Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00202-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00202-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2017-00202-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: LINA JOHANA CACAIS GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS –
CADUCIDAD EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – Los afectados deben gozar
de las garantías y el acompañamiento necesario del Estado para el retorno en condiciones
de seguridad al lugar del que fueron desplazados – El desplazamiento forzado obliga a este
grupo poblacional a enfocarse en superar las situaciones de vulnerabilidad y marginalidad
y acceder a las condiciones mínimas de subsistencia; por tanto, en este tipo de casos
resulta necesario verificar si los afectados estaban en condiciones reales de demandar al
Estado con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para tal efecto / FALLA DEL
SERVICIO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - Para que el Estado responda por el incumplimiento de la
obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que tenía conocimiento de
la situación de riesgo o peligro en que se encontraba las víctimas, pues tal conocimiento es
el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades - LA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO - Requiere de un criterio de razonabilidad respecto de la previsibilidad, el cual
debe partir de un conocimiento de la situación de riesgo particular de las víctimas o del
contexto generalizado de violencia de la zona donde ocurrió el desplazamiento / CONDENA
EN COSTAS – En la sentencia SU-241 de 2024 la Corte Constitucional estableció que en
los casos en los que se ventilan posibles violaciones a los derechos humanos,
especialmente ocurridas en el contexto del conflicto armado, por ser procesos que revisten
un interés público, no procede la condena en costas judiciales.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Rosendo Cacais Caleño y su grupo familiar fueron desplazados el 16 de
febrero de 2005 de la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, en virtud de las
amenazas e intimidaciones de un grupo armado ilegal, posteriormente, intentaron
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
regresar a la finca de su propiedad; sin embargo, fueron nuevamente amenazados,
motivo por el cual el 21 de agosto de 2007 tuvieron que desplazarse de manera
definitiva. Se solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades
demandadas, en consideración a que i) las FARC realizó amenazas y
hostigamientos en su contra, lo que produjo el desplazamiento forzado, hechos que
se produjeron como consecuencia de la muerte de uno de sus familiares y, ii) por
cuanto no prestaron la protección necesaria a los actores, a pesar de que su lugar
de residencia se encontraba en una zona de conflicto y por combatir a grupos al
margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.
II. ANTECEDENTES
1.- La demanda
En escrito presentado el 18 de abril de 2017 (fls. 15 a 25 c. 1), los señores Rosendo
Cacais Caleño, María Elsy González Lugo, Diana Patricia Cacais González,
Mercedes Cacais González, Lina Johana Cacais González y Francy Judith Cacais
González, por conducto de apoderado judicial (fl. 2 c. 1), interpusieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el
fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por el desplazamiento
forzado de que fueron víctimas en dos ocasiones, la primera el 16 de febrero de
2005 y la segunda el 21 de agosto de 2007.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron por concepto de
indemnización de perjuicios morales la suma de $30’000.000, por daño psicológico
la suma de $20’000.000, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño
emergente la suma de $22’880.000 y en la modalidad de lucro cesante la suma de
$485’749.029.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
El señor Rosendo Cacais Caleño vivía con su esposa y sus dos hijas en la finca El
Paraíso, ubicada en la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, Tolima, lugar
en el que se dedicaban a las labores del campo.
El 16 de febrero de 2005, las FARC amenazó al señor Rosendo Cacais Caleño y
su núcleo familiar, lo que generó su desplazamiento forzado; posteriormente,
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Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
intentó regresar a su finca; sin embargo, fue nuevamente amenazado, por lo que el
21 de agosto de 2007 fueron desplazados de manera definitiva.
Se narró que “entre 2005 y 2009 (sic) el conflicto armado interno marcó diferentes
municipios del norte y sur del Tolima dejando un sin número de víctimas de
diferentes hechos, acaeciendo desafortunadamente a mi cliente uno de esos
sucesos cuando el Frente 21 de las FARC empezó a realizar amenazas y
hostigamientos en contra del señor Rosendo Cacais y su familia que finalmente
llevó a realizar un desalojo forzado con el fin de proteger su integridad y la de su
grupo familiar, hechos que se derivaron posteriormente de la muerte de su cuñado
Armando Callejas esposo de su hermana Blanca Nidia Cacais Caleño, quienes
fueron objeto de lamentables hechos con motivo a que su hijo se encontraba
realizando curso de suboficial en la Policía Nacional y para lo cual estos subversivos
tildaban de colaboradores lo que llevó a que se convirtieran en blanco de múltiples
violaciones de sus derechos humanos”.
Según la demanda, el Estado incurrió en responsabilidad de tipo indirecto, en dos
aspectos, primero, por cuanto no prestó la protección necesaria al señor Rosendo
Cacais Caleño y su núcleo familiar, a pesar de que su lugar de residencia se
encontraba en una zona de conflicto -Sur del Tolima- y, segundo, por combatir
contra grupos al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.
Finalmente, argumentó que el desplazamiento no había cesado, porque los
afectados no habían podido asentarse en un lugar fijo de residencia que les
permitiera estabilizarse económicamente.
2.- Trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
auto de 29 de agosto de 2017, que se notificó en debida forma a las entidades
demandadas y al Ministerio Público (fl. 84 c. 1).
2.2. El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad
procesal y, en síntesis, adujo que no todos los daños sufridos por las personas se
podían atribuir automáticamente al Estado, menos aún cuando los afectados no
acudieron a alguna brigada o batallón a solicitar protección, sin que pudiera
exigírsele lo imposible, en atención a que no tenía conocimiento de que el núcleo
familiar era víctima de asedios y amenazas por parte de las FARC.
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Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Adicionalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y hecho exclusivo de un tercero, teniendo en cuenta que la causa del
presunto desplazamiento obedeció a amenazas e intimidaciones perpetradas por
el Frente 21 de las FARC que delinquían en el departamento del Tolima (fls. 116 a
125 c. 1).
2.3. La Fiscalía General de la Nación contestó oportunamente la demanda y
sostuvo que de los hechos del libelo introductorio y de las pruebas que la parte
actora pretendía hacer valer en el proceso, no se evidenciaba cuáles fueron las
determinaciones adoptadas por la entidad y que aparentemente comprometían su
responsabilidad.
Formuló las siguientes excepciones:
Caducidad, en el entendido de que no se identificó cuándo ni qué tipo de solicitud
se elevó a la Fiscalía General de la Nación, en aras de lograr la prestación de algún
servicio, de modo que no era posible ajustarse a las reglas para el cómputo de la
caducidad.
Inexistencia de los supuestos de la responsabilidad, en atención a que la parte
actora no identificó cuál era el hecho generador del daño que se le atribuía a la
entidad.
Legitimación en la causa por pasiva, por cuanto brillaba por su ausencia la
participación de la Fiscalía General de la Nación en los hechos de la demanda.
