción
Antes del 27 de diciembre de 2002 10 años
Entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002) y el
5 años
29 de julio de 2006 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006)
Con posterioridad al 29 de julio de 2006 (artículo 4 de la Ley 1066 de 2006) 3 años
De esta forma, el cómputo de la prescripción de las cuotas partes pensionales se
debe realizar a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, cuando se hace
efectivo el desembolso de las respectivas mesadas15 y hasta la fecha de notificación
del mandamiento de pago, ya que en ese momento se interrumpe el término para
el cobro, según lo previsto en el artículo 818 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Ahora bien, en cuanto al argumento según el cual el envío constante y pacífico de
las cuentas de cobro tiene el carácter suficiente para interrumpir la prescripción, la
Sección en un proceso anterior desestimó esa actuación por parte de la acreedora,
11
Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp 28076, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp 28516, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp. 28857, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
En este sentido ver la Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional y, de esta Sección, las sentencias del 31 de
octubre de 2018, Exp. 23201, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 16 de junio de 2022, Exp. 26309, M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto y del 26 de octubre de 2023, Exp. 27687, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
6
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Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
debido a que de ninguna manera configuraba la interrupción natural de la
prescripción extintiva ni el reconocimiento tácito de la obligación por parte deudor16.
De igual forma, recientemente se ha manifestado que «no toda actuación de la entidad
ejecutante tiene la virtud de afectar el término de prescripción, pues solo los supuestos expresamente
consagrados en el artículo 818 del ET pueden producir dicho efecto», 17 por lo que no puede
considerarse que el solo hecho de recibir las cuentas de cobro implica aceptar la
obligación ni muchos menos reemplaza el deber del ejecutante de iniciar las
acciones de ley como la expedición del mandamiento de pago, sin que esto se
derive en algún desconocimiento de los principios de buena fe y colaboración
armónica entre entidades públicas.
La aplicación del artículo 94 del Código General del Proceso, norma que entre otras
cosas dispuso que la prescripción se interrumpía con el requerimiento escrito
realizado al deudor, también ha sido objeto de estudio por esta Corporación. Al
respecto se dijo que «debe corresponder a una verdadera intimación, exigencia o apremio
escrito para que se cumpla con la obligación insatisfecha, esto es, que se proceda con el pago de lo
debido». 18
En esa misma oportunidad se precisó que el «supuesto previsto en el Código General del
Proceso resulta aplicable por la remisión que el artículo 100 del CPACA efectúa, en últimas, a la
normativa procesal civil en lo relacionado con los procesos ejecutivos 19».
Acto seguido concluyó que «como la causal de interrupción de la prescripción establecida en
el artículo 94 del CGP opera tanto para procesos de conocimiento, como ejecutivos fuerza concluir
su aplicabilidad al proceso de cobro coactivo»
Aplicado lo anterior al presente asunto, se observa que dicha situación no se
encuentra demostrada en este caso, ya que la apelante no manifiesta la existencia
de alguna actuación al respecto más allá que del envío de las cuentas de cobro,
actuación que como se dijo en precedencia de ninguna manera suspende el conteo
de la interrupción, ni constituye apremio para el cumplimiento de la obligación, tanto
que la misma empresa de acueducto reconoce que se ajustaban cada mes desde
2010 dada la omisión de la demandante en realizar los pagos.
La parte apelante también sostiene que en este caso debe atenderse la figura de la
imprescriptibilidad de cuotas partes dispuesta en el artículo 82 de la Ley 2381 de
2024. Al respecto la Sección precisa que, la Corte Constitucional por auto A-841-25
del 27 de junio de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, suspendió la entrada en
vigencia de dicha norma, por lo que no es viable realizar el análisis propuesto por la
demandante, de ahí que tampoco se deba estudiar la observancia de los artículos
1 y 2 de la Ley 53 de 1887, como lo afirma la demandada.
Conclusión
La Sección estima que ninguno de los argumentos planteados por la entidad
demandada son suficientes para desvirtuar la prescripción y el conteo que para ello
16
Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp 23201, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2025, exp. 29613, M.P. Wilson Ramos Girón, reiterada
en sentencia del 4 de septiembre de 2025, exp. 28884, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez
18
Este criterio fue expuesto en la sentencia del 31 de octubre de 2018, exp 23201, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Para lo que interesa al caso, y luego de establecer las reglas de procedimiento aplicables a los procedimientos de cobro
coactivo, la disposición en mención prevé: “…para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas
normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento
establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso
ejecutivo singular.”
7
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Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
tuvo en cuenta el tribunal en su decisión, por lo que en principio se debería confirmar
el fallo de primera instancia.
No obstante, comoquiera que dicha figura operó frente a los períodos anteriores al
6 de enero de 2014, se deberá modificar el ordinal primero de la decisión de primera
instancia para en su lugar declarar la nulidad parcial en tanto la obligación debe
permanecer para los meses posteriores, esto con el fin de mantener la congruencia
y coherencia de las decisiones judiciales, elemento esencial de la legitimidad de la
administración de justicia20.
Condena en costas
El Tribunal condenó en costas, decisión frente a la cual no se presentaron reparos
concretos.
En cuanto a las costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso),
como se considera que hay nulidad parcial de los actos demandados, la Sección se
abstendrá de condenar, de conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de primera instancia proferida el
2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad,
el cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Oficio No.
20171100000321 del 13 de enero de 2017, expedido por el agente especial de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del El Espinal, mediante el cual se negó al Municipio de El
Espinal la solicitud de prescripción de las cuotas partes pensionales causadas hasta el 6 de
enero de 2014.
2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderado de la parte
demandante, el abogado Carlos Alberto Ruiz Castiblanco, en los términos del
poder obrante en el índice 16 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
20
Ver en igual sentido los fallos del 29 de febrero de 2024, exp 27642 y del 31 de octubre de 2024, exp 28553, con ponencia
de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
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Radicado: 73001-23-33-000-2017-00175-02 (30460)
Demandante: Municipio de Espinal, Tolima
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
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