Hecho de un tercero, porque de los hechos de la demanda se desprendía que los
causantes del daño fueron integrantes del Frente 21 de las FARC (fls. 137 a 148 c.
1).
Al contestar la demanda, la Policía Nacional propuso las siguientes excepciones:
Falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la Policía
Nacional no tuvo requerimiento previo mediante el cual se le hubiera puesto en su
conocimiento las extorsiones o amenazas por parte de grupos armados ilegales
que originaron el presunto desplazamiento.
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Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
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Ausencia de nexo causal, porque no obraba prueba en el proceso indicativa de que
se le avisó oportunamente a la Policía Nacional sobre amenazas de
desplazamiento del grupo familiar demandante.
Ausencia de una actuación indebida de la entidad, porque no conocía que el grupo
demandante era víctima de extorsiones y amenazas que generaron el
desplazamiento (fls. 149 a 162 c. 1).
3. Audiencia inicial
El 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial, oportunidad en la que
se resolvieron las excepciones propuestas. Posteriormente, se fijó el litigio en los
siguientes términos:
Con la enunciación de los fundamentos fácticos tanto de la parte demandante
como de la parte demandada, el Magistrado indicó que el objeto del proceso
es hacer claridad sobre las circunstancias previas al desplazamiento y
establecer si realmente ocupaban una zona del territorio colombiano donde
afirman se dedicaban a la explotación agropecuaria.
Sin embargo, para llegar a la solución de esta problemática, es necesario desde
el punto de vista fáctico determinar: i) cuál era el nivel de productividad de renta
de generación de ingresos en esa actividad, ii) establecer si los aquí
demandantes activaron o no la actuación de la fuerza pública, si solicitaron su
intervención para ser protegidos y evitar el desplazamiento o el hecho de que
en esta zona del municipio de Chaparral fuera notoria (sic) entre la fuerza
pública y la insurgencia hace que fuera innecesaria la activación de la fuerza
pública.
Desde el punto de vista jurídico habrá de determinarse si los eventuales daños
que hubiesen podido sufrir los aquí demandantes, son imputables o no la
Fuerza Pública aquí convocada o son consecuencia exclusiva del actuar de un
tercero en este caso de la insurgencia.
Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de
concertación entre las partes, y se profirió decisión en relación con las solicitudes
probatorias elevadas (fls. 199 a 204 c. 1).
El 30 de enero de 2019, se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo
181 de la Ley 1437 de 2011 y se corrió traslado las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto
(fls. 241 a 244 c. 1).
3.1. Los demandantes sostuvieron que la prueba testimonial recepcionada en el
proceso demostraba que el motivo del desplazamiento consistió en las amenazas
y extorsiones de que fueron objeto por parte del Frente 21 de las FARC y por la
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Referencia: Medio de control de reparación directa
muerte de uno de sus familiares, quien tenía un hijo que era miembro de la Fuerza
Pública (fls. 263 a 264 c. 1).
3.2. El Ejército Nacional reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda e insistió en la configuración de la causal excluyente de responsabilidad
del hecho de un tercero, además los demandantes no dieron aviso sobre las
amenazas y extorsiones a las tropas que desarrollaban operaciones de control
territorial y restablecimiento del orden público en la zona donde manifestaron que
fueron desplazados (fls. 245 a 249 c. 1).
3.3. La Policía Nacional adujo que la parte actora no logró probar la falla en el
servicio atribuida en la demanda, porque no se demostró que hubiera interpuesto
denuncia o solicitado medidas de protección por las amenazas de que era objeto
de parte de un grupo armado ilegal (fls. 250 a 261 c. 1).
3.5. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4.- Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima
negó las pretensiones de la demanda.
Para arribar a la anterior conclusión, consideró que se encontraba acreditado que
los demandantes ostentaban la calidad de víctimas de desplazamiento y se
encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 1 de octubre de
2007, excepto Diana Patricia Cacais y Mercedes Cacais González, por lo que frente
a ellos no podía tenerse como acreditado el daño.
En cuanto a la imputación, puntualizó que no había pruebas que permitieran
acreditar que existía un conocimiento generalizado de la situación de orden público
en la zona y lo que se desprendía del oficio 1562 de 14 de marzo de 2018 era que
se desarrollaron operaciones militares en el área general del municipio de Chaparral
contra las FARC, sin que se demostrara a través de otros medios de prueba la
notoria situación de amenazas, actos o ataques terroristas en el sector donde se
originó el desplazamiento forzado, luego la sola presencia de los grupos armados
ilegales no resultaba suficiente para lograr la declaratoria de responsabilidad de las
entidades demandadas.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Bajo el mismo hilo argumentativo, razonó que no obraban pruebas que acreditaran
que las demandadas tuvieron conocimiento de las amenazas que recibieron los
demandantes o que se hubiera realizado una denuncia efectiva, así mismo no se
logró evidenciar alguna solicitud de protección para que las autoridades tomaran las
medidas tendientes a garantizar la vida e integridad de los actores.
Para reforzar su posición, argumentó que tampoco existían pruebas contundentes
que demostraran que la vereda “El Moral”, jurisdicción del municipio de Chaparral,
era objeto de constantes ataques subversivos o actos terroristas para la época en
que ocurrió el desplazamiento forzado.
Con base en los anteriores argumentos, concluyó que el daño fue producto del
hecho exclusivo de un tercero y que no existían pruebas para determinar que las
demandadas tenían conocimiento previo de las amenazas y extorsiones sufridas
por los demandantes, sin que la presencia de grupos armados ilegales resultara
suficiente para declarar la responsabilidad del Estado (fls. 265 a 274 c. ppal).
5- El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y como sustento manifestó que con anterioridad y posterioridad a la
ocurrencia de los hechos había un conocimiento generalizado de la situación de
orden público en la zona y de que el municipio de Chaparral se había visto afectado
por grupos subversivos, además se pudo comprobar que el señor Rosendo Cacais
el 15 de septiembre de 2011 informó a la Fiscalía Seccional de Chaparral que en el
año 2005 fue víctima de desplazamiento forzado, declaración que aunque se rindió
después de los hechos, había que entender que el miedo y la zozobra no lo
permitieron en ese momento.
De otro lado, hizo énfasis en que abandonar su finca fue un hecho notorio para los
habitantes de la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, además de que dicho
evento fue puesto en conocimiento del personero municipal, quien certificó que los
actores se fueron de la vereda por las amenazas constantes recibidas, motivo por
el cual la Fuerza Pública tuvo pleno conocimiento del hecho ocurrido y la situación
de vulnerabilidad y aun así ignoró la obligación constitucional de protección que le
correspondía (fls. 285 a 302 c. ppal).
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Referencia: Medio de control de reparación directa
6- El trámite en segunda instancia
6.1. En proveído del 10 de octubre de 2019, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto y, por auto del 7 de febrero de 2020, corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto
(fls. 328; 335 c. ppal).
6.2 En esa oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación reiteró los
argumentos expuestos a lo largo del proceso (fls. 341 a 352 c ppal).
6.3. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia, toda vez que no se logró acreditar que las demandadas tuvieran
conocimiento de las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado del
grupo familiar demandante y no se probó que el hecho era previsible, en razón a
las especiales circunstancias que se vivían en el momento.
Explicó que, aunque se aceptara que la Fuerza Pública podía tener un conocimiento
general de la violencia existente en Chaparral, de ello no se desprendía que
supieran del problema concreto de violencia que tenían los demandantes (fls. 367
a 378 c ppal).
6.4. La parte demandante y las entidades demandadas, Ejército Nacional y Policía
Nacional, guardaron silencio en esta etapa procesal.
7.- Mediante auto de 11 de febrero de 2025, se dio la oportunidad a la parte
demandante de que exponga los motivos por los cuales no le fue posible acudir ante
la jurisdicción en el término legal, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los
hechos narrados en la demanda, oportunidad en la que guardó silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con el artículo 147 del CPACA,
por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía1, según lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los
1
En el acápite de la estimación razonada de la cuantía se solicitó por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $485’749.029.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la
demanda (18 de abril de 2017)2.
2.- La caducidad de la acción
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador
instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas
acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la
carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer
efectivo su derecho.
Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446
de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe
ser declarada de oficio por el juez.
En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos –16 de febrero
de 2005 y 21 de agosto de 2007-, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de
19843, que establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento
del plazo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del
hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el
desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la
demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.
Es importante resaltar que esta Sección Tercera de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para
computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho
dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad
de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que
2
A la fecha de presentación de la demanda equivalían a $368’858.500.
3
Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la
Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
“(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para
ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la
configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la
jurisdicción.
De acuerdo con lo relatado en la demanda, el señor Rosendo Cacais Caleño vivía
con su esposa y sus dos hijas en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda “El Moral”
del municipio de Chaparral, Tolima, lugar del que fueron desplazados en dos
ocasiones, la primera el 16 de febrero de 2005 y la segunda el 21 de agosto de
2007.
En el expediente reposan unas certificaciones expedidas el 16 de febrero de 2005
y el 21 de agosto de 2007 por el personero municipal y el secretario general y de
gobierno del municipio de Chaparral, mediante las cuales se informó que Rosendo
Cacais manifestó que se desplazaba con su núcleo familiar del municipio de
Chaparral por razones de orden público y amenazas de muerte (fls. 10 y 12 c. 1).
En los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera, se tiene que
esos mismos días los demandantes advirtieron la posibilidad de imputar
responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que desde esa fecha
conocieron la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones de
seguridad, pues conforme a la imputación, fue la inactividad del Estado para
adoptar medidas de protección a favor de los demandantes ante las amenazas y
hostigamientos de las FARC en contra del señor Rosendo Cacais y su grupo
familiar, lo que finalmente llevó al desplazamiento forzado.
Según esta perspectiva, el término de caducidad se vencía a más tardar el 21 de
agosto de 2007; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el
15 de noviembre de 2016 y la demanda se presentó el 18 de abril de 2017, cuando
el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.
Se debe precisar que no se está contabilizando el término de caducidad desde que
inicia el desplazamiento, como si se tratara de un daño instantáneo, pues se trata
claramente de un daño continuado frente al cual el término de caducidad de
computa desde que verifica su cesación, la referida sentencia de unificación se
tiene en cuenta porque la demandada se edificó en la omisión de las autoridades
en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, la cual en sus precisos términos
sería conocida los mismos día por los afectados, habida cuenta de que, según la
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
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demanda, fue precisamente esa omisión del Estado ante las amenazas de las
FARC lo que produjo el desplazamiento forzado del grupo familiar demandante.
Ahora bien, en los casos en que el daño alegado es producto de delitos de carácter
continuado, como ocurre con el desplazamiento, desaparición forzada o secuestro,
el término de 2 años previsto en la ley sólo podrá computarse teniendo en cuenta
las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se
prolonga en el tiempo4. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:
En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la
ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,
omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño
adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel,
es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la
imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los
eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se
analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Bajo esta misma lógica, la Corporación5 ha estimado que, en los eventos de
daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición
forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación
directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es,
cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen o
en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal (…)”6.
Concretamente, en materia de desplazamiento forzado, esta Corporación ha
considerado que el término de caducidad se cuenta desde el momento en el que el
daño cesa7, evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno
o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 8. De igual
manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las personas que
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013,
expediente 48.152, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente
40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de
2011, proferido por la Subsección C, expediente 41.037, M.P. Enrique Gil Botero.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015,
radicado 20040151201 y auto del 10 de febrero de 2016, radicado 201500934 01, ambas con
ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. nº
00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp:
201500934 01(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón.
11
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse reasentado o
arraigado en otro lugar9 o que pudieran encontrarse elementos que permitieran
considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración de justicia,
circunstancia que tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad10.
En estas condiciones, lo primero que se debe advertir es que en el proceso no obra
un fallo penal definitivo por los hechos del desplazamiento de que fue víctima el
grupo familiar demandante, así como tampoco elementos de convicción para
establecer que retornaron al lugar del que fueron desplazados. El anterior aspecto
fue ratificado por el señor Hugo Quijano Oliveros habitante de la vereda “El Moral”,
municipio de Chaparral, quien en su declaración rendida en el proceso el 30 de
enero de 2019, manifestó que el señor Rosendo Cacais salió de la finca y como a
los dos años regresó; sin embargo, le tocó volver a salir porque fue nuevamente
amenazado, entonces “ya no volvió, dejó todo botado allá” (fls. 241 a 244 c. 1; cd
audiencia de pruebas - 9:10-28:50).
A su vez, el señor Rafael Escobar Peñuela, habitante de la vereda “El Moral”,
municipio de Chaparral, en su declaración rendida en el proceso el 30 de enero de
2019, sostuvo que el señor Rosendo Cacais y su familia tuvieron que emigrar de la
vereda “El Moral” y “hasta la fecha no ha regresado a su finca” (fls. 241 a 244 c. 1;
cd audiencia de pruebas - 29:31-47:50).
Con el material probatorio obrante en el proceso tampoco es posible señalar que
estaban dadas las condiciones de seguridad para que se produjera el retorno. En
efecto, ninguna de las pruebas que conforman el expediente resultan indicativas de
que los actores gozaran de las garantías y el acompañamiento necesario por parte
de alguna autoridad del Estado para el retorno en condiciones de seguridad, a lo
que debe agregarse que el señor Rafael Escobar Peñuela, habitante de la vereda
“El Moral” en el municipio de Chaparral, aseguró que el señor Rosendo Cacais tuvo
que negociar su finca,(cd. Aud. pruebas 29:31-47:50), luego tampoco tenía un lugar
al que retornar. Lo anterior, según se desprende de la prueba testimonial, se debió
a razones de necesidad y no de simple voluntariedad, habida cuenta de cuando
intentó retornar a su inmueble fue nuevamente amenazado, sin que tampoco obren
9
Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp: 64.893. M.P.
José Roberto Sáchica Méndez
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Exp.
62.500.
12
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
en el expediente elementos de convicción que permitan entender que no quería
mantener su residencia vereda en la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral.
Cabe señalar que el artículo 28 numeral 11 de la Ley 1448 de 201111 establece que
el retorno o reubicación en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad,
constituyen un derecho de las víctimas de desplazamiento forzado.
La Corte Constitucional a través del Auto 383 de 2010 menciona que “el retorno es
un derecho de la población en situación de desplazamiento y como tal, debe
considerarse entre los mínimos prestacionales que debe garantizar el Estado”
El acompañamiento se refiere a las acciones que debe emprender el Estado
dirigidas a que la población víctima de desplazamiento forzado que ha tomado la
decisión de retornar, reubicarse o integrarse localmente bajo los principios de
seguridad, dignidad y voluntariedad, logre avanzar en la superación de la situación
de vulnerabilidad que le generó el desplazamiento forzado y en su proceso de
integración comunitaria y arraigo territorial en el sitio en el que han decidido
permanecer de manera indefinida.
El principio de seguridad está relacionado con las acciones que debe adelantar la
institucionalidad para evitar la vulneración de los Derechos Humanos y la
ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afecten a la
población acompañada.
La seguridad no se debe comprender sólo como parte de la movilización física de
las personas, sino también de su permanencia en los territorios. Inclusive, la Fuerza
Pública está en la obligación de elaborar un plan de acompañamiento antes,
durante y después del retorno o la reubicación, con el fin de garantizar la
permanencia de la población en su territorio12.
11
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 28. Derechos de las víctimas. Las víctimas de las violaciones contempladas en la presente
Ley tendrán, entre otros, los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:
(…)
11.- Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad
y dignidad , en el marco de la política de seguridad nacional.
12
Protocolo de Retorno y Reubicación. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/abcprotocoloryr-sept28-
2020-enlaces1.pdf.
13
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Así las cosas, bajo este supuesto sólo podría considerarse la cesación del
desplazamiento forzado, a partir de un regreso seguro, en el que se verifique la
superación del estado de vulnerabilidad, lo cual implica la consolidación
o estabilización socioeconómica de los afectados en unas condiciones que
garanticen una vida y subsistencia dignas.
Asimismo, en el expediente no obran pruebas indicativas de que los afectados se
establecieron, reasentaron o arraigaron en otro lugar del país con las condiciones
necesarias para el goce efectivo de sus derechos.
Sobre este aspecto, la Personería Municipal de Ibagué informó a la Alcaldía
Municipal de Ibagué – CLARIT que “el 3 de julio de 2014, esta personería recepcionó
la declaración de Rosendo Cacais Caleño, víctima de desplazamiento forzado,
quien se encuentra en alto grado de vulnerabilidad y necesita de manera urgente la
ayuda humanitaria inmediata (fl. 55 c. 1).
Según la Corte Constitucional, la superación de la situación de vulnerabilidad
comporta la estabilización socioeconómica de la población desplazada; por tanto,
las autoridades públicas deben asegurar de manera prioritaria los derechos a la
salud, educación, alimentación, reunificación familiar, vivienda, orientación
ocupacional y atención psicosocial, y de forma progresiva, el acceso o restitución
de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria,
ingresos y trabajo13.
En cuanto al concepto de vulnerabilidad de la población desplazada, la Corte
Constitucional explicó en la Sentencia T-585 de 2006 (reiterada en las Sentencias
T-239 de 2013 y T-347 de 2014) que esta se entiende como una situación que no
es elegida por el individuo que la padece, pero que le impide acceder a garantías
mínimas para la realización de sus derechos fundamentales, económicos, sociales
y culturales.
La Corte Constitucional ha determinado que la anotada vulnerabilidad sólo se
supera cuando se consolida la estabilización socioeconómica de la población
afectada, al retornar a su lugar de origen o al reubicarse en un lugar en donde
pueden habitar en unas condiciones que garantizan una vida y subsistencia
dignas14.
13
Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2015, autos 331 de 2019 y 326 de 2020.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-429 de 2024.
14
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Como se puede apreciar, para el año 2014 el señor Rosendo Cacais Caleño se
encontraba en alto grado de vulnerabilidad y necesitaba de manera urgente ayuda
humanitaria, sin que los elementos de convicción allegados al proceso permitan
determinar que tal situación hubiera sido superada por los actores para la fecha en
que se interpuso la demanda.
De otra parte, se debe resaltar que si bien el 15 de septiembre de 2011, el señor
Rosendo Cacais Caleño informó a la “Fiscalía Chaparral” que en el año 2005 tuvo
que desplazarse junto con su grupo familiar por amenazas de grupos armados
ilegales; lo hizo directamente, es decir, sin la intervención de un apoderado judicial
y, en todo caso, los elementos de convicción ante relacionados resultan indicativos
de que con posterioridad a esa fecha aún continuaba en situación de vulnerabilidad
y que necesitaba de manera urgente ayuda humanitaria; por consiguiente, no
resulta razonable deducir que también podía demandar en la jurisdicción
contencioso administrativa por el desplazamiento forzado, pues para ello debía
contar con asesoría jurídica y contar con los recursos económicos que ello implica.
La Corte Constitucional ha sostenido que el daño material que causa el
desplazamiento forzado está directamente relacionado con la vulneración de
derechos fundamentales y de bienes jurídicos y materiales, lo cual expone a las
víctimas a condiciones adversas tales como la pérdida de sus hogares, medios de
vida y redes de apoyo15.
En efecto, las personas víctimas de desplazamiento forzado afrontan la afectación
de múltiples derechos fundamentales y la emergencia que sobreviene luego de la
ocurrencia de este hecho, así como el daño que ocasiona el desarraigo y cómo éste
genera la pérdida de bienes jurídicos y materiales a las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario16.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las víctimas de
desplazamiento forzado se encuentran en una situación material de extrema
vulnerabilidad producto de ese hecho. Asimismo, ha considerado que los esfuerzos
de las autoridades públicas deben encaminarse a superar los escenarios de riesgo
15
Corte Constitucional, sentencias SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003,
T-025 de 2004, T-821 de 2007 y SU-254 de 2013.
16
Corte Constitucional, auto 326 de 2020.
15
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
y los obstáculos económicos, sociales y culturales que afectan la supervivencia de
las personas víctimas de desplazamiento forzado17.
La población desplazada tiene que “enfrentar todo tipo de barreras de acceso a la
justicia como las económicas o la falta de conocimiento sobre las vías jurídicas que
tienen a su disposición”18.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-241 de 2024, hizo
énfasis en que se deben tener en cuenta «las condiciones materiales en las que se
encontraba la parte actora para ejercer el medio de control de reparación directa”.
En este tipo de casos se debe tomar en cuenta las dificultades que enfrentan las
personas para acceder a la justicia y ejercer sus derechos, debido a su situación
socioeconómica y a la falta de conocimiento de sus derechos y de las vías jurídicas
para hacerlos efectivos, lo cual constituye barreras de acceso a la justicia.
En este punto, cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-429 de
2024, reajustó la regla jurisprudencial en cuanto al cómputo de la caducidad en
casos de desplazamiento forzado, en el siguiente sentido:
La Sala Plena parte del siguiente supuesto: recientemente la Sentencia SU-167
de 2023 unificó la regla de aplicación de la caducidad para las demandas de
reparación por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio
atribuibles al Estado, con fundamento en el literal i) del artículo 164.2 de la Ley
1437 de 2011, así:
(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el
momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas
conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que
podían atribuirle responsabilidad patrimonial.
(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de
reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de
justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable
para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno”.
17
Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2025.
18
Corte Constitucional, sentencia T-374 de 2023.
16
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Así las cosas, debe tenerse en cuenta que la situación de desplazamiento obliga a
este grupo poblacional a enfocarse en superar las situaciones de vulnerabilidad,
marginalidad e indefensión que este tipo de hechos genera y a acceder a las
condiciones mínimas de subsistencia; por tanto, resulta necesario verificar si los
afectados realmente estaban en condiciones socioeconómicas de demandar al
Estado con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para tal efecto, lo
cual no se puede establecer en el presente caso y, por el contrario, las pruebas
antes relacionadas son demostrativas de que el grupo familiar demandante aún se
encuentra en un alto grado de vulnerabilidad.
Finalmente, cabe precisar que al presente caso no le resulta aplicable la sentencia
SU-254 de 2013, porque se verificó probatoriamente que para la fecha de su
ejecutoria y de la interposición de la demanda no había cesado el desplazamiento,
dado que el grupo familiar demandante aún continuaban en situación de
vulnerabilidad y necesitaban de manera urgente ayuda humanitaria.
Bajo las anteriores consideraciones, para la Sala resulta claro que con las pruebas
obrantes en el proceso no es posible concluir con certeza que frente a los
demandantes ha cesado el desplazamiento forzado y, por el contrario, acreditaron
que para el momento de la demanda continúan en estado de vulnerabilidad, razón
por la que, para privilegiar el acceso a la Administración de Justicia de un grupo
poblacional sujeto de especial protección constitucional, la Sala acudirá a la
aplicación de los principios pro damato, pro actione y procederá a estudiar el fondo
del asunto19.
3. Legitimación en la causa
Los señores Rosendo Cacais Caleño, María Elsy González Lugo, Lina Johana
Cacais González, Francy Judith Cacais González, Diana Patricia Cacais González
y Mercedes Cacais González acuden a esta jurisdicción invocando la calidad de
víctimas del desplazamiento forzado, como lo certificó la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (fls. 185 a 187 c. 1) y la Personería Municipal de
Chaparral (fl. 10 c. 1), razón por la cual les asiste legitimación en la causa por activa.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación cuentan con legitimación de hecho, pues los actores les
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021. Exp: 52796. M.P. José
Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. No. 62577.
17
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
atribuyen el daño, y frente a la legitimación en la causa material, se aclara que, por
determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará
ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si el daño antijurídico
alegado por la parte actora les resulta imputable.
4. El daño
La Sala considera que el daño, consistente en el desplazamiento forzado, está
demostrado, de acuerdo con las certificaciones expedidas el 16 de febrero de 2005
y el 21 de agosto de 2007 por el personero municipal y el secretario general y de
gobierno del municipio de Chaparral, mediante las cuales se informó que Rosendo
Cacais manifestó que se desplazaba con su núcleo familiar del municipio de
Chaparral por razones de orden público y amenazas de muerte (fls. 10 y 12 c. 1).
En la misma dirección, obra el oficio No. 1127 de 19 de marzo de 2018, mediante el
cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informó que “el
señor Rosendo Cacais y su grupo familiar -María Elcy González Lugo, Lina Joana
Cacais González y Francy Judith Cacais González- se encuentran incluidos como
activos desde el 1 de noviembre de 2007 (…) Precisamos que el desplazamiento
fue de carácter individual (…) el hecho victimizante fue presuntamente generado
por Grupos Organizados al Margen de la Ley” (fls. 185 a 187 c. 1).
5. La imputación
En la demanda se afirmó que el Frente 21 de las FARC profirió amenazas y actos
de hostigamiento en contra del señor Rosendo Cacais y su grupo familiar, lo que
produjo su desplazamiento forzado, hechos que se produjeron como consecuencia
de la muerte de su cuñado, el señor Armando Callejas, esposo de su hermana
Blanca Nidia Cacais Caleño, porque su hijo se encontraba realizando curso de
suboficial en la Policía Nacional.
Al lado de lo anterior, puntualizó que les asistía responsabilidad a las demandadas,
por cuanto no prestaron la protección necesaria a los actores, a pesar de que su
lugar de residencia se encontraba en una zona de conflicto y por combatir a grupos
al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.
En relación con la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado, se debe
precisar que tiene su principal fundamento en el artículo 2 de la Constitución
Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para
18
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades”.
En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido
una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya
sea porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias
de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad20.
Al respecto, recuerda la Sala que, en casos como el formulado 21, la jurisprudencia
de esta Sección ha sido reiterativa en señalar que la Administración responderá
patrimonialmente, a título de falla en el servicio, por omisión en el cumplimiento del
deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos22:
i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales
condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando
sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta
evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían
pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida,
en razón de sus funciones.
De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por el incumplimiento
de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las
autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades”23.
Ahora bien, en el presente caso se tiene acreditado que el 16 de febrero de 2005 el
personero municipal de Chaparral certificó que “el señor Rosendo Cacais Caleño se
presentó a este despacho y manifestó bajo la gravedad de juramento que se
desplazaba del municipio de Chaparral para la ciudad de Bogotá, por razones de
orden público, con su núcleo familiar conformado por: María Elcy González Lugo,
Diana Patricia Cacais González, Mercedes Cacais González, Lina Joana Cacais
González y Francy Judith Cacais González” (fl. 10 c. 1).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de
noviembre de 1991, exp. 6296, CP: Daniel Suárez Hernández.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2012-00778-01 (54443).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, C.P: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 23.128.
23
Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp. 70001-23-
31-000-2001-00946-01 (52417).
19
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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El 21 de agosto de 2007, el secretario general y de gobierno del municipio de
Chaparral certificó que “el señor Rosendo Cacais Caleño con su núcleo familiar se
presentó a este Despacho y manifestó que debe desplazarse de Chaparral a otro
lugar de la geografía colombiana por motivos de orden público y amenazas de
muerte de parte al parecer de grupos subversivos por tener parientes al servicio de
la fuerza pública. Su núcleo familiar esta conformado por María Elcy González Lugo,
Lina Johana Cacais González y Francy Judith Cacais González” (fl. 56 c. 1).
El 15 de septiembre de 2011, el señor Rosendo Cacais Caleño informó a la “Fiscalía
Chaparral” que “en el año 2005 tuve que desplazarme junto con mi núcleo familiar,
mi esposa María Elcy González Lugo y mis hijas Lina Johana Cacais González y
Francy Judith Cacais González de la finca El Paraíso, vereda El Moral del
corregimiento de Las Hermosas de este municipio debido a dos amenazas que
recibí por parte de grupos armados al margen de la ley, ya que decían que si no me
iba me mataban, esto fue a consecuencia de que el 8 de noviembre de 2004
asesinaron al esposo de mi hermana Armando Callejas estas mismas personas, por
motivos de tener familiares y parientes al servicio de la patria (fl. 57 c. 1).
El 26 de febrero de 2018, el director de Derechos Humanos, Justicia, Paz,
Convivencia Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional informó al jefe de la
Unidad de Defensa Judicial de esa entidad que “a través de las actas de los
consejos de seguridad departamental, de la revisión de los archivos disponibles no
se encontró información relacionada a hechos de desplazamiento forzado de la
vereda El Moral corregimiento de San José de las Hermosas del municipio de
Chaparral entre los años 2005 y 2007” (fl. 168 c. 1).
El 14 de marzo de 2018, mediante oficio 1562, el comandante del Batallón de
Infantería No. 17 “General José Domingo Caycedo” informó a la Oficina de Defensa
Litigiosa de la Sexta Brigada del Ejército Nacional sobre el desplazamiento de
personas en la finca “El Paraíso”, vereda “El Moral”, corregimiento de “San José de
las Hermosas”, y acerca de las operaciones que esa unidad realizó en ese sector
para los años 2005 y 2007, lo siguiente:
Luego de verificar el archivo de la Sección de Operaciones del Batallón de
Infantería No. 17 “General José Domingo Caycedo”, se pudo evidenciar que
esta unidad militar desarrolló operaciones militares en el área general del
municipio de Chaparral, Tolima, principalmente contra integrantes de las
extintas FARC, más no se encontraron documentos donde se especifique que
se realizaron operaciones directamente en la vereda El Moral del municipio en
mención. En relación al segundo y tercer punto no se encontraron datos que
20
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
evidencien denuncias por desplazamiento forzado o solicitud de medidas de
protección especial al personal referenciado en el oficio (fl. 2 c. 3).
El 6 de noviembre de 2018, mediante oficio número S-2018-0579-55, el comandante
de la Estación de Policía de Chaparral informó al Tribunal a quo que no reposaba
información acerca de que “los demandantes hubieran solicitado medidas de
protección por las presuntas amenazas y asedio de los cuales fueron víctimas por
parte de grupos al margen de la ley en el periodo de 2005 a 2007” (fl. 4 c. 3).
El 2 de enero de 2019, mediante oficio No. S-2019-000197, el comandante del
Departamento de Policía Tolima informó al Tribunal a quo que en esa unidad no se
cuenta con información relacionada con alguna solicitud de protección por presuntas
amenazas y asedios de los cuales hubieran sido víctimas los demandantes por parte
de grupos al margen de la ley, por el periodo 2005-2007 (fls. 25 a 26 c. 3).
El 12 de enero de 2019, mediante oficio No. 0261, el comandante del Batallón de
Operaciones Terrestres No. 18 informó al Tribunal a quo que no se encontró
información “sobre operaciones para los años 2005 y 2007, en la vereda El Moral,
corregimiento de San José de las Hermosas, municipio de Chaparral, Tolima,
asimismo si para los años 2005 y 2007 o previo a los mismos, se puso en
conocimiento a modo de denuncia, las presuntas amenazas y asedios que padecían
los señores Rosendo Cacais Caleño, María Elsi González Lugo, Diana Patricia
Cacais González, Mercedes Cacais González, Lina Joana Cacais González, Francy
Judith Cacais González, por parte de integrantes de las ONT FARC” (fl. 11 c. 3).
El 30 de enero de 2019, rindió su declaración en el proceso el señor Hugo Quijano
Oliveros, habitante de la vereda “El Moral”, municipio de Chaparral, quien manifestó
que era amigo de Rosendo Cacais, que se le presentó un problema porque le
mataron a un cuñado, el señor Armando Callejas, y él fue al levantamiento del
cadáver y desde ahí se desencadenó el desplazamiento, pues la misma guerrilla lo
fue a sacar de allá donde quedó el muerto. Precisó que el finado tenía un hijo policía
y allá no se podía pertenecer ni al Ejército ni a la Policía. Agregó que en esa zona
hacía presencia el Frente 21 de las FARC, que en ese momento no había policía,
ni inspección, no había presencia del Estado.
Sostuvo que el señor Rosendo Cacais salió de la finca, aunque no recuerda la fecha
en que ello ocurrió y como a los dos años regresó, pero volvieron a llamarlo para
extorsionarlo, el Frente 21 le exigió un dinero y si no cancelaba tenía que pagarlo
con su vida, por eso salió, entonces ya no volvió, dejó todo botado allá.
21
Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
Actor: Lina Johana Cacais González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Al ser interrogado acerca de qué hizo el Ejército o la Policía o qué dejaron de hacer
para que saliera Rosendo Cacais de la finca, respondió que no había presencia del
Gobierno, entonces les tocaba salir, porque no tenían amparo ni acompañamiento.
Cuando se le preguntó por qué afirmaba que el motivo del desplazamiento del señor
Rosendo Cacais y su familia fue la muerte del cuñado y no pudo obedecer a otra
causa, respondió “No que yo conozca, no conozco más”.
Si conocía dónde vivía o a qué se dedicaba el señor Rosendo Cacais después de
su salida de la vereda “El Moral”, respondió que se dedicó a vivir jornaleando por
ahí. El procurador judicial lo inquirió para que señalará si durante ese tiempo tuvo
contacto con él, frente a lo cual indicó que sabía eso porque allá en la zona quedó
una parte de la familia. El procurador indagó si ese conocimiento entonces lo
adquirió a través de terceros y el testigo respondió que sí.
Finalmente, fue interrogado acerca de si sabía si el accionante solicitó con
anterioridad o con posterioridad a su salida algún tipo de protección a las entidades
del Estado, ante lo cual expresó que “no que yo me haya dado cuenta, no sé”.
(minuto 9:10-28:50).
El 30 de enero de 2019, también rindió su declaración en el proceso el señor Rafael
Escobar Peñuela, habitante de la vereda “El Moral” en el municipio de Chaparral,
quien expresó que el señor Rosendo Cacais vivía con su familia en la finca “El
Paraíso”, que le mataron a un cuñado y después lo amenazaron, creo que la
subversión, por lo que tuvo que emigrar. Añadió que por allá decían que operaba
la subversión y que creía que a él lo amenazaron esos grupos exigiéndole un
dinero.
Al ser interrogado acerca de si el señor Rosendo Cacais realmente salió o no de su
finca, respondió que sí salió y que ya no volvió y fue cuando dicen que le llegó esa
llamada exigiéndole un dinero, pero no recordaba cuando salió, en qué año ni nada
y no ha regresado.
Al ser indagado si sabía dónde vivía actualmente el señor Rosendo Cacais y su
familia, contestó que se fue para el Quindío, que no sabía cómo se llamaba eso por
allá, creo que se llamaba Pijao, por allá vivía con su esposa.
Al ser interpelado por si aparte de la llamada extorsiva, tuvo que salir por la muerte
de su cuñado, indicó que esa muerte fue primero y después la llamada que le
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Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)
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hicieron, pero se imaginaba que de ahí venía eso. Adujo que por esa zona no existía
ni inspección de policía o base militar, que posteriormente construyeron una
hidroeléctrica por el río Amoyá, crearon bases y pudieron meter tropa, entonces ya
se compuso la vida. Aseveró que el señor Cacais como que ayudó con el
levantamiento del cuerpo de su cuñado.
Al ser preguntado acerca de cuándo fue la llamada extorsiva que le hicieron, señaló
que no sabía, así como tampoco quién le hizo esa llamada. Cuando se le indagó
sobre si tenía conocimiento de a qué se dedicó el señor Rosendo Cacais con
posterioridad al desplazamiento, aseguró que tuvo que negociar su finca e irse a
trabajar por allá en el Quindío.
Cuando fue interrogado acerca de si sabía si el Ejército Nacional o la Policía
Nacional tuvieron que ver con la salida de Rosendo Cacais, expresó que no sabía
nada de eso.
Por último, fue interrogado acerca de si conocía si el accionante solicitó con
anterioridad o con posterioridad a su salida algún tipo de protección a las entidades
del Estado, sostuvo que yo creo que él ha solicitado alguna ayuda, me imagino, yo
no sé nada (cd. Aud. pruebas 29:31-47:50).
El anterior escenario probatorio permite a la Sala concluir que las entidades
demandadas no tenían conocimiento de que las FARC había realizado amenazas
y hostigamientos en contra del señor Rosendo Cacais y su grupo familiar y que ello
se había derivado de la muerte de su cuñado, el señor Armando Callejas, porque
este tenía un hijo en la Policía Nacional, luego en estas condiciones no podía
exigírseles que impidieran el desplazamiento forzado de que fueron objeto.
En efecto, el comandante del Batallón de Infantería No. 17 “General José Domingo
Caycedo” y el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 18, los
cuales operaban en el sector de Chaparral, informaron que para los años 2005 y
2007 o previo a los mismos, no se encontraron datos sobre denuncias por
desplazamiento forzado, amenazas o asedios de que fueron objeto los
demandantes por parte de integrantes de las ONT-FARC, así como tampoco que
hubieran solicitado alguna medida especial de protección.
En la misma dirección probatoria, el comandante de la Estación de Policía de
Chaparral y el comandante del Departamento de Policía Tolima indicaron que no
reposaba información en sus archivos acerca de que los demandantes hubieran
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solicitado medidas de protección por las presuntas amenazas y asedio de los
cuales fueron víctimas por parte de grupos al margen de la ley, en el periodo de
2005 a 2007.
El director de Derechos Humanos, Justicia, Paz, Convivencia Ciudadana y Orden
Público de la Policía Nacional informó que no se encontró información relacionada
a hechos de desplazamiento forzado de la vereda “El Moral” corregimiento de “San
José de las Hermosas” del municipio de Chaparral entre los años 2005 y 2007.
Los testigos Hugo Quijano Oliveros y Rafael Escobar Peñuela, habitantes de la
vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, al ser interrogados acerca de si
sabían si los accionantes solicitaron con anterioridad o con posterioridad a su salida
algún tipo de protección a las entidades del Estado, respondieron “no que yo me
haya dado cuenta, no sé” y “yo creo que él ha solicitado alguna ayuda, me imagino,
yo no sé nada”.
Por lo anterior, para la Sala no está demostrado que las entidades que conforman
la Fuerza Pública -Ejército y Policía- desconocieron sus deberes de seguridad y
protección, pues no obran pruebas en el expediente que evidencien que la parte
actora les informó sobre el desplazamiento forzado, las amenazas y hostigamientos
de que fueron aparentemente víctimas en dos oportunidades por parte de algún
grupo al margen de la ley o en virtud de un asunto en particular por la muerte de su
cuñado, el señor Armando Callejas, de quien tampoco obran elementos de
convicción en el proceso sobre su asesinato por parte de estas agrupaciones
ilegales.
Ahora bien, cabe destacar que los testigos fueron coincidentes en afirmar que el
señor Rosendo Cacais fue al levantamiento del cadáver de su cuñado y desde ahí
se desencadenó el desplazamiento, pues la misma guerrilla lo fue a sacar de allá
donde quedó el muerto, aspecto relevante que no fue narrado en la demanda y, en
todo caso, tal situación no la percibieron directamente los declarantes, sino a través
de terceros.
Frente a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación se debe indicar que
no se realizó en el libelo introductorio una imputación clara y concreta, es decir no
se especificó si la falla del servicio atribuida obedecía a que no impidió el
desplazamiento forzado o a que no investigó los hechos puestos en su
conocimiento.
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En todo caso, conviene precisar que la denuncia fue interpuesta ante la “Fiscalía
Chaparral” por el señor Rosendo Cacais Caleño el 15 de septiembre de 2011, es
decir, cuatro años después de los hechos, de modo que, ante el desconocimiento
de la situación de riesgo por la que atravesaban los actores en los años 2005 y
2007, no podía exigírsele que activara el aparato estatal en procura de impedir
directamente el desplazamiento forzado o través del envío de la respectiva
información a los órganos de seguridad competentes.
Se debe resaltar que en el proceso tampoco militan pruebas que permitan
establecer que el personero municipal de Chaparral y el secretario general y de
gobierno del municipio de Chaparral conocieron las amenazas y hostigamientos de
que fueron objeto los demandantes, pues solo fueron informados el mismo día en
que ocurrieron los desplazamientos que el grupo familiar abandonaba el municipio
de Chaparral por razones de orden público y amenazas de muerte; por tanto, no se
puede concluir que estas entidades del orden municipal informaron a las
demandadas sobre la situación de peligro en la que se encontraban los actores
para que imposibilitaran el desplazamiento forzado, de ahí que no se puede afirmar,
como se hizo en el recurso de apelación, que la Fuerza Pública tuvo pleno
conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes y aun así ignoró
la obligación constitucional de protección que le correspondía.
De otra parte, los actores afirmaron que les asistía responsabilidad a las
demandadas, por cuanto no prestaron la protección necesaria a los actores, a pesar
de que su lugar de residencia se encontraba en una zona de conflicto y por combatir
a grupos al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.
Al respecto, cabe recordar que las obligaciones de seguridad y protección no son
absolutas, puesto que dependen de las capacidades de cada entidad y el
conocimiento que tuvieran de la situación de riesgo. Si bien es cierto el Estado tiene
el deber de proteger a todas las personas, esto no es motivo para que todos los
daños antijurídicos le sean imputados cuando provengan de los hechos de un
tercero.
En este sentido, se debe advertir que efectivamente en el municipio de Chaparral,
así como en la mayor parte del territorio nacional, existe presencia de grupos
armados ilegales, sin que se pueda desconocer que también las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional procuran dentro de sus capacidades ejercer el control del orden
público, como lo demuestra el oficio 1562 de 14 de marzo de 2018, mediante el cual
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el comandante del Batallón de Infantería No. 17 “General José Domingo Caycedo”
informó que esa unidad militar desarrolló en los años 2005 y 2007 operaciones
militares en el área general del municipio de Chaparral, Tolima, principalmente
contra integrantes de las extintas FARC; sin embargo, en el proceso no obran
elementos de convicción que permitan comprobar que era previsible para las
demandadas que el grupo familiar demandante iba a ser objeto de amenazas y
hostigamientos en esas fechas y en ese lugar específico.
En el proceso tampoco se tiene algún medio de convicción que permita entender
que las entidades demandadas podían determinar, inclusive de oficio, que en ese
lugar concreto de la vereda “El Moral”, ubicada en el municipio de Chaparral, se
presentaría una situación de riesgo y que podían ser objetivo de amenazas o de un
ataque, máxime cuando no hay pruebas que demuestren que dicha jurisdicción era
centro de constantes ataques por parte de grupos armados al margen de la ley o
que previamente se hubieran presentado combates con la Fuerza Pública en medio
de la población civil.
La responsabilidad del Estado frente a eventos de desplazamiento forzado requiere
de un criterio de razonabilidad respecto de la previsibilidad, el cual debe partir de un
conocimiento de la situación de riesgo particular de las víctimas o del contexto
generalizado de violencia de la zona donde ocurrió el desplazamiento, siempre que
del mismo se desprendan situaciones que conlleven la previsibilidad de un riesgo
concreto frente a unas personas individualizadas o individualizables, de lo cual no
existen pruebas en el expediente.
Por consiguiente, ante la ausencia de denuncia y solicitud de protección por parte
de los demandantes, es ilógico que a las demandadas se les exigieran acciones
positivas de protección para evitar el daño, pues en ningún momento se les informó
de la situación de riesgo particular en la que se encontraban los actores, a raíz de
la muerte de uno de sus familiares. En efecto, dentro del trámite procesal se
decretaron diversas pruebas con el fin de verificar si efectivamente los actores,
antes de su desplazamiento, habían denunciado las presuntas amenazas que se
venían presentando por parte de los grupos subversivos; sin embargo, las entidades
públicas oficiadas, una vez revisaron las bases de datos, no hallaron ningún tipo de
denuncia sobre posibles hechos de violencia en su contra y que por tal motivo
requirieran de protección especial.
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Sumado a ello, tampoco militan en el expediente pruebas que demuestren que se
presentaran constantes amenazas, ataques terroristas o combates entre grupos al
margen de la ley y la Fuerza Pública en el sector donde se originó el desplazamiento
forzado, de modo que no se acreditó que existía un conocimiento de la situación de
orden público en la vereda “El Moral”, luego la sola presencia de los grupos armados
ilegales no resulta suficiente para lograr la declaratoria de responsabilidad de las
entidades demandadas.
Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia, toda vez que no se acreditó que el desplazamiento hubiera sido imputable
a las demandadas en virtud de alguna conducta omisiva, como tampoco que se
hubiera producido por la anuencia o con la complicidad de estas entidades,
configurándose, en consecuencia, el eximente de responsabilidad del hecho
exclusivo de un tercero. Además, no se probó que los actores hubieran puesto en
conocimiento de las referidas autoridades las amenazas, extorsiones y demás
situaciones que se venían presentando con algún grupo armado ilegal; por tanto, no
se demostró que se encontraban en una situación de peligro previa y plenamente
conocida por el Ejército Nacional, la Policía Nacional o la Fiscalía General de la
Nación y que tornara imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a
resguardar la integridad del grupo familiar demandante.
6. Condena en costas
En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011, que en
su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo las
disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -18 de abril de 2017-.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-
241/24 ha decidido que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés público, de manera
que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la condena en
costas, aun habiendo desestimado la alzada. Entiende la Sala que el criterio
indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija
a los demandantes24, de manera que no procede la condena en costas en la
24
En este sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 7 de marzo de 2025, radicado
18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. “Considera esta
Sala que el razonamiento de la Corte Constitucional no puede aplicarse en el sub lite, en el que se
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Referencia: Medio de control de reparación directa
presente instancia, lo que se extiende a la condena impuesta en el fallo apelado, lo
que impone su revocatoria en este aspecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
condenará en costas al Ejército Nacional -responsable de la muerte de (…) -, toda vez que la citada
regla jurisprudencial únicamente resulta aplicable si la condena en costas se impone en contra de
los demandantes -víctimas del conflicto armado- y no de la entidad demandada que, como sucedió
en este proceso, se acreditó que fungió como victimaria; precisamente porque lo que pretendió la
Corte Constitucional con el criterio que adoptó en la SU-241 de 2024, en sus palabras textuales, fue
que no se “desincenti[vara] el ejercicio de la acción de reparación directa de otras víctimas ante el
temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”. Dicho criterio fue reiterado por
la Sala en sentencia de 21 de marzo de 2025, radicado: 13001-23-33-000-2017-01037-01 (70.834),
M. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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